Lula

¿Brasil inventó el futuro del dinero?

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La semana pasada, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley GENIUS, que impulsará el crecimiento de las monedas estables, allanando así el camino para futuras estafas y crisis financieras. El jueves, la Cámara también aprobó un proyecto de ley que prohibiría a la Reserva Federal crear una moneda digital emitida por un banco central (CBDC), o incluso estudiar la idea.

¿Por qué los republicanos están tan aterrorizados por la idea de una CBDC que literalmente están ordenando a la Reserva Federal que deje siquiera de pensar en ella?

En 2022, la Reserva Federal emitió un informe preliminar sobre la posibilidad de crear una CBDC, que describió como “similar a una forma digital de papel moneda”. Actualmente, los estadounidenses pueden poseer y gastar un tipo de pasivo de la Reserva Federal: billetes verdes con imágenes de presidentes fallecidos. Una CBDC ampliaría ese derecho, permitiéndonos poseer y gastar depósitos en la Reserva Federal, que, como todos los depósitos actuales, serían simplemente registros digitales.

Si esto suena descabellado, debe tener en cuenta que ya contamos con lo que equivale a una moneda digital emitida por un banco central, pero solo para instituciones financieras. Los bancos mantienen cuentas en la Reserva Federal y pueden transferirse fondos entre sí mediante un sistema de pagos electrónicos . ¿Por qué no deberían ofrecerse servicios comparables a particulares y empresas no financieras?

Los republicanos dicen estar preocupados por la invasión de la privacidad, ya que una CBDC abriría la puerta a una vigilancia gubernamental generalizada. Pero recuerden, estas son las personas que han entregado datos personales de Medicaid al ICE para facilitar arrestos y secuestros. Si creen que están profundamente preocupados por una posible vigilancia, tengo algunas monedas meme de la familia Trump que podrían interesarles.

También quisiera señalar que el gobierno puede acceder a los registros bancarios privados en determinadas circunstancias y, sin duda, cuenta con la capacidad tecnológica para supervisar cada movimiento financiero que realice. Lo único que se lo impide es la ley, en concreto la Ley de Derecho a la Privacidad Financiera. Si alguna vez creamos una CBDC, sin duda implicará una protección de la privacidad comparable. O se confía en el Estado de derecho o no.

Lo que realmente temen los republicanos, con razón, es la probabilidad de que mucha gente prefiera una CBDC a las cuentas bancarias privadas, especialmente, pero no solo, a las stablecoins. Y, en general, cualquier intento de crear una CBDC completa se toparía con una férrea oposición del sector financiero.

Pero ¿qué hay de la posibilidad de crear una CBDC parcial? ¿Podríamos mantener las cuentas bancarias privadas, pero ofrecer un sistema público y eficiente para realizar pagos desde ellas?

Sí, podríamos. Lo sabemos porque Brasil ya lo hizo.

La mayoría de la gente probablemente no considere a Brasil un líder en innovación financiera. Pero la economía política brasileña es claramente muy diferente a la nuestra; por ejemplo, se llevan a juicio a expresidentes que intentan anular elecciones. Y los grupos de interés cuyo poder, al menos por ahora, imposibilita una moneda digital estadounidense parecen tener mucha menos influencia allí. De hecho, Brasil planea crear una CBDC. Como primer paso, en 2020 introdujo Pix, un sistema de pagos digitales gestionado por el banco central.

Según tengo entendido, Pix es una especie de versión pública de Zelle, el sistema de pagos operado por un consorcio de bancos privados estadounidenses. Pero Pix es mucho más fácil de usar. Y aunque Zelle es grande, Pix se ha vuelto simplemente enorme, siendo utilizado por aproximadamente el 93 % de los adultos brasileños. Parece estar desplazando rápidamente tanto al efectivo como a las tarjetas.

Fuente: The Economist

¿Y por qué no? Según un informe del FMI ,

Las transacciones con Pix son casi instantáneas . Un pago con Pix se liquida en un promedio de 3 segundos, en comparación con los 2 días que tardan las tarjetas de débito y los 28 días que tardan las tarjetas de crédito.

y

Los costos de transacción son bajos . Las autoridades han establecido que Pix sea gratuito para particulares, y el costo de una transacción de pago para empresas/comerciantes es de tan solo el 0,33 % del importe, frente al 1,13 % para las tarjetas de débito y el 2,34 % para las tarjetas de crédito.

No puedo evitar notar que Pix está logrando lo que los promotores de criptomonedas afirmaban, falsamente, ofrecer a través de la cadena de bloques: bajos costos de transacción e inclusión financiera. Comparen el 93 % de los brasileños que usan Pix con el 2 % (sí, el 2 % de los estadounidenses) que usaron criptomonedas para comprar o realizar un pago en 2024.

Ah, y el uso de Pix no crea un incentivo para secuestrar personas y torturarlas hasta que entreguen sus claves criptográficas.

Entonces, ¿tendremos un sistema tipo Pix en Estados Unidos? No. O al menos no por mucho tiempo, por dos razones.

En primer lugar, el sector financiero estadounidense tiene demasiado poder y jamás permitiría que un sistema público compitiera con sus productos, ni siquiera, o especialmente, si el sistema público fuera superior. De hecho, la administración Trump sugiere que la mera existencia de Pix en Brasil constituye una competencia desleal para las compañías estadounidenses de tarjetas de crédito y débito.

En segundo lugar, la derecha estadounidense está firmemente convencida de que el gobierno siempre es el problema, nunca la solución. Los republicanos jamás admitirán que un sistema de pagos operado por el gobierno pueda ser mejor que las alternativas del sector privado.

Es posible que otras naciones aprendan del éxito de Brasil en el desarrollo de un sistema de pagos digitales. Pero Estados Unidos probablemente seguirá atrapado en una combinación de intereses creados y fantasías criptográficas.

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El club de los presodentes

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Un fenómeno poco común viene asolando desde hace algunos años a América Latina, aunque con mayor intensidad en Sudamérica: la reiterada resolución judicial de encarcelar o al menos procesar a distintos expresidentes. Todos ellos ya fuera del poder, pero en una dinámica que refleja con nitidez las complejidades que atraviesa la política regional. ¿Se trata de una lucha legítima contra la corrupción o de una utilización política del sistema judicial?

El disparador más reciente de este análisis es la medida cautelar dictada contra Jair Bolsonaro. El expresidente de Brasil está imputado como presunto instigador de un intento de golpe de Estado contra la gestión recién asumida de Luiz Inácio Lula da Silva, a través del asalto a las sedes de los tres poderes en el Planalto. La justicia ordenó colocarle una tobillera electrónica y le prohibió el uso de redes sociales.

Irónicamente, su contraparte política es el actual mandatario brasileño: Lula da Silva. Su historia judicial representa un caso de redención institucional. Condenado en 2017 por corrupción en el marco del caso Lava Jato, cumplió casi 600 días de prisión hasta que el Supremo Tribunal Federal anuló las sentencias en 2021, debido a irregularidades procesales. Libre y rehabilitado, Lula regresó al poder en 2023 para disputar la presidencia justamente contra Bolsonaro.

En Argentina, el caso más emblemático es el de Cristina Fernández de Kirchner. Expresidenta y exvicepresidenta, fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, vinculada a la obra pública en Santa Cruz. La sentencia incluyó inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que muchos consideran una forma de proscripción, más allá de la validez de los cargos que se le imputan. Si bien la causa presenta inconsistencias, sectores conservadores, macristas y libertarios celebraron el fallo. No obstante, Cristina mantiene su peso político y simbólico, desde el balcón o desde la palabra.

Otros líderes sudamericanos también enfrentaron procesos judiciales o terminaron tras las rejas: Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Pedro Castillo en Perú.

Morales fue acusado de fraude electoral y enfrenta causas por estupro y trata de personas. Esta situación derivó en su inhabilitación como candidato y en un fuerte rechazo por parte de sus seguidores, con manifestaciones y focos de insurrección en varias regiones del país.

En Ecuador, Rafael Correa también fue condenado por corrupción, acusado de liderar una red en el caso “Sobornos”. Desde su exilio en Europa, sigue proclamando su inocencia.

El caso de Pedro Castillo en Perú es paradigmático por la propia dinámica institucional de su país. Fue acusado de intentar un autogolpe de Estado tras anunciar el cierre del Congreso. La historia reciente de Perú muestra una secuencia de expresidentes con serios problemas judiciales. Alejandro Toledo fue detenido con prisión preventiva por el caso Odebrecht y luego extraditado a Estados Unidos. Por su parte, Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad, fue liberado en 2023, a pesar de la gravedad de las causas que pesan sobre él.

Perú se presenta, sin exagerar, como un laboratorio donde lo judicial y lo político se mezclan en una danza de intereses en torno al poder. Salvo en el caso del fujimorismo -construcción autoritaria y centralizada-, lo institucional aparece como un elemento secundario en la balanza de decisiones políticas peruanas.

Todos expresidentes, todos líderes que ocuparon el máximo cargo de sus países y que terminaron debilitados ante un sistema que los excede. A veces, los nombres no alcanzan para el establishment.

El fenómeno judicial

Hay un patrón que se repite: la mayoría de estos líderes enfrentan causas por corrupción. Esta palabra parece ser la que más indignación despierta en el pueblo latinoamericano, al punto de provocar un rechazo generalizado hacia la clase política. Pero, ¿por qué la corrupción es siempre el eje acusatorio? Quizás porque es un concepto maleable. Los relatos públicos moldean los hechos para encuadrarlos como casos indignantes… o no. Un ejemplo: el escándalo por el caso Libra en la gestión presidencial actual en Argentina no genera el mismo revuelo mediático que las causas de CFK, aunque ambas involucran cuestiones graves.

La acusación de corrupción funciona como un puñal simbólico en la espalda del votante. La sensación de traición es crucial para que sectores moderados, medios de comunicación y figuras del “centro político” puedan reconfigurar sus apoyos de cara a la próxima elección, manteniendo así la maquinaria electoral activa.

Más allá de delitos más severos como sedición, intento de golpe de Estado o violaciones a los derechos humanos, la corrupción opera como un método de disciplinamiento político. El caso Lula–Bolsonaro expone con claridad ese juego de espejos: persecución, redención, revancha. Un péndulo que balancea sentencias y candidaturas.

El término lawfare -la judicialización con fines políticos- ha cobrado fuerza como explicación de estos procesos. Pero más allá de su validez conceptual, lo más interesante es el papel de los medios de comunicación en la construcción de estos relatos. Las narrativas moldean la percepción pública, y la indignación selectiva cumple una función central en ese dispositivo.

Todo este fenómeno excede los casos individuales. Se trata de una lógica instalada en Sudamérica: la lucha política trasladada al ámbito judicial. Un vicio de la región, donde las causas penales terminan siendo, muchas veces, la prolongación del conflicto político por otros medios.

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Lula da Silva y Cristina Kirchner: un encuentro con fuerte carga simbólica y política

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En el cierre de una intensa jornada diplomática marcada por la Cumbre del Mercosur, el presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, protagonizó en Buenos Aires un gesto de alto impacto político y simbólico: visitó a la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en el departamento donde cumple prisión domiciliaria, en la calle San José 1111. “Estoy muy feliz de encontrarla bien, con fuerza y ganas de luchar”, declaró Lula tras el encuentro, que se difundió con una foto conjunta cargada de significado.

La visita no fue un hecho más. Ocurrió pocas horas después de que el mandatario brasileño asumiera la presidencia pro tempore del Mercosur, y marcó una explícita diferenciación respecto a su relación con el actual presidente argentino, Javier Milei. A diferencia de las frías imágenes institucionales con el jefe de Estado libertario, Lula difundió la fotografía con Cristina en un tono íntimo, amistoso y claramente político. “Nos une el afecto, el cariño de muchos años, como compañeros de un campo político y de ideas de justicia social”, escribió, en clara contraposición con la retórica de Milei, quien ha definido a la justicia social como “una aberración”.

El gesto de Lula tiene una densidad especial a la luz de su propia historia. Encarcelado en 2018 por causas que luego fueron anuladas por parcialidad judicial, el líder del Partido de los Trabajadores no pudo competir en las elecciones de ese año. Más de 500 días después, recuperó su libertad, reconstruyó su imagen pública y volvió a la presidencia por la vía electoral. Con esa experiencia a cuestas, se permitió una frase con peso testimonial: “Le expresé mi solidaridad por todo lo que está viviendo. Le di fuerzas para seguir luchando con la misma firmeza que ha sido una marca de su carrera política”.

La visita también implicó una excepción al estricto régimen de visitas impuesto por el Tribunal Oral Federal N°2, encabezado por el juez Jorge Gorini, que instruyó la prisión domiciliaria de la ex mandataria. Desde el entorno de Cristina se había denunciado públicamente que ese régimen restringe sus derechos políticos, y la defensa presentó un recurso ante la Cámara de Casación para su revisión, que será tratado la próxima semana.

Minutos después del encuentro, Cristina Fernández de Kirchner publicó un texto en el que calificó la visita como “mucho más que un gesto personal: fue un acto político de solidaridad”. Recordó la persecución judicial sufrida por Lula —enmarcada en lo que se ha denominado lawfare— y afirmó: “No pudieron callarlo. Volvió con el voto del pueblo brasileño y la frente en alto. Nosotros también vamos a volver”.

Sus palabras reforzaron el tono político del encuentro, pero también sirvieron de plataforma para una crítica de fondo al rumbo institucional que, según su visión, transita la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei.

Una denuncia por “terrorismo de Estado de baja intensidad”

Cristina trazó un diagnóstico grave: acusó al gobierno actual de protagonizar una “deriva autoritaria” que encarna un nuevo tipo de “terrorismo de Estado de baja intensidad”. Denunció que se están desmantelando progresivamente las garantías democráticas en nombre de una libertad que —sostiene— sólo beneficia “a los más ricos”.

Para sustentar su afirmación, enumeró hechos recientes: la detención de militantes peronistas acusadas de escrachar al diputado José Luis Espert, las atribuciones conferidas al nuevo Plan de Inteligencia Nacional que permitirían el espionaje interno, y la posibilidad de vigilancia digital sin orden judicial que impulsa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “¿Te quejás de cómo va el país? ¿Te burlás del oficialismo en una red social? Entonces, tal vez la policía llame a tu puerta”, advirtió.

También mencionó la presión sobre la prensa, citando el informe de Reporteros Sin Fronteras que ubica a la Argentina como el país con mayor retroceso en libertad de prensa en lo que va de 2025.

En su diagnóstico, la expresidenta no duda en considerar al actual gobierno como un caso testigo de neoliberalismo extremo en la región: “Están convirtiendo al país en un experimento continental con Milei y los Caputo Boys”, dijo. Y vinculó ese modelo con lo que definió como un paquete de “privatización total, salarios de hambre y entrega absoluta al FMI”.

Advirtió que, tras las elecciones de octubre, el gobierno planea avanzar con las reformas estructurales más controversiales: previsional, laboral y fiscal. “Ahí vendrá la verdadera motosierra”, ironizó.

“Este nosotros siempre vuelve”

Pese a la dureza de su diagnóstico, el mensaje de Cristina culminó con un tono desafiante. Convocó a “la organización popular” y a la unidad social frente a lo que considera una ofensiva regresiva. Citó la masiva movilización del 18 de junio como ejemplo de resistencia y concluyó con una frase que condensa el espíritu del encuentro con Lula: “Tenemos algo que ellos jamás van a tener: un nosotros. Y este nosotros siempre vuelve. Lula lo demostró en Brasil. Nosotros también lo haremos”.

Epílogo: una cumbre con doble narrativa

La jornada del 8 de julio dejó así dos postales contrapuestas: la formalidad distante del encuentro Lula–Milei en la Cumbre del Mercosur y la calidez simbólica del encuentro Lula–Cristina. Entre ambas, se dibujan dos narrativas políticas en pugna por el alma de América del Sur: una que promueve la integración con eje en la justicia social, y otra que apuesta por la desregulación total, la austeridad extrema y el repliegue nacional.

En ese cruce de caminos, la visita del presidente brasileño a San José 1111 se inscribe como una jugada política de alcance regional, con ecos que resonarán mucho más allá del protocolo diplomático.

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Bonos panda: la estrategia financiera de Lula para reforzar lazos con China y atraer inversiones

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Brasil espera vender su primera deuda soberana en el mercado chino este mismo año, en un momento en que el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende reforzar los lazos comerciales y de inversión con la superpotencia asiática.

La administración izquierdista de Brasilia está planeando el llamado “bono panda”  -deuda emitida en yuanes por un prestatario extranjero-. y también está decidida a reentrar en el mercado de bonos denominados en euros, según Dario Durigan, el viceministro de Hacienda.

“La idea es que este año realicemos tanto una nueva emisión en dólares de un bono sostenible, como hicimos el año pasado, así como en Europa, y bonos panda en China”, le declaró Durigan al Financial Times (FT) en una entrevista.

“La UE quiere negociar con Brasil para expandir nuestro comercio bilateral, ya sea en términos de transacciones o también ofreciéndole a Brasil la opción de emitir sus bonos en Europa”, añadió Durigan. “Lo mismo puede ocurrir con China”.

El Gobierno de Lula ha estado tratando de profundizar los lazos comerciales con Bruselas y de consolidar los vínculos con Beijing, en medio de la guerra comercial mundial desatada por los extensos aranceles del Presidente estadounidense Donald Trump.

El bloque de naciones sudamericanas del Mercosur, del que forma parte Brasil, espera que, a finales de este año, se apruebe un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) que ha sido largamente esperado. El jueves, Lula se reunió con el Presidente francés, Emmanuel Macron, durante una visita de Estado a París, y lo instó a apoyar el acuerdo. Macron hasta ahora se ha resistido a ratificar el tratado comercial, al que se oponen firmemente los agricultores franceses.

Los planes para un bono panda se producen en medio de los esfuerzos para asegurar una mayor inversión proveniente de China, el mayor socio comercial de Brasil, durante una visita de Estado de Lula el mes pasado. Beijing también ha montado una campaña de acercamiento dirigida a Latinoamérica en su intento de ampliar su influencia económica.

“En muchos casos, yo considero los bonos panda como una estrategia diplomática más que financiera”, dijo Graham Stock, estratega de deuda soberana en mercados emergentes de RBC BlueBay Asset Management, añadiendo que estos instrumentos suelen ser de entre US$ 200 y US$ 300 millones en tamaño.

La emisión prevista pondrá a prueba el apetito de los inversionistas internacionales por la deuda brasileña en un momento de creciente escepticismo de los mercados hacia las políticas de Lula, quien ha tratado de aumentar el papel del Estado en la economía en un esfuerzo por impulsar el crecimiento y reducir la desigualdad.

El enfoque en impuestos y gastos de su Gobierno ha irritado a los líderes empresariales brasileños, con críticos argumentando que el gasto excesivo está alimentando la inflación, haciendo que aumenten las tasas de interés y arriesgando que se produzca una deuda pública insostenible.

“Siempre están pensando en nuevas formas de gastar dinero”, dijo Alberto Ramos, economista jefe para Latinoamérica de Goldman Sachs. “Todavía necesitan ajustar el déficit presupuestario en tres puntos porcentuales del PIB para que las finanzas sean sostenibles”.

Brasil principalmente se autofinancia a través de inversionistas nacionales, con menos del 5% de su deuda pública denominada en otras divisas, principalmente dólares; su última emisión en euros fue en 2014.

Esta semana, Brasil vendió US$ 1.500 millones en bonos a cinco años, con un rendimiento del 5,68%, y US$ 1.250 millones en deuda a 10 años, con un rendimiento del 6,73%. Ésta fue la segunda emisión internacional del país en 2025.

Emitir en yuanes sería más barato que hacerlo en reales, posiblemente hasta tan bajo como un 2% para la deuda a 10 años, pero eso deja el riesgo de divisas, dijo Stock, de RBC BlueBay. Cubrir esto en dólares podría acercar la tasa al costo de un préstamo en la divisa estadounidense, añadió él, mientras que cubrir la emisión en reales la elevaría a casi el 14%.

Los costos de los préstamos en Brasil han aumentado a medida que el banco central del país ha elevado su tasa de referencia al 14,75% en un intento de controlar la inflación. Los opositores acusan al Gobierno de no hacer lo suficiente para abordar el déficit fiscal crónico y los crecientes niveles de deuda.

Durigan declaró que la administración estaba en vías de alcanzar su objetivo para 2025 de tener un presupuesto primario equilibrado, es decir, antes del pago de intereses. Para el próximo año, el Gobierno se ha fijado como objetivo un superávit primario del 0,25% del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, el déficit público nominal del país, el cual incluye el pago de intereses, ha aumentado bajo el mandato de Lula hasta alcanzar el 7,8% del PIB.

No obstante, Durigan espera que el país se esté acercando al estatus de grado de inversión. “Estamos llevando a cabo un ajuste fiscal progresivo. En otras palabras, estamos equilibrando las cuentas con justicia social”, afirmó. “Nuestro problema de deuda pública actual proviene hoy de los intereses. Si empezamos a abordar la situación fiscal, lo cual nos permitirá ofrecerle al banco central las condiciones para reducir gradualmente las tasas de interés, podremos obtener una calificación de grado de inversión el próximo año”, añadió Durigan.

Sin embargo, Ramos, de Goldman Sachs, se mostró escéptico. “No obtendrán el grado de inversión el año que viene”, señaló él. “Ni siquiera están cerca”.

Moody’s mejoró la calificación a largo plazo de Brasil el pasado mes de octubre a un nivel sólo un paso por debajo del codiciado estatus, lo cual abre la puerta a la entrada de capital más barato. Sin embargo, la agencia de calificación revisó el mes pasado la perspectiva crediticia del país de positiva a estable, citando un progreso más lento de lo esperado en la política fiscal.

Con unas elecciones generales el año que viene, los escépticos temen que el Gobierno recurra a mayores prestaciones sociales y a otras concesiones antes de los comicios.

Un anuncio realizado el mes pasado, destinado a reforzar las finanzas públicas mediante la congelación de R$ 31.000 millones (US$ 5.500 millones) en gastos, desencadenó una venta masiva del mercado debido a un aumento de los impuestos sobre determinadas transacciones financieras pobremente comunicado. Eso reavivó las dudas sobre el compromiso del Gobierno con la austeridad, y fue percibido por algunos como una forma de desalentar la salida de dinero del país, aunque el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, negó cualquier intención de imponer controles de capital.

El economista de Barclays Roberto Secemski describió la situación fiscal del país como “muy delicada”, dado que tiene una de las mayores cargas de deuda entre los mercados emergentes, con un endeudamiento público bruto del 76% del PIB.

“Brasil necesita un superávit primario de al menos el 2% para estabilizar la deuda”, afirmó Secemski. “Estamos lejos de eso. Muchos de los ajustes necesarios se han pospuesto y, siendo realistas, sólo se abordarán en la próxima administración”.

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Argentina encabeza el ranking de cobertura gubernamental en medios impresos de LATAM

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¿Qué tipo de cobertura reciben los gobiernos en los principales medios impresos de América Latina? En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, GlobalNews presentó un informe sobre el tono de la cobertura gubernamental en los principales diarios impresos de 12 países de América Latina, basado en publicaciones realizadas entre enero y abril de 2025. El análisis reveló que Argentina lidera en volumen de menciones y presenta un equilibrio entre notas positivas, neutrales y críticas. Paraguay y Uruguay se destacan por una cobertura mayormente favorable, mientras que México, Brasil, Perú y Colombia muestran un enfoque predominantemente informativo o neutral. Por su parte, Chile exhibe una distribución más equilibrada entre tonos, con una leve mayoría de menciones positivas. En contraste, Cuba, Venezuela, El Salvador y Honduras no registraron publicaciones críticas durante el período analizado.

Cobertura gubernamental en detalle: 12 países, 12 enfoques

Argentina fue el país con mayor volumen de cobertura, con un total de 5.087 menciones a autoridades del gobierno nacional. De ese total, el 66% tuvo un tono positivo, el 26% fue neutral y solo un 8% fue negativo. Esto muestra que, si bien existieron publicaciones críticas por ejemplo, frente a declaraciones del presidente Javier Milei sobre periodistas, también se registró una amplia presencia de coberturas informativas y valoraciones favorables sobre medidas de gobierno, economía y relaciones internacionales. La variedad de enfoques sugiere un entorno donde los medios pueden expresarse con libertad y sin restricciones evidentes.

En comparación, Uruguay mostró una fuerte presencia de contenido positivo (58%) y apenas cinco menciones negativas en todo el período. Paraguay, por su parte, también mantuvo un tono mayoritariamente positivo, con más de 1.200 menciones favorables y apenas un 1% de críticas, en su mayoría centradas en el uso de fondos públicos.

Otros países como México presentaron una cobertura más neutral. El 85% de los artículos fueron informativos, y aunque solo se registraron seis notas críticas hacia el gobierno, sí se destacaron más de 400 artículos positivos sobre el inicio del mandato de Claudia Sheinbaum, inversiones y postura ante temas internacionales. Sin embargo, organizaciones como Reporteros sin Fronteras señalaron que México continúa siendo uno de los países más riesgosos para el periodismo, lo que se refuerza con la baja cantidad de notas negativas encontradas en el monitoreo.

Perú también se mantuvo dentro de una línea mayormente neutral (77%), con pocas menciones negativas, aunque varias de ellas estuvieron relacionadas con el vínculo entre el gobierno y la prensa. En Colombia, el 63% de las menciones fueron neutras y el 33% positivas. A pesar de que los medios cubrieron incluso temas polémicos sobre el presidente Gustavo Petro, se mantuvo la diversidad de enfoques. No obstante, a fines de 2024, 25 medios colombianos publicaron una editorial conjunta alertando sobre ataques a la prensa, tanto en medios tradicionales como en redes sociales.

En el caso de Brasil, el informe detectó una cobertura casi completamente neutral. A pesar de algunas críticas puntuales al presidente Lula da Silva, la relación entre el gobierno y los medios parece haber mejorado respecto de gestiones anteriores, como la de Jair Bolsonaro, caracterizada por mayor hostilidad.

En países como Cuba, Honduras, El Salvador y Venezuela el panorama fue diferente. En Cuba no se registraron notas críticas y todas las menciones fueron positivas o neutras, en un contexto donde los medios de comunicación son estatales. En Honduras, directamente no se detectaron artículos negativos, aunque organismos internacionales han señalado limitaciones legales y estructurales al derecho a la libertad de expresión. En El Salvador solo hubo dos notas críticas, provenientes de un medio opositor. Venezuela no registró menciones negativas en el análisis de los medios monitoreados, aunque informes externos advirtieron sobre graves restricciones a la prensa y violencia hacia periodistas.

Por último, Chile mostró un balance mayor entre tonos, con un 43% de menciones positivas, 56% neutras y sólo un 2% negativas, en las que se abordaron temas como la seguridad y el vínculo entre el presidente Boric y la prensa. 

Un mapa complejo, pero con señales positivas

Este informe de GlobalNews Group muestra que, en muchos países, los medios siguen cumpliendo su función informativa y de análisis, con espacio tanto para valorar como para señalar. La presencia de opiniones diversas, ya sean críticas o favorables, es uno de los elementos clave que permiten medir la libertad de prensa.

La investigación fue posible gracias a herramientas de análisis que combinan inteligencia artificial con revisión humana. Esto permitió procesar miles de artículos en poco tiempo y detectar el tono general de las publicaciones sobre las principales figuras del poder.

En resumen, este trabajo muestra una foto actual de cómo se informa en América Latina. Aunque todavía hay desafíos y señales de alerta en algunos países, la existencia de medios que pueden criticar, valorar y analizar sin censura directa es una buena noticia para la región. La libertad de prensa es esencial para cualquier democracia, y estos datos permiten seguir observando cómo evoluciona su ejercicio en cada rincón del continente.

En este sentido, Carlos Díaz, CEO de GlobalNews, destaca que la distribución normal de la aprobación-crítica es un proxy de la libertad de prensa. Cuando existe un equilibrio natural entre distintas posturas, sin imposiciones, se confirma que los medios están pudiendo ejercer su rol con autonomía y responsabilidad.

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