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Iguazú llevó al Senado el reclamo por las demoras en el Tancredo Neves: piden decisiones para agilizar la frontera

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Las largas filas en el puente Tancredo Neves dejaron de ser este miércoles solamente un reclamo de Puerto Iguazú y llegaron a una mesa con los organismos nacionales que tienen capacidad de intervenir sobre la frontera. Representantes del turismo y el comercio de la ciudad se reunieron en el Senado con funcionarios del Gobierno nacional para buscar medidas que permitan acelerar el cruce entre Puerto Iguazú y Foz de Iguazú.

La convocatoria fue realizada por el senador por Misiones Martín Goerling, quien reunió a empresarios y dirigentes de las principales entidades de Iguazú con representantes de Interior, Migraciones, Seguridad y Cancillería. Entre los participantes del sector privado estuvieron Patricia Durán Vaca y Jorge Antonio, junto con referentes de cámaras vinculadas al turismo, la hotelería, la gastronomía y el comercio, representantes de agencias de viajes, atractivos turísticos y entidades empresarias de la ciudad.

El diagnóstico que llegó desde Iguazú fue directo: la demora para atravesar una frontera ubicada en el corazón de uno de los principales corredores turísticos internacionales de Sudamérica se convirtió en un obstáculo para captar visitantes que ya están a pocos kilómetros de Misiones.

Hoy es un día importante para Misiones”, sostuvo Goerling después del encuentro. El senador señaló que el objetivo fue sentar en una misma mesa al sector turístico y comercial de la Triple Frontera y a los organismos nacionales responsables del funcionamiento del paso.

Para Goerling, el problema no requiere necesariamente una nueva ley sino decisiones administrativas y operativas del Poder Ejecutivo. “Ya tuvimos suficientes diagnósticos. Ahora necesitamos una decisión política con fechas concretas: qué se hace, quién lo hace y cuándo”, había planteado antes de la reunión.

La discusión apunta, entre otras cuestiones, a revisar la organización de los controles migratorios y aduaneros. Entre las alternativas que venían siendo analizadas aparece una reorganización del Centro de Frontera y de la distribución de controles entre ambos lados del puente, además de cambios en la operatoria del transporte de cargas. El nuevo Puerto Seco de Foz de Iguazú también aparece dentro de las posibilidades bajo estudio para una eventual reorganización fronteriza.

Cuatro horas para cruzar un puente

Patricia Durán Vaca puso números cotidianos al problema. Según explicó, un turista internacional puede volar desde San Pablo hasta Foz de Iguazú en alrededor de una hora y media, pero luego enfrentar esperas de hasta cuatro horas para atravesar el puente Tancredo Neves durante los períodos de mayor movimiento.

Incluso fuera de la temporada alta, señaló, las demoras pueden extenderse durante horas, particularmente para ingresar a la Argentina.

La paradoja es especialmente sensible para Puerto Iguazú. Del otro lado del puente existe un flujo permanente de visitantes internacionales que llegan a Foz de Iguazú y también a Ciudad del Este, pero una parte de ese mercado encuentra una barrera práctica para incorporar el destino argentino a su recorrido.

“Los pasajeros están al lado”, resumió Durán. El planteo empresario es que reducir los tiempos de frontera permitiría convertir una mayor porción de ese movimiento regional en visitantes, consumo y estadías dentro de Misiones.

La dirigente explicó que viajaron a Buenos Aires representantes de las distintas organizaciones del turismo y el comercio con una posición común: conseguir acompañamiento político para acelerar una solución operativa.

“Lo único que queremos es el bienestar de nuestra provincia”, expresó.

Una frontera que condiciona al principal destino turístico

El planteo excede la incomodidad que supone permanecer durante horas en una fila. Para las empresas de Iguazú, el funcionamiento del paso tiene consecuencias económicas directas.

Puerto Iguazú compite dentro de un destino internacional integrado en los hechos por tres ciudades, pero con sistemas fronterizos que todavía pueden transformar pocos kilómetros de distancia en varias horas de viaje. Esa diferencia condiciona excursiones, traslados hacia los aeropuertos, estadías y decisiones de turistas que organizan recorridos cortos por la región.

Las entidades empresarias vienen reclamando desde hace años mejoras de infraestructura, mayor disponibilidad de personal y cambios en los mecanismos de control. Antes del encuentro de este miércoles, representantes del sector habían anticipado que las distintas organizaciones de Iguazú llegarían al Senado con una posición conjunta para reclamar una solución.

Goerling sostuvo que las demoras terminan traduciéndose en pérdida de turistas y actividad económica para Misiones. “Iguazú no puede seguir perdiendo turistas, actividad económica y oportunidades por una frontera que no está a la altura de su importancia”, afirmó.

La reunión del miércoles no cerró todavía una solución definitiva. Sí trasladó el reclamo directamente a los organismos nacionales involucrados y abrió una instancia para discutir cambios operativos.

Para el sector privado de Iguazú, sin embargo, el próximo paso será el decisivo: transformar una discusión que lleva años en un cronograma concreto de medidas.

Después de diagnósticos, reuniones y proyectos, el reclamo que llegó desde la Triple Frontera a Buenos Aires puede resumirse en una cuestión elemental: que cruzar los pocos kilómetros que separan Puerto Iguazú de Foz de Iguazú deje de demandar más tiempo que el vuelo internacional que lleva a muchos turistas hasta las Cataratas.

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Goerling apoyó el rumbo pero encendió una alerta: “Si la gente no siente beneficios, el riesgo de volver atrás siempre va a estar”

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El senador por Misiones Martín Goerling ratificó su respaldo al programa económico del Gobierno de Javier Milei, pero introdujo una advertencia que atravesó buena parte de los debates del encuentro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas en Puerto Iguazú: la estabilidad macroeconómica no alcanzará para consolidar el cambio si sus resultados no llegan a la economía cotidiana.

Hay muchos sectores de la economía que la están pasando muy mal. Hay sectores que realmente no arrancan”, señaló el legislador durante un panel en el que se analizaron las reformas pendientes y la capacidad política de la Argentina para sostenerlas en el tiempo.

Goerling consideró que el país eligió un rumbo que debe mantenerse, aunque advirtió que el deterioro social puede alimentar otro giro del histórico péndulo argentino.

“Si la economía del día a día de la gente no empieza a sentir los beneficios, el riesgo de volver siempre va a estar, y es lo peor que nos puede pasar”, afirmó. 

Para el senador, todavía existe margen para desarrollar incentivos y políticas que permitan reactivar las actividades rezagadas antes de que el malestar se transforme en una demanda de regreso al esquema anterior.

Goerling también explicó su posición en el Senado frente al proyecto conocido como “super RIGI”, luego de que su negativa a firmar el dictamen fuera interpretada como un rechazo a la iniciativa.

“No dije que no al super RIGI. Venimos apoyando todas las reformas del RIGI”, aclaró. Según explicó, su decisión respondió a que todavía no estaban dadas las condiciones políticas para emitir dictamen y llevar el proyecto al recinto con posibilidades reales de aprobación.

El senador sostuvo que varios integrantes de la Cámara alta pretendían introducir modificaciones y que avanzar sin consensos suficientes podía conducir al rechazo de la propuesta. Eso, planteó, habría representado un retroceso mayor que continuar negociando.

“Lo peor que podía pasar era ir al recinto y que se rechazara el proyecto”, remarcó. Además, cualquier modificación obligaría a devolver la iniciativa a la Cámara de Diputados para una nueva revisión.

Entre los puntos en discusión mencionó la incorporación de un porcentaje de Compre Argentino, orientado a dar participación a la industria nacional dentro de los grandes proyectos de inversión. La propuesta evaluada contemplaba un piso del 20 por ciento, aunque persistían diferencias sobre la forma de calcularlo.

El debate consiste en evitar que ese porcentaje quede absorbido exclusivamente por la obra civil y garantizar que incluya bienes transables fabricados en el país. El objetivo es que los megaproyectos no funcionen como enclaves aislados, sino que permitan desarrollar una cadena argentina de proveedores.

Goerling aseguró que el tratamiento continuará y que su intención es construir una mayoría capaz de aprobar la iniciativa. En ese proceso, destacó los aportes realizados por entidades empresariales como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Unión Industrial Argentina.

El senador defendió la necesidad de que los cambios estructurales sean aprobados mediante leyes respaldadas por diferentes sectores políticos. Consideró que ese consenso constituye una garantía para las inversiones y reduce la posibilidad de que las reformas sean derogadas ante un cambio de gobierno.

“Cuando se fuerza una ley, después queda a tiro de que, si cambia el gobierno, lo primero que haga sea derogarla porque no le gustó en su momento”, explicó.

Para Goerling, una norma discutida, enriquecida con aportes y sostenida por una mayoría amplia ofrece mayor previsibilidad que una victoria parlamentaria ajustada. Esa lógica, afirmó, debería aplicarse tanto a las reformas económicas como a los cambios institucionales pendientes.

El senador señaló que la reforma del Banco Central será girada a la Comisión de Economía Nacional e Inversión, que preside. Indicó que todavía espera que la Presidencia del Senado remita formalmente el expediente, pero anticipó su acompañamiento.

“Compartimos absolutamente la ley. Va a ser un antes y un después en la Argentina”, aseguró. También incluyó a la reforma previsional entre los grandes debates que deberá afrontar el Congreso, aunque reconoció la dificultad de alcanzar acuerdos en una materia con fuertes consecuencias fiscales y sociales.

Goerling planteó que las condiciones tributarias previstas para las grandes inversiones deberían convertirse, a largo plazo, en la regla general de la economía argentina.

“El RIGI es un régimen especial, pero eso debería ser toda la economía de la Argentina”, sostuvo. Mencionó como referencias una alícuota del 25 por ciento en el impuesto a las Ganancias y menores aranceles para importar bienes destinados a la producción.

Sin embargo, admitió que avanzar hacia ese escenario demandará tiempo después de años de desequilibrios fiscales, inflación y distorsiones acumuladas. En ese camino, insistió en que la reducción de impuestos debe estar respaldada por una disminución del gasto público.

El planteo no quedó limitado a la administración nacional. Goerling sostuvo que las provincias y los municipios también deben revisar sus estructuras y acompañar el esfuerzo fiscal.

En su provincia, el senador puso el foco sobre Ingresos Brutos, los anticipos fiscales y el sistema de pagos a cuenta que se aplica al ingreso de mercaderías. Consideró que ese entramado aumenta los costos, desalienta proyectos y coloca a Misiones en desventaja frente a otras jurisdicciones.

“Tenemos una de las presiones tributarias más altas del país. Ingresos Brutos es totalmente asfixiante y lo único que hace es expulsar la inversión”, cuestionó.

Goerling calificó el pago anticipado de Ingresos Brutos como una “aduana paralela” y afirmó que numerosas inversiones terminan radicándose en Corrientes debido a las diferencias impositivas. Frente a ese cuadro, reclamó que el Gobierno provincial reduzca estructuras y gastos para generar condiciones más competitivas.

“Nadie quiere venir a invertir a Misiones. El Gobierno debería incentivar la inversión para que vengan a invertir a la provincia más linda de la Argentina”, lanzó.

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“Los senadores misioneros tienen la oportunidad histórica de impedir que el Gobierno nacional rife nuestro territorio”, afirmó Carlos Sartori

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En la antesala del tratamiento de la reforma de la Ley de Tierras, prevista para este jueves en la Cámara Alta de la Nación, el ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, envió un fuerte mensaje a los tres senadores que representan a la provincia y los convocó a asumir una posición firme en defensa del territorio misionero.

“Los senadores misioneros tienen la oportunidad histórica de impedir que el Gobierno nacional rife nuestro territorio, nuestros recursos naturales y estratégicos”, sostuvo el funcionario, en referencia a Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y Martín Goerling, quienes tendrán un rol determinante durante la sesión.

El proyecto de modificación de la Ley de Tierras Rurales propone, entre otros puntos, elevar el límite máximo de la superficie del territorio nacional y provincial que puede estar en manos de extranjeros.

Sartori consideró que la discusión supera las diferencias partidarias y advirtió que el proyecto involucra cuestiones de fondo vinculadas a la soberanía territorial.

“Los senadores misioneros tienen que demostrar su compromiso con el pueblo misionero en la defensa de las tierras. Es un tema que depende de la coyuntura política, pero la trasciende, porque está en juego el futuro de las próximas generaciones”, afirmó.

El ministro recordó que la provincia posee una condición geográfica única dentro del país y remarcó que esa realidad obliga a extremar los cuidados sobre el territorio. “Casi el 90 por ciento de nuestra provincia es de frontera con otros países. No somos una tierra común; tenemos enormes ríos, biodiversidad, acuíferos y recursos estratégicos. Somos uno de los pulmones del mundo y eso es lo que hoy están intentando rifar”, advirtió.

En ese contexto, destacó que el gobernador Hugo Passalacqua ya expresó públicamente su rechazo a la iniciativa y aseguró que esa postura fue acompañada por el espacio político que encabeza.

“El gobernador se manifestó claramente en contra de esta ley y, a partir de esa posición, todo el arco político de Movimiento por lo que Viene, dirigentes, intendentes, legisladores y ex legisladores entendieron cuál es el camino”, señaló.

Sartori insistió en que la defensa del territorio debe convertirse en una política de Estado y pidió a los representantes misioneros actuar con responsabilidad institucional durante la votación.

“No es solamente Misiones; está en juego una decisión que involucra a todo el país. La dirigencia y nuestros tres senadores deben demostrar madurez. No todo es válido en política. Hay cosas que no se pueden negociar por la trascendencia de lo que está en juego”, remarcó.

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Goerling escala la ofensiva contra Adorni: pide interpelarlo en el Senado y plantea su remoción si no comparece

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La tensión política entre el PRO y el Gobierno nacional sumó este miércoles un nuevo capítulo. El senador nacional por Misiones, Martín Goerling, presentó un proyecto de resolución para citar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a comparecer ante el Senado el próximo 2 de julio, con el objetivo de que brinde explicaciones sobre la evolución de su patrimonio y presuntas inconsistencias detectadas entre sus declaraciones juradas y manifestaciones públicas.

La iniciativa marca una señal política de alto voltaje dentro del PRO y profundiza las diferencias con La Libertad Avanza en un momento de creciente tensión parlamentaria. Goerling, quien preside el bloque amarillo en la Cámara alta, no sólo impulsa la interpelación del funcionario sino que además propone que, en caso de que Adorni no concurra al recinto, el Senado avance directamente en el tratamiento de una moción de remoción prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Según el texto presentado este 24 de junio, el Senado debería convocar a Adorni para ser interpelado respecto de “omisiones e inconsistencias” que habrían surgido entre sus declaraciones patrimoniales, las correcciones posteriores reconocidas públicamente y sus exposiciones ante la Cámara de Diputados.

El proyecto también solicita que el jefe de Gabinete explique qué medidas adoptó desde su función institucional frente a lo que el documento describe como el reconocimiento público de una situación de evasión fiscal, al tiempo que señala que el origen lícito de determinados fondos aún no habría sido acreditado.

La iniciativa lleva la firma de Goerling y fue ingresada formalmente este martes en la Cámara alta.

La movida del senador misionero se produce apenas horas después de una votación significativa en la Cámara de Diputados. Allí, el bloque PRO acompañó el emplazamiento impulsado por el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, para acelerar el tratamiento de los pedidos de interpelación y moción de censura contra Adorni.

El dato político no pasó inadvertido. Aunque los diputados del PRO rechazaron avanzar directamente con una moción de censura, sí votaron de manera unánime a favor de emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que trate el asunto sin dilaciones.

Esa posición comenzó a mostrar un mayor distanciamiento respecto de la estrategia parlamentaria del oficialismo y sus aliados. Ahora, el proyecto de Goerling en el Senado profundiza esa línea y eleva la presión sobre el jefe de Gabinete.

Qué dice el proyecto

El texto presentado por el senador misionero establece cuatro puntos centrales:

  • Convocar a Manuel Adorni al Senado el 2 de julio.
  • Requerir explicaciones sobre su evolución patrimonial y declaraciones juradas.
  • Solicitar informes sobre las medidas adoptadas desde la Jefatura de Gabinete frente a las irregularidades denunciadas.
  • Avanzar en una moción de remoción si el funcionario no concurre a la citación.

La presentación adquiere especial relevancia porque proviene del presidente del bloque PRO en el Senado y se produce en medio de una creciente discusión sobre el vínculo entre el partido fundado por Mauricio Macri y el Gobierno de Javier Milei.

Mientras en Diputados el PRO ya había mostrado señales de autonomía al respaldar el emplazamiento promovido por Ferraro, la iniciativa de Goerling abre un nuevo frente institucional que podría derivar en uno de los debates políticos más sensibles de las próximas semanas.

La presentación del legislador misionero reconfigura el escenario parlamentario. Hasta ahora, los cuestionamientos a Adorni se concentraban principalmente en sectores de la oposición dialoguista y de la Coalición Cívica. La decisión del PRO de acompañar mecanismos formales de control y ahora impulsar una interpelación desde el Senado introduce un factor de incertidumbre sobre la solidez de los acuerdos legislativos que venían sosteniendo al oficialismo. Con la convocatoria propuesta para el 2 de julio, la discusión promete convertirse en uno de los principales focos de atención de la agenda política nacional.

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Adorni gana tiempo en el Senado: el oficialismo teje una mayoría para bloquear la interpelación y expone el rol clave de los aliados

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La disputa por la posible interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se convirtió en una nueva prueba de fuerza para el Gobierno nacional en el Senado. A pocos días de una sesión que podría derivar en uno de los debates políticos más incómodos para la Casa Rosada desde el inicio de la gestión libertaria, La Libertad Avanza logró construir una estrategia parlamentaria que, al menos por ahora, le permitiría frenar el avance opositor y ganar tiempo frente a una investigación judicial sobre la evolución patrimonial del funcionario.

La negociación se cerró durante las últimas horas entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. El acuerdo contempla modificar las condiciones de tratamiento de la interpelación para exigir una mayoría agravada de dos tercios de los presentes, un requisito que eleva considerablemente la vara para la oposición. A cambio, el Gobierno aceptó abrir el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, una instancia que permitiría discutir los pedidos de citación a Adorni, aunque sin garantizar una resolución inmediata.

La maniobra fue impulsada por la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien solicitó formalmente una reunión de Labor Parlamentaria para modificar el acta acordada durante la sesión preparatoria de la semana pasada. El cambio no es menor: mientras el peronismo sostiene que una moción para convocar a Adorni requiere mayoría absoluta de 37 votos, el oficialismo y sus aliados buscan imponer el criterio de los dos tercios, es decir, 48 voluntades.

Detrás de la discusión reglamentaria se libra una disputa mucho más profunda. El Gobierno pretende evitar que Adorni enfrente una interpelación específica sobre su patrimonio en un momento políticamente sensible. La alternativa que promueve la Casa Rosada es que el funcionario concurra el próximo 2 de julio a brindar un informe de gestión general, reservándose la posibilidad de responder o no a las preguntas de los senadores.

Por eso la actividad política de este martes no estará concentrada únicamente en el Congreso. El propio Adorni convocó a los senadores oficialistas a reuniones escalonadas en la Casa Rosada para explicar personalmente su situación patrimonial y coordinar la estrategia parlamentaria de cara a la sesión del jueves.

La clave del operativo oficialista pasa por los números. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y ya tendría garantizado el acompañamiento de los representantes del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, además de la radical chaqueña Silvana Schneider. Con ese respaldo alcanzaría 24 votos y quedaría a apenas una adhesión de bloquear cualquier intento opositor de reunir los dos tercios necesarios.

En ese escenario, vuelven a adquirir centralidad los bloques provinciales y los legisladores que habitualmente actúan como árbitros de las votaciones más sensibles. Entre los nombres que aparecen cerca de la posición oficialista figuran el mendocino Rodolfo Suárez, la neuquina Julieta Corroza, la chubutense Edith Terenzi, el correntino Carlos “Camau” Espínola y la tucumana Beatriz Ávila.

Del otro lado, el interbloque peronista conducido por José Mayans busca consolidar una mayoría amplia que incluya a sectores provinciales, senadores santacruceños, representantes de Salta y Catamarca, además de legisladores de la UCR y el PRO que vienen mostrando distancia con algunas decisiones del Gobierno nacional.

La discusión expone, una vez más, una característica central del actual esquema político argentino: la capacidad del oficialismo para sostener gobernabilidad sin mayoría propia depende cada vez más de acuerdos circunstanciales con gobernadores y fuerzas provinciales. En ese tablero, los votos de Misiones vuelven a ocupar un lugar estratégico.

Si el oficialismo logra imponer el criterio de los dos tercios, la interpelación quedará virtualmente bloqueada y podría postergarse hasta agosto, una vez concluido el receso parlamentario de invierno. Si la oposición consigue quebrar ese cerco, el Senado avanzará hacia una instancia de alto impacto político para el Gobierno.

Más allá del resultado, la pulseada revela que la principal batalla ya no se libra únicamente en el terreno económico. Con la estabilización de algunas variables macroeconómicas, la Casa Rosada enfrenta ahora un desafío diferente: administrar los costos políticos derivados de una agenda institucional que comienza a ganar protagonismo en el Congreso.

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