Massa

Números

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13,33, 17,38; 56,43; 95,79, 40;53. Números sueltos en una lista. Números que en si mismo no dicen nada. Pero dicen todo. Representan el porcentaje que envió la Nación este año para cubrir la demanda de algunas vacunas en Misiones. Hepatitis B adultos, Doble Bacteriana, Triple Bacteriana, Hepatitis Pediátrica, vacuna inactivada contra la polio, meningococcica A, C, Y,W, son todas enfermedades graves, contagiosas, mortales, pero prevenibles, con la vacuna a tiempo. La bacteria mata, pero más mata la falta de vacunas. 
Por la altura del año, el ministro de Salud, Walter Villalba, calcula que ya no se completarán las partidas. Y son vidas indefensas. La degradación del ministerio a secretaría no augura mejores resultados, aunque Carolina Stanley prometió retomar las compras y los envíos.
Medido en vacunas, el ajuste en salud ya empezó. Los números no son abstractos. Se traducen en pacientes. En vidas.
Siempre hay vida detrás de los números. Pueden ser 680 familias al año que tienen a sus niños vivos gracias a la reducción en Misiones de la mortalidad infantil a un piso histórico, por debajo de la media nacional. Misiones supo liderar las peores estadísticas. Llegó a tener una mortalidad infantil de 32,1 por mil en 1990. Hoy el mismo indicador es de 7,99 por mil. Esos números también son la consecuencia de una política económica.
La indigencia, que venía en bajada en los últimos registros, volvió a aumentar en el primer trimestre del año. 0,3 por ciento. Son 507 hogares que no eran considerados indigentes y pasaron a serlo, después de un 2017 que venía siendo “mejor” que 2016.
La pobreza y la indigencia habían caído cinco puntos en promedio en el Gran Posadas, según los datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos, básicamente porque el ingreso familiar per cápita entre el primer trimestre de 2018 y el mismo período de 2017 creció en promedio 28.6 por ciento -se incluyen no sólo los ingresos laborales sino también los no laborales- mientras que la canasta básica había subido 16.6 por ciento. Con un dólar a 20 pesos.
Pero la inflación que viene en alza y el dólar que cotiza el doble, destrozan las expectativas de pobreza cero. La inflación de agosto fue de 3,9 por ciento, la más alta del año y en el NEA redondeó cuatro puntos. Por si hiciera falta.
Se calcula que la inflación anual será cercana al 45 por ciento y sería la más alta en los últimos quince años, emparentada con la escalada tras el estallido de la Convertibilidad.
“Things happened”. Pasaron cosas, evaluó el CitiBank, un poco más pesimista, al advertir que “el traspaso a precios de la devaluación está subestimado”: llegaría al 48,5% este año y tocaría 50% en el primer trimestre de 2019.
El aumento en el precio de los alimentos golpea donde más duele y por eso aumenta la indigencia, ya que las familias de bajos recursos deben destinar la mayor parte de sus magros ingresos a parar la olla. El consumo cayó 2,3 por ciento.
Los datos oficiales son previos a la corrida cambiaria que todavía perdura. Y la disparada del dólar recién se está trasladando a los precios. El de la harina aumentó 82 por ciento en el último mes y disparó la preocupación de los panaderos que están dentro del programa Ahora Pan. El pan francés, el que más se consume en la mesa familiar, seguirá congelado hasta diciembre por la continuidad del programa sellado con el Gobierno misionero. No es la única medida de contención.
El gobernador Hugo Passalacqua selló un acuerdo con el Banco Macro y los principales supermercados misioneros para dar vida al Ahora Góndola, que significará un ahorro inmediato de diez por ciento en alimentos para compras con tarjeta de débito. El objetivo es sostener el consumo y bajar el costo de la canasta básica, que sufre el impacto de la inflación.
 


El programa Ahora Misiones, del que se desprenden todos los demás, ya generó ventas por 826 millones de pesos, de los cuáles 764 obedecen a los clientes del banco Macro, como principal operador financiero de la provincia. Solo este año, el Estado provincial invirtió 80 millones de pesos en subsidiar las tasas de interés.
Los empresarios misioneros reconocen que sin el aporte del Estado la situación sería peor para un consumo, que no mejoró siquiera con la subida del dólar que emparejó los precios con Encarnación. No se compra allá, pero para muchos, tampoco alcanza para comprar acá.
Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación y en la gatera para ocupar el sillón del ministerio de Economía, recomendó venir a Misiones para conocer in situ las variables del tipo de cambio, que aquí se hace carne entre el Dólar, Guaraní y el Real.
Melconian fue la estrella de un encuentro organizado por la Confederación Económica de Misiones que tuvo una audiencia inesperada: más de 800 asistentes preocupados por saber que le depara el futuro a la economía.
Melconian no quiso hacer futurología, pero reconoció que la salida de la recesión será larga. Acusó de mala praxis al equipo económico y evitó jugarse por el resultado de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, ahora trabadas hasta que se firme el nuevo acuerdo, que implicará, obviamente, profundizar las condiciones de ajuste.

Casi a la misma hora que Melconian estaba en Posadas se conocieron declaraciones del director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Larry Kudlow, quien sugirió que se está negociando una nueva Convertibilidad, esta vez con anuencia del Tesoro estadounidense.
“El Tesoro está profundamente involucrado en esta discusión, profundamente involucrado”, dijo Kudlow respecto de las negociaciones que mantiene la administración de Macri con el FMI.
“La única forma de salir del dilema de Argentina es establecer una junta monetaria, el peso se vincula con el dólar”, o como lo conocimos en el pasado, Convertibilidad. No hay creación de dinero a menos que tengas una reserva en dólares“, agregó y recordó que “funcionó en los ’90: derribó la inflación y mantuvo la prosperidad” y sugirió que “eso es lo que necesitan para volver a hacerlo”.
Kudlow no hablaba como analista o comentarista de la realidad: “La gente del Departamento del Tesoro está en eso”, insistió, revelando una negociación que en Argentina no se conocía.
Melconian no quiso hablar de dolarización y negó promoverla. Pero admitió que le gustaría una “bimonetarización”, como en Uruguay o Perú. “Hay que estudiar la bimonetaridad que de manera imperfecta intentó resolver la Convertibilidad, al solo efecto de ver qué destino se le puede dar a los dólares, para que no queden sin uso. La dolarización es otra cosa”.
Al lado de Melconian estaba Eduardo Fidanza, el sociólogo que lidera la consultora Poliarquía. En su exposición, sobre el escenario político, brindó detalles de la caída en la imagen del Presidente, que lo empareja con la negativa que ostenta Cristina Fernández, pese a la paradoja de que es la política con mejor intención de voto de la oposición. Anticipó que el voto será más “económico” que “político” en las próximas elecciones.
“La economía de Cristina Fernández terminó en un desastre sin que ese desastre se traslade a la economía real”, graficó. Del desastre invisible al crecimiento invisible.
Después dejó algunos conceptos para el debate: ¿A quien le habla Macri? ¿A los mercados? ¿A la gente? Si es solo a los mercados, debe olvidarse de su reelección. Pero si es solo a la gente, la disparada del dólar también le puede jugar mal”, argumentó.
Fidanza insistió en que Macri tiene el dilema de cómo hacer para que el ajuste no sea el único horizonte para una sociedad que requiere expectativas.
Para el final guardó un desliz: “No voy a dar detalles, pero vemos un escenario en el que el peronismo, no con Cristina, gana por más de diez puntos un balotaje ante el Presidente”.
Casualmente empiezan a aparecer fotos de gobernadores y dirigentes no kirchneristas en reuniones para analizar la coyuntura, pero con proyección de mediano plazo. Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa, Roberto Lavagna son algunos que comenzarán a aparecer seguido. El misionero Passalacqua prefiere jugar de líbero, aunque comparte en silencio la mirada crítica.
En realidad, muchos analistas consideran que el respaldo de los gobernadores es vital en este momento para sostener la gobernabilidad de Macri, cuya imagen está en declive, lo mismo que la evaluación de su gestión.

Los gobernadores volvieron a dar una muestra de responsabilidad al garantizar la aprobación de la ley de Presupuesto, aunque esto no implica un voto a libro cerrado. Habrá una dura batalla en el Congreso para mitigar el impacto del ajuste.
En consonancia, los mandatarios provinciales quieren revisar el Pacto Fiscal que proyecta continuar bajando impuestos. Estiman que sin recursos no podrán hacer frente al costo del ajuste. En el medio, los empresarios presionan para que baje Ingresos Brutos, el único impuesto que Macri prometió no negociar.
Los datos más optimistas proyectan que Misiones perdería cerca de cuatro mil millones de pesos por los recortes en subsidios, mientras que la economía productiva cedería un monto similar por retenciones e impuestos que no bajarán.
Una encuesta del consultor Gustavo Cordóba revela que solo el 35,7 por ciento aprueba la gestión presidencial, mientras que un 61 por ciento la desaprueba. La imagen negativa hoy es más alta que la de Cristina, mientras que la positiva es menor que la de la ex presidenta.

“Un aspecto central, lo constituye la credibilidad del equipo económico y del ministro de Economía. Un 32% de los encuestados tienen credibilidad y un 64% no le cree. Solo un 20% de argentinos están de acuerdo con la frase “lo peor ya paso”, enumera Córdoba.

La defensa de la gestión es difícil incluso para quienes pertenecen a Cambiemos. Cada vez es más visible el enojo del radicalismo con los socios principales. Solo los mejor acomodados en las pequeñas parcelas cedidas sostienen la defensa del modelo. Otros, los que están más abajo en la cadena de mando, exigen ser escuchados o por lo menos saber qué tipo de acuerdo “hay que bancar”.
En el radicalismo crece el descontento, que se expresa en nuevas líneas internas. Hasta hace unos días el único “rebelde” era el economista Federico Villagra, ex asesor de Gustavo González. Pero ahora se sumaron varios jóvenes reclamando elecciones internas en el radicalismo y forzar un “respeto” dentro de Cambiemos.
El concejal posadeño Maximiliano Florindo quiere generar su propio espacio, lo mismo que la nueva agrupación encabezada por Ramiro Canale de Profundidad, Karina Capli de Posadas, Juan Barreto de Posadas y Jorge Aguirre de Campo Viera, entre otros. Viejos militantes, siempre invisibilizados que ahora exigen internas después de cuatro años sin renovar autoridades. Algunos más jóvenes se suman a las filas de Podemos, el espacio que lidera Facundo Sartori.
Es en “las juventudes inquietas, rebeldes, ansiosas y preocupadas por un destino mejor” donde está el futuro, destacó el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira al abrir un nuevo parlamento estudiantil. El conductor de la Renovación instó a los jóvenes a “conquistar voluntades con inteligencia, sumando votos para obtener logros para la escuela, la comunidad, la provincia, el país o el mundo”.

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El Massismo pide una Ley de Emergencia Pyme “para cuidar el trabajo”

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Aunque el mes pasado el Presidente de la Nación Mauricio Macri prometió a los empresarios medidas para dar respiro a las Pymes, desde el Massismo aseguran que se debe crear una ley de emergencia fiscal para las Pymes con el fin de “cuidar las fuentes de trabajo”. Desde el bloque político aseguraron que “desde el Frente Renovador impulsamos medidas para darle una tregua a los contribuyentes hasta tanto se reactive la situación económica”.
Para nadie es un secreto la angustiante realidad que atraviesan las pymes y las economías regionales debido a la crisis que el Gobierno espera frenar, y aunque el mes pasado el Presidente Mauricio Macri les anunció a los miembros del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), una serie de medidas que venían siendo reclamadas por el sector para alivianar la pérdida de rentabilidad. Este respiro que les dio el Estado parecen no ser suficientes y el Massimo salió en reclamo de una ley de emergencia para “cuidar las fuentes de trabajo”.
De esta manera, integrantes de la fuerza política liderada por Sergio Massa se refirieron al Proyecto de Ley presentado a nivel nacional, provincial y municipal que busca frenar por 180 días l os embargos de cuentas bancarias y juicios de AFIP, ARBA y agencias municipales a PyMEs, comerciantes, profesionales, monotributistas y emprendedores. “Desde el Frente Renovador impulsamos medidas para darle una tregua a los contribuyentes hasta tanto se reactive la situación económica”.
Tras la presentación del Proyecto de Ley de Emergencia Fiscal PyME, referentes del FR insistieron en la importancia de impulsar esta medida frente a la delicada situación económica que atraviesa el país y que afecta especialmente al sector PyME. En ese sentido, la Presidenta del Bloque de diputados nacionales del FR Graciela Camaño sostuvo: “Las PyMEs son dadoras del 70% del trabajo, son el 98% de las empresas del país y representan el 45% de las ventas. Hoy están sufriendo el ajuste, y debemos cuidarlas”. Y advirtió: “Si no cuidamos las fuentes de trabajo en crisis, condena mos a los trabajadores a la desocupación”.
Y agregó: “La caída de la demanda interna, el aumento de costos de producción, la suba de tarifas, la imposibilidad de tener crédito y las importaciones destruyen las PyMEs y el trabajo de los argentinos. No sólo criticamos, también aportamos ideas y proyectos”.
Por su parte, el diputado provincial Ricardo Lissalde explicó: “Con los tarifazos, los contribuyentes se ven impedidos de pagar todas las cuentas, entonces priorizan el pago de servicios, porque sin ellos no pueden producir. Pero si no hacemos frente al enorme peso fiscal, también se generan medidas cautelares, como las inhibiciones que impiden llevar adelante la actividad comercial”.
“Desde el Frente Renovador impulsamos medidas, tanto a nivel nacional como provincia l, para darle una tregua a los contribuyentes hasta tanto se reactive la situación económica”, concluyó.
El proyecto contempla la creación de la Mesa de Coordinación de la Emergencia Fiscal Pyme destinada a colaborar en su ejecución, y estará integrada por representantes del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, de la AFIP, del Banco Central de la República Argentina, del Ministerio de la Producción y de la Secretaría de Emprendedores y Pymes.
Del mismo modo, se supo que el Frente Renovador solicitará una sesión especial en la legislatura provincial y nacional para tratar esta propuesta, la cual también se acordó que sea impulsada en el Senado con Miguel Ángel Pichetto.

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Debates a la fuerza

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Antes de que se agote la encendida discusión nacional sobre la despenalización del aborto, con los medievales consejos del médico Abel Albino incluidos, el presidente Mauricio Macri hizo otro aporte a la grieta: firmó el decreto autorizando a las fuerzas armadas a volver a operar sobre la seguridad interna.
Con argumentos poco claros, más allá de la mención vaga a lucha contra “nuevos enemigos” como el narcotráfico o el ciberterrorismo, Macri revivió un tema que trae a la memoria los años más oscuros del país. La nostalgia de la mano dura alimenta la grieta que tan buenos dividendos le dio a Cambiemos. Plantea la idea de que quien no apoya su iniciativa, está a favor de. A favor de puede ser del narcotráfico, de las mafias, o de Cristina. Igual suma y refuerza la identidad de quien está a favor, mayoritariamente votante de la alianza gobernante, según muestran las primeras encuestas.
En 1975, la última vez que un presidente constitucional firmaba un decreto similar, se abría la puerta a la “aniquilación” de la subversión, paso previo a la más feroz de las dictaduras en la Argentina. Ahora siquiera hay un enemigo identificado y tampoco una estrategia definida sobre qué harán las fuerzas armadas. Lo único que parece determinar la decisión es la mano dura que obnubila a las derechas del continente.
Colombia, México o el cercano Brasil con su paradisíaco Río de Janeiro son ejemplos claros del fracaso de la militarización en la lucha contra las drogas. Tampoco son iguales las condiciones. En esos países el flagelo de la droga generó estados paralelos, ejércitos narcos y millones de dólares sucios. En Argentina ni siquiera en estado incipiente hay similitudes. En cualquier caso, el problema principal está fronteras afuera.
El soldado, cuando dispara, lo hace a matar. Esa es su formación. ¿Qué hará en las fronteras? ¿Tirar a matar a las mulas que cargan los fardos de marihuana? ¿Establecer una pena de muerte exprés?
El dueño del negocio no se expone a un encuentro de ese tipo. Y ahí radica el fracaso de las guerras abiertas en Colombia, México o Brasil. Millones de dólares dilapidados en perseguir y matar, mientras la droga sigue fluyendo.
En México, una de las consecuencias de militarizar las calles fue una ola de violencia inusitada, con más de 150.000 muertos, 27.000 desaparecidos y 35.000 desplazados, carteles más fuertes y militares seducidos por jugosos sobornos. La batalla sigue y encuentra adeptos cada día: México es según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el segundo país con más disparidad económica entre ricos y pobres. Todavía no hay certezas sobre el rumbo que tomará el combate a las drogas con Andrés Manuel López Obrador, quien antes de ganar las elecciones propuso una “amnistía”.   
Las consecuencias de la guerra abierta del plan Colombia, con una inyección de dólares y armas de Estados Unidos, todavía son inconmensurables, pero se asemejan a la palabra fiasco. Miles de millones de dólares, recursos y soldados dilapidados en una escalada de violencia que lo único que hizo fue tecnificar la producción de cocaína.
La paradoja es que el tío Sam es el principal consumidor de la exportación colombiana. El novelizado Pablo Escobar fue apenas el precursor de un negocio que se globalizó.
En Brasil la guerra militar de Michel Temer contra el narcotráfico en las favelas despertó las aspiraciones primarias de un generalato nostálgico de la mano dura. Tanto que aspiran a recuperar un rol protagónico en la política, por las urnas o por la fuerza. “Estamos en un momento crítico, al filo de la navaja”, dijo Antonio Mourão, general retirado de cuatro estrellas que el año pasado, cuando aún estaba de servicio, sugirió que sería necesaria una intervención militar para purgar a la clase política.
Mourão, el general retirado, y otros oficiales jubilados han respaldado con entusiasmo la postulación presidencial del senador de ultraderecha Jair Bolsonaro, un excapitán del Ejército que ha hecho propuestas polémicas para la restauración del orden, como darle a la policía más campo de maniobra para matar a presuntos criminales.
En Argentina y menos en sus fronteras, se encuentran paralelismos con las condiciones previas que desencadenaron esas fallidas batallas. No es con militares entrando a la fuerza a las villas que se terminará el narcotráfico. La idea, nada original, se hizo spot de campaña de Fernando De la Rúa, el fugaz presidente radical que huyó dejando un tendal de muertos en plaza de Mayo. Fue refrescada por Sergio Massa, cuando aspiraba a ser Presidente para que las Fuerzas Armadas puedan “atacar y bloquear las fronteras” y “entrar a los barrios más humildes” donde “los narcos infectan a nuestros jóvenes”. ¿Resiste análisis la propuesta de desatar una guerra inmediata con países vecinos? ¿Resiste análisis no advertir que el consumo de droga también se da en los barrios ricos?
La estigmatización es permanente, pero ni en la Triple Frontera, donde conviven decenas de agentes orgánicos e inorgánicos de diversas agencias de seguridad internacionales, se generó en los últimos años alguna prueba concluyente de que sea zona liberada para algo más que un gran mercado de baratijas tax free.
En cualquier caso, un ataque con morteros y armas largas no parece ser la mejor herramienta para tan compleja trama. La seguridad más efectiva viene de la mano de la inteligencia y no de la fuerza.  En Misiones se puso en marcha una intervención mucho más fuerte de la Policía en el combate al narcotráfico y en menos de tres años ya se decomisó marihuana por el equivalente a 900 millones de pesos y 37 toneladas de marihuana. Sin estridencias, los resultados están a la vista. 
En rigor, tampoco hay demasiadas precisiones sobre qué harán las fuerzas armadas con el permiso del Presidente. Los uniformados no parecen estar cómodos con la idea de salir a la calle a cazar ladrones de gallinas. No están preparados para ello ni cuentan con los elementos necesarios. Tampoco aprecian convertirse en protagonistas de una puja de la que no quieren ser parte en momentos en que la sociedad recién deja atrás los malos recuerdos de los años de plomo.
La última encuesta de la consultora D’Alessio Ariol, arroja que el 50 por ciento cree que la reconversión de las Fuerzas Armadas servirá para mejorar la seguridad. Ocho de cada diez votantes de Cambiemos confían en el éxito, pero solo dos del Frente para la Victoria comparten esa mirada.
La grieta es menor cuando se analiza la política económica del Gobierno. Allí la mayoría reconoce que está peor que hace algunos años y que el ajuste les empeoró las condiciones de vida.
La imagen negativa de Macri asciende a 67,8 por ciento y el 58,3 desaprueba su gestión, según un estudio del Grupo de Opinión Pública.
La imagen negativa del Presidente creció al 59,7 por ciento, según Ricardo Rouvier, para quien la gestión tiene una calificación negativa del 62,8 de sus encuestados. El consultor advierte que creció el voto a Cristina Fernández.
 

La discusión sobre la despenalización del aborto y las fuerzas armadas en la calle, cobra otra dimensión mirada a la luz de las encuestas. Parece necesario evitar poner el foco en la economía. Y no es solo el éxito de las medidas, sino la permanente vocación por el ajuste siempre, siempre, sobre los que menos tienen.
Es esclarecedor que el Presidente les haya garantizado a los patrones de la soja que no iba a volver a subir -siquiera a congelar la baja- las retenciones agrarias, pero pocas horas después el Gobierno anuncie un severo plan de ajuste sobre las asignaciones familiares. Ahora no habrá plus por zona desfavorable y se puso como tope máximo para cobrar asignaciones familiares un ingreso familiar de 83.917 pesos. La pareja tampoco podrá cobrar las asignaciones si uno de los dos miembros percibe más de 41.959 pesos. Es decir, bajan las retenciones al campo, pero se las suben a cada una de las familias argentinas. La decisión generó un amplio descontento y hasta algunos radicales la criticaron, como Ricardo Alfonsín.
Es cada vez más visible la distancia entre los macristas y los radicales dentro de Cambiemos. El joven Pepe Pianesi no dudó en mostrarse sonriente con el ascendente Federico Villagra, el economista crítico de las decisiones del Gobierno nacional. Ambos quieren “más protagonismo” dentro de la alianza y temen quedar fuera del reparto de candidaturas para 2019. Es que se menciona algunos de la vieja guardia para las principales postulaciones, como Germán Bordón o Mario Pegoraro en la UCR y hasta algunos viejos peronistas ligados a Ramón Puerta. La idea de Villagra y Pianesi es fortalecer la línea de radicales nacidos en democracia. Esa línea generacional no se anima a respaldar las medidas de ajuste impuestas por sus socios y por lo bajo cuestionan a la cúpula que banca banderas de las que el radicalismo abjuró, como la injerencia militar en la seguridad interior. Del otro lado, se lo vio a Luis Pastori, defensor a ultranza de las medidas de ajuste, justificar la política de mano dura para hacer un “uso racional y práctico para las Fuerzas Armadas”.
 
Misiones se muestra como el contraste a la política de ajuste social que aplica Macri. El Presupuesto 2019, aún con la austeridad de los tiempos, invierte el 60 por ciento de los recursos en las áreas sociales: la Educación sigue siendo la prioridad de la gestión renovadora, complementada con la mejora en la salud y el desarrollo social integral.
En política y economía, las decisiones recién pueden valorarse a mediano plazo. Las buenas y las malas. Alcanzar un buen resultado en educación o en salud es la consecuencia de medidas tomadas hace diez o más años. Son procesos.
A la inversa, es lo mismo. En cinco años se podrán apreciar las consecuencias de los ajustes de este año. La Nación anuncia tijera masiva para todo lo que no sea cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional. Eso implica incluso la desaparición del Fondo Nacional de Viviendas. Es decir, quien no tiene un hogar, no podrá esperar ayuda del Gobierno nacional que había prometido un millón de viviendas en cuatro años. En última instancia, quedará en los malabarismos que puedan hacer los gobernadores para arreglarse con menos recursos. Lo mismo pasa con el Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio, ya les anticiparon a los gobernadores que puede haber un recorte equivalente al cinco por ciento de la coparticipación que reciben las provincias para alcanzar la reducción del déficit que impone el FMI.
Los ministros se regodean con números que “demuestran” la generosidad de la Nación para con las provincias en los últimos años. Los datos, que son repartidos a los periodistas por los diputados de la alianza gobernante para justificar los ajustes, señalan que en junio, las provincias recibieron 108.221 millones de pesos, 51,7 por ciento más que el mismo mes del año pasado.
Pero hilando fino se advierte que no es tanta la abundancia. Entre enero y junio de este año, la coparticipación creció 46,2 por ciento, pero solo 15,6 por ciento si se le descuenta la inflación acumulada, con el agravante de que, por la devaluación, el peso vale casi 50 por ciento menos que en los primeros días de 2018. Lo mismo sucede con Misiones, con un aumento del 15,6 por ciento de coparticipación, pero con una caída del 60 por ciento en las transferencias de capital, fondos para viviendas, obras viales, programas de salud y hasta el programa El Hambre es Más Urgente, adeudado desde febrero.
La coparticipación, por cierto, es variable, ya que depende de la recaudación y, más allá del efecto inflacionario, es probable que tienda a bajar si se extiende la recesión como pronostica el bueno del FMI.
Es decir, el Gobierno nacional generó condiciones económicas adversas y ahora el peso recaerá sobre los gobernadores, que tendrán que atajar los desbordes que se pudieran generar. El Pacto Fiscal, sellado hace pocos meses, es una muestra del fracaso de las proyecciones nacionales: una de las garantías de que las provincias no iban a perder recursos se daba con la promesa de un crecimiento económico del 3 por ciento. El propio FMI dice que este año no habrá crecimiento y que, con suerte, se recuperará paulatinamente entre 2018 y 2019. Mientras tanto, las provincias ya tienen menos recursos y la enorme transferencia de recursos hacia el sector privado más concentrado, no se tradujo en grandes inversiones ni en más empleo.
De hecho, en Misiones ya se paró una inversión por la escalada del dólar y crece el descontento oficial con el sector forestal, que no generó ni una sola nueva inversión pese a que cuentan con todos los beneficios.
Sin embargo, Misiones es una de las pocas provincias donde el empleo no sufrió en demasía. En mayo, según los datos oficiales, se destruyeron 27 mil puestos de trabajo en todo el país. Aquí, aunque se está lejos del pico de 16 mil puestos, se crearon 1.278 empleos y se llegó a los 111 mil.  
 
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Pasar el invierno

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Hay que pasar el invierno. La frase quedó eternizada como sinónimo de ajuste y políticas en contra de los trabajadores. La pronunció Alvaro Alsogaray, recién ungido ministro de Economía de Arturo Frondizi para poner en marcha un feroz plan de ajuste en medio de una escalada inflacionaria y las primeras privatizaciones. El discurso de Alsogaray del 28 de junio de 1959, tiene enorme “actualidad”: “Muchos años de desatino y errores nos han conducido a una situación muy crítica. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. […]. Todavía seguiremos por algún tiempo la pendiente descendiente que recorremos desde hace ya más de diez años. […]. Las medidas en curso permiten que podamos hoy lanzar una nueva fórmula: ‘Hay que pasar el invierno”.
El “Plan de Estabilidad y Desarrollo” hizo que el salario real cayese 24 por ciento en 1959, hubo miles de despidos en el Estado y se puso en marcha un plan de flexibilización laboral que se profundizó años después y que sobrevuela el presente.
A lo lejos, en tiempo y distancia, la frase del economista radical liberal cobra otro significado en Misiones, donde el Estado, lejos de batirse en retirada, asume protagonismo para pasar el invierno, entendido como estación del año y de la economía.
Ante el frenesí de los aumentos de precios, la corrida financiera y el Gobierno nacional cada vez más volcado al ajuste para cumplir con su programa y las pautas de ajuste impuestas por el Fondo Monetario Internacional, Misiones toma pequeñas medidas de aliento a la economía y de protección al bolsillo. Primero fueron subsidios a la energía de industrias y comercios, después un creativo programa de financiación de compras bautizado Ahora Misiones, que parió al tiempo el Ahora Papá, el Ahora Pan y esta semana el Ahora Gas.
El Ahora Misiones fue una eficaz herramienta para sostener el consumo dentro de la provincia, agobiada por una sangría permanente de recursos hacia Paraguay y Brasil en busca de precios más bajos. El Ahora Pan congeló durante 90 días el precio del francés, emblema del consumo en la mesa familiar que estaba sintiendo los efectos de una inflación que doblegó todas las proyecciones oficiales, incluso las recalibradas por el mejor equipo. El Ahora Gas va en el mismo camino: cuidar el bolsillo de cientos de familias con el mango justo para parar la olla.

El gobernador Hugo Passalacqua intuye que sin una mano del Estado, la situación de cientos de familias misioneras sería muy compleja, pese a que Misiones es de las pocas provincias que todavía soportan el embate de la crisis, con una economía privada que se mantiene a flote, bajo desempleo y con finanzas en orden. Las fronteras, especialmente Paraguay, más allá de las quejas de los comerciantes por las asimetrías, funcionan como una válvula de escape para hacer rendir un poder adquisitivo deprimido.
En el Gobierno provincial advierten que “si no se revierte la tendencia económica nacional tendremos que profundizar medidas como el Ahora Misiones”, aunque si el tipo de cambio real se sigue manteniendo alto habrá un microclima económico favorable.
La preocupación por el estado de la economía recorre todos los estamentos. El Gobierno lo expresa en sus acciones, los empresarios marcan cada vez más distancia con el cambio que les había seducido.

En la Legislatura también comienza a alzarse la voz para advertir que los problemas se están profundizando. El jueves, el presidente del bloque Renovador, Marcelo Rodríguez, presentó una iniciativa que pretende instruir a los legisladores nacionales a que generen herramientas para el financiamiento de las pymes de todo el país, pero especialmente de Misiones.

El texto fue en realidad una excusa. El mensaje, estructurado con el conductor de la Renovación, Carlos Rovira, estaba en la argumentación. Rodríguez utiliza la palabra “estanflación”, para referirse al momento económico: “Un fenómeno que se caracteriza por un elevado índice de inflación (la inflación semestral del 15% ya ha consumado la meta anual), recesión y estancamiento o enfriamiento de la economía, y pérdida del poder adquisitivo de la moneda que se traduce en una pérdida en el poder de compra de la gente”.
“A esto debemos sumarle una devaluación de nuestra moneda en el primer semestre superior al 40%, una caída del consumo masivo y de las ventas en el mismo periodo (caída de la venta minorista que en junio fue del 4,2 % interanual); gravitando en torno a incrementos permanentes en el precio de los combustibles y en el costo de las  tarifas de los Servicios Públicos”, explicó el legislador.
La preocupación de Rodríguez no es exagerada. “Todo indica que el presente año se caracterizará por un proceso de estanflación; esto es: la combinación de estancamiento con inflación”, señala el último reporte del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, titulado “El regreso de la estanflación”. Sería el tercer episodio del Gobierno de Macri.
“Las Pymes necesitamos pasar URGENTE, del reconocimiento que tenemos en la economía nacional  a disponer de herramientas laborales, financieras e impositivas que nos permitan seguir sosteniendo empleo formal. Es importante y necesario para las Pymes, bajar el “costo laboral”, no el salarial, necesitamos consumo para retroalimentar la actividad”, advirtió el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el misionero Gerardo Díaz Beltrán. El presidente de la Confederación Económica de Misiones, Alejandro Haene, recordó que la provincia está reclamando medidas especiales para recuperar competitividad más allá de los vaivenes de las asimetrías.
Lejos de atender la demanda de los empresarios que generan trabajo, el Banco Central mantiene una política que solo encuentra ganadores en la especulación financiera. Ahora es Luis Caputo en lugar de Federico Sturzenegger, pero la tasa de interés se mantiene por encima del 40 por ciento. Es la más alta del mundo.
“El BCRA mantendrá el actual sesgo contractivo de la política monetaria hasta que la trayectoria de la inflación, así como la inflación esperada, se alineen con la meta de diciembre 2019”, dijo el banco en el comunicado que acompañaba la decisión. Pero la inflación, lejos de disminuir volverá a estar por encima del 30 por ciento annual, como consecuencia de la devaluación.
La complejidad del momento económico preocupa a otros gobernadores, pero no todos cuentan con recursos y una relación aceitada con los actores económicos como para poner en marcha medidas similares.
La situación económica es muy mala”, admitió el jujeño Gerardo Morales, apenas unas horas después de cenar con el presidente Mauricio Macrio. El radical es uno de los ultraoficialistas de Cambiemos, pero advirtió que “los dos o tres meses que vienen serán difíciles y el desafío central del Gobierno nacional, me parece, es que los que tenemos responsabilidades en las provincias evitemos que caiga la economía”.
¿Fuego amigo? No fue el único. La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y el intendente porteño, Horacio Rodríguez Larreta, coincidieron en reconocer la “difícil situación económica”. Ambos son puntales de la alianza gobernante, pero actúan como si fueran espectadores.
La misma actitud tienen los referentes de Cambiemos en Misiones. La crisis es algo que está pasando allá a lo lejos, de la que no se sienten responsables ni obligados a dar cuentas, pese a que sus vaticinios y promesas hasta ahora no se han cumplido, como el famoso artículo 10 de la ley Pymes. Ya sin timbreos, las reuniones políticas son escasas, porque es difícil explicar que estamos mal pero vamos bien. Las redes sociales son casi el único refugio.  
Cuanta será la preocupación que el propio Macri reconoció “temas de la propia gestión” como disparadores de la crisis que tiene en vilo a la sociedad. Sin embargo, el Presidente ratificó que el remedio será profundizar el modelo. Cómo hará el mismo modelo para mutar es una incógnita.
Como en aquel invierno de Alsogaray, la receta es más ajuste y volver a privatizar los activos del país. Eso es lo que aparece en la letra chica del acuerdo firmado con el FMI, que se conoce recién ahora. Las exigencias serán extenuantes. Profundizar la baja de subsidios a la energía y el transporte, reducir salarios en el Estado y las transferencias a las provincias, demorar hasta 2020 la implementación de algunas disposiciones establecidas en la reforma tributaria (la reducción de cargas laborales para los empleadores y la posibilidad de deducir impuesto al cheque del impuesto a las Ganancias), bajar 15 por ciento el gasto público en bienes y servicios, durante el año que viene, son los principales puntos del acuerdo. Se estima un ajuste de 300 mil millones para el 2019 y que la mitad de ese recorte sea absorbido por las provincias.
También se sugiere “recortar empleados no prioritarios” en 2018 y congelar las contrataciones en el sector público en 2019 y 2020, excluyendo a las universidades, además de limitar la suba nominal de los salarios del sector público (incluyendo pagos no remunerativos) al 8% entre junio de 2018 y junio de 2019.
En cuanto al Presupuesto 2019, que comienza a delinearse, se pretende “reducir las transferencias a las provincias un 1,2% del PBI en 2019, y asegurar que esa reducción se complete con recortes en los gastos provinciales en bienes, servicios y salarios”. De esta manera, se impulsa que la reducción del déficit fiscal se refuerce a nivel provincial.
Y, por último, una medida intrínseca del modelo: privatizar. El Fondo sugiere “vender tierras e inmuebles públicos y amortizar los activos en fondos de pensión (el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES) para financiar parcialmente el gasto público en antiguos litigios judiciales por jubilaciones”.
Esta parte del acuerdo se elaboró luego de que concluyeran las negociaciones  del auxilio por US$50.000 millones, que pidió la Argentina. Si estas cláusulas se hubieran conocido antes, quizás no hubiese sido tan sencillo para el Gobierno argumentar sobre las bondades del acuerdo que, impone condiciones gravosas para millones de argentinos, que son, en definitiva, quienes pagan las consecuencias, con intereses.
Lo que va a quedar ahora va a ser un país peor que el que dejó Menem“, definió, con crudeza, la pensadora Beatriz Sarlo, hasta hace no demasiado tiempo una entusiasta  del cambio.
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El domingo arranca la campaña hacia el 22 de octubre

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De acuerdo con los plazos establecidos por el artículo 64 bis del Código Nacional Electoral, la fecha estipulada para el arranque oficial de la actividad proselitista es 35 días antes de la elección general.

La campaña electoral para las elecciones del 22 de octubre arrancará formalmente el próximo domingo, según lo establecido en el calendario electoral, y los distintos partidos preparan las actividades con las que retomarán la carrera para engrosar sus filas en el Congreso, tanto en Diputados como, en el caso de ocho provincias, en el Senado de la Nación.

En ese marco, Cambiemos, Unidad Ciudadana, 1País, el Frente Justicialista Cumplir y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) ultimaban hoy los detalles del último y vital tramo de actividad proselitista de este año, en la que el oficialismo apuesta a ampliar su base legislativa y la oposición a ganar lugar.

Cambiemos pone el foco en el timbreo nacional que realizará el sábado, más que en el inicio del período legal de campaña este domingo. Con perfil bajo y sin difusión en la prensa como estrategia, los candidatos bonaerenses del oficialismo, encabezados por Esteban Bullrich (a senador) y Graciela Ocaña (a diputada) recorrieron ciudades de la provincia en los días previos al inicio de la campaña. Según pudo saber Télam de una fuente del gobierno provincial, la semana que viene comenzarán la campaña gradualmente. Todos los sábados realizarán timbreos y, por ahora, dosificarán las apariciones mediáticas de María Eugenia Vidal.

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