Mauricio Macri

Herrera Ahuad: “Hay que discutir las leyes que la sociedad está pidiendo”

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El diputado nacional por Misiones, Oscar Herrera Ahuad, trazó un diagnóstico del actual escenario político argentino, marcado -según su visión- por un oficialismo definido y una oposición todavía en proceso de reorganización. En ese contexto, consideró que el Congreso atraviesa una etapa de negociaciones intensas y que el desafío central será avanzar en reformas que la sociedad reclama desde hace años.

“El escenario político nacional hoy tiene una certeza que es el oficialismo y una oposición con muchos fragmentos que se van acomodando más por cuestiones internas de cada espacio”, señaló el legislador misionero. A su entender, el proceso de reconfiguración política aún está en marcha y tomará forma a medida que avancen los próximos meses.

Herrera Ahuad mencionó como ejemplo los movimientos recientes dentro del PRO, con reuniones encabezadas por Mauricio Macri, y también el proceso de reorganización del justicialismo, que -según indicó- todavía no ha consolidado una figura con capacidad de convocatoria nacional, más allá del peso político del gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Para el ex gobernador de Misiones, el desafío principal de los espacios opositores será definir una propuesta clara de país. “Lo primero que debe generarse es una idea hacia dónde va la oposición, cuál es su postura sobre la Argentina actual y qué propuesta tiene hacia adelante como oferta electoral”, afirmó.

En paralelo, señaló que las provincias atraviesan dinámicas similares, con oficialismos consolidados y oposiciones que buscan reconfigurarse. En el caso de Misiones, explicó que la política provincial mantiene una identidad propia respecto del escenario nacional, con distintos espacios que irán consolidándose en el transcurso del tiempo.

En ese marco, Herrera Ahuad definió el momento actual como una etapa de negociación política intensa. “Creo que son tiempos de grandes negociaciones, pero sobre todo de ponerse de acuerdo a nivel nacional en una idea de qué es lo que queremos para la Argentina”, sostuvo.

Consultado sobre el funcionamiento del Congreso y la aprobación de leyes impulsadas por el oficialismo, el diputado diferenció la lógica partidaria de las necesidades institucionales. Según explicó, muchas de las normas debatidas en el Parlamento forman parte de una agenda que la sociedad viene reclamando desde hace tiempo.

“Hay leyes que han estado siempre en la agenda nacional y que la mayoría de los argentinos le ha dado la derecha para que se lleven adelante”, indicó. Entre esos temas mencionó el debate sobre una nueva legislación laboral y la discusión sobre la imputabilidad de menores, cuestiones que -remarcó- estuvieron presentes en distintos programas electorales.

Desde su perspectiva, el Congreso debe priorizar las leyes que aporten soluciones concretas a los problemas del país. “No tiene nada que ver con la política partidaria. Hay leyes que no deberían tener bandería política, sino que tienen que servir a la sociedad”, subrayó.

En relación con la agenda legislativa del gobierno de Javier Milei, que plantea la posibilidad de tratar cerca de 90 proyectos durante el período parlamentario, Herrera Ahuad consideró que el volumen de iniciativas no es inusual desde el punto de vista legislativo.

“A mí no me sorprende que se plantee discutir 80 o 90 proyectos. En la Legislatura de Misiones, por ejemplo, se sancionan alrededor de 100 leyes por año. Estamos muy acostumbrados a trabajar con volumen y también con calidad legislativa”, explicó.

No obstante, reconoció que el nivel de negociación requerido en el Congreso nacional es mayor que en las legislaturas provinciales. “En una provincia es más sencillo acordar. A nivel nacional las discusiones son más complejas, pero eso no significa que no se pueda avanzar”, señaló.

El legislador también anticipó algunos de los debates que podrían marcar la agenda parlamentaria en los próximos meses. Entre ellos mencionó una eventual reforma electoral y nuevas discusiones vinculadas al financiamiento universitario, además de otros proyectos estructurales que podrían llegar al Congreso.

Para Herrera Ahuad, el rol del Parlamento es justamente abordar esas discusiones, incluso cuando implican debates profundos sobre el rumbo del país. “La gente nos puso ahí para discutir cosas y no para dejar la historia como está”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la Argentina enfrenta una oportunidad para revisar normas y políticas que, en su opinión, han mostrado limitaciones durante las últimas décadas.

“La historia de los últimos veinte años fue compleja en la aplicación de leyes y en muchas decisiones políticas. Hoy hay discusiones profundas que se tienen que dar en el ámbito político”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que el actual período legislativo tiene una característica que podría favorecer esos debates: no se trata de un año electoral. “Hay que dar estas discusiones en un año que no es electoral, porque permite hacerlo con mayor responsabilidad”, concluyó.

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Milei retiró al Estado como querellante en la causa del megacrédito al FMI y descomprimió el frente judicial de Mauricio Macri

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Mediante el Decreto 87/2026, publicado en un suplemento vespertino del Boletín Oficial el 5 de febrero, el presidente Javier Milei, junto al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, ordenó que la Procuración del Tesoro de la Nación cese su rol como querellante particular en la causa judicial que investiga el megacrédito otorgado por el FMI durante la gestión de Mauricio Macri. La decisión implica un cambio institucional relevante en la estrategia del Estado frente a uno de los expedientes más sensibles en materia de endeudamiento externo, con impacto político, jurídico y económico, y se produce en coincidencia con la llegada de una misión del Fondo Monetario Internacional al país.

El decreto y el giro institucional en la causa del FMI

El Decreto 87/2026 deroga el artículo 1° del Decreto 239/2021, que había instruido a la Procuración del Tesoro a constituirse como querellante en la Causa N° 3561/2019, caratulada “Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”. En consecuencia, se ordena formalmente que el organismo abandone su intervención penal en representación del Estado Nacional.

El texto oficial fundamenta la medida en una resolución judicial dictada el 2 de febrero de 2026, mediante la cual la jueza interviniente archivó la causa, al considerar que no se cometieron los delitos denunciados. Según se detalla en los considerandos, gran parte de los cuestionamientos planteados en el expediente fueron interpretados como discrepancias con decisiones de política económica, adoptadas dentro de las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo, y por lo tanto no susceptibles de control penal.

En ese marco, el decreto sostiene que los efectos macroeconómicos adversos derivados de dichas decisiones “no permiten reconducir, por sí solos, estas conductas al ámbito del derecho penal”, alineándose con el criterio judicial que descartó la tipificación de delitos como violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.

El megacrédito, las irregularidades denunciadas y el trasfondo económico

El expediente judicial tiene su origen en el acuerdo stand by firmado con el FMI el 12 de junio de 2018, por un monto cercano a US$57.000 millones, el más grande en la historia argentina y el mayor préstamo otorgado por el propio Fondo. La decisión había sido anunciada por Mauricio Macri en cadena nacional el 8 de mayo de 2018, bajo el argumento de “evitar una gran crisis económica” y corregir desequilibrios fiscales.

Sin embargo, distintos informes oficiales posteriores —incluidos los de la Auditoría General de la Nación (AGN)— señalaron graves irregularidades administrativas y normativas. Entre ellas, se destacó que el crédito representó 127 veces la capacidad de endeudamiento de Argentina con el FMI, incrementando la vulnerabilidad externa en lugar de fortalecer la posición financiera del país. Además, se indicó que el 71% de los fondos se destinó al pago de deuda pública previa, especialmente emisiones realizadas entre 2016 y 2018, y que las comisiones y gastos reconocidos al Fondo equivalieron a más del 50% del presupuesto del CONICET en 2018.

Las denuncias también subrayaron el incumplimiento del artículo 61 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156, la falta de dictamen del Banco Central sobre el impacto en la balanza de pagos, la ausencia de intervención del Congreso, y la no aplicación de la Resolución 108/09 que exige la aprobación por decreto de préstamos multilaterales. Asimismo, se cuestionó que el entonces ministro de Hacienda no tenía facultades suficientes para autorizar la operación, y que no se realizaron análisis de costos, riesgos ni sostenibilidad de la deuda.

Pese a ese cúmulo de observaciones, el archivo judicial de la causa y el nuevo decreto presidencial desactivan la participación penal directa del Estado, aunque el texto aclara que ello no implica renunciar a eventuales acciones civiles para el recupero de daños y perjuicios, si estos pudieran acreditarse.

Impacto político y posibles repercusiones

La publicación del decreto en un suplemento vespertino del Boletín Oficial, en lugar de esperar la edición habitual, reforzó las lecturas políticas del movimiento. La decisión beneficia directamente a Mauricio Macri, al retirar al Estado como parte activa en una causa emblemática de su gestión, en un contexto donde el expresidente se muestra distanciado políticamente de Javier Milei.

Desde el plano institucional, el Gobierno justificó la medida en la necesidad de evitar superposiciones de funciones y de priorizar el uso eficiente de los recursos públicos, remarcando que la titularidad de la acción penal corresponde al Ministerio Público Fiscal, conforme a los artículos 120 de la Constitución Nacional y 33 de la Ley 24.946. El decreto enfatiza que la Procuración del Tesoro no cuenta con áreas especializadas en litigación penal compleja, y que su intervención en ese fuero es excepcional.

En términos económicos y de señal política, el giro se produce en paralelo a la auditoría del FMI sobre la economía argentina, lo que abre interrogantes sobre el mensaje que el Gobierno busca enviar al organismo internacional respecto del pasado reciente y del tratamiento institucional del endeudamiento externo.

primera-seccion_05-02-2026_suplemento-1 by CristianMilciades

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Embargos y acusaciones millonarias contra exfuncionarios macristas por el caso Vicentin

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La Justicia federal ordenó el embargo y la inhibición general de bienes de exautoridades del Banco Nación que se desempeñaron durante el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la megacausa Vicentin. La decisión alcanza, entre otros, al expresidente de la entidad Javier González Fraga y a su vice, Lucas Llach, acusados de haber favorecido al grupo empresario con maniobras que habrían provocado un perjuicio millonario al banco público. La medida busca asegurar el eventual decomiso, el cobro de multas y la reparación del daño económico.

La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10 y se inscribe en una investigación que apunta a determinar responsabilidades penales por el presunto otorgamiento irregular de créditos, la omisión de controles y la liberación de fondos que debían funcionar como garantía de préstamos otorgados a Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA.

Los fundamentos del embargo y la acusación central

Según el fallo, “la finalidad del embargo se extiende a asegurar la eventual imposición y cumplimiento del decomiso, y de esta manera impedir que se consolide el provecho del delito en cuestión”. La resolución también subraya que la medida busca cubrir “la posible pena de multa que pudiera dictarse y la solidaridad en la obligación de reparar el daño que pudiera recaer sobre todos los responsables del delito”.

La imputación sostiene que “los funcionarios del Banco de la Nación Argentina conjuntamente a los empresarios del Grupo Vicentín, entre agosto y diciembre de 2019 habrían generado que las compañías Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas de la entidad pública por un perjuicio patrimonial de U$S 304.328.665,75”, monto que el banco reclamó en el concurso preventivo de la firma y que “hasta la actualidad continúa siendo de cobro incierto”.

El eje de la acusación apunta a que las autoridades del banco se habrían apartado de la normativa vigente al no intimar a las empresas por deudas vencidas y exigibles desde el 8 de agosto de 2019, originadas en préstamos de prefinanciación de exportaciones.

Cuentas liberadas, garantías omitidas y créditos bajo sospecha

La resolución judicial detalla que la maniobra incluyó “la omisión de retener desde aquel mes hasta diciembre del mismo año los importes depositados en las cuentas nro. 4280047390 en dólares y nro. 4280047287 en pesos –ambas radicadas en el BNA y de titularidad de Vicentin SAIC–, que habían sido constituidas como garantía de los empréstitos”.

Por esas cuentas, entre agosto y diciembre de 2019, circularon U$S 795.651.945 y $ 2.031.118.902, respectivamente. Sin embargo, la Justicia sostiene que los funcionarios habrían permitido que “entre el 8 de agosto y el 3 de diciembre de 2019 se liberaran un total de $ 43.449.104.966”, autorizando 125 transferencias hacia otra cuenta corriente del grupo, “desde la que las empresas carecían de restricciones para operar y sobre la que el banco carecía de facultades para cobrarse”.

A esto se suma el “otorgamiento presuntamente irregular de veintiocho préstamos por un total de U$S 105.500.000”, concedidos al Grupo Vicentin entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019. La resolución enfatiza que, al momento de esos créditos, el grupo ya registraba “una deuda vencida y exigible de U$S 149.500.000” y se encontraba excedido en la normativa GERC del BCRA “desde por lo menos el 31 de julio de 2019”.

Indagatorias en curso y proyección judicial

Las indagatorias comenzaron en noviembre y continuarán después de la feria judicial, con nuevas audiencias previstas para marzo. Javier González Fraga, quien presidió el Banco Nación entre 2017 y 2019, fue uno de los primeros en declarar.

El avance de la causa profundiza el impacto político e institucional del expediente Vicentin, que combina presuntas irregularidades en la gestión de un banco público, un perjuicio patrimonial millonario y decisiones adoptadas en los meses finales de una administración nacional. La continuidad del proceso judicial mantiene bajo escrutinio a exfuncionarios clave y abre la puerta a eventuales responsabilidades penales y patrimoniales de alto alcance.

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Espionaje a familiares del ARA San Juan: Denuncian a camaristas que sobreseyeron a Macri

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El abogado Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, denunció ante el Consejo de la Magistratura a los camaristas federales que sobreseyeron al expresidente Mauricio Macri en la causa penal sobre tareas de inteligencia a familiares de los tripulantes del submarino.

El letrado pidió que se inicie el juicio de remoción de Mariano Llorens, Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Bruglia por mal desempeño en sus funciones y “posible participación en los delitos de violación de los deberes de funcionario público, cohecho agravado, negociaciones incompatibles con sus cargos y prevaricato”.

Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso Télam, el abogado reclamó además que, mientras tramita su pedido, “se proceda a suspender a los magistrados denunciados” y se formule “la correspondiente acusación y sumario ante el Jurado de Enjuiciamiento por la causal de mal desempeño”.

Tagliepietra -quien actúa como querellante en la causa penal- formuló la denuncia contra los camaristas que el 15 de julio último revocaron lo decidido en primera instancia y sobreseyeron, entre otros, a Macri y a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Los procesamientos de Macri, Arribas, Majdalani y subordinados de éstos habían sido dictados el 1 de octubre de 2021 por el juez federal Martín Bava.

En su pedido al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, el padre del marino Alejandro Tagliapietra, fallecido en el hundimiento del 15 de noviembre de 2017, sostuvo que los jueces “violaron la Constitución Nacional, la igualdad ante la ley, el debido proceso y los tratados de derechos humanos incorporados a nuestra legislación”.

El denunciante afirmó que las tareas de espionaje “ilegal” fueron “intromisiones gravísimas” en la vida privada de los familiares de los tripulantes del submarino y que los camaristas “no explican en qué modo, tiempo y circunstancias quienes resultamos victimas podríamos realizar” la actividad criminal que, según la ley 25.520, autoriza las actividades de espionaje.

Tagliapietra manifestó que sí se hubiese temido una actividad contra el entonces Presidente de la Nación, se debió “denunciar dicha circunstancia ante el Juez Federal en turno para que este adopte las medidas que entienda necesarias para hacer cesar este peligro”.

Agregó que, para sobreseer a Macri, Arribas y Majdalani como a otros procesados, Llorens, Bertuzzi y Bruglia prescindieron de “cuantiosa prueba” incriminatoria y solo ponderaron testimonios que favorecieron a los imputados.

“Todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron nunca con autorización judicial alguna, ni mucho menos fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional”, remarcó Tagliapietra.

Agregó que, en cambio, hubo “relevamiento, acumulación y/o producción ilegal de información sobre familiares de los tripulantes de las embarcaciones hundidas ARA San Juan y BP-Rigel, que reclamábamos al entonces Gobierno nacional por la aparición de nuestros seres queridos y justicia para el esclarecimiento de los hechos”.

Para Tagliapietra “el accionar de los denunciados deviene en la utilización abusiva de las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal de la Nación en función de su calidad de magistrados federales, con motivos probablemente espurios” o por “amiguismo”.

Luego que se conociera la resolución de la Sala I de la Cámara, el ministro de Justicia Martín Soria afirmó públicamente que a Macri “no lo sobresee la justica, lo salvan sus amigos” en tanto que el ex presidente dijo que “ganó la verdad”.

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Gestión blindaje

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La inflación interanual de 65,1 por ciento en el NEA marca la ineficacia de las políticas nacionales de los últimos años para aplacar los precios. Y lo peor es que nada indica que la segunda mitad del año vaya a cambiar demasiado. Como mucho, se amortiguará la suba, pero cerrará el año con no menos de un tres por ciento mensual. Ese escenario pone de relieve la original medida diseñada en Misiones para cuidar el bolsillo y combatir la suba de precios en la canasta básica, eslabón fundamental para la sustentabilidad de las familias.

Ese 17 por ciento que reintegrará por la compra de alimentos y otros insumos elementales, tendrá un fuerte impacto positivo en el bolsillo de los misioneros, pero esencialmente en quienes menos tienen. A diferencia de los otros programas, el Ahora Canasta será mucho más abarcativo, casi universal, porque se puede acceder con tarjetas de débito, tarjetas sociales y otros métodos digitales, que son de uso masivo –según Mercado Pago, una de las opciones para el nuevo programa, la cantidad de pagos con QR en Misiones tuvo un crecimiento interanual del 364%, pasando de 124 mil transacciones mensuales en abril del 2021 a 450 mil en abril del 2022-. Una familia tipo, con los padres trabajando, tendrá un reintegro de 9 mil pesos, con el uso de dos tarjetas de débito, lo que equivale al 20 por ciento de la canasta básica alimentaria para el NEA, un ahorro que no se encuentra en ningún otro punto del país y que obedece únicamente a la iniciativa misionera. Se estima que las familias misioneras se ahorrarán entre 700 y 800 millones de pesos, que seguramente volverán a alimentar el consumo, en una rueda virtuosa en la que también ganará la actividad económica.

El programa fue ideado como alternativa al rechazo del Presupuesto 2022, por el voto negativo de los diputados de Cambiemos, incluidos Alfredo Schiavoni, Martín Arjol y Florencia Klipauka. El proyecto contemplaba la creación de una Zona Aduanera Especial en Misiones, que permitiría abaratar precios con la supresión de algunos impuestos, lo que generaría baja de precios y mejor competitividad. Pero el voto negativo de Cambiemos frustró esa posibilidad, aunque Misiones no se resigna a la frustración e insiste con la idea más allá de la indiferencia de Cambiemos y la inacción del Frente de Todos misionero.

Desde el voto negativo al Presupuesto, primero con el irresoluto Matías Kulfas, se negoció una alternativa, que recién pudo hacerse realidad cuando llegó Daniel Scioli al ministerio de Desarrollo Productivo.

El ex candidato presidencial tiene sintonía fina con Misiones -y con otros gobernadores- y una agresiva forma de gestionar, mucho más acorde con las urgencias de la economía argentina. Ahora sorprendió con la propuesta de que Argentina y Brasil dejen de lado al dólar para el intercambio comercial y operen directamente en Pesos y Reales. Las relaciones aceitadas con Pablo Guedes, el poderoso ministro de Economía de Jair Bolsonaro, auguran avances en las negociaciones que aliviarían buena parte de la presión por el dólar. Como sea, es mucho más que la intrascendencia de esperar a ver, que marcó la gestión de su antecesor. 

Fue también la idea más ingeniosa escuchada en la semana de debut de la ministra de Economía, Silvina Batakis, quien presentó una batería de medidas en la que ninguna se destacó por novedosa. 

La reemplazante de Martín Guzmán tiene a su favor el respaldo político -o el espanto-, pero a priori no parece ser menos ortodoxa. Los primeros anuncios tuvieron la rara virtud de enojar a los sectores más poderosos, a los movimientos sociales y a la clase media viajera con el recargo al dólar turista. Nada que no se haya visto antes. 

Es llamativo que el Gobierno de la Argentina en crisis no se anime a discutir en profundidad medidas que están tomando los países centrales de Europa, acosados por la inflación en alza y las consecuencias de la guerra en Ucrania en medio de la salida de la pandemia. A problemas grandes, respuestas grandes, habrá dicho Pedro Sánchez, el presidente de España que de pronto, se ha vuelto comunista: anunció la asignación de 100 euros adicionales cada mes a todos los estudiantes de más de 16 años que ya reciben una beca, la gratuidad de los abonos de transporte de tren, y la imposición de un impuesto especial a la banca y otro a las compañías energéticas para los dos próximos años. 

Estas dos últimas medidas han sido las más ambiciosas e inesperadas, y con ellas el gobierno espera recaudar un total de 3500 millones de euros. 

“Esta crisis no la pagarán los mismos que la de 2008″, remarcó el presidente español. En aquella ocasión, el Estado español gastó más de 50.000 millones de euros en rescatar a varias entidades financieras en riesgo de bancarrota, y la percepción general es que las clases populares y medias fueron las que más sufrieron aquel ajuste.

En Argentina se discuten ideas similares, como un salario universal o el impuesto a la renta extraordinaria, pero las horas pasan sin definiciones. La tibieza contrasta con la caldera que es el mundo. 

Los primeros días de Batakis no lograron calmar la economía, pero por lo menos se calmó la política. La salida de Guzmán y su equipo, descomprimió la interna en el Gobierno. Mérito escaso en un escenario convulsionado en el que los demás actores no ayudan demasiado. En medio de medidas antipáticas para con buena parte de la sociedad, Cristina Fernández y Sergio Massa, dieron un aumento de 60 por ciento para los empleados del Congreso. Apenas unas horas antes, Batakis planteaba medidas para achicar el gasto y un manejo centralizado de la caja para achicar el déficit fiscal. 

Entonces no es casual que las principales figuras del Gobierno acumulen imagen negativa en igual medida que los puntales de la alianza Cambiemos, que juegan al desgaste para ver quién llega mejor posicionado a 2023. El estado de escepticismo en la política es llamativo. Después de ser la aparición rutilante, Javier Milei acumula varios meses en caída y es en Misiones donde tiene la mejor imagen del país, con 56,8 por ciento de miradas positivas, según el último estudio de CB Consultora. Pero si hubiera que imaginar un candidato a presidente, por estas horas la incógnita domina. 

Esa misma consultora, que mide la imagen de los gobernadores mes a mes, tiene al misionero Oscar Herrera Ahuad entre los principales del país, lo mismo que al intendente de Posadas, Leonardo Stelatto. 

Otro estudio de Carlos Fara, realizado en Misiones, marca que la imagen positiva de Herrera Ahuad llega a 85,4 por ciento, casi lo mismo que Stelatto. Las principales figuras de la Renovación tienen una altísima aceptación. Como contraste, Alberto Fernández tiene una imagen negativa de 64,1 por ciento en la tierra colorada, peor que la de Mauricio Macri, que tiene una negatividad de 62 por ciento. En cambio,Patricia Bullrich, tiene en Misiones la quinta imagen positiva más alta, donde Horacio Rodríguez Larreta cotiza con imagen media. 

La imagen en alza del Gobernador tiene que ver con la gestión. La principal bandera política es la autonomía para poder gestionar y tomar distancia de los conflictos del país central. Además de conseguir el financiamiento para el Ahora Canasta, se puso en marcha un plan de obras por 15.000 millones de pesos, que incluye ejecutar la pavimentación de 52 Kilómetros de la ruta provincial 212, con obras de saneamiento y la construcción de cuatro puentes para potenciar la conectividad productiva, comercial y turística, con la unión de las rutas nacionales 12 y 14. Además, al ministro Gabriel Katopodis se le presentó el plan para la rehabilitación de puentes en la ruta provincial 2, con la construcción de un puente sobre el arroyo Chancay, en la localidad de Santa Rita. También Misiones presentó un proyecto para ejecutar obras complementarias a la travesía urbana de Gobernador Roca, en la traza principal de la ruta nacional 12, que se encuentra en ejecución.

Además, con Matías Lammens, el Gobernador cerró acuerdos para financiar obras por 500 millones de pesos en varios de los puntos turísticos de Misiones que no tienen los carteles principales. 

El turismo se convirtió en una de las actividades principales para la economía misionera. Ya lo era antes de la pandemia, pero muy concentrada en la ciudad de las Cataratas, que tiene más de quince mil plazas. 

El tiempo de parálisis, que golpeó duro a Puerto Iguazú, despertó otros destinos que hoy son claves para el desarrollo armónico. El Soberbio con su turismo rural y de selva superó ahora las 1.100 plazas con ofertas novedosas como el glamping. Andresito, con el monte como oferta central, pero también la zona centro o San Ignacio con la calma centenaria de las Misiones Jesuíticas son hoy atractivos para un intenso movimiento turístico. 

Posadas, que gestiona la oferta con actividades deportivas y espectáculos, disfruta este fin de semana con las 3.330 plazas de la hotelería a pleno y la apertura del registro de alojamientos complementarios para recibir al aluvión de visitantes atraídos por el TC que se disputa el domingo. 

“A veces los posadeños no valoran los cambios en la ciudad. Ya dejó de ser una ciudad de paso, de una habitación de una noche, para convertirse en un polo con una amplia variedad gastronómica y de servicios”, definió un especialista del sector. El turismo de eventos también recupera ritmo después de la parálisis. Dato no menor. La capital misionera hoy no tiene aeropuerto, pero para las aerolíneas es un destino fundamental. JetsMart, en el marco de su plan de expansión, anunció la compra de dos aviones con una inversión de 140 millones de dólares para ampliar su flota. En esa línea, cuando se abra el aeropuerto capitalino, el objetivo es sumar frecuencias diarias -hasta ahora había cuatro-, mientras que para Iguazú, proyectan dos frecuencias más a las once semanales. 

Otras ciudades tienen realidades parecidas. San Ignacio, donde hasta hace no demasiado tiempo no había hoteles, hoy está con ocupación plena de visitantes que llegan sin reserva. Y todavía resta la segunda mitad de la temporada invernal. Seguramente los números finales, serán iguales o mejores a antes de la pandemia.

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