Mauricio Macri

Embargos y acusaciones millonarias contra exfuncionarios macristas por el caso Vicentin

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La Justicia federal ordenó el embargo y la inhibición general de bienes de exautoridades del Banco Nación que se desempeñaron durante el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la megacausa Vicentin. La decisión alcanza, entre otros, al expresidente de la entidad Javier González Fraga y a su vice, Lucas Llach, acusados de haber favorecido al grupo empresario con maniobras que habrían provocado un perjuicio millonario al banco público. La medida busca asegurar el eventual decomiso, el cobro de multas y la reparación del daño económico.

La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10 y se inscribe en una investigación que apunta a determinar responsabilidades penales por el presunto otorgamiento irregular de créditos, la omisión de controles y la liberación de fondos que debían funcionar como garantía de préstamos otorgados a Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA.

Los fundamentos del embargo y la acusación central

Según el fallo, “la finalidad del embargo se extiende a asegurar la eventual imposición y cumplimiento del decomiso, y de esta manera impedir que se consolide el provecho del delito en cuestión”. La resolución también subraya que la medida busca cubrir “la posible pena de multa que pudiera dictarse y la solidaridad en la obligación de reparar el daño que pudiera recaer sobre todos los responsables del delito”.

La imputación sostiene que “los funcionarios del Banco de la Nación Argentina conjuntamente a los empresarios del Grupo Vicentín, entre agosto y diciembre de 2019 habrían generado que las compañías Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas de la entidad pública por un perjuicio patrimonial de U$S 304.328.665,75”, monto que el banco reclamó en el concurso preventivo de la firma y que “hasta la actualidad continúa siendo de cobro incierto”.

El eje de la acusación apunta a que las autoridades del banco se habrían apartado de la normativa vigente al no intimar a las empresas por deudas vencidas y exigibles desde el 8 de agosto de 2019, originadas en préstamos de prefinanciación de exportaciones.

Cuentas liberadas, garantías omitidas y créditos bajo sospecha

La resolución judicial detalla que la maniobra incluyó “la omisión de retener desde aquel mes hasta diciembre del mismo año los importes depositados en las cuentas nro. 4280047390 en dólares y nro. 4280047287 en pesos –ambas radicadas en el BNA y de titularidad de Vicentin SAIC–, que habían sido constituidas como garantía de los empréstitos”.

Por esas cuentas, entre agosto y diciembre de 2019, circularon U$S 795.651.945 y $ 2.031.118.902, respectivamente. Sin embargo, la Justicia sostiene que los funcionarios habrían permitido que “entre el 8 de agosto y el 3 de diciembre de 2019 se liberaran un total de $ 43.449.104.966”, autorizando 125 transferencias hacia otra cuenta corriente del grupo, “desde la que las empresas carecían de restricciones para operar y sobre la que el banco carecía de facultades para cobrarse”.

A esto se suma el “otorgamiento presuntamente irregular de veintiocho préstamos por un total de U$S 105.500.000”, concedidos al Grupo Vicentin entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019. La resolución enfatiza que, al momento de esos créditos, el grupo ya registraba “una deuda vencida y exigible de U$S 149.500.000” y se encontraba excedido en la normativa GERC del BCRA “desde por lo menos el 31 de julio de 2019”.

Indagatorias en curso y proyección judicial

Las indagatorias comenzaron en noviembre y continuarán después de la feria judicial, con nuevas audiencias previstas para marzo. Javier González Fraga, quien presidió el Banco Nación entre 2017 y 2019, fue uno de los primeros en declarar.

El avance de la causa profundiza el impacto político e institucional del expediente Vicentin, que combina presuntas irregularidades en la gestión de un banco público, un perjuicio patrimonial millonario y decisiones adoptadas en los meses finales de una administración nacional. La continuidad del proceso judicial mantiene bajo escrutinio a exfuncionarios clave y abre la puerta a eventuales responsabilidades penales y patrimoniales de alto alcance.

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Espionaje a familiares del ARA San Juan: Denuncian a camaristas que sobreseyeron a Macri

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El abogado Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, denunció ante el Consejo de la Magistratura a los camaristas federales que sobreseyeron al expresidente Mauricio Macri en la causa penal sobre tareas de inteligencia a familiares de los tripulantes del submarino.

El letrado pidió que se inicie el juicio de remoción de Mariano Llorens, Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Bruglia por mal desempeño en sus funciones y “posible participación en los delitos de violación de los deberes de funcionario público, cohecho agravado, negociaciones incompatibles con sus cargos y prevaricato”.

Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso Télam, el abogado reclamó además que, mientras tramita su pedido, “se proceda a suspender a los magistrados denunciados” y se formule “la correspondiente acusación y sumario ante el Jurado de Enjuiciamiento por la causal de mal desempeño”.

Tagliepietra -quien actúa como querellante en la causa penal- formuló la denuncia contra los camaristas que el 15 de julio último revocaron lo decidido en primera instancia y sobreseyeron, entre otros, a Macri y a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Los procesamientos de Macri, Arribas, Majdalani y subordinados de éstos habían sido dictados el 1 de octubre de 2021 por el juez federal Martín Bava.

En su pedido al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, el padre del marino Alejandro Tagliapietra, fallecido en el hundimiento del 15 de noviembre de 2017, sostuvo que los jueces “violaron la Constitución Nacional, la igualdad ante la ley, el debido proceso y los tratados de derechos humanos incorporados a nuestra legislación”.

El denunciante afirmó que las tareas de espionaje “ilegal” fueron “intromisiones gravísimas” en la vida privada de los familiares de los tripulantes del submarino y que los camaristas “no explican en qué modo, tiempo y circunstancias quienes resultamos victimas podríamos realizar” la actividad criminal que, según la ley 25.520, autoriza las actividades de espionaje.

Tagliapietra manifestó que sí se hubiese temido una actividad contra el entonces Presidente de la Nación, se debió “denunciar dicha circunstancia ante el Juez Federal en turno para que este adopte las medidas que entienda necesarias para hacer cesar este peligro”.

Agregó que, para sobreseer a Macri, Arribas y Majdalani como a otros procesados, Llorens, Bertuzzi y Bruglia prescindieron de “cuantiosa prueba” incriminatoria y solo ponderaron testimonios que favorecieron a los imputados.

“Todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron nunca con autorización judicial alguna, ni mucho menos fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional”, remarcó Tagliapietra.

Agregó que, en cambio, hubo “relevamiento, acumulación y/o producción ilegal de información sobre familiares de los tripulantes de las embarcaciones hundidas ARA San Juan y BP-Rigel, que reclamábamos al entonces Gobierno nacional por la aparición de nuestros seres queridos y justicia para el esclarecimiento de los hechos”.

Para Tagliapietra “el accionar de los denunciados deviene en la utilización abusiva de las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal de la Nación en función de su calidad de magistrados federales, con motivos probablemente espurios” o por “amiguismo”.

Luego que se conociera la resolución de la Sala I de la Cámara, el ministro de Justicia Martín Soria afirmó públicamente que a Macri “no lo sobresee la justica, lo salvan sus amigos” en tanto que el ex presidente dijo que “ganó la verdad”.

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Gestión blindaje

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La inflación interanual de 65,1 por ciento en el NEA marca la ineficacia de las políticas nacionales de los últimos años para aplacar los precios. Y lo peor es que nada indica que la segunda mitad del año vaya a cambiar demasiado. Como mucho, se amortiguará la suba, pero cerrará el año con no menos de un tres por ciento mensual. Ese escenario pone de relieve la original medida diseñada en Misiones para cuidar el bolsillo y combatir la suba de precios en la canasta básica, eslabón fundamental para la sustentabilidad de las familias.

Ese 17 por ciento que reintegrará por la compra de alimentos y otros insumos elementales, tendrá un fuerte impacto positivo en el bolsillo de los misioneros, pero esencialmente en quienes menos tienen. A diferencia de los otros programas, el Ahora Canasta será mucho más abarcativo, casi universal, porque se puede acceder con tarjetas de débito, tarjetas sociales y otros métodos digitales, que son de uso masivo –según Mercado Pago, una de las opciones para el nuevo programa, la cantidad de pagos con QR en Misiones tuvo un crecimiento interanual del 364%, pasando de 124 mil transacciones mensuales en abril del 2021 a 450 mil en abril del 2022-. Una familia tipo, con los padres trabajando, tendrá un reintegro de 9 mil pesos, con el uso de dos tarjetas de débito, lo que equivale al 20 por ciento de la canasta básica alimentaria para el NEA, un ahorro que no se encuentra en ningún otro punto del país y que obedece únicamente a la iniciativa misionera. Se estima que las familias misioneras se ahorrarán entre 700 y 800 millones de pesos, que seguramente volverán a alimentar el consumo, en una rueda virtuosa en la que también ganará la actividad económica.

El programa fue ideado como alternativa al rechazo del Presupuesto 2022, por el voto negativo de los diputados de Cambiemos, incluidos Alfredo Schiavoni, Martín Arjol y Florencia Klipauka. El proyecto contemplaba la creación de una Zona Aduanera Especial en Misiones, que permitiría abaratar precios con la supresión de algunos impuestos, lo que generaría baja de precios y mejor competitividad. Pero el voto negativo de Cambiemos frustró esa posibilidad, aunque Misiones no se resigna a la frustración e insiste con la idea más allá de la indiferencia de Cambiemos y la inacción del Frente de Todos misionero.

Desde el voto negativo al Presupuesto, primero con el irresoluto Matías Kulfas, se negoció una alternativa, que recién pudo hacerse realidad cuando llegó Daniel Scioli al ministerio de Desarrollo Productivo.

El ex candidato presidencial tiene sintonía fina con Misiones -y con otros gobernadores- y una agresiva forma de gestionar, mucho más acorde con las urgencias de la economía argentina. Ahora sorprendió con la propuesta de que Argentina y Brasil dejen de lado al dólar para el intercambio comercial y operen directamente en Pesos y Reales. Las relaciones aceitadas con Pablo Guedes, el poderoso ministro de Economía de Jair Bolsonaro, auguran avances en las negociaciones que aliviarían buena parte de la presión por el dólar. Como sea, es mucho más que la intrascendencia de esperar a ver, que marcó la gestión de su antecesor. 

Fue también la idea más ingeniosa escuchada en la semana de debut de la ministra de Economía, Silvina Batakis, quien presentó una batería de medidas en la que ninguna se destacó por novedosa. 

La reemplazante de Martín Guzmán tiene a su favor el respaldo político -o el espanto-, pero a priori no parece ser menos ortodoxa. Los primeros anuncios tuvieron la rara virtud de enojar a los sectores más poderosos, a los movimientos sociales y a la clase media viajera con el recargo al dólar turista. Nada que no se haya visto antes. 

Es llamativo que el Gobierno de la Argentina en crisis no se anime a discutir en profundidad medidas que están tomando los países centrales de Europa, acosados por la inflación en alza y las consecuencias de la guerra en Ucrania en medio de la salida de la pandemia. A problemas grandes, respuestas grandes, habrá dicho Pedro Sánchez, el presidente de España que de pronto, se ha vuelto comunista: anunció la asignación de 100 euros adicionales cada mes a todos los estudiantes de más de 16 años que ya reciben una beca, la gratuidad de los abonos de transporte de tren, y la imposición de un impuesto especial a la banca y otro a las compañías energéticas para los dos próximos años. 

Estas dos últimas medidas han sido las más ambiciosas e inesperadas, y con ellas el gobierno espera recaudar un total de 3500 millones de euros. 

“Esta crisis no la pagarán los mismos que la de 2008″, remarcó el presidente español. En aquella ocasión, el Estado español gastó más de 50.000 millones de euros en rescatar a varias entidades financieras en riesgo de bancarrota, y la percepción general es que las clases populares y medias fueron las que más sufrieron aquel ajuste.

En Argentina se discuten ideas similares, como un salario universal o el impuesto a la renta extraordinaria, pero las horas pasan sin definiciones. La tibieza contrasta con la caldera que es el mundo. 

Los primeros días de Batakis no lograron calmar la economía, pero por lo menos se calmó la política. La salida de Guzmán y su equipo, descomprimió la interna en el Gobierno. Mérito escaso en un escenario convulsionado en el que los demás actores no ayudan demasiado. En medio de medidas antipáticas para con buena parte de la sociedad, Cristina Fernández y Sergio Massa, dieron un aumento de 60 por ciento para los empleados del Congreso. Apenas unas horas antes, Batakis planteaba medidas para achicar el gasto y un manejo centralizado de la caja para achicar el déficit fiscal. 

Entonces no es casual que las principales figuras del Gobierno acumulen imagen negativa en igual medida que los puntales de la alianza Cambiemos, que juegan al desgaste para ver quién llega mejor posicionado a 2023. El estado de escepticismo en la política es llamativo. Después de ser la aparición rutilante, Javier Milei acumula varios meses en caída y es en Misiones donde tiene la mejor imagen del país, con 56,8 por ciento de miradas positivas, según el último estudio de CB Consultora. Pero si hubiera que imaginar un candidato a presidente, por estas horas la incógnita domina. 

Esa misma consultora, que mide la imagen de los gobernadores mes a mes, tiene al misionero Oscar Herrera Ahuad entre los principales del país, lo mismo que al intendente de Posadas, Leonardo Stelatto. 

Otro estudio de Carlos Fara, realizado en Misiones, marca que la imagen positiva de Herrera Ahuad llega a 85,4 por ciento, casi lo mismo que Stelatto. Las principales figuras de la Renovación tienen una altísima aceptación. Como contraste, Alberto Fernández tiene una imagen negativa de 64,1 por ciento en la tierra colorada, peor que la de Mauricio Macri, que tiene una negatividad de 62 por ciento. En cambio,Patricia Bullrich, tiene en Misiones la quinta imagen positiva más alta, donde Horacio Rodríguez Larreta cotiza con imagen media. 

La imagen en alza del Gobernador tiene que ver con la gestión. La principal bandera política es la autonomía para poder gestionar y tomar distancia de los conflictos del país central. Además de conseguir el financiamiento para el Ahora Canasta, se puso en marcha un plan de obras por 15.000 millones de pesos, que incluye ejecutar la pavimentación de 52 Kilómetros de la ruta provincial 212, con obras de saneamiento y la construcción de cuatro puentes para potenciar la conectividad productiva, comercial y turística, con la unión de las rutas nacionales 12 y 14. Además, al ministro Gabriel Katopodis se le presentó el plan para la rehabilitación de puentes en la ruta provincial 2, con la construcción de un puente sobre el arroyo Chancay, en la localidad de Santa Rita. También Misiones presentó un proyecto para ejecutar obras complementarias a la travesía urbana de Gobernador Roca, en la traza principal de la ruta nacional 12, que se encuentra en ejecución.

Además, con Matías Lammens, el Gobernador cerró acuerdos para financiar obras por 500 millones de pesos en varios de los puntos turísticos de Misiones que no tienen los carteles principales. 

El turismo se convirtió en una de las actividades principales para la economía misionera. Ya lo era antes de la pandemia, pero muy concentrada en la ciudad de las Cataratas, que tiene más de quince mil plazas. 

El tiempo de parálisis, que golpeó duro a Puerto Iguazú, despertó otros destinos que hoy son claves para el desarrollo armónico. El Soberbio con su turismo rural y de selva superó ahora las 1.100 plazas con ofertas novedosas como el glamping. Andresito, con el monte como oferta central, pero también la zona centro o San Ignacio con la calma centenaria de las Misiones Jesuíticas son hoy atractivos para un intenso movimiento turístico. 

Posadas, que gestiona la oferta con actividades deportivas y espectáculos, disfruta este fin de semana con las 3.330 plazas de la hotelería a pleno y la apertura del registro de alojamientos complementarios para recibir al aluvión de visitantes atraídos por el TC que se disputa el domingo. 

“A veces los posadeños no valoran los cambios en la ciudad. Ya dejó de ser una ciudad de paso, de una habitación de una noche, para convertirse en un polo con una amplia variedad gastronómica y de servicios”, definió un especialista del sector. El turismo de eventos también recupera ritmo después de la parálisis. Dato no menor. La capital misionera hoy no tiene aeropuerto, pero para las aerolíneas es un destino fundamental. JetsMart, en el marco de su plan de expansión, anunció la compra de dos aviones con una inversión de 140 millones de dólares para ampliar su flota. En esa línea, cuando se abra el aeropuerto capitalino, el objetivo es sumar frecuencias diarias -hasta ahora había cuatro-, mientras que para Iguazú, proyectan dos frecuencias más a las once semanales. 

Otras ciudades tienen realidades parecidas. San Ignacio, donde hasta hace no demasiado tiempo no había hoteles, hoy está con ocupación plena de visitantes que llegan sin reserva. Y todavía resta la segunda mitad de la temporada invernal. Seguramente los números finales, serán iguales o mejores a antes de la pandemia.

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Otro escándalo de espionaje en Cambiemos: en CABA hubo uso ilegal de datos biométricos

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La Justicia porteña suspendió hoy el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien además ordenó una batería de medidas de prueba que incluyó el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en Patricios al 1100, del barrio de Barracas.

En la resolución, Gallardo aseguró haber constatado que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del ministerio de Seguridad de CABA fue utilizado para obtener datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entre muchas otras personalidades públicas.

El sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) siempre que se traten de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000.

Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022, las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera de Seguridad porteña fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.

Las búsquedas de datos biométricos de ciudadanos que no están en ninguna de esas situaciones fueron reconstruidas a partir de la información aportada al expediente por el Renaper, a cuyos archivos acude el sistema de reconocimiento facial de CABA cuando requiere de las imágenes de alta definición que acompañan la documentación personal de todos los ciudadanos.

Un dato relevante para la investigación es que el requerimiento de datos biométricos del Renaper por parte del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos de CABA se rige por el convenio de cooperación técnica que celebraron en 2019, durante la gestión de Cambiemos, el propio Renaper con el ministerio de Seguridad porteño.

Según especialistas en informática que conocen el expediente, la consulta de los datos biométricos se realiza a través de un procedimiento conocido como ‘request’ que se conecta automáticamente con la base de datos del Renaper para solicitar la foto digitalizada del DNI, lo que luego permite generar un mapa biométrico: cada una de esas búsquedas queda registrada en dos computadoras, la que emite la información y la que la recibe.

En el informe elaborado por el Renaper en respuesta al oficio del juez surge que entre abril de 2019 y marzo de este año fueron migrados -es decir, requeridos y recibidos por el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos de CABA- los datos biométricos del presidente Alberto Fernández (76 veces); la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (225 veces); el diputado Máximo Kirchner (12 veces); el Ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro (3 veces) y del ministro de Seguridad Aníbal Domingo Fernández (12 veces).

También fueron migrados los datos de los diputados Sergio Tomás Massa (3 veces); Myriam Bregman (3 veces), Ricardo López Murphy (8 veces); José Luis Espert (8 veces) y Javier Milei (32 veces); según surge del expediente.

La lista incluye además a los nombres del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (una vez); la Presidenta del PRO, Patricia Bullrich (18 veces); la exProcuradora General de la Nación Alejandra Magdalena Gils Carbó (2 veces); el exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni (2 veces); el ministro de la Corte Carlos Rosenkrantz (una vez); y la Fiscal General por ante la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Fernanda Boquín (4 veces).

Entre los periodistas que pudieron haber sido espiados a través del sistema de reconocimiento facial se encuentra Gustavo Sylvestre, cuyos datos biométricos fueron migrados 9 veces; Joaquín Morales Solá (una vez), Viviana Canosa (6 veces) y Eduardo Feinmann (9 veces).

La lista contiene también empresarios, fiscales federales, a la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini (5 veces), y a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto (2 veces).

En su resolución el juez sostuvo que la CABA sólo estaba autorizada a extraer datos biométricos “siempre y cuando se tratara de personas cuya búsqueda haya sido exigida por la Justicia”.

Luego advirtió que la enorme cantidad de consultas sobre ciudadanos, muchos conocidos por su actuación pública, que no están requeridos por la Justicia ni en situación de rebeldía demuestran que el proceso pudo haber sido manipulado para obtener información indebida.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las entidades que impulsó la causa a partir de un amparo colectivo presentado por el Observatorio del Derecho Informático en la Argentina (ODIA), plantearon que la detección de 9 millones de consultas de datos biométricos -con tantas personalidades involucradas- obliga a la administración de Horacio Rodríguez Larreta a dar explicaciones y responder en la Justicia.

“El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe dar una explicación acerca de las búsquedas que hizo de datos biométricos de tantas y tantas personas en el período de abril de 2019 a marzo de 2022”, aseguró a Télam el abogado y director de Litigios del CELS, Diego Morales.

En la misma línea opinó el abogado especializado en Derecho informático Tomás Pomar, director de ODIA, para quien de la prueba ya recolectada en el expediente “surge que ha habido un uso indebido de los datos biométricos”, y luego alertó que la motivación y el uso que se dio a esa cantidad de consultas biométricas deben ser esclarecidos.

“A qué destino o qué se hizo con toda esa información aún no lo sabemos, pero el gobierno de la Ciudad va a tener que dar explicaciones sobre su sistema de reconocimiento facial”, puntualizó Pomar.

Cerca de las 20, una vez que finalizaron las pericias en el Centro de Monitoreo Urbano de Barracas, desde el Ministerio de Seguridad porteño emitieron un comunicado en respuesta de seis puntos en el que, al referirse al principal cuestionamiento del juez, señalaron que las consultas realizadas al Renaper desde esa cartera “no son exclusivamente por contraste con el sistema de reconocimiento facial”.

“Responden a una pluralidad de trámites habilitados por la Justicia y que no representan ninguna irregularidad”, manifestaron desde la cartera que encabeza Marcelo D’Alessandro y agregaron que el Renaper, al responder las consultas de datos biométricos, “devuelve la foto y los datos del DNI” pero no “ubicaciones ni nada de eso”. Además, señalaron que “el reconocimiento facial no está funcionando desde abril de 2020”.

La suspensión del sistema de reconocimiento facial que ordenó el juez Gallardo se produjo en una causa iniciada a principios de 2000, luego de que varias entidades y ONG -entre ellos el observatorio ODIA y el CELS, más la presentación como amicus curiae de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Correpi y la Fundación Vía Libre- presentaran un amparo colectivo en la Justicia Contencioso Administrativa de la CABA en el que denunciaban falta de control ciudadano, riesgos para la privacidad y la aplicación de patrones discriminatorios para realizar los mapas biométricos.

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Schiavoni: “Hay que consolidar la impronta Federal que el PRO necesita”

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El Diputado Nacional por Misiones Alfredo Schiavoni (PRO Misiones) participará del lanzamiento del PRO Federal. La cita del “ProFe”, se llevará a cabo este viernes 1 de abril en la ciudad de Mendoza.

El objetivo de esta nueva corriente dentro del PRO, es darle una mirada más federal a un partido que nació en la ciudad de Buenos Aires y se consolidó a nivel nacional bajo el liderazgo del ex presidente Mauricio Macri.

En la movida del Profe están el diputado nacional y vicepresidente del PRO nacional, Federico Angelini (Santa Fe), la diputada Soher El Sukaria y su par en el recinto, Gustavo Santos (ex ministro de Turismo), ambos definidos como macristas. También cuentan el jefe del bloque de senadores del PRO, el misionero Humberto Schiavoni, y su hermano el diputado nacional Alfredo Schiavoni; el riojano Julio Sahad, la chaqueña Marilú Quirós, el fueguino Tito Stefani, entre otros.

En declaraciones, el Diputado Alfredo Schiavoni sostuvo: “El PRO es un partido que tiene su origen en la ciudad de Buenos Aires pero, hoy en día y sobre todo teniendo en cuenta la presidencia de Mauricio, ha crecido enormemente en todos los rincones del país. Esta reunión busca reflejar un poco todo eso. Darle visibilidad a los referentes provinciales y consolidar la impronta Federal que el PRO necesita”.

Del encuentro participarán más de 70 dirigentes de todo el país, entre ellos senadores y diputados nacionales, legisladores provinciales y autoridades partidarias.

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