mercado interno

La Tasa de Fiscalización de la yerba mate no se actualiza y sigue en $25 por kilo

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El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) informó que no se incrementó el valor de la estampilla correspondiente a la Tasa de Fiscalización y Control, que continúa fijada en $25 por kilogramo de yerba mate elaborada y envasada para consumo interno. La decisión tiene impacto directo sobre la estructura de costos del sector yerbatero y se da en un contexto de debate institucional sobre el financiamiento del organismo y la regulación de la actividad.

La confirmación despeja, al menos en el corto plazo, un factor de presión sobre los precios y los márgenes de la cadena productiva, en un escenario marcado por tensiones entre productores, industriales y autoridades nacionales respecto del funcionamiento del mercado yerbatero.

La decisión del INYM y el marco normativo vigente

Según informó el INYM, el valor de la Tasa de Fiscalización y Control se mantiene sin modificaciones en $25 por kilogramo, monto que se aplica a cada kilo de yerba mate elaborada y envasada destinada al consumo interno. La tasa se materializa a través de la estampilla obligatoria y constituye una de las principales fuentes de financiamiento del organismo.

Si bien el Directorio del INYM solicitó una actualización del valor, ese pedido no fue aprobado y deberá ser evaluado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que es la autoridad competente para autorizar o rechazar cualquier modificación. Esta atribución se encuentra expresamente contemplada en el artículo 21 de la Ley 26.564, norma que creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate y estableció el esquema de financiamiento y control del sector.

De este modo, la continuidad del valor actual implica que cualquier cambio futuro dependerá exclusivamente de una decisión administrativa del área nacional correspondiente.

Impacto económico e institucional en la cadena yerbatera

El mantenimiento del valor de la tasa tiene implicancias económicas relevantes para toda la cadena yerbatera. Para la industria y los envasadores, la decisión evita un aumento inmediato de costos en un contexto de márgenes ajustados y consumo sensible a los precios. Para los productores, en tanto, el debate de fondo remite al rol del INYM, su capacidad operativa y los recursos disponibles para fiscalizar la actividad.

Desde el plano institucional, la situación vuelve a poner en primer plano el alcance de las facultades del organismo y su dependencia de decisiones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. El hecho de que el Directorio haya solicitado una actualización, pero que esta no haya prosperado, refleja las tensiones existentes en torno al esquema regulatorio del sector.

Repercusiones y escenarios posibles

En el corto plazo, la continuidad de la tasa en $25 por kilo contribuye a evitar nuevos incrementos en los costos regulados de la yerba mate, un producto de consumo masivo y de fuerte arraigo regional. Sin embargo, el debate sobre la suficiencia de los recursos del INYM queda abierto y podría reactivarse si el organismo considera necesario reforzar sus tareas de control y fiscalización.

La eventual decisión de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca será clave para definir el rumbo de la política yerbatera en materia de regulación y financiamiento institucional, en un sector estratégico para las economías regionales.

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Domingo Cavallo advierte que sin reformas monetarias no habrá crecimiento sostenible en 2026

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El ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo sostuvo que el inicio de un crecimiento “vigoroso y sostenible” de la economía argentina en 2026 es posible, pero advirtió que el resultado dependerá de manera decisiva de la secuencia y profundidad de las reformas que impulse el Gobierno. En un extenso análisis publicado en el inicio del año, remarcó que el ajuste fiscal y los incentivos a la inversión ya logrados son condiciones necesarias, aunque insuficientes, si no se avanza con rapidez en un nuevo régimen monetario y cambiario y en la reducción del riesgo país.

Ajuste fiscal y presupuesto 2026: un punto de partida, no de llegada

Cavallo reconoció como un “gran logro” haber alcanzado el equilibrio fiscal en un plazo breve y contar con un régimen de incentivos fiscales para grandes inversiones en sectores como energía, minería y tecnologías avanzadas. Sin embargo, advirtió que el Gobierno “no debe dormirse en los laureles”.

En ese marco, destacó la aprobación del Presupuesto 2026 como un primer paso clave para consolidar la eliminación del déficit fiscal lograda en los dos años previos. Según su análisis, la ejecución de ese presupuesto y el acompañamiento de las provincias al ajuste nacional se verán facilitados si se acelera la reprivatización de empresas estatizadas tras el abandono de la convertibilidad.

Para Cavallo, el uso de los recursos obtenidos por esas privatizaciones debería orientarse a incrementar la inversión en infraestructura pública, que viene mostrando un deterioro acumulado. Ese esquema permitiría, además, fortalecer la negociación fiscal con las provincias, que son las más afectadas por la falta de infraestructura vial, ferroviaria, fluvial y marítima.

Régimen monetario, cepo y riesgo país: el núcleo del debate

El ex ministro identificó como “segundo paso imprescindible” la sanción, preferentemente por ley, de un nuevo régimen monetario y cambiario similar al que funciona en Perú. Consideró que este complemento institucional del Presupuesto 2026 es central para liberar al mercado cambiario y a la expansión del crédito al sector privado de “trabas burocráticas y manejos impredecibles”.

En ese escenario, sostuvo que el Banco Central debería acumular reservas propias a un ritmo rápido y que la tasa de riesgo país debería descender a no más de 300 puntos básicos. Alcanzado ese nivel, afirmó, las tasas de interés reales en pesos y en dólares podrían ubicarse en valores compatibles con la tasa de crecimiento potencial de la economía.

Cavallo fue explícito al señalar que sin una liberalización cambiaria y financiera completa será muy difícil que las expectativas de los inversores privados acompañen tanto la estabilidad macroeconómica como un crecimiento sostenido. En ese punto, coincidió con análisis que advierten sobre los límites de utilizar el tipo de cambio como ancla nominal en un contexto donde aún persisten restricciones cambiarias para las empresas.

Inflación, mercado interno y salida del “callejón”

En relación con la política antiinflacionaria, Cavallo sostuvo que la reducción del riesgo país es más relevante que una baja inmediata de la inflación. Argumentó que, mientras el riesgo país se mantenga elevado, siempre existirá la amenaza de un salto devaluatorio o la necesidad de contenerlo con tasas de interés excesivamente altas.

Advirtió además que no resulta prudente anunciar metas de inflación demasiado ambiciosas mientras persista el cepo cambiario, ya que ello podría derivar en una política monetaria excesivamente contractiva y en una mayor recesión del mercado interno. En cambio, propuso fijar metas ambiciosas en materia de riesgo país, como condición para un plan de estabilización y crecimiento sostenible.

Respecto de la reactivación del mercado interno, señaló que esta dependerá de mantener tasas de interés reales que no superen el crecimiento potencial de la economía y de una expansión del crédito al sector privado que facilite la inversión familiar y empresaria. En ese marco, volvió a destacar la inversión en infraestructura como un motor adicional del crecimiento, financiada mediante privatizaciones y concesiones de obras y servicios públicos.

Finalmente, Cavallo rechazó la idea de que la estrategia económica actual conduzca a un “callejón sin salida”. Reconoció riesgos de atraso cambiario y un posible efecto estanflacionario transitorio si se elimina el cepo, pero sostuvo que una salida ordenada, con un régimen monetario, cambiario y financiero consistente, permitiría retomar un sendero de estabilidad con crecimiento. En clave política, advirtió que cuanto antes se adopten esas decisiones, mejores serán las perspectivas del Gobierno de Javier Milei de cara al proceso electoral de 2027.

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La actividad económica volvió a caer en octubre y profundiza su comportamiento en serrucho

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La actividad económica volvió a mostrar señales de fragilidad en octubre, con una caída mensual del 0,4% en términos desestacionalizados, según el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE). Si bien el nivel de actividad se ubicó un 3,2% por encima del mismo mes de 2024 y acumula un crecimiento interanual del 5,0% en los primeros nueve meses del año, el informe de la consultora Ecolatina advierte que el proceso electoral introdujo un escenario de mayor incertidumbre financiera que impactó de lleno en las decisiones de producción, inversión y consumo.

El desempeño reciente confirma un comportamiento en “serrucho” de la economía, con avances puntuales seguidos de retrocesos, y con una dinámica sectorial cada vez más heterogénea. Mientras algunos rubros muestran mejoras moderadas, los sectores más intensivos en empleo continúan rezagados, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la recuperación.

Un crecimiento sostenido por pocos sectores y con fuerte reversión financiera

En octubre, solo seis de los catorce sectores relevados por el EMAE registraron subas, aunque de magnitud acotada. El mayor avance correspondió al comercio (+1,4%), seguido por la extracción de minas y canteras (+0,6%) y el transporte y las comunicaciones (+0,4%). En contrapartida, las principales caídas se concentraron en intermediación financiera (-9,4%), industria (-0,8%) y construcción (-0,5%).

El informe de Ecolatina remarca que el crecimiento acumulado del EMAE en 2025 estuvo fuertemente explicado por el desempeño de la intermediación financiera. En septiembre, este sector había mostrado un salto del 12% mensual, impulsado por la ampliación del margen entre la tasa activa y la tasa pasiva del sistema bancario, lo que elevó la rentabilidad de las entidades financieras. Sin embargo, ese impulso respondió a un efecto precio, asociado al aumento del spread de tasas, y no a una mayor profundización financiera ni a un incremento de los depósitos.

En octubre, ese fenómeno se revirtió abruptamente, con una caída cercana al 9%, pese a que las tasas se mantuvieron elevadas durante buena parte del mes. De hecho, el análisis señala que, excluyendo la intermediación financiera, la actividad económica habría mostrado una caída acumulada del 1,5% en lo que va del año, lo que evidencia la debilidad subyacente del resto de los sectores productivos.

Industria, construcción y consumo: señales persistentes de enfriamiento

Más allá del dato puntual de octubre, a lo largo de 2025 se consolidó un patrón claro: retroceso en los sectores con mayor demanda de mano de obra, frente a un mejor desempeño relativo de los sectores primarios. La industria manufacturera acumula una caída del 4,8% en el año, afectada por la mayor apertura de importaciones, mientras que el comercio retrocede un 2,0% en el mismo período.

En términos interanuales, solo tres sectores presentaron variaciones negativas, pero con señales persistentes. La industria (-2,7%) acumuló cuatro meses consecutivos de caídas, la administración pública (-0,8%) mostró retrocesos durante todo el año como resultado del ajuste del Estado nacional, y hoteles y restaurantes (-1,0%) se ubicaron por debajo del nivel de octubre de 2024 por primera vez en 2025.

Los indicadores adelantados refuerzan este diagnóstico. En construcción, el Índice Construya cayó 7,1% mensual (-5,5% interanual) y los despachos de cemento se redujeron 4,7%. En la industria automotriz, la producción de vehículos cayó 8,8% mensual, mientras que el patentamiento de 0 km retrocedió 2,3%, acumulando cuatro meses consecutivos de bajas.

El consumo tampoco logra revertir la tendencia: en noviembre, las ventas minoristas PYME cayeron 9,1% mensual, y el crédito al consumo, si bien mantiene un crecimiento interanual del 50,6%, desacelera mes a mes y registró una baja del 1,4% mensual.

Perspectivas: crecimiento acotado y sostenido por arrastre estadístico

Según Ecolatina, el contexto de elevada incertidumbre electoral fue determinante para explicar la volatilidad observada en los últimos meses, con impacto directo sobre las variables financieras y las decisiones de inversión. Septiembre mostró un desempeño mejor al esperado, pero octubre, en pleno mes electoral, volvió a exhibir un freno en la actividad.

De cara a los próximos meses, los indicadores disponibles no anticipan una recuperación significativa. Con el desempeño reciente, la consultora proyecta que el crecimiento promedio de la economía en 2025 apenas superará el 4%, explicado en gran medida por el arrastre estadístico de 2024, en un escenario donde la actividad tendería a mantenerse prácticamente estable.

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Cooperativa Yerbatera Andresito: “No estamos en quiebra, es una medida transitoria”

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Luego de la difusión pública de un comunicado interno que informaba la imposibilidad de realizar pagos “hasta nuevo aviso”, la Cooperativa Yerbatera Andresito Ltda. buscó llevar tranquilidad a productores, clientes y al sector yerbatero en general. En una entrevista televisiva en el Canal 2 de Comandante Andresito, su presidente, Juan Carlos Amann, explicó que la entidad continúa operando con normalidad, que la restricción alcanza únicamente a los pagos inmediatos por transferencia y que responde a tensiones financieras puntuales de cierre de año, en un contexto económico nacional complejo.

El comunicado oficial y el origen de la controversia

La controversia se originó a partir de una nota fechada el 18 de diciembre de 2025, emitida en Comandante Andresito, Misiones, bajo el asunto “Comunicación oficial sobre la situación de pagos”. En ese documento, la Cooperativa Yerbatera Andresito Limitada informó a sus socios que, “debido a la situación económica actual”, la entidad se encontraba en una posición financiera compleja, por lo cual “lamentablemente, no se podrán realizar pagos hasta nuevo aviso”.

El texto, firmado por el Consejo de Administración —con las rúbricas de Juan Carlos Amann (presidente), Víctor Hugo Krawczuk (tesorero) y Sergio Osvaldo Kreibiger (secretario)— solicitaba comprensión a los asociados y los instaba a mantenerse informados por los canales oficiales ante futuras actualizaciones.

Si bien el comunicado estaba dirigido exclusivamente a los socios, su difusión pública generó interpretaciones que, según la conducción de la cooperativa, no reflejan la realidad integral de la entidad. “Fue un informe interno que se hizo público y eso derivó en muchos comentarios u opiniones que no son correctas”, explicó Amann durante la entrevista.

Pagos diferidos, stock garantizado y continuidad operativa

En su exposición, el presidente de la cooperativa precisó que la medida adoptada no implica una paralización de la actividad ni una situación de quiebra. “La cooperativa está trabajando normalmente. Tiene su stock de yerba canchada para trabajar todo el año. El molino sigue trabajando. Se sigue cumpliendo con los clientes”, remarcó.

Según detalló, la restricción se limita a los pagos de contado mediante transferencia, en un momento del año en el que confluyen fuertes compromisos fiscales y financieros. “A esta altura del año hay muchos proveedores de hoja verde que quieren cobrar, como es lógico. Pero también la cooperativa tiene que afrontar muchos impuestos de cierre de año, y el estado financiero no alcanza para responder a todo lo que se está solicitando en forma inmediata”, explicó.

En ese marco, la entidad optó por continuar operando con pagos diferidos, una modalidad que —según Amann— utilizan numerosas empresas a lo largo del año y que tiene carácter momentáneo. “Después seguimos trabajando normalmente”, subrayó.

Un dato central que buscó destacar la conducción es el compromiso asumido con el precio de la materia prima. La cooperativa mantiene el pago de 305 pesos por kilo de hoja verde, un valor que el propio presidente calificó como “bastante bueno” dentro del sector, especialmente en un contexto en el que otras empresas pagan por debajo de ese nivel. “Es un compromiso que asumimos y, a veces, se presentan dificultades para pagar, pero siempre tratamos de actuar de la forma más correcta”, sostuvo.

Impacto sectorial, clima interno y mensaje a productores y consumidores

El episodio se inscribe en un contexto más amplio de dificultades económicas que atraviesa el sector yerbatero y la economía argentina en general. Amann evitó minimizar el escenario, pero rechazó las versiones que hablan de un colapso institucional. “La situación es general. La República Argentina está convulsionada. Hay un montón de cosas que hay que ir reestructurando, pero eso no significa que estemos en una situación caótica o extrema”, afirmó.

Desde la cooperativa señalaron que, tras la difusión del comunicado, muchos socios se comunicaron directamente con el Consejo de Administración y recibieron las aclaraciones correspondientes. Sin embargo, también advirtieron sobre el uso político o sectorial de la información. “Hay quienes usan esto para desacreditar a la cooperativa o al consejo administrativo, cuando son cuestiones privadas. Nosotros estamos tratando de hacer bien las cosas”, expresó Amann.

El mensaje final estuvo dirigido tanto a los productores asociados como a los consumidores de la yerba mate Andresito, una marca de fuerte arraigo regional. “Queremos llevar tranquilidad. La cooperativa sigue trabajando, sigue cumpliendo y sigue proyectando su actividad productiva y comercial”, enfatizó el presidente.

La conducción confía en que, una vez superado el pico de tensiones financieras de fin de año, la operatoria de pagos se normalizará, mientras la entidad continúa enfocada en sostener su estructura productiva, el abastecimiento del mercado y las relaciones con clientes y proveedores.

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CAME, APYME e IPA reaccionan al proyecto de reforma laboral del Gobierno: qué apoyan y qué rechazan las cámaras empresariales

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El proyecto de reforma laboral enviado por el Gobierno Nacional al Congreso durante el período de sesiones extraordinarias abrió un frente de posicionamientos contrastados entre las principales cámaras empresariales del país. Mientras algunas entidades ven medidas que podrían mejorar la seguridad jurídica y reducir costos laborales, otras advierten que la iniciativa profundizará la recesión, deteriorará la masa salarial y agravará el cuadro social.

Un debate abierto: apoyos condicionados y cuestionamientos estructurales

El proyecto ingresó hoy al Senado de la Nación, lo que activó una rápida reacción de actores clave del entramado pyme. Consultados por Noticias Argentinas, referentes de CAME, IPA y APYME coincidieron en que la reforma implica un giro profundo en las reglas del mercado laboral argentino, aunque discreparon sobre sus efectos económicos, sociales y productivos.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), su vocero Vicente Lourenzo adelantó que la entidad todavía “analiza” el texto junto con su equipo legal y que aún no fijó una posición institucional. No obstante, señaló que la propuesta del Poder Ejecutivo contiene “artículos positivos y otros muy negativos”, lo que anticipa un debate interno en el principal nucleamiento nacional de pequeñas y medianas empresas.

La reacción más crítica provino de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME). Su presidente, Julián Moreno, calificó el proyecto como “un tiro en el pie” para los trabajadores y alertó sobre el impacto directo en la demanda interna. “En esta relación desigual, sumada a la postura con la que viene amenazando el Gobierno Nacional, van a salir perdiendo los trabajadores y, por lo tanto, la masa salarial”.

Moreno enfatizó que el consumo interno, principal motor del sector pyme, depende del salario real, que —según advirtió— sufrirá una contracción si se aprueba la iniciativa. “Será algo que va a afectar a toda la sociedad más temprano que tarde”.

Además, alertó que la reforma formaliza vínculos laborales que no lo son, lo que consideró una forma de “disimular la pauperización del empleo”. Para APYME, el contexto recesivo agrava los riesgos. “Ninguna reforma aplicada en ningún lugar del mundo, en un momento recesivo como el actual, generó empleo, actividad o mercado interno. Nunca”.

El enfoque productivo: seguridad jurídica, fondos de cese y demandas de equilibrio normativo

En contraste con las advertencias de APYME, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, destacó los aspectos del proyecto vinculados a la previsibilidad y protección jurídica, especialmente los referidos a sistemas alternativos de indemnización.

Rosato subrayó la relevancia del Fondo de Cese Laboral (FCL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos instrumentos que —según explicó— aportan certidumbre tanto para empleadores como para trabajadores. “El empleador tiene que hacer un aporte del 3% de la masa salarial a una caja, que puede ser la del ANSES, donde se va acumulando y que va a servir para pagar las indemnizaciones”.

Para IPA, estos mecanismos eliminan la necesidad de judicializar conflictos y garantizan que el empleado tenga “la indemnización siempre a su disposición”.

Sin embargo, Rosato aclaró que la reforma todavía requiere consenso con los gremios y normas que eviten desequilibrios. “Creemos que tiene que haber una ley equitativa, que genere armonía y que otorgue mayor seguridad jurídica”.

Desde esta mirada, una reforma equilibrada permitiría a las empresas “tomar gente cuando necesiten, sin problemas”, lo que en el mediano plazo apuntaría a dinamizar la inversión y reducir el temor a litigios laborales.

Un tablero político y económico en tensión: impactos posibles y escenarios en disputa

El debate se da en un contexto de recesión profunda, caída del consumo, alta capacidad instalada ociosa y un mercado laboral donde crece la informalidad. El Gobierno busca avanzar con una reforma que flexibilice condiciones y reduzca costos; sin embargo, las reacciones empresariales muestran que las pymes no son un bloque homogéneo.

Para las entidades más ligadas al mercado interno, la prioridad es proteger salarios y consumo para sostener la actividad.

Para los sectores industriales, la clave pasa por reducir litigiosidad y obtener reglas claras para contratar sin riesgo de juicios.

El desenlace legislativo —y particularmente el nivel de consenso que logre el Ejecutivo con sindicatos y bloques parlamentarios— será decisivo para determinar si la reforma se convierte en un factor de dinamización o en un nuevo frente de conflictividad laboral y política.

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