Mercado laboral

Éxodo misionero: crece la cantidad de tarjetas CPF para argentinos que buscan trabajar en Brasil

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El diario brasileño Folha de São Paulo, uno de los más influyentes del país vecino, publicó este fin de semana un extenso artículo en el que analiza el aumento de trabajadores argentinos que buscan empleo en Brasil, con foco en la provincia de Misiones, principal región productora de yerba mate.

El informe pone el acento en un dato que refleja la magnitud del fenómeno: el fuerte crecimiento en la emisión del CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), un documento tributario indispensable para trabajar legalmente en Brasil.

Según datos de la Receita Federal, citados por el medio paulista, la cantidad de CPFs otorgados a ciudadanos argentinos pasó de un promedio de unos 8.000 por año entre 2016 y 2021 a cerca de 40.000 en 2025, lo que marca un salto significativo en el interés por acceder al mercado laboral brasileño.

El CPF funciona en Brasil como una identificación fiscal obligatoria para casi todas las actividades económicas: desde firmar un contrato laboral hasta abrir una cuenta bancaria o alquilar una vivienda.

Misiones, en el centro del fenómeno

El artículo sitúa el fenómeno principalmente en Misiones, provincia fronteriza con Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, y principal productora de yerba mate en la Argentina.

Según el reportaje, parte de los trabajadores rurales misioneros comenzó a tramitar el CPF para poder emplearse en actividades agrícolas del sur de Brasil, especialmente en las cosechas de uva, tomate y frutas.

“El número de CPFs concedidos a argentinos aumentó cerca de 8.000 al año entre 2016 y 2021 y llegó a casi 40.000 el año pasado”, señala la publicación brasileña.

Para el medio paulista, este crecimiento está vinculado a la situación económica del sector yerbatero argentino tras la desregulación del precio de la materia prima, que hasta 2023 era fijado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Trabajadores misioneros en las cosechas brasileñas

El artículo recoge testimonios de tareferos y productores misioneros que relatan cómo parte de la mano de obra rural comenzó a migrar temporalmente a Brasil.

Uno de ellos es Joaquín Ríos, un trabajador rural de San Pedro que viajó recientemente a la ciudad gaúcha de Pinto Bandeira para participar en la cosecha de uva.

Según cuenta al diario brasileño, en el establecimiento donde trabaja hay cerca de 500 argentinos empleados en tareas rurales.

Otro trabajador, Lucio Rodríguez Velásquez, asegura que viene realizando trabajos estacionales en Brasil desde 2018, en cosechas de tomate, uva y frutillas en distintas localidades del estado de Rio Grande do Sul.

Demanda laboral del lado brasileño

El reportaje también recoge la mirada de dirigentes rurales y empresarios brasileños, quienes destacan el creciente número de trabajadores argentinos en las cosechas.

El presidente del Sindicato de Trabajadores Rurales de Bento Gonçalves, Cedenir Postal, afirmó que la presencia de argentinos en la vendimia viene aumentando en los últimos años.

Según explicó, muchos llegan por recomendación de familiares o conocidos que ya trabajan en el país vecino.

Al mismo tiempo, productores brasileños destacan la experiencia de los trabajadores misioneros en tareas agrícolas, particularmente en la cosecha de yerba mate, donde poseen un conocimiento específico del cultivo.

Un indicador que sigue creciendo

Más allá de las interpretaciones políticas que plantea el artículo, el dato que sobresale es el crecimiento acelerado del CPF entre ciudadanos argentinos, una señal clara del interés por acceder al mercado laboral brasileño.

En regiones fronterizas como Misiones, donde la movilidad laboral entre ambos países forma parte de la dinámica histórica de la zona, el aumento en la tramitación de este documento aparece hoy como uno de los indicadores más visibles de esa tendencia.

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Milei admite que sectores de la economía “van a desaparecer” y profundiza su apuesta por el cambio de modelo

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El presidente de Javier Milei admitió que algunos sectores de la economía argentina podrían desaparecer como consecuencia del cambio de modelo económico impulsado por su gobierno, en un contexto de reformas estructurales y apertura de importaciones. La definición, realizada durante una entrevista con la periodista Julieta Tarrés en Fm Now, expone con crudeza la lógica de transformación que guía la estrategia oficial: un proceso de reasignación de recursos que, según el mandatario, beneficiará a los sectores competitivos pero dejará atrás a aquellos que no logren adaptarse.

“Si se está shockeando la economía con reformas estructurales todo el tiempo, no se puede pretender que no haya sectores que desaparezcan”, sostuvo el jefe de Estado. La frase, lejos de ser un comentario aislado, resume el enfoque económico del Gobierno: aceptar costos sectoriales como parte de un rediseño profundo del aparato productivo.

En términos políticos, la definición vuelve a plantear la pregunta que atraviesa el ciclo reformista del Ejecutivo: ¿se trata de una transformación estructural que redefinirá la economía argentina o de un proceso que abrirá nuevas tensiones sociales y productivas?

Reformas estructurales y reasignación de recursos

El planteo presidencial se inscribe dentro de la estrategia económica que el Gobierno viene impulsando desde su llegada al poder, centrada en la liberalización de la economía, la eliminación de distorsiones de precios relativos y una mayor apertura comercial.

Según explicó Milei, el proceso implica una reorganización inevitable de la actividad económica. Algunos sectores se expandirán mientras otros se contraerán, en función de su capacidad de competir en el nuevo esquema.

El Presidente utilizó una comparación histórica para ilustrar ese cambio: cuando apareció la lámpara eléctrica, sostuvo, los fabricantes de velas quedaron en desventaja frente a la nueva tecnología. En la visión oficial, ese tipo de desplazamientos forma parte del progreso económico.

La consecuencia inmediata de ese proceso, reconoció el mandatario, puede incluir contracción de la producción y despidos en los sectores afectados. Sin embargo, el argumento del Gobierno es que esos recursos —capital y trabajo— se trasladarán hacia actividades más dinámicas.

En ese marco, Milei planteó que la reducción de costos y precios generaría un efecto expansivo en otros sectores, capaces de absorber empleo y pagar salarios más altos.

La agenda reformista: 90 cambios en preparación

La afirmación sobre la desaparición de sectores aparece acompañada por otro dato que muestra la dimensión del programa de reformas.

El Presidente reveló que solicitó a cada ministerio un paquete de diez reformas estructurales, lo que configura una agenda potencial de 90 iniciativas en distintos frentes del Estado.

Entre los cambios mencionados figura la modernización laboral, que el Gobierno considera clave para facilitar la movilidad del empleo en una economía en transformación.

La lógica oficial es que un mercado laboral más flexible permitiría la reasignación de trabajadores desde sectores en retroceso hacia actividades en expansión. El argumento también apunta a reducir la informalidad laboral.

En el discurso presidencial, estas reformas forman parte de un objetivo mayor: convertir a Argentina en “el país más libre del mundo” en términos económicos.

Indicadores económicos y narrativa del Gobierno

En su análisis del escenario económico, Milei sostuvo que el programa de reformas ya muestra resultados en indicadores clave.

Según afirmó, desde el inicio de su gestión el Producto Bruto Interno aumentó entre 10% y 10,5%, mientras que la pobreza habría descendido hasta 27 puntos, lo que implicaría 12 millones de personas menos en situación de pobreza.

La narrativa oficial busca consolidar la idea de que el ajuste macroeconómico y la liberalización económica están generando una recuperación estructural.

Ese argumento se vincula también con la defensa del equilibrio fiscal, presentado por el Gobierno como el principal escudo frente a shocks externos.

El contexto internacional y la acumulación de reservas

Milei también analizó el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre la economía global y la posición de Argentina.

Según su diagnóstico, el país se encuentra mejor preparado que en ciclos anteriores para enfrentar turbulencias externas, debido al ordenamiento macroeconómico y la eliminación del déficit energético.

El Presidente señaló además que la suba internacional del petróleo y de los granos —entre ellos soja, maíz y girasol— mejora los términos de intercambio de Argentina, al tratarse de bienes exportados por el país.

Ese contexto, afirmó, abre una oportunidad para acelerar la acumulación de reservas internacionales.

El mandatario indicó que en lo que va del año el país ya sumó USD 3.000 millones, lo que representaría el 30% de la meta prevista, incluso en un período considerado estacionalmente neutro para la balanza cambiaria.

De mantenerse la tendencia durante el segundo trimestre, sostuvo, Argentina podría incluso sobrecumplir los objetivos de reservas.

Tensiones potenciales en el proceso de cambio

La admisión de que algunos sectores podrían desaparecer expone el costado más sensible del programa económico del Gobierno.

La reorganización productiva implica, en los hechos, ganadores y perdedores dentro del tejido empresarial y laboral. Sectores protegidos durante décadas enfrentan ahora una apertura comercial más amplia y la eliminación de barreras regulatorias.

El desafío político radica en gestionar ese proceso sin que las tensiones derivadas —pérdida de empleos, reconversión industrial o conflictos sectoriales— se traduzcan en una erosión de la gobernabilidad.

Al mismo tiempo, la apuesta oficial depende de que los sectores dinámicos de la economía —exportaciones, energía, agroindustria o servicios— logren absorber la capacidad productiva desplazada.

Ese equilibrio será uno de los indicadores centrales para medir el éxito o el costo del cambio de modelo.

Un modelo en construcción

Las declaraciones de Milei reafirman el rumbo ideológico y económico del Gobierno: una transformación estructural basada en la liberalización del mercado y la reasignación de recursos productivos.

Sin embargo, el alcance real de esa transformación todavía se está desplegando.

En las próximas etapas del programa reformista —incluidas las iniciativas legislativas que podrían surgir de los paquetes de reformas anunciados— se pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para sostener su agenda económica mientras gestiona las consecuencias políticas y sociales del cambio.

El proceso, por ahora, sigue abierto.

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El 8M en perspectiva económica

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8M y economía: un informe advierte que las brechas de género se profundizan en el nuevo esquema fiscal. Un diagnóstico económico que reabre la discusión política sobre el modelo

En la antesala de un nuevo 8 de marzo, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un informe que vuelve a poner en el centro del debate el impacto social del actual programa económico. El documento sostiene que las políticas implementadas durante la gestión del gobierno nacional no afectan de forma neutral a la población, sino que amplían brechas estructurales entre varones y mujeres, especialmente en empleo, ingresos, acceso a políticas públicas y protección social.

Los datos relevados al tercer trimestre de 2025 muestran un patrón persistente: menor participación femenina en el mercado laboral, mayor precariedad, ingresos más bajos y una sobrerrepresentación en los segmentos de menores recursos. La pregunta que subyace al diagnóstico no es solo estadística. También es política: ¿puede sostenerse un programa de ajuste fiscal sin ampliar desigualdades preexistentes?

El informe propone leer las cifras dentro de un contexto más amplio: la reconfiguración del gasto público, la reforma laboral aprobada en febrero y los cambios en programas sociales y de cuidados, que forman parte del nuevo equilibrio fiscal impulsado por la administración nacional.

Radiografía de las brechas: empleo, ingresos y pobreza

Los indicadores laborales muestran una desigualdad persistente entre varones y mujeres.

La tasa de actividad femenina alcanza el 52,6%, mientras que en los varones llega al 70,1%, una diferencia de 17,5 puntos porcentuales. La brecha también se observa en el desempleo: 7,4% para mujeres frente a 5,9% en varones.

En materia de informalidad laboral la distancia también aparece, aunque más acotada. El 38% de las mujeres trabaja en condiciones informales, frente al 35,5% de los varones.

La brecha salarial resulta todavía más marcada. Según el informe, los ingresos masculinos superan entre 27,3% y 29% a los femeninos, diferencia que se amplía hasta 40% entre trabajadores informales.

Ese diferencial tiene consecuencias directas sobre la estructura social. Las mujeres representan el 64,2% de las personas con menores ingresos, un aumento respecto al 61,4% del año anterior, lo que refuerza el fenómeno que los economistas denominan “feminización de la pobreza”.

La contracara es la distribución en los niveles altos de ingresos. En el decil superior, la participación femenina cae al 37%, mientras que 63% de ese segmento corresponde a varones.

El peso del trabajo no remunerado

Uno de los factores estructurales que condiciona la inserción laboral femenina se encuentra fuera del mercado de trabajo formal.

El informe señala que las mujeres dedican tres horas más por día que los varones al trabajo doméstico no remunerado, lo que impacta en su disponibilidad para empleos formales o de jornada completa.

Ese patrón se refleja también en la composición sectorial del empleo. El trabajo en casas particulares, altamente feminizado, muestra cifras contundentes: 98,8% de quienes desempeñan esa actividad son mujeres.

Además, el sector sufrió un deterioro reciente. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron 22.436 puestos de trabajo, acompañado por una caída del salario real del 35,2%.

El impacto del ajuste en políticas públicas

El informe del CEPA pone especial atención en el rediseño presupuestario implementado en los últimos años. Según el relevamiento, el presupuesto 2026 consolidó la reducción o eliminación de programas orientados a reducir desigualdades de género.

El dato central: 7,5 de cada 10 programas vinculados a la reducción de brechas sufrieron recortes o directamente dejaron de existir.

Entre los principales cambios se destacan: Moratoria previsional: ajuste del 41,71%. Prestación Alimentar: reducción del 17,26%. Pensiones para madres de siete hijos: caída del 0,83%.

En contraste, el único programa con crecimiento real es la Asignación Universal por Hijo, que registra un aumento del 74,64%, interpretado en el informe como un mecanismo de contención social frente al ajuste general.

En paralelo, tres programas orientados a reducir brechas laborales —Potenciar Trabajo, Registradas y Potenciar Inclusión Joven— fueron virtualmente eliminados en el presupuesto proyectado para 2026.

Violencia, salud y políticas de cuidado: el reordenamiento presupuestario

Las áreas vinculadas a políticas de género también muestran cambios significativos.

Los programas destinados a protección de víctimas de violencia de género registraron un ajuste global del 86,5% respecto a 2023.

En el mismo período, la Línea 144, destinada a la atención de casos de violencia, registró una caída del 90% en la cantidad de personas asistidas durante 2025, mientras que la meta proyectada para 2026 sería 79,1% menor que en 2023.

En el área de salud sexual también aparecen modificaciones relevantes: Educación Sexual Integral (ESI): reducción del 98%, quedando sin crédito presupuestario para 2026. Salud Sexual y Procreación Responsable: ajuste del 20,9%. Programa de VIH e infecciones de transmisión sexual: incremento del 11,2%.

El informe agrega un dato llamativo: durante 2025 no se distribuyó ningún preservativo en el marco del programa nacional correspondiente.

En el campo de las políticas de cuidado, la paralización de la obra pública impactó en programas vinculados a infraestructura social. Según el documento, no se proyecta construir ningún jardín de infantes en 2026, tras la eliminación de programas de infraestructura educativa y de cuidado.

Reforma laboral y tensiones sobre derechos laborales

El documento también analiza los efectos potenciales de la reforma laboral aprobada en febrero, que introduce cambios en el funcionamiento del mercado de trabajo.

Entre los aspectos destacados aparecen: Fondo de Asistencia Laboral (FAL): financiado con aportes patronales equivalentes al 1% del salario en grandes empresas y 2,5% en PyMES, compensado con reducción de contribuciones al sistema previsional. Despido por embarazo: se elimina la posibilidad de solicitar reincorporación, limitando la respuesta estatal a una indemnización agravada. Banco de horas: permite compensar horas extras con descanso en lugar de pago. Teletrabajo: derogación de la ley que reconocía explícitamente las tareas de cuidado dentro de la relación laboral. Período de prueba: extensión a seis meses para trabajadoras de casas particulares, cuando antes era de 15 días.

Según el informe, estos cambios podrían generar mayor flexibilidad laboral pero también nuevas tensiones en materia de estabilidad e ingresos, particularmente en sectores con alta presencia femenina.

Un debate económico que trasciende el 8M

El informe del CEPA llega en un momento de fuerte discusión pública sobre el rumbo económico del país. El gobierno nacional sostiene una estrategia centrada en orden fiscal, reducción del gasto y desregulación del mercado laboral, mientras distintos centros de estudios advierten sobre impactos sociales diferenciados.

Las cifras presentadas no resuelven el debate. Pero sí introducen un elemento que vuelve cada año en la agenda del 8 de marzo: la economía no es neutral. Las decisiones fiscales, laborales y presupuestarias reordenan incentivos, recursos y oportunidades.

La discusión que se abre hacia adelante no será solo estadística. También será política: cómo se distribuyen los costos del ajuste y quiénes quedan más expuestos en el nuevo equilibrio económico.

8M 2026 en Perspectiva Económica by CristianMilciades

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Rige la Reforma Laboral: cómo serán los despidos e indemnizaciones

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El Gobierno promulga la reforma laboral y crea el Fondo de Asistencia Laboral que cambia el esquema de indemnizaciones. Un nuevo sistema para los despidos entra en vigencia y reconfigura la relación entre empresas y trabajadores

El Gobierno promulgó este viernes una reforma laboral que introduce un cambio estructural en el régimen de indemnizaciones del sector privado. La nueva normativa crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización financiado por aportes mensuales de los empleadores que busca reemplazar el modelo tradicional de pago directo de indemnizaciones al momento del despido.

La reforma, que ya entró en vigencia tras su promulgación por el presidente Javier Milei, redefine cómo se financian y calculan las compensaciones por finalización de la relación laboral. A partir de ahora, cada empresa deberá constituir un fondo específico mediante contribuciones periódicas, con cuentas individuales administradas por entidades privadas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El cambio introduce una lógica distinta en la gestión del riesgo laboral: en lugar de enfrentar un pago contingente al momento de un despido, las empresas deberán acumular recursos de manera anticipada. La pregunta que se abre en el escenario político y económico es si el nuevo esquema logrará equilibrar previsibilidad para las empresas sin debilitar el sistema de protección laboral vigente.

El nuevo marco institucional de las indemnizaciones

El Fondo de Asistencia Laboral funciona como un mecanismo de capitalización obligatoria destinado a cubrir las obligaciones que surgen al finalizar una relación laboral. Cada empleador debe abrir una cuenta individual en una entidad habilitada por la CNV, donde se acumularán los aportes mensuales destinados a cubrir eventuales indemnizaciones.

El saldo depositado en esas cuentas es inembargable y queda separado del patrimonio general de la empresa. Esto implica que los recursos quedan protegidos para su destino específico: afrontar pagos derivados de la extinción del vínculo laboral.

El fondo no opera como un seguro de desempleo tradicional. Su utilización está limitada a tres situaciones concretas: Indemnización por despido sin justa causa. Acuerdos de desvinculación por mutuo consentimiento. Fallecimiento del trabajador

En cambio, no se activa en casos de renuncia o jubilación. En esas situaciones, los montos acumulados no se transfieren al trabajador sino que permanecen dentro del fondo empresarial para cubrir contingencias futuras de otros empleados.

La reforma establece además requisitos para acceder a la cobertura. El trabajador debe estar registrado formalmente y contar con al menos doce meses de antigüedad, mientras que el empleador debe haber realizado seis contribuciones mensuales consecutivas al sistema antes de poder utilizar los recursos.

Quedan excluidos del esquema los trabajadores no registrados y aquellos que pertenecen a sectores que ya cuentan con regímenes específicos de indemnización, como la construcción o el servicio doméstico.

Aportes obligatorios y administración privada

El financiamiento del sistema recae exclusivamente en los empleadores. La normativa fija contribuciones mensuales obligatorias que varían según el tamaño de la empresa: 1% del salario bruto de cada trabajador para grandes empresas y 2,5% del salario bruto para micro, pequeñas y medianas empresas

El Poder Ejecutivo mantiene la facultad de elevar esas alícuotas —con aprobación del Congreso— hasta 1,5% para grandes firmas y 3% para MiPyMEs.

Los fondos podrán recibir además aportes voluntarios, donaciones y rendimientos derivados de inversiones realizadas por las entidades administradoras.

Desde el punto de vista tributario, los recursos acumulados quedan exentos del Impuesto a las Ganancias y no tributan IVA, con excepción de las comisiones que cobren las entidades por la administración del sistema.

La responsabilidad del Estado Nacional se limita al marco regulatorio. La gestión de los recursos queda en manos de entidades privadas autorizadas por la CNV, que deberán verificar los requisitos legales ante cada solicitud de utilización del fondo.

Cuando se produce una desvinculación laboral, el empleador presenta una declaración jurada con los datos del trabajador y la liquidación correspondiente. Una vez validada la operación, la entidad administradora debe transferir el monto al trabajador en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Nueva fórmula para calcular indemnizaciones

La reforma también modifica el cálculo de la indemnización por despido sin causa.

El monto pasa a determinarse exclusivamente sobre la base de la remuneración mensual, normal y habitual del trabajador, dejando fuera conceptos que no se perciben mensualmente. Entre ellos: el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y los proporcionales de vacaciones

La normativa establece que el monto calculado bajo esta fórmula constituye la única y total reparación por la ruptura del vínculo laboral, lo que restringe la posibilidad de sumar otros conceptos a través de interpretaciones administrativas o jurisprudenciales.

En paralelo, se redefine el sistema de actualización de créditos laborales cuando existen demoras en el pago o litigios judiciales. A partir de ahora, los montos se ajustarán según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés anual fijo del 3%.

El objetivo declarado del nuevo mecanismo es introducir mayor previsibilidad en los cálculos y evitar divergencias en las liquidaciones finales.

Responsabilidad residual de las empresas

Aunque el fondo busca cubrir las obligaciones indemnizatorias, la reforma establece una cláusula clave: la responsabilidad final sigue recayendo sobre el empleador.

Si el saldo acumulado en la cuenta individual resulta insuficiente para cubrir la indemnización correspondiente, la empresa deberá pagar la diferencia con recursos propios.

A su vez, el trabajador conserva el derecho de iniciar acciones judiciales si considera que la liquidación no cubre la totalidad de sus créditos laborales.

La normativa incorpora también un incentivo para las empresas: aquellas que puedan demostrar que el saldo de su cuenta cubre la totalidad de sus contingencias laborales potenciales podrán solicitar la suspensión de las contribuciones obligatorias.

Impacto político y económico de la reforma

La puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral introduce una transformación relevante en el funcionamiento del mercado laboral formal.

Desde la perspectiva empresarial, el nuevo esquema apunta a reducir la incertidumbre financiera que generan las indemnizaciones en caso de despidos masivos o litigios laborales.

Para el sistema laboral, en cambio, el cambio abre un debate sobre el alcance real de la protección indemnizatoria, especialmente por la modificación en la base de cálculo y la exclusión de algunos conceptos que históricamente formaban parte de las compensaciones.

En términos institucionales, la reforma también redefine el rol del Estado: la gestión del sistema se traslada al sector privado, mientras que el Gobierno conserva la capacidad de modificar alícuotas con aval legislativo.

Un cambio estructural en las relaciones laborales

La reforma laboral vigente inaugura una nueva arquitectura en el sistema de indemnizaciones del sector privado.

El paso de un esquema de pago contingente a uno de capitalización anticipada reordena las obligaciones empresariales y redefine los tiempos de financiamiento de las desvinculaciones laborales.

Sin embargo, su impacto real dependerá de cómo evolucionen las relaciones laborales en el nuevo marco regulatorio y de la capacidad del sistema para absorber las tensiones que históricamente acompañan cualquier modificación en las reglas del trabajo.

En las próximas semanas comenzará a verse cómo las empresas implementan el fondo y qué efectos concretos genera en la dinámica del empleo formal.

Por ahora, el cambio ya está en marcha.

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Vivar y la paradoja: cuatro cuadras de cola por 35 puestos y nuevas inversiones en Posadas

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La escena fue tan impactante como elocuente: dos vueltas completas a la manzana, más de cuatro cuadras de cola sobre la avenida Uruguay al 3969, en Posadas. No era el lanzamiento de una promoción ni la apertura de una cadena internacional. Era una convocatoria laboral. Apenas 35 puestos iniciales en el supermercado Vivar bastaron para que cientos de personas se presentaran con currículum en mano desde las dos de la madrugada.

La imagen se viralizó en redes sociales y rápidamente se convirtió en símbolo de un momento económico que combina inversión privada y retracción del consumo, crecimiento puntual y fragilidad estructural. Una postal que interpela y que contrasta con la versión de la economía que dio el presidente Javier Milei en la noche del domingo, durante la apertura de las sesiones del Congreso, donde dijo que creció el empleo y que el salario se triplicó en dólares. Lo cierto es que sucede lo inverso. Casi 300 mil empleos perdidos -diez mil en Misiones- y 22 mil empresas menos, aunque algunas se animan a abrir, como el supermercado posadeño, en un desafío a las estadísticas que muestran caída de consumo.

Al frente del proyecto está Tamara Georgia Wurm, una de las propietarias del emprendimiento familiar que decidió hacerse cargo del local cuando el negocio anterior estaba a punto de cerrar. Lo que no esperaban era la magnitud de la respuesta.

“Nosotros no esperábamos en absoluto esta convocatoria. Ya a las dos de la mañana hubo gente haciendo cola. Cuando abrimos a las ocho, había personas que estaban hace muchas horas. Fueron dos vueltas completas a la manzana”, relató en diálogo con Open 101.7.

La empresaria describió la jornada como “linda pero dura”. No solo por la organización que implicó recibir cientos de currículums hasta las nueve de la noche, sino por las historias detrás de cada rostro.

“Conocimos mucha gente de todo tipo, de todas las edades. Personas buscando su primer trabajo, gente con veinte años de experiencia, un arquitecto, un docente que no pudo dar clases ese día, un profesor de música que pidió que lo cubran, y a la noche terminé con un albañil que venía de una jornada de doce horas y había venido igual a buscar una oportunidad laboral”, contó.

La escena deja entrever un fenómeno más amplio: trabajadores formales que necesitan complementar ingresos, profesionales que no logran sostener su actividad, y oficios que ya no garantizan estabilidad. La caída del poder adquisitivo y el cierre de locales en distintos puntos de la ciudad conviven, paradójicamente, con nuevas apuestas de inversión.

Invertir en la retracción

Vivar no es un proyecto improvisado. El local ya funcionaba como paseo de compras y anteriormente había sido sede de grandes supermercados históricos de la ciudad. Wurm y su familia decidieron tomar el control como un proyecto propio, con una fuerte apuesta a la ampliación de rubros.

El supermercado incorpora panadería, carnicería, rotisería, pastelería, fiambrería, venta de electrodomésticos y proyecta ampliar horarios, abrir los domingos y desarrollar la modalidad online, que también demandará mano de obra.

“Queremos empezar con 35 personas, pero la inversión es grande y vamos a seguir tomando gente durante todo el año. El supermercado es un rubro muy dinámico, muy demandante, hacen falta manos”, explicó.

La decisión de avanzar en este contexto no respondió -según reconoce- a un análisis macroeconómico favorable, sino a una oportunidad concreta y a un sueño familiar. “No sé si era el mejor momento del país, pero era la oportunidad que tuvimos”, admitió.

El desafío no es menor. Posadas compite con cadenas nacionales, mayoristas de peso y con la cercanía de Paraguay como polo de precios más bajos. En ese escenario, la estrategia pasa por el ingenio.

“Hay que ofrecer lo que otro lugar no te puede ofrecer. Estar más cerca del cliente, calidad, ingenio. Paraguay es una competencia fuerte y en Posadas tenemos las cadenas más importantes del país”, sostuvo Wurm.

El proyecto también incorpora una impronta inclusiva. La empresaria destacó que ya cuentan con empleados con discapacidad y mencionó el caso de Thiago, uno de los trabajadores, como símbolo del perfil que buscan construir: un supermercado con visión comercial, pero también social.

La fila como síntoma

Las cuatro cuadras de cola no son solo una anécdota empresarial exitosa. Son, sobre todo, un termómetro social. En una ciudad que muestra obras públicas, inversiones privadas y nuevos proyectos comerciales, la masiva búsqueda de empleo evidencia que el mercado laboral atraviesa tensiones profundas, más allá del fervor del presidencial.

El contraste es evidente: mientras algunos sectores se animan a expandirse, cientos de personas madrugan para competir por un puesto. La necesidad y las ganas de trabajar, como dijo la propia Wurm, conviven en la misma fila.

En tiempos donde la economía se mide en estadísticas, aquella mañana sobre la avenida Uruguay ofreció otra clase de indicador: el de la urgencia. Una fila que, más que rodear una manzana, rodeó una pregunta incómoda sobre el estado real del empleo y el poder adquisitivo en la capital misionera.

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