MILEI

La Policía Federal complica a Milei en el caso $LIBRA y pone en duda su versión sobre el origen del tuit

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La investigación judicial sobre el caso $LIBRA sumó un elemento que podría resultar determinante para esclarecer el rol del presidente Javier Milei en el lanzamiento de la criptomoneda que terminó convertida en uno de los mayores escándalos financieros de la actual administración.

Un informe técnico elaborado por la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina concluyó que el contrato inteligente necesario para adquirir el token fue difundido públicamente por primera vez a través del mensaje publicado por Milei el 14 de febrero de 2025. La conclusión contradice la defensa esgrimida por el mandatario, quien sostuvo que simplemente había replicado información que ya circulaba en internet.

Según el peritaje incorporado a la causa que instruye el fiscal Eduardo Taiano, antes de la publicación presidencial no existían registros públicos que permitieran acceder al contrato de compra de $LIBRA. El documento técnico sostiene que, al momento de la emisión del token, éste no se encontraba listado en exchanges centralizados, por lo que el acceso inicial dependía exclusivamente de la información proporcionada por los desarrolladores del proyecto o de quienes tenían control directo sobre la billetera de origen.

La conclusión tiene implicancias relevantes: si el contrato no era de conocimiento público, la información debió haber sido suministrada al Presidente por integrantes del equipo creador o por personas vinculadas al lanzamiento.

Una billetera, un creador

El informe también reconstruye la génesis de la criptomoneda. Los investigadores determinaron que una única billetera fue utilizada para crear el activo digital y distribuir los primeros tokens. Esa wallet, identificada como “Team Libra 1”, aparece vinculada a Kelsier Ventures, la firma controlada por el empresario estadounidense Hayden Davis.

La secuencia temporal reconstruida por la Policía Federal muestra que, tras la creación del token, la siguiente acción relevante fue la publicación realizada desde la cuenta oficial de Milei. En ese mensaje, el Presidente promocionaba el proyecto, difundía el enlace a la página Viva La Libertad Project e incluía el código del contrato indispensable para adquirir la criptomoneda.

El informe considera que la concentración inicial de liquidez en manos de un único actor otorgaba a los desarrolladores un control absoluto sobre el comportamiento del activo, una característica que suele observarse en maniobras conocidas como “pump and dump”, donde se impulsa artificialmente el valor de un activo para luego liquidar posiciones con ganancias extraordinarias, dejando pérdidas al resto de los inversores.

Las comunicaciones previas al lanzamiento

La investigación judicial también incorporó evidencia proveniente del teléfono celular del trader Mauricio Novelli, uno de los principales nexos entre Milei y los promotores del proyecto.

De acuerdo con los peritajes ya conocidos, durante los minutos previos, simultáneos y posteriores a la publicación presidencial se registró una intensa secuencia de comunicaciones entre Novelli y distintos integrantes del entorno presidencial. Entre los interlocutores aparecen Karina Milei, el asesor Santiago Caputo, el entonces titular del Consejo de Asesores, Demian Reidel, y el propio Presidente.

Los hallazgos refuerzan la hipótesis de que el lanzamiento de $LIBRA no fue un acontecimiento espontáneo ni ajeno al círculo presidencial, sino una operación coordinada cuya difusión dependía en gran medida de la intervención del mandatario.

Contratos y pagos bajo investigación

Otro de los elementos que generan preocupación judicial son los borradores de contratos encontrados en el dispositivo de Novelli.

Entre los documentos analizados figura un esquema de pagos por hasta cinco millones de dólares vinculado al proyecto. Uno de los apartados contempla una remuneración de 1,5 millones de dólares asociada específicamente a una publicación presidencial en redes sociales. También aparecen referencias a la participación de Karina Milei y de la firma Kelsier Ventures en distintas etapas del acuerdo.

Si bien los investigadores aún deben determinar la autenticidad y ejecución efectiva de esos compromisos, los documentos se incorporaron como evidencia relevante dentro de una causa que ya explora posibles delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude financiero.

El rol de Hayden Davis

Las declaraciones públicas del empresario Hayden Davis también quedaron bajo la lupa.

En entrevistas posteriores al colapso de $LIBRA, Davis afirmó haber estado en contacto con representantes del Presidente durante el lanzamiento del proyecto. Incluso sostuvo que Milei estaba al tanto de las acciones que se desarrollarían y que mantenía comunicación con personas presentes durante la operación.

La Justicia también busca reconstruir el destino de una serie de transferencias realizadas por Davis durante los días previos al lanzamiento, incluyendo movimientos efectuados el mismo día en que visitó la Casa Rosada y se fotografió junto al mandatario.

Uno de los desafíos centrales de la investigación es lograr la identificación de las billeteras que recibieron los fondos obtenidos durante la operatoria. Los especialistas reconocen que la estructura utilizada para el token dificulta el rastreo de los beneficiarios finales.

Una causa que sigue creciendo

El informe de la Policía Federal no determina responsabilidades penales, pero sí aporta elementos que debilitan uno de los principales argumentos públicos esgrimidos por Milei: que había compartido una iniciativa privada sin conocimiento previo de sus detalles.

Por el contrario, la evidencia técnica sugiere que el contrato necesario para adquirir la criptomoneda no estaba disponible públicamente antes de la publicación presidencial y que el acceso a esa información estaba restringido a los desarrolladores y a su círculo más cercano.

Mientras la Justicia avanza sobre el rastreo de fondos y las relaciones entre los distintos protagonistas, el expediente continúa acumulando pruebas que buscan establecer si el lanzamiento de $LIBRA fue una iniciativa privada fallida o una maniobra organizada que utilizó la influencia presidencial como herramienta central para atraer inversores.

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Ante la paralización de obras nacionales, Misiones apuesta a la inversión para sustentar el empleo en la construcción

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El gobernador Hugo Passalacqua recibió este martes a autoridades de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) Delegación Posadas para analizar el impacto que genera en Misiones la paralización de la obra pública nacional, una situación que afecta de manera directa al empleo y a la actividad económica vinculada al sector de la construcción.

Durante la reunión se analizaron distintos ejes vinculados a la situación actual de la construcción en Misiones. Entre ellos, la emergencia ocupacional que atraviesa la actividad desde principios de 2024, el impacto de la paralización de obras financiadas por el Estado nacional y las alternativas disponibles para sostener el empleo mediante proyectos impulsados con recursos provinciales.

Asimismo, se evaluaron mecanismos de acompañamiento para las familias afectadas por la pérdida de puestos de trabajo y la posibilidad de profundizar gestiones institucionales orientadas a destrabar financiamiento para obras que registran importantes niveles de ejecución en distintos puntos de la provincia.

En ese marco, también se repasaron iniciativas de infraestructura anunciadas por el gobernador Hugo Passalacqua durante la apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes, vinculadas a conectividad vial, vivienda y desarrollo territorial, consideradas estratégicas para sostener la actividad económica y el empleo en el sector.

La construcción, uno de los sectores más afectados por la retracción de la obra pública

Durante la reunión, los representantes gremiales expusieron la situación que atraviesa actualmente el sector y señalaron que la paralización de proyectos nacionales generó un fuerte impacto sobre el empleo en la construcción, afectando a miles de trabajadores en toda la provincia.

El secretario general de la UOCRA Posadas, Héctor Vallejos, remarcó la importancia estratégica que tiene la actividad para la economía provincial.

“Sabemos que la industria de la construcción es madre de industrias, mueve todos los sectores y las economías regionales. También otras industrias como la madera y la metalúrgica”, expresó.

Asimismo, destacó la necesidad de continuar impulsando inversiones en infraestructura y soluciones habitacionales como herramientas para sostener el empleo y generar desarrollo.

“Cuando el gobernador se reunió con los mandatarios del Norte Grande para pedir obras de infraestructura, nosotros también le planteamos una cuestión más que importante que es un factor de orden social: la vivienda, por el alto déficit que todavía tenemos en la provincia. También es infraestructura y permite a las personas acceder a la salud y a la educación”, sostuvo.

Durante el encuentro también se repasó el estado de distintas gestiones vinculadas a proyectos de infraestructura que se encuentran pendientes de financiamiento nacional, así como la necesidad de continuar reclamando la liberación de recursos para obras que ya presentaban importantes niveles de ejecución.

Obras provinciales para sostener la actividad

En el marco de la reunión se destacó el esfuerzo realizado por la Provincia para sostener obras estratégicas con recursos propios frente a la retracción de la inversión nacional.

Entre las iniciativas mencionadas figuran la pavimentación de la Ruta Provincial N.º 15 entre Colonia La Flor y la Ruta Provincial N.º 2, la construcción del puente sobre el arroyo Pindaytí entre Santa Rita y Colonia Aurora, además de diversas obras de infraestructura educativa, sanitaria y habitacional que continúan ejecutándose con financiamiento provincial.

También se repasaron las gestiones de financiamiento internacional impulsadas por el Gobierno de Misiones para avanzar con proyectos vinculados a la repavimentación de la Ruta Provincial N.º 17, la construcción del puente sobre el arroyo Piray Miní, mejoras de conectividad para Pozo Azul, Santiago de Liniers y 9 de Julio, la pavimentación de la Ruta Provincial N.º 205 en Fachinal y las intervenciones previstas sobre la Ruta Nacional N.º 14 entre Leandro N. Alem y Campo Viera.

En materia habitacional, se destacó la continuidad de programas provinciales orientados a reducir el déficit de viviendas mediante distintas líneas de acción ejecutadas por el IPRODHA, el fortalecimiento del Plan Techo y la construcción de nuevas unidades habitacionales en distintos municipios de la provincia.

Capacitación y contención para los trabajadores

Otro de los ejes abordados fue el fortalecimiento de las instancias de formación laboral que la UOCRA desarrolla a través del Centro de Formación Profesional N.º 17.

Las capacitaciones son gratuitas, abiertas a toda la comunidad y abarcan oficios vinculados a la construcción, incluyendo electricidad domiciliaria, instalaciones sanitarias, albañilería, pintura, revestimientos y construcción en seco, entre otras especialidades.

Vallejos destacó que la capacitación constituye una herramienta fundamental para ampliar oportunidades laborales y preparar mano de obra calificada para futuras etapas de recuperación de la actividad.

“Seguimos formando y capacitando tanto a trabajadores como a trabajadoras para el sector, ya sea para el trabajo en relación de dependencia o independiente. Creemos que en algún momento la actividad va a mejorar y es importante contar con mano de obra local formada y capacitada para acceder a nuevas oportunidades”, afirmó.

Asimismo, se analizaron mecanismos de acompañamiento social destinados a las familias que se vieron afectadas por la pérdida de puestos de trabajo, mediante acciones coordinadas entre organismos públicos, entidades gremiales y organizaciones vinculadas a la asistencia comunitaria.

La reunión contó con la participación del gobernador Hugo Passalacqua; el secretario general de la UOCRA Delegación Posadas, Héctor Vallejos; el director del Centro de Formación Profesional N.º 17, Saúl Koopermann; el coordinador de la escuela de formación, Darío Vallejos; el representante del área social de OSPeCon, Guillermo Dos Reis; el jefe administrativo de la obra social, Javier Sánchez; y representantes de la organización sindical Alfredo Ayala, Ramón Esteban Solei y Nelson Solei.

Al finalizar el encuentro, las partes coincidieron en la importancia de sostener el diálogo permanente y la búsqueda conjunta de soluciones frente a un escenario complejo para la actividad.

“La conclusión de esta reunión es seguir apuntando al trabajo en conjunto, al trabajo, a la salud, a la educación y a la contención. Nosotros venimos a construir, no a destruir. Construyamos juntos una sociedad más justa, más equitativa y más solidaria”, concluyó Vallejos.

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Milei sale a conquistar provincias con una gira para fortalecer a La Libertad Avanza

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El Gobierno de Javier Milei comenzó a proyectar el escenario electoral de los próximos años, y en ese sentido, la Casa Rosada ya trabaja en una estrategia destinada a fortalecer la presencia de La Libertad Avanza en las provincias donde el oficialismo todavía tiene una estructura limitada.

El objetivo es claro: ampliar la base política del espacio, consolidar dirigentes propios y llegar mejor posicionado a la disputa presidencial de 2027.

En ese marco, el presidente Javier Milei prepara una serie de viajes por distintos puntos del país durante el segundo semestre de 2026. La intención es recorrer distritos que hasta ahora quedaron fuera de su agenda presidencial y reforzar la construcción territorial del partido.

Dentro del oficialismo reconocen que existen provincias donde la presencia libertaria aún es reducida y donde el Presidente nunca realizó visitas oficiales desde su llegada al poder.

Entre los destinos que aparecen bajo análisis figuran La Pampa, La Rioja y otros distritos del interior que no formaron parte de los recorridos más frecuentes del mandatario durante los últimos años.

La planificación surge de un relevamiento interno que identificó aquellas jurisdicciones donde la marca La Libertad Avanza todavía no logró desarrollar una estructura sólida o donde el despliegue político es menor en comparación con otros puntos del país.

La idea es que una primera etapa esté enfocada en ganar visibilidad y fortalecer la presencia partidaria. Más adelante, cuando el calendario electoral empiece a cobrar protagonismo, el oficialismo concentrará esfuerzos en los grandes centros urbanos y en las provincias con mayor peso electoral.

Karina Milei, la arquitecta del armado de La Libertad Avanza

La expansión territorial del espacio continúa bajo la conducción de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, considerada la principal responsable de la construcción política de La Libertad Avanza.

Junto a ella trabajan el armador nacional Eduardo ‘Lule’ Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes coordinan el vínculo con referentes provinciales, la organización partidaria y la definición de candidaturas.

La estrategia apunta a consolidar una estructura propia en cada distrito, evitando depender exclusivamente de acuerdos circunstanciales con dirigentes locales.

Paralelamente, el Gobierno analiza qué tipo de alianzas le conviene sostener en cada provincia.

La discusión gira en torno a una pregunta central: ¿conviene competir con candidatos propios o construir acuerdos con mandatarios provinciales para garantizar gobernabilidad y fortalecer la presencia electoral?

Dentro de ese esquema aparecen gobernadores con los que el oficialismo mantiene canales de diálogo fluidos, entre ellos Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Claudio Poggi.

Sin embargo, en el entorno presidencial aclaran que cada situación será evaluada de manera individual y que la prioridad seguirá siendo preservar el control político del sello libertario.

La construcción territorial no se limita a los recorridos presenciales ni a los acuerdos políticos. También incluye una fuerte apuesta a la organización digital.

En los últimos meses, emisarios del oficialismo comenzaron a coordinar acciones con referentes provinciales para fortalecer la difusión de contenidos, amplificar mensajes y mejorar la capacidad de instalación de agenda en redes sociales.

El objetivo es construir una estructura digital propia que funcione de manera articulada en todo el país y que acompañe las actividades del Presidente y de los principales dirigentes del espacio.Una interna que sigue abierta

Detrás de esa estrategia también aparece una de las tensiones más relevantes dentro del universo libertario: la relación entre el armado político encabezado por Karina Milei y los sectores vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo.

Desde el sector que responde a la secretaria general impulsan una organización territorial más amplia y con referentes propios en cada provincia. En cambio, quienes integran el espacio conocido como “Las Fuerzas del Cielo” sostienen una estrategia centrada en la disputa de la conversación pública a través de las redes sociales.

Las diferencias entre ambos grupos se hicieron visibles en distintos episodios durante el último año y forman parte de una discusión más profunda sobre cómo debe construirse el poder libertario hacia adelante.

A pesar de esas tensiones, en la Casa Rosada coinciden en un punto: el desafío de los próximos meses será convertir el respaldo obtenido por Javier Milei en una estructura política capaz de competir en cada rincón del país y sostener el proyecto libertario más allá de la gestión actual.

Con ese objetivo, el oficialismo ya puso en marcha una nueva etapa de expansión territorial que tendrá al Presidente como principal figura de campaña mucho antes de que empiece formalmente la carrera hacia 2027.

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El costo de la coerción geoeconómica

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Por Jeffry Frieden / F&D FMI – Los gobiernos de todo el mundo utilizan cada vez más políticas económicas, como prohibiciones de exportación, sanciones financieras y aranceles comerciales, para lograr objetivos no económicos. Los beneficios de estas políticas geoeconómicas pueden ser significativos, ya que cumplen un propósito geopolítico sin amenazar ni utilizar la fuerza militar—y sin los altos costes humanos y económicos de la guerra. Quizá el mundo debería darle la bienvenida a esto.

Sin embargo, las políticas coercitivas pueden resultar costosas para las naciones que las imponen. Por muy atractivo que pueda ser utilizar políticas económicas con fines coercitivos, a veces los beneficios no compensan el coste.

Conexión estrecha

La política internacional y la economía internacional siempre han estado estrechamente entrelazadas. La era del mercantilismo que prevaleció desde el siglo XV hasta principios del XIX se organizó explícitamente en torno a la interacción entre la destreza económica y militar. En su obra de 1618 Un discurso sobre la invención de barcos, anclas, brújula etc.c, el explorador Sir Walter Raleigh, teórico y practicante del mercantilismo inglés, opina: “Quien domina el mar, manda el comercio; quien domina el comercio del mundo domina las riquezas del mundo y, en consecuencia, del mundo mismo.”

Las políticas mercantilistas utilizaban el control militar sobre rutas marítimas y colonias para extraer recursos de socios comerciales y posesiones ultramarinas, y utilizaban esos recursos para financiar gastos militares adicionales. Durante varios cientos de años, los conflictos y alianzas entre las grandes potencias se reflejaron tanto en sus relaciones militares como económicas.

A medida que Gran Bretaña alejó a los países ricos de Europa del mercantilismo y hacia flujos financieros y comerciales más libres a principios del siglo XIX, las potencias europeas separaron cada vez más la formulación de políticas económicas de la política de las grandes potencias. Aún existían bloqueos y embargos ocasionales, y las políticas económicas se usaban a menudo como instrumento de control colonial. Pero la ideología y la práctica predominantes tendían a mantener las políticas económicas y militares relativamente separadas. Esta era de libre comercio vio un crecimiento económico muy rápido según los estándares históricos, lo que parecía confirmar la sabiduría de separar las relaciones económicas de las diplomáticas.

Sin embargo, mientras los países intentaban alcanzar a Gran Bretaña a finales del siglo XIX y principios del XX, la disputa geopolítica y la carrera por las colonias devolvieron a la geoeconomía al primer plano. Las potencias coloniales reforzaron su control sobre sus imperios, Alemania se creó una esfera de interés económico y político en Europa central, y Estados Unidos consolidó su predominio en el hemisferio occidental durante un periodo de nacionalismo económico creciente que hoy tiene paralelismos.

La Guerra Fría reforzó la conexión entre la geopolítica y la economía: las potencias occidentales en gran medida aislaron a la Unión Soviética y a sus aliados del comercio y la inversión internacionales, incluso mientras la integración económica internacional occidental crecía de forma dramática. Por su parte, los soviéticos y sus aliados, junto con China, mostraron poco interés en la economía mundial.

El fin de la Unión Soviética y la Guerra Fría, junto con el inicio de la globalización a gran escala a finales de los años 80 y principios de los 90, llevaron a la mayoría de los gobiernos a llevar a cabo sus relaciones económicas internacionales con poca preocupación por consideraciones militares u otras geopolíticas. A medida que China y Vietnam, y más tarde las antiguas repúblicas soviéticas y sus aliados, se unieron a la economía mundial, parecía que la aceptación global de la integración económica había superado los peores rasgos de la política de grandes potencias.

Las expectativas a principios del nuevo milenio de que la política internacional y la economía internacional permanecerían separadas resultaron erróneas. La renovada competencia entre las grandes potencias ha abarcado sus relaciones económicas—piensa en las sanciones occidentales contra Rusia y los conflictos comerciales en curso entre China y Estados Unidos. La pandemia global puso de manifiesto los temores de que las largas y complejas cadenas de suministro pudieran poner en peligro el acceso de los países a bienes esenciales. La invasión rusa a gran escala de Ucrania ha traído un conflicto militar importante a Europa de formas que muchos consideraban impensables. No es de extrañar que los gobiernos estén utilizando políticas económicas para abordar las crecientes tensiones geopolíticas que enfrentan.

Beneficios de la coacción

Los gobiernos tienen buenas razones para utilizar políticas económicas con fines geopolíticos. Las sanciones, embargos, aranceles y otras medidas similares pueden coaccionar a los adversarios sin amenaza ni uso de la fuerza. Pueden imponer costes a los países y gobiernos objetivo, inducir a grupos poderosos en el extranjero a presionar a sus propios gobiernos para que cambien de rumbo, y persuadir a los aliados para que colaboren para obligar a un adversario a hacer concesiones.

El atractivo de las políticas geoeconómicas puede ser claro, aunque puede ser difícil de medir. Muchos objetivos geopolíticos son difíciles de cuantificar e incluso difíciles de pensar en términos monetarios. ¿Cuánto vale la seguridad nacional? ¿Cuál es el valor de aislar a un adversario, cimentar una alianza, evitar un posible ataque, evitar una guerra desastrosa?

Aunque los beneficios de las políticas geoeconómicas pueden ser intangibles, muchos de los costes son más directamente económicos y susceptibles de ser analizados. Los responsables políticos, analistas y electores deberían reflexionar sobre los sacrificios implicados, sobre lo que un país puede estar renunciando cuando impone sanciones o aranceles con fines geopolíticos. Esto no significa que deban evitarse tales políticas, solo que se deben tener en cuenta tanto sus beneficios como sus costes.

Costes de la coerción

Las políticas económicas coercitivas suelen imponer costes al país que las utiliza. Esos costes pueden ser de muchas formas: a continuación se presentan algunos ejemplos.

Costes para la eficiencia económica. Casi por definición, las políticas geoeconómicas alejan la economía de un país de sus propósitos más productivos. Restringir las importaciones limita el acceso del país a bienes producidos de forma más eficiente en otros lugares; restringir las exportaciones limita el acceso del país a mercados extranjeros rentables. Las medidas que restringen el movimiento de bienes y capital pueden comprometer la ventaja comparativa de un país y reducir su eficiencia productiva. Este era, al fin y al cabo, el argumento de economistas pro-comercio desde Adam Smith hasta David Ricardo y John Maynard Keynes. Como escribió Keynes, “La comunidad en su conjunto no puede esperar ganar haciendo artificialmente escaso lo que el país quiere.”

Los gobiernos adoptan políticas geoeconómicas porque están dispuestos a sacrificar el bienestar agregado (económico) por fines geopolíticos. Dentro de este objetivo, existen limitaciones específicas que ponen de relieve los compromisos que conlleva la política geoeconómica.

Costes de especialización. La especialización es fundamental para la productividad y el crecimiento económico. La división del trabajo es central para una eficiencia económica más amplia y, como escribió Adam Smith, “La división del trabajo está limitada por la extensión del mercado.” Renunciar deliberadamente a un mercado más amplio limita hasta qué punto una economía nacional puede especializarse de forma útil.

Hay un intercambio más explícito. Las actividades económicas más especializadas son tanto especialmente valiosas como especialmente vulnerables. Son valiosos porque la producción especializada es especialmente rentable, dada su escasez y especificidad. Son vulnerables porque la escasez y la especificidad de la producción especializada también dificultan su reemplazo. Cuanto más especializada es la actividad productiva, mayor es el desafío de prescindir de ella—y más peligroso es depender de ella.

Así, los gobiernos intentarán evitar la dependencia de los productos más especializados de otras naciones. Diversificar los lazos económicos proporciona cierta protección frente a choques económicos y geopolíticos y ayuda a limitar la vulnerabilidad. Pero también puede limitar la eficiencia de una economía y la de sus socios comerciales.

Costes para la innovación. Así como limitar artificialmente el mercado de un país reduce su capacidad de especializarse, también reduce sus incentivos para innovar. Los productores invierten en investigación y desarrollo para obtener ventajas en los mercados, y cuanto mayor es el mercado y más feroz es la competencia, mayor es la razón para hacerlo.

Por otro lado, los controles de exportación que restringen el acceso de una economía objetivo a la tecnología le dan razones sólidas para innovar. La Alemania nazi desarrolló caucho sintético y metadona al enfrentarse a un bloqueo aliado que le cortó el suministro natural de caucho y opio. Aunque esto quizá no fue el uso más eficiente de los recursos alemanes, sí contrarrestó el impacto de las políticas geoeconómicas. Evidencias más recientes muestran que los países sancionados han invertido fuertemente en innovación: Rusia, China e Irán han respondido a las sanciones intensificando la investigación y el desarrollo para intentar reemplazar bienes que ya no están disponibles.

Costes para la credibilidad. La buena reputación de un país es valiosa: anima a otros países a comprometerse con acuerdos potencialmente arriesgados en comercio, finanzas e inversión. Si políticas geoeconómicas como sanciones y congelaciones de activos violan contratos implícitos o explícitos, esto lleva a otros países a cuestionar si pueden confiar compromisos a quienes imponen tales políticas. A medida que la confianza se erosiona, otros gobiernos y empresas privadas están menos dispuestos a arriesgarse a compromisos económicos que podrían ser violados. Esto puede privar a un país de valiosos lazos comerciales, de inversión y financieros, muchos de los cuales dependen de la reputación de fiabilidad de sus socios.

Costes para la política interna. Los costes y beneficios de las políticas geoeconómicas pueden no distribuirse de manera equitativa dentro de la población, lo que puede conducir a conflictos políticos internos. Los efectos negativos de las sanciones o los controles de exportación, por ejemplo, pueden ser graves para las empresas que pierden lazos económicos importantes y rentables. Por otro lado, las políticas geoeconómicas exitosas pueden crear oportunidades especialmente rentables para empresas e industrias que obtienen acceso al mercado o trato favorable. Las empresas nacionales que sufren la imposición de políticas geoeconómicas pueden resentir a quienes se benefician de su éxito. Por tanto, tales políticas pueden ser más difíciles de imponer, menos creíbles o más controvertidas políticamente. Lo último que quieren los líderes nacionales cuando persiguen lo que consideran políticas geopolíticas clave es una reacción política interna—por lo que deben prestar mucha atención a los costes sociales internos de estas políticas.

Imagen completa

Los gobiernos suelen adoptar políticas económicas coercitivas en medio de una lucha geopolítica inmediata. El enfoque comprensible en el objetivo geopolítico a corto plazo —obtener concesiones, evitar daños— puede ocultar los costes económicos a largo plazo. Puede resultar difícil, en pleno conflicto geopolítico, para los responsables políticos tener en cuenta que las sanciones pueden infligir un daño duradero a la reputación financiera o comercial del sancionador, daños que podrían superar la ventaja geoeconómica temporal obtenida.

Las políticas geoeconómicas pueden generar comportamientos deseables en otros países, pero tienen costes e implican compensaciones. Responsables políticos, analistas y ciudadanos necesitan una visión clara de estos costes. Las políticas geoeconómicas pueden limitar el funcionamiento eficiente de la economía, reduciendo los incentivos para especializarse y lograr la máxima eficiencia productiva nacional. Pueden desalentar la innovación nacional pero estimular dicha actividad por parte de rivales extranjeros. Limitan las actividades disponibles para empresas e industrias nacionales. Pueden afectar la reputación de fiabilidad de un país y perjudicar sus perspectivas económicas a largo plazo. Y pueden perjudicar a algunas industrias o grupos en la nación de origen en favor de otros, de formas que pueden ser políticamente controvertidas.

Las políticas geoeconómicas son una herramienta valiosa de la política exterior cuyos beneficios pueden ser sustanciales, especialmente si ayudan a evitar conflictos militares. Sin embargo, hay ocasiones en las que los costes pueden superar los beneficios. Necesitamos una imagen clara de los costes antes de poder determinar si los beneficios netos son positivos.

JEFFRY FRIEDEN es profesor de asuntos internacionales y públicos y ciencias políticas en la Universidad de Columbia y profesor emérito de gobierno en la Universidad de Harvard.

Referencias:

Clayton, Christopher, Antonio Coppola, Matteo Maggiori y Jesse Schreger. 2025. “Presión geoeconómica.” Documento de trabajo NBER 34020, Oficina Nacional de Investigación Económica, Cambridge, MA.

Flynn, Joel, Antoine B. Levy, Jacob Moscona y Mai Wo. 2025. “Riesgo político extranjero y cambio tecnológico.” Documento de trabajo NBER 33964, Oficina Nacional de Investigación Económica, Cambridge, MA.

Gao, Hao, Nemit Shroff y Pengdong Zhang. 2025. “Paradoja de las sanciones: ¿Perjudican las restricciones a la exportación de EE. UU. a la innovación nacional?” Artículo de investigación MIT Sloan 7328-25, Instituto Tecnológico de Massachusetts, Cambridge, MA.

Liu, Xueyue, Yu Liu, Alexey Makarin y Jaya Wen. 2025. “Controles de exportación e innovación en países sancionados.” Documento de trabajo de la Escuela de Negocios de Harvard 25-004, Universidad de Harvard, Cambridge, MA.

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Recuperar la República y rejerarquizar la democracia: la omisión que hiere la justicia

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En la Argentina, la designación de jueces federales y nacionales es un procedimiento  solemne: propuesta del Ejecutivo, acuerdo del Senado y decreto presidencial. Tres pasos  que conforman un acto complejo y que garantizan equilibrio entre poderes. Pero cuando  el Presidente, tras enviar el pliego y obtener el acuerdo, se abstiene de firmar el decreto, se produce una lesión republicana que erosiona la credibilidad institucional y vulnera  derechos fundamentales. 

La contradicción institucional 

El Ejecutivo activa el procedimiento, compromete al Senado y expone al candidato. Luego, se “hace el distraído”. Esa omisión no es neutra: es un veto encubierto que contradice la  lógica republicana. 

Como señala Bidart Campos en su Tratado Elemental de Derecho  Constitucional Argentino, la discrecionalidad presidencial no puede transformarse en  arbitrariedad, porque ello desnaturaliza la división de poderes.  

Derechos vulnerados 

El candidato que atravesó concurso y obtuvo acuerdo queda en un limbo.  

– Se vulnera el derecho a la igualdad y al acceso a cargos públicos (art. 16 CN).  – Se viola el principio de razonabilidad (art. 28 CN).  

– Se afecta el servicio de justicia, privando a la sociedad de jueces naturales. 

La Corte Suprema, en el fallo Rosza (2007), “Rosza, Carlos Alberto” del 23 de mayo de 2007,  declaró inconstitucional el sistema de jueces subrogantes (suplentes) que utilizaba el  Consejo de la Magistratura. El tribunal determinó que la designación de estos jueces  temporales violaba la garantía del juez natural y la independencia del Poder Judicial, ya  que el proceso omitía la participación conjunta y necesaria del Consejo, el Poder Ejecutivo  Nacional y el Senado, tal como exige la Constitución para los jueces titulares y que  cualquier desviación afecta el principio republicano y el derecho al juez natural. 

Motivaciones subalternas 

La sospecha de parentescos incómodos o vínculos con periodistas críticos del gobierno  agrava la percepción de arbitrariedad. Como advierte Sagüés, la desviación de poder es  incompatible con el sistema republicano y con el deber de garantizar justicia. Tal como se  desprende de la doctrina de Néstor Pedro Sagüés en sus estudios sobre la patología de la  arbitrariedad, la desviación de poder resulta intrínsecamente incompatible con el diseño  republicano. Para el autor, el desvío de las finalidades normativas desnaturaliza la  legitimidad del ejercicio del poder, imponiendo a los magistrados el deber imperativo de  intervenir para restablecer la supremacía constitucional y garantizar una justicia efectiva.” 

El juez ya es juez del sistema

El concurso y el acuerdo del Senado no son trámites vacíos: reconocen que el candidato  reúne las condiciones para integrar el Poder Judicial. Aunque el juzgado aún no esté creado, el juez ya es juez del sistema. Negar la designación equivale a vaciar de contenido  el concurso y frustrar la finalidad republicana. 

Ecos de la doctrina constitucional comparada 

Alexander Hamilton, Federalist No. 78 (1788): “La independencia de los jueces es esencial  para la preservación de la Constitución y de los derechos de los individuos”. La omisión  presidencial contradice este principio, porque convierte la designación en rehén de  intereses políticos.  

John Marshall, Marbury v. Madison (1803): estableció que “es deber del Poder Judicial  decir qué es la ley”. La independencia judicial es la garantía de que la Constitución no se  convierta en letra muerta.  

Alexis de Tocqueville, La Democracia en América: advirtió que los jueces son “los árbitros  de la Constitución” y que su independencia es el baluarte contra la tiranía de las mayorías.  

La comparación revela que, tanto en Argentina como en Estados Unidos, la independencia  judicial es el núcleo de la República. La discrecionalidad presidencial que bloquea  designaciones erosiona ese núcleo y convierte la justicia en un terreno de sospechas. 

Conclusión 

La omisión presidencial tras el acuerdo del Senado no es un acto administrativo menor: es  una lesión republicana, una vulneración de derechos y una contradicción institucional que  mina la credibilidad del sistema. En palabras de Hamilton, “no hay libertad si el poder de  juzgar no está separado del legislativo y del ejecutivo”. Y en la visión de Tocqueville, la  democracia se sostiene en jueces independientes que limitan el poder. Porque el poder,  sin límites, se convierte en sombra; y la democracia, sin justicia independiente, se  disuelve en apariencia. Jerarquizar la República es recordar que el límite del poder es la  condición de la libertad. Y la libertad, encendida y plena, no es sólo la ausencia de  cadenas: es la posibilidad de elegir con dignidad, de vivir sin miedo y de confiar en que  la justicia será siempre más fuerte que la arbitrariedad

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