MILEI

Comenzó el paro general de la CGT contra la reforma laboral de Milei

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La CGT inició en los primeros minutos de este jueves su cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei, mientras que otros espacios sindicales sumarán a la medida de fuerza una movilización a las puertas del Congreso, donde la Cámara de Diputados tratará el proyecto de reforma laboral.

Se prevé una jornada con poca actividad por el parate de la totalidad del transporte público, lo que incluye a los colectiveros de la UTA, que integra la CGT aunque no su consejo directivo.

El proyecto que introduce importantes cambios en la legislación del trabajo fue objeto de dos movilizaciones en rechazo de parte de la CGT: una en diciembre en Plaza de Mayo y otra la semana pasada en la Plaza del Congreso, y motivó ahora la primera huelga luego de que la iniciativa consiguiera media sanción.

El secretario del Seguro y miembro del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, ratificó el paro nacional por 24 sin movilización y aseguró que “la Argentina se paralizará de punta a punta”.

La CGT ratificó el paro de 24 horas para este jueves: “La Argentina se paralizará de punta a punta”
En una rueda de prensa en la sede de la calle Azopardo, y junto a los otros dos cosecretarios de la central obrera, Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), Sola aseguró que “no están en contra de una reforma laboral, pero sí de perder derechos”.

Por su parte, un grupo de gremios “duros” de la CGT (UOM, Aceiteros y Pilotos, entre otros), junto a la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, y sindicatos “clasistas” de izquierda, decidieron reforzar la huelga con una marcha al Congreso, tal como sucedió la semana pasada cuando la reforma laboral se trató en el Senado.

“Este proyecto de ley que estamos tratando que es de clara inconstitucionalidad, no se puede tratar en instancias extraordinarias porque solamente se discute el proyecto del Ejecutivo y a las representaciones sindicales de millones de trabajadores solamente nos otorgan 5 minutos para abordar un tema de más de 200 artículos”, sostuvo este miércoles el titular de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy.

Lo dijo al exponer en el debate de comisión en Diputados, antes de que el proyecto se trate en el recinto este jueves.

Se espera que con el cambio de la eliminación del polémico artículo de las licencias, el proyecto sea aprobado en Diputados y vuelva al Senado para tratarse allí la semana próxima.

En caso de convertirse en ley, el sindicalismo iniciará el trámite de la judicialización de la reforma laboral, pese a que en el camino se fueron excluyendo del expediente algunas iniciativas que generaban malestar en la CGT, como la cuota sindical.

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El gobierno de Milei ya es el tercero con mayor frecuencia de paros generales

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El paro general del 19 de febrero de 2026 fue convocado por la CGT por 24 horas y sin movilización, en simultaneidad con el tratamiento en la Cámara de Diputados de la reforma laboral. Las objeciones sindicales incluyen aspectos referidos a licencias, servicios esenciales, asambleas sindicales, indemnizaciones, vacaciones y banco de horas, entre otros puntos.

La Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, a través de su Observatorio de la Calidad Institucional, presenta un nuevo informe de su director, Marcelo Bermolén, que analiza el paro general número 46 desde el retorno de la democracia y el cuarto durante la gestión del presidente Javier Milei. Además, lo contextualiza dentro de la secuencia histórica de paros generales de los últimos 42 años en la Argentina.

Desde 1983 se registraron 46 paros generales: 30 durante gobiernos no peronistas y 16 bajo administraciones peronistas (65,22% vs. 34,78%). El informe compara, además, promedios por gestión: 7,5 paros por mandato en las administraciones no peronistas (incluido un mandato en curso) frente a 2,29 en las peronistas.

“Son 46 paros generales, de los cuales 30 se han hecho a cuatro presidentes no peronistas: Alfonsín, De la Rúa, Macri y Milei, en apenas 14 años de gobierno. En cambio, hubo 16 paros generales a cinco presidentes peronistas, que cumplieron siete mandatos, en 28 años de gobierno. La desproporción es enorme”, destaca Marcelo Bermolén, autor del informe.

“Cuando uno desmenuza la cantidad de paros en función de la ideología de los gobiernos, se da cuenta de que hay un sesgo muy claro: los sindicatos son hostiles con los gobiernos no peronistas y benévolos con los peronistas”, añade Bermolén.

A 802 días de su asunción, Milei suma cuatro paros generales y registra un paro cada 200 días de gobierno, quedando tercero en el ranking histórico de frecuencia detrás de Fernando de la Rúa (un paro cada 92 días) y Raúl Alfonsín (cada 157 días). El estudio también señala que el intervalo entre el tercer y el cuarto paro de esta gestión fue de 312 días, el más largo para ese tramo en la comparación histórica.

“El único presidente que no tuvo ningún paro nacional fue Alberto Fernández. En contraste, apenas 45 días después de iniciado el gobierno de Javier Milei llevaron adelante el paro más rápido a un presidente constitucional de la Argentina. Eso es tan manifiesto que no admite discusión”, detalla.

El informe resalta, además, que febrero es un mes inusual para paros generales: en más de cuatro décadas solo se registraba un antecedente (24/02/2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa), también vinculado a una reforma laboral.

En cuanto a los motivos predominantes a lo largo del período 1983–actualidad, el 74% de las medidas (34 de 46) se vincula con reclamos contra la política económica, y 4 paros generales estuvieron asociados a reformas laborales o intentos de flexibilización (dos durante Menem, uno durante De la Rúa y el actual).

“Transcurridos ya 26 meses de la gestión libertaria, Javier Milei envalentonado por los resultados electorales y la necesidad de marcar el ritmo de la agenda publica, asume el riesgo de la confrontación en un contexto de dificultades globales que estimulan el renacer de la conflictividad sindical”, concluye Bermolén.

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Éxodo laboral de Misiones a Brasil: “Esto es el ADN de La Libertad Avanza”

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Por: Gastón Rodríguez. La quietud en Comandante Andresito, en el extremo misionero que limita con el Brasil, se siente más allá de la siesta. Calles vacías, comercios cerrados, un silencio insólito en las noches de verano del mayor productor de yerba mate de la Argentina. “Andresito, hoy, es un pueblo fantasma”, se lamenta Julio Petterson, presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN). “La situación es tan grave –explica– que no sólo los trabajadores, sino también los productores y los hijos de los productores se están yendo a Brasil a trabajar porque no nos alcanza, todos nos estamos empobreciendo”.

El éxodo misionero hacia Brasil para emplearse, en su mayoría, en la recolección de frutas y verduras ya es un paisaje triste; la última foto –una más– de la galopante crisis económica. 

“El poco trabajo que hay no está bien pago, entonces la única alternativa es cruzarse a Brasil; ya pasaba en años anteriores, pero nunca la cantidad que se ve ahora. Allá los trabajadores están bien pagos, les dan condiciones dignas de vivir y en algunos casos hasta les cubren el transporte. Hay que reconocer que el Brasil le está dando una mano grande a nuestra gente, es un alivio dentro de una situación cada vez más difícil”, admite con algo de pudor el intendente de Comandante Andresito, Bruno Beck.

Desamparados

Todos coinciden en que la suerte de Misiones se empezó a estropear el día que el gobierno de Javier Milei reglamentó el DNU 70/23 que eliminó el precio sostén del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), permitiendo que los gigantes de las industrias impongan valores que no cubren ni la mitad de los costos de producción.

“La desregulación que aplicó el gobierno nacional nos dejó totalmente desamparados. En 2023, un paquete de yerba de precio promedio estaba 2500 pesos, y los productores recibíamos 400 pesos. Hoy, que el valor promedio del paquete está en 4000 pesos, la industria nos ofrece entre 180 y 200 pesos. Entendemos la situación del país, pero hace dos años que venimos trabajando a perdida. No podemos más, pedimos una solución a gritos, pero no hay decisión política”, se queja Petterson.

En el mismo sentido opina el intendente Beck: “Cuando se impone la ley de la oferta y la demanda, los que tienen plata bajan los precios. No hay que darle más vuelta. El gobierno nacional no tiene empatía con la gente. Toda la parte comercial de Andresito está complicada, cada vez se vende menos, cada vez el salario está más deteriorado, y eso va deteriorando también a las familias. Esto que estamos viviendo es el ADN de La Libertad Avanza”.

Éxodo laboral de Misiones a Brasil: “Esto es el ADN de La Libertad Avanza”

“Todos se habrán ido”

Isaías Mendoza se define como “tarafero de ley”. La mayor parte de sus 45 años la pasó recolectando la hoja verde de yerba mate. Hace ya varios días que no ve ni a su mujer ni a sus tres hijos –de seis, diez y doce años– porque, dice, “hay que aprovechar la temporada y aguantar hasta que la situación mejore”.

Isaías llegó a Ilópolis, en el estado de Rio Grande do Sul, para hacer lo que ya no le sirve en su país. “Cayó mucho el precio de la yerba en Andresito, ahora se paga muy poco, podés sacar 25 mil pesos por día por nueve horas de trabajo. Acá cobramos entre 110 y 120 mil pesos por día, a veces un poco más, ganamos bien, nos defendemos, como venimos de lejos, si perdemos un día lindo de trabajo es mucha plata. Yo estoy con cuatro amigos, pero somos bastantes los argentinos que estamos en Brasil”.

Isaías dejó a su familia en Oberá, cruzó la frontera y a las siete de la tarde se subió a un micro de larga distancia en Barracão, frente a la misionera Irigoyen; alrededor de las 4:30 de la madrugada bajó en Soledade, donde el patrón lo cargó en la caja de una camioneta para llevarlo hasta la plantación. La misma caja de la camioneta que Isaías luego cargó con cinco o seis mil kilos de hojas verdes.

“En Misiones se gana poco, no da ni para sobrevivir. Estás hasta 12  horas en el secadero de la yerba mate para ganar 30 mil pesos, como mucho. Yo me quedo en Brasil, hasta para vivir es mejor”, dice Jorge Holan, otro “golondrina” que emigró al vecino país. Según los registros de la provincia, unos 1200 trabajadores ya cruzaron en busca del sustento que les niega la patria. Se calcula que también lo hicieron otros dos mil “en negro”. Incluso, personas con empleos codiciados, como los municipales, se han mudado. El intendente de Andresito arriesga un pronóstico funesto: “En marzo empieza la cosecha; no va a haber gente para hacer la tarefa, para recoger la yerba. Ya todos se habrán ido a buscar mejores rumbos”. «

Éxodo laboral de Misiones a Brasil: “Esto es el ADN de La Libertad Avanza”
Responsables de la destrucción

Organizaciones de productores yerbateros enviaron una carta al ministro del Interior, Diego Santilli, solicitándole una reunión “para comenzar a revertir esta insensata destrucción de la economía regional”.

“Desde que Javier Milei asumió la Presidencia –destaca el texto– la Yerba Mate Argentina sufre un criminal deterioro. El Decreto 70/23 y medidas económicas tomadas por el actual Gobierno, del que Usted forma parte, están ocasionando la destrucción de la economía regional yerbatera, arrinconando en la pobreza a miles de mujeres y hombres trabajadores del sector, y a cientos de secaderos, cooperativas y pequeñas y medianas industrias”.

“A tal punto llega el daño que están provocando, que está comprometida la inocuidad y la calidad del producto, con posibles repercusiones en la salud de los consumidores y también en la comercialización. Debe saber Usted y cada uno de quienes forman parte de esa línea de gestión que son responsables directos de esta situación”.

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La ley Banelco: memoria para no olvidar

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El escándalo de coimas en el Senado fue un caso de corrupción que comenzó en abril del 2000, en medio de la sanción de la Ley 25.250, conocida como Ley de Flexibilización Laboral, que finalmente llevó a la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez al Senado y luego del presidente De la Rúa en diciembre de 2001.

Corría el mes de abril de 2000 y, entre tanta opulencia (prestada) afuera, el clima social y de descontento se hacía cada vez más denso y hostil.

En esos despachos adornados con obras de la pinacoteca de la colección exclusiva del Senado y la boiserie francesa lustrada hasta el último detalle por los mejores ebanistas, las reuniones no cesaban.

En la Casa Rosada, los grupos económicos y el FMI exigían al presidente De la Rúa la “flexibilización de las leyes laborales”.

La desesperación económica de la sociedad explotaba en las calles. Era un genuino enojo popular. Enojo válido.

Veníamos del país de los 90: una falsa convertibilidad, un Estado aniquilador, ausente, destruido, y una supuesta emergencia del Estado que nos había desguazado y vaciado absolutamente.

Las privatizaciones habían dejado cuantiosas ganancias, obviamente no para la sociedad sino para unos pocos.

La conocida “Ley Banelco” fue fruto de operaciones desesperadas para cumplir con el FMI, que casi siempre pide lo mismo: ajuste a los trabajadores y viejas recetas liberales que, en conjunto, apuntaban a recortar derechos laborales y restar capacidad negociadora a los asalariados.

En el mes de abril se aprobó el proyecto: tuvo media sanción en la Cámara de Diputados con la oposición del peronismo.

En el Senado la relación de fuerzas se invertía. Algunos senadores rápidamente le hicieron saber a De la Rúa que no tenían la menor prisa por sacar la ley.

El peronismo había negociado la aprobación de dos leyes —el Presupuesto y el paquete fiscal— así como también la presidencia provisional del Senado. No iban a ceder más y había que negociar ley por ley, punto por punto.

La Comisión de Legislación Laboral la presidía el peronista Alberto Tell (Jujuy).

Las versiones de asignaciones, promesas, dineros y sobornos sobrevolaban y se sentían cada vez más voces y susurros por esos pasillos que mencioné anteriormente.

El jefe del bloque del PJ era el entrerriano Augusto Alasino.

El ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, viendo que eran minoría en el Senado, le dijo a Moyano luego de una reunión: “Para los senadores tengo la Banelco”. Frase que perdura hasta el día de hoy en la memoria de los argentinos. El presidente De la Rúa no anduvo con vueltas para respaldar a Flamarique.

El soborno como arma de negociación parecía ser la única vía que encontraba el gobierno para la aprobación de la norma.

Los pasillos del Senado, sobre todo el Salón Gris, eran un ir y venir de legisladores, gobernadores, sindicalistas y asesores, hasta que Antonio Cafiero, entonces senador por la provincia de Buenos Aires, manifestó que tenía “la certeza de que había sobornos”. Institucionalmente, una declaración muy importante, ya que un senador de la Nación exponía así a sus pares y al gobierno de De la Rúa.

Iba a ser una sesión más que caliente, y así fue. El ministro Flamarique se presentó al Senado y desafió públicamente a los senadores. La sesión fue presidida por el radical José Genoud y, a su lado, el secretario parlamentario Mario Pontaquarto (quien luego, ante la Justicia, reconoció como arrepentido la existencia de los sobornos).

La ley fue aprobada y De la Rúa siguió negando la existencia del soborno a los senadores.

Al poco tiempo, Flamarique se fue del Ministerio de Trabajo y lo reemplazó Patricia Bullrich.

Nueve meses más tarde, De la Rúa se fue en helicóptero de la Casa de Gobierno después de una brutal represión al pueblo.

La causa pasó entonces al juez Daniel Rafecas, quien en 2007 procesó a Pontaquarto, al presidente Fernando de la Rúa, al secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes, al ministro Flamarique y a los senadores Alberto Tell (Jujuy), Remo Costanzo (Río Negro), Ricardo Branda (Formosa) y Augusto Alasino (Entre Ríos).

El expresidente provisional del Senado, el mendocino Genoud, terminó suicidándose.

Responsabilidad institucional y democrática es, sin dudas, la que debe regir por estos días. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia.

En el año 2012 fue derogada la llamada Ley Banelco.

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Misiones perdió 817 empresas en los dos primeros años de Milei

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De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), la cantidad de  empleadores del sector privado cayó 8,6% entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, lo que equivale a la desaparición de unas 817 empresas en Misiones.  

A noviembre de 2023, en Misiones se registraban unos 9.480 empleadores en el sector privado (y 13.327 en total incluyendo al sector público y a hogares con servicio doméstico); mientras que para igual mes pero de 2025, el número descendió a 8.663 (y a 12.036 en el total). 

Visto por sectores de actividad, el que tuvo la mayor caída fue la Construcción con -19,8%, equivalente a la desaparición de 83 empresas; seguida por los Servicios  Inmobiliarios con -16,2% (-23) y Servicios Profesionales con -14,8% (-79). 

Sin embargo, la mayor caída en términos absolutos se vio en el Comercio con -312 empresas (-9,7%) y en la Industria con -105 (-9,9%). Por el contrario, solamente un sector tuvo mejoras: Suministro de Agua con +2,4%, aunque en valores absolutos equivale a la creación de una empresa, por lo que su impacto es nulo; además, hay dos sectores donde la cantidad de  empresas se mantuvo constante: Enseñanza y Electricidad.  

El sector que tiene la mayor participación en Misiones es el Comercio con el 33,5% del total  de empresas, por lo que su caída es de alta magnitud por tener un peso específico alto. 

En segundo lugar se ubica el Agro con el 16% del total de empresas (1.382), que perdió solo un 0,4% de empresas (-6) y la Industria completó el podio con el 11,1% de participación y una caída de fuerte magnitud como se detalló previamente.  

Al mirar la evolución de las empresas por tamaño, las más afectadas fueron las que tenían entre 1 y 5 empleados, que cayeron en un total de 598, aunque en términos relativos la mayor baja se da en empresas de entre 41 y 50 empleados con -10,6%.

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