MILEI

Lanzan una nueva licitación offshore en la Cuenca Argentina Norte para acelerar la exploración de hidrocarburos

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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia para expandir la frontera energética argentina al instruir la convocatoria a un Concurso Público Internacional para adjudicar un permiso de exploración de hidrocarburos en el área CAN_200, ubicada en la Cuenca Argentina Norte, frente a las costas del país. La decisión, oficializada mediante el Decreto 590/2026, busca captar inversiones privadas para profundizar la exploración offshore y ampliar el conocimiento sobre el potencial petrolero de la Plataforma Continental Argentina.

La iniciativa surge a partir de una manifestación de interés presentada por la compañía Challenger Energy Group PLC, que propuso desarrollar tareas exploratorias en un bloque de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados bajo jurisdicción nacional. El área CAN_200 forma parte del esquema de expansión de la exploración costa afuera que el Gobierno considera estratégico para incrementar las reservas de petróleo y gas y diversificar la matriz de producción de hidrocarburos.

El decreto delega en la Secretaría de Energía la organización del proceso licitatorio, la elaboración del pliego de bases y condiciones y, posteriormente, el otorgamiento del permiso de exploración y de una eventual concesión de explotación para el adjudicatario. La convocatoria se realizará bajo los principios de concurrencia y transparencia previstos por la Ley de Hidrocarburos.

La decisión se inscribe en la política oficial de promover inversiones de largo plazo en el sector energético. El Ejecutivo sostiene que la exploración offshore representa una oportunidad para incrementar la producción nacional, generar empleo especializado e incorporar tecnología de punta en actividades sísmicas y perforaciones exploratorias, además de fortalecer el posicionamiento argentino en un mercado global que continúa demandando nuevos recursos energéticos.

El Gobierno fundamenta la medida en el potencial de la Plataforma Continental Argentina, cuyo reconocimiento internacional quedó consolidado tras las recomendaciones emitidas en 2016 por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas. Ese proceso incorporó más de 1,78 millones de kilómetros cuadrados de plataforma marítima bajo derechos soberanos argentinos para la exploración y explotación de recursos naturales, ampliando significativamente el horizonte para el desarrollo offshore.

Uno de los aspectos más relevantes del decreto es la autorización para incluir en los futuros contratos cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en países adheridos a la Convención de Nueva York de 1958. La incorporación de este mecanismo apunta a ofrecer mayores garantías jurídicas a los inversores internacionales, una demanda habitual de la industria en proyectos de elevada intensidad de capital y largos períodos de recuperación.

No obstante, el decreto establece expresamente que esa prórroga no implica una renuncia de la República Argentina a la inmunidad de ejecución sobre bienes considerados estratégicos. Entre ellos figuran las reservas del Banco Central, los bienes del dominio público, la infraestructura destinada a servicios públicos esenciales, los activos diplomáticos y consulares, el patrimonio cultural, los bienes militares y los derechos del Estado para percibir impuestos y regalías.

En materia económica, el esquema también define que quienes obtengan una eventual concesión de explotación deberán abonar regalías sobre la producción conforme a la legislación vigente. Será la Secretaría de Energía la encargada de reglamentar la metodología de cálculo e incorporar esas condiciones al pliego licitatorio.

La convocatoria representa una nueva etapa en la apertura del mercado hidrocarburífero argentino. Tras las rondas offshore iniciadas en 2018, el Ejecutivo busca revitalizar el interés de operadores internacionales en un contexto de creciente competencia global por capitales destinados a exploración. Para el Gobierno, el desarrollo de nuevas cuencas marítimas complementa el crecimiento de Vaca Muerta y constituye una apuesta de mediano y largo plazo para ampliar las exportaciones energéticas y consolidar al sector como uno de los principales generadores de divisas de la economía argentina.

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La mitad del país se percibe clase baja y casi 9 de cada 10 asegura que su salario no le gana a la inflación

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El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora de junio confirma que el malestar económico ya no es sólo una percepción difusa, sino un dato estructural con anclaje directo en el bolsillo: el 50,2% de los argentinos se autopercibe de clase baja, el 86,1% asegura que su salario no le está ganando a la inflación, y el 61% llega con sus ingresos, como máximo, hasta el día 20 del mes.

La autopercepción de clase social confirma una sociedad que se ubica mayoritariamente en la base de la pirámide: el 50,2% se define como clase baja, contra apenas un 10,5% que se reconoce en la clase alta; el resto —cerca de cuatro de cada diez— se percibe de clase media. Esta fotografía no es un dato subjetivo aislado ni una simple etiqueta de autopercepción. A diferencia de otras mediciones donde la clase social es sólo una variable descriptiva, en este informe se convierte en la clave explicativa de todo lo demás: cuando se la cruza con la experiencia concreta del ingreso, la autopercepción se confirma número por número, y ahí es donde el diagnóstico deja de ser una sensación para volverse un patrón sistemático.
 


El primer punto de contacto entre percepción y realidad es el salario. El 86,1% de los encuestados afirma que su ingreso no le está ganando a la inflación, un nivel apenas por debajo del máximo de la serie (86,6% en abril) que confirma que, desde marzo, ese indicador se mantiene estable en una franja alta, sin señales de mejora en los últimos cuatro meses. La estabilización del dato no debería leerse como buena noticia: significa que la sociedad lleva ya un tercio de año conviviendo con la misma sensación de pérdida, sin que la desaceleración de la inflación general alcance para revertirla. Lo notable es que este malestar no es exclusivo de quienes se oponen al Gobierno: entre los propios votantes oficialistas, el 70,2% reconoce que su salario pierde contra la inflación, contra un 96,6% entre los votantes opositores. La brecha entre ambos electorados es amplia, pero lo que los separa no es si el ajuste existe —lo sienten los dos, incluso los que respaldan al Presidente— sino cómo se lo interpreta: como costo de una transición todavía en curso para unos, como prueba de un fracaso para otros.
 


Esa pérdida de poder adquisitivo tiene, además, una fecha concreta en el calendario, y es ahí donde el informe encuentra su dato más contundente. El 61% de los encuestados llega con sus ingresos, como máximo, hasta el día 20 del mes, y sólo el 13% llega a fin de mes y logra ahorrar. Es en este punto donde la autopercepción de clase deja de ser una etiqueta y se convierte en el eje explicativo de todo el informe: entre los sectores de clase alta, apenas el 11,8% se queda sin ingresos antes del día 20; entre la clase media, esa cifra trepa al 43%; y entre la clase baja llega al 86,1% —el mismo número que, a nivel país, dice perder contra la inflación—.
 

La coincidencia entre ambos indicadores no es casual: describe, desde dos preguntas distintas del estudio, exactamente el mismo fenómeno. Para la mitad de la Argentina que se percibe pobre, quedarse sin salario antes de fin de mes dejó de ser la excepción para convertirse en la norma con la que se convive todos los meses, un ritmo que se repite de manera casi mecánica cada treinta días.

Ese mismo patrón de clase se repite cuando se mide la confianza en el termómetro oficial de los precios, lo que sugiere que no se trata de un fenómeno aislado al ingreso, sino de una desconfianza más amplia hacia el relato de la estabilización económica. A nivel país, el 68,8% considera que el índice de inflación del INDEC no refleja la variación de precios que percibe en su vida diaria; entre los sectores de clase baja esa desconfianza es sensiblemente mayor, unos 15 puntos por encima del promedio nacional, rozando el 84%.

Cuanto más ajustado está el bolsillo, menos crédito se le da al dato oficial: quien vive al límite del día 20 tiene, lógicamente, menos margen para creer que los precios subieron sólo lo que dice el organismo estadístico. Y esa misma lógica se proyecta hacia el futuro: el 55,1% de los encuestados cree que “lo peor está por venir” en materia económica, contra apenas un 24% que considera que lo peor ya pasó, con el pesimismo otra vez más marcado entre los sectores de clase baja.

 


La brecha se agranda todavía más si se mira por identidad política: entre los votantes de Milei en 2025, el 55,4% cree que lo peor ya pasó; entre los votantes de la oposición, sólo el 3,4% piensa lo mismo. Es, junto con la fecha en la que se acaba la plata, una de las divisiones más nítidas de todo el estudio: la misma economía, leída como el final de un ajuste necesario por unos y como un fracaso sin salida por otros, según de qué lado de la grieta electoral —y, cada vez más, de qué lado de la pirámide social— se la mire.

Ese cuadro de ajuste generalizado también ordena la agenda de preocupaciones y ayuda a explicar por qué la corrupción, y no la economía, es hoy la palabra que más rápido asocian los argentinos con los problemas del país. Cuando se pregunta, sin opciones cerradas, cuál es en una sola palabra el principal problema de Argentina, corrupción es la respuesta más repetida y Milei aparece en segundo lugar, por delante de economía: el diagnóstico social ya no se agota en una categoría abstracta, se personaliza tanto en una causa estructural como en una figura de gobierno concreta. La pregunta cerrada de preocupaciones lo confirma: corrupción lidera con el 51,3%, apenas por delante de ingresos/salario (48,2%) y de la incertidumbre económica (37,1%). Que la corrupción encabece la respuesta espontánea es la forma en que una sociedad que vive el ajuste en el cuerpo canaliza ese malestar hacia una explicación moral y política, antes que estrictamente económica.
 

Imagen del Gobierno en este contexto


Frente a este cuadro económico, el dato político de junio llama la atención por contraste. La desaprobación a la gestión de Javier Milei, que venía en ascenso sostenido desde marzo hasta tocar un pico del 61,2% en mayo, retrocedió en junio al 56,6%, cortando por primera vez en cuatro meses la racha negativa; la aprobación, en el mismo lapso, pasó del 32,2% al 33,2%. Es un freno acotado y todavía dentro de lo que puede leerse como estabilización más que como reversión de tendencia, pero contrasta con la dureza del resto de los indicadores: el malestar económico no cede en ninguno de los planos relevados —ni en el salario, ni en el calendario del bolsillo, ni en la confianza hacia el futuro— y, sin embargo, ese malestar dejó de traducirse en más desaprobación para el Gobierno nacional.

Una lectura posible es que ese freno no responda todavía a una mejora real en la percepción económica, sino a que buena parte de la sociedad ya “descontó” el ajuste como parte del paisaje: cuando el deterioro se estabiliza en un piso alto durante varios meses seguidos, como ocurre con el 86,1% de los salarios perdiendo contra la inflación, deja de operar como sorpresa negativa capaz de erosionar más la imagen presidencial.
 


El freno en la desaprobación de la gestión, sin embargo, no implica que la erosión de imagen haya quedado atrás. El desgaste es un fenómeno que atraviesa a casi toda la dirigencia medida: de las cuatro figuras del informe, tres tienen balance neto de imagen negativo en junio —Milei (-22,4 pp), Kicillof (-13,8 pp) y Bullrich (-13,3 pp) —, y sólo Myriam Bregman muestra un balance positivo (+3,8 pp), con la mejor imagen positiva del grupo (44,1%). Más que una debilidad puntual del oficialismo, el dato sugiere un humor social crítico con la dirigencia política en general, donde ningún referente logra, por ahora, capitalizar de forma sólida el malestar económico que describe el resto de este informe.
 


Cuando se analiza por tipo de votante, tanto en 2023 como en 2025, el crecimiento de Bregman parece estar capitalizando, al menos en parte, a un electorado que no encuentra representación plena ni en el kirchnerismo ni en el peronismo más tradicional. Ambos espacios, absorbidos por sus disputas internas, no logran generar un debate de propuestas que interpele a una sociedad que reclama alternativas. Ese vacío es el que el espacio de Bregman parece estar ocupando.

En un contexto donde gran parte de la sociedad no logra recomponer sus ingresos y convive con el ajuste —ya sea aceptándolo como condición necesaria para una mejora futura, o rechazándolo como un fracaso de modelo—, lo que no aparece con claridad es una oposición que le hable a ese malestar, que genere propuestas y plantee un horizonte alternativo. En la práctica, Milei enfrenta una oposición más ocupada en sus conflictos internos que en capitalizar los errores del Gobierno. Eso le despeja el escenario a oficialismo.

Con los recientes cambios en el gabinete —la salida de Adorni y el ingreso de perfiles más dialoguistas—, si la economía cotidiana comienza a mejorar, el año 2027 podría ser relativamente tranquilo para un gobierno que ya logró estabilizar la macro y que tiene pendiente estabilizar la micro. Si lo consigue, y considerando la ausencia de figuras opositoras con peso propio —incluyendo la del centroderecha, como el PRO, que podría plantearle una interna competitiva—, la reelección empieza a ser un escenario plausible. La condición, en todo caso, sigue siendo la misma: que la mejora llegue a los ingresos y al día a día de las familias.

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Se requieren mayores esfuerzos en la acumulación de reservas

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Por Guillermo Bermúdez / FIEL – A fines de mayo pasado, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) que mantiene con nuestro país. En ese marco, el Organismo fijó nuevas metas de acumulación de reservas internacionales netas para el presente año y hasta mediados de 2027, luego de verificar el incumplimiento de los objetivos establecidos en la revisión anterior para el cierre de 2025. Asimismo, el Staff Report presentó el escenario de proyecciones 2026–2031 para un conjunto de indicadores económicos y financieros seleccionados, incluyendo la evolución esperada del stock de reservas brutas y netas, junto con su relación con los niveles adecuados de acuerdo a la métrica del Organismo[1]. En la presente columna se revisan dichas figuras, a la luz de los vencimientos de deuda por venir y las expectativas de mejora de la cuenta corriente a partir del aporte de las divisas de la energía, minería y agro.

Como se mencionó, Argentina no logró la meta de acumulación de reservas netas fijada al fin de 2025. El FMI señaló que el objetivo no había sido alcanzado por amplio margen, colocándose –a los tipos de cambio del programa- cerca de USD 10 mil millones por debajo del piso establecido en la primera revisión. Al respecto, el Organismo indicó que el incumplimiento fue resultado de una demora previa en la adquisición de divisas, que se combinó con la caída de la demanda por pesos y la dolarización pre electoral que produjo la pérdida de reservas por parte del BCRA y ventas del Tesoro.

En efecto, luego de acumular compras por encima de los USD 19 mil millones en 2024, hacia abril de 2025 el BCRA dejó de adquirir dólares –se propuso sólo hacerlo en el piso de las bandas de flotación establecidas-, cerrando el año con una adquisición neta de apenas USD 197 millones. La búsqueda de contener la emisión para profundizar el proceso de desinflación fue determinante para aquella decisión de la autoridad monetaria.

Junto con lo anterior, el fenómeno de caída de la demanda por pesos que significó desde abril -a partir del levantamiento de las restricciones a la operatoria cambiaria de personas físicas-, una demanda bruta de divisas sin fines específicos por parte de personas físicas, cercana a los USD 41.6 mil millones, que en términos netos superó los USD 32.8 mil millones. El proceso de dolarización se dio en un contexto de creciente incertidumbre electoral que se disipó en octubre, aunque ello no fue suficiente para frenar la compra de dólares por parte del público.

Con la segunda revisión del acuerdo, para junio de este año se fijó un objetivo también en valores negativos del orden de USD 8.6 mil millones. De este modo, la meta de mitad de año fijada en la segunda revisión significó un recorte cercano a los USD 11 mil millones en el objetivo de acumulación.

En la previa a la revisión, desde comienzos de año el Banco Central tomó el compromiso y desplegó una agresiva política de adquisición de divisas. Hacia los primeros días de junio, el BCRA ya había superado la meta de compras fijada a comienzos de año y hacia inicios de la cuarta semana[2] ya había adquirido más de USD 10.9 mil millones. Esas compras, han permitido incorporar al stock de reservas brutas más de USD 6.3 mil millones –operaciones de sector público han restado cerca de USD 4.2 mil millones en el periodo-, y una suma cercana a USD 7.1 mil millones a las reservas netas, contando la cancelación de deudas del BCRA con Organismos Internacionales. De lo anterior, la meta de acumulación de junio –unos 3.5 mil millones a precios del acuerdo- ya se habrá cumplido, aun tomando en consideración potenciales efectos negativos de valuación –por caso, de las reservas constituidas en oro-.

Para diciembre de 2026 el objetivo para las reservas netas es que estas se coloquen aun en terreno negativo por un monto de USD 4.1 mil millones, a partir del aumento del stock por un mínimo de USD 8 mil millones en el año.

La política de compra de divisas, aún sin remonetización de economía, derivó de una holgada oferta de dólares en los primeros meses del año a causa de una campaña agrícola récord, junto con colocaciones de deuda corporativa y de algunas jurisdicciones subnacionales –Ciudad de Buenos Aires y provincias como Córdoba y Entre Ríos-, y el aumento del crédito en dólares en el mercado local. Entre esas fuentes de divisas, la liquidación del agro ha comenzado a mermar, al tiempo que se espera un recorte en el ritmo de colocación de deuda corporativa, ciñendo la oferta en los meses por venir, excepto por los recursos que puedan aportar las exportaciones de combustibles, y que en el futuro se espera rompan la estacionalidad derivada de la actividad agrícola. Al respecto, hacia junio con el pago del salario complementario, el desarme de posiciones en pesos y una menor oferta de divisas, explicarían el repunte del dólar y el recorte en el ritmo de compras por parte del BCRA en las jornadas recientes. La recomposición del stock de reservas podría resentirse en el segundo semestre del año tras la cancelación de deuda con tenedores privados a fin de julio.

Con lo anterior, una potencial fuente adicional de divisas resultará del retorno a los mercados globales de deuda, inicialmente a partir del uso de garantías de Organismos Multilaterales, y más tarde a partir de nuevas colocaciones como resultado de las recientes mejoras en la clasificación crediticia de nuestro país. El FMI no estima que el proceso de remonetización de la economía haga un mayor aporte a la acumulación de reservas contando con que las proyecciones para la evolución de la relación de Base Monetaria con el PBI establecen que esta pasará de 5.2% en 2026 a 7.3% en 2031.

Al respecto de las garantías de los Organismos Multilaterales, el Directorio del Banco Mundial aprobó otorgar avales por USD 2 mil millones, por seis años de plazo, a través de una Policy-Based Guarantee (PBG) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), con el objetivo de allanar el retorno de Argentina a los mercados globales de deuda a un costo inferior, reduciendo el riesgo de refinanciamiento. Junto al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó la primera garantía a Argentina por USD 500 millones -permite apalancar hasta USD 1.2 mil millones de financiamiento privado-, y se espera que se sume la Corporación Andina de Fomento con un aval de monto similar.

Junto con lo anterior, el respaldo derivado de la mejora en la clasificación crediticia de la deuda pública. En efecto, Standard & Poor’s elevó a comienzos de junio la calificación para la deuda pública local desde CCC+ hasta B- con perspectiva estable, otorgando la mejor calificación para nuestro país desde 2020. La agencia afirmó que la combinación de superávits fiscales sostenidos, la acumulación de reservas y la reducción de desequilibrios macroeconómicos, entre ellos la menor inflación, ha fortalecido el perfil de liquidez del gobierno. Para la calificadora, aunque el país sigue siendo vulnerable a shocks adversos, es probable que el gobierno atienda el servicio de su deuda en moneda extranjera en los próximos 18 meses, a partir de una combinación de compras de divisas con nuevo endeudamiento. La mejora en la calificación, que siguió a la realizada semanas atrás por Fitch, contribuyó a la compresión de la medida de riesgo país hasta niveles algo por encima de los 400 puntos, los más bajos desde abril de 2018, elevando la expectativa de retorno de Argentina a los mercados globales de deuda.

Es en este marco que el Gobierno habilitó a la Secretaría de Hacienda junto con la de Finanzas a coordinar operaciones de nueva deuda por hasta USD 5 mil millones -usando los avales otorgados por los Organismos Internacionales-, con prórroga de jurisdicción a favor de tribunales de Nueva York. Ello justo coincide con el cambio en la conducción de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ha generado expectativas de una más ceñida política monetaria junto con una mayor opacidad en la comunicación anticipada de las acciones, afectando con ello no sólo al nivel esperado de tasas sino también la volatilidad en la operatoria financiera.

El primer efecto, ha sido un fortalecimiento del dólar, mientras que se espera que en la reunión de julio el Comité Federal de Mercado Abierto mantenga la tasa de referencia, y la eleve en septiembre y una vez más antes de fin de año. El impacto sobre el costo de colocación de nueva deuda para nuestro país –más allá de los avales mencionados- hace prever que precisamente ésta deba darse en el próximo bimestre –de julio a agosto-, antes de un potencial mayor deterioro del escenario del financiamiento de países emergentes, aunque al completarse el cupo de USD 2 mil millones del Bonar 2028, el Tesoro se ha asegurado los fondos para la cancelación de deuda de fin de julio.

El FMI recién hacia junio de 2027 fija una meta para las reservas netas en terreno positivo de unos 400 millones de dólares, lo que refleja una expectativa de que el BCRA acumule en el primer semestre de 2027 al menos USD 4.5 mil millones, en un escenario de importantes vencimientos de deuda en dólares. A lo largo del año, los vencimientos en moneda dura se estiman alcanzarán los USD 22 mil millones, de los cuales USD 9.3 mil millones corresponden a obligaciones con tenedores privados, USD 7.5 mil millones con el FMI, y el resto a otros Organismos Multilaterales, sin contar vencimientos del BCRA por BOPREAL y Repo con bancos internacionales.

Por lo anterior, el FMI instó a las autoridades locales a sostener la política de recomposición del stock de reservas internacionales, en lo posible superando las metas propuestas. Y ello teniendo en cuenta un potencial aumento de la incertidumbre pre electoral el año próximo que derive en un fenómeno de dolarización como el observado en las elecciones locales de medio término del año pasado, y considerando que el uso de las líneas de swap oficiales –con EE.UU. y China- debería solo darse en situaciones de riesgo extremo.

Al respecto, si bien en el escenario actual se considera poco probable hacia 2027 un proceso de huida del peso similar al observado en 2025, la autoridad monetaria debería extremar el esfuerzo para poder enfrentar con holgura -y con sus propios medios un evento de esas características-, considerando que asistencias de carácter extraordinario como la brindada el año pasado por el Tesoro americano, podría no encontrarse disponible en los meses por venir, en parte dependiendo del resultado de las elecciones de medio término hacia fin de 2026 en aquel país.

En el mediano y largo plazo, es de esperar una recomposición de la demanda por pesos y con ello una mayor holgura para la adquisición de divisas tanto por parte del Tesoro como del BCRA. Pero en el corto plazo, una más acelerada acumulación de reservas internacionales dependerá más del reacceso a los mercados de capitales globales para la renovación de vencimientos, que a la remonetización de la economía.

En efecto, en el corto plazo, la renovación de deuda en los mercados globales, permitiría elevar la acumulación genuina de reservas por medio del superávit fiscal, en lugar de aplicar este en la adquisición de divisas para la cancelación de deudas, al tiempo que evitaría la necesidad de esterilización de la emisión causada por las compras que realice el BCRA. En última instancia, una más acelerada acumulación de divisas permitiría acercar el nivel de reservas al de cobertura adecuada según la métrica ARA.

En retrospectiva, a fines de 2025 el stock de reservas brutas -excluyendo el swap del Tesoro americano y la parte no activada de la línea de swap del Banco Popular de China- se estimó en USD 27.6 mil millones, mientras que el nivel adecuado de reservas debería haber alcanzado los USD 86.9 mil millones. Ese nivel adecuado de reservas sumaba unos USD 10 mil millones para enfrentar caída en los ingresos por exportaciones, USD 11 mil millones como cobertura de la caída de la demanda de dinero, USD 20 mil millones como cobertura frente a la deuda de corto plazo, y el resto para atender otros pasivos en moneda extranjera. En 2025, el stock de reservas brutas sólo alcanzó a cubrir el 34% del nivel adecuado.

Un poco más atrás en el tiempo, el Gráfico 1 muestra que sólo en 2009, 2010 y 2018, el stock de reservas brutas superó la medida de reservas adecuadas –estuvo ligeramente por debajo en los años 2016 y 2017-, al tiempo que entre 2019 y 2023 con la pérdida de divisas por parte del BCRA, la relación con los niveles adecuados se recortó hasta el mínimo, cuando las tenencias de la autoridad monetaria sólo cubrían un 16% de los niveles adecuados. Desde 2024 comenzó la recuperación del stock de reservas brutas.

En este contexto, ¿Cuáles son las proyecciones en materia de reservas que realizó el FMI para los próximos cinco años? Para 2026 se proyecta se coloquen algo por encima de los USD 36 mil millones creciendo hasta alcanzar los USD 101.4 mil millones en 2031. Esos niveles de reservas brutas del BCRA, hasta el año 2029 aún se colocarían por debajo de los requeridos para enfrentar adecuadamente presiones cambiarias. Estas estimaciones asumen que Argentina logre mejores registros de acumulación que los fijados en las metas de corto plazo.

Más precisamente, la relación de adecuación de reservas se estima dependiendo del arreglo cambiario adoptado por la economía bajo análisis. Para las economías adoptantes de un arreglo cambiario fijo –hard o soft peg-, el FMI sobre pondera los requerimientos de divisas para atender caídas de ingresos por exportaciones y las necesidades para atender pasivos en moneda extranjera, en comparación con el caso de economías con régimen cambiario flexible.

Así para el caso de Argentina, dando continuidad al actual régimen cambiario[3], recién hacia 2030 se habría alcanzado a recomponer el stock de reservas brutas hasta niveles adecuados, en el primer año posterior a la finalización del acuerdo de facilidades extendidas. En cambio, de optar por un régimen de cambio más flexible, las estimaciones establecen que en 2029 se alcance aquella meta. La métrica supone un mayor ajuste por “precio” en los tipos de cambio flexible y por ello menores requerimientos de divisas en el nivel adecuado.

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia en base a FMI y BCRA.

Como se mencionó, para economías con regímenes no flexibles, el FMI sobre pondera los requerimientos de divisas para afrontar presiones en el balance de pagos a causa de la caída de exportaciones. En el caso de Argentina, dado el régimen cambiario actual, y el cambio del patrón productivo y exportador, que permiten anticipar una marcada alza de las exportaciones mineras y de energía, junto con las tradicionales del sector agroindustrial –amplificadas por la celebración de acuerdos de comercio como el alcanzado con EE.EE. y la Unión Europea-, suponen un desafío adicional en cuanto a la administración del exceso de oferta de divisas que puede tenerse en el corto plazo y frente a un eventual shock en el futuro que merme el flujo de entrada de dólares a través del balance de mercancías –por ejemplo, por a causa de un retroceso en el precio de las commodities-. Las autoridades deberían buscar instrumentar en el mediano plazo un Fondo Soberano en el que pueda ahorrarse el exceso de oferta de divisas, contribuyendo al mismo tiempo a moderar las presiones a la apreciación del Peso.

En el horizonte de proyección, las estimaciones del FMI también muestran un continuo cierre de la brecha entre las reservas internacionales brutas y las netas. En efecto, hacia 2031 se espera que las reservas brutas alcancen USD 101.4 mil millones, mientras que la netas se coloquen en USD 98 mil millones. Es interesante notar que el ritmo de acumulación de reservas netas muestra una dinámica muy superior a la que muestran las brutas, al respecto de lo cual se precisa que las estimaciones para 2026 asumen un sobrecumplimiento de las metas, pero no se dan mayores precisiones respecto a los años siguientes. La magnitud de diferencial de acumulación de reservas brutas y netas, es superior al impacto de la cancelación del swap de monedas que se mantiene con el Banco Popular de China.

Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia en base a FMI.

Ahora bien, asumiendo que Argentina logre alcanzar en 2030 un nivel adecuado de reservas ¿Cómo queda posicionada en relación a otras economías?

A los fines de la comparación, las 78 economías emergentes incluidas en el informe de abril 2026 sobre reservas adecuadas del FMI fueron clasificadas de acuerdo a su régimen cambiario[4] vigente, conformando una muestra de 49 países, excluyendo Argentina. De ese conjunto, 18 países tienen un arreglo de tipo de cambio fijo -6 hard peg y 12 soft peg-, 27 poseen arreglos de tipo de cambio flexible -de los cuales sólo 5 poseen una completa libre flotación-, mientras que el resto tiene en la práctica otros arreglos cambiarios.

Como se observa en el Gráfico 3, en 2025 Argentina rezagaba en la cobertura del nivel adecuado de reservas respecto al promedio de países, tanto para aquellos con tipo de cambio flexible como fijo en cualquiera de sus dos versiones. El gráfico también muestra, un resultado contra intuitivo:  los países con regímenes flexibles, muestran una relación de reservas adecuadas muy superior a las que tienen las economías con esquemas más rígidos. Ello a causa del “miedo a flotar” que en la práctica se manifiesta en que las economías no tienen regímenes completamente flexibles, sino más bien flotaciones administradas que buscan amortiguar los ajustes del tipo de cambio –por ejemplo, para reducir la volatilidad y la contaminación de precios domésticos-, y de ello la necesidad de mayores requerimientos de divisas para amortiguar shocks.

Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia en base a FMI y BCRA.

Hacia el fin del horizonte de proyecciones, se estima como se mencionó, que nuestro país logre unos niveles de cobertura superiores al 100% de los niveles adecuados, algo por encima de la que mostraban hacia 2025 el promedio de economías con regímenes de cambio fijo, y muy por encima en el caso de que Argentina cambie hacia un arreglo plenamente flexible. Estos resultados dependen de los fuertes supuestos de acumulación propuestos, pero sugieren que Argentina deberá extremar su política de acumulación de reservas para alcanzar una condición que le permita hacer frente a shocks de balance de pagos en una situación de holgura de recursos propios.

En síntesis. Luego de no cumplir la meta de acumulación de reservas netas en 2025, la agresiva política de compra de divisas desplegada a lo largo del primer semestre de 2026 ha permitido superar la establecida para mitad de año. Recién a mediados de 2027 se espera que las reservas netas pasen a terreno positivo, al tiempo que las proyecciones realizadas por el FMI establecen que recién hacia 2029-2030 se alcance un nivel adecuado de reservas para enfrentar presiones cambiarias, bajo el supuesto de un muy dinámico proceso de acumulación. En el corto plazo, frente a un 2027 con abultados vencimientos de deuda y en un marco de contienda electoral, el retorno a los mercados globales de deuda podría acelerar la adquisición de divisas sobre la base del superávit fiscal. La ventana de oportunidad luce acotada a los próximos meses. En el mediano plazo, el cambio del patrón exportador anticipa unos mayores requerimientos de divisas para amortiguar shocks –por caso a causa de retroceso en los precios de commodities- junto con la necesidad de ahorrar el exceso de oferta de divisas.

[1] La métrica de Nivel Adecuado de Reservas (Reserves Adequacy Ratio), estima una medida de requerimiento de reservas internacionales por parte de los Bancos Centrales para acolchonar presiones cambiarias derivadas de caída en los ingresos por exportaciones –por ejemplo, por el impacto de unos menores precios internacionales-, salidas de capitales originadas en cambios de cartera o cierre abrupto de los mercados de deuda para la renovación de vencimientos.

[2] Datos al 22 de junio.

[3] El FMI presenta los resultados considerando a nuestro país como uno de flotación limitada.

[4] Siguiendo el “Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions” (AREAER) del FMI. La última edición corresponde al año 2023 con información para 2022 y fue editado en junio de 2024.

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La independencia en liquidación

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¿Casualidad o definición política? Apenas veinticuatro horas después de encabezar los actos por el Día de la Independencia en Tucumán, Javier Milei sostuvo que la Argentina “solamente produce dulce de leche y biromes” para justificar la apertura irrestricta de las importaciones. Más que un exabrupto, la frase pareció resumir una idea de país.

No describe a la Argentina. Describe el horizonte al que conduce un modelo económico que desalienta la producción, debilita la industria y resigna soberanía.

¿Qué se conmemora realmente cada 9 de Julio? ¿Una fecha del calendario o la decisión de un pueblo de construir su propio destino?

La independencia declarada en Tucumán en 1816 no fue solamente la ruptura con la Corona española. Fue la afirmación de un proyecto político que aspiraba a una Nación capaz de decidir por sí misma, de producir su riqueza y de sostener con trabajo propio su libertad.

No es casual que Manuel Belgrano, mucho antes de crear la bandera, fuera uno de los pensadores económicos más lúcidos del Río de la Plata. Defendía el desarrollo de la agricultura, el impulso de la industria y sostenía que las materias primas debían transformarse en el país para generar empleo y riqueza. Advertía que las naciones prósperas eran aquellas que agregaban valor a su producción y no se resignaban a exportar materias primas para importar manufacturas. Más de dos siglos después, esa enseñanza conserva una vigencia asombrosa.

Porque la Argentina no produce solamente dulce de leche y biromes. Produce reactores nucleares, satélites, maquinaria agrícola, medicamentos, software, biotecnología, tecnología médica, conocimiento científico y alimentos con alto valor agregado. Todo eso existe gracias al trabajo acumulado de generaciones de obreros, científicos, docentes, investigadores, técnicos, universidades públicas, cooperativas y pequeñas y medianas empresas.

Y hay una ironía que el propio Presidente parece haber pasado por alto.

La birome, convertida por Milei en símbolo de la producción nacional, dejó de fabricarse en la Argentina hacia fines de la década de 1990, cuando BIC concentró su producción regional principalmente en Brasil y México y mantuvo en nuestro país únicamente sus operaciones comerciales. Aquella decisión fue consecuencia de un proceso de apertura económica y desindustrialización impulsado durante la convertibilidad. Sin proponérselo, Milei eligió como ejemplo un producto cuya fabricación desapareció del país como resultado de políticas muy parecidas a las que hoy reivindica.

Los números tampoco acompañan el relato oficial. La Unión Industrial Argentina advirtió que la actividad industrial volvió a caer en mayo y acumula un año de estancamiento. La producción retrocedió tanto en la comparación interanual como respecto del mes anterior, mientras la entidad alertó sobre la persistente debilidad de la demanda interna y el impacto que tiene el aumento de las importaciones sobre la industria nacional. Detrás de esos indicadores hay fábricas que trabajan por debajo de su capacidad, pymes que bajan sus persianas, trabajadores que pierden su empleo y conocimientos que el país tardó décadas en construir. No es una discusión ideológica. Es el costo concreto de un modelo económico que debilita la capacidad nacional de producir.

Cada vez más economistas advierten sobre el riesgo de consolidar una economía crecientemente primarizada: un país que exporta recursos naturales sin transformar, pierde peso industrial, genera empleo de menor calidad y depende cada vez más de la tecnología producida por otros. En otras palabras, una economía que resigna soberanía en nombre de una supuesta eficiencia del mercado.

Arturo Jauretche llamaba “zonceras” a aquellas ideas que lograban convencer a los argentinos de desconfiar de sí mismos y de creer que todo lo nacional era necesariamente inferior. No se refería solamente a prejuicios culturales. Hablaba de construcciones ideológicas que terminaban justificando políticas contrarias al interés nacional. Presentar a la Argentina como un país incapaz de producir otra cosa que dulce de leche y biromes parece inscribirse en esa lógica: instalar que el desarrollo industrial es una ilusión y que el único destino posible consiste en importar lo que otros fabrican.

Raúl Scalabrini Ortiz fue todavía más lejos. Sostuvo que la dependencia económica termina condicionando inevitablemente la soberanía política. Cuando un país pierde el control de su producción, de sus recursos estratégicos y de las decisiones sobre su economía, también pierde capacidad para decidir libremente su destino.

En la misma línea, Arturo Enrique Sampay entendía que la independencia política sólo podía sostenerse sobre una organización económica orientada al bien común. La Constitución de 1949 expresó esa convicción: la libertad de una Nación no podía reducirse a una declaración formal si los resortes fundamentales de la economía quedaban subordinados a intereses ajenos.

Nadie discute la necesidad de comerciar con el mundo. La Argentina siempre lo hizo y debe seguir haciéndolo. La verdadera discusión es otra: ¿desde qué lugar nos insertamos en ese mundo? ¿Como un país que exporta ciencia, tecnología, industria, conocimiento y trabajo argentino, o como uno que vende materias primas e importa cada vez más bienes elaborados?

Esa es la discusión que la frase presidencial pretendió simplificar.

Quizás dentro de algunos años nadie recuerde aquella declaración sobre el dulce de leche y las biromes. Lo que sí recordaremos será si la Argentina siguió cerrando fábricas o volvió a abrirlas; si continuó expulsando científicos, técnicos y trabajadores calificados o recuperó la decisión de invertir en su propio desarrollo; si aceptó resignarse a un papel periférico o volvió a creer en sus capacidades.

La independencia no se liquida de un día para otro. Se liquida cuando una Nación deja de creer en su capacidad para producir, investigar, innovar y agregar valor. Cuando acepta que otros fabriquen mientras ella apenas exporta lo que la naturaleza le dio.

Doscientos diez años después de la Declaración de la Independencia, esa sigue siendo la discusión de fondo. No sobre el dulce de leche ni sobre las biromes. Sobre el país que queremos construir. Porque la soberanía no se declama: se ejerce. Y la independencia no se celebra solamente cada 9 de Julio; se defiende todos los días, con trabajo, con industria, con ciencia, con educación y con la decisión política de que la Argentina vuelva a creer en sí misma.

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¡Defendamos al valioso y estratégico sector nuclear argentino!

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El muy destructivo contexto general. Con premeditada alevosía y con evidente sádico accionar, que muestra la crueldad con la cual expulsan de sus puestos laborales a crecientes cantidades de trabajadores argentinos, regocijándose por el daño humano y por la destrucción estratégica que provocan, ahora los libertarios y sus secuaces, están abocados a la infame tarea de desguazar y/o extranjerizar al muy valioso Sector Nuclear Argentino.

Es sobradamente claro que el objetivo de mínima del actual apátrida gobierno nacional, es hacernos involucionar forzosamente a la republiqueta de economía primarizada, subordinada a poderes extranjeros (gustosamente aceptado eso por la oligarquía), sin atisbo alguno de industrias y sin entes tecnológicos nacionales, como éramos alrededor del 1900; perpetrando dicho alevoso achicamiento económico, en un marco de acentuada exclusión social total, burlándose con desparpajo de la miseria generalizada que intencionalmente están provocando, y sin importarles nada las muertes culposas que ocasionan, esto último ante el Estado ausente que causan sus lesivas medidas económicas.

Pero de máxima, es también evidente que, pisoteando abiertamente toda noción de soberanía nacional, y con acentuado odio y desprecio a nuestra propia población, nos están llevando a pasos forzados, hacia la disolución nacional. Para quienes supongan exagerada esta afirmación, cabe señalar que la desaparición lisa y llana de los Estados Nacionales, o su degradación a Estados fallidos, es uno de los objetivos centrales del Consenso de Washington y de su herramienta destructora que es el accionar conducente a la globalización salvaje.

Vergonzoso es el genuflexo grado de subordinación a las potencias del Bloque Atlantista y sus aliados principales, que caracteriza el accionar de política exterior de libertarios, sus secuaces neoliberales y arribistas varios, lo cual abiertamente nos posiciona como dóciles subordinados a esos poderes neo imperiales; con lo que pisotean una larga y muy respetable postura pacifista y de respeto a la soberanía de las naciones, que caracterizó a nuestra Política Exterior, básicamente cuando tuvimos gobiernos de clara Orientación Nacional.

En el marco de asumida pero no declarada tiranía con casi plenos poderes asumido por el Ejecutivo Nacional y su entorno cercano, se desconocen leyes e incluso se “dictan sentencias judiciales anticipadas”, subordinando de hecho a los otros dos Poderes Nacionales, a los mandatos impuestos por el Ejecutivo.

Mientras se marginan y se retacean fondos para jubilados, discapacitados, enfermos crónicos o muy graves, se paralizan todas las obras públicas, agreden de hecho a la Salud y a la Educación Pública (con especial saña contra las prestigiosas Universidades Nacionales); se gasta con dudosa o nula coherencia, en sucesivos viajes presidenciales en acciones no oficiales, se gasta en equipamientos represivos y en “partidas reservadas” para inteligencia interna; y otros fines dudosamente necesarios. Además, se reducen impuestos para las importaciones de bienes de lujo, y se subsidia a empresas poderosas mientras se retacea todo apoyo a las muchas que cierran día a día.

Tampoco cabe omitir las deplorables acciones, varias de ellas denunciadas, de serias “irregularidades” (cuando no probados actos fuertemente sospechados de delictivos), que involucran al presidente y varios de sus colaboradores. Pero hay sectores del Poder Judicial que muestran un lento accionar y/o la doble vara según cual sea el sector político denunciado.

Breve reseña histórica del Sector Nuclear Argentino

La Comisión Nacional de Energía Atómica fue creada en 1950, en la presidencia de Perón, siendo Argentina uno de los primeros países que con rigurosidad científica se abocó al desarrollo de ese avanzado campo del conocimiento.

Pese a los ataques que durante la revolución fusiladora (1955-1958), fueron implementados contra varias de las muchas instituciones creadas en la década peronista, de algún modo eso no sucedió en el Sector Nuclear, el cual incluso fue puesto bajo la conducción de la Marina, siendo oficiales de altos rangos de esa Fuerza -con capacidades científicas específicas- los que presidieron la CNEA, en sucesivos gobiernos militares. Inclusive, cabe destacar que en el período de gobierno cívico – militar autodenominado “la Revolución Argentina” (1966-1973), el Sector Nuclear recibió un fuerte impulso, comenzándose la construcción de la primera central nuclear (que inauguró Perón en su breve tercer período presidencial).

Es posible que las fuertes influencias positivas a favor de Los Intereses Nacionales, que tuvieron en ese período el economista Aldo Ferrer y el General Guglialmelli, hayan neutralizado el accionar antinacional de los personeros al servicio del liberalismo.

Después de Atucha 1, se planificó construir sucesivamente otras cinco centrales nucleares más. lo cual fue cancelado, seguramente por las acciones de zapa de los “barones de la termoelectricidad” (vinculado eso con el petróleo, el gas, y las importaciones de usinas térmicas); sin olvidar, claro está, de los voceros del subdesarrollo crónico, expertos en tildar de faraónicas a todas las grandes obras imprescindibles para concretar nuestro desarrollo.

Pese a todas las trabas que imponen los liberales y otros promotores del subdesarrollo, sin estridencias, el Sector Nuclear siguió avanzando, creando e incorporando tecnología, construyéndose -entre otros silenciosos logros- centrales nucleares de baja potencia, imprescindibles para investigación y para producir valiosos insumos, como los utilizados para medicina oncológica, para preservar alimentos, combatir plagas de la agricultura, y otros fines positivos.

El muy apátrida “proceso” (1976-1983), nos impuso a punta de bayonetas la subordinación al muy perverso neoliberalismo, inicialmente bajo la batuta de Martínez De Hoz, personaje del riñón de la muy oligárquica y anti industrial Sociedad Rural, de quien el presidente de facto Videla operó cuan dócil marioneta.

Opositor feroz a todo lo Estatal, José A. Martínez De Hoz (Joe, para sus amigotes) operó con toda saña para destruir las empresas y entes estatales, sobre todo los que operaban y producían en sectores estratégicos o de alta rentabilidad.

Interesado “Joe” en desguazar para privatizar SEGBA, el dirigente sindical Oscar Smith fue “desaparecido” (asesinado), por oponerse a ese vil negociado.

Mediante la operatoria de hacer tomar deuda externa a YPF y otras empresas estatales, para luego transferir esos fondos al Ministerio de Economía, “Joe” y secuaces cometieron la infamia de dejarles los pasivos a esas empresas estatales, y sin los activos financieros (que eran usados por Economía para enjugar los crecientes déficits de la pésima administración de “Joe”). Como resultado de esa intencional maniobra, los lenguaraces del periodismo y economistas del establishment, pudieron alardear acerca de la supuesta ineficiencia del Estado, pues YPF y otras empresas estatales tuvieron pérdidas, pero se ocultaba que eso era consecuencia intencional de la operatoria de endeudamiento descripta. Lo que buscaban, era desacreditar todo lo Estatal.

Entre otras muchas medidas antinacionales, de un plumazo “Joe” hizo cerrar IME, empresa estatal que producía la camioneta Rastrojero, y tenía por producir una versión tipo sedan cuatro puertas, para competir en la renovación del parque de taxis. Era una competencia que molestaba a otras empresas automotrices.

Como era de prever, para un personero de la antipatria (y por ende anti Estado), “Joe” quiso destruir al Sector Nuclear Argentino, pero no pudo hacerlo por la férrea defensa del mismo, hecha por el Contraalmirante e Ingeniero Nuclear Carlos Castro Madero (en adelante CCM), quien había sido designado Presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Conozco que citar a CCM provoca enfrentadas posturas en el ámbito de la CNEA, pues mientras se lo culpa de algunas “desapariciones” de personal nuclear, otros afirman que no pudo impedir esos asesinatos, pero que evitó que la lista de “desaparecidos” de la CNEA, fuera mucho mayor.

Son dos posturas contrapuestas y es complejo dilucidar cual es la real acaecida. Pero eso no puede excluir el técnica y estratégicamente productivo accionar de CCM que hizo avanzar al Sector Nuclear Argentino, concretándose la exportación de una Central Nuclear de Baja Potencia a Perú, entre otros logros.

A contrapelo de otras destructivas medidas socio económicas en el “proceso”, el firme accionar de CCM hizo seguir avanzando el desarrollo tecnológico nuclear argentino.

Pese al contexto general neoliberal, muy negativo para iniciativas de desarrollo, en 1976 se creó INVAP (Investigaciones Aplicadas), mediante un convenio entre la provincia de Río Negro y la CNEA. INVAP alcanzó merecido prestigio, operando en áreas de altas tecnologías, no solo la nuclear, con logros muy destacados.

Al colapsar el infame “proceso”, CCM inicialmente siguió en sus funciones en la CNEA. Como correspondía, informó al nuevo presidente -Alfonsín-, que la CNEA había logrado dominar el ciclo total de producción de combustibles nucleares, lo cual tiene una enorme importancia estratégica, y libró a las Centrales Nucleares Argentinas, de la dependencia de insumos extranjeros en ese crucial rubro.

Actuando con claro sentido de Lo Nacional, lo lógico y esperable de un presidente y un gobierno nacional patriótico, hubiera sido una calurosa felicitación y una masiva difusión del notable logro alcanzado por el Sector Nuclear Argentino.

Pero por profunda ignorancia, por cobardía cívica, o por ambas cosas; y asesorado por el Ing. Jorge Lapeña (Secretario de Energía en el alfonsinato), Alfonsín implementó medidas que fueron un brutal castigo contra la CNEA y todo el Sector Nuclear Argentino. Contra toda lógica, congeló todos los proyectos en marcha y las vacantes, con lo cual durante largos 22 años, no se pudo incorporar nuevos científicos y profesionales, además de paralizar por completo la construcción de la tercera central nuclear -Atucha 2-, de la cual ya se disponía de todos los elementos básicos. No es un tema menor, poco conocido por no expertos en Energía, que Lapeña y el instituto energético que preside, muestran en los hechos más afinidad por la generación termoeléctrica (basada en petróleo y gas), con dudosa vocación por la hidroelectricidad y la energía nuclear.

El daño hecho al Sector Nuclear, por el congelamiento total de proyectos y de incorporaciones de nuevo personal calificado, fue enorme, y ocasionó un envejecimiento y disminución del valioso personal, por el mero transcurso del tiempo, además de frenar por completo los proyectos en marcha, entre ellos la Central Nuclear Atucha 2. Pero con total responsabilidad y notable patriotismo, los valiosos equipamientos de la misma, ya adquiridos, fueron preservados de daños, manteniéndose prácticamente intactos, por lo que al final de ese nefasto período de congelamiento total, pudieron ser emplazados en sus lugares correspondientes.

En 2005 se relanzó el Plan Nuclear, dándose prioridad a la terminación de la tercera central, Atucha 2. El presupuesto de la CNEA tuvo un enorme crecimiento, del orden de 1.100 % (once veces), cobrando impulsos varios proyectos, entre ellos un nuevo reactor de experimentación de baja potencia, y el muy interesante proyecto de central modular CAREM, el cual es el más avanzado en su tipo en el mundo. Además, hubo gestiones concretas para construir tres nuevas centrales de grandes potencias, una con financiación y tecnología rusa, y dos de China.

Pero esos ambiciosos planes fueron dilatados, siendo posiblemente demorados y luego cancelados, tal como en la historia argentina sucedió con muchos grandes proyectos que hubieran apuntalado nuestro desarrollo.

Pudo completarse Atucha 2, así como la Planta Industrial de Agua Pesada, la mayor del mundo en su tipo. Esta última abastece las necesidades de Argentina e incluso permite exportar a otros países que utilizan la tecnología de uranio natural y agua pesada como moderador.

Cabe señalar que además de las tareas de zapa que suelen ocurrir para frenar o impedir proyectos que el establishment ultra conservador opera; en los últimos años el ecologismo de corte cavernario tuvo gran impulso, siendo promovido básicamente por dos ONGs creadas en el Reino Unido, las cuales operarían como apéndices del MI6, el servicio secreto de esa potencia. Eso es el ultra ecologismo, que practica terrorismo ecolátrico, como excusa para promover el subdesarrollo crónico.

Cuando el Plan Nuclear podía tomar mayor impulso, con el aval de ser reconocido mundialmente y haber ganado incluso la licitación de Australia para proveer e instalar un reactor de baja potencia, compitiendo, compitiendo exitosamente contra grandes potencias mundiales, en esos años arreciaron los ataques del ultra ecologismo, con cierto periodismo funcional a eso, e incluso posicionando algunos legisladores nacionales que fueron muy activos para tareas de entorpecimiento de los planes nucleares, los que siempre fueron de usos pacíficos de esa tecnología.

En 2015 hubo un cambio acentuado de orientación política nacional, pues el neoliberalismo volvió al poder mediante elecciones, tal como había sucedido con Menem y De La Rúa; pero en 2015 no hubo el engaño del menemato, Macri no ocultó ser neoliberal. Y como tal, antiestatista apátrida, y por añadidura se dedicó a frenar y entorpecer al Plan Nuclear, pero por entonces con saña algo más sutil que el brutal ataque anti tecnológico en perpetración por los actuales libertarios.

Frenó totalmente el proyecto de la Cuarta Central Nuclear, el cual ya se había comenzado, además de perderse el personal que había sido capacitado especialmente. Las otras dos grandes centrales planificadas, también fueron descartadas, perdiéndose una gran oportunidad de dar un gran salto cualitativo y cuantitativo, que hubiera potenciado significativamente nuestras capacidades tecnológicas y de generación de energía.

El gobierno de Macri también paralizó, contra toda lógica, el funcionamiento de la Planta Industrial de Agua Pesada.

En el gobierno de Alberto Fernández, muchas decisiones se tomaron después de largas dilaciones. Pese a eso, se volvió a comenzar la cuarta central, y siguió avanzando el proyecto CAREM. Esas demoras afectaron incluso los cambios en las titularidades de la CNEA y de la EBY (Yacyretá).

Después, el gobierno libertario, practicando un neoliberalismo acentuado, paralizó todas las obras públicas, incluyendo en esa negativa decisión la paralización total de la Cuarta Central Nuclear, y el freno del proyecto CAREM.

Recientemente, en un vergonzoso conjunto de actos de entrega vil de soberanía, se transfirió a una empresa de EEUU el conjunto de Atucha (dos centrales nucleares), y el valioso proyecto CAREM.

Eso configura una sumisión total, cuan republiqueta de cuarta, convertida a subordinada total a los designios de la mega potencia, que aplica con mayor saña, la imperial Doctrina Monroe.

Esta reseña histórica es incompleta, en mérito a la brevedad, pues un detalle más abarcativo necesitaría redactar al menos un voluminoso libro.

Industricidio y tecnicidio acelerados y alevosos.

En ese negativo contexto, mientras sigue el acelerado industricidio y el desmantelamiento de los entes tecnológicos, y el empobrecimiento generalizado -que excluye a los poderosos que lucran con la miseria masiva- la dupla de endeudadores seriales (Caputo – Sturzenegger), nos sigue endeudando y facilitando la timba financiera, mientras que con su “sobradora” sonrisita permanente, el segundo de ellos sigue aplicando la impiadosa “motosierra”; con especial saña contra los entes estatales de valiosas funciones, los que quedan acéfalos por los despidos masivos; sin importar nada que el Estado (o sea la Patria), queda inerme, sin entes de necesarios contralores y de estratégicas acciones.

El claro desprecio a la importancia estratégica esencial del Sector Nuclear, y al muy fuerte efecto multiplicador que sin duda tiene, se evidencia en forma tiránicamente brutal, mediante nuevos funcionarios de altas jerarquías y nulos conocimientos técnicos específicos nucleares, mientras que en forma abrupta se despide masivamente a muy valiosos trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el CONICET, el INTI y otros entes tecnológicos, cuyas formaciones y notables capacidades adquiridas en esos destacados ámbitos tecnológicos, se desperdician, configurándose una burla a la dedicación y a los conocimientos técnicos y científicos que se adquieren con años de trabajos e investigaciones realizados con reconocidas elevadas capacidades científicas.

Resulta notable la pasividad con visos de cómplice desinterés, de la mayoría de nuestra población que, pese a la creciente miseria, a la destrucción generalizada del tejido social y de casi toda la economía argentina, permanece sin manifestar con contundencia el rechazo a las políticas libertarias, que nos destrozan y nos empujan a la anomia total y al desguace de Argentina.

Nos empujan con alevosía, al mediocre rol de simples productores de materias primas, sin industrias, sin entes tecnológicos; y destrozando las necesarias capacidades estatales que son necesarias en toda nación con dignidad y criterio de grandeza nacional.

Nos posicionan como pseudo republiqueta indigna, subordinada al Bloque Atlantista, en particular a su principal potencia del mismo, en su remozada Doctrina Monroe, en el contexto de desembozado neoimperialismo.

¡Pueblo Argentino, pueblos hermanos de Íbero América, tomen conciencia y revaloricen el necesario sano patriotismo!

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