MILEI

Javier Milei recibió al Nobel de Economía Robert C. Merton en Olivos

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El presidente Javier Milei recibió en la Quinta de Olivos al economista estadounidense Robert C. Merton, reconocido mundialmente por sus aportes a la teoría financiera. 

Merton fue ganador del Premio Nobel de Economía en 1997, galardón que compartió con Myron Scholes. 

La reunión fue informada por la Oficina del Presidente, junto a una fotografía del encuentro, en la que se observa a Milei con el mameluco de YPF. La reunión se enmarca en el interés del Gobierno argentino en validar su programa económico con figuras de prestigio internacional en finanzas.

Robert C. Merton, nacido en 1944, es una referencia global en economía financiera y es hijo del influyente sociólogo Robert K. Merton. Su carrera académica se ha centrado en impulsar la aplicación del cálculo estocástico y del control óptimo para desarrollar modelos de toma de decisiones en los mercados.

Junto a Fisher Black y Myron Scholes, Merton es coautor del célebre modelo Black-Scholes, una herramienta que revolucionó la valuación de opciones financieras y fue fundamental para la expansión global de los mercados de derivados. 

Sus desarrollos matemáticos permitieron un salto cualitativo en la precisión con la que los mercados pueden estimar precios, riesgos y comportamientos futuros.

Merton y Scholes obtuvieron el Nobel en 1997, específicamente por “elaborar nuevos métodos para determinar el valor de los productos financieros derivados”.

El vínculo de Merton con el actual gobierno argentino se estableció previamente, cuando el nobel invitó al viceministro de Economía, José Luis Daza, a dar una conferencia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).__IP__

Milei celebró este hecho en sus redes sociales en su momento, publicando un mensaje de Daza: “Desperté a la mañana y encontré un mensaje de José Luis Daza en el que me cuenta que el Premio Nobel de Economía, Robert Merton, lo invita a dar una conferencia en el MIT a la luz de las interacciones entre el plano económico y financiero de nuestro programa de estabilización”.

Cabe recordar que, tras ganar el Nobel, Merton y Scholes se vincularon al fondo de inversión Long Term Capital Management (LTCM), el cual sufrió una pérdida multimillonaria en 1998 que requirió un rescate coordinado por los principales bancos de Wall Street antes de su cierre definitivo.

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Clase media: 53% debió usar ahorros o deuda para llegar a fin de mes

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La presión sobre la clase media se profundiza, el 53% tuvo que usar ahorros o endeudarse para llegar a fin de mes

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) reveló que en el segundo trimestre de 2025 más de la mitad de los hogares de ingresos medios debió recurrir a ahorros, ventas de pertenencias o endeudamiento para cubrir gastos básicos. Según los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), este segmento social –tradicional motor del consumo interno– enfrenta el mayor deterioro en su capacidad de pago desde que se tiene registro comparable.

La mitad del país adopta estrategias de supervivencia económica: 53% de la clase media y 48% del total de hogares

El análisis del IAG sostiene que el 48% de los hogares argentinos tuvo que desplegar alguna estrategia complementaria para llegar a fin de mes, aunque el impacto es más pronunciado en los deciles de ingresos medios, donde el porcentaje asciende al 53%.

Los datos provienen del segundo trimestre de 2025 y muestran que, por primera vez, los hogares de ingresos medios superan a los sectores bajos en el uso de mecanismos extraordinarios para cubrir necesidades básicas. La dinámica revela un proceso sostenido de erosión del ingreso real y una creciente fragilidad financiera en el núcleo de la estructura social argentina.

Endeudamiento, ahorros y ventas: cómo se ajusta la clase media para sostener el mes

El informe detalla tres estrategias predominantes entre los hogares medios:

Uso de ahorros y venta de bienes

  • 35% de los hogares argentinos utilizó ahorros para alcanzar el fin de mes.
  • Entre los hogares medios, la proporción sube al 40%.
  • 9% de las familias debió vender pertenencias para obtener liquidez inmediata.

Endeudamiento récord

  • 25% de los hogares se endeudó para cubrir gastos básicos.
  • Es la única variable peor que en 2024, considerado el año pico de la serie.
  • La morosidad de los créditos personales alcanzó el 9,1%, el nivel más alto desde que existen registros.

Avance del crédito bancario en los ingresos medios

  • El 18% de los hogares medios tomó deuda con entidades financieras.
  • En contraste, solo el 12% de los hogares de menores ingresos recurrió a crédito bancario.

El informe interpreta este comportamiento como un signo de estrechez: la clase media, con acceso formal al sistema crediticio, utiliza endeudamiento como válvula de supervivencia, incrementando su vulnerabilidad a futuro.

El peso de los servicios públicos explica parte del deterioro: de 4% a 11% del salario mediano

La presión creciente sobre los ingresos medios se vincula directamente con el cambio en los precios relativos asociado a la reducción de subsidios.

Según el informe: en noviembre de 2023, los servicios públicos (agua, gas, electricidad) consumían 4% del salario mediano. En 2025, pasaron a representar 11% del mismo salario.

Este aumento de siete puntos porcentuales altera el presupuesto mensual de los hogares, especialmente en aquellos sin margen de ahorro y con gastos fijos estructurales como alquileres, cuotas escolares o transporte.

Un impacto estructural: riesgo para el consumo, las pymes y la recuperación económica

La pérdida de margen financiero en la clase media tiene efectos directos en:

El consumo interno: Menor capacidad de gasto en bienes no esenciales y servicios recreativos.

La solvencia del sistema financiero: La morosidad creciente presiona la cartera de créditos personales y puede restringir la oferta crediticia.

Las pymes y comercios: La caída del gasto discrecional reduce ventas y limita la recuperación de sectores intensivos en demanda doméstica.

La estabilidad social: El deterioro del “colchón” de ingresos medios es un indicador crítico para los niveles de conflictividad futura y para la sostenibilidad política de reformas en curso.

El informe del IAG pone en evidencia que las medidas de recomposición fiscal y la quita de subsidios están generando un reacomodamiento profundo en los hogares, con particular tensión sobre quienes no acceden a asistencia social pero tampoco poseen ingresos altos para absorber incrementos de tarifas y costos.

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Reforma laboral: mayoristas piden que los aportes obligatorios y solidarios pasen a ser parte del salario del trabajador

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La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) pide una urgente reforma laboral que proteja a los empleados y a las pymes de los intereses encubiertos en las paritarias. “Basta de esconderse detrás de un recibo de sueldo o un ticket de venta”, exclamaron y sugieren que ciertos aportes obligatorios y solidarios pasen a ser parte del salario del trabajador.

El ejemplo paradigmático es el aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), por el cual el empleador debe aportar el equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada trabajador, que se redistribuyen en gran parte entre la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), bajo el pretexto de capacitación y fortalecimiento institucional. Es decir que, con cada aumento paritario, se “autobenefican” con mayor recaudación, porque son precisamente los que participan de la mesa paritaria.


Es por eso que por una medida impulsada por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, mediante el Decreto 149/2025, se estableció que “Las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente por estos últimos.


La imposición en curso o la aceptación a que se refiere la última parte del párrafo anterior podrá ser revocada libremente, y en cualquier oportunidad, mediante simple comunicación fehaciente a la entidad correspondiente”.

Pero mediante una medida cautelar impulsada precisamente por el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) argumentaron que es un instituto “independiente” y que por ende no está alcanzada por dicha medida y sigue vigente. En el marco de esa causa, declararon que recaudan más de $30 mil millones al año.

Pero no es el único aporte que se beneficia con cada aumento paritario. También se incrementa el seguro complementario de retiro obligatorio La Estrella que desde Junio de 2025 representa el 1,6% del salario del trabajador.

Y eso no es todo, continúa la queja de los empresarios por la Contribución Solidaria por COVID-19 a la obra social OSECAC, vigente desde el convenio colectivo de abril de 2021, en plena pandemia, pero que se sigue cobrando hasta hoy por empleado, incluso si el trabajador no está afiliado a la obra social OSECAC y ya no esté vigente la pandemia.

RECHAZO A LA PARITARIA DE COMERCIO

La Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), acordaron un nuevo incremento salarial, que representa también una mayor recaudación para el INACAP y el Seguro La Estrella que encarecen los costos laborales, impactando en la competitividad a las empresas, promoviendo la informalidad laboral y hasta el consumidor, porque se trasladan a precios.

“No nos sentimos representados, nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte”, respondieron desde CADAM al nuevo acuerdo que alcanza a 1,2 millones de trabajadores y es el más grande del país, porque incluye incrementos de aportes obligatorios como al polémico Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), incluso cuando el trabajador no reciba ninguna capacitación. “Basta de esconderse detrás de un recibo de sueldo o un ticket de venta”, exclamaron los mayoristas y sugieren que esos importes pasen a ser parte del salario del trabajador.

También insisten en que deben ser parte de la mesa paritaria. “No nos sentimos representados, nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte”, expresaron los mayoristas y agregaron: “No entendemos por qué el Secretario de Trabajo no nos deja sentar en la mesa paritaria”

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Nueva fase en la relación Nación-Provincias: ¿cambio estructural o regreso al toma y daca?

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El cambio de nombres en el ministerio de Interior y en la Jefatura de Gabinete, producido hace solo unas semanas, produjo que se abran fuertes interrogantes respecto a cómo se va a encarar la relación Nación–Provincias para el segundo tramo del gobierno de Milei. 

El primer tramo, sin dudas, fue para el olvido para los subnacionales: cedieron mucho más de lo que pudieron haber obtenido a cambio y la Nación centralizó de manera muy fuerte no solo la discusión pública, sino la administración de recursos públicos. Prueba de esto es el hecho de que 2024 y 2025, hasta el momento, son los dos años de menores transferencias presupuestarias a provincias de los últimos, por lo menos, 20 años

En este marco. ¿podemos esperar que la relación cambie? Si bien no sería demasiado contundente el viraje del Gobierno, hay señales de que algunos cambios están en la mira. El Gobierno nacional, de manera bastante silenciosa por el momento, viene desarrollando en estas últimas semanas una negociación política intensa con las provincias, en un contexto en el que los gobernadores buscan certezas para cerrar el año y proyectar el inicio de 2026 pero, al mismo tiempo, en uno donde el Gobierno nacional necesita garantizar los votos en el Congreso para el presupuesto y para la reforma laboral, de mínima. 

¿Qué hay en estas conversaciones? El ministerio del Interior está evaluando la posibilidad concreta de liberar fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para el tramo final del año y para inicios del 2026, de modo tal de darle liquidez a las provincias en épocas muy sensibles y que los propios gobernadores manifiestan ser indispensable para atender los compromisos de fin de año, equilibrar las cuentas provinciales y sostener gastos operativos que comenzaron a tener ciertos retrasos. 

Al respecto de los ATN, cabe recordar dos cosas: primero, que hay una ley de reparto automático, que fue vetada por Milei y en la que el Senado insistió, pero Diputados aún no hizo lo propio, por ende, sigue sin estar vigente. 

En segundo lugar, en noviembre, por primera vez en el año, no se repartieron ATN. Si bien el año ya mostraba un nivel bajo de ejecución, la no distribución de noviembre vino a empeorar la situación pero, en ese mismo marco, es donde está el centro de la discusión.

Hay un antecedente de esto, aunque con motivos de fondo distintos: en diciembre de 2023, ya con el resultado electoral presidencial resuelto, una de las últimas medidas del entonces ministro de Economía, Sergio Massa fue repartir parte del excedente de ATN que no se había distribuido en el año para garantizar pagos de aguinaldos y salarios a provincias en un contexto de creciente deterioro de las finanzas provinciales y una inflación galopante

. En ese año, hasta noviembre, se habían repartido solo $50.661 millones sobre un total de $201.158 millones que tenía el Fondo ATN: es decir, el 25%. Pero en diciembre de ese año, se repartieron unos $128.870 millones, es decir, casi el triple de lo que se distribuyó en los once meses anteriores, juntos. Con esa ejecución extra, el Fondo ATN cerró con un nivel de distribución del 78%, el más alto de la última década (con excepción del 2020 por la pandemia). 

Este 2025 apuntaría, según parece, a algo parecido, aunque quizás no tan concentrado en diciembre sino apuntando a un reparto de un volumen fuerte pero con mayor distribución en los meses que vienen. Pero dado que el argumento es distinto (antes, como fin de ciclo; ahora, por necesidad de fortalecer acuerdos) la distribución no sería del todo pareja entre los distritos. 

En resumen y de manera clara: puede ser que se abra la canilla de ATN, pero no todas las provincias están conectadas a esa red de agua. 

A priori, Buenos Aires, Formosa, La Pampa y La Rioja son los números puestos para seguir sin recibir asistencia nacional, pero otras pueden resultar muy beneficiosas. 

¿De qué montos estamos hablando? Para ello hay que ver el grado de ejecución del Fondo ATN en lo que va del año. Entre enero y noviembre, el Fondo ATN recaudó unos $860.115 millones pero se distribuyeron solo $131.500 millones, es decir, el 15%. Esto deja un saldo remanente sin distribución de unos $728.615 millones, sin actualizar por inflación, fondos que estarían, según funcionarios del ministerio del Interior, en una cuenta especial en el BNA. 

Para que el 2025 cierre con un nivel de distribución del 35% del Fondo ATN (que sería igualmente un nivel bajo) se requiere que solo en diciembre se repartan $200 mil millones de esos recursos, algo que a simple vista parece ser imposible: no por imposibilidad económica, sino política. 

Si se ve más factible que acelere la distribución en comparación con los meses anteriores a unos $ 30/$35 mil millones por mes durante diciembre y el primer trimestre 2025. 

Hasta el momento, Neuquén fue la más beneficiada del reparto de ATN en lo que va del 2025 con $18 mil millones, seguida por Tucumán ($15.000 millones) y Salta ($13.000 millones). Misiones, por su parte, se hizo de $ 7.000 millones ubicándose de mitad de tabla para abajo

Solo a modo de ejercicio de simulación: ¿Qué pasaría si el Gobierno decidiese tomar todo el saldo remanente de ATN a noviembre y distribuirlo en su totalidad acorde a los coeficientes de distribución de coparticipación? En diciembre, Misiones podría captar unos $23.344 millones, sin dudas un volumen de dinero muy importante para, por lo menos, cerrar el año con una tranquilidad que, vaya la paradoja, no tiene precio. 

Lo mismo para todas las provincias: más allá de que algunas están más holgadas y otras más ahogadas, la recepción de fondos será clave para administrar las tensiones propias de fin de año. Pero también se aplica ello a los primeros meses del 2026: dado que la recaudación nacional sigue a la baja (en noviembre cayó por cuarto mes consecutivo) cada peso más que ingrese se festeja como un gol. 

Cerrado el tema ATN, ¿qué otras cosas están hoy en la agenda de posible negociación del gobierno nacional con provincias? Hay dos que se destacan: en primer lugar, el Ejecutivo nacional estaría trabajando en un esquema que permitiría otorgar cupos específicos para que las provincias accedan a financiamiento de organismos internacionales. Este punto es particularmente relevante porque, durante todo el año, los gobernadores insistieron en la necesidad de recuperar instrumentos de crédito que estaban prácticamente paralizados. La reapertura de líneas con bancos multilaterales no solo destrabaría programas de inversión ya aprobados sino que también permitiría financiar obras nuevas en infraestructura, agua, energía, conectividad o desarrollo productivo. El acceso al crédito externo bajo estas modalidades opera con tasas relativamente bajas y plazos largos, lo que le da aire financiero a los gobiernos subnacionales y sería un buen instrumento para movilizar la actividad económica local. 

En segundo lugar, y altamente relevante: las cajas previsionales no transferidas. Este es un tema que desde hace años genera discusiones respecto al financiamiento y la actualización de los flujos que la Nación gira para cubrir los déficits provinciales, con el agravante de que en estos dos últimos años, prácticamente desaparecieron. 

Para ser más precisos, desaparecieron en 2024 y asomaron levemente la cabeza en 2025 para algunos pocos elegidos: Córdoba y Entre Ríos, mediante firmas de acuerdos específicos, comenzaron a recibir estos fondos “a cuenta” de ejercicios aun en auditorías. 

Córdoba recibe $5.000 millones por mes y Entre Ríos $6.000 millones por mes (en ambos casos, son convenios de doce meses). Chaco también firmó uno similar por $3.300 millones al mes por un año, cuyos pagos iniciaban en noviembre pasado, pero a la provincia no le llegaron esos fondos (posiblemente se paguen dos cuotas juntas en diciembre). Sin embargo, hay otras nueve provincias que siguen esperando señales para recibir estos fondos, entre ellas, Misiones. 

En este terreno, el Gobierno analiza aumentar los envíos durante los próximos meses con el objetivo de recomponer la sostenibilidad financiera de esos sistemas y, al mismo tiempo (y principalmente) ordenar la relación con los distritos. Las cajas provinciales representan una porción significativa de los presupuestos locales y su déficit suele presionar sobre otras áreas sensibles, por lo que una mayor previsibilidad por parte del Gobierno nacional sería recibida como un alivio importante para las administraciones provinciales. Ahora bien, dentro de esta misma discusión aparece una posibilidad de mayor alcance: que algunas provincias avancen en la transferencia de sus cajas previsionales a la órbita nacional. 

No todas pueden hacerlo (por ejemplo, Chaco tiene blindaje constitucional) pero hay algunas que no tendrían impedimentos de tipo legal, aunque sí quizás un costo político fuerte. Por lo general, los sistemas previsionales provinciales son mejores al nacional, y el trascendido de que la Nación podría absorber algunas cajas ya provocó rechazos (caso Córdoba). Lo que se dice en los pasillos de Interior es que el Gobierno nacional no descarta abrir una vía institucional para que quienes lo soliciten puedan integrar sus sistemas al de la Nación, replicando el esquema aplicado en la década del noventa. 

Para algunas jurisdicciones, la transferencia significaría liberarse del peso estructural del déficit previsional y consolidar un horizonte de estabilidad fiscal. Para la Nación implicaría asumir nuevas obligaciones, aunque con la ventaja de unificar criterios, mejorar controles y evitar litigios permanentes por compensaciones insuficientes. Se trata, en cualquier caso, de una decisión política de alto impacto que requeriría consenso, acuerdos técnicos y un análisis profundo de la situación actual en cada provincia.

¿Estamos en una antesala de un nuevo Pacto Fiscal pero con alcances más grandes? O, quizás, estamos ante la posibilidad solamente de vincular intereses vía intercambio de favores: recursos para los distritos a cambio de apoyo político en el Congreso. En cualquiera de los dos casos, aunque con características distintas, todo indica que nos acercamos a un nuevo escenario Nación-Provincias. Dudo mucho que sea distinto a otros que ya hemos observado, pero podría ser sí distinto a lo que vimos entre 2024 y 2025.

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¿Y?, un interrogante incómodo…

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“¿Y?”… 

El interrogante, con gesto desdén, es del presidente Javier Milei, apuntando a quienes cuestionan la apertura indiscriminada de la economía. Ante empresarios reunidos por el diario El Cronista, el líder anarcolibertario respondió las críticas: Dicen que “si abren la economía el sector X va a caer” o “va a dejar un tendal de desempleados”. Falso, de vuelta, la falacia de lo que no se ve, si ustedes abren la economía y ese bien, determinado sector quiebra, es porque el bien que ustedes están trayendo de afuera es de mejor calidad y/o más barato, cuando pasa eso, ustedes tienen un ahorro y ese ahorro lo van a gastar en otro bien que además es más productivo y lo quiere la gente, con lo cual, en realidad, no se produce pérdida de empleo y cómo van a un sector que es más productivo, la economía gana en productividad y además, cómo los individuos disponen de mayor cantidad de bienes, además son más felices”.

La realidad parece empeñada en contradecir las palabras del Presidente. Desde diciembre de 2023 se perdieron 276.000 puestos de trabajo registrados y cerraron casi 30 empresas por día. La industria textil, una de las más afectadas por la apertura de importaciones, experimentó una caída de la producción del 20,5% interanual en septiembre de 2025, lo que representa el desempeño más bajo de la última década registrado en ese mes. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en 37,1%, lo que implica un retroceso de 4,4 puntos porcentuales respecto de agosto y de 14,2 puntos frente a septiembre de 2024. El empleo formal en el sector se redujo a 107.000 puestos, con 7.000 menos que el año anterior y más de 14.000 empleos perdidos desde diciembre de 2023.

Whirlpool, Lumilagro, Ilva, Cramaco y Kenvue son parte conocida de una lista innumerable de compañías que dejan de producir para convertirse en importadoras. Con apertura indiscriminada, dólar atrasado y tarifas elevadas, el modelo profundiza la desindustrialización, destruye empleo calificado y debilita el entramado productivo en todo el territorio.

La actividad industrial profundizó su deterioro. Según el INDEC, en septiembre la producción manufacturera registró una baja del 0,7% interanual. La tendencia continuó en octubre: el último informe de la Unión Industrial Argentina señaló una caída del 2,0% frente al mismo mes del año pasado. La Secretaría de Trabajo contabiliza que, desde noviembre de 2023, la industria perdió 42.400 empleos formales, de los cuales 15.600 se destruyeron solo en lo que va de este año. En paralelo, la utilización de la capacidad instalada se mantiene en torno al 58%, uno de los niveles más reducidos de toda la serie histórica, excluyendo el período de pandemia.

El presidente de CAME, Ricardo Diab, alertó sobre una creciente ola de cierres de empresas, incluso en sectores históricamente fuertes como el alimenticio y sostuvo que la baja en el consumo impacta en toda la cadena: “Si el comercio no vende, no le pide mercadería a la industria”.

La gran pregunta que se desprende de la lógica presidencial es qué bienes están comprando los que han perdido su empleo. 

La respuesta oficial desdeña ese interrogante. El Presidente puso en marcha el debate por una reforma laboral que promete flexibilizar aún más la situación de los trabajadores: suprime las negociaciones salariales colectivas, fomenta la “compensación voluntaria” por horas extras trabajadas y crea un fondo de asistencia laboral para reemplazar las indemnizaciones. También limitará el derecho a huelga. La educación será declarada un servicio esencial y “en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal”.

Mientras se discute esto, Milei fijó por decreto el nuevo salario mínimo -más mínimo que nunca-, con un aumento de poco más de seis mil pesos en relación con noviembre y estableció un cronograma de subas decrecientes (comenzó con un 2% y culmina con un 1,1%) hasta agosto de 2026. 

Con este esquema, el salario mínimo pasará de los $322.200 vigentes hasta octubre a $376.600 en agosto, lo que implica un incremento de 54.400 pesos en diez meses o 14,68% entre extremos. Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET), entre noviembre de 2023 y octubre de 2024 el salario mínimo real acumuló una caída del 35%, mientras que en lo que va de 2025 la reducción alcanza el 7,7%.

A contramano de la Argentina, dos de las principales economías del continente discuten otra cosa. Lula cerró noviembre con el anuncio de una histórica reforma tributaria. La nueva ley, aprobada por unanimidad en la Cámara y el Senado y que entrará en vigor en enero de 2026, elimina el impuesto de renta para quienes ganan hasta 5.000 reales mensuales (943 dólares u 806 euros) y aumenta la carga tributaria sobre los superricos. También habrá una reducción proporcional para quienes tienen salarios de hasta 7.350 reales (1.390 dólares), con lo cual, según el Gobierno, el universo de personas beneficiadas será de unos 25 millones.

Según cálculos del fisco brasileño, una persona que gana 4.800 reales (905 dólares) dejará de pagar cerca de 95 por ciento de impuestos al año, lo que equivale prácticamente a un salario.

El líder brasileño explicó que ese alivio fiscal será compensado con un impuesto del diez por ciento sobre la renta de quienes ganan más de un millón de reales al año (188.679 dólares), grupo que representa apenas el 0,1 % de la población brasileña.

Lula sostuvo que la iniciativa busca enfrentar la “injusticia tributaria” que, según él, ha marcado la historia del país, en la que los trabajadores llegan a pagar hasta el 27,5 % de impuestos mientras las grandes fortunas contribuyen con apenas un 2,5 % en promedio.

El veterano sindicalista, que irá por la reelección, comenzó diciembre con otra reforma en marcha: la reducción de la jornada laboral. “Cuando eu trabalhava, eu ia na porta da Volkswagen 5:30 da manhã, a Volkswagen tinha 40.000 trabalhadores, produzia 1.200 carros, a gente trabalhava, sabe, por mesma jornada de trabalho que trabalha hoje. Com os avanços tecnológicos, a Volkswagen tinha 40.000, tem 12.000 trabalhadores hoje, produzem o dobro de carro. E o que é que é avanço tecnologicamente que a gente não reduz a jornada de trabalho?”, describió en primera persona. 

Brasil irá por la reducción del 6×1, con acuerdo empresario y sin reducción salarial. 

En México, otra economía gigante, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una reforma laboral que incluye la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales y el pago de horas extra obligatorias después de las 40. Otras modificaciones recientes incluyen la Ley Silla para garantizar asientos a los trabajadores, la tipificación de la explotación laboral como delito y el reconocimiento de derechos laborales para los repartidores de plataformas digitales, como IMSS, aguinaldo y vacaciones. 

El régimen era más del 1800 que el siglo XXI. Pero el salario mínimo aumentará a 9.582,47 pesos mexicanos, unos 526,62 dólares. 

En Argentina, el salario mínimo en dólares llega a 231,53 dólares. Argentina se ubica en el “furgón de cola”, por debajo de Bolivia (395 dólares) o Paraguay (411 dólares). El ranking es liderado por Costa Rica (729 dólares), Uruguay (593 dólares) y Chile (567 dólares).

Los salarios argentinos no solo no “vuelan en dólares”, como había prometido Mileil, sino que “alcanzaron en septiembre de 2025 un nivel inferior al de 2001, previo al colapso de la Convertibilidad”.

Esa realidad, obviamente, se traduce en caída de actividad, indicadores de consumo por el suelo y pérdida de empleo, consecuencias que deben ser atendidas por las provincias y municipios en el territorio. La crisis yerbatera no se siente en Buenos Aires, sino en Misiones, donde los productores sufren por la caída del precio de la materia prima y la industria se queja por la suba de los costos internos, que opaca el éxito de la exportación récord. 

En la misma línea, la quita de subsidios para la energía eléctrica se hará sentir con mayor intensidad en Misiones. No sólo aumenta la tarifa, sino que quienes pierdan los subsidios o se pasen de categoría, podría pagar hasta tres veces más por el mismo consumo. Los que se queden con el subsidio, tendrán solo 300 kv en verano, pero la mitad en marzo. Como si en Misiones no hiciera calor en el mes de la llegada del otoño. Pero pasarse, significará pagar tarifa plena. 

Administrar esas tensiones será uno de los temas de 2026. La Libertad Avanza no podrá hacerse la distraída. Es la segunda fuerza política de la provincia y deberá convivir con las responsabilidades. En la Legislatura se dará esa inédita convivencia, con la mayoría de la Renovación y una oposición con mayoría libertaria. 

El delicado equilibrio entre ambas fuerzas debe acompañar la gobernabilidad que aporta Misiones a la Nación. El ministro del Interior, Diego Santilli Santilli mostró predisposición a trabajar en sintonía y destacó el orden financiero y económico de la provincia. Sin embargo, los libertarios locales no parecen demasiado interesados en devolver gentilezas. El ex tenista Diego Hartfield se presenta como un soldado de Milei y no como un representante de Misiones en el Congreso nacional. 

En la Legislatura provincial, será el nuevo presidente, Sebastián Macías, el encargado de gestionar ese nuevo escenario para ir en línea con la gestión provincial que, a diferencia de la nacional, se esfuerza en sostener el consumo y fortalecer inversiones con la presencia del Estado. El gobernador Hugo Passalacqua remarca que “el crecimiento debe ser entre todos”. 

Ajeno a cualquier dato que lo contradiga, el Presidente aseguró que el rumbo no se mueve. “Bastante laburo nos costó que 13 millones de argentinos salgan de la pobreza. Ustedes se fijaron que si ustedes toman cada uno de los logros de este gobierno, si yo hubiera sido peronista, hoy la mitad de las calles de Argentina llevaría mi nombre. Pero claro, como soy un desalmado liberal, nada”, ironizó ante las risas del coloquio de El Cronista

Sin embargo, esa reducción de la pobreza de la que se ufana podría tener una trampa estadística. Para la Universidad Católica Argentina, el valor de la canasta de la pobreza sería más alto si se actualizara su medición. Costaría $1.942.078 por el mayor peso del gasto de las familias en el pago de los servicios públicos y privados. En consecuencia la pobreza sería de más del 40% versus el 31% que arroja la última medición oficial.

El Indec de Marco Lavagna (que tiene cositas del de Moreno) continúa utilizando la Canasta Básica Total con la estructura de gasto de los hogares relevada en la ENGHo 2004/2005, cuando ya existen datos actualizados para 2017/2018. 

El Informe de la UCA concluye que hay una baja real de la pobreza bajo la actual gestión, por la contención de la inflación, los cambios en los precios relativos y el fortalecimiento de la AUH y de la Tarjeta Alimentar. Pero advierte que “su magnitud se encuentra sobrerrepresentada por la medición”. 

“Los procesos de devaluación, liberación de precios y aumento en las tarifas de servicios, aumentaron esta distorsión, afectando la capacidad de la medición para reflejar con fidelidad la efectiva capacidad de consumo de los hogares”, señala el análisis de la prestigiosa casa de estudios. 

La UCA no es la única universidad en relativizar la realidad que celebra el Presidente. Insight 21, el think tank de Universidad Siglo 21, presentó su nueva medición de felicidad correspondiente al segundo semestre de 2025, que muestra un nuevo descenso en los niveles de bienestar de la población argentina. Solo el 48,3% de las personas encuestadas afirma sentirse feliz con su vida, el valor más bajo registrado en los últimos ocho años. Según esta investigación del Observatorio de Tendencias de Insight 21, la felicidad cayó 2,6% respecto del primer semestre de 2025 (cuando alcanzaba 50,9%) y 6,2% en comparación con el último semestre de 2024 (54,5%).

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