MILEI

Giros de coparticipación a Misiones cayeron 15,5% en julio

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En julio de 2024 las transferencias automáticas del Estado nacional a las  provincias y CABA totalizaron $ 3,4 billones, expandiéndose 196,2% interanual nominal pero, al descontar la inflación del período (estimando el IPC nacional de julio en 4,0%, basado en proyecciones propias y privadas) los envíos presentaron una caída en términos  reales del 18,5%. 

En ese marco, los envíos a Misiones también presentaron fuerte contracción: la provincia captó $107.825 millones con una variación del 197,2% nominal interanual. Al descontar la inflación regional (IPC NEA según estimaciones propias en 4,2%) las transferencias a Misiones registran una caída real del 15,5% interanual, indicó un reporte de la consultora Politikon Chaco para Economis, en base a datos de la DNAP y INDEC. 

Observando los componentes de las transferencias automáticas para el caso misionero, la  Coparticipación Federal cae en moneda constante un 14% interanual (totalizó $ 100.682 millones, que equivale al 93% del total de las transferencias automáticas); mientras que los  recursos derivados de los leyes y regímenes especiales totalizaron $ 3.895 millones y en su  conjunto, muestran un retroceso del 45,1% real interanual, empujados principalmente por  el impuesto a los Bienes Personales cuyo descenso real alcanza el 90,1% . Por su parte, los  fondos por Compensación del Consenso Fiscal se contrajeron en Misiones 6,2% real  interanual en este mes. 

De este modo, la caída real en este mes de análisis equivale para el caso misionero a una pérdida de recursos estimada en $ 19.792 millones contra igual mes del 2023, al medirlo  en moneda constante de julio de 2024.

Con este resultado, el acumulado enero a julio del 2024 cierra con descensos: los envíos acumulados para Misiones totalizaron $ 685.398 millones, registrando una variación  interanual nominal del 225,6%, al tiempo que en términos reales exhibe una baja del  11,5%. 

Síntesis de las transferencias a nivel nacional 

Las transferencias automáticas de recursos de origen nacional (coparticipación, leyes  especiales y compensación del Consenso Fiscal) enviadas al consolidado de provincias y  CABA totalizaron en el mes de julio 2024 unos $ 3,4 billones reduciéndose 18,5%  interanual en términos reales.  

Entre los componentes de las transferencias automáticas, los envíos por Coparticipación  Federal de Impuestos (94% del total) exhiben una baja del 16,7% real interanual, descenso  traccionado principalmente por la merma del impuesto a las Ganancias (-24,0% real i.a) y  del Impuesto al Valor Agregado (-11,7% real i.a). Por su parte, el conjunto de Leyes y  Regímenes Especiales totalizaron envíos por $ 109.501 millones (3% del total) con  desempeños mayormente negativos con caídas muy fuertes en los recursos del impuesto a  los Bienes Personales (-90,4%) y, finalmente, los recursos por Compensación del Consenso  Fiscal (3% del total) mostraron una baja del 9,3% real interanual. 

Resultados por jurisdicción 

En julio 2024, las 24 jurisdicciones subnacionales volvieron a presentar caídas reales  interanuales de importante magnitud, en línea con lo acontecido a lo largo del año, excepto  mayo. Entro los distritos, el descenso más leve se verifica en Misiones (-15,5%) mientras  que la provincia de Buenos Aires registró la caída más fuerte del mes (-19,2%).

Al respecto de las diferentes variaciones observadas por jurisdicciones, cabe recordar que  el cálculo de las mismas se realiza en función de los IPC regionales (con estimaciones  propias de cada región para el mes de julio 2024); esto genera que se observen diferencias  –a veces significativas– de las tasas de variación real entre provincias, al tener distintos  impactos del alza de precios según ubicación geográfica.  

A su vez, el acumulado del período enero – julio 2024 se sostiene en terreno negativo  también para la totalidad de las jurisdicciones subnacionales. En este marco, CABA  muestra la baja más leve (-10,3%) y en el otro extremo, la provincia de Buenos Aires  presenta el descenso más fuerte (-14,9%).

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Empresas mineras presionan a las provincias para que adhieran al RIGI asegurando que hay inversiones por US$25 mil millones en espera

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La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) presiona a las provincias para que adhieran al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), considerando “fundamentales los avances” que se logren en esa dirección y asegurando que hay inversiones por US$25.000 millones que están atadas al aval de las distintas jurisdicciones.

La entidad que nuclea a las empresas del sector manifestó mediante un comunicado que 
“desde la industria minera argentina entendemos que son fundamentales los avances que se logren en cuanto a las adhesiones de las provincias al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”.

En ese sentido, sostuvieron que “es una herramienta que ayudará a la concreción de importantes inversiones destinadas a desarrollar la producción minera argentina, con un gran efecto en la generación de empleo genuino, impulso a proveedores locales, sensible mejora de infraestructura, aporte de divisas y desarrollo de poblaciones que se encuentran expectantes y entusiastas con el avance de esta industria”.

Al mismo tiempo, aseguraron que el régimen “es fundamental para generar confianza de los inversores en el país” y consideraron que “es imprescindible para reforzar la competitividad frente a otros países que poseen recursos minerales similares y que han sabido desarrollar significativamente su minería a partir de contar con previsibilidad en materia cambiaria, seguridad jurídica, marco tributario competitivo y obras de infraestructura apropiadas”.

Con el objetivo de reforzar el pedido y remarcar los aspectos que puede potenciar el RIGI, aportaron que “los proyectos mineros toman para su construcción entre 3 y 5 años según su envergadura, y producen industrialmente durante no menos de 30”, y afirmaron que “un solo proyecto minero puede llegar a contratar durante su construcción aproximadamente 800 pymes, manteniendo durante su vida productiva y en forma permanente alrededor de 600”.

Al respecto, señalaron que “la gran mayoría de esas pymes son proveedores argentinos, cuya fuerza laboral es también argentina” y revelaron que “las proyecciones de empleo hablan de entre 3.000 y 5.000 personas trabajando para cada uno de esos proyectos”, destacando que “podemos comprender el impacto que esto tiene en las provincias donde se desarrolla la minería y el efecto positivo que se extiende a todo el territorio nacional”.

Asimismo, las empresas mineras manifestaron que “en el contexto actual, el RIGI contribuye a generar las condiciones que favorezcan la puesta en marcha de los yacimientos de cobre, proyectos de gran magnitud que llevan años en carpeta y que serán transformacionales para la región”.

En esa línea, indicaron que también se verían beneficiados los proyectos de litio, “a fin de aprovechar la ventana de oportunidad que abre la electromovilidad” y agregaron que “resulta necesario, además, estimular la inversión en exploración para desarrollar nuevos proyectos de oro y plata y ampliar los existentes, que producen las principales exportaciones mineras del país, pero que se encuentran en declinación por la falta de incentivos para extender su vida útil”.

En este marco, expresaron que “desde CAEM creemos que hay que aprovechar cada oportunidad posible para poner en valor los recursos minerales”, con el objetivo de que “los más de 25.000 millones de dólares que tenemos en cartera de proyectos sean yacimientos en producción”, sumado a “triplicar las exportaciones actuales, alcanzando los 12.000 millones de dólares anuales y para duplicar los más de 100.000 empleos que actualmente generamos, llevando nuevas oportunidades a más argentinos”.

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Productores yerbateros piden que se declare la emergencia del sector y amenazan con un tractorazo

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Por Alejandro Spivak – Reclaman que se derogue el DNU que desreguló la actividad. Hicieron llegar escritos al Presidente y al gobernador Hugo Passalacqua.

Asociaciones de productores yerbateros de la provincia de Misiones consensuaron el envío de tres cartas: una al presidente Javier Milei por del DNU 70/2023 que desreguló la actividad yerbatera que desencadenó la baja del precio de la materia prima; otra al gobernador Hugo Passalacqua; y una tercera al diputado Oscar Herrera Ahuad como presidente de la Legislatura misionera. A los dos últimos les pidieron la declaración de la emergencia yerbatera.

A su vez, ya comenzaron a trabajar en dos definiciones que se darían en los próximos 10 días.

Dirigentes y productores del sector plantearon la realización de un tractorazo a Posadas, para acampar en la plaza 9 de Julio, que reeditaría, de esa forma el de hace 20 años cuando se logró la sanción de la ley que dio origen al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

También se plantea una marcha de las economías regionales en la cual, junto a entidades agropecuarias del país que atraviesan problemas por el DNU, llegar hasta Buenos Aires con los tractores.

También habría consenso para no levantar yerba en la zafriña (cosecha de verano), si las respuestas nacionales se mantienen ausentes como hasta ahora, tal como hicieron los productores de la localidad misionera de San Pedro en señal de protesta. Y acompañarán a los reclamos de los tareferos en el cobro del subsidio interzafra, que se encuentra en proceso de revisión por parte del Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello.

A Milei le reclamaron por el DNU: “La desregulación por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 eliminó funciones del INYM que son centrales para el sustento de miles de familias de trabajadores del sector yerbatero. Las consecuencias de tal medida se evidencian en este momento con la baja de precios y los tiempos de pago de la materia prima a los productores, con impacto negativo en la economía regional. Esta situación negativa, a siete meses desde que asumió como presidente de la Nación, puede y debe revertirse, mediante la designación de un presidente en el INYM y la restitución de todas sus funciones”, escribieron entidades como AAG y FSur, UDAM, APAM, Centro Agrario Yerbatero, Chimiray, Alto uruguay, Centro de la Familia Yerbatera, entre otros.

“Usted entiende la profundidad e importancia de estas líneas, dado que pregona que su aspiración es lograr tasas de crecimiento positivo en la Argentina. En ese marco se inscribe la Ley 25.564, es decir el INYM con un Directorio y funciones plenas, y por lo tanto, entendemos que atenderá nuestra solicitud”, agrega el texto.

“Estamos ante una situación donde son afectados gravemente no menos de 150.000 habitantes, dado que en forma directa trabajan en el sector productivo primario alrededor de 35.000 personas, que producen, transportan y elaboran alrededor de 900 millones de kilos de hoja verde de yerba mate, una producción que termina llegando al mercado con un valor total de mil quinientos billones de pesos con efecto multiplicador y distributivo notable”, sostiene la misiva enviada a Passalacqua y Herrera Ahuad.

Finalmente fue cuando hicieron el pedido: “Es necesaria y urgente la Declaración de Emergencia Agropecuaria Yerbatera, la restitución de las condiciones de operación del INYM, con la inmediata designación de autoridades y funcionamiento del Directorio del INYM que se aboque a la concertación de precios. En el mismo sentido, prever la provisión por parte de Nación de los fondos para la Interzafra a los trabajadores rurales, pues estamos a pocos días de la terminación de cosecha, y fondos destinados a la recomposición de precios al productor”.

El dirigente de la Asociación Civil Casa de la Familia Yerbatera, Waldemar Schwider, advirtió que la crisis no permite siquiera pensar a mediano plazo, por la baja rentabilidad de la materia prima y justificó el pedido de la emergencia. “Estamos pidiéndola porque se planteó la cuestión en la reunión de asociaciones de cada municipio. Planteamos la situación en la nota que elevamos al gobernador porque el precio de la yerba no nos cubre los gastos. Hoy, se quedan con la plata los tareferos y los cuadrilleros porque a los productores apenas nos quedan $80 por tonelada. ¿De qué vamos a vivir hasta febrero o marzo con los compromisos que se tienen?”, se preguntó Schwider en diálogo con una radio posadeña.

“Tanto la Nación como la Provincia están con oídos sordos a nuestros planteos, por eso nos estamos armando para un tractorazo porque no se puede más. Tenemos compromisos a pagar y no damos más”, aseguró el dirigente.

Advirtió que están dispuestos a ir a la plaza 9 de Julio, como en el año 2000. “Si entonces tuvimos éxito, ¿por qué no lo tendríamos ahora? Viví ese tractorazo con 20 años menos y ahora estoy dispuesto a pasar dos, tres meses ahí porque tengo con qué vivir pero otros no”, cerró.

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Se duplicó la cantidad de personas que cobran seguro de desempleo

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En medio de la recesión, más de 100 mil personas perciben ese beneficio. La cantidad de personas que perciben el seguro de desempleo se duplicó en el primer semestre del año, en medio de una recesión de largo aliento.

En el primer semestre, 98.703 personas que perdieron el empleo registrado sin causa atribuible al trabajador comenzaron a cobrar el seguro o la Prestación por Desempleo. 

Así se elevó a 111.851 el promedio mensual de los alcanzados por este seguro. Cobran un haber promedio de $182.858 mensuales.

Las altas de este año se duplican frente a las de igual período de 2023. 

Habían sido de 49.910 y el promedio mensual de 64.457 personas.

De este total, 84.372 son varones y 27.479 mujeres. 

De las 98.703 altas, las más numerosas están en la construcción (36.488 trabajadores), la industria manufacturera (19.532), el comercio (15.389), actividades administrativas (6.768), servicio de transporte (3.753), servicios de comida y alojamiento (3.268) y salud y servicios sociales (2.708).

Las personas que pueden cobrar el seguro por desempleo
son los despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas al trabajador que estuvo en relación de dependencia.

Mientras cobran este seguro –de hasta 12 meses- perciben también las asignaciones familiares y continúan con la cobertura de la obra social a la que están afiliados. 

Y los meses del cobro de la prestación se computa como antigüedad para la jubilación o pensión.

Un requisito importante es haber tenido al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.

En el caso del trabajador eventual y de temporada, el requisito es haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.

El monto y la cantidad de cuotas (entre 2 y 12) se calculan según los ingresos y meses trabajados (con aportes) durante los últimos 3 años. Las trabajadoras mayores de 45 años cobran durante 6 meses más.

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AFIP fijó nuevas condiciones para el blanqueo

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Alcanzan a residente y no residentes, quienes deberán dar más información registral sobre su situación ante el organismo. También modifican el pago de multas.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fijó nuevas normas de registración para residentes y no residentes que quieran adherir al blanqueo y condiciones para evitar el pago de las multas.

Lo hizo a través de la Resolución General N° 5.528 publicada en el Boletín Oficial.

Los residentes “deberán poseer Código Único de Identificación Laboral (CUIL), Clave de Identificación (CDI) o Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) con estado administrativo “Activo: sin limitaciones”.

También podrán tener las siguientes categorizaciones: “Limitado por Falta de Inscripción en Impuestos/Regímenes” o “Limitado por Falta de Presentación de Declaración Jurada” o “Limitado por Falta de Movimiento y Empleados en Declaración Jurada” o “Limitado por incumplimiento a las Acciones de Control Electrónico”.

Los sujetos no residentes que fueron residentes fiscales argentinos tendrán que designar un responsable que deberá gestionar el alta a través del servicio con clave fiscal “Sistema Registral”.

En otro orden, a los efectos de acreditar la titularidad, posesión, tenencia o guarda al 31 de diciembre de 2023 y la valuación de los bienes regularizados, deberán aportarse, junto con la declaración jurada de regularización, las constancias fehacientes y/o documentación respaldatoria que se establece en cada caso, conforme las pautas establecidas en este anexo.

Por otro lado, la AFIP determinó que “el dinero en efectivo que sea regularizado bajo el blanqueo y que sea depositado y/o transferido a una Cuenta Especial de Regularización de Activos será excluido de la base de cálculo para la determinación de la base imponible del Impuesto Especial de Regularización tampoco integrará la base imponible del Impuesto Especial de Regularización.

Y añadió: “Si los fondos depositados en dichas cuentas son transferidos a cualquier otra cuenta antes del 31 de diciembre de 2025, corresponderá tributar el Impuesto Especial de Regularización, a través de la retención del 5%.

En consecuencia, “si los fondos depositados en dichas cuentas no cumplen lo señalado ni se destinan a alguna de las inversiones y/o finalidades deberán pagar el 5%”.

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