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El boleto de colectivo se acerca a $1.000 en algunas provincias de Argentina

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La eliminación de los subsidios del Gobierno al interior disparó los incrementos en muchas jurisdicciones. En el AMBA los pasajes se encuentran muy por debajo del promedio nacional y las subas previstas fueron postergadas para evitar “el impacto social”.

En algunas ciudades de Argentina el boleto mínimo de colectivo ya tiene un precio cercano a los $1.000 tras la eliminación del Fondo Compensador del Interior (FCI) que decidió el Gobierno nacional, por el cual se subsidiaba a las líneas del interior. En los próximos meses cada jurisdicción definirá nuevos incrementos para compensar la diferencia entre el costo de las empresas operadoras y lo que pagan los usuarios.

En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el aumento de febrero hizo que dejara de estar entre las regiones del país con el pasaje más bajo. La Secretaría de Transporte definió que no aplicará en abril la fórmula de actualización bimestral ajustada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, que marcó una variación del 36%, ya que el equipo económico busca no sumar presión a la inflación.

El ranking de tarifas de transporte automotor urbano que confeccionó la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) sobre 58 ciudades arrojó que el boleto mínimo con el valor más alto en el país es el de Bariloche, con 980 pesos. El top 5 lo completan General Roca ($940), Coronel Rosales ($880), Centenario ($853) y Cipoletti ($850).

Completando los primeros diez puestos quedaron: Ushuaia ($800), San Antonio Oeste ($800), Necochea ($798), Pergamino ($751) y Mar del Plata ($750).

Con precios intermedios se encuentran Candelaria (737), Garupá (737), Ramallo (720), Santa Rosa (715), Córdoba Capital (700), Río Cuarto (700), Santa Fe (700), Rosario (700), Villa María (700), Carlos Paz (700), Partido de la Costa (698), Tandil (693), Bahía Blanca (690), San Nicolas (690), Corrientes (690), Formosa (690), San Miguel de Tucumán (690), Concepción del Uruguay (690), Paraná (690), Posadas (690).

Entre los 10 más baratos se encuentran: Pinamar-Gesell ($280), AMBA ($270), Olavarría ($261), Catamarca ($250), Comodoro Rivadavia ($244), Trelew ($205), Mendoza ($200), Río Gallegos ($197) y Río Grande ($192).

El caso del AMBA

El Gobierno tiene decidido quiénes tendrán un aumento en el transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir de abril. Si bien estaba previsto que se aplique la fórmula de actualización bimestral por inflación para todos los boletos de trenes y colectivos, finalmente solo tendrán incrementos los usuarios que no hayan registrado la tarjeta SUBE a su nombre.

No es la primera vez que el objetivo de reducir el gasto en subsidios del Ministerio de Economía choca contra los debilitados bolsillos de los consumidores. Las subas en electricidad fueron menores a las previstas, las del gas se postergaron y las del combustible aún no alcanzaron el objetivo oficial de la paridad de importación.

La idea del gobierno nacional es que desde el mes que viene solo los usuarios que no hayan registrado su tarjeta SUBE tengan aumentos en el AMBA. En detalle, el boleto mínimo de colectivos para estos pasajeros saltará un 60% de $270 a $430 mientras que el primer tramo de trenes pasará al doble, de $130 a 260 pesos.

De todos modos, la posibilidad de realizar la “nominalización” del plástico continuará abierta. En total ese trámite ya fue realizado por más de 2 millones de personas, según datos oficiales, por lo que se multiplicó por 10 veces el promedio de registración en comparación a la previa de la normativa.

De la última resolución que publicó Transporte se desprende la aplicación de una fórmula de actualización bimestral a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. En el sector explican que el incremento debería estar en torno al 30%, pero desde la Secretaría de Transporte que conduce Franco Mogetta afirmaron: “No hay aumentos previstos”.

Ahí el Gobierno se encuentra en un dilema: convalidar el aumento en base a inflación impactaría en los debilitados bolsillos de los usuarios pero su postergación implica una mayor cobertura con subsidios, en el marco del objetivo de reducir las subvenciones al transporte en al menos 0,2 puntos del PBI este año. Es una de las partidas a recortar que espera el Ministerio de Economía para sostener el superávit fiscal.

En ese marco, hay una puja con las empresas de colectivos que circulan entre el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Las cámaras reclaman una deuda de $50.278 millones por subsidios correspondientes al primer bimestre del año. Desde Transporte señalaron a este medio que el monto adeudado son “únicamente” $10.000 millones.

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Canasta básica: los jubilados necesitan cerca de $700.000 para cubrir sus gastos mensuales

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El valor de la canasta de jubilados aumentó un 239% interanual.

La Canasta Básica de los Jubilados escaló en los últimos 12 meses un 239%, alcanzando un valor de $685.041, de acuerdo a los cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad. En relación a la última medición elaborada en octubre del año pasado, el aumento trepó al 118,73%.

El impacto de la inflación y el ajuste sobre los haberes golpean de lleno en el poder adquisitivo de los jubilados, que cada vez más sufren la brecha entre los gastos mensuales que deben afrontar y los ingresos que perciben.

Los $685.041 que actualmente se estiman que son necesarios para abonar los costos básicos que tienen los adultos mayores están muy lejos de la jubilación mínima, que se ubica en $134.445 y que alcanza los $204.445 en caso de incluir el bono de $70.000. En tanto, el haber medio de los jubilados que no recurrieron a las moratorias es de $299.407.

Por el lado de la Pensión para Adultos Mayor (PUAM), el programa dirigido a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes requeridos para tramitar la jubilación ordinaria, actualmente está en $107.556,24. Mientras que con los $70.000 del bono de refuerzo, el monto a cobrar escala a un total de $177.557.

Estos haberes corresponden al último incremento que dispuso el Gobierno para marzo, cuando las jubilaciones tuvieron un ajuste del 27,18%. La suba quedó por debajo de la inflación del primer bimestre del año, que alcanzó el 36,6%.

La medición incluye los gastos de vivienda y el rubro medicación contempla una variedad de medicamentos de diferentes patologías, considerando el descuento que se realiza en farmacias según la obra social del jubilado, que oscilan entre 40 y 80%, aportó el Informe de la Defensoría.

La Canasta Básica de $ 685.041 está compuesta por:

  • Alimentos: $ 197.610
  • Limpieza: $ 93.190
  • Insumos farmacia: $ 45.220
  • Medicamentos: $ 108.717
  • Vivienda: $ 117.000
  • Transporte: $ 46.0000
  • Recreación: $ 26.000
  • Vestimenta: $ 25.000
  • Servicios: $26.394

El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, sostuvo que “los nuevos datos de la Canasta Básica de los Jubilados ratifican la situación de precariedad y miseria en la que se hunde cada vez más el sector. No es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta”.

El Gobierno analiza enviar al Congreso un proyecto de ley para debatir una nueva fórmula de aumento para los haberes jubilatorios en los próximos días. Al respecto, el vocero presidencial, Manuel Adorni anticipó que “la nueva fórmula probablemente contemple algo elemental: que el jubilado no siga perdiendo contra la inflación como lo viene haciendo no solo desde la última fórmula, sino en los últimos 20 o 25 años”.

Asimismo, sostuvo que “cualquier fórmula va a contemplar que no se siga perdiendo poder adquisitivo. Por eso es un tema extremadamente delicado, siempre va a estar en el marco de la restricción presupuestaria y el equilibrio fiscal, que es innegociable” y aseguró que “la fórmula jubilatoria va a seguir todas esas lógicas: que no perjudique al jubilado, que cumpla con el equilibrio fiscal y que se discuta por todos los sectores”.

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Milei envía pliegos para cubrir dos vacantes en la Corte Suprema

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El presidente Milei envió los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla propuestos para cubrir cargos de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cabe destacar que el próximo 29 de diciembre Juan Carlos Maqueda cumpliría 75 años y que Elena Highton renunció a su cargo en 2021, por lo que, el Máximo Tribunal tendría dos vacantes.

La Constitución Nacional estipula como potestad del Poder Ejecutivo la de “nombrar los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”. Asimismo, la Ley 26138 recepta la integración de cinco miembros en el Máximo Tribunal y el Dec 222/2003 contempla el procedimiento para el nombramiento de aquellos/as magistrados/as.

En el comunicado, Milei adelantó que en las próximas horas se publicará una modificación a dicho decreto. También, agradeció los servicios prestados por el actual cortesano Juan Carlos Maqueda, anticipando que tras cumplir sus 75 años no se le pedirá un nuevo acuerdo para continuar en el cargo. 

Por último, el Presidente comunicó los nombres que propondrá al Senado para ocupar las vacantes dejada por Highton y que dejaría Maqueda: Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. 

Ariel Lijo es titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4, designado por Decreto 1368/2004. Por su parte, Manuel García Mansilla es una académico que actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.

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Economía sale a colocar deuda en pesos con interés fijo

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El FMI había solicitado en la última negociación que el Gobierno dejara de lado los títulos atados al tipo de cambio o indexados a inflación. Volverán a emitir Lecap como las que utilizaba Nicolás Dujovne y que fueron reperfiladas en 2019

Un título del Tesoro que fue utilizado por el Gobierno de Mauricio Macri y que fue reperfilado en 2019 volverá a estar en el menú de variantes a disposición de los inversores esta semana. El Ministerio de Economía buscará con ese bono a tasa fija en pesos captar liquidez del mercado y continuar así con el programa financiero, tras la baja de la tasa de interés que determinó el Banco Central y luego del dato de inflación de febrero que marcó una desaceleración de la inflación.

Según comunicó el Palacio de Hacienda este martes por la tarde, la licitación de deuda que tendrá lugar este jueves incluirá el regreso de las Letras Capitalizables (Lecap), un título a tasa fija en moneda local, lo que implica que no está ligada al ritmo de la inflación o de la variación del tipo de cambio oficial, las dos variantes más utilizadas en los últimos años por la Secretaría de Finanzas para conseguir fondeo en el mercado doméstico.

Las Lecap fueron un instrumento financiero muy utilizado durante la gestión de Nicolás Dujovne como ministro de Hacienda y Finanzas en los años del macrismo. Su vigencia estuvo marcada, sobre el final del mandato de Cambiemos, por el reperfilamiento de la deuda en pesos en agosto de 2019 tras las elecciones primarias, un anuncio que incluyó entre otros títulos a las Lecap. En esa ocasión se decidió pagar el 15% de los vencimientos el día de pago previsto, otros 25% a los tres meses de esa fecha y el 60% restante seis meses después.

La renovada estrategia financiera que adoptará el ministerio que encabeza Luis Caputo con estos bonos a tasa fija en pesos tendrá lugar luego del movimiento de piezas que activó el equipo económico con la baja de la tasa de interés de referencia que decidió el Banco Central (desde 100% a 80% anual nominal) y la concreción de un canje de deuda grande, que fue protagonizado por los tenedores intra sector público pero que tuvo también una participación menor de privados.

La migración desde los títulos indexados (a CER, tipo de cambio oficial o duales) hacia la tasa fija es una de las cuestiones que había puesto sobre la mesa el Fondo Monetario Internacional en el último reporte técnico aprobado a fines de enero. El organismo propicia, por definición, una deuda doméstica menos indexada y de duración más larga.

“Las autoridades están pasando de los bonos vinculados al tipo de cambio a los bonos vinculados a la inflación mientras buscan pasar gradualmente a títulos de tasa fija y extender la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro. Para ello, desarrollarán y ejecutarán un plan destinado a extender los vencimientos de una parte de la deuda interna que vence este año”, mencionó el Fondo Monetario en el staff report.

Para el FMI, el frente financiero local es uno de los elementos a considerar para evaluar los riesgos de una salida de los controles cambiarios. Por esa razón también empujaba por un canje de bonos que extienda los vencimientos, lo que terminó por cristalizar la Secretaría de Finanzas la semana pasada. También lo es en la mirada del Fondo, por ejemplo, la existencia de una tasa de interés real positiva, algo que está lejos de suceder en las condiciones actuales.

En ese contexto, la secretaría que comanda Pablo Quirno anunció que emitirá una Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos que tendrá como vencimiento el 31 de enero de 2025. La tasa será determinada en la licitación. Ese será el ensayo de colocación de tasa fija en pesos, ya que habrá otros dos instrumentos, pero serán a tasa variable y seguirán la evolución de la inflación (uno con finalización el 30 de junio de 2025 y otro el 23 de agosto del año próximo).

Los bonos en pesos a tasa fija son una porción menor de los títulos del Tesoro en circulación. De acuerdo al último informe mensual publicado por Economía, a febrero de 2024, el 40% de la deuda en moneda local no es ajustable.

El calendario de vencimientos de este año tuvo un alivio tras la concreción del canje hace una semana. Finanzas alcanzó una aceptación del 77% sobre el total de vencimientos de los títulos que vencían en 2024 y de esta manera se despejaron $42,6 billones. El volumen total involucrado se encontraba mayormente concentrado en manos de organismos estatales, principalmente el Banco Central, la ANSES y también bancos públicos.

Desde el Ministerio de Economía aclararon en un comunicado que el sector privado aportó aproximadamente el 17,5% de sus tenencias, mientras que el sector público lo hizo casi por su totalidad. De esa manera, se estiró la vida promedio del perfil de vencimientos desde 0,4 a 3 años, lo que redujo la carga financiera implicando un ahorro de intereses $555.000 millones, equivalente a 0,1% del PIB.

La operación que inició ayer el Ministerio de Economía de la deuda en pesos apuntó a postergar el grueso de los pagos de vencimientos que caen este año hasta fines de 2025 y también a 2026 y 2027, con lo que el objetivo central es, precisamente, hacer más liviana la hoja de ruta financiera de este año.

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Las empresas de transporte le respondieron al Gobierno tras el corte de subsidios a 1637 colectivos del AMBA

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Lo hicieron a través de un comunicado emitido este martes. “No son fantasmas, existen”, alegaron

Días después de que el Gobierno anunciara el corte de los subsidios a más de mil colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las empresas de Transporte se hicieron eco de la decisión tomada por las autoridades nacionales y defendieron a las 1.637 unidades que sufrirán los recortes.

Fue a través de un comunicado que lleva la firma de AAETA, CEAP, CEUTUPBA y CTPBA, en el que los representantes del sector detallaron cuál es la situación de los coches cuestionados y aseguraron que todos ellos cuentan con el seguro y la VTV al día.

“Debido al repetido atraso en el pago de los subsidios y los errores de cálculo, absoluta responsabilidad del Estado, los millones de usuarios de colectivos del AMBA perciben la reducción en la cantidad de colectivos prestando servicio (a pesar de que los mismos existen) situación que ya se había analizado entre el Estado y las cámaras empresarias el año pasado”, comienza el escrito.

El texto continúa: “La Estructura de Costos que se utiliza para determinar subsidios incorpora la cantidad de kilómetros reales medida por los GPS que tiene cada unidad, siendo medido (junto a los precios de los insumos), por el propio Estado. Siendo la Secretaria de Transporte único responsable de tal proceso, usando medios electrónicos para medir la prestación de servicio desde el año 2013″.

En este sentido, las empresas afirman que la cartera encargada del área estaba al tanto de la situación y que los casos en particular de estas unidades habían sido analizados durante el mes de enero, cuando se decidió “corregir algunas diferencias”.

Acerca de la noticia comunicada recientemente por las autoridades nacionales, señalaron: “No hemos elegido ni solicitado este régimen de subsidios, ni los cambios de criterio en la medición del parque, o los porcentajes de coches de reserva por desperfectos ocasionado por la mayor antigüedad de flota, que debe ser del 15%, según lo normado, en vez del 10% cambiando así por completo la conclusión”.

Y sigue: “El Estado es quién decide que en el AMBA se cobre una de las tarifas más baratas de la Argentina, ofreciendo a cambio subsidios que no reflejan los costos reales, y que luego se pagan con demora ocasionando perjuicio en el servicio razón por la cual el usuario percibe menos colectivos en calle, desde hace un tiempo”.

Hacia el final del comunicado, los representantes del sector afirman que la solución es que se corrijan los cálculos y se incluyan los faltantes mencionados (precio del gasoil, litros de gasoil consumido, precio de los vehículos, subestimación de costos diversos que no se actualizan desde 2021 y tasas de interés) a fin de que todos los colectivos vuelvan a circular por las calles.

También proponen un plan B: “O en su defecto que se deje de subsidiar empresas y en su lugar se subsidie al pasajero, o se cobren tarifas acordes a la realidad como en otros lugares del país. A disposición para aportar los elementos que demuestren esta situación”.

La determinación de eliminar la ayuda económica a los más de mil colectivos del AMBA se conoció el pasado viernes cuando la Secretaría de Transporte realizó un estudio del sistema automotor y resolvió dejar de subsidiarlos porque detectó graves irregularidades.

“El Estado ha repartido subsidios para 18.300 colectivos, pero nunca se controló si esta cantidad era la que transitaba por el AMBA. Claramentese subsidiaba una oferta inexistente”, había señalado Manuel Adorni durante la conferencia de prensa que diariamente ofrece en la Casa Rosada.

En su exposición explicó: “Con esto se desmantela un grifo de derroche e ineficiencia que nos salía muy caro a todos: ahorraremos $6.200 millones de pesos por mes”, precisó el vocero presidencial, quien además adelantó que próximamente se tratará de “determinar el trayecto real que realiza cada unidad para hacer más eficiente el servicio de transporte”.

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