MILEI

Rotundo rechazo de las organizaciones a las modificaciones de las leyes ambientales

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Más de cien organizaciones de la sociedad civil unen sus voces para oponerse firmemente a las modificaciones a las leyes ambientales propuestas en la última versión del proyecto de Ley Ómnibus presentado por el Gobierno Nacional. Este pronunciamiento fue formalizado mediante una carta entregada ayer ante la Cámara de Diputados de la Nación.

En la jornada de ayer, más de cien organizaciones hicieron una presentación ante los diputados y diputadas nacionales, reclamando que no se incorporen las modificaciones propuestas en el capítulo ambiental del nuevo proyecto de ley.

Como se manifestó en otras ocasiones, estas leyes ambientales y las modificaciones propuestas en la nueva versión que presentó el ejecutivo recientemente, no tienen ninguna relación con las necesidades y urgencias de la situación económica que atraviesa la Argentina, por lo que no hay justificación alguna para que sean incorporadas en el paquete de reformas.

La carta alerta cómo las propuestas de modificación a la Ley de Bosques, la Ley de Glaciares y la Ley de Control de Actividades de Quema, entre otras, representan una amenaza directa al derecho de los argentinos y las argentinas a vivir en un ambiente sano. Además, señala que estas modificaciones incumplen los compromisos internacionales suscritos por la Argentina. El proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” es cuestionado por vulnerar el principio de no regresión ambiental, ya que los cambios propuestos implican una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado enérgico a la Cámara de Diputados para que no dé curso a estas propuestas que chocan frontalmente con principios jurídicos y la normativa nacional e internacional vigente en el país, afectando los resultados económicos productivos de diversas actividades que se pretenden beneficiar y arriesgando seriamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en los foros multilaterales ambientales.

Los diputados y diputadas deben salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos y el compromiso internacional del país con la protección del ambiente, rechazando estos cambios y eliminándolos del proyecto de ley.

“Las organizaciones hemos analizado la nueva propuesta de dictamen de la Ley Ómnibus ofrecida por el oficialismo y seguimos considerando que afectan regresivamente los avances en legislación ambiental. Por ello, hemos enviado este nuevo pedido a nuestros Diputados. Desarrollo y conservación no son elementos antagónicos, es posible y necesario articular un modelo de desarrollo económico que no sea a costa de afectar negativamente al ambiente y a los sectores sociales más vulnerables. El verdadero desarrollo es sustentable; si no es sustentable no es verdaderamente desarrollo. Es solo una trasferencia de recursos en la cual el ambiente y los sectores vulnerables de la sociedad cubren las externalidades negativas de esa transacción. Es por eso que le pedimos a los legisladores que el dictamen deje fuera todo el capítulo ambiental, y de ser necesario, que estos temas se dicten en sesiones ordinarias, con el debido proceso y participación social”, comenta Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina. 


Texto completo: Nota a diputados organizaciones nueva ley ómnibus.pdf

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El Gobierno de Milei enfrenta su primer paro encabezado por la CGT

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La CGT, ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma), los trabajadores de la economía popular (UTEP), los movimientos sociales y las multisectoriales paralizarán las tareas hoy durante 12 horas en todo el país y se movilizarán hacia el Congreso en rechazo de las medidas económicas del Gobierno, en lo que constituirá la primer gran protesta gremial en la era Milei.

Las centrales obreras y otros espacios ratificaron su total oposición a la sanción del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 y al proyecto de ley ‘Bases’, a pesar de sus modificaciones, porque, afirmaron, “atentan contra los derechos laborales y todas las conquistas”.

“Se trata de un ataque salvaje que afecta a los sectores más vulnerables y a los trabajadores y procura quitar derechos laborales y jubilatorios”, dijeron las centrales.

Otro reclamo que en las últimas horas se sumó a la protesta de hoy es la decisión del Poder Ejecutivo de enviar al Parlamento un proyecto de ley de restitución del pago de Ganancias, ahora denominado Impuesto a los Ingresos Personales, que abarcaría a todo aquel que supere un ingreso de 1.350.000 pesos bruto.

Ayer, Héctor Daer, cotitular de la CGT, expresó que la protesta de hoy tendrá gran adhesión porque “la gente tiene bronca”, lo que “trascendió al movimiento obrero para alcanzar a varios sectores de la sociedad”, y añadió que existe “decepción”.

Al igual que lo hicieron las centrales obreras, los gremios de manera individual y los movimientos sociales, Daer rechazó la aplicación del protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ayer lo ratificó y dijo que “si Pablo Moyano quiere llevar a los camioneros a upa que lo haga, pero la medida será instrumentada”, al responder a declaraciones del sindicalista camionero, quien había señalado que sus afiliados “no pueden marchar a upa”.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), al igual que el gremio aceitero del Departamento de San Lorenzo, decidió paralizar las tareas durante 24 horas desde la medianoche.

Si bien el paro comenzará al mediodía, el transporte público de pasajeros funcionará hasta las 19 para aquellos que quieran participar en la marcha y luego desconcentrar hacia sus hogares.

De acuerdo a lo previsto, las columnas de trabajadores ingresarán hoy por la Avenida de Mayo desde la avenida 9 de Julio hacia la Plaza del Congreso, y se garantizará la circulación de los bomberos, ambulancias, vehículos con emergencias y el ingreso y egreso de frentistas en toda la zona.

La primera huelga y masiva marcha de protesta en la era Milei, a poco más de un mes de su asunción y según reconocieron los dirigentes sindicales de las tres centrales obreras, no sólo son “legítimas” sino que auguran “una real medición de fuerzas entre partes” para determinar de cara al futuro “el verdadero y justo proyecto de país para la sociedad”.

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En diciembre el gasto primario del Sector Público Nacional se redujo 6,2% interanual en términos reales

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Durante diciembre, el gasto primario del Sector Público Nacional registró una caída de 6,2% interanual en términos reales. Esta dinámica fue consecuencia de una ejecución prudente de las erogaciones discrecionales desde la asunción de la nueva administración, a lo que se sumó una fuerte contracción real en las prestaciones sociales, explicada en gran medida por el rezago de la fórmula de movilidad. La disminución del gasto primario se dio en simultáneo al esfuerzo para reducir la magnitud de la deuda flotante acumulada en los meses previos, que ascendía a $3.055.377,7 millones al 9 de diciembre.
En el último mes del año, el Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit primario de $1.991.316,1 millones. El déficit financiero se ubicó en $5.330.436,7 millones, producto del pago de intereses de la deuda pública neto de los intra-sector público, que alcanzó los $3.339.120,6 millones.

Para el año 2023, el Sector Público Nacional (SPN) exhibió un déficit primario de $5.483.305,3 millones (-2,9% del PBI), excluyendo recursos provenientes de la licitación de las bandas de frecuencias de quinta generación (5G) por $318.668,8 millones. Los intereses de la deuda pública neto de pagos intra-sector público alcanzaron los $6.183.915,5 millones, determinando un déficit financiero de $11.667.220,8 (-6,1% del PIB).

Durante diciembre, los ingresos totales del SPN alcanzaron los $4.227.122,9 millones (+150,4% i.a.). En lo que respecta a la recaudación tributaria, la misma presentó un crecimiento de +147,0% i.a.

Entre los tributos ligados a la actividad económica interna cabe mencionar la recaudación correspondiente al IVA neto de reintegros (+$599.009,5 millones; +199,4% i.a.), débitos y créditos (+$185.685 millones; +119,7%) y bienes personales (+$36.687,6 millones; +163,4% i.a.;). Por el lado del comercio exterior, los derechos de exportación crecieron +135,0% i.a. (+$219.715,1 millones) y los derechos de importación registraron una suba de +159,0% i.a. (+$89.414,7 millones). Por otra parte, la recaudación de ganancias mostró un incremento interanual de 36,6% (+$75.809,6 millones).

Por otro lado, los ingresos correspondientes a los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social se incrementaron en +$706.365,8 millones (+152,4% i.a.).

En otro orden, cabe mencionar que durante el mes de diciembre las rentas de la propiedad se incrementaron $223.348,6 millones (+228,6% i.a).

Por su parte las erogaciones primarias del Sector Público Nacional alcanzaron en el mes de diciembre los $6.218.439,0 millones (+192,0% i.a.).

En lo que refiere a las prestaciones de la Seguridad Social, las mismas ascendieron a $2.102.195,8 millones (+133,7 % i.a.). Esta dinámica se explica por el impacto de la fórmula de movilidad vigente (Ley N° 27.609), que arroja incrementos conforme crece la recaudación y los salarios formales. Este concepto no incluye el refuerzo de ingresos previsionales (más de $290.000 millones).
Por otra parte, la erogación asociada a remuneraciones alcanzó los $1.017.615,9 millones (+246,5% i.a.) producto de los incrementos otorgados en el marco de la política salarial acordada durante el año pasado.

Las transferencias corrientes alcanzaron los $2.485.648,2 millones (+303,4% i.a.). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +$1.303.369,7 millones (+282,3% i.a.). Entre ellas, se destacan las inherentes a la prestaciones sociales incluyendo el mencionado refuerzo de ingresos otorgado a jubilados y pensionados, las prestaciones del PAMI, las asignaciones familiares los programas de Política Alimentaria y el Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y desarrollo local.

Los subsidios económicos crecieron en +$587.039,1 millones (+507,5% i.a.), destacándose el comportamiento de los subsidios energéticos (+$495.294,6 millones; +1051% i.a).

Por su parte, las transferencias corrientes al sector público realizadas en diciembre alcanzaron los $700.994,7 millones (+$548.343,0 millones; +359,2% i.a.), entre las que se destacan las asistencias financieras a universidades por $367.509,9 millones (+$290.924,7 millones), los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias (ATN) por $129.212,7 millones (+123.845,9 millones), las asistencias a provincias en materia previsional (+$48.480,7 millones) y las realizadas por el Ministerio de Educación a las provincias en el marco del FONID (+$30.176,6 millones).

Finalmente, el gasto de capital alcanzó durante el periodo de referencia los $309.726,1 millones (+86,4% i.a.). Por un lado, el crecimiento de la Inversión Real Directa (+$85.911,2 millones; +86,1%) fue impulsada por inversiones realizadas por ENARSA, ADIF, AYSA, ARSAT y YCRT. Por otra parte, las Transferencias de Capital registraron un crecimiento de +99,8% i.a. (+$61.942,4 millones), explicado por el incremento de las transferencias realizadas por los Fondos Fiduciarios de Integración Socio Urbana (FFISU), el Fondo Fiduciario de Servicio Universal y las transferencias a provincias realizadas por la Administración Nacional.

El Ministerio de Economía refuerza su compromiso de alcanzar el equilibrio fiscal financiero en 2024, como punto central de un programa económico orientado a estabilizar la macroeconomía y generar las condiciones para un crecimiento sostenido del empleo.

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La cadena de valor tabacalera respalda las reformas impositivas de Milei pero pide quedar fuera de las retenciones

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Los representantes de las economías regionales vinculadas al sector primario de la producción de tabaco de las provincias tabacaleras de Salta, Jujuy y Misiones; junto con la Cámara Nacional de Empresas Tabacaleras, CANET, que agrupa a las empresas PyMEs, y la Cámara de la Industria del Tabaco, manifestaron su apoyo a la llamada Ley Ómnibus presentada por el Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, pidieron ser excluidas del aumento de retenciones anunciado por el presidente Javier Milei. 

En esa línea, los representantes misioneros de Innovación Federal en el Congreso, mantienen intensas gestiones para que el tabaco también sea incluido en las economías regionales con retenciones cero y se espera que en las próximas horas haya definiciones favorables. 

Desde los diferentes eslabones de la cadena de valor sostienen que el proyecto presentado busca lograr reglas claras y justas para todos los actores de la industria del tabaco al proponer una reforma que brinda claridad e igualdad impositiva a un sector que desde hace años se ha visto distorsionado por el no pago de uno de los principales tributos. Asimismo, pretende mejorar la recaudación fiscal que ha sido profundamente afectada en los últimos 6 años.

El proyecto propone eliminar el Impuesto Interno Mínimo a los cigarrillos que desde hace años se encuentra en disputa judicial por empresas que se ven favorecidas con medidas cautelares para evitar el pago de dicho impuesto. La eliminación del tributo, traería igualdad impositiva para todos los jugadores del sector. 

Además, la reforma plantea una suba de la alícuota impositiva actual del 70% a la del 73% con el objetivo de lograr un incremento del aporte impositivo, tal como lo demuestra la Oficina de Presupuesto del Congreso. Esto ubicaría a la Argentina con una de las presiones fiscales al cigarrillo más elevadas del continente. En consecuencia, todas las empresas que comercializan cigarrillos en la Argentina tendrían un gravamen porcentual idéntico sin ningún tipo de diferenciación, promoviendo reglas claras y justas. 

Adicionalmente, la propuesta del Poder Ejecutivo brinda un marco fiscal a las innovaciones e inversiones del sector, impulsando la generación de empleo y el ingreso de divisas por exportación de productos de nueva generación.  

Asimismo, el eslabón primario de la cadena solicita se incluya a las excepciones establecidas en el artículo 174 del Proyecto a las exportaciones del tabaco por la importancia de esta economía regional como generadora de empleo y divisas, además de su relevancia social en el norte del país; así como la eliminación del Impuesto Mínimo también para el resto de las categorías incluidas en los artículos 16 y 18 de la Ley 24.674.

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Justicia del Trabajo emite cautelar pedida por gremio bancario y suspende capítulo laboral del DNU

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La jueza nacional del Trabajo Lucrecia Pedrini hizo lugar hoy a una medida cautelar solicitada por la Asociación Bancaria (AB) y suspendió “todos los efectos legales del título cuarto del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 para los trabajadores de la actividad”, resolución que se suma a otros fallos judiciales en la misma dirección ante presentaciones hechas por la CGT, la CTA y otras organizaciones gremiales.

Pedrini resolvió “admitir la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, suspender preventivamente la vigencia de lo dispuesto en el Título IV del DNU 70/2023 en tanto y en cuanto afecta al colectivo de trabajadores representados por la Asociación demandante, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en estos autos”, según surge de la resolución a la que accedió Télam.

La magistrada consideró que “teniendo en cuenta la amplitud, variedad, profundidad y alcances de la ‘reforma laboral’ que se propone en el Título IV del DNU 70/2023” están dadas las condiciones para dictar una medida cautelar toda vez que existe “peligro en la demora”.

No se trata de la primera medida cautelar que suspende los efectos de la aplicación del capítulo laboral del DNU: antes la Justicia nacional del Trabajo había dictado cautelares en casos iniciados por presentaciones de la CGT, la CTA y de las organizaciones Centro de Capitanes de Ultramar y oficiales de la Marina Mercante, y la Asociación del Personal Aeronáutico.

En tanto, la Asociación Bancaria explicó que “el apartado de ese decreto cuya aplicación fue ahora suspendida referencia distintos capítulos que materializan daños tangibles al modificar, entre otros derechos, la exclusión de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) a personas físicas que podrían ser dependientes; la irrenunciabilidad; la extensión del período de prueba y la creación de injurias específicas reñidas con la libertad sindical”.

“Reduce los montos indemnizatorios e impone una moratoria imperativa para el pago de las condenas. Respecto del derecho colectivo afecta el derecho de reunión y expresión al limitar las asambleas y vulnerar la libertad sindical garantizada en el artículo 14 bis de la Constitución y el Convenio 87; y cercena el derecho de negociación colectiva al afectar cláusulas obligacionales, en un intento de desfinanciar a los sujetos colectivos”, añadió el sindicato que conduce el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Sergio Palazzo.

Un documento firmado por Palazzo y el secretario de Prensa de la Bancaria, Claudio Bustelo, añadió que también ese decreto “limita sin ningún sustento jurídico ni normativo el derecho de huelga, y extrapola de forma irrazonable de servicios esenciales para reducir las medidas de acción directa, entre otras cosas”.

La Bancaria remarcó que a partir de esos argumentos “la magistrada sostuvo la viabilidad de la acción del gremio como sustento sólido a la verosimilitud del derecho”, concluyó.

En tanto, la causa que inició la CGT tramita desde el jueves pasado en la Corte Suprema de Justicia luego de que los jueces de la sala de feria de la Cámara del Trabajo, Alejandro Sudera y Carlos Pose, aceptaran la apelación que el Gobierno presentó contra el fallo para que sea el máximo tribunal el que se pronuncie sobre el capítulo laboral.

Otra de las causas que tiene ya la Corte es por un amparo que presentó de forma directa ante ese tribunal el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela.

El máximo tribunal aceptó el 29 de diciembre de 2023 intervenir ante la presentación del Gobierno riojano contra el DNU, que fue patrocinada por el exmiembro de la Corte Eugenio Zaffaroni y del constitucionalista Raúl Ferreyra, miembro de la comisión de notables que asesoró al expresidente Alberto Fernández en el intento de reforma judicial.

En esa presentación, el Gobierno riojano le pidió a la Corte que declarara “la inconstitucionalidad manifiesta” del DNU, aunque el tratamiento del caso por el alto tribunal será después de la feria judicial de enero.

Otras medidas cautelares de la Justicia también dejaron sin efecto, por ejemplo, la aplicación de aumentos en los planes de prepagas avalados por el DNU: la jueza federal Civil y Comercial y Contencioso Administrativa de San Martín Martina Forns dictó una medida cautelar para que la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires readecue la cuota del plan de salud de una afiliada, mientras el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, hizo lo propio en otro fallo a favor del usuario Luis Millet contra la prepaga Galeno al establecer la “absoluta inconstitucionalidad” de la medida del Gobierno.

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