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Argentina captó datos del microsatélite ATENEA en el marco del programa Artemis

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El Gobierno nacional confirmó este 2 de abril de 2026 que las estaciones terrenas de la CONAE en Córdoba y Tierra del Fuego lograron recepcionar con éxito las primeras señales y datos de telemetría del microsatélite ATENEA, integrado al programa Artemis de la NASA. La validación técnica, comunicada por la Oficina del Presidente, no solo marca un avance en materia aeroespacial: también funciona como una pieza de construcción política en un momento donde la administración busca mostrar resultados concretos de inserción internacional. ¿Se trata de un logro científico aislado o de un intento por consolidar un nuevo posicionamiento estratégico del país?

Un hito tecnológico con lectura política

El desarrollo del microsatélite ATENEA —un CubeSat 12U diseñado para operar desde órbita baja hasta el espacio profundo— se inscribe en el programa Artemis, la iniciativa que reabre la carrera por la exploración lunar con participación internacional. La novedad central es que Argentina no aparece como observador, sino como parte activa, aportando tecnología propia como carga secundaria en una de las misiones más relevantes del sector.

Desde el Ejecutivo, el énfasis estuvo puesto en ese cambio de rol: pasar de espectador a protagonista. En términos institucionales, el proyecto articula a la CONAE con universidades nacionales —UNLP, UNSAM y FIUBA—, organismos técnicos como el IAR y la CNEA, y la empresa VENG S.A. Esa red evidencia una política de cooperación interna que, proyectada hacia afuera, se vincula directamente con Estados Unidos y la comunidad internacional.

En términos concretos, ATENEA permitirá medir niveles de radiación, evaluar componentes electrónicos en condiciones extremas y analizar señales de navegación GNSS a grandes altitudes, además de validar sistemas de comunicación de largo alcance. Traducido al plano político: el país prueba capacidades críticas en un sector donde la soberanía tecnológica y la cooperación internacional conviven en tensión permanente.

Ciencia, Estado y narrativa de gestión

El comunicado oficial no se limitó a informar el logro técnico. Introdujo una interpretación: el avance sería resultado de un “cambio de paradigma” impulsado desde la actual gestión, orientado a la inserción global y la excelencia tecnológica. Esa lectura busca anclar el hito en una narrativa más amplia de política exterior y científica.

En ese marco, la articulación entre organismos públicos, universidades y empresa estatal aparece como un activo que el Gobierno decide exhibir. No es menor: en un contexto de ajuste y redefinición del rol del Estado, el sector científico-tecnológico funciona como un terreno donde se pueden mostrar resultados sin impacto fiscal inmediato visible, pero con alto valor simbólico.

La referencia al “concierto de las Naciones que hacen historia” también marca una línea discursiva. No apunta al corto plazo, sino a posicionar al país en una liga de cooperación estratégica donde el conocimiento y la tecnología operan como moneda geopolítica.

Entre legitimación y expectativas

El logro técnico fortalece al Ejecutivo en un terreno donde la discusión política suele ser menos polarizada: la ciencia aplicada y la innovación. En términos de correlación de fuerzas, permite al Gobierno exhibir gestión en un área de alto consenso social, lo que puede amortiguar tensiones en otros frentes más conflictivos.

Al mismo tiempo, el proyecto refuerza el rol de la CONAE y del sistema científico nacional, actores que quedan posicionados como piezas clave en la política de inserción internacional. La cooperación con la NASA no solo implica transferencia tecnológica, sino también validación externa, un factor relevante en la construcción de credibilidad.

Sin embargo, el impacto económico o productivo inmediato no aparece en el horizonte cercano. El valor está en la generación de capacidades y en la posibilidad de escalar desarrollos futuros. En ese punto, la pregunta que sobrevuela es si este tipo de iniciativas podrá sostenerse en el tiempo o si quedará como un hito aislado dentro de una estrategia más amplia aún en construcción.

Un punto de partida más que de llegada

La recepción de datos de ATENEA abre una etapa. El desafío no es técnico —la prueba inicial ya fue superada— sino político e institucional: sostener la continuidad de estos desarrollos, ampliar la cooperación internacional y traducir capacidades en políticas de largo plazo.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en cómo el Gobierno capitaliza este logro. Si lo convierte en plataforma para nuevas iniciativas o si queda encapsulado como un símbolo dentro de una narrativa más general.

Porque en la política tecnológica, los hitos no cierran procesos. Los inauguran.

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Juan José Bahillo sobre el sector agropecuario: “va camino a la quiebra”

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Juan José Bahillo, diputado provincial por Entre Ríos y especialista del sector agropecuario de la Fundación Encuentro, expresó su profunda preocupación por la delicada situación que atraviesa el campo argentino. Advirtió sobre un proceso de descapitalización masiva impulsado por el aumento de costos en dólares y el tarifazo en los combustibles.

Los datos son contundentes: hoy un productor necesita prácticamente el doble de toneladas de soja, trigo o maíz que hace apenas tres años para acceder a un tractor. Un reciente informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos expone que, mientras en 2022 se requerían 186 toneladas de soja para adquirir una unidad, tras el quiebre de 2024 ese número llegó a 355 toneladas, evidenciando un encarecimiento relativo masivo de la maquinaria agrícola.

Al respecto, Bahillo fue categórico al analizar la crisis de rentabilidad: “La situación del sector primario de la agricultura es muy mala con respecto al 2023. Hemos tenido una inflación en dólares del 35%. Los costos de los insumos, llámese fertilizantes, fitosanitarios, semillas o maquinaria, han tenido un aumento de alrededor de un 30% en dólares”.

Este deterioro del poder de compra no es casual, sino el resultado de un “efecto tijera” letal para el productor. Entre 2022 y 2025, los tractores aumentaron un 36% en dólares, mientras que los precios internacionales de los granos cayeron entre un 20% y un 30%. Si bien los granos tuvieron un incremento en pesos de entre el 110% y el 120%, Bahillo advirtió que por el salto inflacionario de los costos “el sector va camino a la quiebra”.

El encarecimiento de la energía juega un rol protagónico en esta crisis, validando las advertencias realizadas por el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. “Sergio Massa se quedó corto cuando dijo que el combustible iba a subir el 300%. El combustible ha subido el 500% en estos dos años y algo, y es uno de los insumos más importantes en la estructura de costos de los productores”, sentenció el diputado entrerriano.

Un espejismo climático y el silencio dirigencial Para Bahillo, la falta de políticas de apoyo al sector productivo está siendo invisibilizada por la naturaleza. “El gobierno debería intervenir para darle sustentabilidad a la producción primaria, que es la que aporta granos y dólares a la economía. Y agregó: “Hay buenos rindes, simplemente porque llovió en tiempo y en forma, no porque haya habido una política que haya ayudado al sector, pero hoy la ecuación es de pérdida para los productores”.

Es imperioso repensar el rumbo económico para evitar que quienes producen sigan perdiendo capacidad de trabajo y crecimiento. La Argentina necesita un modelo que cuide a sus productores, fomente la producción y garantice condiciones sostenibles para el desarrollo, y no uno que los empuje a la descapitalización. 

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Passalacqua sobre la crisis yerbatera: “Mi compromiso es total”

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El gobernador Hugo Passalacqua recibió esta mañana en Casa de Gobierno a productores y referentes del sector yerbatero, en el marco del conflicto por el precio de la hoja verde, quienes expusieron la situación económica que atraviesa la actividad tras las medidas adoptadas por el Gobierno nacional.

Durante el encuentro, los representantes del sector señalaron que la rentabilidad se encuentra en niveles críticos y advirtieron que actualmente el productor percibe menos del 50% del costo de la materia prima. En ese sentido, remarcaron que el precio de la hoja verde quedó desfasado frente al incremento de costos, particularmente en insumos clave como el combustible.

Asimismo, describieron un mercado con alta concentración, de carácter oligopsónico, donde pocos actores fijan condiciones, lo que deriva en una depresión sostenida de precios que impacta principalmente en pequeños productores, tareferos y en la economía de las localidades del interior.

Uno de los ejes centrales del planteo fue la situación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), cuya capacidad de regulación quedó limitada tras las modificaciones introducidas por el DNU 70/2023. Según indicaron, el organismo cuenta actualmente con herramientas insuficientes para garantizar un precio justo, lo que debilitó el esquema de concertación que ordenaba la cadena productiva.

En este contexto, los productores confirmaron que avanzarán con una presentación judicial en el fuero federal con el objetivo de restituir las funciones del INYM y recuperar instrumentos de regulación.

Durante la reunión, el gobernador reafirmó el compromiso de la provincia en la defensa del productor yerbatero y del equilibrio de toda la cadena. En esa línea, expresó su respaldo a las acciones impulsadas por el sector y acompañará institucionalmente la estrategia judicial que será presentada en los próximos días.

Por su parte, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, destacó el trabajo sostenido de la provincia en el acompañamiento al sector mediante políticas activas y ratificó la decisión de continuar generando herramientas para sostener la actividad en un contexto nacional complejo.

Los productores coincidieron en que la situación actual no solo afecta a la producción primaria, sino también al entramado económico regional, con impacto directo en el empleo, la recaudación y la actividad comercial.

En este escenario, el eje del planteo se centra en la necesidad de recuperar herramientas regulatorias que permitan garantizar condiciones más equitativas para una de las principales economías regionales de Misiones.

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Ipsos: la inseguridad es la principal preocupación global, salvo en Argentina, donde el desempleo marca el pulso

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La última edición del estudio global What Worries the World, elaborado por Ipsos, líder global en investigación de mercado, analiza las principales preocupaciones sociales, económicas y políticas en 30 países del mundo. Los resultados muestran la violencia y el crimen se consolidan como la mayor inquietud global, mencionado por el 33% de los encuestados y desplazando a la inflación del primer lugar que había ocupado durante los últimos años. Este cambio refleja una modificación en la agenda pública global, en la que los temas vinculados con la seguridad ganan protagonismo frente a las preocupaciones estrictamente económicas.

A nivel mundial, la segunda preocupación más mencionada es la inflación, con un 29%. Le siguen la pobreza y el desempleo, con el 28% y 27% de las menciones respectivamente. Aunque la inflación continúa siendo una de las principales inquietudes en numerosos mercados, el informe muestra una leve caída en su peso relativo respecto de mediciones anteriores, mientras que las preocupaciones vinculadas con la seguridad han ganado relevancia en distintos países.

En América Latina, el crimen y la violencia se posicionan como la principal preocupación en la mayoría de los países analizados. Con excepción de Argentina, donde el principal tema de preocupación es el desempleo, todos los países latinoamericanos incluidos en el estudio ubican este tema en el primer lugar del ranking de inquietudes ciudadanas. En Perú, por ejemplo, los niveles de preocupación por la seguridad se ubican entre los más altos del estudio global, mientras que en Brasil la agenda pública aparece más marcada por temas vinculados a la corrupción. En Colombia, en tanto, las preocupaciones se concentran principalmente en la seguridad y el desempleo. En conjunto, los datos reflejan que América Latina continúa siendo una de las regiones donde los temas vinculados con la seguridad tienen mayor peso dentro de la agenda pública.

Dentro de este panorama regional aparece un dato distintivo. Con un 33% de menciones, Argentina se posiciona como el país donde más preocupa la educación a nivel mundial, por encima de otros países de la región como Perú (26%) o Brasil (22%). Este resultado destaca la centralidad que el sistema educativo tiene en el debate público argentino y la relevancia que la sociedad le asigna al futuro de la educación como factor clave para el desarrollo del país.

Otro dato destacado del estudio es que Argentina también aparece como el país más optimista de América Latina respecto del rumbo general del país. Según la última medición, el 55% de los argentinos considera que el país avanza en la dirección correcta, posicionándolo como el más optimista de la región, por encima de Chile (48%), Colombia (46%), México (36%), Brasil (34%) y Perú (15%). Este optimismo convive, sin embargo, con niveles elevados de preocupación social, especialmente en temas vinculados al empleo, la seguridad y la desigualdad.

“Los resultados muestran que, más allá de las diferencias entre países, las preocupaciones vinculadas a la seguridad y a la corrupción siguen ocupando el centro de la agenda pública en América Latina. En el caso de Argentina aparece además un dato muy significativo: es el país donde más preocupa la educación en todo el mundo. Esto refleja una sociedad que mantiene expectativas muy fuertes respecto del rol que tiene la educación en el desarrollo y el futuro del país”, señala Martín Tanzariello, Gerente de Marketing y Comunicación de Ipsos Argentina.

Más sobre Argentina

En el plano económico, dos de cada tres argentinos (66%) consideran que la economía del país atraviesa un momento negativo. Al analizar las preocupaciones específicas de la población, el desempleo aparece como el principal problema mencionado por los argentinos, con un 47%, lo que posiciona al país entre los más preocupados del mundo por esta cuestión. Le siguen la seguridad y la violencia (46%) y la pobreza y la desigualdad social (40%), confirmando que los temas vinculados a la estabilidad económica y social continúan dominando la agenda pública.

En contraste, la inflación continúa perdiendo peso relativo en el ranking de preocupaciones locales. Aunque aún es mencionada por el 29% de los encuestados, registra una caída de siete puntos en comparación con el año anterior.

En paralelo, el Índice Ipsos Global de Confianza del Consumidor muestra un escenario más desafiante. Con 44,7 puntos en febrero de 2026, Argentina se ubica en el último lugar de América Latina y en la posición 25 entre los 30 países medidos a nivel mundial. La caída anual de 7,3 puntos representa además el deterioro más pronunciado entre todos los países analizados. Mientras Colombia lidera la región con 54,8 puntos, seguida por México (53,3), Brasil (52,7), Chile (50,3) y Perú (49,7), Argentina se ubica más de diez puntos por debajo del líder regional.

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El calendario de aumentos y los nuevos topes fijados por decreto para empleados públicos nacionales

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El Gobierno nacional oficializó este lunes una nueva escala de aumentos salariales para los empleados de la administración pública nacional, tanto para personal permanente como transitorio a través del Decreto 206/2026 .

La medida, que tiene carácter retroactivo, se instrumentó tras la homologación de las actas acuerdo selladas a principios de este mes.

El cronograma de incrementos se aplicará de forma escalonada: un 2,50% para enero2,20% en febrero2% en marzo1,70% en abril y un 1,50% final en mayo. Estas subas se calculan sobre las retribuciones habituales y regulares vigentes al cierre del mes inmediato anterior.

El nuevo esquema también fija los techos para las remuneraciones máximas por servicios extraordinarios. Estos topes se ubicaron en $791.210 para el primer mes del año y alcanzarán los $851.392 hacia el cierre del cuatrimestre, sin contemplar adicionales por zona o premios por asistencia.

A su vez, se mantendrán los valores de las sumas fijas remunerativas que no son bonificables hasta finales de mayo. El objetivo de la medida es unificar los criterios de liquidación para todas las entidades.

La normativa impacta directamente en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), extendiendo los ajustes a diversos suplementos y compensaciones del sector. La actualización abarca desde los reintegros por gastos de comida y movilidad.

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