Ministerio del Agro Misiones

Misiones activa alivio financiero: cheques a tasa cero, a cambio de precio mínimo para la yerba

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En medio de la profunda crisis que atraviesa la cadena yerbatera por la desregulación del mercado y la pérdida de facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el Gobierno de Misiones anunció una nueva medida de alivio financiero destinada a sostener la actividad primaria y evitar una mayor descapitalización de productores.

A través del Ministerio del Agro y la Producción, la Provincia confirmó que desde este miércoles 6 de mayo tanto productores como secaderos y molinos podrán descontar cheques en el Banco Macro a 60 y 90 días, con tasa cero, para operaciones vinculadas al mercado yerbatero.

La herramienta no será automática ni indiscriminada: estará condicionada al cumplimiento de un precio mínimo de referencia de $301 por kilo de hoja verde y de $1.160 por kilo de yerba canchada.

La decisión busca atacar uno de los principales problemas que hoy enfrenta la actividad: la falta de liquidez inmediata en el primer eslabón de la cadena y las fuertes asimetrías de negociación entre productores e industria.

Desde la desregulación impulsada por el Gobierno nacional, que dejó al INYM sin capacidad efectiva para fijar precios de la materia prima, los productores denuncian una fuerte caída del valor real de la hoja verde, atraso en los pagos y creciente concentración en manos de grandes molinos.

El propio gobernador Hugo Passalacqua advirtió recientemente en la apertura de sesiones legislativas que “esta desregulación no es libertad, es una asimetría profunda que deja el escenario donde se permite que el pez grande se devore al más chico”.

El mandatario fue aún más contundente al cuantificar el impacto económico: “Hace exactamente un año pedíamos en este mismo lugar 505 pesos y ese valor hoy sería $700 por kilo de hoja verde. El ajuste castiga al eslabón más vulnerable, el productor, mientras el sector industrial mantiene sus márgenes. Estamos hablando de 400 mil millones de pesos que dejan de ingresar a nuestra economía”.

La nueva línea de descuento de cheques forma parte precisamente de ese esquema de contención. La Provincia ya había anticipado que una de las prioridades era recuperar herramientas financieras que permitieran sostener capital de trabajo mientras continúa la disputa por los precios.

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, había planteado semanas atrás la necesidad de “volver al descuento de cheques e incluir también descuento de facturas, con entidades bancarias y no bancarias”, siempre vinculadas a precios mínimos de referencia.

Ahora, esa primera parte comienza a ejecutarse formalmente.

Un precio mínimo que funciona como condición política

Aunque la Provincia no puede fijar precios oficiales -atribución que quedó virtualmente desactivada tras el DNU 70 y la posterior interpretación jurídica dentro del INYM-, el establecimiento de un piso de $301 para hoja verde funciona como una señal política y económica clara. Es, en los hechos, una forma indirecta de ordenar el mercado, que está pagando en promedio, 250 pesos por la hoja verde

La medida provincial no resuelve el problema estructural: la ausencia de una regulación efectiva del mercado yerbatero.

El Directorio del INYM rechazó recientemente la posibilidad de sugerir un precio de referencia, argumentando que sería contrario al Decreto 812 de Nación y a la lógica de competencia del sector privado.

La votación dejó en evidencia la fractura: el presidente del organismo, representantes de industrias, secaderos y cooperativas votaron en contra; sectores productivos y el representante misionero Ricardo Maciel impulsaron la necesidad de fijar una referencia. Misiones insiste en ese camino.

La Mesa Yerbatera convocada por la Provincia buscó precisamente reconstruir consensos y evitar que la crisis termine trasladándose a toda la economía regional. No se trata solamente de una discusión sectorial: la yerba mueve consumo, empleo y circulación de dinero en miles de pueblos y colonias..

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Misiones retoma la mesa yerbatera en busca de un acuerdo de precios en un mercado sin regulación

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El Gobierno de Misiones reunió este jueves en Posadas a productores, cooperativas, secaderos e industrias yerbateras en una mesa de diálogo convocada por el Ministerio del Agro y la Producción, con un objetivo: destrabar la crisis de precios que golpea al eslabón primario. Según lo expuesto en la reunión, el valor actual de la hoja verde se ubica alrededor de un 50% por debajo de los costos, lo que implica una pérdida de rentabilidad cercana al 70% para los productores.

El sector ya no cuenta con la herramienta que permitía fijar precios mínimos -atribución que tenía el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)– y la provincia solo puede tomar un rol de mediación. Pero el dato es que la Industria acudió casi en pleno y escuchó y expuso su posición en un diálogo abierto aunque no exento de tensión con los productores.

Durante el encuentro, los productores plantearon la necesidad de contar con precios de referencia que otorguen previsibilidad a la actividad, mientras que los representantes de los trabajadores rurales expusieron la compleja situación que atraviesa el sector, señalando el impacto directo de la desregulación sobre sus condiciones laborales y de ingresos. Se compartió un diagnóstico generalizado sobre las dificultades que atraviesan especialmente los sectores primarios de la cadena.

Los representantes de la industria misionera manifestaron su disposición a trasladar el planteo a sus respectivas cámaras y federaciones, con el objetivo de avanzar en una propuesta concreta que permita ordenar la discusión de precios. Desde el sector industrial con presencia en Corrientes -particularmente de la cooperativa de Colonia Liebig- se expusieron los valores actualmente abonados por la materia prima, destacando el vínculo con productores misioneros y reconociendo que la situación responde a múltiples factores que inciden sobre la rentabilidad del sector.

Del precio regulado a la negociación entre privados

El ministro del Agro, Facundo Sartori, explicitó en dialogo con Economis ese límite: la provincia no fija precios, pero intenta ordenar el conflicto. “Hoy los valores que se están pagando no cubren los costos”, advirtió, al tiempo que describió un mercado con fuerte asimetría: muchos productores frente a pocos molinos que concentran la capacidad de fijación de precios.

La dinámica actual, según se planteó, responde a un cambio estructural. La oferta de materia prima creció en los últimos años, mientras la demanda no acompañó en igual proporción. Esa combinación, en un esquema sin precios sostén, presiona a la baja el valor de la hoja verde.

El subsecretario de Asuntos Yerbateros, Ricardo Maciel, recordó que este tipo de instancias de diálogo tiene antecedentes previos a la creación del INYM, y remarcó que, más allá de los desafíos, la existencia de ese organismo permitió durante años dotar de mayor previsibilidad al sector. Asimismo, advirtió que los períodos de libre mercado han sido históricamente los más adversos para el conjunto de los actores de la cadena.

Desde la industria, el diagnóstico no difiere en lo general, aunque incluye sus propios problemas. Gustavo Quatrin, de la Cooperativa Liebig, señaló a Economis que el aumento de exportaciones -que llegó a crecer un 37% interanual- se explica en gran medida por la caída de los precios locales, que volvió competitiva a la yerba argentina en el exterior. Sin embargo, ese impulso no alcanza para absorber el excedente: los stocks no bajaron y eso sigue condicionando los valores.

Qué se discute: precios, plazos y poder de mercado

El eje concreto de la negociación pasa por el precio de la materia prima y las condiciones de pago. La cooperativa Liebig anunció un incremento del 5% en los valores que paga por hoja verde y una reducción en el plazo de pago de 30 días, movimiento que fue leído por el Gobierno como un gesto inicial, aunque insuficiente.

Los productores cuestionaron que los precios actuales que ofrece la industria están entre 180 y 250 pesos por kilo, valores que, según afirmaron, no solo eliminan margen sino que generan pérdidas. “Cosechar es entrar en deuda”, sintetizó uno de los referentes.

La posibilidad de medidas de fuerza sigue latente. Algunos sectores ya evalúan sostener la no cosecha e incluso avanzar en cortes para interrumpir la circulación de materia prima, aunque la mayoría pretende seguir el camino de la negociación y el Gobierno busca evitar mediante la mediación. El dato político es que la Industria se sentó a la mesa y sus representantes no bloquearon la discusión. La producción, incluso los más exaltados, también mantuvo una posición negociadora.

El diagnóstico industrial hizo foco en otro dato: el mercado interno mantiene una demanda relativamente estable -definida como inelástica-, lo que limita la capacidad de absorber mayores volúmenes incluso con precios más bajos.

Al mismo tiempo, el crecimiento del mercado externo enfrenta barreras culturales y de escala. Quatrin explicó que la Cooperativa Liebig aunque exporta a más de veinte países, la participación sobre el total sigue siendo marginal, inferior al 2% en volumen. La expansión internacional, entonces, aparece como una estrategia de largo plazo, pero sin capacidad de resolver la sobreoferta inmediata.

El corrimiento del INYM como fijador de precios reconfigura el equilibrio de poder dentro de la cadena. Los molinos basan su capacidad de negociación en un contexto de sobreoferta, mientras los productores quedan están expuestos a la dinámica de mercado.

El Gobierno provincial, sin herramientas regulatorias directas, intenta ocupar un rol de articulador. La mesa de diálogo funciona como espacio de contención institucional, pero su efectividad depende de la voluntad de las partes de ceder posiciones.

La convocatoria a un cuarto intermedio por parte de las cámaras molineras marca el próximo punto de inflexión: deberán definir si avanzan hacia un precio común o sostienen estrategias individuales.

Ingreso rural en riesgo y tensión social

La caída de precios en la hoja verde impacta de forma directa en el ingreso de las familias productoras, que constituyen la base social de la actividad en Misiones. La pérdida de rentabilidad no solo compromete la cosecha actual, sino también la sostenibilidad de las chacras en el mediano plazo.

En paralelo, el encarecimiento del financiamiento -con tasas positivas- limita la capacidad de la industria para sostener stocks y pagar mejores precios, lo que complejiza aún más la ecuación.

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Activan un pago de casi $4.000 millones al sector tabacalero

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El Gobierno de Misiones habilitará el próximo 11 de abril el pago N° 01/2026 del Fondo Especial del Tabaco (FET), correspondiente al tramo productivo del 2 al 28 de febrero, con un desembolso total de $3.962.279.114,70 destinado a 2.107 productores de tabaco Burley. El dato no es menor: en un contexto económico donde el financiamiento productivo se vuelve restrictivo, la provincia activa liquidez directa para el sector primario. La pregunta que sobrevuela es si se trata de un mecanismo de contención coyuntural o de una herramienta estructural para sostener la matriz productiva.

El FET como instrumento de política económica

El pago se encuadra en la Resolución 34/26 (grilla 1) del precio FET, que regula la distribución de fondos para el sector tabacalero. En este caso, se liquidan 7.226.196 kilos de producción, con un impacto directo sobre miles de unidades productivas distribuidas en la provincia.

El esquema no es nuevo, pero sí adquiere otra dimensión en el escenario actual. El Fondo Especial del Tabaco funciona como un mecanismo de redistribución que busca equilibrar la cadena, garantizando ingresos a productores frente a la volatilidad de precios y costos. En términos concretos, representa una transferencia directa de recursos hacia economías regionales con alta dependencia de la actividad.

La operatoria involucra al Gobierno provincial y al Ministerio del Agro y la Producción, que canalizan los fondos hacia los productores, consolidando un modelo donde el Estado actúa como intermediario clave en la sostenibilidad del sector.

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Misiones crea un registro para el sector fungi y apuesta a formalizar una economía emergente en las chacras

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El Gobierno de Misiones puso en marcha el Registro Provincial de Productores y Recolectores de Hongos Comestibles, una herramienta institucional que busca ordenar una actividad en expansión fungi dentro de la economía rural. La medida, implementada bajo la Ley VIII – Nº 114 y articulada entre el Ministerio del Agro y la Producción, la Secretaría de Agricultura Familiar y el IMiBio, introduce una decisión política concreta: visibilizar y formalizar un sector que hasta ahora crecía por fuera de los registros oficiales. La pregunta que se abre es si este paso logra transformar una práctica dispersa en un nuevo vector productivo o si quedará limitado a una política de reconocimiento sin escala económica.

El lanzamiento no es menor en el actual escenario provincial. La diversificación productiva aparece como una necesidad estratégica en las chacras misioneras, y el desarrollo del sector fungi se inserta en esa lógica: bajo costo de entrada, aprovechamiento del monte y potencial de agregado de valor.

Marco legal y construcción de información: la base del nuevo esquema

El registro se inscribe en una normativa que ya establece la promoción de la actividad, pero que ahora adquiere operatividad. El objetivo central es construir información: identificar productores, ubicar territorios, relevar especies y dimensionar volúmenes.

En términos institucionales, el movimiento implica un cambio de enfoque. El Estado deja de actuar solo como promotor y pasa a estructurar el sector. La falta de datos era el principal límite para diseñar políticas públicas específicas. Con el registro, se busca revertir esa asimetría.

El ministro del Agro, Facundo López Sartori, planteó la clave política de la medida: muchas de estas producciones existen, pero no forman parte del radar estatal. La formalización no es solo administrativa; es una forma de incorporar a estos actores en la agenda pública.

Desde Agricultura Familiar, Marta Ferreira reforzó el enfoque territorial. La actividad, señaló, ya está presente en chacras y comunidades rurales, aunque en escalas pequeñas. El registro, en ese sentido, busca legitimar ese conocimiento y transformarlo en una oportunidad económica más estable.

De la informalidad a los circuitos comerciales

El paso siguiente es más complejo. No se trata solo de registrar, sino de integrar. El esquema prevé capacitaciones técnicas y sanitarias, promoción de prácticas seguras de recolección y acceso a canales formales de comercialización, como ferias francas y mercados locales.

Ahí aparece el verdadero impacto económico. La posibilidad de incorporar hongos comestibles a circuitos formales implica pasar de una actividad marginal a una cadena con valor agregado. También abre la puerta a nuevos nichos en gastronomía y consumo saludable.

El rol del Instituto Misionero de Biodiversidad introduce otra dimensión: la investigación. La ley prevé fortalecer el estudio de especies nativas y su potencial productivo. En una provincia con alta biodiversidad, ese componente científico puede ser decisivo para escalar la actividad sin comprometer el ambiente.

Correlación de fuerzas y modelo productivo

En términos políticos, la medida fortalece el perfil del Gobierno provincial en la agenda de economías regionales. La articulación entre organismos muestra una estrategia de gestión que combina desarrollo productivo con inclusión rural.

El sector que resulta directamente beneficiado es el de la agricultura familiar, que encuentra en esta actividad una alternativa de diversificación. Al mismo tiempo, el Estado gana capacidad de intervención al ordenar un segmento que hasta ahora operaba con baja regulación.

No hay, por ahora, tensiones visibles con otros actores económicos. Pero sí se configura un nuevo espacio de política pública donde convergen producción, ambiente y ciencia. Ese cruce no es menor en una provincia donde el uso del monte y la biodiversidad forman parte de la discusión estructural.

Un punto de partida con interrogantes abiertos

La creación del registro marca un primer paso. El desafío será convertir la información en políticas concretas y, sobre todo, en escala productiva. Las personas interesadas en registrarse como cultivadores o recolectores de hongos comestibles pueden iniciar el trámite a través de la plataforma habilitada por el Ministerio del Agro en https://registro-hongos.rup-agro.com.ar/  o comunicarse al correo funga@agro.misiones.gob.ar

Habrá que observar si el Estado logra sostener el acompañamiento técnico, si los productores se integran efectivamente a los circuitos formales y si la actividad encuentra mercados que justifiquen su expansión.

También quedará bajo análisis cómo evoluciona la articulación entre conocimiento local y desarrollo científico. En ese equilibrio se juega buena parte del futuro del sector.

Por ahora, Misiones decidió intervenir. Ordenar antes que expandir. Registrar antes que regular en exceso. El resultado dependerá de lo que ocurra después de este primer movimiento.

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Misiones lidera la producción y envasado del mercado yerbatero nacional

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Misiones continúa consolidando su liderazgo en toda la cadena yerbatera nacional, desde la producción de hoja verde hasta el envasado y las exportaciones, en un contexto de redefiniciones para el sector.

De acuerdo con datos oficiales, Misiones aportó en 2025 un total de 754.413.373 kilos de hoja verde, lo que representa el 85% de la producción nacional. En contraste, Corrientes participó con el 15% restante, equivalente a 135.842.716 kilos.

El peso de Misiones en la actividad se explica, en gran medida, por un entramado productivo caracterizado por su fuerte base social. Más de 11.000 productores integran la cadena yerbatera misionera y el 75% de ellos posee explotaciones de hasta 50 hectáreas. Este segmento es responsable de aproximadamente el 34% del volumen total de hoja verde, lo que refleja el carácter inclusivo del modelo productivo provincial.

Cooperativas y agregado de valor

Desde el Gobierno provincial señalaron que, durante la última década, se impulsó la creación y fortalecimiento de cooperativas con secaderos propios, una política orientada a agregar valor a la materia prima y mejorar el poder de negociación de los productores en distintas zonas de la provincia.

En ese contexto, varias de estas cooperativas lograron consolidarse en el mercado y ampliar su capacidad industrial, fortaleciendo la estructura productiva del sector yerbatero.

Liderazgo en elaboración y exportaciones

El predominio de Misiones también se observa en la etapa industrial. Según los datos oficiales, la provincia concentra el 40,5% del volumen de yerba elaborada del país, con más de 116 millones de kilos envasados.

Corrientes se ubica en segundo lugar con 111.225.281 kilos (38%), seguida por Santa Fe con 31.361.315 kilos (11%), Córdoba con 28.678.053 kilos (10%) y otras provincias con 710.967 kilos. En total, 90 establecimientos participan del proceso de envasado en Argentina.

En el plano internacional, Misiones también domina el comercio exterior del producto. El 87% de las exportaciones nacionales de yerba mate provienen de la provincia, con 52.380.000 kilos enviados al exterior. Corrientes concentra el 11% de las ventas externas, con 6.319.000 kilos.

Durante 2025, 57 empresas exportaron yerba mate a 50 países, aunque seis de ellas concentraron el 86% del volumen total exportado. El principal destino continúa siendo Siria, que absorbe cerca del 75% de las ventas externas, seguido por Chile, Brasil, España y Estados Unidos.

Si se consideran en conjunto el mercado interno y el externo, Misiones concentra el 48% del mercado yerbatero total, mientras que Corrientes alcanza el 34%.

Desafíos ante el escenario de libre mercado

Pese al liderazgo productivo, desde el Gobierno de Misiones advierten sobre los desafíos que enfrenta el sector en un contexto de mayor liberalización del mercado.

El subsecretario de Asuntos Yerbateros, Ricardo Maciel, señaló que un esquema de libre mercado puede favorecer procesos de concentración vertical en pocos grupos económicos, en contraste con el modelo productivo misionero, basado en miles de pequeños y medianos productores.

Ante la ausencia de un marco legal para fijar precios mínimos, el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, a través de la Subsecretaría de Asuntos Yerbateros, impulsa tres ejes estratégicos para fortalecer la actividad.

El primero apunta a establecer precios referenciales para la materia prima, con el objetivo de proteger el ingreso de los pequeños productores. El segundo busca fortalecer las marcas locales, promoviendo información sobre el origen del producto, su cultura y su paisaje productivo. El tercero propone avanzar en nuevos desarrollos industriales derivados de la yerba mate, como extractos destinados a bebidas energizantes, cosmética y gastronomía, con protocolos estandarizados que garanticen la calidad de los principios activos.

Estas políticas se implementarán en articulación con distintos organismos del Estado provincial.

“En un escenario de libre mercado, considero que es fundamental generar herramientas para lograr una mejor distribución y mitigar los efectos que esta situación genera”, señaló Maciel.

El funcionario también remarcó que uno de los principales objetivos es evitar la pérdida del modelo productivo basado en pequeños agricultores.

“No queremos ni debemos permitir la producción de yerba sin agricultores. Para lograrlo tenemos que evitar el avance de la concentración. Una chacra que no comercializa su producto es una PyME en riesgo”, sostuvo.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la meta es garantizar que la rentabilidad del producto final se traduzca en un pago justo por la materia prima, preservando así la sustentabilidad social y económica de la cadena yerbatera.

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