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Morosidad récord: el Norte argentino concentra los mayores niveles de deudores irrecuperables

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El fuerte aumento de la morosidad familiar comienza a mostrar uno de los costos sociales más visibles del actual escenario económico. Mientras algunos sectores vinculados a la energía, las finanzas o las exportaciones exhiben resultados positivos, cada vez más hogares encuentran dificultades para afrontar deudas cotidianas.

Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), 3,6 millones de personas tienen al menos una línea de crédito catalogada como “irrecuperable”, es decir, con más de un año de atraso en los pagos. Son 2,3 millones más que hace un año y representan el 17% de todos los deudores del sistema financiero, una proporción que prácticamente duplicó la registrada en mayo de 2025.

Lejos de tratarse de grandes créditos hipotecarios o préstamos para inversiones, el estudio muestra que el problema atraviesa las economías domésticas. La mitad de los créditos irrecuperables corresponde a deudas de $309.000 o menos, lo que, según el informe, sugiere que muchas familias se endeudaron para afrontar gastos corrientes, como alimentos, servicios o reparaciones del hogar, y no pudieron sostener los pagos.

El deterioro tampoco es uniforme entre los distintos grupos etarios. Los jóvenes aparecen como el segmento más vulnerable: el 24% de los deudores de entre 15 y 29 años ya posee una deuda con más de un año de atraso, mientras que la cantidad de deudores irrecuperables en esa franja creció cerca de un 87% en apenas doce meses, el mayor incremento entre todas las edades.

El Norte concentra la mayor presión financiera

La distribución territorial de la morosidad también deja un mapa desigual. El IAG concluye que las provincias del Norte argentino y de Cuyo son las que presentan la mayor proporción de deudores irrecuperables respecto del total de personas endeudadas.

El caso más crítico es San Juan, donde el 23,8% de los deudores registra al menos una línea de crédito con más de un año de atraso. En el conjunto del Norte argentino, la incidencia de los deudores irrecuperables ronda el 20%, claramente por encima del promedio nacional, que se ubica en el 17,2%.

Dentro de esa región se encuentra Misiones, que forma parte del bloque de provincias donde la morosidad alcanza los niveles más elevados del país. Aunque el informe no publica un dato específico para la provincia, el mapa estadístico la ubica dentro del grupo de jurisdicciones del Norte donde el peso de los créditos irrecuperables supera la media nacional.

Chaco, entre las provincias donde más empeoró la situación

Si bien el Norte concentra los mayores niveles absolutos de morosidad, el mayor deterioro interanual se observó en cuatro provincias: Neuquén, Chubut, Chaco y Santa Fe.

En esos distritos, la participación de deudores irrecuperables aumentó 12 puntos porcentuales en apenas un año, reflejando la velocidad con la que se profundizó el deterioro del crédito familiar.

El informe también busca explicar las causas detrás del fenómeno. Según el análisis, la combinación de salarios reales deteriorados, aumento de tarifas y tasas de interés elevadas redujo significativamente la capacidad de pago de los hogares.

El salario real del sector privado permanece 5,3% por debajo de los niveles de 2023, mientras que el sector público acumula una pérdida cercana al 21%. A ello se suma el aumento del costo fijo de los servicios públicos y el transporte, que redujo aún más el ingreso disponible de las familias.

El estudio agrega que, aunque el Gobierno comenzó a impulsar medidas para moderar las tasas de interés, el elevado nivel de morosidad dificulta esa baja. Tras un alivio parcial a comienzos de 2026, las tasas activas volvieron a subir, encareciendo nuevamente el financiamiento para personas físicas.

En conjunto, los datos muestran un escenario en el que el deterioro del ingreso y el encarecimiento del crédito se retroalimentan. Mientras la economía exhibe sectores dinámicos y ganadores vinculados principalmente a las exportaciones y la energía, una parte creciente de los hogares enfrenta dificultades para sostener obligaciones financieras cada vez más pequeñas, pero igualmente imposibles de pagar.

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Milei acelera el desarme de las retenciones industriales y abre una ventana para química, acero y autos

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El Gobierno nacional oficializó una nueva baja de Derechos de Exportación (D.E.) sobre más de 1.000 posiciones arancelarias industriales y de insumos estratégicos. La medida, formalizada en el Decreto 566/2026, elimina de forma inmediata retenciones para un amplio universo de manufacturas y establece un cronograma de reducción gradual hasta junio de 2027 para sectores sensibles como petroquímica, combustibles y automotriz. El movimiento tiene una lectura económica concreta: bajar costo fiscal para empujar exportaciones en cadenas de valor que venían perdiendo margen por tipo de cambio real apreciado y costos logísticos altos.

El decreto consolida una línea que el equipo de Javier Milei y Luis Caputo viene profundizando desde 2025: trasladar competitividad al sector transable sin tocar el equilibrio fiscal, pero con un esquema quirúrgico de alivio tributario.

Industria pesada, química y automotriz: los grandes ganadores

El Anexo I fija en 0% las alícuotas para una extensa nómina de bienes industriales que incluye químicos, fertilizantes, polímeros, caucho, hierro, acero, aluminio, cobre y autopartes. La amplitud del listado muestra una señal clara: la apuesta está puesta en exportar más manufactura con valor agregado local.

No es un dato menor. Para sectores como siderurgia y petroquímica, donde el costo impositivo acumulado venía erosionando competitividad frente a Brasil o Asia, el impacto puede ser inmediato en márgenes y flujo de caja.

En la práctica:

• Fertilizantes y químicos básicos ganan competitividad exportadora en un momento donde la demanda regional, especialmente desde Brasil y Paraguay, mantiene firme el consumo industrial.
• Acero y aluminio mejoran precio FOB y recuperan capacidad de colocación externa.
• Autopartes y vehículos utilitarios reciben un incentivo relevante para ampliar destinos fuera del Mercosur.

La lógica es simple: menor presión exportadora sobre insumos industriales puede mejorar abastecimiento local y, eventualmente, moderar costos.

Automotriz: la señal política al núcleo industrial

El decreto pone foco explícito en el sector automotor, al que define como estratégico y responsable del 10% de la producción industrial argentina. Parte de las posiciones del Anexo II —que hoy tributan 4,5% y 3%— comenzarán una reducción escalonada hasta llegar a 0% en junio de 2027.

La decisión tiene doble lectura:

No es solo una baja tributaria. Es una señal de política industrial hacia terminales y autopartistas en plena discusión de inversiones regionales, especialmente frente a Brasil y México, donde los incentivos a la producción exportadora son más agresivos.

Para el empresariado, el mensaje es directo: el Gobierno quiere ampliar mercados y acelerar ingreso de divisas sin subsidios directos.

Energía y combustibles: desarme gradual

El Anexo III aplica una reducción progresiva para derivados del petróleo y aceites minerales. La alícuota baja desde 7,33% en julio de 2026 hasta 0% desde junio de 2027.

Este punto es relevante porque mejora rentabilidad exportadora en refinación y petroquímica, sectores con fuerte necesidad de reinversión.

Las cámaras industriales venían reclamando este alivio por tres razones pérdida de competitividad cambiaria. Aumento del costo financiero. Y menor demanda interna

El Gobierno responde con una herramienta clásica: reducir impuestos a la exportación para sostener escala productiva.

El punto crítico será fiscal. Aunque Economía sostiene que el impacto recaudatorio será marginal por tratarse de sectores de alto valor agregado y bajo peso relativo en la caja tributaria, el verdadero test estará en volumen: si la baja de retenciones no se traduce en más exportaciones, el beneficio será solo sectorial y no macroeconómico.

La medida reconfigura incentivos industriales en un momento donde la economía argentina necesita dólares genuinos más que recaudación incremental. Para el NEA, el efecto será más indirecto que inmediato, pero puede ser relevante si mejora la estructura de costos de la agroindustria y fortalece cadenas de insumos.

La clave no estará en el decreto, sino en la reacción empresarial: inversión, ampliación de capacidad y apertura de nuevos mercados. Ahí se juega si esta baja es apenas un alivio transitorio o el inicio de una nueva arquitectura exportadora.

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La inversión volvió a retroceder en abril y enciende una señal de alerta para la recuperación productiva

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La inversión en Argentina volvió a mostrar signos de debilidad durante abril y registró una caída interanual del 11,4%, según el último relevamiento del Índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) elaborado por Orlando J. Ferreres & Asociados. El dato refleja que, pese a la estabilización macroeconómica y la desaceleración inflacionaria, el proceso de recuperación de la economía aún no logra consolidarse sobre bases productivas sólidas.

La medición indica que la inversión total alcanzó los USD 7.278 millones a precios corrientes durante abril, frente a los USD 7.896 millones registrados en igual mes del año pasado. El retroceso estuvo impulsado tanto por la contracción de la inversión nacional como por una menor participación de bienes importados destinados a la producción.

Más allá de la caída interanual, el dato resulta relevante porque se produce en un contexto donde el Gobierno nacional exhibe mejoras en variables financieras clave, como la baja del riesgo país, la recuperación de reservas y la reducción de las tasas de interés. Sin embargo, esos avances todavía no se traducen plenamente en decisiones de inversión de largo plazo por parte del sector privado.

Uno de los sectores más afectados continúa siendo la construcción. El componente vinculado a obras y actividad constructiva volvió a mostrar debilidad, reflejando la persistente retracción de la obra pública nacional y una recuperación todavía insuficiente de los desarrollos privados para compensar ese vacío. En paralelo, el segmento de bienes de capital también exhibe una dinámica más moderada respecto de los niveles observados durante 2025.

El informe muestra que el equipo durable de producción —uno de los indicadores más sensibles para medir la confianza empresarial— registró una disminución interanual, evidenciando que muchas compañías mantienen una estrategia de cautela a la espera de una mayor consolidación del escenario económico.

Para las economías regionales del NEA, la evolución de la inversión resulta un indicador particularmente relevante. Sectores como la forestoindustria, la agroindustria, la logística y el turismo dependen de nuevos desembolsos en infraestructura, maquinaria y tecnología para mejorar competitividad. La persistencia de tasas reales elevadas, sumada a la incertidumbre sobre la velocidad de crecimiento de la demanda interna, continúa demorando algunos proyectos de expansión.

No obstante, el informe también deja entrever algunos elementos positivos. En términos desestacionalizados, la inversión mostró una leve mejora mensual de 0,2%, lo que podría interpretarse como una señal de estabilización luego de varios meses de comportamiento errático.

La incógnita hacia adelante es si la reducción del costo financiero y la reapertura gradual del crédito lograrán revertir la tendencia durante el segundo semestre. La respuesta será determinante para medir la capacidad de la economía argentina de pasar de una etapa de estabilización macroeconómica a una fase de crecimiento sostenido basada en inversión, productividad y generación de empleo privado.

En provincias como Misiones, donde el sector privado concentra gran parte de la actividad económica, la evolución de la inversión será uno de los indicadores clave para evaluar si la recuperación comienza a derramarse sobre la producción, el comercio y los servicios o si continúa limitada a las variables financieras.

La inversión volvió a retroceder en abril según Ferreres by CristianMilciades

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Caputo redujo la deuda flotante en $1 billón y volvió a mínimos históricos

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l Gobierno nacional logró en abril una señal fiscal que el mercado venía observando con atención: redujo en más de $1 billón la deuda flotante —los pagos devengados pero todavía no cancelados— y devolvió ese indicador a uno de los niveles más bajos de la serie histórica en relación al Producto Bruto Interno (PBI).

El dato aparece en un momento clave para el equipo económico de Luis Caputo. Tras el salto registrado en marzo, que había despertado sospechas sobre un eventual “pisado” de pagos a proveedores y organismos públicos, abril mostró una fuerte corrección y reforzó la narrativa oficial sobre la sostenibilidad del superávit fiscal.

Sin embargo, detrás de la mejora contable aparece una discusión más profunda: cuánto margen real tiene el Gobierno para sostener el ajuste sin entrar en conflicto con leyes aprobadas por el Congreso, reclamos sociales y necesidades de financiamiento de las provincias.

Qué es la deuda flotante y por qué el mercado la sigue de cerca

La deuda flotante representa gastos ya comprometidos por el Estado pero todavía no pagados. Funciona como un termómetro sensible para detectar si un Gobierno está utilizando atrasos administrativos para mostrar un resultado fiscal artificialmente mejor.

En marzo, la cifra había escalado a más de $4 billones, generando ruido entre analistas. Pero en abril el stock cayó a $2,79 billones, una reducción superior a $1 billón en apenas un mes.

Medido contra el PBI, el indicador volvió a niveles cercanos al 0,3%, muy por debajo del promedio histórico argentino, que ronda el 1%.

Para el mercado, el dato tiene una lectura central:
el Gobierno estaría sosteniendo el superávit sin recurrir masivamente al diferimiento de pagos.

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, resumió esa percepción al señalar que el nivel de deuda flotante “es mucho más bajo que el histórico” y que no se observa una situación donde el Ejecutivo esté ocultando problemas financieros mediante pagos postergados.

El corazón del ajuste: transferencias, obra pública y gasto operativo

El recorte se concentró principalmente en: transferencias, gastos figurativos, bienes y servicios, y erogaciones operativas del Estado. Solo en transferencias, la baja superó los $700.000 millones respecto de marzo.

Ahí aparece uno de los puntos más sensibles para las provincias y particularmente para el NEA Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa dependen en gran medida de: transferencias nacionales; programas específicos; financiamiento de infraestructura; y fondos discrecionales.

Cada ajuste en esas partidas impacta directamente sobre: obra pública, municipios, proveedores y actividad económica regional.

Por eso, aunque el mercado celebra la consolidación fiscal, en las provincias aparece otra lectura: el superávit nacional se construye parcialmente sobre una fuerte compresión del gasto territorial.

La baja de la deuda flotante refuerza además la estrategia económica central del Gobierno: mostrar que el equilibrio fiscal no es transitorio sino estructural. Ese punto es clave para sostener: la desaceleración inflacionaria; la baja del riesgo país; y la recuperación de activos financieros.

El problema es que la etapa más “fácil” del ajuste parece agotarse. El propio Fondo Monetario Internacional comenzó a advertir sobre presiones fiscales crecientes derivadas de leyes aprobadas por el Congreso y compromisos políticos pendientes.

El FMI pone el foco en las leyes que el Gobierno no quiere ejecutar

En el último Staff Report, el FMI identificó tres focos de presión potencial sobre la meta de superávit primario de 1,4% del PBI: Ley de Emergencia en Discapacidad; Financiamiento Universitario; y la Reforma laboral.

Según el organismo: discapacidad agregaría un costo de 0,15% del PBI; universidades otro 0,20%; y la reforma laboral 0,15%. La señal del Fondo es políticamente relevante porque expone un dilema creciente del oficialismo: cómo sostener el ancla fiscal sin profundizar tensión social e institucional.

El Gobierno ya comenzó a tomar decisiones defensivas. Una de ellas fue postergar la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), previsto originalmente para junio.

Para el interior argentino, la discusión fiscal tiene efectos mucho más concretos que en la City porteña. En provincias como Misiones, el ajuste repercute sobre: universidades nacionales; programas sanitarios; obras de infraestructura; subsidios al transporte; y financiamiento productivo.

La provincia logró amortiguar parte del impacto gracias a una estructura fiscal relativamente ordenada y mayor autonomía tributaria respecto de otros distritos del NEA. Pero aun así, la retracción del gasto nacional empieza a sentirse sobre sectores económicos sensibles.

Hay un dato político adicional: la estrategia fiscal de la Nación obliga a gobernadores e intendentes a absorber costos sociales crecientes con menos asistencia federal.

Eso explica por qué muchos mandatarios provinciales comenzaron a endurecer posiciones frente al Gobierno aun cuando acompañan parcialmente el ordenamiento macroeconómico.

Superávit versus actividad: el equilibrio delicado

El programa económico de Javier Milei logró algo que pocos gobiernos argentinos pudieron sostener:
superávit financiero consistente durante varios meses.

Pero ahora empieza otra discusión: si el ajuste puede convivir con recuperación económica sostenida. El mercado hoy premia equilibrio fiscal; acumulación de reservas; y baja del riesgo país. Sin embargo, la economía real todavía exhibe fragilidades como el consumo débil; la inversión selectiva; la caída de ingresos públicos provinciales; y tensión en economías regionales.

En Misiones, por ejemplo, sectores como yerba, forestoindustria y comercio fronterizo siguen operando con márgenes estrechos pese a la estabilización financiera nacional.

El recorte de la deuda flotante demuestra que el Gobierno mantiene capacidad de control financiero sobre las cuentas públicas. Pero también marca el inicio de una etapa más compleja.

Hasta ahora, el ajuste avanzó principalmente sobre obra pública; transferencias; subsidios; y gasto operativo. La próxima fase podría requerir decisiones políticamente mucho más costosas reformas estructurales, redefinición de programas sociales y mayor tensión con provincias y universidades.

El interrogante que empieza a recorrer tanto al mercado como a los gobernadores es si el Gobierno podrá sostener simultáneamente superávit fiscal; desaceleración inflacionaria; recuperación económica; y gobernabilidad política. Porque mientras los números fiscales muestran orden, el verdadero desafío pasa a ser otro: cuánto tiempo puede sostenerse el equilibrio macroeconómico sin que aparezcan nuevas fracturas en la economía real y en el entramado federal argentino.

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Riesgo país debajo de 500: el mercado apuesta a la estabilidad financiera

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La baja del riesgo país por debajo de los 500 puntos volvió a encender el optimismo financiero sobre la Argentina. El indicador de JP Morgan cerró en 494 unidades, su nivel más bajo en años, mientras las acciones y bonos argentinos extendieron la racha alcista tanto en Buenos Aires como en Wall Street. La mejora llega acompañada por un dato que el Gobierno considera central: las reservas del Banco Central superaron los USD 48.500 millones, el mayor nivel desde septiembre de 2019.

El movimiento tiene impacto político y económico. Para el mercado, el descenso del riesgo país implica una menor percepción de default y reabre expectativas de financiamiento externo para empresas y eventualmente para el propio Estado. Pero para Misiones y el NEA, la lectura es más compleja: el clima financiero mejora en Buenos Aires mientras el interior productivo sigue condicionado por el costo del crédito, la presión fiscal y un consumo todavía débil.

El mercado consolida el “trade Argentina”

La rueda dejó una postal que hace meses parecía improbable: activos argentinos desacoplándose parcialmente de la volatilidad regional y acompañando el rally de Wall Street.

El S&P Merval ganó 0,7%, hasta los 3.089.497 puntos, acumulando en mayo una suba cercana al 10% tanto en pesos como en dólares. En Nueva York, los ADR argentinos mostraron mayoría de alzas, con destaque para Banco Macro y Globant.

Los bonos soberanos en dólares también avanzaron, aunque con selectividad. El resultado alcanzó para que el riesgo país perforara nuevamente el umbral psicológico de los 500 puntos, una barrera que el mercado sigue utilizando como referencia de “normalización financiera”.

Detrás de esa mejora aparecen tres factores: fuerte compra de reservas del Banco Central; rollover positivo del Tesoro en la licitación de deuda; expectativa de desaceleración inflacionaria.

Luis Caputo alimentó ese escenario al anticipar que la inflación de mayo sería inferior a la de abril y al insistir en que el programa económico atraviesa una etapa de consolidación.

Reservas récord y dólar quieto: el ancla que observa el NEA

El Banco Central compró USD 447 millones en la jornada y acumula adquisiciones por casi USD 9.700 millones en 2026. Las reservas brutas alcanzaron USD 48.511 millones, un nivel que el mercado interpreta como señal de fortalecimiento del balance monetario.

En paralelo, el dólar mayorista cerró en $1.410, mientras que el minorista y el blue terminaron alineados en torno a los $1.430.

Para Misiones, la estabilidad cambiaria tiene una importancia estratégica distinta a la del centro financiero porteño. La provincia convive con una economía fronteriza altamente sensible al diferencial de precios con Brasil y Paraguay. Cuando el dólar se acelera, aparecen distorsiones comerciales inmediatas; cuando se estabiliza, el comercio local recupera algo de previsibilidad.

Sin embargo, el nuevo escenario también tiene un efecto dual: mejora la capacidad de planificación para importadores y comercios; pero encarece en dólares costos internos que afectan competitividad regional.

Sectores como madera, yerba, té y turismo siguen mirando con atención el tipo de cambio real. Un peso apreciado favorece la desaceleración inflacionaria, pero reduce márgenes exportadores en economías regionales que ya vienen operando con rentabilidad comprimida.

Bancos y energía lideran el apetito inversor

El rally volvió a concentrarse principalmente en acciones bancarias. Banco Macro encabezó las ganancias tanto en Buenos Aires como en Wall Street.

El dato no es casual. El mercado está anticipando un escenario donde: baja el riesgo soberano, cae la inflación, mejora el crédito, y se normaliza progresivamente el sistema financiero.

Ese movimiento tiene implicancias concretas para provincias como Misiones, donde el acceso al financiamiento productivo sigue siendo uno de los principales cuellos de botella.

Hoy muchas pymes forestales, yerbateras y comerciales continúan trabajando con tasas reales todavía elevadas, pese a la desaceleración inflacionaria. La mejora financiera nacional todavía no se traduce plenamente en crédito accesible para el interior productivo.

Wall Street ayuda, pero el petróleo sigue condicionando

El contexto internacional también colaboró. Wall Street cerró nuevamente en máximos históricos tras datos de inflación estadounidense levemente mejores a lo esperado.

El índice PCE —la medición favorita de la Reserva Federal— mostró un incremento mensual de 0,4%, moderando temores sobre nuevas subas agresivas de tasas.

Además, el mercado siguió de cerca las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. La posibilidad de avances diplomáticos redujo parcialmente la tensión sobre el petróleo: el Brent cayó 0,5%; mientras el WTI subió 0,3%.

Para Argentina, un petróleo más estable implica menor presión sobre costos energéticos y combustibles. Para Misiones, donde el transporte explica buena parte de la estructura de costos logísticos, cualquier moderación energética tiene impacto directo sobre precios y competitividad.

El dato silencioso: el Tesoro volvió a financiarse sin sobresaltos

Otro punto clave de la jornada fue la última licitación del Tesoro. El Gobierno consiguió un rollover del 114%, captando $12,6 billones frente a vencimientos por $11 billones. La señal fue leída positivamente porque reduce presión monetaria y evita expansión adicional de pesos.

La demanda se concentró principalmente en instrumentos de corto plazo y tasa fija, reflejando que el mercado empieza a extender duración, aunque todavía mantiene cautela sobre horizontes más largos.

El éxito financiero le da oxígeno político al Gobierno en momentos donde busca consolidar el proceso de desinflación antes de las elecciones legislativas.

El entusiasmo financiero convive con una economía real que todavía muestra heterogeneidad. En Misiones, el consumo continúa lejos de los niveles previos al ajuste de 2024. La recuperación aparece fragmentada: mejoran algunos segmentos vinculados a turismo y comercio fronterizo; persisten dificultades en industria y producción primaria; el crédito productivo aún no acompaña la baja del riesgo financiero.

El desafío para el Gobierno será transformar el “momentum” de mercado en mejora concreta de actividad y empleo fuera del AMBA.

Porque mientras el riesgo país perfora los 500 puntos y Wall Street vuelve a premiar activos argentinos, en el interior productivo todavía persiste una pregunta más terrenal: cuándo esa estabilidad financiera llegará efectivamente al bolsillo, al consumo y a la inversión regional.

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