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Impuesto al cheque: ARCA cambia vencimientos y le da aire financiero a bancos y grandes operadores en semanas clave del año

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó de manera excepcional los vencimientos del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios —conocido como “impuesto al cheque”— para tres períodos específicos de 2026. La decisión impacta de forma directa sobre entidades financieras y agentes de percepción, pero también genera efectos indirectos sobre la cadena comercial y productiva, especialmente en provincias como Misiones, donde la circulación bancaria está fuertemente vinculada al comercio fronterizo, el turismo y las economías regionales.

La Resolución General 5847/2026 estableció nuevas fechas para el ingreso del tributo correspondiente a operaciones realizadas entre el 16 y el 22 de mayo, noviembre y diciembre. Aunque técnicamente se trata de una adecuación administrativa, el movimiento revela una cuestión de fondo: el Gobierno busca administrar con mayor flexibilidad los flujos de caja tributarios en semanas de elevada demanda financiera y presión sobre el sistema de pagos.

ARCA dispuso que los agentes de liquidación y percepción del impuesto ingresen los montos retenidos en fechas distintas a las previstas originalmente por el calendario fiscal.

Nuevos vencimientos excepcionales

  • Operaciones del 16 al 22 de mayo de 2026: vencen el 26 de mayo
  • Operaciones del 16 al 22 de noviembre de 2026: vencen el 25 de noviembre
  • Operaciones del 16 al 22 de diciembre de 2026: vencen el 23 de diciembre

La medida alcanza principalmente a bancos y entidades financieras, pero el impacto operativo se derrama sobre empresas, cadenas comerciales y sectores con alta rotación bancaria.

En economías metropolitanas, el impuesto al cheque suele analizarse como un costo financiero más dentro de estructuras empresariales de gran escala. En Misiones, el efecto es distinto porque la provincia tiene una dinámica de liquidez mucho más sensible.

A eso se suma un factor estructural: las asimetrías fronterizas con Paraguay y Brasil. Cuando el tipo de cambio, los impuestos o los costos financieros internos se encarecen, parte del consumo migra hacia Encarnación o Foz do Iguaçu. Por eso, cualquier modificación en la administración tributaria sobre operaciones bancarias tiene efectos más sensibles que en distritos cerrados al comercio internacional cotidiano.

El impuesto más silencioso del sistema

El impuesto sobre créditos y débitos bancarios fue creado como un tributo transitorio, pero terminó convirtiéndose en una fuente permanente de recaudación nacional. La particularidad es que grava el movimiento financiero, incluso antes de que exista rentabilidad.

Para las pymes misioneras esto implica un problema estructural: una empresa puede pagar impuesto al cheque aun operando con márgenes mínimos o incluso con pérdida.

En sectores como yerba mate, madera o comercio mayorista, donde existen múltiples transferencias dentro de la cadena productiva, el tributo se acumula varias veces sobre el mismo flujo económico.

Aunque la resolución no modifica alícuotas ni crea beneficios fiscales, la decisión de alterar vencimientos específicos suele responder a necesidades de administración financiera del Estado y del sistema bancario.

Los tres períodos elegidos no son casuales: Mayo: etapa de fuerte movimiento comercial post cosecha gruesa y previo al invierno turístico. Noviembre: meses de alta demanda financiera empresarial. Diciembre: máxima tensión estacional sobre pagos, aguinaldos y consumo.

El corrimiento de fechas permite reorganizar temporalmente el flujo de ingresos tributarios y aliviar cargas operativas de percepción en semanas de elevada actividad.

Impacto para empresas y comercios

Para el empresariado regional, la resolución no implica una baja impositiva, pero sí una señal de flexibilidad administrativa. Efectos prácticos mejora transitoria del manejo de liquidez para agentes financieros. Menor presión operativa en semanas de alta transaccionalidad. Posible alivio indirecto en tiempos de acreditación y conciliación bancaria. Y reordenamiento del flujo fiscal antes de cierres mensuales y estacionales.

Sin embargo, el núcleo del problema sigue intacto: el impuesto al cheque continúa siendo uno de los tributos más cuestionados por las economías regionales debido a su efecto cascada sobre costos operativos.

En Misiones, el debate sobre competitividad no pasa solamente por el dólar o los salarios. También se juega en la estructura impositiva acumulativa.

El comercio formal de frontera compite contra sistemas tributarios más livianos en Paraguay y Brasil. Cuando una pyme misionera paga impuesto al cheque, Ingresos Brutos, costos logísticos y financiamiento bancario elevado, pierde margen frente a operadores informales o mercados vecinos con menor presión fiscal.

Por eso, cámaras empresariales vienen reclamando hace años mecanismos diferenciales para provincias fronterizas, argumentando que la estructura tributaria nacional no contempla las particularidades del NEA.

La resolución de ARCA parece menor dentro del volumen normativo diario, pero funciona como termómetro de una administración tributaria que empieza a moverse con criterios más financieros que recaudatorios puros.

La señal relevante para el sector privado no es el cambio de fechas en sí mismo, sino la posibilidad de que el Gobierno avance hacia esquemas más flexibles de administración fiscal en momentos de tensión de liquidez.

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Privatización de AySA: el Gobierno acelera la venta del 90%

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El Ministerio de Economía oficializó el llamado a licitación nacional e internacional para privatizar el 90% de las acciones de AySA, la empresa que presta servicios de agua potable y saneamiento en el AMBA. La operación, instrumentada mediante la Resolución 704/2026, marca uno de los movimientos más profundos del programa de desestatización impulsado por Javier Milei y abre una nueva etapa para el esquema de infraestructura pública en Argentina.

La decisión excede el área metropolitana de Buenos Aires. Aunque Misiones no depende de AySA, el proceso funciona como una señal política y económica hacia todo el sistema de empresas públicas y concesiones de servicios del país: energía, rutas, logística, transporte y saneamiento quedan bajo un nuevo paradigma donde el capital privado pasa a ocupar el rol central en la expansión de infraestructura.

Para el sector empresario del NEA, el dato relevante no es solamente la venta de una compañía. El mercado interpreta que el Gobierno busca consolidar un modelo donde el Estado reduzca subsidios operativos y traslade inversión y riesgo al sector privado. Ese cambio tiene impacto potencial sobre costos, tarifas y financiamiento federal.

Un proceso “sin precio base” y con exigencias internacionales

La licitación será de etapa múltiple y sin precio base, una decisión que busca maximizar competencia entre operadores globales. El cronograma establece que las ofertas deberán presentarse hasta el 27 de agosto de 2026.

El pliego fija condiciones técnicas y financieras elevadas para los interesados: Operadores con experiencia mínima de cinco años en servicios de agua y cloacas. Antecedentes en ciudades de al menos 1,5 millones de habitantes. Capacidad de estructurar financiamiento por US$ 150 millones en la última década. Patrimonio neto mínimo de US$ 300 millones o activos bajo gestión superiores a US$ 1.000 millones para fondos de inversión.

Además, el Gobierno excluyó explícitamente a empresas controladas por Estados extranjeros y a firmas sancionadas por organismos multilaterales.

La ingeniería jurídica revela otro dato clave: la Casa Rosada no busca únicamente vender acciones. El expediente habla de una “transformación refundacional” del servicio, con un nuevo contrato de concesión ya firmado entre el Estado y AySA antes de la transferencia accionaria.

Aunque AySA opera en Buenos Aires y el conurbano, el empresariado del interior sigue el proceso por tres razones concretas:

Cambio en la lógica de subsidios: La privatización implica una menor participación directa del Tesoro en el sostenimiento operativo de servicios públicos. Para provincias como Misiones, históricamente relegadas en obras nacionales de gran escala, la discusión pasa a ser cómo se redistribuyen los recursos fiscales liberados.

En términos económicos, el Gobierno apuesta a reducir gasto corriente nacional y mejorar equilibrio fiscal. El interrogante para las provincias es si eso derivará en mayor inversión federal productiva o en una profundización del esquema de autosustentabilidad provincial.

Señal para futuras privatizaciones y concesiones: El mercado interpreta la operación de AySA como un caso testigo para otros activos públicos. En el NEA, esto genera especial atención sobre: Corredores viales estratégicos para exportación forestal y yerbatera. Infraestructura energética. Puertos y logística fluvial. Sistemas de agua y saneamiento provinciales.

La lógica oficial es clara: capital privado a cambio de inversión y modernización. El problema estructural del norte argentino es que muchas veces la rentabilidad esperada por operadores internacionales no coincide con la escala económica regional.

Impacto indirecto sobre costos: El sector industrial misionero observa otra variable: la evolución tarifaria posterior a la privatización. El antecedente argentino muestra que los procesos de concesión suelen derivar en: recomposición de tarifas, reducción de subsidios, actualización por inflación y costos, y exigencias de inversión de rápida ejecución.

Ese esquema puede terminar trasladándose a otros servicios regulados. Para industrias intensivas en energía y logística —como madera, té, yerba o comercio transfronterizo— cualquier corrección tarifaria nacional impacta en competitividad.

Asimetrías: por qué el debate no es igual que en Buenos Aires

En el AMBA, AySA opera sobre una densidad poblacional enorme que permite economías de escala. En Misiones, el escenario es completamente distinto.

La provincia convive con: ciudades intermedias dispersas, alto costo logístico, infraestructura más cara por geografía, y competencia permanente con Paraguay y Brasil. Ahí aparecen las llamadas asimetrías fronterizas: diferencias cambiarias, impositivas y tarifarias entre países limítrofes que alteran consumo, comercio y competitividad.

Si el modelo nacional avanza hacia servicios con menor subsidio estatal y tarifas más alineadas al costo real, el impacto en provincias de frontera puede ser más sensible que en el centro del país. Un aumento de costos estructurales no sólo afecta hogares. También golpea: hoteles, gastronomía, comercio, industrias exportadoras, y cadenas agroindustriales.

La privatización de AySA tiene además un fuerte componente simbólico. El Gobierno eligió avanzar sobre una empresa emblemática de servicios públicos urbanos y hacerlo bajo un esquema internacional competitivo, utilizando la plataforma CONTRAT.AR y mecanismos de auditoría específicos.

El objetivo político es mostrar: previsibilidad regulatoria, apertura al capital extranjero, y continuidad del programa de reforma del Estado. Para los inversores, la señal relevante es que el Ejecutivo busca consolidar reglas permanentes antes del recambio electoral de 2027.

La discusión de fondo no será solamente quién compra AySA, sino bajo qué condiciones regulatorias operará el nuevo concesionario.

Hay tres variables que el sector privado monitorea: Velocidad de actualización tarifaria. Compromisos obligatorios de inversión. Capacidad política para sostener contratos de largo plazo.

En paralelo, las provincias observan si el nuevo ciclo de privatizaciones deriva en mayor infraestructura federal o en un retiro progresivo del Estado nacional de áreas estratégicas.

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Milei recortó casi $3 billones del Presupuesto 2026 y endurece el ajuste para sostener el superávit

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El Gobierno nacional oficializó una profunda modificación del Presupuesto 2026 mediante la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La medida combina ampliaciones puntuales de gasto previsional con recortes por casi $3 billones en distintas partidas del Estado nacional para reforzar la meta de superávit fiscal comprometida por el presidente Javier Milei.

El ajuste se produce en un contexto diferente al del inicio de gestión. Según los datos citados en el reporte, la caída de la inflación y el deterioro de la recaudación tributaria redujeron el margen que el Gobierno había utilizado en 2024 para licuar gasto público. La discusión fiscal ahora se traslada a un terreno más delicado: qué partidas sostener, cuáles reducir y cuánto impacto político puede absorber la administración nacional.

El Gobierno amplió pagos previsionales y financió retiros en ANSES

Uno de los cambios centrales del decreto presupuestario fue la ampliación de $500.000 millones para cancelar sentencias judiciales previsionales y acuerdos vinculados con jubilaciones. El nuevo techo autorizado asciende a: $712.288 millones

La ampliación responde a retroactivos derivados de ajustes sobre prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), administrado por ANSES.

Al mismo tiempo, el Gobierno incorporó: $162.000 millones destinados al Plan de Retiros de Voluntad Recíproca dentro de ANSES.

El programa busca reducir estructura administrativa mediante retiros voluntarios y establece restricciones para quienes adhieran, incluyendo la imposibilidad de volver al sector público nacional durante el plazo fijado y la renuncia a tutela sindical en caso de cargos gremiales.

La mayor poda cayó sobre subsidios y programas de infraestructura

El ajuste más fuerte se concentró en partidas vinculadas a subsidios económicos y gasto de capital.

Entre los principales recortes aparecen:

  • $1,47 billones en “Otras Asistencias Financieras – Servicios Económicos”
  • $359.497 millones en programas de uso racional y eficiente de la energía
  • $320.671 millones en infraestructura para desarrollo deportivo
  • $97.104 millones para obras sobre la Ruta Nacional 38
  • $78.711 millones en compensación salarial docente
  • $63.021 millones en programas de cáncer
  • $55.465 millones en integración social y ciudadanía
  • $39.442 millones en integración socio-urbana

La Administración Central terminó con un recorte neto de: $2,5 billones

A eso se sumaron mayores ingresos por: $565.000 millones

Según lo informado, el resultado eleva la meta de superávit fiscal a: $3,2 billones

El ajuste entra en otra etapa: menos licuación y más administración fina

El trasfondo económico de la medida refleja un cambio importante en la dinámica fiscal del Gobierno.

Durante 2024, la alta inflación funcionó como mecanismo indirecto de reducción del gasto real. Esa herramienta perdió potencia en 2026 por dos factores mencionados en el reporte: desaceleración inflacionaria, y caída de la recaudación.

El economista Isidro Guardarucci, de FIEL, advirtió que el superávit ya no depende únicamente de grandes recortes lineales, sino de una “gestión fina” del gasto público.

Según los datos citados: la recaudación tributaria cayó 8% real en el primer trimestre, equivalente a unos $3 billones menos respecto de 2025, mientras el gasto retrocedió 5,1% real. El IVA aparece como uno de los tributos más afectados, con una caída cercana a: $0,9 billones

El escenario obliga al Ejecutivo a administrar tensiones más complejas que en el inicio de mandato: universidades en recomposición presupuestaria, subsidios que dejan de caer y provincias con menor margen financiero.

El Consejo de la Magistratura recibió refuerzos presupuestarios

La modificación también incluyó incrementos para el Consejo de la Magistratura.

Las partidas adicionadas contemplan: $115.194 millones para gastos de personal, y $22.000 millones para bienes de uso vinculados a la Justicia de Máxima Instancia.

Según el texto oficial, la reasignación busca garantizar el funcionamiento operativo del organismo judicial.

Menos obra pública y presión sobre las provincias

Aunque la decisión tiene alcance nacional, el ajuste sobre infraestructura, subsidios y transferencias repercute especialmente en provincias periféricas como Misiones.

La reducción de partidas vinculadas a: integración socio-urbana, obras públicas, energía, y transferencias puede impactar sobre la capacidad de financiamiento de proyectos locales y sobre la actividad económica vinculada a construcción y servicios.

El informe también menciona que las transferencias corrientes a provincias cayeron: 27% real

Para distritos del NEA, donde el peso de la coparticipación y los recursos nacionales tiene mayor incidencia relativa, el endurecimiento fiscal agrega presión sobre presupuestos provinciales y municipales.

El Gobierno busca sostener el superávit mientras cae la recaudación

La modificación presupuestaria expone la prioridad política de la administración Milei: preservar el equilibrio fiscal incluso en un escenario económico menos favorable.

El desafío ahora es distinto al de 2024. El margen para recortar gasto sin afectar áreas sensibles parece reducirse mientras la actividad económica y el consumo muestran señales de desaceleración.

El mercado seguirá de cerca tres variables: evolución de la recaudación, capacidad del Gobierno para sostener el ajuste, y reacción de provincias, universidades y sectores alcanzados por los recortes.

La discusión fiscal dejó de girar únicamente sobre cuánto recortar. El eje empieza a desplazarse hacia dónde ajustar y cuánto costo político puede absorber el esquema de superávit permanente.

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YPF reúne a las petroleras y define si traslada la suba del petróleo a los surtidores

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YPF encabezará este lunes una reunión clave con las principales petroleras del país para definir qué ocurrirá con los precios de los combustibles tras el vencimiento del mecanismo de “buffer” aplicado desde abril para contener el traslado de la suba internacional del petróleo a los surtidores locales.

La discusión llega en un contexto de fuerte volatilidad global. El Brent todavía opera por encima de los USD 100 por barril, mientras persiste la tensión geopolítica en Medio Oriente tras el conflicto entre Estados Unidos e Irán. A eso se suma la actualización de impuestos sobre combustibles líquidos y dióxido de carbono dispuesta por el Gobierno nacional desde mayo.

El resultado de esa combinación puede impactar directamente sobre inflación, logística, transporte y consumo interno, especialmente en provincias periféricas como Misiones, donde el costo del combustible tiene incidencia estructural sobre la economía regional.

Se termina el “buffer” que desacopló el petróleo internacional del precio local

El mecanismo impulsado por el CEO de YPF, Horacio Marín, comenzó el 1° de abril y vence el próximo 15 de mayo.

El esquema funcionó como una herramienta de amortiguación temporal frente a la disparada del petróleo internacional. Mientras el Brent llegó a superar los USD 120, las refinadoras continuaron operando internamente con un valor de referencia cercano a los USD 70 por barril, equivalente al precio vigente en marzo.

La diferencia entre el valor real y el valor reconocido internamente quedó registrada en cuentas compensadoras a saldar posteriormente si el precio internacional descendía.

Participaron del acuerdo: refinadoras, empresas integradas, y productoras puras del sector. Entre ellas: YPF, Shell, Axion, Puma, Raízen, Trafigura, Tecpetrol, Pluspetrol, y Fénix.

La decisión permitió moderar el impacto inmediato de la crisis energética global sobre los consumidores argentinos, aunque el mercado ahora espera una corrección gradual del atraso acumulado.

El petróleo bajó, pero la presión sobre los surtidores sigue intacta

Durante los últimos días, el mercado internacional mostró cierta desaceleración tras las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán.

El WTI cayó hasta los USD 95 por barril, mientras el Brent retrocedió a la zona de USD 101–104. Sin embargo, las petroleras consideran improbable un regreso a los valores previos al conflicto, cuando el crudo cotizaba cerca de los USD 60.

La expectativa del sector es que el petróleo permanezca en torno a los USD 90 incluso si disminuye la tensión militar.

Eso mantiene abierta la presión sobre los surtidores argentinos.

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, los combustibles acumularon un incremento cercano al 23% en el país.

El Gobierno actualizó impuestos y suma otra presión sobre los precios

La discusión entre las petroleras no se limita al petróleo internacional.

El 30 de abril, el Gobierno nacional oficializó una actualización del 0,5% en los impuestos sobre combustibles líquidos y dióxido de carbono.

Según cálculos difundidos por SDC Asesores Tributarios, la carga impositiva implicaría un aumento potencial de: $11,035 por litro de las naftas, incluyendo impuestos líquidos y CO₂.

La decisión de trasladar total o parcialmente ese costo quedó en manos de las compañías.

La caída del consumo condiciona la decisión de las petroleras

El mercado enfrenta además otro dato sensible: la demanda comenzó a retroceder. Según un informe citado por el sector, las ventas de combustibles cayeron 1,8% en marzo de 2026, mientras la nafta súper registró una baja interanual del 4,1%.

El dato refleja: menor uso de vehículos, deterioro del poder adquisitivo, y límites crecientes para seguir trasladando aumentos al consumidor. Ese escenario explica parte de la cautela que mantuvieron las petroleras durante las últimas semanas.

En provincias como Misiones, el precio de los combustibles tiene efectos más amplios que en los grandes centros urbanos. Cada suba del gasoil repercute sobre: costos logísticos, precios minoristas, competitividad exportadora, y márgenes industriales.

Además, las llamadas asimetrías fronterizas amplifican el problema. Cuando el combustible aumenta en Argentina, la diferencia de costos frente a Paraguay y Brasil afecta el comercio local y el consumo interno.

La presión energética global termina así trasladándose a las economías regionales con más intensidad que en áreas metropolitanas.

La decisión de YPF también tiene impacto político

El rol de YPF durante la crisis energética volvió a posicionar a la petrolera de mayoría estatal como actor central en la administración de precios sensibles para la economía.

El “buffer” permitió desacelerar parcialmente el traslado inmediato del shock internacional sobre inflación y consumo.

Ahora, el fin de ese esquema abre una nueva discusión: cuánto del atraso acumulado absorberán las compañías, cuánto se trasladará a surtidores, y qué margen político existe para nuevos aumentos en un contexto de caída de ventas.

La reunión de este lunes será observada tanto por el mercado energético como por el Gobierno nacional, que enfrenta el desafío de administrar inflación y actividad económica bajo un escenario internacional todavía inestable.

Un mercado pendiente de Medio Oriente y del precio del Brent

La evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán seguirá condicionando las decisiones locales. El sector energético observa especialmente: el comportamiento del Brent, la estabilidad del estrecho de Ormuz, y el impacto de nuevas tensiones militares sobre el comercio global de petróleo.

Por ahora, el mercado descuenta que habrá ajustes en surtidores. La incógnita es la magnitud, el ritmo y la capacidad del consumo argentino para absorber otro incremento en combustibles.

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El agro demandará más de 2.500 millones de litros de gasoil

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La campaña granaria 2025/26 consumiría 2.533 millones de litros de gasoil y demandaría un gasto estimado de USD 3.758 millones, según proyecciones del sector. El dato no sólo refleja el mayor volumen operativo de la historia agrícola argentina: también anticipa presión sobre costos logísticos, transporte y estructura de precios en las economías regionales, incluida Misiones, donde el combustible tiene un peso crítico por la dependencia del camión y las asimetrías geográficas del NEA.

La expansión de la superficie sembrada nacional hasta 42,3 millones de hectáreas y una cosecha proyectada de 163 millones de toneladas empujan el consumo energético de toda la cadena agroindustrial. El fenómeno ocurre en un contexto donde el precio del gasoil continúa siendo una de las variables más sensibles para el costo argentino.

En un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, se presenta una estimación del consumo de gasoil que se realizaría durante la campaña granaria 2025/26, el cual considera la etapa de producción primaria y el posterior transporte de los granos cosechados hacia acopios y puertos. A fines de simplificar el modelo, se excluye del análisis el uso de gasoil en la industrialización de los granos. Debido a la diversidad y escala del sector, se han aplicado ciertos supuestos a la hora de elaborar el modelo estimativo, motivo por el cual los datos deben interpretarse como aproximados.

Estimación del consumo de gasoil en el proceso productivo. Campaña 2025/26

La campaña 2025/26 proyecta una superficie sembrada de 42,3 millones de hectáreas con los principales cultivos del país/1, lo que la posicionaría como la mayor de la historia para la selección de cultivos del modelo. Las condiciones de humedad en los suelos al inicio de las ventanas de siembra figuraron entre las mejores de los últimos cinco años, luego de una racha de cuatro campañas con déficit hídrico asociado a La Niña.

Tomando en cuenta consumos promedio por actividad (siembra, cosecha, laboreo, movimientos internos y transporte de insumos) para cada cultivo, se estima que el proceso productivo demandaría 1.057 millones de litros de gasoil. La soja y el maíz concentran el grueso del consumo, con 394 y 268 millones de litros respectivamente, seguidos por el trigo con 172 millones de litros. El aumento del área sembrada con maíz, impulsado por la buena disponibilidad hídrica y la disminución de los temores por la chicharrita, explica el incremento de ese cultivo respecto de campañas anteriores. El girasol también muestra un desempeño destacado: con una siembra que alcanzó máximos en 26 años habría consumido 75 millones de litros de gasoil durante su proceso productivo.

Estimación del consumo de gasoil en el transporte de granos. Campaña 2025/26

Se proyecta una producción total de alrededor de 163 millones de toneladas de granos en el ciclo 2025/26, la mayor de la historia argentina para el conjunto de granos contemplado por el modelo. Descontando el 8% que se estima se consume al interior de las explotaciones agropecuarias, 150 millones de toneladas serían transportadas hacia acopios, plantas industriales y terminales portuarias. De ese total, se estima que 138 Mt se movilizarían en camión y 12 Mt por vía ferroviaria.

Aplicando los supuestos de distancias medias (30 km para el flete corto de chacra a acopio; 350 km para el flete largo a industria/puerto) y un consumo representativo de 0,40 litros de gasoil por kilómetro para los camiones, y suponiendo que un ferrocarril representativo consume la cuarta parte del gas oil que utiliza un camión para transportar una tonelada de granos por km., se concluye que el transporte de granos insumiría 1.487 millones de litros de gasoil en la campaña 2025/26. Los camiones explicarían el 97,5% de ese consumo (1.439 M l), y los ferrocarriles el 2,5% restante (37 M l).

Consumo total de gasoil. Campaña 2025/26

Al consolidar el gasoil empleado en las labores de producción con el utilizado en el transporte, se proyecta que la cadena granaria demandaría en la campaña 2025/26 un total de 2.533 millones de litros de gasoil, el máximo volumen desde que se elabora esta estimación. 

Para poner en valor el costo que requiere este consumo, se consideran precios promedio del gasoil para cada etapa del proceso productivo, diferenciados por cultivo, y posteriormente los precios promedio para los meses en que se transportó la mercadería, suponiendo que, en adelante, los precios permanecerán constantes en el nivel promedio de abril de 2025 (USD 1,7 / l) para la mercadería que resta ser transportada. Bajo esta metodología, ponderando según volúmenes y superficie de cada cultivo, se llega a un precio promedio de USD 1,36 / l para el proceso productivo, y de USD 1,57 / l para el transporte de granos. Con los precios diferenciados descriptos anteriormente, el gasto total en gasoil de la cadena granaria se estima en USD 3.758 millones para la campaña 2025/26, superando los registros de los últimos ciclos agrícolas.

Nota metodológica

Los valores presentados deben interpretarse como estimaciones aproximadas. Se asume que la superficie sembrada coincide con la cosechada y que los consumos por hectárea se basan en maquinaria agrícola de tamaño medio. El precio del gasoil utilizado para el sector transporte corresponde al promedio ponderado de la cotización del gasoil grado 2 en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba, calculado a partir de datos de la Secretaría de Energía y del tipo de cambio oficial comprador del BNA. Se excluye del análisis el uso de gasoil en la industrialización de los cultivos.

Supuestos del modelo de transporte: (1) 8% de la producción se consume en chacra; (2) 50% de la producción transita por acopio antes de llegar a puerto o industria; (3) distancia media chacra-acopio: 30 km; (4) distancia media chacra/acopio-industria/puerto: 350 km; (5) consumo representativo del camión: 0,40 l/km; (6) el ferrocarril consume la cuarta parte del gasoil que un camión para transportar una tonelada de granos por kilómetro (7) distancia promedio ferrocarril: 430 km (ida y vuelta: 860 km).


/1 Se contemplan en el presente modelo maíz, sorgo, girasol, soja, trigo, cebada, arroz, maní, centeno, avena, alpiste, mijo, cártamo, colza, lino y trigo candeal.

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