Misiones economía

El INDEC reporta salto exportador del 30,1% y consolida superávit comercial de USD 2.523 millones en marzo

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El INDEC informó que en marzo de 2026 las exportaciones argentinas alcanzaron los USD 8.645 millones, con un crecimiento interanual del 30,1%, mientras que las importaciones sumaron USD 6.122 millones, con un alza del 1,7%. El saldo dejó un superávit comercial de USD 2.523 millones, el más alto para ese mes y con una mejora de USD 1.899 millones respecto a 2025.

El dato introduce un elemento central en la política económica: la consolidación del superávit externo como ancla en un contexto donde la dinámica de divisas resulta clave para la estabilidad macroeconómica.

El comercio exterior como variable de equilibrio

El intercambio comercial totalizó USD 14.766 millones, con un crecimiento interanual del 16,6%. Este desempeño se apoya principalmente en el impulso exportador, que combinó un aumento del 25,3% en cantidades y del 3,9% en precios.

Sin embargo, el informe oficial advierte una señal de alerta: el índice de términos del intercambio cayó 1,8%, debido a que los precios de las importaciones crecieron más que los de las exportaciones. En términos concretos, esto implica una pérdida relativa en el poder de compra de las ventas externas.

Volumen exportador y freno relativo a importaciones

El crecimiento exportador fue generalizado, con subas en todos los grandes rubros. Los productos primarios lideraron con un aumento del 56,2%, impulsados por mayores cantidades, mientras que las manufacturas de origen industrial crecieron 26,4% y las de origen agropecuario, 18,9%.

También se destacó el desempeño de combustibles y energía, que alcanzaron su valor más alto registrado para un mes de marzo, con USD 1.235 millones y una suba del 23,2%.

Del lado de las importaciones, el crecimiento fue moderado y explicado exclusivamente por precios (+5,8%), ya que las cantidades cayeron 3,7%. El rubro con mayor expansión fue el “resto de importaciones” —asociado a envíos por courier— con un salto del 105,9%.

Superávit como herramienta de política económica

El resultado comercial refuerza la posición del Gobierno en la administración del frente externo. Un saldo positivo sostenido —28 meses consecutivos según el informe— otorga margen en la disponibilidad de divisas y en la gestión de importaciones.

Al mismo tiempo, la estructura del crecimiento expone una dependencia marcada de productos primarios y energía, lo que condiciona la calidad del superávit y su sostenibilidad frente a cambios en precios internacionales.

Divisas, actividad y consumo

El aumento de exportaciones implica mayor ingreso de dólares, un factor clave para sostener el nivel de reservas y el funcionamiento de la economía.

Por otro lado, la desaceleración en cantidades importadas sugiere una dinámica más contenida en la demanda interna o en la disponibilidad de bienes del exterior, con posibles efectos sobre producción e inversión en sectores dependientes de insumos importados.

Disparidades en el crecimiento exportador

El informe muestra una fuerte heterogeneidad territorial. Las exportaciones del Noroeste argentino crecieron 74,9% interanual, muy por encima del promedio nacional.

En contraste, otras regiones presentan incrementos más moderados. En el Noreste —donde se ubica Misiones— las exportaciones alcanzaron USD 531 millones, con una variación interanual del 13,7%.

El dato sugiere que, aunque la mejora es generalizada, el ritmo de expansión no es homogéneo, lo que podría impactar de manera diferenciada en las economías regionales.

Sostenibilidad y precios internacionales

Hacia adelante, la evolución del comercio exterior dependerá de variables clave: los precios internacionales de los commodities, la dinámica de las cantidades exportadas y la evolución de las importaciones.

También será relevante observar si el crecimiento exportador logra sostenerse sin deteriorar los términos del intercambio, una condición necesaria para consolidar el superávit como herramienta estructural y no solo coyuntural.

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El INDEC revela que criar a un hijo ya supera los $500.000 mensuales y presiona sobre el ingreso familiar

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El costo de criar a un hijo en Argentina volvió a registrar un salto en marzo y superó el medio millón de pesos en todos los tramos etarios, según datos oficiales del INDEC. El informe indica que mantener a un menor de 1 año demandó $515.236 mensuales, mientras que para niños de entre 6 y 12 años el gasto ascendió a $676.431.

La actualización se conoce en un contexto de inflación mensual del 3,4% y acumulada del 9,4% en el primer trimestre de 2026, lo que reaviva el debate sobre el poder adquisitivo y la sostenibilidad económica de los hogares, especialmente en sectores medios y trabajadores formales.

Cómo se compone el costo de criar

La medición oficial incorpora dos dimensiones: por un lado, los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de niños y adolescentes; por otro, el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

En términos concretos, los valores informados para marzo fueron:

  • Menores de 1 año: $515.236
  • Niños de 1 a 3 años: $616.046
  • Niños de 4 a 5 años: $538.587
  • Niños de 6 a 12 años: $676.431

El componente de bienes y servicios se calcula en base a la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, que incluye alimentos, transporte, educación, salud, vestimenta y vivienda. A eso se suma el costo del cuidado, estimado a partir del tiempo requerido según cada edad y valorizado con el salario de referencia del personal de casas particulares.

Qué cambia en la dinámica económica familiar

El dato central no es solo el monto, sino su velocidad de actualización frente a ingresos que, según distintas mediciones oficiales, avanzan con rezagos o en línea inferior a la inflación en algunos sectores.

La canasta de crianza funciona como un indicador indirecto del costo de reproducción social de los hogares. En ese sentido, el hecho de que todos los tramos etarios superen el medio millón de pesos mensuales marca un piso elevado de gasto estructural para las familias.

Además, el peso del componente de cuidado introduce una variable clave: no todo el costo es monetario directo, pero sí representa tiempo de trabajo que, en muchos casos, limita la generación de ingresos adicionales.

Entre la macro y la economía real

El informe del INDEC se inscribe en un escenario donde el Gobierno sostiene el orden macroeconómico como eje de gestión, mientras los indicadores de consumo y capacidad de gasto siguen bajo presión.

La evolución de la canasta de crianza expone una tensión estructural: el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria conviven con un nivel de costos de vida que condiciona la economía cotidiana.

En ese marco, los hogares —especialmente aquellos con niños— quedan en el centro de la ecuación, con menor margen para absorber aumentos sostenidos en servicios, alimentos y gastos asociados al desarrollo infantil.

Impacto económico concreto

El aumento de la canasta de crianza impacta directamente en: La planificación del consumo familiar. La capacidad de ahorro. La demanda de crédito para gastos corrientes. Y la participación laboral, especialmente en tareas de cuidado

También condiciona decisiones de mediano plazo, como ampliación del hogar o inversión en educación.

Presión extendida en economías del NEA

Si bien la medición se basa en valores del Gran Buenos Aires, el impacto es extrapolable a provincias como Misiones, donde las economías regionales enfrentan ingresos más ajustados y mayores costos logísticos.

En estos contextos, el peso relativo de la canasta de crianza sobre el ingreso puede ser incluso mayor, lo que profundiza las restricciones al consumo y al desarrollo económico local.

Hacia adelante, la evolución de este indicador dependerá de dos variables clave: la dinámica inflacionaria y la recuperación —o no— de los ingresos reales.

Si los costos continúan creciendo por encima de los salarios, la presión sobre los hogares podría intensificarse. Por el contrario, una convergencia entre ingresos y precios podría aliviar parcialmente el impacto.

En ese equilibrio se juega no solo el bienestar familiar, sino también la capacidad de sostener el consumo interno como motor de actividad.

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Sollos, la bebida en base a yerba de Barron Trump ya está lista para salir al mercado

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El negocio global de las bebidas funcionales suma un nuevo jugador con ambición internacional y un activo estratégico claro: la yerba mate. El proyecto Sollos, que tiene entre sus directores a Barron Trump, comienza a mostrar definiciones concretas de cara a su lanzamiento comercial, previsto para las próximas semanas en Estados Unidos.

Lo que inicialmente circuló como una curiosidad mediática comienza a consolidarse como una apuesta empresarial alineada con una tendencia creciente: el reemplazo de bebidas energéticas tradicionales por alternativas naturales, donde la yerba mate gana protagonismo como fuente de cafeína vegetal, antioxidantes y posicionamiento “healthy”.

Según se desprende de los avances comunicados en redes sociales, Sollos debutará con un formato en lata, apuntando a un público joven, urbano y activo. La estrategia replica el modelo de marcas como Guayakí o Yerbaé, que lograron instalar la yerba mate en el consumo masivo norteamericano bajo una lógica de conveniencia: lista para tomar, portable y con identidad de marca.

El primer producto tendrá un perfil sensorial disruptivo: una combinación de ananá, coco y yerba mate. La elección no es casual. Se trata de sabores tropicales, asociados al lifestyle del sur de Florida -donde se originó el concepto- y que dialogan con el consumidor global de bebidas refrescantes premium.

El lanzamiento inicial contemplaría packs de 12 unidades, lo que sugiere una estrategia de distribución orientada a canales modernos (e-commerce, retail especializado y cadenas de conveniencia), más que al consumo tradicional.

Pero más allá del producto, el eje central del proyecto es el posicionamiento. Sollos no busca vender “mate” en el sentido cultural sudamericano, sino reinterpretarlo como una bebida funcional de estilo de vida. Es decir, competir en el mismo segmento que las bebidas energéticas, pero con atributos naturales y una narrativa vinculada al bienestar.

Activo estratégico 

La irrupción de proyectos como Sollos vuelve a poner el foco sobre la yerba mate como commodity con valor agregado global. No se trata solo de exportar materia prima, sino de capturar margen en la industrialización, el branding y la distribución internacional.

Para Argentina -y en particular para Misiones, que concentra la producción- el fenómeno abre una ventana estratégica. Hoy, el mercado externo de yerba mate sigue altamente concentrado: Siria explica la mayor parte de las exportaciones, lo que genera vulnerabilidad ante shocks geopolíticos o logísticos.

La expansión en Estados Unidos, Europa y Asia, en cambio, responde a otra lógica: menor volumen, pero mayor valor por unidad. Allí es donde las bebidas listas para tomar (RTD) aparecen como el vehículo más potente de crecimiento.

Sin embargo, el desafío es evidente. Si las marcas globales capturan el posicionamiento y la distribución, Argentina corre el riesgo de quedar relegada a proveedor de insumos, perdiendo la renta asociada al desarrollo de marca.

El desembarco de Sollos se da en un contexto de fuerte expansión del segmento de bebidas funcionales, impulsado por consumidores que buscan alternativas más saludables frente a las bebidas azucaradas o energizantes tradicionales.

En ese escenario, la yerba mate compite con ingredientes como el té verde, el matcha o el guaraná. Su diferencial radica en el equilibrio entre energía sostenida y atributos naturales, una combinación cada vez más valorada en mercados desarrollados.

La apuesta de Barron Trump y sus socios se inscribe en esa lógica: transformar un producto tradicional en una experiencia global, adaptada a los códigos del consumo contemporáneo.

El desafío, entonces, no es solo producir más, sino producir mejor: con innovación, agregado de valor y una estrategia clara de inserción en los mercados de alto crecimiento.

Porque en la nueva economía de alimentos y bebidas, la renta no está en la hoja, sino en la marca.

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La coparticipación de marzo cayó 4,3% y Misiones perdió 38 mil millones en el primer trimestre

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En marzo las transferencias automáticas del Estado nacional a las provincias y CABA totalizaron $ 5,05 billones presentando un nuevo descenso en términos reales, que esta vez fue del -4,3% respecto a igual mes del 2025. A su vez, contra el mes previo también mostraron un retroceso (-9,9% real mensual).

En ese marco, los envíos a Misiones totalizaron $ 160.767 millones con una variación también negativa del 4,3%
interanual, al tiempo que contra el mes anterior disminuyeron en 9,6% real.
El volumen total captado durante marzo es, además, el más bajo en términos nominales desde abril de 2025, indicó un reporte de la consultora Politikon Chaco en base a datos de la DNAP y INDEC.

La Coparticipación Federal para la provincia totalizó $ 144.385 millones, cayendo -7,4% interanual por las bajas en la recaudación del IVA y de Ganancias, entre otros.

Por su parte, los fondos por Leyes y Regímenes Especiales mostraron un desempeño positivo, creciendo en 33% interanual real (apoyado casi en su totalidad por el buen desempeño del impuesto a los combustibles y al monotributo) al igual que los recursos por Compensación del Consenso Fiscal con +37,9% real interanual, aunque ninguno de estos dos últimos casos logró compensar la baja de la coparticipación y ello arrastró el resultado general provincial a la baja, tal como ya ocurrió en enero y febrero pasados.

La caída total para Misiones equivale a una pérdida cercana a los $ 8.000 millones respecto a marzo de 2025.

Con este resultado, el primer trimestre 2026 cerró con envíos a Misiones por $ 519.104 millones, que representa un -6,5% en términos reales contra igual período del 2025. Medido en pesos constantes a precios actuales, la provincia perdió casi $ 38.000 millones en el período.

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El INYM rechazó sugerir un precio de referencia y profundiza la tensión en la cadena yerbatera

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El Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) resolvió rechazar la posibilidad de sugerir un precio de referencia para la hoja verde, en una decisión que vuelve a exponer la fractura interna del sector y profundiza la incertidumbre de cara a la zafra 2026.

Según fuentes oficiales, el rechazo al precio sugerido se sustentó en un dictamen técnico que consideró que la implementación de valores orientativos “va en contra del Decreto 812 del Gobierno nacional”, al entender que “distorsiona el mercado y afecta la competencia del sector privado”. La postura fue respaldada por la presidencia del organismo, en manos del libertario Rodrigo Correa, la representación de Corrientes y la mayoría de los sectores industriales, secaderos y cooperativas.

En la votación, dos representantes del sector productivo y el director por Misiones, Ricardo Maciel, se pronunciaron a favor de avanzar con una referencia de precios, mientras que un representante productivo y la UATRE optaron por la abstención. La correlación de fuerzas dejó sin efecto la iniciativa, en un escenario donde la pérdida de facultades regulatorias del INYM ya había debilitado su capacidad de intervención.

El documento sostiene que no resulta jurídicamente factible que el Instituto publique un precio de referencia, ya que cualquier señal institucional en ese sentido sería considerada una intervención en el mercado.

El argumento central se apoya en la modificación del marco normativo tras la desregulación. En particular, el dictamen cita el artículo 8° del Decreto 1240/2002 —modificado por el Decreto 812/2025—, que prohíbe expresamente al INYM “dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado o interfieran en la libre interacción entre oferta y demanda”.

Pero el punto más sensible es otro: el dictamen advierte que incluso un precio “indicativo” podría funcionar como señal de mercado. En un sector caracterizado como oligopsónico -como sostiene Misiones-, esa referencia institucional podría derivar en una coordinación indirecta de precios entre actores privados, lo que chocaría con la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.

En ese marco, la asesoría legal fue contundente: publicar un precio, bajo cualquier denominación, podría interpretarse como una práctica restrictiva equivalente a “concertar directa o indirectamente el precio de venta o compra”.

El dictamen se apoya en el cambio de rol del INYM. Tras el DNU 70/2023, el organismo dejó de tener como objetivo la “sustentabilidad de la cadena” y pasó a enfocarse en “proteger el carácter competitivo de la industria”, eliminando además la facultad de acordar precios entre los distintos sectores.

Esto implica que cualquier intento de reconstruir mecanismos de referencia -aunque sean informativos- podría exceder las funciones actuales del Instituto.

Otro de los argumentos del dictamen apunta a desarmar la comparación con otros mercados. Según el texto, las referencias de precios en granos o hacienda (como las de la Bolsa de Comercio o mercados ganaderos) no son fijaciones institucionales, sino simples publicaciones de operaciones ya realizadas entre privados.

En cambio, si el INYM difundiera un precio, aun como promedio o referencia, estaría emitiendo una señal institucional con capacidad de influir en la formación de precios, lo cual está prohibido por la normativa vigente.

El dictamen también advierte sobre las consecuencias de avanzar en ese camino:

  • Posibles sanciones por violación de la Ley de Defensa de la Competencia
  • Riesgo de impugnación y nulidad del acto administrativo
  • Eventuales observaciones de la Secretaría de Agricultura de la Nación, bajo cuya órbita funciona el INYM

Incluso la publicación de costos de producción es puesta en discusión. El dictamen señala que determinar un único costo promedio podría distorsionar el mercado, ya que no refleja la heterogeneidad productiva del sector (tecnología, escala, logística, mano de obra).

La posición de Misiones

Hace apenas un mes, Maciel había formalizado el planteo mediante una nota dirigida al presidente del Instituto, Rodrigo Correa, en la que solicitaba avanzar en la construcción de una “pizarra” de precios para la hoja verde y la yerba canchada antes del inicio de la cosecha.

El documento, fechado el 12 de febrero en Posadas, partía de un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento del mercado tras la desregulación. Allí, el funcionario reconocía que el INYM ya no cuenta con herramientas para fijar precios obligatorios, pero advertía sobre las consecuencias que esa pérdida tuvo en las últimas campañas.

“No hace falta redundar en la pérdida de facultades para fijar precios, pero tampoco podemos desconocer el impacto negativo que esa decisión generó en el sector productivo primario”, señalaba.

El eje central del planteo de Misiones giró en torno a la estructura del negocio yerbatero, caracterizada como un mercado “oligopsónico”, donde pocos compradores concentran la demanda y tienen capacidad para incidir en los valores que perciben los productores.

La advertencia apuntaba a una asimetría estructural: unos 12.500 productores frente a un número reducido de molinos. En ese contexto, sin precios de referencia ni herramientas regulatorias, el eslabón primario queda sujeto a negociaciones individuales, con fuerte dispersión de valores.

“El libre mercado no existe o es injusto en este escenario”, sostenía el documento, al tiempo que reclamaba información oficial que contemple costos de mano de obra, energía, combustibles y fertilizantes, además de un margen mínimo de rentabilidad.

La discusión no es teórica. Hoy el mercado está pagando alrededor de 220 pesos por kilo de hoja verde, muy por debajo de los costos estimados por el sector productivo y lo que empiezan a pagar a sus asociados las cooperativas, como Las Tunas -380 pesos- o Piporé -450-.

Distintos trabajos técnicos indican que el costo de producción para un yerbal de alto rendimiento ronda los 391,2 pesos por kilo. Si se incorpora una rentabilidad mínima del 30%, el precio debería ubicarse en torno a los 508,56 pesos.

La brecha es significativa y, según advierten los productores, se amplifica en explotaciones de menor escala, donde los costos son aún más elevados por menor productividad.

Un conflicto que excede lo productivo

El planteo de Maciel introducía una definición que atraviesa el actual conflicto: “La yerba mate no está en crisis; lo que está en crisis es la distribución de lo que genera el negocio yerbatero”.

La negativa del INYM a establecer siquiera una referencia de precios deja al descubierto el cambio de paradigma tras la desregulación nacional: de un esquema con intervención estatal a uno donde predomina la lógica de mercado, en un sector históricamente regulado.

Mientras la industria sostiene que el mercado debe autorregularse, el sector productivo y el Gobierno de Misiones insisten en la necesidad de mecanismos que compensen las asimetrías y eviten una mayor concentración.

Con la zafra 2026 a punto de comenzar, la decisión del Directorio implica que la actividad se desarrollará sin precios orientativos oficiales, en un contexto de alta volatilidad y tensión en la cadena.

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