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La mora se dispara en Misiones: los créditos en problemas se duplicaron en un año y golpean al agro y al comercio

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La morosidad financiera alcanzó al 10,2% de los préstamos en Misiones al cierre de junio de 2026, cuatro veces el nivel registrado tres años atrás. El deterioro ocurre al mismo tiempo que se expandió con fuerza el crédito: el stock de préstamos de la provincia creció 65% en términos reales frente a 2023. Producción primaria, comercio y créditos al consumo aparecen como los sectores más comprometidos, según un informe del IERAL Regional NEA elaborado con datos del Banco Central.

El crédito volvió, pero también volvió el riesgo. Y en Misiones esa combinación comienza a mostrar una cara cada vez más preocupante: uno de cada diez pesos prestados por el sistema financiero se encuentra en situación no normal, una proporción que prácticamente se duplicó durante el último año y que cuadruplica el nivel observado tres años atrás.

El último informe de coyuntura del IERAL Regional NEA, basado en estadísticas del Banco Central, muestra que la tasa de morosidad de Misiones llegó al 10,2% al 30 de junio de 2026, frente al 5,1% registrado en junio de 2025 y apenas 2,5% en junio de 2023.

El dato adquiere otra dimensión cuando se observa lo ocurrido con el financiamiento. Durante el mismo período, el stock real de préstamos creció significativamente. Entre junio de 2023 y junio de 2026 aumentó 65% en Misiones, por encima de Chaco (+49%) y Formosa (+43%), y apenas por detrás del crecimiento observado en Corrientes (+61%, según el informe) en el universo regional comparado. A nivel nacional, la expansión alcanzó al 81%.

Es decir: hay considerablemente más crédito que tres años atrás, pero también una proporción mucho mayor de deudores con dificultades para cumplir.

El IERAL advierte precisamente sobre esa contracara. Una mayor disponibilidad de financiamiento puede impulsar consumo e inversión, pero también eleva el endeudamiento de familias y empresas y aumenta la vulnerabilidad frente a cambios de ingresos, costos o tasas de interés. El informe señala particularmente el salto de las tasas ocurrido durante agosto de 2025 como uno de los factores que coincidió con la aceleración de la mora entre el segundo y el tercer trimestre de ese año.

En un año, el stock de créditos morosos creció 99% en Misiones

Hay dos indicadores diferentes que permiten dimensionar el problema.

El primero es la tasa de morosidad, es decir, qué porcentaje de los préstamos existentes se encuentra en situación no normal. En Misiones pasó de 5,1% a 10,2% entre junio de 2025 y junio de 2026.

El segundo es el stock de préstamos en situación no normal, medido en términos de volumen. En ese caso, el crecimiento interanual fue del 99% en Misiones.

Aunque es un salto considerable, la provincia no aparece como el caso más extremo del Nordeste. Chaco registró un incremento del stock moroso de 496%, Formosa de 339% y Corrientes de 154%. Todas las provincias de la región tuvieron aumentos superiores al promedio nacional.

La fotografía del NEA, por lo tanto, es homogénea en la dirección —la mora aumenta en las cuatro provincias— pero profundamente diferente en intensidad y en los sectores que explican el deterioro.

El campo, el sector más comprometido de Misiones

La apertura sectorial revela dónde está concentrado el problema misionero.

Al 30 de junio de 2026, la producción primaria tenía el mayor porcentaje de préstamos en situación irregular: 16,3%, frente al 7,8% de un año antes.

En apenas doce meses, por lo tanto, la incidencia de la mora en el sector primario se duplicó.

El IERAL señala que dentro de esa categoría el deterioro se explica principalmente por actividades vinculadas con cría de ganado y producción de leche, lana y pelos.

El segundo foco de tensión es el comercio, donde la tasa de irregularidad pasó de apenas 3,5% en junio de 2025 a 12,8% un año después.

El salto es particularmente significativo: representa un aumento de más de nueve puntos porcentuales en doce meses y ubica al comercio —fundamentalmente el minorista— como uno de los segmentos más vulnerables del mapa crediticio provincial.

Misiones: porcentaje de préstamos en situación no normal

SectorJunio 2025Junio 2026
Producción primaria7,8%16,3%
Comercio3,5%12,8%
Personas físicas / consumo5,8%10,4%
Industria manufacturera2,1%8,5%
Construcción5,2%6,0%
Servicios6,2%5,6%

Fuente: IERAL Regional NEA sobre datos del BCRA. El gráfico sectorial compara los períodos al 30 de junio de 2025 y 2026.

Las familias tampoco escapan: la mora de consumo llegó al 10,4%

El deterioro no se limita a empresas y actividades productivas.

Los créditos de personas físicas vinculados al consumo muestran una morosidad de 10,4%, contra 5,8% doce meses antes.

En otras palabras, también se duplicó prácticamente la proporción de financiamiento personal que presenta problemas de cumplimiento.

El fenómeno adquiere especial relevancia porque convierte al deterioro crediticio en algo más que un problema empresarial. También constituye una señal sobre la capacidad de pago de los hogares.

El mismo patrón aparece, con distinta intensidad, en las demás provincias del Nordeste. En Corrientes, por ejemplo, la mora de los préstamos al consumo llegó al 17,6%, mientras que en Formosa alcanzó el 10,4%. El propio IERAL interpreta este último crecimiento como una señal del empeoramiento de parte de las economías familiares.

La industria misionera cuadruplicó su nivel de mora

Otro de los movimientos más fuertes aparece en la industria manufacturera.

La proporción de préstamos irregulares pasó de 2,1% a 8,5% en doce meses. Aunque permanece debajo de producción primaria, comercio y consumo, es una de las variaciones relativas más pronunciadas de la provincia.

La construcción, en cambio, muestra un deterioro mucho más moderado: pasó de 5,2% a 6%.

Y hay una única excepción dentro del mapa misionero.

Los servicios redujeron su morosidad del 6,2% al 5,6%, principalmente por una mejora en actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.

Chaco, el caso más crítico del Nordeste

Aunque la tendencia preocupa en Misiones, el cuadro regional muestra situaciones todavía más extremas.

Al cierre de junio, la mora total alcanzó:

Chaco: 24,2%
Corrientes: 14,9%
Formosa: 12,1%
Misiones: 10,2%
Promedio nacional: 9,6%

Misiones aparece así como la provincia con menor tasa general de mora entre las cuatro jurisdicciones del NEA, aunque igualmente se ubica por encima del promedio nacional y muestra una aceleración considerable respecto de 2023 y 2025.

El caso chaqueño es particularmente llamativo. En Servicios, el porcentaje de préstamos en situación no normal saltó del 5% al 67,1%, impulsado principalmente por correos y telecomunicaciones. En la industria manufacturera pasó del 1,8% al 23,9%, fundamentalmente por el deterioro de la industria textil.

Corrientes también muestra señales fuertes: la industria manufacturera pasó de 7,3% a 24,8%; consumo, de 10% a 17,6%; y construcción, de 1,4% a 16,5%.

Apertura, desregulación y obra pública: la lectura del IERAL

El informe no se limita a describir los números. También plantea una interpretación del deterioro.

Según el IERAL, la apertura de la economía y la desregulación expusieron a determinadas industrias locales a una competencia mayor, con impacto particularmente visible en sectores como el textil. A eso suma las dificultades del comercio, la construcción —en un contexto de freno de la obra pública— y determinados servicios.

El resultado, sostiene el análisis, es que numerosas empresas encuentran crecientes dificultades para mantener sus obligaciones financieras al día.

Es una conclusión relevante porque desplaza el análisis desde una lectura exclusivamente financiera hacia la economía real: la mora aparece como una consecuencia de empresas y familias que tomaron más crédito, pero enfrentan mayores dificultades para generar el flujo de ingresos necesario para pagarlo.

El desafío ya no es solamente conseguir crédito

Durante buena parte de los últimos años, uno de los problemas centrales de la economía argentina fue la escasez de financiamiento.

Los números del IERAL muestran que ese escenario cambió parcialmente. El volumen real de préstamos creció 81% en el país y 65% en Misiones respecto de junio de 2023.

Pero el incremento de la morosidad introduce una segunda etapa del problema.

Ya no alcanza con que exista crédito. También importa a qué tasa se presta, qué plazo tiene, cuánto pesa la carga tributaria sobre el financiamiento y, fundamentalmente, si familias y empresas generan ingresos suficientes para devolverlo.

El IERAL plantea precisamente que uno de los desafíos pasa por bajar las tasas de interés, reducir el componente tributario del costo financiero y desarrollar instrumentos de financiamiento de mediano y largo plazo.

También reclama que provincias y municipios alivien las cargas fiscales aplicadas sobre distintas líneas de crédito bancario y no bancario y plantea la necesidad de fortalecer la educación financiera.

Para Misiones, los números dejan una señal concreta: el crédito se expandió con fuerza, pero la capacidad de pago no creció al mismo ritmo.

Y el deterioro ya no está concentrado en un único segmento. Atraviesa producción primaria, comercio, industria y consumo familiar.

La mora todavía es menor que en Chaco, Corrientes y Formosa. Pero su velocidad de crecimiento marca la señal de alerta: en apenas tres años, Misiones pasó de tener 2,5% de sus préstamos en situación irregular a superar el 10%.

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La agenda legislativa y el debate fiscal

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Por Isidro Guardarucci / FIEL – La discusión fiscal empieza a moverse desde la administración cotidiana de la caja hacia las reglas que deberían ordenar los próximos años. En pocas semanas confluyeron tres iniciativas de distinto alcance: una reforma que busca facilitar la formalización de ahorros y contribuyentes, otra que intenta cerrar el financiamiento monetario del Tesoro y un Presupuesto 2027 que deberá regir durante el año electoral. En conjunto, plantean una pregunta más ambiciosa que la de sostener un superávit mensual: qué instituciones necesita la Argentina para dejar atrás un régimen de impuestos altos, informalidad y emisión recurrente para financiar al fisco.

La apuesta tiene una lógica. Una base tributaria más amplia podría permitir que el Estado recaude sin descansar tanto en alícuotas elevadas y tributos distorsivos. Un Banco Central impedido de financiar directamente al Tesoro reduciría el riesgo de que el desequilibrio fiscal vuelva a convertirse en emisión e imposición del poco deseable impuesto inflacionario. Y un presupuesto aprobado debería transformar esos principios en decisiones concretas de ingresos, gastos y financiamiento. El desafío es que las tres piezas se sostengan entre sí: formalizar sin controlar el gasto no garantiza menos impuestos; prohibir la emisión sin equilibrio fiscal no elimina la necesidad de financiamiento; y un presupuesto que no sea creíble puede vaciar de contenido a las otras reformas.

La ejecución acumulada a julio ayuda a entender por qué este debate aparece ahora. El Gobierno mantiene el superávit, pero con menos holgura que en 2025. Los ingresos caen más que el gasto y el resultado financiero se redujo más de 50% en términos reales.

La agenda legislativa

Inocencia Fiscal II: formalizar para ampliar la base

El proyecto obtuvo media sanción de Diputados el 26 de agosto y ahora espera tratamiento en el Senado. Para entender qué está en juego conviene separar el nombre del mecanismo. No es un blanqueo tradicional que cobre un impuesto especial para regularizar cualquier patrimonio. La Ley 27.799 vigente permite que una persona acepte la declaración simplificada de Ganancias preparada por ARCA, pague y obtenga una presunción de que sus declaraciones de Ganancias e IVA de años no prescriptos eran correctas. En términos cotidianos, funciona como un “tapón fiscal”: el organismo no puede reabrir el pasado sólo porque el contribuyente incorpore ahorros al circuito formal; debe demostrar una discrepancia relevante. Es una protección tributaria que no vuelve lícito un fondo de origen ilegal ni elimina los controles antilavado.

Inocencia Fiscal II busca que ese mecanismo alcance a más personas y genere menos temor a una fiscalización retrospectiva. Elimina los topes de ingresos y patrimonio, a la vez que combina topes de calificación para evitar inconsistencias. También reduce ciertas multas formales para personas humanas, MiPyMEs y entidades sin fines de lucro. Los grandes contribuyentes y determinados funcionarios pueden usar la presentación simplificada, pero quedan afuera del “tapón” y de los beneficios sustantivos. La apuesta económica es indirecta: que una mayor seguridad jurídica lleve ahorros hacia bancos, inversiones, inmuebles o consumo formal y, con el tiempo, amplíe la base sobre la cual recauda el Estado. Una base más ancha podría abrir espacio para una economía con menos impuestos o con alícuotas más bajas. No es un resultado automático, pero busca cerrar décadas de incentivos que atentaban contra la formalidad. Dependerá de la confianza en la estabilidad de la regla los resultados en el largo plazo.

Carta Orgánica del BCRA: cerrar la puerta a la dominancia fiscal

El proyecto también obtuvo media sanción en Diputados el 26 de agosto y pasó al Senado. Su núcleo fiscal puede resumirse de manera directa: si al Tesoro no le cierran las cuentas, el Banco Central no debería poder cubrir la diferencia. La reforma elimina los adelantos transitorios del artículo 20 de la Carta Orgánica, prohíbe los préstamos a los gobiernos y la compra de títulos públicos en el mercado primario, y suprime la posibilidad de adelantar recursos para atender servicios de deuda. Busca transformar la decisión actual de no emitir para financiar al fisco en una restricción legal también para futuras administraciones.

Lo que se intenta romper es la dominancia fiscal sobre la política monetaria: la situación en la cual las necesidades de financiamiento del Tesoro terminan condicionando cuánto dinero debe emitir el Banco Central, aun cuando eso contradiga el objetivo de estabilidad de precios. Cuando esa emisión se traduce en inflación, aparece el impuesto inflacionario, una pérdida de poder adquisitivo sobre los pesos que mantiene la población y que no necesita ser votada por el Congreso. La reforma conserva operaciones con títulos públicos en el mercado secundario cuando respondan a objetivos monetarios, cambiarios o financieros y se realicen a precios de mercado. También limita las utilidades transferibles al Tesoro a ganancias realizadas y líquidas, excluyendo revaluaciones puramente contables.

Presupuesto 2027: el examen del año electoral

El Presupuesto 2027 todavía no está en trámite parlamentario. La legislación exige que el proyecto ingrese por la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre y el Gobierno anunció su presentación para esa fecha. Hasta entonces no hay números finales ni artículos para votar. Hay una orientación fiscal, pero no un presupuesto que el Congreso pueda modificar o aprobar.

Su importancia excede la habitual discusión de planillas. Será el presupuesto que regirá durante el año electoral y, por lo tanto, una prueba de la capacidad de sostener el orden fiscal cuando aumentan las presiones para reducir impuestos, recomponer ingresos, ampliar transferencias o acelerar obra pública. Allí deberán convivir la meta de resultado primario con los supuestos sobre el desempeño de la macro el año venidero. En ese sentido, las reformas de Inocencia Fiscal y del BCRA fijan reglas de comportamiento.

La ejecución que llega al debate

Entre enero y julio, el Sector Público Nacional No Financiero acumuló un superávit primario de $10,3 billones y un superávit financiero de $1,7 billones, medidos a precios de 2026. El signo positivo sigue siendo relevante, después de años de déficit ignorando el concepto de restricción presupuestaria. Sin embargo, la comparación real con 2025 muestra que el margen es menor.

Los ingresos totales cayeron 4,6% real y el gasto primario se redujo 2,7%. La diferencia hizo que el resultado primario bajara 18,1%. Como los intereses se mantuvieron prácticamente estables, casi todo ese deterioro se trasladó al resultado financiero, que cayó 56,3%. En valores constantes, el saldo después de intereses pasó de $3,9 billones a $1,7 billones.

La caída de los recursos se concentra en los ingresos tributarios, que retrocedieron 5,9% real. El mayor faltante provino de los Derechos de Exportación: disminuyeron 36,6% y dejaron alrededor de $2,6 billones menos que en los primeros siete meses de 2025. Aportes y contribuciones a la seguridad social cayeron 3,8%, con una pérdida de $1,4 billones, mientras que el IVA se redujo 6,6% y restó una magnitud similar. Los Derechos de Importación bajaron 20,9% y explicaron cerca de $0,8 billones adicionales.

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía.

Ganancias aumentó 4,7% real, Bienes Personales 8,6% y el resto de los tributos 9,1%. Los ingresos no tributarios crecieron 12,8%. Estas mejoras amortiguaron la caída, pero no la revirtieron: los recursos totales fueron aproximadamente $4,7 billones inferiores a los de 2025, a precios comparables. La composición refuerza el vínculo con la agenda legislativa. Derechos de Exportación depende de alícuotas, precios, cantidades y tipo de cambio; IVA refleja más de cerca el consumo y la actividad; contribuciones sigue la masa salarial formal.

Por su parte, el gasto primario acumulado se redujo 2,7% real. Las transferencias corrientes a provincias bajaron 33,3% y las de capital 13,0%. También cayeron el resto de las prestaciones sociales, 12,5%, con un fuerte impacto en términos absolutos por su magnitud; el funcionamiento no salarial, 11,0%; el gasto de capital nacional, 8,8%; y las remuneraciones, 6,5%. Son partidas sobre las que el Ejecutivo conserva algún margen de administración y que todavía aportan buena parte del ahorro.

En sentido contrario, varias líneas relevantes crecieron. Las jubilaciones y pensiones contributivas aumentaron 1,9% real, la AUH 3,8% (en línea con lo observado desde el primer momento de la actual gestión) y las transferencias a universidades 10,1%. Los subsidios económicos subieron 16,4%. Dentro de estos últimos, la serie mensual complementaria muestra que los energéticos acumularon un aumento real de 48,3% entre enero y julio, mientras que los destinados al transporte cayeron 5,6%. Julio moderó la tendencia en el rubro energético, pero no alcanzó para compensar el arrastre del primer semestre.

Esta heterogeneidad anticipa el problema del Presupuesto 2027. El ajuste inicial podía apoyarse en licuación, freno de transferencias e inversión y recortes sobre partidas administrables. A medida que la inflación baja y algunos gastos recuperan poder de compra, sostener el superávit exige definir prioridades más permanentes. El año electoral hará más visible esa tensión.

Algunas conclusiones

El superávit a julio ofrece un punto de partida mejor que el de muchos años anteriores. Su reducción frente a 2025 también deja una advertencia: las nuevas reglas se discutirán con una caja positiva, pero menos holgada. El verdadero cambio de régimen no se medirá sólo por la sanción de las leyes, sino por la capacidad de sostenerlas cuando formalizar lleve tiempo, financiarse tenga límites y gastar resulte políticamente atractivo.

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Milei toca su techo de rechazo en Posadas: el 70% de los créditos ya se usa para sobrevivir

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Con un 66% de imagen negativa del presidente Javier Milei y un 70% de los créditos tomados en Posadas destinados a la supervivencia, el agobio financiero cotidiano es el tema principal en la capital de Misiones, dejando a los libertarios recluidos en su núcleo duro. El informe completo detalla además que el 63% de los ciudadanos tiene la cabeza puesta exclusivamente en su economía diaria -dejando la rosca política en un plano marginal-, expone una tasa de morosidad del 29% (tres de cada diez no pueden pagar) que golpea con más fuerza a los jóvenes, y documenta cómo las mujeres lideran la toma de créditos para amortiguar la crisis en los hogares locales.

Con un 66% de imagen negativa a nivel local y un tejido financiero donde la abrumadora mayoría de los créditos se destina a cubrir urgencias básicas, los datos de MRVT Consultora advierten sobre una sociedad que ha agotado sus márgenes de tolerancia ante la falta de previsibilidad económica.

1. Un año de medición presidencial en Posadas: Del optimismo inicial al techo de negatividad y el “núcleo duro”

Al cumplirse un año exacto midiendo la imagen del presidente Javier Milei en la plaza local, los datos de MRVT Consultora reflejan un profundo quiebre en las expectativas sociales, detallando tanto la evolución diferencial como el comportamiento de los indecisos.

• En el arranque de la serie (agosto-septiembre del año pasado), la imagen positiva se ubicaba en lo más alto (56% y 57%), con un diferencial neto favorable de +22 y +26 puntos.

• El punto de inflexión técnico se registró en febrero, mes en el que las curvas se cruzaron (positiva en 41% y negativa en 42%), marcando el fin de la esperanza de un repunte económico inminente.

• A partir de allí, la imagen negativa se disparó hasta tocar el 66% en los últimos meses, arrastrando el diferencial a un rojo profundo de -36 puntos en agosto.

• En paralelo, la imagen positiva se ha planchado en un 30%, evidenciando la consolidación de un bloque de apoyo incondicional que ya no capta indecisos -un segmento que se redujo drásticamente desde el 10-17% inicial hasta una mínima expresión del 4% en agosto-.

2. La agenda ciudadana: El 63% con la cabeza puesta en la economía

El descontento político encuentra su correlato directo y unívoco en las prioridades cotidianas de los posadeños, donde la subsistencia opaca por completo cualquier otro debate de la coyuntura. Ante la pregunta sobre dónde se concentra la atención frente al día a día, el 63% de los consultados respondió que tiene la cabeza puesta exclusivamente en su situación económica.

• Lejos de esa urgencia quedan la llamada “rosca política”, que apenas concentra el 14%, y quienes atienden ambos temas por igual (21%).

• Un testimonial 2% se declara completamente desconectado de la agenda pública, evidenciando que la crisis actual no da tregua para distracciones institucionales.

3. Radiografía del crédito y morosidad: El 70% de los créditos destinados a la supervivencia

El estudio financiero local profundiza sobre el ahogamiento de los hogares de Posadas, revelando una altísima dependencia del endeudamiento como un recurso corriente de asistencia y no de inversión:

• El 72% de la población posee préstamos activos, lo que demuestra la masividad del recurso financiero para poder llegar a fin de mes, frente a un 28% que opera sin deudas.

• En la vereda de enfrente, solo un magro 10% se aplica a inversión genuina en negocios o capital de trabajo, y un 20% a arreglos de vivienda o bienes durables.

• Como consecuencia directa de este escenario de ahogamiento, 3 de cada 10 tomadores de créditos están en mora (29%), frente a un 71% que logra mantenerse al día con sumo esfuerzo financiero.

• Al analizar el destino de los fondos, el cuadro es alarmante: el 70% de los créditos se utiliza para la subsistencia y la refinanciación. Específicamente, el 40% se destina al consumo esencial -alimentos, ropa, estudio o gastos del hogar- y el 30% a la cancelación de deudas anteriores o servicios.

4. Vulnerabilidad demográfica y de género: El peso del endeudamiento en los hogares y los rostros de la crisis

El desglose por segmentos etarios y de género expone con máxima precisión la radiografía de la vulnerabilidad financiera en la ciudad, marcando quiénes sostienen la economía y quiénes sufren los mayores niveles de incumplimiento:

• El rol central de las mujeres en la contención: Las mujeres lideran la participación en la toma de créditos con el 54% de los casos (frente al 46% de los varones), posicionándose en la primera línea de gestión y administración de la escasez en el hogar. Este protagonismo femenino refleja cómo la responsabilidad de sostener la economía cotidiana recae fuertemente sobre ellas, utilizando el crédito como principal herramienta de contención familiar.

• Los jóvenes encabezan la morosidad: El grupo etario de 16 a 35 años concentra el mayor nivel de incumplimiento con un 39%, duplicando prácticamente a los mayores de 55 años (17%), mientras que el segmento de 35 a 55 años se ubica en el 26%. Esta situación evidencia que el segmento más joven enfrenta barreras estructurales severas para honrar sus compromisos financieros en el actual contexto local.

Ficha Metodológica

• Diseño de investigación: Ficha Técnica y Metodología: El Sistema de Encuesta Panel

Este informe se sustenta en una Encuesta Panel de seguimiento longitudinal sobre muestra fija (n = 220 casos mensuales) en la ciudad de Posadas, Misiones.

 Universo y Muestra: Ciudadanos residentes en Posadas, estructurados bajo un panel estable de 220 encuestados.

 Segmentación Etaria: Diseñado con cuotas proporcionales por grupos de edad (80 casos de jóvenes de 16-35 años, 85 casos de adultos de 35-55 años y 55 casos de adultos mayores de 55+ años).

 Cuotas de Género: Equilibradas estrictamente en 51% de mujeres y 49% de varones.

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Brito: “Los perdedores hicieron el ajuste más rápido de lo que se están expandiendo los ganadores”

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El presidente de Banco Macro, Jorge Brito, eligió Puerto Iguazú para poner en palabras una mirada que combina respaldo al ordenamiento macroeconómico con una advertencia sobre el punto más sensible que enfrenta ahora el programa económico: la estabilización todavía no consiguió traducirse con suficiente fuerza en actividad, empleo e ingresos.

El nivel de actividad hoy es el tema en Argentina, el nivel de actividad y, en consecuencia, el empleo”, sostuvo Brito en una diálogo con Economis y otros medios, durante su participación en la reunión del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Iguazú.

No es una observación menor viniendo de uno de los principales banqueros del país. Brito respaldó la necesidad de eliminar el déficit fiscal y consideró inevitable la corrección de buena parte de los subsidios que sostenía el Estado. Pero también marcó una diferencia con uno de los supuestos centrales sobre los que se apoyó el cambio de modelo: la velocidad con la que el mercado podía reordenar la economía.

Para mí es un error de diagnóstico creer que el mercado te iba a resolver muchos temas en el corto plazo”, afirmó.

Para Brito, el nuevo esquema económico produjo sectores ganadores y perdedores, pero ambos reaccionaron a velocidades diferentes.

Claramente lo que está ocurriendo es que los perdedores hicieron el ajuste más rápido de lo que se están expandiendo los ganadores”, explicó. Y allí ubicó una de las tareas pendientes: “Creo que ahí tiene que haber una coordinación”. 

Equilibrio fiscal, pero con matices

Brito no cuestiona el corazón fiscal del programa económico. Por el contrario, sostuvo que la Argentina había llegado a una situación en la que prácticamente no existían alternativas.

Cuando un Estado mantiene déficit y ya no consigue quién lo financie, explicó, quedan dos caminos: ajustar o emitir dinero. La experiencia inflacionaria argentina, planteó, mostró los límites de la segunda alternativa.

Sí puede discutirse, según el empresario, dónde debía recaer el recorte.

En ese sentido, defendió la reducción de los subsidios generalizados a las tarifas. “No hay países en el mundo, ni desarrollados ni subdesarrollados, que tengan subsidios de tarifa de la magnitud que tenía Argentina”, señaló.

Y utilizó su propio caso para graficar la distorsión: “Acá se subsidiaba la oferta y yo era subsidiado, yo, Jorge Pablo Brito. Entonces eso era algo que estaba claramente mal y había que resolverlo”. 

La corrección tarifaria redujo el ingreso disponible de las familias al mismo tiempo que la economía todavía no generó suficiente empleo e inversión como para compensar ese impacto. Según Brito, el peso de los servicios públicos en el presupuesto familiar pasó de niveles cercanos al 5 por ciento a alrededor del 25 por ciento, en un contexto que además combinó tasas de interés reales excepcionalmente elevadas, pérdida de puestos de trabajo y deterioro de ingresos. 

Uno de los ejes de la jornada del IAEF fue el crecimiento de la morosidad. Brito reconoció el problema, aunque evitó una lectura catastrófica.

En el sistema bancario, explicó, la mora involucra a más de dos millones de clientes, aunque representa menos del 10 por ciento. En Banco Macro, sostuvo, las nuevas generaciones de créditos muestran mejores indicadores de cumplimiento que las anteriores, una señal que alimenta la expectativa de que el deterioro haya comenzado a revertirse. 

No hay nada que nos haga pensar que eso vaya a incrementarse a futuro”, aseguró. “Somos muy optimistas de que esto se va a poder resolver en el corto plazo”. 

Brito aprovechó la entrevista con Economis para enviar además un mensaje directo a los clientes de Macro que atraviesan dificultades financieras.

“Convoco a todos los clientes que están en mora a que vengan. En el caso de mi banco van a encontrar una ayuda para poder refinanciar a tasas ventajosas y plazos convenientes”, afirmó. 

Pero trazó una línea frente a las propuestas políticas que buscan resolver el sobreendeudamiento afectando los derechos de los acreedores.

Para el presidente de Macro, una intervención de ese tipo podría solucionar un problema coyuntural a costa de generar otro mucho más profundo: reducir estructuralmente la oferta de crédito.

“Si violentamos o afectamos los derechos de los acreedores, eso en definitiva termina afectando la capacidad de dar préstamos”, advirtió. 

El argumento de Brito va más allá de la coyuntura de la mora. Su diagnóstico es que una de las debilidades estructurales argentinas es precisamente la escasez del crédito privado en relación con el tamaño de la economía.

“Cuantos menos préstamos tenemos en relación al producto, menos desarrollados somos”, sintetizó.

Pero hizo una distinción sobre la calidad del financiamiento. El desafío no pasa únicamente por multiplicar préstamos al consumo, sino por construir un sistema capaz de prestar a largo plazo.

“El préstamo bueno no es necesariamente el de consumo. Es el préstamo hipotecario, el que permite a un individuo comprarse una vivienda, a una pyme o a una empresa financiar capital de trabajo”. 

Allí aparece otra de las restricciones argentinas: el costo financiero.

Brito señaló que sobre cada préstamo existe una carga impositiva correspondiente a los tres niveles del Estado que puede terminar siendo superior al propio spread financiero de las entidades bancarias.

Para bajar el costo del crédito, planteó, también será necesario revisar esa estructura. 

Ante la pregunta sobre cómo recuperar el poder adquisitivo, Brito volvió sobre una palabra: productividad.

Su secuencia es inversión, productividad, creación de empleo y, finalmente, recuperación del salario real.

“Productividad genera empleo y la competencia del empleo es lo que genera aumento de salarios”, explicó.

Para que aumente el salario real, lo que tenemos que generar es aumento del empleo y el aumento del empleo se genera pura y exclusivamente con inversión”, insistió. 

Desde su rol empresario, aseguró que ésa es precisamente la estrategia que intenta llevar adelante en las compañías que conduce: identificar oportunidades de inversión capaces de generar crecimiento.

Brito mira al interior: “Debe ser el gran ganador”

En Iguazú, el presidente de Banco Macro dejó además una definición especialmente relevante para Misiones y las economías regionales.

El interior es el gran ganador” del nuevo modelo económico, afirmó, aunque inmediatamente introdujo una condición: para que ese potencial pueda convertirse en producción, exportaciones y empleo, la Argentina necesita infraestructura.

El riesgo, según Brito, es repetir viejos desequilibrios territoriales. Si las oportunidades económicas cambian de lugar pero la infraestructura no acompaña, el país puede volver a generar procesos migratorios y cuellos de botella como los ocurridos décadas atrás.

Por eso planteó la necesidad de “empezar a trabajar diagramando este nuevo modelo de país”, con infraestructura capaz de acompañar el desarrollo productivo de las provincias. 

Misiones, sostuvo, tampoco debería quedar al margen.

Brito identificó a la energía, el petróleo y el gas como motores de buena parte de la Patagonia y a la agricultura como un vector que atraviesa numerosas provincias del centro y del norte. En ese escenario, planteó que las exportaciones deberían adquirir mucho más peso dentro de la economía argentina, pero con una condición adicional: incorporar valor agregado. 

La infraestructura aparece, en su visión, como el puente entre el equilibrio macroeconómico y la recuperación de la economía real.

Argentina, dijo, tiene una infraestructura “totalmente desinvertida y atrasada”. Recuperarla permitiría atacar dos problemas simultáneamente: mejorar la competitividad futura y generar actividad y empleo ahora.

Y no necesariamente mediante obra pública financiada directamente por el Estado.

Brito planteó que el Gobierno puede crear incentivos y marcos regulatorios capaces de movilizar capital privado hacia rutas, ferrocarriles y obras hídricas.

“Todo eso debería generar un plan de infraestructura para generar empleo en el corto plazo”, sostuvo. 

Es, en definitiva, el matiz que Brito introduce al debate económico desde el sector privado. El equilibrio fiscal aparece como una condición que no debería abandonarse. Pero no alcanza.

La segunda etapa necesita inversión. Necesita crédito. Necesita infraestructura. Y, sobre todo, necesita velocidad para que los sectores que pueden crecer comiencen a hacerlo antes de que el ajuste de quienes perdieron termine profundizando el freno de la actividad.

El propio Brito lo resumió desde Iguazú: Argentina necesita empresarios “que se animen, que inviertan”.

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El negocio de la deuda: billeteras digitales, tasas impagables y apuestas online detrás de la nueva morosidad

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La economista Mercedes D’Alessandro advirtió en Batalla Cultural que el crecimiento de la morosidad no puede explicarse únicamente por las decisiones de quienes toman créditos. La caída de los ingresos, las tasas exorbitantes, la expansión de las billeteras virtuales y el auge de las apuestas online conformaron un mercado que obtiene rentabilidad de hogares cada vez más vulnerables.

La discusión sobre el endeudamiento de las familias suele comenzar por el último eslabón de la cadena: la persona que utilizó la tarjeta por encima de sus posibilidades, aceptó un crédito desde el teléfono o acumuló cuotas que después no pudo pagar. La economista misionera Mercedes D’Alessandro propuso invertir esa mirada. Antes de responsabilizar al deudor, planteó, es necesario observar quién diseñó el préstamo, a qué tasa lo ofreció, qué información tenía sobre la capacidad de pago del cliente y cuánto dinero ganó mientras la deuda se volvía impagable.

En una entrevista con el programa Batalla Cultural, D’Alessandro situó el aumento de la morosidad dentro de una transformación económica más profunda. La pérdida de poder adquisitivo, la destrucción de puestos de trabajo, el deterioro de las jubilaciones y el retroceso de las políticas de ingresos empujaron a numerosos hogares a financiar gastos esenciales. Pero esa crisis encontró, además, una infraestructura digital preparada para convertir la necesidad en un negocio disponible las 24 horas.

El interrogante, entonces, excede la conducta individual: ¿el problema son quienes se endeudan o quienes construyeron un modelo de rentabilidad basado en endeudarlos?

D’Alessandro describió un desacople que atraviesa la economía argentina: los ingresos de los hogares cayeron con mayor intensidad que el consumo. Esa diferencia no representa una inesperada capacidad de resistencia, sino que fue cubierta mediante tarjetas, préstamos personales, adelantos de dinero y créditos otorgados por plataformas financieras.

“El consumo no cayó tanto como cayeron los ingresos. Ese consumo que no terminó de caer se financió con deuda, que fue lo único que creció y creció durante estos años”, detalló. 

Después de la fuerte devaluación inicial del Gobierno de Javier Milei, la aceleración de los precios produjo una pérdida de poder adquisitivo que, según la economista, nunca terminó de ser reparada. A ese golpe se sumaron los despidos en el Estado y el sector privado, la caída del empleo formal, el congelamiento del bono para jubilados y el deterioro de la jubilación mínima.

Las familias, sin embargo, no pueden reducir determinados consumos en la misma proporción. La comida, los medicamentos, los alquileres, las tarifas, el transporte y los útiles escolares no son gastos prescindibles. Cuando el salario deja de alcanzar, la deuda aparece como un ingreso sustituto: permite llegar hasta fin de mes, pero compromete los ingresos del mes siguiente.

Así se conforma una dinámica acumulativa. Se toma un crédito para cubrir una necesidad inmediata; la cuota reduce los recursos futuros; el nuevo faltante obliga a refinanciar el saldo o contraer otra obligación. En ese circuito, la deuda deja de ser una herramienta para anticipar consumo y se transforma en un mecanismo permanente de supervivencia.

La pandemia aceleró una transformación que, en condiciones normales, habría demandado varios años. El uso de pagos electrónicos creció de manera exponencial, mientras que las extracciones de dinero en cajeros automáticos perdieron participación.

El Ingreso Familiar de Emergencia impulsó la bancarización de millones de personas que hasta entonces se encontraban fuera del sistema. Las billeteras virtuales multiplicaron sus usuarios y el código QR se incorporó a la vida cotidiana. Comprar, transferir, cobrar una prestación o pedir dinero prestado pasó a concentrarse en la misma pantalla.

Aquella expansión tuvo un costado inclusivo: permitió que millones de personas accedieran por primera vez a una cuenta y realizaran operaciones sin depender del efectivo. Sin embargo, también abrió una puerta de entrada masiva al crédito con escasos controles y tasas muy elevadas.

Antes, recordó D’Alessandro, obtener un préstamo exigía presentarse en una sucursal, acreditar ingresos, demostrar capacidad de pago y, en muchos casos, conseguir un garante. Ahora la oferta aparece dentro de la aplicación, con un monto “preaprobado” y la posibilidad de aceptarlo inmediatamente.

La facilidad tecnológica eliminó fricciones, pero también debilitó los momentos de evaluación. El prestamista posee información detallada sobre los movimientos del usuario, sus ingresos, sus consumos y su saldo disponible. Pese a ello, puede ofrecerle una cuota que absorba una porción desproporcionada de sus recursos.

D’Alessandro relató el caso de su padre, jubilado de la mínima, a quien le ofrecieron un préstamo de dos millones de pesos cuya primera cuota se acercaba a los 188.000 pesos. La contradicción resulta evidente: el sistema conoce los ingresos del cliente, pero igualmente propone una obligación difícilmente compatible con su capacidad de pago.

No se trata solamente de una imprudencia del usuario. Existe una decisión empresarial de colocar el crédito aun cuando los indicadores anticipan un elevado riesgo de incumplimiento. Ese riesgo, además, ya está incorporado en tasas, cargos, intereses punitorios y mecanismos de refinanciación que pueden mantener al deudor dentro del circuito durante años.

La vulnerabilidad convertida en mercado

La economista puso especial énfasis en los sectores de menores ingresos. Mencionó a las titulares de la Asignación Universal por Hijo, los jubilados que cobran la mínima y las personas con discapacidad, grupos para los cuales el crédito suele destinarse a cubrir necesidades básicas y no consumos extraordinarios.

Según sostuvo durante la entrevista, ocho de cada diez mujeres que cobran prestaciones a través de Mercado Pago se encuentran endeudadas. En esos casos, la pregunta sobre el destino del dinero es central: buena parte de esas obligaciones se origina en la compra de alimentos, medicamentos, vestimenta o materiales escolares.

Desde la economía feminista, D’Alessandro definió ese fenómeno como deuda de cuidados. Las mujeres suelen asumir gastos vinculados con la crianza y el sostenimiento cotidiano del hogar, incluso cuando no reciben la cuota alimentaria correspondiente. La deuda no financia un activo capaz de generar ingresos futuros, sino bienes que se consumen inmediatamente.

Esa característica reduce las posibilidades de repago. Quien se endeuda para comprar comida no obtiene con ella un rendimiento que permita cancelar el préstamo. Cuando llega la cuota, el ingreso continúa siendo insuficiente y la necesidad reaparece.

Por eso, cuestionar únicamente al tomador del crédito supone ignorar la asimetría entre las partes. De un lado se encuentra una persona cuyo ingreso no alcanza para cubrir gastos esenciales. Del otro, bancos y empresas tecnológicas con bases de datos, algoritmos, capacidad para medir riesgos y poder para fijar unilateralmente las condiciones.

Frente a la multiplicación de proyectos para atender la morosidad, D’Alessandro advirtió que una política de desendeudamiento no debería convertirse en un rescate indirecto a bancos y fintech. “No queremos un salvataje a los bancos. Los bancos y las fintech tienen una responsabilidad gigantesca por haber aplicado tasas exorbitantes a personas de sectores vulnerables”, aseveró. 

Si el Estado aporta beneficios fiscales o fondos públicos para garantizar el cobro completo de las deudas, el resultado puede ser paradójico: se socializan las pérdidas mientras se preserva la rentabilidad de quienes otorgaron créditos a tasas excesivas.

La propuesta en la que colaboró para la Legislatura porteña parte de otro criterio. Los acreedores deben asumir una parte del costo mediante la eliminación de intereses punitorios, la reducción de tasas y, para los sectores más vulnerables, quitas sobre el capital.

También planteó explorar la creación de un fondo financiado por el propio sistema o mediante un aporte extraordinario. Una alternativa sería utilizar la diferencia entre la tasa promedio del mercado y las tasas efectivamente cobradas a los sectores de mayor vulnerabilidad.

El principio económico consiste en distribuir responsabilidades. Si la entidad obtuvo ganancias mediante condiciones abusivas o colocó préstamos sin atender la capacidad real de pago, no debería quedar completamente al margen de la solución.

El antecedente citado por D’Alessandro es el programa Desenrola Brasil, impulsado por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva después de encontrar alrededor de 70 millones de personas con problemas para pagar sus compromisos. El mecanismo permitió renegociar las obligaciones de unos 15 millones de deudores mediante acuerdos entre el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y las entidades financieras.

El Estado constituyó un fondo de garantías, pero la clave estuvo en las negociaciones: se aplicaron fuertes reducciones de intereses y descuentos de capital. 

Según explicó D’Alessandro, el fondo prácticamente no necesitó utilizarse. La intervención pública funcionó principalmente como instancia de coordinación y presión para que los acreedores aceptaran una parte de la pérdida.

Apuestas online: la nueva fábrica de deuda

La digitalización no modificó solamente el acceso al crédito. También trasladó el juego al teléfono celular y creó un circuito en el cual préstamo, transferencia y apuesta pueden realizarse sin salir de una misma plataforma.

La experiencia brasileña reveló esta nueva dimensión. Al analizar las causas de la morosidad durante el programa de desendeudamiento, las autoridades detectaron una proporción creciente de obligaciones asociadas con apuestas online, particularmente entre los jóvenes.

D’Alessandro señaló que cuatro de cada diez jóvenes presentan problemas de morosidad. En esa franja, el deterioro laboral convive con la expansión de aplicaciones que ofrecen bonos de bienvenida, incentivos para la primera apuesta y sistemas diseñados para sostener la permanencia del usuario.

La operatoria reduce todas las barreras. La casa de apuestas está disponible a cualquier hora; el medio de pago se encuentra vinculado al teléfono y, en algunos casos, el propio ecosistema digital facilita el acceso al dinero. Un joven puede apostar fondos prestados, usar la tarjeta de sus padres o comprometer ingresos que todavía no posee.

Brasil avanzó sobre esta conexión al prohibir el uso de tarjetas de crédito y determinadas herramientas fintech para financiar apuestas. También restringió los bonos promocionales y encendió una alarma al detectar que beneficiarios del programa Bolsa Família destinaban parte de esos ingresos al juego.

D’Alessandro mencionó un estudio brasileño que estimó en alrededor de un punto del producto bruto interno los recursos absorbidos por las apuestas online. Además de sus consecuencias sociales, el fenómeno tiene un impacto macroeconómico: es dinero que deja de circular en comercios y servicios y se transfiere hacia las plataformas de apuestas y sus estructuras financieras.

La publicidad masiva durante los grandes acontecimientos deportivos terminó de normalizar el negocio. Las marcas de apuestas se incorporaron a camisetas, transmisiones, clubes e influencers hasta diluir la frontera entre entretenimiento y juego de azar. El riesgo dejó de presentarse como riesgo y comenzó a ofrecerse como una experiencia cotidiana.

Las grandes plataformas ocupan una posición privilegiada en el nuevo mapa financiero. No solamente administran pagos: observan en tiempo real cuánto cobra una persona, qué compra, con qué frecuencia transfiere dinero y cuándo se queda sin saldo.

Esa concentración de información les permite conocer mejor que nadie el grado de vulnerabilidad de sus usuarios. Por eso, la discusión regulatoria no puede limitarse al porcentaje de la tasa. También debe examinarse cómo se seleccionan los clientes, qué estímulos reciben, de qué manera se presentan los préstamos y qué mecanismos utilizan los algoritmos para inducir decisiones.

La tecnología no es neutral cuando está diseñada para eliminar el tiempo de reflexión. Un crédito preaprobado, una apuesta bonificada y una transferencia inmediata forman parte de una misma economía de la urgencia: cuanto menor es la distancia entre el deseo o la necesidad y la operación, menor es también la posibilidad de ponderar sus consecuencias.

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