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El Gobierno de Misiones posiciona la innovación educativa en la agenda federal

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El gobernador Hugo Passalacqua abrió este 18 de marzo de 2026 una escena política que trasciende lo educativo: recibió en Posadas a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y utilizó la recorrida por la Escuela Secundaria de Innovación como vidriera de un modelo que busca proyectarse a escala nacional.

La visita incluyó además la inauguración del edificio refaccionado de la Escuela N.º 263 en Hipólito Yrigoyen, financiado con fondos nacionales. El dato central no es solo la agenda institucional, sino el gesto político: en un contexto de redefinición de vínculos entre Nación y provincias, Misiones se posiciona como proveedor de una política pública “exportable”. La incógnita queda planteada: ¿se consolida un esquema de cooperación o se trata de un movimiento táctico en una relación todavía en construcción?

Educación como activo político y puente institucional

La actividad combinó dos dimensiones. Por un lado, la exhibición del modelo educativo misionero; por otro, la materialización de obra pública con financiamiento nacional. En la Escuela Secundaria de Innovación, con siete años de trayectoria y una matrícula de 420 estudiantes en 2026, Passalacqua mostró un formato que integra bachillerato orientado en informática, robótica y desarrollo biosustentable, junto con ofertas de formación superior como la Tecnicatura en Inteligencia Artificial y profesorados vinculados a tecnologías.

En la oportunidad, Passalacqua resaltó que este tipo de establecimientos “prepara la vida a los jóvenes” y les permite alcanzar sus sueños. Con el mismo énfasis, Pettovello, en dialogó con los docentes y las autoridades provinciales, dio cuenta de las posibilidades “de replicar este modelo” de la escuela en otras partes del país.

No es un dato menor que la ministra Pettovello haya planteado la posibilidad de replicar este esquema en otras jurisdicciones. En términos institucionales, eso ubica a Misiones en un lugar poco habitual: no solo como ejecutora de políticas, sino como generadora de modelos.

La Escuela Secundaria de Innovación cuenta con siete años de trayectoria y ofrece un bachillerato orientado en informática con especialidad en robótica y agro y ambiente con especialidad en desarrollo biosustentable. Este año inició el ciclo lectivo con 420 estudiantes, una matrícula que creció en relación con el período anterior. Las actividades se desarrollan en turnos mañana y tarde, mientras que por la noche se dictan la Tecnicatura en Inteligencia Artificial y el Profesorado en Tecnologías.

Además, los sábados se cursa el Profesorado en Educación Técnica Profesional destinado a docentes de escuelas técnicas. La propuesta educativa combina formación académica con herramientas vinculadas a la innovación y al desarrollo tecnológico.

Obra pública, territorio y financiamiento compartido

La segunda parada, en Hipólito Yrigoyen, incorporó otra capa de análisis. La refacción integral de la Escuela N.º 263 “Jorge Newbery” —con 81 años de historia y 160 estudiantes— se ejecutó con fondos nacionales a través de la Unidad Sectorial de Coordinación y Ejecución de Programas y Proyectos Especiales del Ministerio de Educación de Misiones.

El detalle técnico de la obra —mejoras estructurales, ampliación de aulas, construcción de talleres y un nuevo edificio para Nivel Inicial— traduce una lógica política concreta: la articulación entre financiamiento nacional y ejecución provincial.

En un escenario donde la obra pública suele ser un punto de tensión entre niveles de gobierno, la visita conjunta funciona como señal de alineamiento operativo. No hay anuncios de nuevos programas ni cifras extraordinarias, pero sí una puesta en escena que busca mostrar continuidad y coordinación.

Al respecto, la directora de la escuela, Úrsula Salapata, comentó que “hoy es un día de fiesta en esta institución porque recibimos a las autoridades que, gracias a su gestión, nos permiten disfrutar de un edificio que ha sido objeto de una refacción integral tras 81 años, así como de la ampliación de talleres, laboratorio, biblioteca y cocina”.

“Con las refacciones ahora se respira un ambiente positivo y alegre. Los chicos están cómodos y ahora disponen de instalaciones adecuadas para los talleres que realizamos, como alimentación nutricional y ajedrez. En definitiva, tenemos el espacio que tanto necesitábamos. Y esto es clave porque, desde hace unos años, venimos desarrollando un proyecto de educación emocional que requiere de un ámbito apropiado para llevarlo a cabo”, comentó.

En detalle, la institución fue fundada en 1944 por colonos que integraron la primera comisión de fomento del municipio y cuenta con 81 años de trayectoria. Desde 2015 funciona con modalidad de jornada extendida y forma parte del Plan Quinquenal. El establecimiento cuenta con una matrícula de 160 estudiantes, en su mayoría provenientes de zonas rurales y barrios cercanos. Actualmente desarrolla talleres áulicos y espacios de áreas especiales enfocados en educación emocional, Diseño Universal para el Aprendizaje, innovación y educación disruptiva.

Correlación de fuerzas y lectura estratégica

El movimiento deja varias lecturas. Para el Gobierno de Misiones, implica capitalizar un activo propio —la innovación educativa— y proyectarlo en clave federal. La posibilidad de que el modelo sea replicado en otras provincias amplifica ese posicionamiento.

Para Nación, la visita permite apropiarse de experiencias concretas sin necesidad de diseñarlas desde cero. En un contexto donde la gestión de políticas sociales y educativas está bajo revisión, identificar casos “exitosos” en territorio provincial puede funcionar como atajo político.

Al mismo tiempo, la presencia conjunta en una obra financiada con recursos nacionales refuerza una narrativa de cooperación que no siempre predomina en la relación Nación-provincias. La escena no elimina tensiones estructurales, pero introduce un canal de interlocución basado en resultados.

Un vínculo en evolución

Más allá de la agenda puntual, la jornada deja abierta una dimensión más amplia: el rol que pueden jugar las provincias en la redefinición de políticas públicas nacionales. Misiones no solo muestra infraestructura y programas, sino una identidad educativa propia, asociada a la innovación y la tecnología.

La pregunta que queda flotando es si este tipo de experiencias derivará en políticas sistemáticas o si quedará como casos aislados dentro de un esquema más fragmentado. También, qué grado de continuidad tendrá la articulación entre Nación y provincia en un área sensible como la educación.

Por ahora, el Gobierno provincial logra instalar su modelo en la conversación nacional y la cartera de Capital Humano toma nota. Lo que ocurra en las próximas semanas —si hay avances concretos hacia la replicación o nuevas instancias de cooperación— marcará si esta visita fue el inicio de una agenda compartida o simplemente una señal política en un tablero todavía en movimiento.

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El precio de la desigualdad: cómo la Nación financia su superávit con fondos provinciales

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El esquema de distribución de recursos Nación-Provincias sigue siendo una enorme deuda pendiente de la democracia argentina. Podemos debatir horas cómo debe ser un régimen de reparto, pero lo que no se puede poner en duda es que, bajo el escenario actual, el rol del Estado Nación en achicar asimetrías de desarrollo entre las provincias es esencial y no podemos naturalizar su retiro de esa función. 

La inversión del Estado nacional en las provincias es mucho más que una cuestión de recursos o partidas presupuestarias: es una expresión concreta de federalismo, una herramienta para corregir desigualdades históricas y una condición indispensable para construir un desarrollo equitativo y sostenible. 

En un país marcado por profundas asimetrías territoriales, sociales y económicas, el rol del Estado como actor inversor no puede reducirse a una lógica económica. La inversión en las provincias, lejos de ser un gasto como quieren hacer ver algunos, es una herramienta necesaria de desarrollo e integración. 

En un país federal en los papeles pero altamente unitario en los hechos, las provincias más alejadas del centro de poder ven año a año como las decisiones centrales de inversión le pasan de largo. Es cierto que hubo gobiernos que profundizaron este atraso de manera más fuerte que otros pero, aún con gobiernos de tinte más federal, existen aún diferencias que, sin intervención activa del estado nacional, condenan a la postergación. Por eso, el rol del Estado nacional es clave. 

En este marco, se debe resaltar que las provincias necesitan ser autónomas, sí, pero también necesitan la articulación necesaria con un Estado nacional que hoy concentra para sí mismo la mayor parte de los recursos que se generan en el país. La ecuación es simple: o se produce un esquema articulado de inversión o, simplemente, que la Nación devuelve los recursos a las provincias.

Algo de esto está en discusión actualmente, con dos proyectos elaborados por el pleno de los gobernadores que buscan una redistribución de recursos que hoy se los queda la Nación solo a los efectos de sostener, casi artificialmente, su equilibrio fiscal. En primer lugar, el impuesto a los Combustibles. ¿Cómo se reparte hoy? Luego de la detracción del 1,9% para ARCA (algo que también se debería reformular), el 28,69% de lo recaudado va a ANSES, el 10,4% a provincias (para obras, vialidad y otros), otro 15,07% también a provincias (pero para programas FONAVI), el 10,4% al Tesoro Nacional, el 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, el 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, y el 2,55% a Compensación del Transporte Público. 

¿Qué ocurre en los hechos? Ese 10,4% que queda para el Tesoro en verdad es el 45,84%, ya que los fondos para los fideicomisos los recauda, pero no los ejecuta

Cuando las provincias reclaman por el mantenimiento de rutas nacionales, por ejemplo, desde el Gobierno nacional afirman que “no hay plata”, omitiendo deliberadamente que el dinero está pero no lo está usando a los fines para lo cual se asignó la recaudación de ese impuesto. Solución fácil (desde la lógica, no desde la política): eliminemos los Fideicomisos y entreguen ese dinero a las provincias. Es decir, la nueva distribución sería entonces: 28,69% para Anses, 14,29% para el Tesoro y 57,02% para provincias. Siguiendo el supuesto de que esto no implica nuevas erogaciones sino, una redistribución de los fondos vigentes, no compromete en nada las cuentas públicas nacionales. ¿Por qué? Lo que el Estado (en teoría) gasta, por ejemplo, en mantenimiento de rutas, dejaría de gastarlo porque le pasa la potestad y los recursos a las provincias para ese mismo fin. Se “deshace” de fondos pero también de la responsabilidad. 

La respuesta del Presidente desnudó su propia lógica: esto pone en peligro el equilibrio fiscal porque, de entregar esos fondos, se achicaría el mismo debido a que no están utilizando los recursos para sus fines. En otras palabras: el superávit (o por lo menos, parte de él) está sostenido por la no ejecución de gastos que tienen como fuente de financiamiento la recaudación de impuestos con asignación específica. Flojito de papeles.

¿Cómo impactaría esto en Misiones? Si hacemos un rápido ejercicio de simulación, en el primer semestre del 2025 la provincia recibió $ 19.266 millones por la distribución automática del Impuesto a los combustibles según el régimen vigente. Si se aplicase para ese mismo período la propuesta de los gobernadores, hubiese captado alrededor de $ 38.500 millones: casi veinte mil millones de pesos más, sin que eso afecte las cuentas públicas y dándole a la provincia la autonomía necesaria para hacer la inversión. 

Vamos al segundo proyecto, el reparto automático de ATN. En simples palabras, que el fondo deje de ser discrecional y se reparta de manera automática según los criterios de la ley 23.548 (sistema de coparticipación vigente). Esta propuesta, simulando su aplicación para el primer semestre 2025, hubiese permitido que a Misiones le lleguen 8.450 millones en lugar de los $ 3.000 que captó en el año. Pero además, y más importante, al ser automáticas le genera un flujo de fondos continuos a la provincia. También para este caso la Nación se negó, alegando nuevamente que “pone en riesgo el equilibrio fiscal”. Pero, esos recursos son de las provincias. Si no se ejecuta el fondo ATN, el remanente queda para el Tesoro ya que, según informó Guillermo Francos en el Senado, “integran el saldo de la cuenta escritural al cierre del período”. En otras palabras, otra vez, una parte del superávit se explica por la retención de fondos que no le son propios

En resumen: hoy el Tesoro se queda con fondos por no aplicación del gasto (como el impuesto a los combustibles) y por no distribución (como ATN). ¿Pero compensa por otro lado? En algunos (muy pocos) períodos de la historia reciente, podríamos pensar que sí: a través de mayores flujos de inversión real directa de la nación en el territorio: rutas, caminos, obras hídricas, etc. Pero no es el caso de este presente. En Misiones, la Inversión Real Directa del Estado nacional en el primer semestre de este año se ubica 50% por debajo de igual período del 2023 y en ese marco, particularmente el concepto de Construcciones (lo que comúnmente llamamos obra pública) está 51% por debajo. Por ende, no hay “compensación” por el lado de la inversión. ¿Lo hay desde transferencias no automáticas? Tampoco. Los envíos a Misiones no solo cayeron contra 2023 (-88%) sino que incluso se ubican por debajo del 2024 (-56%); es decir, no crecieron siquiera ante una base comparativa excepcionalmente baja. 

El perjuicio hacia las provincias se da entonces de múltiples variantes: no distribución de fondos que le son propios, no inversión, no partidas presupuestarias. Ni hablar siquiera de los fondos que por ley le corresponden a la provincia por la Caja Previsional. El abandono de la Nación es prácticamente total. Esto trae consecuencias. Volviendo a lo que decíamos al principio, cuando el Estado se retira, cuando deja de invertir o recorta transferencias, se profundizan las desigualdades. 

Algunas voces libertarias dirían “que las provincias se arreglen como puedan” o que “recauden por sí mismas a ver como les va”. Perfecto. La pregunta es: ¿Qué haría la Nación sin la actividad económica que las provincias generan? Nunca hay que olvidarse, aunque a muchos no les guste, que la actividad se mueve de abajo hacia arriba: las provincias financian a la Nación y no al revés. No es opinión: es lo que plasma el proceso de creación y nacimiento de Estado Nacional y lo que dicta la propia Constitución Nacional. 

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La deuda de Nación con Misiones ya supera los 200 mil millones

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La deuda acumulada de Nación para con Misiones, supera los 200 mil millones, entre recursos posadas, fondos congelados y obras paralizadas. 

Un documento oficial detalla una deuda acumulada por el Consenso Fiscal por 10.066.708.799,15, determinada por la Comisión Federal de Impuestos. La deuda por los ajustes pendientes del primer, segundo, tercero y cuarto trimestre del 2023.

En tanto, el reconocimiento por las regalías de energía de Yacyretá, llega a los 75 mil millones, conforme el precio que debieran pagar al Estado Provincial considerando como referencia el precio facturado por Cammesa a las Distribuidoras.

La deuda de la Anses por la caja previsional no transferida a Nación, alcanza a 37.972 millones -sin actualizar intereses. Además, se reclama el pago de los anticipos actualizados de las transferencias mensuales de $ 1.555.026.681,54. Ese  valor surge de actualizar el ultimo déficit determinado en el año 2018 por el índice movilidad SIPA de conformidad al procedimiento del Articulo 92 de la Ley 27.701

Por el Fonid, Garantía y Conectividad, el Gobierno de Milei debe a Misiones 5.298.619 millones que se compone de la siguiente manera:

Garantia Salarial Noviembre 2023 (ya pagó la provincia) $441.539 MM

Garantia Salarial Diciembre 2023 (ya pagó la provincia) $1.034.468 MM

Garantia Salarial Enero 2024 $1.034.468 MM

Fonid 2do Trim 2023 2da cuota (ya pagó la provincia) $826.549 MM

Fonid 2do Trim 2023 3ra cuota $826.549 MM

Conectividad Enero 2024 (ya pagó la provincia) $567.523 MM

Conectividad Febrero 2024 $567.523 MM

La deuda por el programa Incluir Salud asciende a 2.000.637.663,88, que al mes de marzo de 2024 el Estado Nacional adeuda conforme el siguiente detalle

También quedó una deuda remanente del Ahora Misiones+21 por 900.000.000 por los meses de septiembre, octubre y noviembre y el Ahora Canasta por $108.000.000.

El Fondo Compensador del Transporte Nacional acumula una deuda de 1.852 millones.

La deuda por certificados de obras ya emitidos asciende a $13.181.171.401,60. 

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¿Qué le espera a la próxima gestión presidencial?

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Ante un año marcado por las elecciones, la revista Bloomberg analiza el informe realizado por Romano Group, sobre qué recibirá el siguiente presidente que asuma el mandato post elecciones.

Escribe Tomás Carrió en Bloomberg- Las condiciones económicas que reciba el Gobierno que asuma el 10 de diciembre determinarán no solo las urgencias y prioridades para la próxima administración sino también las posibilidades de éxito de quien ocupe el sillón de Rivadavia durante los próximos cuatro años.

Un detallado informe de la consultora Romano Group, se propone anticipar algunas de las principales variables económicas que encontrará quien triunfe en las elecciones presidenciales de este año y compararlas con las que se recibieron en 2011, 2015 y 2019. Y en ese ejercicio, el panorama no resulta precisamente alentador.

Elecciones argentinas 2023

Entre las principales conclusiones a las que llegó el trabajo elaborado por los economistas Alfredo Romano (a su vez director de la Carrera Economía Empresarial de la Universidad Austral), Salvador Vitelli y Gastón Banchero se destacan que el próximo Gobierno heredará una inflación reprimida del orden del 50%, un tipo de cambio atrasadocepo cambiario y altas expectativas de devaluación. Entre los ingredientes de la “pesada herencia” de 2023 tampoco faltarán un Banco Central (BCRA) casi sin dólares propios y un elevado stock de deuda que, según anticipan desde la consultora, constituye “un problema muy difícil de resolver”.

Aumento de la deuda del BCRA y deterioro monetario

Muchos parecen ser los desafíos en el frente monetario. Para los analistas de Romano Group, la economía se encuentra “más frágil” desde ese punto de vista que a comienzo de la gestión de Mauricio Macri. Y eso, señalan, hace que “aumenten los riesgos de una nueva devaluación pronunciada”, lo que posibilitaría una corrección de la deuda del BCRA con respecto al PIB.

A la hora de identificar estas mayores fragilidades, desde Romano Group apuntan al fuerte incremento de la deuda del BCRA, que encima ya paga una tasa efectiva anual superior al 100%Durante la gestión de Alberto Fernández, marcan, los pasivos remunerados del Banco Central crecieron 134% en pesos constantes217% en dólares al tipo de cambio oficial y 119% al dólar CCL.

De esta manera, el stock de Leliq y pases mostró un incremento sustancial medido en función de la base monetaria, pasando de representar un 63% a 221%. Si se mide la deuda del Central en términos del PIB, en tanto, el aumento también fue considerable y alcanza niveles pre-estallido de la crisis de Lebacs, en 2018 (aunque los riesgos son menores dado el cepo cambiario y que las Leliq solo están en poder de los bancos, que tienen topes de tenencia en moneda extranjera).

Así, los pasivos remunerados del BCRA, como porcentaje del PBI se ubica hoy en niveles del 9%muy por encima del 3% que recibió Alberto Fernándezdel 4% que recibió Mauricio Macri en 2015 y del 3% que tuvo Cristina Kirchner al inicio de su segundo mandato.

Como porcentaje de la Base Monetaria, la deuda del BCRA se disparó a 227%, muy por encima del 63% que recibió Alberto Fernández, del 52% que heredó Macri y del 39% de 2011.

Deuda del BCRA como porcentaje del PBI y de la Base Monetaria

La aceleración en el crecimiento del stock de la deuda que emite el Banco Central es un problema muy complejo de resolver debido a que dicho stock en moneda dura creció 106% y capitaliza a una tasa efectiva del 107% (NdR: el BCRA la elevó ayer a 113,3%)”, alertaron desde Romano Group. Esta dinámica, agregaron, “será insostenible” para la nueva gestión ya que si se mantiene el statu quo se “tenderá a un nuevo régimen inflacionario acorde a los niveles 140-160% anual”.

Ante ese panorama es que el informe concluye que “el mayor desafío en el frente monetario será evitar un nuevo estallido inflacionario acompañado de una recesión profunda de la economía”.

En ese sentido, recordaron: “El reordenamiento al inicio de la gestión de 2016 tuvo un salto pronunciado de la inflación, pasando del orden del 30% al 42%, es decir, un aumento del 40%La devaluación de la moneda doméstica en 2015 fue del orden del 40%, evidenciando un pass through prácticamente perfecto de devaluación a precios. Si este escenario se repitiera, asumiendo una devaluación del 100% de la moneda doméstica oficial, la inflación podría alcanzar el orden del 200% durante 2023/24″.

Evolución de la inflación en los últimos años en Argentina

La inflación interanual cabe recordar, alcanzó esta semana los tres dígitos por primera vez en más de 30 años y dentro del mercado la expectativa es que se mantenga en esa línea. Estos niveles de inflación son muy superiores a los que dejaron Macri (52% i.a.) y Cristina Kirchner en sus dos mandatos (23% y 25% respectivamente).

Atraso cambiario, cepo y reservas del BCRA

En lo que respecta a la herencia cambiaria y el nivel de reservas del BCRA, los analistas de Romano Group recordaron que “el control de capitales desde el inicio de gestión de Alberto Fernández condicionó fuertemente la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central”.

Pero no solo el cepo dificultó las posibilidades de sumar dólares: la brecha cambiaria en el orden del 100%, marcaron los economistas, también “funciona como un drenaje constante de divisas y además condiciona la desinflación de la economía”. El nivel de brecha cambiaria, de hecho, es casi cuatro veces mayor al 26% que dejó Mauricio Macri y duplica el nivel que dejó Cristina Kirchner en su segundo mandato (56%).

Evolución de la brecha y los tipos de cambio

En la actualidad, calculó el informe, las reservas netas internacionales (RIN) del Central se ubican en torno a los US$3.600 millones, mientras que las reservas brutas se sitúan en torno a los US$38.700 (de acuerdo al último informe preliminar de variables del BCRA eran US$37.718).

Según las estimaciones de Romano Group, los “dólares propios” en las arcas del BCRA ya se ubicarían, por lo tanto, en menos de la mitad que los que recibió Miguel Pesce (US$ 7.613 millones). Los US$3.600 millones de reservas netas de hoy serían, sin embargo, más que los US$3.367 millones que habría dejado Cristina Kirchner en su segundo mandato.

Al igual que la gestión de Macri, que hereda un Banco Central con reservas liquidas negativasposiblemente el nuevo gobierno en el 2024 reciba un BCRA con similares o aún peores condiciones si consideramos el Balance contable del Banco Central”, marcaron al respecto.

Otro de los problemas que deberá resolver la administración entrante es que, de acuerdo al informe, “el Índice de tipo de cambio real multilateral marca una notable apreciación de la moneda doméstica (alrededor de 95)”. Esto implica una pérdida de competitividad para los productos argentinos en el exterior.

Por ello, añadieron, y frente a un Banco Central sin stock de reservas internacionales, es que “el atraso cambiario es uno de los mayores desafíos y problemas que va a heredar la nueva gestión”.

Dólar en ArgentinaFotógrafo: Diego Giudice/Bloomberg(Bloomberg/Diego Giudice)

Ante ese panorama, es que indicaron que “suponiendo un salto discreto del tipo de cambio de referencia hacia valores de dólares financieros, el peso se ubicaría en niveles competitivos, similares al 2005″. Pero recordaron que “el problema es que el ajuste cambiario debería rondar el 100% con una inflación que ya se encuentra en el orden del 100%”.

Este escenario expone serios riesgos de una espiralización inflacionaria y será determinante la confianza en el programa económico enunciado por la próxima gestión. Posiblemente, la corrección fiscal será inmediata pero los riesgos de un estallido inflacionario será uno de los grandes embates de la economía durante 2024″, alertó el trabajo de Romano Group.

En ese sentido, desde la firma marcaron que “la discrepancia de precios relativos de la economía supondrá un gran desafío nuevamente para la gestión entrante” y recordaron que el Gobierno anterior heredó tarifas atrasadas. “En términos reales el atraso de los precios relativos de Electricidad, Gas y Energía es de -33%. Por ende, hay una inflación reprimida del orden del 50%, promedio, para alcanzar el nivel de precios generales”, explicaron.

Por último, para los economistas que elaboraron el informe “la decisión de shock del gobierno de Macri de liberar el tipo de cambio luce más compleja”. Esto se debe a que, por un lado, las condiciones macroeconómicas se encuentran más deterioradas, y a nivel internacional, la política monetaria restrictiva de la Fed “limita la liquidez necesaria para iniciar rápidamente una liberación”.

Sin embargo, advirtieron que “los riesgos de mantener los controles de capitales se encuentran materializados en el ciclo 2019- 2023″. En este período, recuerdan, la economía argentina no logró expandirse y acumula una inflación de 370% a la fecha.

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Transporte de Nación pidió que todas las provincias incorporen el sistema SUBE en el transporte público

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El Ministerio de Transporte de la Nación solicitó hoy a todas las provincias que incorporen el sistema SUBE a sus medios público de transporte “para que el atributo social llegue a todos lados”, durante una presentación en el Congreso Nacional

La incorporación de la SUBE en todas provincias “implicaría que la asistencia extraordinaria al interior del país vaya directamente al pasajero y pasajera, ya que uno de los objetivos es que los atributos sociales lleguen a la gente y que el Ministerio pueda ser un instrumento para estos beneficios, logrando una equidad dentro del sistema federal de transporte”, expusieron funcionarios de la cartera.

El pedido fue realizado por el viceministro de Transporte, Diego Giuliano, la subsecretaria de Transporte, Laura Labat, y el subsecretario de Política Económica y Financiera de Transporte, Carlos Vittor, en su exposición ante la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados.

“A través del atributo social, se aplican los descuentos en las tarifas para estudiantes, jubilados, pensionados, y a todos los que están incluidos en el beneficio y utilizan el transporte público a diario”, precisaron.

Al respecto, Giuliano, dijo: “Hemos planteado la expansión de la tarjeta SUBE en el país como una necesidad de trazabilidad de asistencia al transporte, de transparencia y accesibilidad para el ciudadano.”

Y remarcó que “el sistema funciona hoy en 46 ciudades del interior, mientras que el atributo social permite acceder a la población vulnerable. Estamos haciendo el esfuerzo de expandir aún más, y hoy se está discutiendo con la ciudad de Córdoba, Rosario y Tucumán ”.

“Donde está la SUBE va el atributo social con la tarifa que la jurisdicción estipule. Esta es una inyección de recursos fundamental” agregó.

También expresaron que, a pesar de no contar con la aprobación del presupuesto oficial por decisión política de sectores de la oposición, el Presidente ordenó su aumento respecto al año 2019″.

Este incremento representa “un 600 por ciento el aporte al interior del país a través del fondo compensador, y se proyecta desembolsar para este 2022 un monto de 46 mil millones destinados a aportes.

También se resaltó que el Fondo Compensador, que abarca la asistencia económica para el transporte de pasajeros y pasajeras, es un acompañamiento extraordinario que realiza el Gobierno nacional a las provincias del interior del país, quienes son las verdades responsables de sostener el sistema de transporte público a partir de suscribirse en el pacto fiscal en el año 2018.

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