Casi 26 millones de argentinos tienen sobrepeso u obesidad
La situación alimentaria en la Argentina atraviesa un estado crítico que se arrastra desde hace años. Así lo confirma un documento técnico presentado esta semana en el Vigésimo Tercer Congreso Argentino de Nutrición, el encuentro científico más relevante del país en la disciplina. El informe, elaborado por un equipo de especialistas encabezado por Sergio Britos, advierte que casi 26 millones de personas presentan sobrepeso u obesidad. Sin embargo, la malnutrición también se manifiesta en dietas insuficientes y poco diversas, especialmente en la infancia y en los sectores de menores recursos.
“En las últimas décadas se consolidó un patrón alimentario que combina exceso de calorías con déficit de nutrientes esenciales y de alimentos clave en la dieta. La mayoría de los argentinos realiza una alimentación desequilibrada, que conduce a múltiples deficiencias y a enfermedades crónicas. Pero no se trata de una responsabilidad individual: forma parte de un sistema alimentario que desde un inicio no tiene como objetivo producir dietas saludables, acompañado de una economía que limita el acceso a ellas y de una visible ausencia de Educación Alimentaria y Nutricional”, explicó Britos, coordinador del informe y vicepresidente del Congreso.
El documento, titulado “Sistema alimentario en la Argentina: seguridad alimentaria, dietas saludables y salud ambiental”, detalla que la malnutrición atraviesa todas las etapas de la vida. En la infancia, se expresa en déficits de hierro, vitamina D, calcio, zinc y ácidos grasos esenciales. En la adolescencia, persisten dietas pobres en vegetales, frutas y lácteos, junto con excesos de harinas refinadas, panificados y alimentos de consumo ocasional. En la adultez, predominan la obesidad y enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares.
La investigación advierte un dato alarmante: en 2024, la inseguridad alimentaria alcanzaba al 35,5 por ciento de los niños y adolescentes. Es decir, más de uno de cada tres no accede de manera adecuada y sostenida a los alimentos que necesita para crecer. Y lo poco que llega a su mesa suele tener una calidad nutricional muy pobre.
“La malnutrición no es solo la falta de comida, es también el hambre de calidad. Y los datos muestran que nuestro sistema alimentario no logra garantizar lo más básico: que todos accedan a alimentos frescos, variados y nutritivos”, señaló Ayelén Borg, licenciada en Nutrición, coautora del documento y especialista en políticas alimentarias.
El informe aclara que el problema no radica en la falta de disponibilidad: en el país existe una oferta energética superior a las 3.300 calorías y 120 gramos de proteínas por persona. El inconveniente son los incentivos que determinan qué se produce y cómo se distribuye. El sistema genera en exceso granos, aceites y carnes, pero no cubre las cantidades mínimas de frutas, verduras, legumbres ni lácteos. Solo Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe aportan una fracción significativa de los alimentos que integran una dieta saludable. El resto depende de productos que provienen de zonas lejanas, lo que encarece costos y limita consumos de cercanía.
Otro factor que agrava el problema es el costo relativo de los alimentos nutritivos. Comprar 100 calorías de frutas, verduras o lácteos puede costar hasta siete veces más que la misma energía en panificados o harinas; y tres veces más que en alimentos de bajo valor nutricional. Entre 2018 y 2025, durante casi tres cuartas partes del tiempo, los productos más saludables fueron sistemáticamente más caros.
“El sistema impositivo también impacta de manera negativa: hasta el 40 por ciento del precio de los alimentos corresponde a impuestos. Eso encarece aún más lo saludable y refuerza la desigualdad. Hay que poner este tema en la agenda y pensar en mecanismos para que los alimentos de mayor calidad tengan una menor carga impositiva”, agregó Borg.
El documento cuestiona además la Canasta Básica de Alimentos, utilizada como referencia para medir la pobreza, que desde hace años dejó de reflejar una dieta equilibrada. Los alimentos de calidad cuestan en promedio un 37 por ciento más que el valor informado por el INDEC para esa canasta.
En cuanto a las políticas públicas, el análisis subraya que los programas alimentarios vigentes son útiles, pero están fragmentados. El Plan Alimentar perdió su enfoque nutricional original y funciona como una transferencia monetaria sin garantías de calidad en la dieta. Los comedores escolares y comunitarios siguen siendo espacios claves de contención, pero presentan deficiencias de infraestructura, provisión y calidad de los menús. Otros programas, como el Apoyo Alimentario 1000 Días, no aseguran que los recursos se traduzcan en alimentos saludables.
La discontinuidad de iniciativas como ProHuerta también representó un retroceso en el impulso a la producción local y comunitaria. “El enfoque fragmentado y compensatorio de las políticas alimentarias debe cambiar. Necesitamos una mirada de conjunto, con foco en calidad nutricional y articulación entre sectores”, sostuvo Britos.
Respecto a la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, a dos años de su plena vigencia, su impacto es limitado. Aunque más de la mitad de la población afirma estar dispuesta a usar la información de los sellos, solo una parte modifica efectivamente sus compras, y un 30 por ciento sostiene que compraría lo mismo. Para los especialistas, este instrumento debe acompañarse con campañas educativas sostenidas, aún ausentes.
El documento también llama la atención sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, que persisten en supermercados y hogares, pese a los avances en programas de rescate. Reducirlos tendría un fuerte impacto económico, ambiental y social, al mejorar la disponibilidad de productos nutritivos.
Finalmente, el trabajo enfatiza la necesidad de una transformación en la educación alimentaria. Las Guías Alimentarias para la Población Argentina son técnicamente sólidas, pero carecen de alcance real. “La educación es fundamental, pero no alcanza con decirle a la gente qué debe comer si no tiene los medios para hacerlo. Hay que enseñar, sí, pero también garantizar que lo aprendido pueda ponerse en práctica”, concluyó Britos.
