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La ONU pone a los pastizales en el centro de la agenda global: qué pasa en Argentina

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La Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD COP17), celebrada en Mongolia, puso a los pastizales, las sabanas y los sistemas alimentarios en el centro de la agenda global sobre restauración de tierras, desertificación y sequía. Durante el encuentro, se destacó que la degradación de las tierras ya afecta hasta el 40 % de la superficie terrestre del planeta, con impactos significativos sobre la producción de alimentos, la disponibilidad de agua, los medios de vida y la estabilidad económica.

Durante el encuentro se lanzó la Rangelands Flagship Initiative, una iniciativa internacional que reúne USD 1.200 millones para 45 proyectos orientados a conservar, manejar sosteniblemente y restaurar pastizales.

El encuentro también puso de relieve la necesidad de avanzar en soluciones que vinculen la conservación de los ecosistemas con la producción de alimentos, la seguridad hídrica y los medios de vida de las comunidades. Si bien no se alcanzó un acuerdo sobre un protocolo global vinculante de resiliencia ante la sequía, la discusión continuará en la COP18, prevista para 2028.

Un ecosistema estratégico para la Argentina

En Argentina, los pastizales cubren casi la mitad del territorio nacional. Además de albergar una gran biodiversidad, cumplen funciones esenciales para la regulación del agua, el almacenamiento de carbono y la producción ganadera.

Sin embargo, se encuentran entre los ecosistemas más amenazados del país. Entre 2000 y 2019 se perdieron más de 3 millones de hectáreas de pastizales naturales, una superficie equivalente a casi toda la provincia de Misiones. A su vez, menos del 4% de los pastizales argentinos cuenta con alguna figura de protección.

La situación es especialmente crítica en la ecorregión Pampeana, donde alrededor del 80% de los pastizales ya fue transformado y solo el 2,6% remanente se encuentra protegido.

Proyecto IKI: conservación y producción sostenible

En este contexto, Fundación Vida Silvestre Argentina y WWF llevan adelante el proyecto regional “Salvaguardando ecosistemas subvalorados: Protección, manejo y restauración de pastizales y sabanas naturales en Argentina, Colombia y Paraguay”, con el apoyo de la Iniciativa Internacional para el Clima (IKI) del Gobierno de Alemania.

La iniciativa se implementa junto a WWF Colombia, WWF Paraguay, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ZALF y agri benchmark, y busca fortalecer la conservación de estos ecosistemas y promover prácticas de manejo sostenible que permitan compatibilizar la producción con la protección de la biodiversidad.

“El desafío es reconocer que conservar los pastizales no significa dejar de producir. Se trata de proteger la naturaleza y los beneficios que estos ecosistemas nos brindan, como el agua, el suelo y la biodiversidad, al mismo tiempo que promovemos formas de manejo que permitan sostener la producción en el largo plazo. El crecimiento económico de Argentina puede ser promovido a partir de sistemas productivos sustentables”, señaló Sebastián Fermani, director de conservación de Fundación Vida Silvestre Argentina.

El proyecto, que ya se encuentra en marcha, cobra especial relevancia en el marco del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores 2026, una oportunidad para visibilizar el valor de estos ecosistemas y de las comunidades que dependen de ellos.

DATOS CLAVE

• 47% del territorio argentino está cubierto por pastizales.
• Más de 3 millones de hectáreas de pastizales naturales se perdieron en Argentina entre 2000 y 2019.
• Menos del 4% de los pastizales argentinos cuenta con alguna figura de protección.
• 80% de los pastizales pampeanos ya fueron transformados; solo el 2,6% remanente está protegido.

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Causa Vialidad: la defensa de Cristina presenta una planilla de Vialidad ante la ONU

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La causa Vialidad volvió a abrir un frente de discusión judicial con la presentación de una nueva evidencia por parte de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego aseguraron este martes que una planilla de la Dirección Nacional de Vialidad permite cuestionar uno de los fundamentos utilizados para condenar a la expresidenta.

La defensa presentó el nuevo elemento en el marco de su estrategia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y anticipó que también buscará incorporarlo a las actuaciones judiciales en Argentina. Según explicaron los letrados, el documento contiene información sobre la distribución de fondos de un fideicomiso destinado a obras públicas entre 2009 y 2015.

El punto que los abogados consideran determinante es la proporción de recursos que habría recibido el grupo empresario vinculado a Lázaro Báez. De acuerdo con el análisis presentado por la defensa, las empresas de Báez recibieron apenas el 0,85% de los fondos del fideicomiso durante el período estudiado. Otros medios que reconstruyeron la conferencia consignaron la cifra como inferior al 1%.

Para Beraldi, ese dato contradice la hipótesis según la cual el decreto que instrumentó el fideicomiso habría tenido como finalidad beneficiar específicamente a Báez. El abogado sostuvo que la información fue obtenida a partir de una planilla presentada por un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad como testigo en la causa conocida como Cuadernos.

Según la explicación brindada por la defensa, hasta ese momento no habían tenido acceso a esa información en forma completa. A partir de la documentación, los abogados realizaron un análisis de la distribución de los recursos y concluyeron que las empresas vinculadas a Báez se encontraban entre las que recibieron una proporción menor de los fondos.

La nueva prueba y una condena firme

La relevancia jurídica del planteo debe distinguirse de la valoración que hace la propia defensa. Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La sentencia quedó firme el 10 de junio de 2025 después de la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por eso, la presentación de los abogados no modifica por sí misma la situación procesal de la expresidenta. Lo que plantea la defensa es la existencia de un elemento que, a su criterio, puede justificar una revisión de la condena. La estrategia contempla tanto el ámbito judicial argentino como la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El equipo jurídico también anticipó que existen otros elementos que todavía no serán difundidos y que forman parte de la estrategia para cuestionar los efectos de la sentencia. Entre los objetivos señalados se encuentra la revisión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El eje de la discusión pasa ahora por determinar qué alcance puede tener la nueva documentación dentro de los mecanismos de revisión disponibles y, especialmente, si los datos aportados modifican o no la valoración de los hechos que realizaron los tribunales que intervinieron en la causa.

Una disputa sobre la distribución de la obra pública

La evidencia presentada por la defensa introduce una discusión cuantitativa sobre el destino de los recursos administrados mediante el fideicomiso. La planilla, según la descripción de los abogados, permite observar el conjunto de fondos asignados a distintas empresas y obras durante el período 2009-2015, en lugar de analizar de manera aislada las contrataciones vinculadas al Grupo Austral.

Ese cambio de escala es el fundamento sobre el cual la defensa construye su nuevo argumento: si el grupo empresario vinculado a Báez recibió menos del 1% de los fondos analizados, sostienen los abogados, ese dato debería ser considerado al evaluar la hipótesis de un direccionamiento deliberado de los recursos.

La discusión, sin embargo, deberá atravesar las instancias correspondientes antes de producir cualquier efecto sobre una sentencia que actualmente se encuentra firme. La nueva documentación abre así una nueva etapa de controversia alrededor de Vialidad, pero su eventual incidencia jurídica dependerá de la valoración que realicen los organismos competentes.

El caso vuelve a poner en primer plano una cuestión central para el control de la obra pública: no alcanza con determinar cuánto dinero recibió una empresa; también resulta necesario reconstruir el universo completo de recursos, contratos, adjudicaciones y mecanismos de asignación para establecer qué significado tiene esa participación dentro del conjunto.

En ese terreno se jugará ahora la discusión impulsada por la defensa. La planilla de Vialidad aporta una nueva base documental al debate, mientras que su capacidad para modificar la situación judicial de Cristina Kirchner todavía deberá ser determinada por las instancias que correspondan.

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La ONU distingue a Misiones por un seguro pionero que protege al yaguareté y acompaña a los productores rurales

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El gobernador Hugo Passalacqua recibió, en la Sala de Situación, el diploma que acredita el reconocimiento otorgado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Misiones por la implementación del Seguro de Protección al Yaguareté, una herramienta pionera a nivel mundial que busca fortalecer la convivencia entre la producción agropecuaria y la conservación de una de las especies emblemáticas de la selva misionera.

La distinción internacional ubicó a la provincia en el puesto 16 de una competencia global vinculada a iniciativas de sostenibilidad y biodiversidad, en la que participaron más de 200 proyectos de distintos países. El reconocimiento forma parte de los UN 2.0 Awards, que son destaca el trabajo a equipos e iniciativas del sistema de las Naciones Unidas que están logrando resultados sobresalientes a través de nuevas formas de trabajo y nuevas soluciones.

En tanto, Passalacqua felicitó a los responsables del proyecto y destacó el carácter innovador de la iniciativa. “Compatibiliza el proceso civilizatorio con la protección de la biodiversidad, sobre todo de manera inteligente y creativa”, afirmó.

Participaron de la actividad el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori; el ministro de Ecología, Martín Recamán; la directora general administrativa del Ministerio del Agro, Emilce Errubidarte; el biólogo Guido Solowinski y referentes de las distintas instituciones involucradas en el proyecto.

Un reconocimiento internacional para una experiencia pionera

El ministro de Ecología, Martín Recamán, comentó que el seguro nació para dar respuesta a una problemática concreta del territorio misionero: la convivencia entre la producción y la conservación de la fauna silvestre. “Este seguro atiende una problemática vinculada con la convivencia entre nuestra biodiversidad y el productor. Muchas veces los grandes felinos atacan la producción y el ganado, y era necesario encontrar herramientas que permitieran conservar y producir al mismo tiempo”, explicó.

“Nuestra realidad es la del pequeño productor y la de una provincia con mucha ruralidad. En un territorio relativamente pequeño tenemos una enorme superficie de conservación y producción en el medio. Tenemos que buscar herramientas que hagan posible esa convivencia y permitan seguir conservando, pero también seguir produciendo”, aclaró.

Recamán también puso en valor el carácter innovador del programa y el interés que despertó más allá de las fronteras provinciales. “Es un proyecto que nace de una problemática de Misiones y busca dar respuesta a un conflicto concreto entre la biodiversidad y el productor. No había antecedentes de una herramienta como esta y hoy ya genera consultas de otros países y de distintas provincias que quieren conocerla y tomarla como modelo”, señaló.

Por su parte, la directora general administrativa del Ministerio del Agro, Emilce Errubidarte, destacó el alcance de la distinción recibida por la provincia. “Es una mención honorífica, única en biodiversidad, entre más de 200 proyectos. Es uno de los pocos reconocimientos de este tipo para iniciativas de América Latina y de Argentina”, recalcó.

“Este reconocimiento se transformó en una vidriera para el proyecto. Generó visibilidad y hoy existen otros países interesados en conocer y replicar modelos similares”, sostuvo.

En el mismo sentido, el biólogo y miembro del plantel técnico del Ministerio del Agro, Guido Solowinski, explicó que el seguro constituye una herramienta complementaria dentro de la Ley de Protección de Grandes Felinos y destacó que, luego de un año y medio de implementación, se consolidó como una política pública orientada a fortalecer la conservación de la biodiversidad y el acompañamiento a los productores rurales.

Una política que combina conservación y desarrollo

El Seguro de Protección al Yaguareté fue lanzado en 2025 como una prueba piloto en Comandante Andresito y se convirtió en la primera herramienta del mundo diseñada específicamente para compensar económicamente a productores afectados por ataques verificados de yaguaretés al ganado.

Además de las compensaciones, el programa contempla asistencia técnica, capacitaciones y medidas preventivas destinadas a reducir los conflictos entre la actividad productiva y la fauna nativa.

A un año de su puesta en marcha, la iniciativa se expandió a Puerto Iguazú, Puerto Esperanza, Puerto Libertad y Wanda, incorporando nuevos protocolos de intervención y fortaleciendo las acciones preventivas en una de las zonas con mayor biodiversidad de la provincia. Según estimaciones oficiales, la ampliación del programa permitirá extender la protección a más de 100 mil personas, consolidando una estrategia que busca preservar el patrimonio natural de Misiones sin descuidar el desarrollo de las comunidades rurales. La iniciativa es impulsada por el Gobierno de Misiones, Río Uruguay Seguros (RUS), Aves Argentinas y el Proyecto Yaguareté (CeIBA-CONICET).

Desde el Ministerio del Agro señalaron que el reconocimiento otorgado por la ONU posiciona a la provincia como referente internacional en materia de conservación y pone en valor una política pública construida a partir de las particularidades del territorio misionero, donde la protección de la biodiversidad y la producción forman parte de una misma estrategia de desarrollo.

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Venezuela eleva a 3.535 la cifra de muertos por los terremotos mientras crecen las críticas a la respuesta oficial

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El régimen venezolano actualizó el balance oficial de víctimas de los terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio y elevó a 3.535 la cifra de fallecidos, un incremento de 193 personas respecto del informe difundido el día anterior.

Según el nuevo comunicado oficial, la cantidad de heridos se mantiene en 16.740, mientras que las autoridades continúan sin informar un número de desaparecidos, uno de los puntos más cuestionados por organismos internacionales y organizaciones humanitarias.

La actualización confirma la magnitud de una de las mayores tragedias naturales de la historia reciente de Venezuela, especialmente en el estado de La Guaira, la zona más castigada por el doble sismo.

La ONU alerta por miles de desaparecidos

Mientras el gobierno evita difundir cifras oficiales sobre personas cuyo paradero aún se desconoce, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que podrían existir hasta 50.000 desaparecidos, aunque otras proyecciones manejadas por organismos y equipos de rescate sitúan esa cifra en torno a las 10.000 personas.

La falta de información oficial ha alimentado las críticas hacia la gestión de la emergencia y la transparencia de los datos difundidos por las autoridades.

Continúa la búsqueda entre los escombros

En La Guaira, donde se concentra gran parte de la devastación, rescatistas y voluntarios continúan trabajando entre los escombros con el objetivo de recuperar cuerpos e identificar a las víctimas.

Las tareas avanzan en condiciones complejas y con denuncias de insuficiente apoyo logístico por parte del Estado.

Durante el fin de semana comenzaron además los entierros de víctimas que aún no pudieron ser identificadas. Más de 150 cuerpos fueron sepultados en el municipio de Catia La Mar.

En el cementerio La Esperanza, las tumbas fueron señalizadas con cruces blancas y placas con la inscripción “Identificación especial”, acompañadas únicamente por la fecha del fallecimiento: 24 de junio de 2026.

Crece el malestar social

A casi dos semanas del desastre, aumenta el malestar entre familiares de desaparecidos y vecinos de las zonas afectadas.

Además de la demora en la recuperación de cuerpos, miles de personas permanecen desplazadas tras perder sus viviendas, mientras las tareas de reconstrucción avanzan lentamente.

La crisis humanitaria continúa agravándose en varias localidades costeras, donde persisten problemas de acceso a servicios básicos y asistencia para los damnificados.

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Catástrofe en Venezuela: los muertos ya son 920 y la crisis humanitaria escala con miles de heridos y desaparecidos

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Venezuela enfrenta una de las peores tragedias de su historia reciente. A menos de 48 horas de los dos terremotos que sacudieron al país el miércoles 24 de junio, el balance oficial de víctimas volvió a agravarse y ya asciende a 920 fallecidos y 3.360 heridos, mientras continúan las tareas de búsqueda entre edificios colapsados y zonas devastadas.

La actualización fue difundida por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, quien confirmó que la cifra de víctimas fatales se multiplicó en las últimas horas a medida que los equipos de rescate lograron acceder a sectores que permanecían aislados desde los sismos.

Los terremotos, de magnitudes 7,1 y 7,5 y separados por apenas segundos, son considerados por especialistas como los más destructivos registrados en Venezuela en más de un siglo y uno de los eventos sísmicos más severos desde el terremoto de Caracas de 1967.

La región más golpeada es el estado de La Guaira, donde el Gobierno venezolano reportó más de 70.000 familias afectadas. Allí se concentra gran parte de la destrucción de viviendas, infraestructura vial y servicios esenciales. También se registraron daños severos en Caracas y otras ciudades del centro y occidente del país.

La emergencia sigue agravándose debido a la continuidad de la actividad sísmica. Las autoridades confirmaron al menos 214 réplicas desde el evento principal, incluida una de magnitud 4,4 registrada durante la madrugada de este viernes.

La dimensión de la tragedia movilizó una inédita respuesta internacional. Naciones Unidas informó que 16 países ya desplegaron equipos de búsqueda y rescate en territorio venezolano. En total, operan 25 brigadas especializadas y más de mil rescatistas procedentes de Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Italia, Catar, Jordania, República Checa, Chile, Colombia, Ecuador, México y El Salvador.

Paralelamente, la Federación Internacional de la Cruz Roja lanzó un pedido urgente de 54 millones de euros para asistir a unas 300.000 personas afectadas por la catástrofe. Los recursos estarán destinados a atención médica, refugios temporales, agua potable, alimentos y asistencia humanitaria de emergencia.

La ayuda internacional también comenzó a llegar desde el sector privado. Starlink anunció la provisión gratuita de internet satelital en las zonas afectadas hasta el 25 de julio. La medida fue agradecida públicamente por la presidenta Delcy Rodríguez, quien destacó la importancia de mantener las comunicaciones durante la emergencia.

Mientras tanto, continúan las operaciones de rescate en edificios derrumbados y barrios afectados. Las autoridades venezolanas mantienen el estado de emergencia y reforzaron la presencia militar en La Guaira para garantizar la distribución de alimentos, agua potable y asistencia sanitaria.

Las estimaciones preliminares indican que los daños materiales podrían superar los 10.000 millones de dólares. Organismos internacionales advirtieron además que la cifra de víctimas podría seguir aumentando en los próximos días a medida que avanzan las tareas de remoción de escombros y localización de desaparecidos.

La tragedia ya es considerada una de las mayores emergencias humanitarias registradas en América Latina durante las últimas décadas y mantiene en alerta a toda la región.

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