Venezuela enfrenta una de las peores tragedias de su historia reciente. A menos de 48 horas de los dos terremotos que sacudieron al país el miércoles 24 de junio, el balance oficial de víctimas volvió a agravarse y ya asciende a 920 fallecidos y 3.360 heridos, mientras continúan las tareas de búsqueda entre edificios colapsados y zonas devastadas.
La actualización fue difundida por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, quien confirmó que la cifra de víctimas fatales se multiplicó en las últimas horas a medida que los equipos de rescate lograron acceder a sectores que permanecían aislados desde los sismos.
Los terremotos, de magnitudes 7,1 y 7,5 y separados por apenas segundos, son considerados por especialistas como los más destructivos registrados en Venezuela en más de un siglo y uno de los eventos sísmicos más severos desde el terremoto de Caracas de 1967.
La región más golpeada es el estado de La Guaira, donde el Gobierno venezolano reportó más de 70.000 familias afectadas. Allí se concentra gran parte de la destrucción de viviendas, infraestructura vial y servicios esenciales. También se registraron daños severos en Caracas y otras ciudades del centro y occidente del país.
La emergencia sigue agravándose debido a la continuidad de la actividad sísmica. Las autoridades confirmaron al menos 214 réplicas desde el evento principal, incluida una de magnitud 4,4 registrada durante la madrugada de este viernes.
La dimensión de la tragedia movilizó una inédita respuesta internacional. Naciones Unidas informó que 16 países ya desplegaron equipos de búsqueda y rescate en territorio venezolano. En total, operan 25 brigadas especializadas y más de mil rescatistas procedentes de Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Italia, Catar, Jordania, República Checa, Chile, Colombia, Ecuador, México y El Salvador.
Paralelamente, la Federación Internacional de la Cruz Roja lanzó un pedido urgente de 54 millones de euros para asistir a unas 300.000 personas afectadas por la catástrofe. Los recursos estarán destinados a atención médica, refugios temporales, agua potable, alimentos y asistencia humanitaria de emergencia.
La ayuda internacional también comenzó a llegar desde el sector privado. Starlink anunció la provisión gratuita de internet satelital en las zonas afectadas hasta el 25 de julio. La medida fue agradecida públicamente por la presidenta Delcy Rodríguez, quien destacó la importancia de mantener las comunicaciones durante la emergencia.
Mientras tanto, continúan las operaciones de rescate en edificios derrumbados y barrios afectados. Las autoridades venezolanas mantienen el estado de emergencia y reforzaron la presencia militar en La Guaira para garantizar la distribución de alimentos, agua potable y asistencia sanitaria.
Las estimaciones preliminares indican que los daños materiales podrían superar los 10.000 millones de dólares. Organismos internacionales advirtieron además que la cifra de víctimas podría seguir aumentando en los próximos días a medida que avanzan las tareas de remoción de escombros y localización de desaparecidos.
La tragedia ya es considerada una de las mayores emergencias humanitarias registradas en América Latina durante las últimas décadas y mantiene en alerta a toda la región.
La tragedia provocada por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon Venezuela sigue agravándose. A medida que avanzan las tareas de rescate, crece también el número de víctimas extranjeras identificadas entre los fallecidos y desaparecidos, en una catástrofe que ya se ubica entre las más graves registradas en América Latina en los últimos años.
Según el último balance oficial, el desastre dejó al menos 235 muertos, 4.300 heridos y 157 desaparecidos. Además, unas 2.927 familias resultaron damnificadas, mientras que cerca de 200 personas continúan atrapadas bajo los escombros de edificios colapsados.
La situación es particularmente crítica en el estado de La Guaira, señalado como el epicentro de la devastación. Allí colapsaron más de 100 edificios y se desplegaron más de 100 equipos de maquinaria pesada para remover escombros y asistir a los rescatistas. También se reportaron daños estructurales en al menos 250 inmuebles y afectaciones en ocho hospitales, algunos de los cuales debieron evacuar pacientes y personal sanitario.
Las autoridades y los gobiernos de distintos países comenzaron a confirmar víctimas entre sus ciudadanos. España informó inicialmente dos fallecidos y 80 desaparecidos, aunque horas después elevó el balance a tres muertos y 99 personas sin localizar. También se reportaron víctimas de nacionalidad portuguesa, brasileña, italiana y china, mientras continúan las tareas de identificación.
La preocupación internacional crece debido a la amplia presencia de comunidades extranjeras en las zonas afectadas, especialmente en Caracas y La Guaira. Entre los casos más resonantes figura la desaparición de Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, cuyo paradero aún se desconoce.
Más de seis millones de afectados
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dependiente de la ONU, estimó que hasta 6,76 millones de personas podrían haber sido afectadas directa o indirectamente por los terremotos. Solo en Caracas, alrededor de dos millones de habitantes sufrieron consecuencias derivadas de los daños en infraestructura, servicios básicos y comunicaciones.
La ONU advirtió además que el número de desplazados podría incrementarse en los próximos días a medida que se evalúe el alcance real de los daños y más familias deban abandonar viviendas comprometidas estructuralmente.
Durante la madrugada comenzaron a aterrizar en Venezuela los primeros vuelos con asistencia humanitaria. Equipos de rescate procedentes de Chile, España, Suiza, El Salvador y otros países ya se encuentran en territorio venezolano o en camino para reforzar las operaciones de búsqueda.
España desplegó efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto con personal sanitario, psicólogos y especialistas en rescate. Suiza envió 80 rescatistas, ocho perros de búsqueda y 18 toneladas de equipamiento. Por su parte, El Salvador confirmó el envío de seis aviones con maquinaria, insumos médicos y personal especializado.
Estados Unidos también activó una misión de asistencia a través del Comando Sur (SOUTHCOM), mientras el Departamento del Tesoro flexibilizó temporalmente algunas sanciones para facilitar las operaciones humanitarias y el flujo de recursos destinados a la emergencia.
Las próximas 48 horas serán decisivas para encontrar sobrevivientes. Los equipos de rescate continúan trabajando entre estructuras derrumbadas, mientras familiares recorren hospitales, refugios y centros de atención buscando noticias de sus seres queridos.
Con cientos de desaparecidos, edificios colapsados y miles de personas desplazadas, Venezuela enfrenta ahora una compleja etapa de emergencia humanitaria y reconstrucción, en medio de una de las peores catástrofes naturales de su historia reciente.
El reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas volvió a recibir un fuerte respaldo internacional. El Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas aprobó este miércoles, por consenso, una nueva resolución que insta al Reino Unido a retomar las negociaciones bilaterales con la Argentina para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía.
La decisión fue adoptada durante una sesión celebrada en la sede de la ONU en Nueva York, donde el canciller argentino, Pablo Quirno, expuso la posición oficial del Gobierno nacional y cuestionó la persistencia de la ocupación británica del archipiélago.
La resolución, copresentada por Chile y acompañada por Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, reafirma que la única vía para poner fin a la situación colonial en las Malvinas es mediante una negociación entre ambos países. Además, lamenta que, pese al respaldo internacional acumulado durante décadas, aún no se hayan reanudado las conversaciones formales sobre la cuestión de fondo.
La posición argentina
Durante su exposición, Quirno sostuvo que la Argentina mantiene una posición histórica y jurídica inalterable respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, territorios que considera ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde 1833.
El canciller remarcó que la controversia debe resolverse en el marco del derecho internacional y rechazó la aplicación del principio de libre determinación de los pueblos al caso Malvinas. Según explicó, la población actual de las islas fue establecida por la potencia ocupante tras la expulsión de las autoridades y habitantes argentinos originales.
Uno de los puntos más duros del discurso estuvo vinculado a la presencia militar británica en el Atlántico Sur. Quirno aseguró que actualmente hay alrededor de 1.200 efectivos destacados en las islas, una cifra que calificó como desproporcionada en relación con la población residente y que, a su criterio, refleja el carácter estratégico y militarizado de la ocupación.
La Argentina también cuestionó las actividades económicas impulsadas por Londres en el área en disputa. En particular, el canciller apuntó contra la concesión de licencias para la exploración y explotación de recursos pesqueros e hidrocarburíferos.
Quirno mencionó específicamente los avances anunciados a fines de 2025 por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum para desarrollar el yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. El funcionario sostuvo que esas iniciativas son ilegítimas y reiteró que la Argentina utilizará todos los mecanismos previstos por el derecho internacional para defender sus intereses soberanos.
Testimonios y respaldo internacional
La audiencia también incluyó las intervenciones de Paula Vernet, descendiente directa de Luis Vernet, primer comandante político y militar argentino en las islas, y de Guillermo Clifton, nieto de un exhabitante malvinense radicado posteriormente en la Patagonia. Ambos defendieron la posición argentina y cuestionaron la utilización del principio de autodeterminación para justificar la administración británica del territorio.
En representación de los isleños intervino Michael Goss, quien defendió la postura británica y reclamó que cualquier discusión sobre el futuro de las islas contemple la opinión de sus habitantes actuales.
La resolución aprobada este miércoles mantiene una línea histórica de las Naciones Unidas, que desde la década de 1960 consideran a la cuestión Malvinas como un caso especial de descolonización que requiere una negociación entre los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido.
Para la diplomacia argentina, la aprobación por consenso constituye una nueva ratificación del respaldo internacional a la necesidad de reabrir el diálogo sobre la soberanía, un proceso que permanece congelado desde hace años por la negativa británica a discutir el estatus del archipiélago.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial junto al PNUD, fue seleccionada entre más de 200 propuestas internacionales, consolidando a Misiones como referencia en políticas que articulan la conservación de la biodiversidad y el desarrollo rural. Los resultados de su implementación permitieron ampliar la cobertura del seguro a nuevos municipios, fortaleciendo las estrategias de prevención y convivencia con la fauna nativa.
Misiones volvió a destacarse en el escenario internacional de la sostenibilidad. En una competencia global que reunió más de 200 proyectos de distintos países, las Naciones Unidas seleccionaron a la provincia en el puesto 16 por la implementación del primer seguro del mundo diseñado específicamente para proteger al yaguareté y acompañar a las familias productoras que conviven con esta especie emblemática de la selva misionera.
La herramienta, desarrollada de manera conjunta entre el Gobierno de Misiones, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina y Río Uruguay Seguros, fue lanzada en 2025 y constituye una experiencia pionera a nivel mundial. Su diseño busca generar condiciones para una convivencia sostenible entre la producción agropecuaria y la conservación de la biodiversidad, ofreciendo respuestas concretas a los conflictos derivados de la presencia de grandes felinos en establecimientos rurales.
Este reconocimiento internacional pone en valor una estrategia más amplia que Misiones viene consolidando para acompañar a los productores y proteger la fauna nativa. En ese marco, la provincia fortaleció herramientas previstas en el Plan Provincial de Conservación de Grandes Felinos (Ley XVI N.° 78), promoviendo acciones de prevención, registro de denuncias, certificación de daños, compensaciones económicas, asistencia técnica, capacitación, investigación aplicada y articulación institucional.
Tal como lo anunció el gobernador Hugo Passalacqua durante la apertura del período de sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes, el pasado 1° de mayo, “se trata de una herramienta inédita que combina compensaciones económicas por depredaciones verificadas, medidas antidepredatorias, protocolos post-ataque y el desarrollo local de herramientas disuasorias (como las luces Mimbi)”.
En ese marco, el mandatario destacó que, a un año de la puesta en marcha de la prueba piloto, los resultados obtenidos permiten advertir un fortalecimiento de los mecanismos institucionales de abordaje del conflicto entre la producción ganadera y la fauna nativa. Según señaló, se registraron más de 60 denuncias por posibles depredaciones en la provincia, 21 de ellas correspondientes a la zona alcanzada por el seguro. “Ese incremento del 300 % respecto del año anterior no refleja un aumento de ataques, sino la recuperación de la confianza de los productores en los mecanismos institucionales para canalizar estos conflictos”, manifestó.
Asimismo, Passalacqua remarcó: “Por estos resultados, decidimos ampliar la cobertura territorial incorporando los municipios de Puerto Iguazú, Puerto Esperanza, Puerto Libertad y Wanda, lo que permitirá proteger a más de 100.000 personas. Seguimos fortaleciendo protocolos, asistencia técnica y medidas preventivas para garantizar la convivencia entre la producción ganadera y la fauna nativa, preservando nuestros recursos naturales sin resignar el desarrollo rural”.
La articulación entre el Estado provincial, el sector privado, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil permitió consolidar una experiencia inédita que comienza a posicionarse como una referencia en estrategias de coexistencia entre conservación de la biodiversidad y desarrollo rural, al integrar compensación económica, prevención, innovación tecnológica y acompañamiento territorial a los productores.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución que respalda el histórico dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático. La votación terminó con 141 países a favor, ocho en contra y 28 abstenciones.
La iniciativa fue impulsada por Vanuatu, uno de los pequeños Estados insulares más afectados por el aumento del nivel del mar y los fenómenos climáticos extremos. El texto reafirma el dictamen emitido por la CIJ en julio de 2025, que sostuvo que los países tienen la obligación jurídica de prevenir daños ambientales significativos y reducir el uso de combustibles fósiles.
Aunque el pronunciamiento de la Corte no es jurídicamente vinculante, especialistas y organismos internacionales consideran que puede tener un fuerte impacto en litigios climáticos, políticas públicas y futuras negociaciones diplomáticas.
Entre otros puntos, la CIJ afirmó que los países deben actuar para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, cooperar de buena fe y evitar daños irreversibles al sistema climático. También dejó abierta la posibilidad de reparaciones o compensaciones en casos donde pueda demostrarse responsabilidad por daños climáticos.
El nuevo respaldo de la Asamblea General busca darle mayor peso político a esa opinión consultiva y consolidarla como referencia para futuras acciones legales y negociaciones multilaterales.
El cambio climático ya no puede entenderse solo como una crisis ambiental. Es también una crisis de derechos humanos que amenaza la vida, la salud, la vivienda, la alimentación, el acceso al agua, la cultura y el futuro de millones de personas en todo el mundo.
Así lo ha dejado claro la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas, en una opinión consultiva histórica sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático. La decisión supone un avance clave para la justicia climática, porque vincula de forma directa la crisis climática con la protección de los derechos humanos y refuerza la responsabilidad legal de los gobiernos.
La opinión consultiva llega tras años de movilización impulsada por jóvenes de las islas del Pacífico, especialmente desde Vanuatu, una de las regiones más expuestas a los impactos de la crisis climática. Su mensaje es claro: los Estados no pueden seguir retrasando la acción climática ni incumpliendo sus compromisos internacionales sin consecuencias.
¿Qué es la Corte Internacional de Justicia?
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos, y su función es interpretar el derecho internacional y resolver disputas legales entre Estados. Creada en 1945 junto con la ONU, la CIJ está formada por 15 jueces y juezas de distintas regiones del mundo, elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU.
Aunque la Corte no puede juzgar a personas ni imponer sanciones penales, sus decisiones y opiniones tienen un enorme peso jurídico y político. Sus interpretaciones ayudan a aclarar qué obligaciones tienen los Estados en materias como los derechos humanos, el uso de la fuerza, la autodeterminación de los pueblos o, como en este caso, el cambio climático.
Que la Corte Internacional de Justicia se haya pronunciado sobre la crisis climática es especialmente relevante porque sitúa el debate en el terreno de las obligaciones legales de los Estados, y no solo en el de los compromisos políticos voluntarios.
¿Qué es una opinión consultiva?
Una opinión consultiva es una interpretación jurídica que la Corte Internacional de Justicia emite a petición de órganos de las Naciones Unidas, como la Asamblea General. Aunque no tiene carácter jurídicamente vinculante, posee una enorme autoridad porque aclara cómo debe interpretarse y aplicarse el derecho internacional.
No es una sentencia que obligue directamente a los Estados a actuar de una determinada manera, pero sí establece con claridad cuáles son sus responsabilidades legales y puede influir en decisiones judiciales, negociaciones internacionales y políticas públicas.
En el caso del cambio climático, la Asamblea General de la ONU pidió a la CIJ que respondiera a dos preguntas fundamentales: cuáles son las obligaciones de los Estados para proteger el clima y el medioambiente frente a las emisiones de gases de efecto invernadero, y cuáles son las consecuencias legales cuando sus acciones, o su inacción, causan daños significativos.
La respuesta de la Corte ha sido contundente: proteger el sistema climático mundial es una obligación legal, no una opción política. Y, cuando los Estados incumplen esa obligación, pueden tener que rendir cuentas por las pérdidas y daños causados.
Por eso, aunque la opinión consultiva no sea formalmente vinculante, supone un hito jurídico que puede reforzar las demandas de las comunidades afectadas y servir de referencia para futuras decisiones judiciales y acuerdos internacionales.
La Corte Internacional de Justicia ha afirmado con claridad que los Estados tienen la obligación legal de proteger el sistema climático y el medioambiente frente a las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la actividad humana. No se trata de una recomendación política, sino de una exigencia derivada del derecho internacional.
En su opinión consultiva sobre el cambio climático, la Corte señala que estas obligaciones se fundamentan en distintas fuentes jurídicas, entre ellas la Carta de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París, los tratados internacionales de derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario.
Uno de los mensajes más importantes de la decisión es que el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible es una condición previa para el disfrute efectivo de otros derechos humanos, como el derecho a la vida, la salud, la alimentación, el agua o la vivienda.
¿Qué obligaciones tienen los Estados frente al cambio climático?
La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia deja claro que todos los Estados tienen la obligación de actuar frente al cambio climático para proteger los derechos humanos y evitar daños al sistema climático mundial. Aunque sus responsabilidades pueden variar según sus capacidades y su contribución histórica a la crisis, ningún país puede permanecer al margen.
Entre las principales obligaciones señaladas por la Corte se encuentran:
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
Los Estados deben adoptar medidas eficaces para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, en línea con el Acuerdo de París. Esto implica presentar e implementar planes climáticos ambiciosos y revisar periódicamente sus compromisos.
Abandonar progresivamente los combustibles fósiles
La Corte subraya que no eliminar de forma gradual y equitativa el carbón, el petróleo y el gas puede constituir un incumplimiento del derecho internacional. Esto incluye seguir autorizando nuevos proyectos de exploración o manteniendo subvenciones a la industria fósil.
Proteger los derechos humanos
Los gobiernos deben garantizar que sus políticas climáticas protejan derechos como la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y un medioambiente limpio, saludable y sostenible.
Cooperar internacionalmente
La crisis climática requiere una respuesta global. Los Estados deben colaborar entre sí y, en particular, los países con más recursos deben proporcionar financiación, tecnología y apoyo técnico a los países más afectados y con menos responsabilidad histórica en la crisis.
Reparar pérdidas y daños
Cuando un Estado incumple sus obligaciones y causa daños significativos, puede estar obligado a ofrecer reparación, incluida una indemnización por las pérdidas y daños sufridos.
Proteger a las personas desplazadas por el clima
La Corte reconoce que las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares por los impactos del cambio climático deben recibir protección, también cuando cruzan fronteras internacionales.
¿Por qué esta decisión de la Corte Internacional de Justicia es histórica?
La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el cambio climático marca un antes y un después porque, por primera vez, el principal tribunal de las Naciones Unidas ha dejado claro que proteger el clima es una obligación legal de los Estados.
Reconoce que la crisis climática es también una crisis de derechos humanos
La Corte afirma que el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible es una condición previa para el disfrute de otros derechos humanos, como la vida, la salud, la alimentación, el agua y la vivienda.
Refuerza la posibilidad de exigir responsabilidades a los Estados
La opinión consultiva aclara que los países pueden tener que reparar las pérdidas y daños causados por su inacción climática. Esto puede fortalecer litigios ante tribunales nacionales, cortes regionales de derechos humanos y otros órganos internacionales.
Puede influir en leyes, políticas y decisiones judiciales en todo el mundo
Aunque no es jurídicamente vinculante, la opinión de la CIJ tiene una gran autoridad y puede servir de referencia para:
Tribunales nacionales.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Nuevas leyes y políticas climáticas.
Negociaciones internacionales en Naciones Unidas.
Da respaldo a las comunidades más afectadas
Para los pequeños Estados insulares y otras comunidades en primera línea de la crisis climática, la decisión confirma lo que llevan años denunciando: que el cambio climático amenaza su territorio, su cultura y sus derechos fundamentales.
El papel de Vanuatu y los estudiantes del Pacífico
Detrás de esta histórica opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia hay una historia de perseverancia, liderazgo juvenil y resistencia frente a la crisis climática.
Todo comenzó en 2019, cuando 27 estudiantes de Derecho de la Universidad del Sur del Pacífico, en Vanuatu, decidieron impulsar una iniciativa sin precedentes: llevar la cuestión del cambio climático ante el máximo tribunal del mundo. Su objetivo era lograr que la Corte aclarara qué obligaciones legales tienen los Estados para proteger el clima y los derechos humanos.
La campaña fue liderada por el movimiento Pacific Islands Students Fighting Climate Change (PISFCC), integrado por jóvenes de distintos países del Pacífico. Entre ellos se encontraba Vishal Prasad, nacido en Fiyi, quien ha explicado que la iniciativa surgió de un “optimismo radical y obstinado” frente a años de promesas incumplidas por parte de la comunidad internacional.
Para estos jóvenes, la crisis climática no es una amenaza lejana, sino una realidad cotidiana. El aumento del nivel del mar, los ciclones cada vez más intensos y la degradación de los ecosistemas ponen en riesgo hogares, medios de vida, culturas y formas de vida enteras.
Como resume Vishal Prasad: “Para nuestro pueblo, está en juego casi todo”.
La iniciativa estudiantil logró movilizar a organizaciones de la sociedad civil, comunidades afectadas y gobiernos de todo el mundo. Vanuatu asumió el liderazgo diplomático y promovió primero la resolución de la Asamblea General de la ONU que solicitó la opinión consultiva de la CIJ y, posteriormente, una nueva resolución para impulsar su aplicación práctica.
Este proceso demuestra que incluso los países más pequeños y las voces jóvenes pueden influir en el derecho internacional cuando se organizan y actúan con determinación.
La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia no pone fin al proceso. Al contrario: puede convertirse en una herramienta muy poderosa para impulsar nuevas leyes, reforzar las políticas climáticas y exigir responsabilidades a los gobiernos que no actúen frente a la crisis climática.
La Asamblea General de la ONU votará el 20 de mayo de 2026 una resolución impulsada por Vanuatu para respaldar formalmente la opinión de la Corte y convertir sus conclusiones en una hoja de ruta para la acción climática y la rendición de cuentas.
Pero más allá de la ONU, la opinión consultiva de la CIJ puede servir de referencia para tribunales nacionales e internacionales, fortalecer los litigios climáticos y respaldar las demandas de las comunidades que reclaman justicia climática.
También puede aumentar la presión sobre los países con mayores emisiones históricas para que reduzcan más rápidamente su dependencia de los combustibles fósiles y aporten financiación y apoyo a los países y comunidades más afectados por la crisis climática.
En última instancia, lo que ocurra ahora dependerá de la voluntad de los gobiernos para traducir esta claridad jurídica en medidas concretas. La votación del 20 de mayo mostrará hasta qué punto la comunidad internacional está dispuesta a convertir este avance jurídico en compromisos reales para proteger a las personas y al planeta.
