La iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial junto al PNUD, fue seleccionada entre más de 200 propuestas internacionales, consolidando a Misiones como referencia en políticas que articulan la conservación de la biodiversidad y el desarrollo rural. Los resultados de su implementación permitieron ampliar la cobertura del seguro a nuevos municipios, fortaleciendo las estrategias de prevención y convivencia con la fauna nativa.
Misiones volvió a destacarse en el escenario internacional de la sostenibilidad. En una competencia global que reunió más de 200 proyectos de distintos países, las Naciones Unidas seleccionaron a la provincia en el puesto 16 por la implementación del primer seguro del mundo diseñado específicamente para proteger al yaguareté y acompañar a las familias productoras que conviven con esta especie emblemática de la selva misionera.
La herramienta, desarrollada de manera conjunta entre el Gobierno de Misiones, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina y Río Uruguay Seguros, fue lanzada en 2025 y constituye una experiencia pionera a nivel mundial. Su diseño busca generar condiciones para una convivencia sostenible entre la producción agropecuaria y la conservación de la biodiversidad, ofreciendo respuestas concretas a los conflictos derivados de la presencia de grandes felinos en establecimientos rurales.
Este reconocimiento internacional pone en valor una estrategia más amplia que Misiones viene consolidando para acompañar a los productores y proteger la fauna nativa. En ese marco, la provincia fortaleció herramientas previstas en el Plan Provincial de Conservación de Grandes Felinos (Ley XVI N.° 78), promoviendo acciones de prevención, registro de denuncias, certificación de daños, compensaciones económicas, asistencia técnica, capacitación, investigación aplicada y articulación institucional.
Tal como lo anunció el gobernador Hugo Passalacqua durante la apertura del período de sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes, el pasado 1° de mayo, “se trata de una herramienta inédita que combina compensaciones económicas por depredaciones verificadas, medidas antidepredatorias, protocolos post-ataque y el desarrollo local de herramientas disuasorias (como las luces Mimbi)”.
En ese marco, el mandatario destacó que, a un año de la puesta en marcha de la prueba piloto, los resultados obtenidos permiten advertir un fortalecimiento de los mecanismos institucionales de abordaje del conflicto entre la producción ganadera y la fauna nativa. Según señaló, se registraron más de 60 denuncias por posibles depredaciones en la provincia, 21 de ellas correspondientes a la zona alcanzada por el seguro. “Ese incremento del 300 % respecto del año anterior no refleja un aumento de ataques, sino la recuperación de la confianza de los productores en los mecanismos institucionales para canalizar estos conflictos”, manifestó.
Asimismo, Passalacqua remarcó: “Por estos resultados, decidimos ampliar la cobertura territorial incorporando los municipios de Puerto Iguazú, Puerto Esperanza, Puerto Libertad y Wanda, lo que permitirá proteger a más de 100.000 personas. Seguimos fortaleciendo protocolos, asistencia técnica y medidas preventivas para garantizar la convivencia entre la producción ganadera y la fauna nativa, preservando nuestros recursos naturales sin resignar el desarrollo rural”.
La articulación entre el Estado provincial, el sector privado, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil permitió consolidar una experiencia inédita que comienza a posicionarse como una referencia en estrategias de coexistencia entre conservación de la biodiversidad y desarrollo rural, al integrar compensación económica, prevención, innovación tecnológica y acompañamiento territorial a los productores.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución que respalda el histórico dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático. La votación terminó con 141 países a favor, ocho en contra y 28 abstenciones.
La iniciativa fue impulsada por Vanuatu, uno de los pequeños Estados insulares más afectados por el aumento del nivel del mar y los fenómenos climáticos extremos. El texto reafirma el dictamen emitido por la CIJ en julio de 2025, que sostuvo que los países tienen la obligación jurídica de prevenir daños ambientales significativos y reducir el uso de combustibles fósiles.
Aunque el pronunciamiento de la Corte no es jurídicamente vinculante, especialistas y organismos internacionales consideran que puede tener un fuerte impacto en litigios climáticos, políticas públicas y futuras negociaciones diplomáticas.
Entre otros puntos, la CIJ afirmó que los países deben actuar para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, cooperar de buena fe y evitar daños irreversibles al sistema climático. También dejó abierta la posibilidad de reparaciones o compensaciones en casos donde pueda demostrarse responsabilidad por daños climáticos.
El nuevo respaldo de la Asamblea General busca darle mayor peso político a esa opinión consultiva y consolidarla como referencia para futuras acciones legales y negociaciones multilaterales.
El cambio climático ya no puede entenderse solo como una crisis ambiental. Es también una crisis de derechos humanos que amenaza la vida, la salud, la vivienda, la alimentación, el acceso al agua, la cultura y el futuro de millones de personas en todo el mundo.
Así lo ha dejado claro la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas, en una opinión consultiva histórica sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático. La decisión supone un avance clave para la justicia climática, porque vincula de forma directa la crisis climática con la protección de los derechos humanos y refuerza la responsabilidad legal de los gobiernos.
La opinión consultiva llega tras años de movilización impulsada por jóvenes de las islas del Pacífico, especialmente desde Vanuatu, una de las regiones más expuestas a los impactos de la crisis climática. Su mensaje es claro: los Estados no pueden seguir retrasando la acción climática ni incumpliendo sus compromisos internacionales sin consecuencias.
¿Qué es la Corte Internacional de Justicia?
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos, y su función es interpretar el derecho internacional y resolver disputas legales entre Estados. Creada en 1945 junto con la ONU, la CIJ está formada por 15 jueces y juezas de distintas regiones del mundo, elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU.
Aunque la Corte no puede juzgar a personas ni imponer sanciones penales, sus decisiones y opiniones tienen un enorme peso jurídico y político. Sus interpretaciones ayudan a aclarar qué obligaciones tienen los Estados en materias como los derechos humanos, el uso de la fuerza, la autodeterminación de los pueblos o, como en este caso, el cambio climático.
Que la Corte Internacional de Justicia se haya pronunciado sobre la crisis climática es especialmente relevante porque sitúa el debate en el terreno de las obligaciones legales de los Estados, y no solo en el de los compromisos políticos voluntarios.
¿Qué es una opinión consultiva?
Una opinión consultiva es una interpretación jurídica que la Corte Internacional de Justicia emite a petición de órganos de las Naciones Unidas, como la Asamblea General. Aunque no tiene carácter jurídicamente vinculante, posee una enorme autoridad porque aclara cómo debe interpretarse y aplicarse el derecho internacional.
No es una sentencia que obligue directamente a los Estados a actuar de una determinada manera, pero sí establece con claridad cuáles son sus responsabilidades legales y puede influir en decisiones judiciales, negociaciones internacionales y políticas públicas.
En el caso del cambio climático, la Asamblea General de la ONU pidió a la CIJ que respondiera a dos preguntas fundamentales: cuáles son las obligaciones de los Estados para proteger el clima y el medioambiente frente a las emisiones de gases de efecto invernadero, y cuáles son las consecuencias legales cuando sus acciones, o su inacción, causan daños significativos.
La respuesta de la Corte ha sido contundente: proteger el sistema climático mundial es una obligación legal, no una opción política. Y, cuando los Estados incumplen esa obligación, pueden tener que rendir cuentas por las pérdidas y daños causados.
Por eso, aunque la opinión consultiva no sea formalmente vinculante, supone un hito jurídico que puede reforzar las demandas de las comunidades afectadas y servir de referencia para futuras decisiones judiciales y acuerdos internacionales.
La Corte Internacional de Justicia ha afirmado con claridad que los Estados tienen la obligación legal de proteger el sistema climático y el medioambiente frente a las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la actividad humana. No se trata de una recomendación política, sino de una exigencia derivada del derecho internacional.
En su opinión consultiva sobre el cambio climático, la Corte señala que estas obligaciones se fundamentan en distintas fuentes jurídicas, entre ellas la Carta de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París, los tratados internacionales de derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario.
Uno de los mensajes más importantes de la decisión es que el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible es una condición previa para el disfrute efectivo de otros derechos humanos, como el derecho a la vida, la salud, la alimentación, el agua o la vivienda.
¿Qué obligaciones tienen los Estados frente al cambio climático?
La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia deja claro que todos los Estados tienen la obligación de actuar frente al cambio climático para proteger los derechos humanos y evitar daños al sistema climático mundial. Aunque sus responsabilidades pueden variar según sus capacidades y su contribución histórica a la crisis, ningún país puede permanecer al margen.
Entre las principales obligaciones señaladas por la Corte se encuentran:
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
Los Estados deben adoptar medidas eficaces para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, en línea con el Acuerdo de París. Esto implica presentar e implementar planes climáticos ambiciosos y revisar periódicamente sus compromisos.
Abandonar progresivamente los combustibles fósiles
La Corte subraya que no eliminar de forma gradual y equitativa el carbón, el petróleo y el gas puede constituir un incumplimiento del derecho internacional. Esto incluye seguir autorizando nuevos proyectos de exploración o manteniendo subvenciones a la industria fósil.
Proteger los derechos humanos
Los gobiernos deben garantizar que sus políticas climáticas protejan derechos como la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y un medioambiente limpio, saludable y sostenible.
Cooperar internacionalmente
La crisis climática requiere una respuesta global. Los Estados deben colaborar entre sí y, en particular, los países con más recursos deben proporcionar financiación, tecnología y apoyo técnico a los países más afectados y con menos responsabilidad histórica en la crisis.
Reparar pérdidas y daños
Cuando un Estado incumple sus obligaciones y causa daños significativos, puede estar obligado a ofrecer reparación, incluida una indemnización por las pérdidas y daños sufridos.
Proteger a las personas desplazadas por el clima
La Corte reconoce que las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares por los impactos del cambio climático deben recibir protección, también cuando cruzan fronteras internacionales.
¿Por qué esta decisión de la Corte Internacional de Justicia es histórica?
La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el cambio climático marca un antes y un después porque, por primera vez, el principal tribunal de las Naciones Unidas ha dejado claro que proteger el clima es una obligación legal de los Estados.
Reconoce que la crisis climática es también una crisis de derechos humanos
La Corte afirma que el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible es una condición previa para el disfrute de otros derechos humanos, como la vida, la salud, la alimentación, el agua y la vivienda.
Refuerza la posibilidad de exigir responsabilidades a los Estados
La opinión consultiva aclara que los países pueden tener que reparar las pérdidas y daños causados por su inacción climática. Esto puede fortalecer litigios ante tribunales nacionales, cortes regionales de derechos humanos y otros órganos internacionales.
Puede influir en leyes, políticas y decisiones judiciales en todo el mundo
Aunque no es jurídicamente vinculante, la opinión de la CIJ tiene una gran autoridad y puede servir de referencia para:
Tribunales nacionales.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Nuevas leyes y políticas climáticas.
Negociaciones internacionales en Naciones Unidas.
Da respaldo a las comunidades más afectadas
Para los pequeños Estados insulares y otras comunidades en primera línea de la crisis climática, la decisión confirma lo que llevan años denunciando: que el cambio climático amenaza su territorio, su cultura y sus derechos fundamentales.
El papel de Vanuatu y los estudiantes del Pacífico
Detrás de esta histórica opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia hay una historia de perseverancia, liderazgo juvenil y resistencia frente a la crisis climática.
Todo comenzó en 2019, cuando 27 estudiantes de Derecho de la Universidad del Sur del Pacífico, en Vanuatu, decidieron impulsar una iniciativa sin precedentes: llevar la cuestión del cambio climático ante el máximo tribunal del mundo. Su objetivo era lograr que la Corte aclarara qué obligaciones legales tienen los Estados para proteger el clima y los derechos humanos.
La campaña fue liderada por el movimiento Pacific Islands Students Fighting Climate Change (PISFCC), integrado por jóvenes de distintos países del Pacífico. Entre ellos se encontraba Vishal Prasad, nacido en Fiyi, quien ha explicado que la iniciativa surgió de un “optimismo radical y obstinado” frente a años de promesas incumplidas por parte de la comunidad internacional.
Para estos jóvenes, la crisis climática no es una amenaza lejana, sino una realidad cotidiana. El aumento del nivel del mar, los ciclones cada vez más intensos y la degradación de los ecosistemas ponen en riesgo hogares, medios de vida, culturas y formas de vida enteras.
Como resume Vishal Prasad: “Para nuestro pueblo, está en juego casi todo”.
La iniciativa estudiantil logró movilizar a organizaciones de la sociedad civil, comunidades afectadas y gobiernos de todo el mundo. Vanuatu asumió el liderazgo diplomático y promovió primero la resolución de la Asamblea General de la ONU que solicitó la opinión consultiva de la CIJ y, posteriormente, una nueva resolución para impulsar su aplicación práctica.
Este proceso demuestra que incluso los países más pequeños y las voces jóvenes pueden influir en el derecho internacional cuando se organizan y actúan con determinación.
La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia no pone fin al proceso. Al contrario: puede convertirse en una herramienta muy poderosa para impulsar nuevas leyes, reforzar las políticas climáticas y exigir responsabilidades a los gobiernos que no actúen frente a la crisis climática.
La Asamblea General de la ONU votará el 20 de mayo de 2026 una resolución impulsada por Vanuatu para respaldar formalmente la opinión de la Corte y convertir sus conclusiones en una hoja de ruta para la acción climática y la rendición de cuentas.
Pero más allá de la ONU, la opinión consultiva de la CIJ puede servir de referencia para tribunales nacionales e internacionales, fortalecer los litigios climáticos y respaldar las demandas de las comunidades que reclaman justicia climática.
También puede aumentar la presión sobre los países con mayores emisiones históricas para que reduzcan más rápidamente su dependencia de los combustibles fósiles y aporten financiación y apoyo a los países y comunidades más afectados por la crisis climática.
En última instancia, lo que ocurra ahora dependerá de la voluntad de los gobiernos para traducir esta claridad jurídica en medidas concretas. La votación del 20 de mayo mostrará hasta qué punto la comunidad internacional está dispuesta a convertir este avance jurídico en compromisos reales para proteger a las personas y al planeta.
La revista TIME dio a conocer su tradicional listado de las 100 personas más influyentes del mundo en 2026, una selección que combina política, economía, ciencia, cultura y tecnología, y que vuelve a marcar la agenda global sobre quiénes están moldeando el presente y el futuro.
En esta edición, el argentino Rafael Mariano Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), fue el único representante del país en integrar el ranking, dentro de la categoría “Líderes”, donde comparte espacio con figuras de peso internacional como Donald Trump, Xi Jinping, el Papa León XIV y Benjamin Netanyahu.
La elección de Grossi no es menor. TIME destacó su rol clave en escenarios de alta tensión internacional, particularmente en el conflicto en Ucrania, donde encabezó inspecciones en la planta nuclear de Zaporiyia tras la ocupación rusa, contribuyendo a evitar una escalada de riesgos mayores.
También se subrayó su intervención en el monitoreo del programa nuclear iraní, en un contexto geopolítico extremadamente sensible, donde la diplomacia técnica del OIEA resulta determinante para la estabilidad global.
Un argentino en el tablero global
El reconocimiento posiciona a Grossi como uno de los diplomáticos más influyentes del sistema internacional, en momentos en los que los organismos multilaterales atraviesan cuestionamientos sobre su eficacia.
De hecho, el propio titular del OIEA viene señalando la necesidad de revitalizar el rol de las Naciones Unidas frente a conflictos como los de Gaza, Sudán del Sur o el Cáucaso, en los que —según advirtió— la ausencia del organismo es cada vez más evidente.
Su nombre, además, aparece entre los posibles candidatos a ocupar la Secretaría General de la ONU, lo que refuerza su proyección en la escena global.
Una lista con fuerte presencia iberoamericana
El listado TIME100 también incluyó a una decena de figuras de Iberoamérica. Entre ellas se destacan:
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la categoría “Líderes”
Wagner Moura, actor brasileño, en “Íconos”
Zoe Saldaña, en la categoría “Titans”
Benicio del Toro, entre los “Artistas”
Además, se reconoció a referentes en ciencia, activismo y medio ambiente, como la peruana Mari Luz Canaquiri Murayari y la brasileña Mariangela Hungria.
Según explicó el editor de TIME, Sam Jacobs, la selección de este año pone especial énfasis en sectores que están redefiniendo el mundo: inteligencia artificial, cambio climático, salud, filantropía y el creciente impacto de los creadores digitales.
La lista, como cada año, no solo funciona como un reconocimiento individual, sino también como una radiografía del poder global en transición, donde la influencia ya no se limita a la política tradicional, sino que se expande hacia nuevas áreas de innovación y transformación social.
El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, viajará a Nueva York para participar del Foro Económico organizado por J.P. Morgan en el marco de “Argentina Week 2026”, un encuentro que reúne a dirigentes políticos y actores clave del sistema financiero internacional. La presencia del mandatario provincial en ese ámbito —confirmada este martes— lo coloca en una escena donde confluyen política, inversión y posicionamiento territorial, en momentos en que varias provincias buscan ampliar vínculos externos para impulsar sus economías regionales.
La agenda no será individual. Valdés compartirá el espacio con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén). En paralelo, el grupo mantendrá reuniones con especialistas de la Organización de las Naciones Unidas y con el embajador argentino ante ese organismo, Francisco Tropepi. La participación en el foro financiero abre una pregunta política más amplia: hasta qué punto los gobernadores están construyendo una diplomacia económica propia para posicionar a sus provincias en el circuito internacional de inversiones.
El foro financiero como espacio de diálogo político y económico
El evento organizado por J.P. Morgan, una de las principales compañías globales de servicios financieros, se desarrolla dentro de la denominada “Argentina Week 2026”, un ciclo de encuentros en Nueva York que convoca a dirigentes políticos, inversores y analistas del sistema financiero internacional.
En ese marco, la participación de gobernadores argentinos adquiere un significado institucional particular. Los mandatarios provinciales llegan al foro no sólo como representantes políticos de sus territorios, sino también como interlocutores directos ante actores que influyen en decisiones de inversión y financiamiento.
El propio Valdés señaló que su presencia en la ciudad estadounidense apunta a profundizar los vínculos internacionales y promover iniciativas que impulsen el desarrollo regional en las provincias argentinas. Ese objetivo coloca la agenda del viaje en un terreno que combina diplomacia económica y estrategia territorial: acercar proyectos provinciales a espacios donde circula capital financiero y se discuten tendencias de inversión.
La agenda también incluye un encuentro con especialistas de la ONU, acompañado por el embajador argentino ante ese organismo, Francisco Tropepi. Ese diálogo amplía el alcance del viaje más allá del foro financiero y conecta la presencia de los gobernadores con espacios multilaterales donde se discuten agendas de desarrollo.
Gobernadores en la escena global: señales políticas y territoriales
La presencia simultánea de mandatarios de Corrientes, Chubut, Santa Cruz y Neuquén en un foro internacional refleja un fenómeno que viene creciendo en la política argentina: las provincias buscan construir canales propios de interlocución con actores económicos globales.
En ese movimiento se cruzan dos dimensiones. Por un lado, la necesidad de posicionar proyectos regionales ante potenciales inversores. Por otro, la búsqueda de mayor visibilidad política en ámbitos donde se define parte de la agenda económica que impacta en el país.
El foro de J.P. Morgan funciona en ese sentido como un escenario simbólico relevante. No es un ámbito gubernamental ni multilateral, sino un espacio donde el sector financiero global escucha y evalúa propuestas de actores públicos y privados. Para los gobernadores, participar allí implica trasladar la agenda provincial a un ámbito donde se construyen percepciones sobre riesgo, desarrollo y oportunidades económicas.
El encuentro también permite proyectar una imagen de articulación entre provincias que, pese a tener realidades económicas distintas, comparten la necesidad de atraer inversiones y fortalecer vínculos externos.
Diplomacia provincial y proyección internacional
La agenda en Nueva York forma parte de una tendencia que se observa con mayor frecuencia en los últimos años: los gobiernos subnacionales buscan ampliar su presencia internacional para impulsar estrategias de desarrollo económico.
En ese contexto, la participación de Valdés y de otros gobernadores en el foro económico se inscribe en una lógica de diplomacia territorial, donde las provincias intentan vincularse de forma directa con instituciones financieras, organismos internacionales y redes de cooperación.
El encuentro con representantes de la ONU agrega otra dimensión a ese movimiento, ya que conecta la agenda económica con debates globales vinculados al desarrollo regional.
Lo que ocurra en estos encuentros no se traduce necesariamente en anuncios inmediatos. Sin embargo, estos espacios suelen funcionar como plataformas de diálogo donde se gestan contactos, se presentan proyectos y se construyen narrativas sobre el potencial de cada territorio.
La presencia de gobernadores argentinos en “Argentina Week 2026” deja, por ahora, una señal clara: las provincias buscan ocupar un lugar propio en la conversación económica internacional. El verdadero impacto de ese posicionamiento dependerá de lo que ocurra después de los foros, cuando las conversaciones diplomáticas deban transformarse —o no— en iniciativas concretas.
China continuará trabajando con todas las partes, incluyendo aquellas involucradas en los conflictos actuales en Oriente Medio, para mantener la comunicación, intensificar los esfuerzos de mediación y aunar consensos, dijo hoy jueves una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino en una conferencia de prensa diaria.
La portavoz Mao Ning hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta relacionada con el aumento de las tensiones regionales, tras los ataques militares contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel.
China enviará en un futuro próximo a la región a Zhai Jun, enviado especial del Gobierno del país para la cuestión de Oriente Medio, con el fin de trabajar por la desescalada de la tensa situación, manifestó la vocera.
China está seriamente preocupada por la tensa situación en Oriente Medio, expresó Mao, tras apuntar que el país ha llevado a cabo intensos trabajos de mediación con diversas partes durante los últimos días.
La vocera recordó que el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha sostenido llamadas telefónicas con sus homólogos de Rusia, Irán, Omán, Francia, Israel, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos para intercambiar puntos de vista en profundidad sobre la situación regional.
La extensión y la escalada del conflicto no benefician a nadie, puntualizó Mao, destacando que China considera que la guerra y la fuerza no pueden resolver los problemas de forma definitiva; las soluciones correctas son el diálogo y la negociación, y las controversias y diferencias deben ser neutralizadas a través de medidas políticas y diplomáticas.
