El presidente Javier Milei dio este miércoles la orden de enviar al Congreso un proyecto que establece la adhesión de la Argentina al Consejo de Paz creado por su par su par de Estados Unidos, Donald Trump.
Para instrumentar el ingreso al organismo, la administración libertaria buscará el respaldo de los bloques en ambas cámaras. El objetivo es abultar el temario que empezará a tratarse a partir del próximo lunes 2 de febrero y hasta el 27 del mes. Con más objetivos que días hábiles, en Casa Rosada aseguran que la idea es avanzar aunque sea con la media sanción de los temas para conquistar su aprobación completa en marzo.
En los últimos días, la cuenta oficial del Consejo de Paz hizo pública la bienvenida a los países integrantes, entre los que destaca la Argentina. También incluye a Camboya, Albania, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Bulgaria, Hungría, Egipto, El Salvador e Indonesia.
Consejo de la Paz
De un total de 20 países, pocos son democracias y, del total, solo Estados Unidos es miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La organización que fundó el líder republicano aspira a promover una “paz duradera” en regiones devastadas por la guerra de Medio Oriente.
La inclusión de Argentina en este selecto grupo ratifica el alineamiento total de Milei con la agenda de seguridad y política exterior de los Estados Unidos.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este viernes que 626 personas privadas de libertad fueron excarceladas en el país y anunció que solicitará a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que verifique el listado oficial. El anuncio se produce en un contexto de fuertes cuestionamientos de organizaciones no gubernamentales y familiares, que denuncian opacidad y demoras en el proceso y manejan cifras significativamente menores.
La divergencia entre los números oficiales y los registros independientes vuelve a colocar el foco sobre la credibilidad institucional del proceso de liberaciones, anunciado el 8 de enero por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y seguido de una creciente presión social y política.
El anuncio oficial y el pedido de verificación internacional
Durante una reunión con integrantes de su gabinete y representantes de la sociedad civil en el palacio presidencial de Miraflores, Delcy Rodríguez afirmó: “Al día de hoy ya han sido excarceladas 626 personas privadas de libertad”.
En ese marco, rechazó las denuncias formuladas por organizaciones no gubernamentales y familiares de detenidos, y cuestionó el uso de cifras alternativas. “Hay sectores antipolíticos que no han entendido el momento, hay sectores que persisten en manipular y maniobrar con cifras a través de la mentira”, sostuvo.
Para respaldar la versión oficial, la mandataria anunció que el lunes mantendrá una comunicación telefónica con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, con el objetivo de solicitar que su oficina verifique las listas de excarcelados. “Ya basta de mentiras, ya basta de mentirle al pueblo venezolano”, agregó, al tiempo que pidió “responsabilidad” en el ejercicio de la política.
Rodríguez vinculó el contexto actual con el impacto social y humano de la crisis reciente y mencionó el ataque de Estados Unidos del pasado 3 de enero, que derivó en la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, como un episodio de alto costo para la población.
Un proceso anunciado sin listados públicos
El proceso de excarcelaciones fue anunciado hace dos semanas por Jorge Rodríguez, quien informó la liberación de “un número importante” de personas, sin detallar identidades ni cantidad total. Días después, indicó que las listas de los liberados estaban disponibles, aunque hasta el momento no fueron difundidas públicamente.
Desde entonces, decenas de familiares se concentraron en las afueras de centros de detención para solicitar información sobre sus allegados, mientras distintas ONG denunciaron falta de transparencia, retrasos administrativos y ausencia de confirmaciones oficiales.
Este escenario de incertidumbre alimentó la brecha entre el discurso gubernamental y los relevamientos independientes, profundizando el debate institucional sobre el alcance real del proceso.
La brecha con las ONG
Las cifras difundidas por organizaciones de derechos humanos difieren de manera sustancial de las anunciadas por el Ejecutivo. La ONG Foro Penal y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) estiman que, desde el 8 de enero, fueron liberadas entre 154 y 170 personas.
En paralelo, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó este viernes que las autoridades excarcelaron a personas cuyos casos “no eran públicos”, lo que complejiza la trazabilidad del proceso.
Según los datos de Foro Penal, aún faltan 780 presos por liberar, mientras que la PUD sostiene que existen más de 942 personas encarceladas. La diferencia de registros refuerza los cuestionamientos sobre la falta de información oficial sistematizada y el impacto político de un proceso que, lejos de cerrar el conflicto, mantiene abiertas las tensiones con la sociedad civil y los organismos internacionales.
En este contexto, el pedido de verificación a la ONU aparece como un intento del Gobierno de legitimar institucionalmente las excarcelaciones, aunque el resultado de esa revisión será clave para determinar su credibilidad interna y externa.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este viernes al mandatario de EE.UU., Donald Trump, de querer establecer una «nueva ONU» con él como «dueño», en referencia a la Junta de Paz propuesta por la Casa Blanca para resolver conflictos.
«En vez de corregir la ONU, como yo reivindico desde 2003 (…) con la entrada de nuevos países, el presidente Trump está haciendo una propuesta de crear una nueva ONU en la que él solito es el dueño», declaró durante un acto.
Lula añadió que la Carta de la ONU «está siendo rasgada» y el multilateralismo «tirado al suelo», mientras prevalece la «ley del más fuerte», declaraciones que alejan aún más la posibilidad de que Brasil se una a la organización liderada por EE.UU.
Hasta ahora, una veintena de naciones, algunas de ellas lideradas por aliados próximos a Trump, han expresado su apoyo a la iniciativa, pero las grandes potencias y la mayoría de países europeos se han mostrado reticentes al considerar que la Junta de Paz debilita la ONU.
Lula defiende el multilateralismo ante Trump
Además, Lula criticó los planes desvelados esta semana por Trump en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) para levantar complejos hoteleros de lujo en una Gaza devastada por la guerra entre Hamás e Israel.
«Mataron más de 70.000 personas para decir que ahora van a recuperar Gaza y construir un hotel de lujo… ¿y el pueblo que murió?», lanzó.
En ese sentido, el mandatario dijo que este mes ha conversado por teléfono con varios líderes mundiales, como los mandatarios de China y México, para ver si encuentran «una forma» de defender el multilateralismo.
Lula destacó que «no acepta» que Brasil «vuelva a ser colonia» y defendió mantener relaciones tanto con EE.UU. como con Cuba o China porque, según dijo, el país suramericano «no tiene preferencias».
«Estamos viviendo un momento crítico en la política mundial», afirmó, después de citar las recientes elecciones de Chile, Honduras y otros países donde la derecha ganó.
Lula, de 80 años, busca presentarse a los comicios del próximo mes de octubre para lograr un cuarto mandato como presidente.
Estados Unidos presentó en el Foro Económico Mundial de Davos un plan integral para la reconstrucción de la Franja de Gaza, denominado informalmente “Nueva Gaza”, que propone reurbanizar desde cero el territorio palestino devastado por la guerra mediante rascacielos, zonas residenciales, áreas industriales, infraestructura portuaria y aeroportuaria, y un esquema de seguridad con presencia prolongada de fuerzas israelíes. La iniciativa fue revelada durante la ceremonia de firma de la nueva Junta de Paz impulsada por el presidente Donald Trump, encargada de supervisar el alto el fuego entre Israel y Hamás y la posterior reconstrucción.
El proyecto, que apunta a reorganizar el territorio para 2,1 millones de habitantes, generó fuertes controversias por su alcance político, humanitario y geoestratégico, en un contexto marcado por una tregua frágil, graves condiciones sociales y un elevado nivel de destrucción material, estimado por la ONU en el 81% de las estructuras de Gaza dañadas o destruidas.
El plan maestro: urbanización total, inversión privada y seguridad reforzada
Las diapositivas exhibidas en Davos mostraron un “Plan Maestro” que contempla la construcción de decenas de rascacielos a lo largo de la costa mediterránea, con un área específica destinada al turismo costero, donde se proyectan 180 torres de apartamentos. El diseño también incluye zonas residenciales, complejos industriales, centros de datos, manufactura avanzada, parques, instalaciones agrícolas y deportivas, además de un nuevo puerto marítimo y un aeropuerto cercano a la frontera con Egipto.
La reurbanización se dividiría en cuatro fases, comenzando en Rafah y avanzando progresivamente hacia el norte, hasta la Ciudad de Gaza. El esquema incorpora una franja de terreno baldío a lo largo de las fronteras con Egipto e Israel, identificada como “perímetro de seguridad”, donde las fuerzas israelíes permanecerían “hasta que Gaza esté debidamente protegida”, según el documento de paz de 20 puntos presentado por la administración estadounidense.
Una de las diapositivas detalló el proyecto de “Nueva Rafah”, que incluiría más de 100.000 viviendas permanentes, 200 centros educativos y 75 instalaciones médicas. Antes de la guerra, la ciudad albergaba a unas 280.000 personas, pero fue prácticamente arrasada durante los ataques israelíes y las demoliciones posteriores, quedando bajo control de Israel.
Trump, Kushner y el enfoque económico de la reconstrucción
Durante la presentación, el presidente Donald Trump defendió el proyecto con un discurso centrado en el potencial económico del territorio. “Vamos a tener mucho éxito en Gaza. Será un espectáculo digno de ver”, afirmó. Y agregó: “Soy en el fondo un promotor inmobiliario y lo importante es la ubicación. Miren esta ubicación junto al mar. Miren esta hermosa propiedad”.
El encargado operativo del plan es Jared Kushner, yerno de Trump, quien participó en la negociación del alto el fuego que entró en vigor en octubre. Kushner señaló que durante la guerra se lanzaron 90.000 toneladas de municiones sobre Gaza y que será necesario remover 60 millones de toneladas de escombros. Según explicó, la idea inicial de dividir el territorio entre una “zona libre” y una “zona de Hamás” fue descartada: “Simplemente planeemos para tener un éxito catastrófico”, declaró.
Kushner aseguró que Hamás firmó un acuerdo de desmilitarización y que ese compromiso será exigido. “La gente nos pregunta cuál es nuestro plan B. No tenemos un plan B”, sostuvo. También advirtió que “sin seguridad nadie va a hacer inversiones”, subrayando el vínculo entre desmilitarización, estabilidad y capital privado.
En las próximas semanas, Estados Unidos prevé realizar una conferencia en Washington para anunciar contribuciones internacionales y detallar “oportunidades de inversión” para el sector privado, en lo que se perfila como uno de los procesos de reconstrucción más ambiciosos de las últimas décadas.
Reacciones políticas, alto el fuego frágil y crisis humanitaria persistente
El plan se presentó en un escenario de tregua inestable. Aunque Israel y Hamás acordaron un alto el fuego, intercambios de rehenes y prisioneros, y un aumento de la ayuda humanitaria, en los últimos tres meses murieron al menos 477 palestinos en ataques israelíes, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ejército israelí informó la muerte de tres soldados en ataques de grupos armados palestinos.
Las condiciones humanitarias continúan siendo críticas: casi un millón de personas carecen de refugio adecuado y 1,6 millones enfrentan inseguridad alimentaria aguda, de acuerdo con datos de la ONU.
Hamás reiteró su compromiso con el acuerdo de octubre y acusó a Israel de intentar “socavar los esfuerzos internacionales para consolidar el alto el fuego”. No obstante, el grupo ha rechazado históricamente entregar sus armas sin la creación de un Estado palestino independiente. Trump respondió con una advertencia directa: “Tienen que entregar sus armas y, si no lo hacen, será su fin”.
En Davos, el presidente israelí Isaac Herzog elogió el liderazgo de Trump, aunque advirtió que “la verdadera prueba es que Hamás salga de Gaza”. En contraste, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, exigió la plena implementación del plan de paz, incluida la retirada israelí y un rol central de la AP en la administración del territorio.
Por su parte, el jefe del Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), Ali Shaath, anunció que el cruce de Rafah con Egipto se abrirá la próxima semana en ambas direcciones, tras permanecer prácticamente cerrado desde mayo de 2024. “La apertura de Rafah demuestra que Gaza ya no está cerrada al futuro ni a la guerra”, afirmó.
China siempre ha estado comprometida con el verdadero multilateralismo y protegerá firmemente el sistema internacional en cuyo núcleo se encuentra la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó hoy miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun.
Guo hizo estas declaraciones en una rueda de prensa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera el martes que la ONU debería continuar debido a su potencial, pero que el Consejo de Paz por él propuesto “podría” reemplazarla.
No importa cómo evolucione la situación internacional, China salvaguardará firmemente el sistema internacional con la ONU en su núcleo, el orden internacional respaldado por el derecho internacional, y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales basadas en los objetivos y principios de la Carta de la ONU, destacó Guo.
