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Estados Unidos presentó en Davos un plan para reconstruir Gaza con rascacielos, zonas industriales y control de seguridad israelí

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Estados Unidos presentó en el Foro Económico Mundial de Davos un plan integral para la reconstrucción de la Franja de Gaza, denominado informalmente “Nueva Gaza”, que propone reurbanizar desde cero el territorio palestino devastado por la guerra mediante rascacielos, zonas residenciales, áreas industriales, infraestructura portuaria y aeroportuaria, y un esquema de seguridad con presencia prolongada de fuerzas israelíes. La iniciativa fue revelada durante la ceremonia de firma de la nueva Junta de Paz impulsada por el presidente Donald Trump, encargada de supervisar el alto el fuego entre Israel y Hamás y la posterior reconstrucción.

El proyecto, que apunta a reorganizar el territorio para 2,1 millones de habitantes, generó fuertes controversias por su alcance político, humanitario y geoestratégico, en un contexto marcado por una tregua frágil, graves condiciones sociales y un elevado nivel de destrucción material, estimado por la ONU en el 81% de las estructuras de Gaza dañadas o destruidas.

El plan maestro: urbanización total, inversión privada y seguridad reforzada

Las diapositivas exhibidas en Davos mostraron un “Plan Maestro” que contempla la construcción de decenas de rascacielos a lo largo de la costa mediterránea, con un área específica destinada al turismo costero, donde se proyectan 180 torres de apartamentos. El diseño también incluye zonas residenciales, complejos industriales, centros de datos, manufactura avanzada, parques, instalaciones agrícolas y deportivas, además de un nuevo puerto marítimo y un aeropuerto cercano a la frontera con Egipto.

La reurbanización se dividiría en cuatro fases, comenzando en Rafah y avanzando progresivamente hacia el norte, hasta la Ciudad de Gaza. El esquema incorpora una franja de terreno baldío a lo largo de las fronteras con Egipto e Israel, identificada como “perímetro de seguridad”, donde las fuerzas israelíes permanecerían “hasta que Gaza esté debidamente protegida”, según el documento de paz de 20 puntos presentado por la administración estadounidense.

Una de las diapositivas detalló el proyecto de “Nueva Rafah”, que incluiría más de 100.000 viviendas permanentes, 200 centros educativos y 75 instalaciones médicas. Antes de la guerra, la ciudad albergaba a unas 280.000 personas, pero fue prácticamente arrasada durante los ataques israelíes y las demoliciones posteriores, quedando bajo control de Israel.

Trump, Kushner y el enfoque económico de la reconstrucción

Durante la presentación, el presidente Donald Trump defendió el proyecto con un discurso centrado en el potencial económico del territorio. “Vamos a tener mucho éxito en Gaza. Será un espectáculo digno de ver”, afirmó. Y agregó: “Soy en el fondo un promotor inmobiliario y lo importante es la ubicación. Miren esta ubicación junto al mar. Miren esta hermosa propiedad”.

El encargado operativo del plan es Jared Kushner, yerno de Trump, quien participó en la negociación del alto el fuego que entró en vigor en octubre. Kushner señaló que durante la guerra se lanzaron 90.000 toneladas de municiones sobre Gaza y que será necesario remover 60 millones de toneladas de escombros. Según explicó, la idea inicial de dividir el territorio entre una “zona libre” y una “zona de Hamás” fue descartada: “Simplemente planeemos para tener un éxito catastrófico”, declaró.

Kushner aseguró que Hamás firmó un acuerdo de desmilitarización y que ese compromiso será exigido. “La gente nos pregunta cuál es nuestro plan B. No tenemos un plan B”, sostuvo. También advirtió que “sin seguridad nadie va a hacer inversiones”, subrayando el vínculo entre desmilitarización, estabilidad y capital privado.

En las próximas semanas, Estados Unidos prevé realizar una conferencia en Washington para anunciar contribuciones internacionales y detallar “oportunidades de inversión” para el sector privado, en lo que se perfila como uno de los procesos de reconstrucción más ambiciosos de las últimas décadas.

Reacciones políticas, alto el fuego frágil y crisis humanitaria persistente

El plan se presentó en un escenario de tregua inestable. Aunque Israel y Hamás acordaron un alto el fuego, intercambios de rehenes y prisioneros, y un aumento de la ayuda humanitaria, en los últimos tres meses murieron al menos 477 palestinos en ataques israelíes, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ejército israelí informó la muerte de tres soldados en ataques de grupos armados palestinos.

Las condiciones humanitarias continúan siendo críticas: casi un millón de personas carecen de refugio adecuado y 1,6 millones enfrentan inseguridad alimentaria aguda, de acuerdo con datos de la ONU.

Hamás reiteró su compromiso con el acuerdo de octubre y acusó a Israel de intentar “socavar los esfuerzos internacionales para consolidar el alto el fuego”. No obstante, el grupo ha rechazado históricamente entregar sus armas sin la creación de un Estado palestino independiente. Trump respondió con una advertencia directa: “Tienen que entregar sus armas y, si no lo hacen, será su fin”.

En Davos, el presidente israelí Isaac Herzog elogió el liderazgo de Trump, aunque advirtió que “la verdadera prueba es que Hamás salga de Gaza”. En contraste, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, exigió la plena implementación del plan de paz, incluida la retirada israelí y un rol central de la AP en la administración del territorio.

Por su parte, el jefe del Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), Ali Shaath, anunció que el cruce de Rafah con Egipto se abrirá la próxima semana en ambas direcciones, tras permanecer prácticamente cerrado desde mayo de 2024. “La apertura de Rafah demuestra que Gaza ya no está cerrada al futuro ni a la guerra”, afirmó.

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China expresa apoyo a la ONU después de que Trump afirmara que el Consejo de Paz “podría” reemplazarla

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China siempre ha estado comprometida con el verdadero multilateralismo y protegerá firmemente el sistema internacional en cuyo núcleo se encuentra la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó hoy miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun.

Guo hizo estas declaraciones en una rueda de prensa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera el martes que la ONU debería continuar debido a su potencial, pero que el Consejo de Paz por él propuesto “podría” reemplazarla.

No importa cómo evolucione la situación internacional, China salvaguardará firmemente el sistema internacional con la ONU en su núcleo, el orden internacional respaldado por el derecho internacional, y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales basadas en los objetivos y principios de la Carta de la ONU, destacó Guo.

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La UIF congela activos por financiamiento de armas de destrucción masiva

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En una decisión sin precedentes a nivel nacional y regional, la Unidad de Información Financiera (UIF) ordenó el primer congelamiento administrativo de activos en la Argentina por presunto financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La medida, dispuesta a partir de información de inteligencia financiera proveniente del exterior y ampliada con una investigación local, marca un punto de inflexión en el sistema de prevención de delitos financieros graves y refuerza el alineamiento del país con los estándares internacionales en materia de seguridad y control financiero.

Una medida inédita basada en inteligencia financiera internacional

La resolución fue firmada por el titular de la UIF, Paul Starc, y alcanza a personas residentes en la Argentina bajo sospecha de estar vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Según se informó oficialmente, el organismo actuó tras recibir información de inteligencia financiera de organismos del exterior, la cual fue posteriormente analizada y complementada mediante tareas de investigación propias.

Con esos elementos, la UIF resolvió aplicar de manera preventiva el congelamiento administrativo de activos, mientras continúa la investigación sobre posibles vínculos con organizaciones delictivas internacionales. Se trata de una decisión excepcional dentro del marco normativo argentino y constituye un hecho sin antecedentes en América Latina, de acuerdo con fuentes oficiales.

El respaldo legal: Ley 27.739 y compromisos internacionales

Es la primera vez que la UIF aplica una medida de estas características desde la sanción de la Ley 27.739, aprobada en marzo de 2024, que incorporó al Código Penal argentino el delito de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP). Esta norma amplió de manera sustancial las herramientas del Estado para prevenir y sancionar conductas consideradas una amenaza directa a la seguridad internacional.

La legislación se inscribe en los compromisos asumidos por la Argentina ante las Naciones Unidas, que facultan al Consejo de Seguridad a imponer sanciones obligatorias cuando se identifican amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Entre esas sanciones, se incluyen medidas financieras restrictivas, como el congelamiento de activos y la prohibición de acceso a recursos económicos.

En paralelo, los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establecen que los países deben contar con sanciones financieras específicas, inmediatas y eficaces para impedir que personas o entidades vinculadas al FP utilicen el sistema financiero formal. La medida adoptada por la UIF se ajusta estrictamente a esos lineamientos.

Impacto institucional y señales al sistema financiero

Con esta decisión, la UIF fortaleció el sistema nacional de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ampliándolo a uno de los delitos más sensibles a nivel global. El congelamiento administrativo de activos, aplicado de manera preventiva, envía una señal clara al sistema financiero, a los sujetos obligados y a la comunidad internacional sobre el endurecimiento de los controles y la tolerancia cero frente a delitos transnacionales de alto riesgo.

Desde el plano institucional, la Argentina pasa a integrar el reducido grupo de jurisdicciones que ya aplicaron medidas concretas contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, un fenómeno que el propio GAFI incorporó como prioridad estratégica en los últimos años.

En términos económicos y regulatorios, la decisión también refuerza la credibilidad del sistema financiero argentino, al demostrar capacidad de respuesta frente a amenazas complejas y alineamiento con los estándares internacionales, un aspecto clave en evaluaciones externas y procesos de cooperación financiera global.

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Estados Unidos se retira de 66 organismos internacionales por orden de Trump

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum presidencial que ordena la retirada del país de 66 organizaciones internacionales, entre ellas 31 entidades vinculadas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al considerar que “ya no favorecen los intereses estadounidenses”. La decisión, anunciada por la Casa Blanca este miércoles 31, marca un giro significativo en la política exterior y multilateral de Washington, con implicancias políticas, económicas e институ­cionales a escala global.

Un repliegue del multilateralismo: alcance y fundamentos de la medida

Según informó la Casa Blanca a través de la red social X, el memorándum presidencial dispone el abandono formal de 66 organismos internacionales, de los cuales casi la mitad forman parte del sistema de Naciones Unidas. Entre las organizaciones más relevantes alcanzadas por la decisión se encuentran la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático y la Alianza de Civilizaciones.

En un comunicado oficial, la Casa Blanca sostuvo que estas entidades promueven “causas radicales sobre el cambio climático, gobernanza global y programas ideológicos que chocan con la fortaleza económica y la soberanía de Estados Unidos”. El texto remarca que, desde la perspectiva de la actual administración, la participación en estos foros dejó de alinearse con los intereses estratégicos, económicos y políticos del país.

La mayor parte de los organismos abandonados son comisiones y paneles asesores enfocados en temáticas como cambio climático, migración, derechos laborales y otros asuntos que la Administración Trump considera asociados a agendas de diversidad e igualdad que, según su diagnóstico, se imponen “en perjuicio del mérito”.

Organismos alcanzados y redefinición de prioridades estratégicas

Además de estructuras del sistema de la ONU, el retiro estadounidense alcanza a espacios de cooperación y coordinación internacional en materia de seguridad y gobernanza. Entre ellos figuran el Foro Global Central contra el Terrorismo, el Partenariado para la Cooperación Atlántica y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.

Desde la Casa Blanca no se detallaron plazos operativos ni mecanismos específicos de salida, pero el memorándum presidencial establece la directriz política para concretar el retiro de manera progresiva. La medida se inscribe en una visión que prioriza la soberanía nacional y la autonomía de decisión frente a los compromisos multilaterales, un eje que ya había caracterizado la política exterior de Trump en etapas anteriores.

Impacto político e institucional a nivel global

La decisión de abandonar 66 organizaciones internacionales introduce un nuevo factor de tensión en el escenario internacional y plantea interrogantes sobre el rol futuro de Estados Unidos en los ámbitos de coordinación global. En particular, el retiro de organismos vinculados al cambio climático y a la gobernanza internacional puede alterar equilibrios en foros donde Washington históricamente tuvo un peso determinante.

En términos institucionales, la salida de Estados Unidos implica una reducción de aportes financieros, capacidad técnica y liderazgo político en múltiples instancias multilaterales. A la vez, abre espacio para que otros actores internacionales refuercen su influencia en esos organismos.

Desde el plano económico, la redefinición del vínculo con estructuras globales de cooperación podría tener efectos indirectos en áreas como comercio, financiamiento climático y estándares internacionales, en un contexto de reconfiguración de alianzas y prioridades geopolíticas.

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Una jueza peruana de la CPI denunció sanciones de EE.UU. y alertó sobre un ataque al Estado de derecho

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EE.UU. sancionó a una jueza peruana de la Corte Penal Internacional y expuso una tensión inédita sobre la independencia judicial global

Las sanciones económicas y migratorias impuestas por Estados Unidos contra jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) abrieron un conflicto institucional de alto impacto político y jurídico. Entre los afectados se encuentra la magistrada peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza, jueza de la Cámara de Apelaciones del tribunal con sede en La Haya, quien denunció que las medidas le bloquearon cuentas, tarjetas de crédito y transferencias internacionales. El caso reaviva el debate sobre la independencia judicial, la vigencia del Estatuto de Roma y los límites del poder político frente a la justicia penal internacional.

Las sanciones de EE.UU. y el alcance sobre la Corte Penal Internacional

La jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza integra la Corte Penal Internacional desde hace casi ocho años. El tribunal fue creado en 1998 mediante el Estatuto de Roma para juzgar a individuos por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. En 2025, el gobierno de Estados Unidos sancionó a seis jueces y a tres fiscales de la CPI, incluido el fiscal principal Karim Khan.

Según informó el Departamento de Estado, las sanciones responden a la “oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio por la soberanía nacional y la extralimitación judicial ilegítima de la CPI”. Washington sostuvo que la Corte “constituye una amenaza para la seguridad nacional” y la acusó de actuar como un instrumento de “guerra jurídica” contra Estados Unidos y su aliado Israel. Parte de las medidas se anunciaron luego de que la CPI emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes vinculados a Gaza.

En el caso de Ibáñez Carranza, el Departamento de Estado señaló que fue sancionada por “autorizar la investigación de la CPI contra personal estadounidense en Afganistán”. La magistrada explicó que la decisión cuestionada corresponde a 2019, cuando un panel de cinco jueces de la Cámara de Apelaciones habilitó investigaciones por crímenes cometidos en el territorio afgano, sin distinción de autores: talibanes, fuerzas estatales o fuerzas extranjeras.

Las Naciones Unidas condenaron las sanciones como “un ataque contra el Estado de derecho”. La relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió que las medidas buscan influir directamente en el trabajo judicial y equiparan a jueces internacionales con “presuntos terroristas o líderes de cárteles”.

Impacto personal, económico y familiar de las sanciones

Más allá de la dimensión institucional, la jueza peruana describió el impacto concreto de las sanciones en su vida cotidiana. Entre las restricciones figuran la cancelación de visas, el bloqueo de cuentas en dólares en cualquier país, la anulación de tarjetas de crédito y la imposibilidad de utilizar servicios financieros o plataformas vinculadas a empresas con sede en Estados Unidos.

“No puedo ordenar una comida, no puedo tomar un taxi Uber, no puedo enviar dinero a mi país”, relató. Ibáñez Carranza explicó que transfería mensualmente fondos a Perú para el mantenimiento de su vivienda y el pago de servicios básicos, pero que una operación vía Western Union quedó retenida sin explicación. Las sanciones, además, se extienden indirectamente a familiares y personas que intentan asistir a los magistrados afectados. En su caso, su hija vio cancelada una visa sin fundamentos explícitos.

El alcance extraterritorial de las medidas generó tensiones incluso en Europa. Bancos con sede en Países Bajos restringieron inicialmente operaciones de los jueces sancionados, lo que derivó en gestiones ante autoridades holandesas para garantizar el funcionamiento básico de cuentas en euros. “La pregunta era si Europa es realmente un espacio seguro o si sus bancos están subordinados a la política estadounidense”, sostuvo la magistrada.

Ibáñez Carranza acumuló más de 35 años de trayectoria como fiscal en Perú antes de llegar a la CPI, incluyendo causas emblemáticas como la investigación contra Abimael Guzmán, exlíder de Sendero Luminoso, condenado a cadena perpetua en 2005. Desde esa experiencia, afirmó que las sanciones buscan intimidar, pero no condicionarán sus decisiones: “Frente a unos hechos y una evidencia, lo único que puedo aplicar es el derecho y mi conciencia”.

Repercusiones políticas y debate sobre el futuro de la CPI

El conflicto se inscribe en un escenario de presión creciente sobre la Corte Penal Internacional. Además de las sanciones estadounidenses, algunos jueces enfrentan órdenes de arresto emitidas por Rusia, en represalia por decisiones judiciales vinculadas al conflicto en Ucrania. En paralelo, varios Estados se negaron a ejecutar órdenes de arresto de la CPI, y parlamentos nacionales, como el de Venezuela, debatieron proyectos para retirarse del Estatuto de Roma.

Para la magistrada peruana, el objetivo de fondo es debilitar el sistema de justicia internacional y desalentar investigaciones sobre crímenes atroces. “El ataque no es solo contra los jueces, es contra las víctimas”, sostuvo. Recordó que el principio de complementariedad del Estatuto de Roma establece que la CPI actúa solo cuando los Estados no investigan o juzgan adecuadamente, y que la Corte no persigue países sino hechos y responsabilidades individuales.

Lejos de paralizar su actividad, Ibáñez Carranza aseguró que la CPI continuó dictando sentencias relevantes y celebrando audiencias, incluso después de las sanciones. Mencionó decisiones en casos de la República Centroafricana, Sudán y Filipinas. Según su evaluación, las presiones externas produjeron un efecto inverso al buscado: mayor cohesión interna entre los jueces y fiscales del tribunal.

En términos políticos, el episodio plantea interrogantes sobre la gobernanza global, el respeto a la independencia judicial y el equilibrio entre soberanía estatal y justicia internacional. La jueza advirtió que la respuesta de la Unión Europea será clave: no solo en declaraciones de respaldo, sino en medidas prácticas que garanticen condiciones operativas mínimas para el funcionamiento de la Corte.

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