El Gobierno provincial selló un nuevo acuerdo con los gremios docentes que elevará el salario básico a 29.120,77 y el piso de bolsillo a 83.820 pesos.
Después de varios días de negociaciones, este mediodía se cerró un acuerdo con los principales gremios que implica una recomposición salarial que llegará con la liquidación de octubre.
El Salario básico del maestro de grado jornada simple (o su equivalente en horas
catedra) se elevará a 29.120,77 pesos, lo que sube el valor índice a 26,187742 pesos.
En paralelo, se estableció que la garantía salarial para un docente que comenzará en
$83.820 para un docente que recién se inicia.
En el caso de un docente con 1 a 5 años de antigüedad, la base será de 85.470 pesos y de entre seis y nueve años, $87.230. Un docente con más de 10 años de antigüedad tendrá un salario mínimo de bolsillo de $88.990.
Se acordó fijar una reunión para el 3 de noviembre a los efectos de trabajar en una mesa técnica salarial para el análisis y corrección de los diferentes adicionales planteados en la mesa, como analizar para corregir la distorsión de la antigüedad en la pirámide salarial que generan los tramos de los diferentes montos de las garantías salariales y analizar la propuesta de actualización de asignaciones familiares.
El dato destacado del acuerdo con los docentes es que en lo que va del año el salario básico aumentó 64,1 por ciento: estaba en 17.741,77 en enero y ahora subirá a 29.120,77 pesos.
En tanto el salario de bolsillo creció 78 por ciento en el mismo período, por encima de la inflación acumulada en lo que va del año, que para el NEA marcó 68,4 por ciento, lo que equivale a una mejora en el poder adquisitivo. En enero un docente recién ingresado cobraba 48 mil pesos y ahora cobrará 83.820 pesos.
Acuerdo en Empleados de Comercio: se adelanta tramo previsto para enero 2023: +20,5% en agosto, 10% en septiembre y 11% en noviembre. Luego, revisión en enero.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que lidera Armando Cavalieri, acordó junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), adelantar para agosto el 10,5% de recomposición salarial previsto para enero 2023, en función de la aceleración de los precios de estos últimos meses, y también estableció una nueva revisión para comienzo de año.
Cabe recordar que la paritaria de Comercio se extiende de abril de 2022 a marzo de 2023, y que a partir de lo acordado en abril ya se incorporó al salario un 6% de abril, 6% de mayo y 6% de junio, mientras que para agosto estaba previsto un 10% y se añadirá el 10,5% acordado recientemente.
También, en función de lo convenido, se agregará un 10% en septiembre y un 11% en noviembre, con lo cual al cierre del año el salario básico pasará a ser de $139.000 para los afiliados al gremio más numeroso del país.
Respecto a la firma del convenio, que se llevó a cabo en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Armando Cavalieri, secretario general de FAECYS, destacó que “logramos adelantar un tramo de la paritaria previsto para enero contemplando el impacto de la aceleración de los precios, tal como lo hicimos en abril pasado luego de los incrementos de los primeros meses del año”.
El titular de Comercio adelantó que “vamos a abrir una nueva revisión en enero para que trabajadores no pierdan poder adquisitivo e ir acompañando la evolución de los precios”.
Resulta muy interesante el mecanismo utilizado que no requirió de una negociación salarial extraordinaria sino que pudo utilizar la ya realizada y sólo modificarle el cronograma de ejecución. Debe recordarse que Cavalieri es candidato a continuar al frente del gremio FAECYS.
Tras varios días de negociaciones, la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado UTICRA Misiones logró en la jornada de este martes una mejora en las condiciones del acuerdo del 62% de aumento establecido en paritarias nacionales para los trabajadores del sector.
Si bien el aumento se mantiene en el 62% no remunerativo planteado a nivel nacional, desde UTICRA Misiones se negoció que el pago se reduzca a tres tramos, con el cobro del 50% en el primer pago y el 12% restante en los tramos siguientes, permitiendo que el 50% mencionado impacte en el aguinaldo y vacaciones del año en curso.
Se trata de la segunda negociación en el año que lleva adelante con éxito el sindicato que nuclea a los trabajadores de la industria misionera del calzado.
“Nosotros buscamos ese arreglo para que el compañero con categoría más baja supere la canasta básica, ya que esa fue la mayor preocupación para llegar a discutir la mejora. Otro porcentaje no era suficiente para el bienestar de los trabajadores” explicó Gustavo Melgarejo, delegado gremial de UTICRA.
El acuerdo planteado a nivel nacional establecía un 62% de aumento no remunerativo en cuatro tramos con el cobro del 20% en el primer pago. “Esa es la diferencia que logramos, que se cobre en el primer pago el 50% para que impacte en las vacaciones y en el aguinaldo y no el 20% establecido a nivel nacional y que el pago total sea en tres tramos” explicó Gustavo Sanchez también delegado de UTICRA Misiones.
La firma del acuerdo se llevará adelante este miércoles entre las partes y beneficiará a más de 550 trabajadores de la empresa Dass que hoy se encuentra en plena etapa de recuperación con la producción de 14 mil pares de zapatillas diarias.
El Ministerio de Trabajo firmó la resolución que adelanta los incrementos a partir del próximo mes y que le da un valor a la hora de trabajo de $227,70.
A partir del 1 de junio, $45.540 para trabajadores mensualizados y $227.70* el valor de la hora para trabajadores jornalizados. A partir del 1 de agosto, $47.850 para trabajadores mensualizados y $239.30 el valor de la hora para trabajadores jornalizados. Los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo quedan de la siguiente manera: $ 12.650 y $ 21.083, respectivamente, a partir del 1° de Junio de 2022. Y $ 13.292 y $ 22.153, respectivamente, a partir del 1° de Agosto de 2022
Como parte de la actualización del SMVyM, tambien habrá mejoras en los beneficiarios de los programas: Potenciar Trabajo; Acompañar y Seguro de Desempleo
El Gobierno nacional dispuso este martes adelantar la vigencia del aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que pasará a ser a partir del 1 de junio de 45.540 pesos, informaron fuentes oficiales.
Con las nuevas fechas para los tramos de actualización del salario mínimo, los montos serán, a partir del 1 de junio, de 45.540 pesos para trabajadores mensualizados y 227.70 el valor de la hora para trabajadores jornalizados.
A partir del 1 de agosto, en tanto, el salario mínimo será de 47.850 para trabajadores mensualizados y 239.30 el valor de la hora para trabajadores jornalizados.
Así, los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo quedarán en 12.650 pesos y 21.083, respectivamente, a partir del 1° de junio; y 13.292 pesos y 22.153, respectivamente, a partir del 1° de agosto.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, firmó la resolución que adelanta los incrementos pautados, consignó el Gobierno en un comunicado.
Como parte de la actualización del salario mínimo, también habrá mejoras para los beneficiarios de los programas Potenciar Trabajo, Acompañar y Seguro de Desempleo, añadió el Gobierno nacional.
El jueves último, un grupo de diputados del Frente de Todos (FdT) encabezados por Máximo Kirchner había presentado un proyecto de resolución en la misma línea.
Esa iniciativa proponía adelantar a julio la totalidad de los aumentos del SMVM pautados para 2022.
El proyecto solicitaba al Poder Ejecutivo que el incremento del 45% fijado en marzo por el Consejo del Salario se cobrara en agosto y no en enero de 2023.
“La evolución del SMVM es fundamental y actúa como referencia para diferentes instancias de negociación laboral; establece los porcentajes de aumento que actualizan el Seguro de Desempleo, fijan el valor hora para los trabajadores jornalizados; y son tenidos en cuenta para las actualizaciones del programa Potenciar Trabajo y las Becas Progresar“, habían explicados los legisladores de la rama sindical y de los movimientos sociales durante la presentación de la iniciativa.
Por tratarse de un proyecto de resolución, esa iniciativa sólo instaba al Poder Ejecutivo a actuar en ese sentido y no habilitaba a que el tema de fondo pudiera ser tratado en el debate legislativo.
Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) celebró la medida y la inscribió en el “diálogo constante y fluido” con las autoridades del Ministerio de Trabajo.
La medida “se efectiviza en función del constante monitoreo de precios y salarios que llevan adelante la CGT y el Ministerio del Trabajo con el objetivo de mantener actualizados los valores de referencia del salario, que también impactan sobre los montos de las distintas prestaciones sociales como el Potenciar Trabajo, el Programa Acompañar y el Seguro de Desempleo, entre otras”, destacó la central obrera en un comunicado.
“En línea con la convocatoria efectuada en su momento por el Ministerio de Trabajo para que las distintas actividades reabran o adelanten sus paritarias, se adelantan los incrementos del SMVM que estaban pactados para agosto y diciembre respectivamente a los fines de salvaguardar su poder adquisitivo”, remarcó la organización sindical, que conducen Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano.
De esa manera, la CGT manifestó “una vez más que son las paritarias la herramienta para mantener el poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras”.
El FdT presentó un proyecto para establecer un salario básico universal
El texto busca garantizar la protección social de todos los trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos, y “dar una respuesta a la nueva realidad laboral argentina en la post pandemia”.
Diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron este martes un proyecto de ley que impulsa la creación de un Salario Básico Universal (SBU) que proteja a los desempleados, trabajadores de la economía informal y otros sectores de la población de bajos ingresos.
De acuerdo con la iniciativa, el SBU “será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; se encuentren inscriptas en la categoría A del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes o se encuentren inscriptas en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente”.
La iniciativa fue impulsada por los legisladores Itaí Hagman, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Federico Fagioli en un acto realizado en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja que contó con la presencia del jefe de bloque de Diputados del FdT, Germán Martínez, más el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, entre otros dirigentes.
Al presentar el proyecto, Hagman destacó que la iniciativa podría abarcar a unos 9 millones de personas que recibirían un salario universal, al sostener que el proyecto busca “eliminar la indigencia y valorizar las tareas que el mercado laboral no valora”.
Si bien dijo que la iniciativa demandará “un monto significativo” en materia fiscal, “este proyecto no es inviable, se puede discutir cómo financiarlo”, y sostuvo que se trata de una propuesta “complementaria” con el desarrollo del mundo del trabajo.
En tanto, el santafesino Martínez respaldó el proyecto, subrayó que “las propuestas siempre enriquecen el debate” y dijo que la iniciativa va en línea con lo que plantea el presidente Alberto Fernández “sobre la producción y el trabajo”.
“Por más que traten de encasillarnos, somos todos integrantes del FdT: venimos con trayectorias diferentes pero es importante que cada uno pueda hacer su aporte y escucharnos respetuosamente. Bienvenido sea el debate para aspirar a tener una Argentina más inclusiva”, puntualizó el jefe del bloque del FdT.
A su turno, Fagioli, del Frente Patria Grande, aseveró: “No podemos no constituir políticas redistributivas ni tener a 5 millones de argentinos bajo la línea de la pobreza”, al señalar que “es necesario avanzar en políticas concretas como ésta”. Por su parte, el diputado nacional y exministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, dijo acompañar “enfáticamente esta iniciativa” y sostuvo que la situación económica “no se va a acomodar sola, se requieren políticas públicas como estas”, al considerar que “se puede hacer por etapas o bien por zonas”, en referencia al costo fiscal de la iniciativa. Grosso, en tanto, sostuvo que “el salario universal es parte de un plan de lucha que vienen dando los movimientos sociales”. “No podemos mirar para un costado con lo violento que es no tener un plato de comida. ¿Alguien cree que una persona hace dos o tres cuadras de cola en un comedor porque quiere?”, preguntó Zaracho, quien señaló que “no podemos mirar más para un costado” y consideró que “hay que plantear esto desde lo humano”. “Vamos a seguir trabajando para que salga porque a mi no me lo cuentan, lo veo todos los días”, añadió. Al respaldar el proyecto, Grabois sostuvo que “tenemos que buscar un modelo de país donde quepamos todos y todas que es lo que hoy no hay. Estamos dándole racionalidad a una discusión que la gente que dice representar la racionalidad no le da” y afirmó que “todas estas ideas de pasar de los planes al trabajo son un eslogan”. “Lo que hay que hacer es pasar del trabajo sin derechos a trabajo con derechos, del trabajo con ingresos de indigencia a buenos salarios. Porque trabajo hay, lo que no hay es empleo”, enfatizó Grabois al asegurar que “quienes se oponen a esto son algunos que hacen populismo de derecha que dicen cosas que ni ellos creen” y agregó: “Hay algunos del FDT que se oponen pero quiero que me expliquen por qué”. Del encuentro participaron además los diputados nacionales Juan Carlos Alderete, Natalia Souto y Claudia Ormaechea, así como dirigentes de la economía popular como Esteban “Gringo” Castro, Secretario General de la UTEP y Dina Sánchez, Secretaria General Adjunta de la UTEP, así como la senadora Nacional Juliana Di Tullio, la legisladora porteña, Ofelia Fernández; y el Director del Banco Nación, Claudio Lozano.
El objetivo de la iniciativa es, según los fundamentos del proyecto, “dar una respuesta a la nueva realidad laboral argentina post-pandemia a través de la ampliación de la seguridad social y la promoción del empleo”.
La propuesta impulsa la implementación de un Salario Básico Universal (SBU) “como una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos”.
El último informe de coyuntura de la Consultora ABECEB hace foco en la inflación y las paritarias.
¿Fogonazo inflacionario o cambio de régimen? ¿Para qué preparar a la empresa?
Con el acuerdo con el FMI, la Argentina recibió un plus de divisas necesarias para reforzar las menguadas reservas del Central. Como además, comenzaba la etapa de mayor liquidación de exportaciones y el real se estaba apreciando, se instaló una incipiente pax cambiaria que renovó los incentivos para el carry trade. Tomando en cuenta las duras restricciones de nuestra economía, parecía configurarse un escenario razonablemente bueno para desactivar las fuentes de inestabilidad en los frentes fiscal, monetario y de escasez de reservas.
Pero una primera señal de alerta se encendió con las subas de precios internacionales en energía y alimentos por la guerra desatada por Rusia. Pero la novedad más impactante de la quincena es la velocidad con la que la pax cambiaria comenzó a evaporarse.
¿Qué pasó para que la pax cambiaria empezara a derretirse?
La respuesta corta es: pasó de todo en pocos días.
–Malas señales desde la política. Hoy no se sabe cuál es el programa de Guzmán. El Plan Platita 2 y el impuesto a las ganancias no esperadas, apuntan en una dirección mientras la restricción en la emisión monetaria y los aumentos de tasas de interés y las tarifas apuntan en sentido contrario. El promedio entre las críticas de La Cámpora y la condicionalidad del FMI da una contradicción. Esto genera incertidumbre, lo que se refleja en mayor dolarización de los portafolios.
–Golpe inflacionario. El 6.7% de marzo superó las expectativas más pesimistas. Al IPC le siguieron otros índices que confirmaron el desborde: mayoristas fue 6.3% y la línea de pobreza subió un 7%. Esto incide en el consumo y va a potenciar los conflictos y reclamos de transferencias al Estado.
–Paritarias. Cuando las expectativas están muy desancladas y reina la incertidumbre, los sindicatos empiezan a demandar correcciones basadas en la inflación futura y que se incluyan cláusulas de revisión. Comercio firmó por el 60% cuando hasta hoy la inflación acumulada es 55%. Si se generaliza esta tendencia la inflación pasará de alimentarse de la inercia a espiralizarse.
–Noticias poco alentadoras de la economía global. La situación internacional es poco favorable para la Argentina: (a) Se depreciaron las monedas emergentes, incluyendo el yuan y el real. Sólo en abril el tipo de cambio medido en reales se apreció 3.3%. El tipo de cambio real multilateral que mide el Central está sólo 7% por encima de abril de 2018, momento previo al sudden stop y la crisis. (b) si bien los precios de las commodities siguen entonados por la guerra, la apreciación del dólar se correlaciona negativamente con esos precios, lo que abre interrogantes a futuro; (c) el viraje hacia una posición mucho más hawkish de la FED, acompañado de un incipiente flight to quality, desincentiva los flujos de capital a emergentes y la IED y la demanda por nuestros bonos se deprimen, aumentando el riesgo país; (d) la inflación cercana a dos dígitos en EEUU junto con el aumento de energía y alimentos no sólo implica importar impulsos inflacionarios; también aumenta la probabilidad de que la FED termine generando presiones recesivas globales.
–Señales fiscales distorsionantes. El gobierno dio dos señales fiscales que van a erosionar el acuerdo con el FMI. Primero, lanzó un Plan Platita 2 para jubilaciones y trabajadores no formales que presiona sobre el déficit primario. El costo se estima en 0.3/0.4% del PBI. Segundo, incluyó un ítem de validez dudosa como ingreso fiscal que genera dudas sobre la aprobación de la meta fiscal por parte del FMI en la primera revisión de mayo. El FMI no se está mostrando proclive a rever las metas.
–Cambio de reglas de juego. Guzmán anunció el impuesto a las “ganancias inesperadas” y el Banco Central le dio una vuelta de tuerca más al cepo. El nuevo impuesto contribuiría a financiar el Plan Platita 2 pero, sobre todo, es funcional para mostrar sintonía con el kirchnerismo. El ajuste del cepo es consecuencia de que el Central no logra acumular reservas. Esto anticipa un segundo semestre complicado, una vez pasada la temporada de liquidaciones. Los cambios en las reglas son letales para la confianza y, por ende, la inversión y el empleo.
¿La inflación de marzo fue un fogonazo producto de un desvío pasajero o anticipa un cambio de régimen inflacionario?
Esta cuestión es esencial para evaluar qué puede pasar en el entorno de los negocios. El punto se puede discutir en base a dos escenarios.
Escenario 1 El desmadre de la inflación en marzo es transitorio y se producirá una desaceleración gradual en el marco del programa del FMI, con la brecha estabilizada. Las condiciones mínimas necesarias para que esto ocurra no están dadas, por lo que serían necesarias iniciativas muy concretas para atenerse a lo acordado con el FMI. Específicamente:
-La devaluación debería ser más rápida para adaptarse a la regla del crawling peg que está implícita en el compromiso con el Fondo de mantener la competitividad del tipo de cambio real y cumplir con la meta de reservas. Obstáculo: una mayor devaluación aceleraría la inflación. Para controlarlo, habría que subir fuerte las tasas de interés, lo que es recesivo y acelera el crecimiento de la deuda pública y del Central.
-Sería necesario definir un ancla creíble para los precios, para guiar las expectativas privadas. Sin embargo, además de la meta monetaria del FMI y el manejo de las tasas de interés, sería vital alinear las negociaciones paritarias con una inflación descendente. Obstáculo: ya se están negociando paritarias al 60%.
–Cumplir con la meta presupuestaria de 2,5% por dos razones. Primero, evitar la dominancia fiscal que es la que genera el exceso de emisión. Segundo, mantener un mínimo control sobre las colocaciones de deuda doméstica que, al ser mayormente indexada y a corto plazo, es inestable y desplaza al sector privado.
–Obstáculo: Es exactamente opuesto a lo que promueve el kirchnerismo duro. Una cuota de suerte en cuanto a la evolución de la economía global y regional es indispensable. Sería bueno que la depreciación en emergentes represente el nuevo equilibrio y el dólar no se siga apreciando.
En este escenario, las firmas deben prepararse para un período recesivo, con altas tasas de interés y crédito escaso. Podría haber un lapso en que los salarios negociados en paritarias queden desacomodados (hacia arriba) si la inflación cede. Como la brecha no debería subir, seguiría siendo conveniente colocarse en activos indexados. Como este escenario requiere la confianza como insumo, deberían amortiguarse los enfrentamientos en el Frente de Todos. Difícil, pero si se diera se abrirían oportunidades rentables de inversión en varios sectores.
Escenario 2 La dinámica de marzo se perpetúa y la inflación pasa a moverse en el entorno del 5% al 6%. Como las paritarias ya están incorporando la inflación futura, el fogonazo inflacionario de marzo podría ser el comienzo de un cambio de régimen inflacionario.
En este escenario, la economía pasa a un régimen de alta inflación con tres características: (a) tasas de inflación que difícilmente bajaban de 100% anual (5.9% mensual) con propensión a los fogonazos inflacionarios; (b) acortamiento de contratos financieros con dolarización; (c) indexación de contratos de trabajo.
En este escenario, las firmas deberían acostumbrarse a la indexación de los contratos –no sólo de salarios– en el marco de una economía estancada con altas tasas de interés y crédito escaso y de maduración rápida. El dólar seguiría siendo considerado un instrumento muy útil de cobertura contra el riesgo macroeconómico. Las oportunidades de negocios serían puntuales y escasas.
Como el escenario 2 es políticamente disruptivo y la confianza que se necesita para el escenario 1 es difícil que Guzmán la consiga, no sorprende que la pax cambiaria se haya fragilizado. Probablemente la Argentina pueda esquivar la mutación hacia un régimen de alta inflación, pero sin implementar las políticas de estabilización necesarias. El resultado sería un gobierno que administra desequilibrios hasta el recambio de 2023.
Las paritarias: negociaciones cada vez más breves, adelantos y múltiples cuotas
La acelerada inflación generó un clima de negociación intensiva en materia de paritarias. Con la intención de sostener el poder de compra de los salarios formales, las autoridades propusieron a principios de año una pauta del 45% (así cerraron UOM, Aceiteros y ladrilleros). No obstante, el fogonazo de los últimos dos meses dio por tierra la vigencia de esos acuerdos.
La forma que están tomando las negociaciones en este contexto tiene altos riesgos: más cuotas, tiempos cada vez más cortos y cláusulas de revisión prácticamente continuas. Además, el aval de adelantamiento de las renegociaciones por medio de la Resolución 388/2022 implica, en la práctica, un debilitamiento del poder del acuerdo como forma de dar un mínimo horizonte de previsibilidad: para el trabajador y para la empresa. En detalle, identificamos tres características de los acuerdos salariales a monitorear:
1 La pauta inicial del 45% para la paritaria 2022 caducó demasiado rápido. UOM, Aceiteros, Obras Sanitarias, Docentes y Ladrilleros se unieron bajo diversos mecanismos a esta cláusula testigo. Todos fueron habilitados por el gobierno a retomar las conversaciones. La UOM de Furlán ya solicitó en su primera asamblea la reapertura de la negociación reclamando subirla al 60%.
2 Los acuerdos adoptan un perfil cada vez más corto que atenta contra la certidumbre. Los trabajadores navales acordaron por 6 meses, mientras los trabajadores de la carne, pesqueros y trabajadores del seguro acordaron por 9. A ello se suma en la mayoría de los casos una cláusula de ajuste por inflación que torna a las negociaciones prácticamente continuas e inestables. La UOCRA reclama una paritaria trimestral. Camioneros, se sumó vía un adelantamiento a la definición de acuerdos por 6 meses.
3 Más cuotas, menos certidumbre de costos, más inflación. Comercio incluyó 7 tramos de aumento, todos por encima del 4,5% mensual, incrementando la inercia por suba de costos y un impacto no neutral al momento de definir la estrategia de precios de las empresas. Con más de un aumento cada dos meses, la tensión se incrementa al momento de fijar los precios en un sector estrechamente ligado al consumo.
Las negociaciones salariales evidencian la ausencia de una brújula y la forma que están adoptando incrementa la incertidumbre nominal de mediano plazo. Los reclamos pasaron del 45% a ubicarse cómodamente en un piso del 60% (hasta que aguante la inflación): este es el reclamo de bancarios y de camioneros.
Las Pymes ya elevaron la voz, indicando que no cuentan con la espalda para afrontar estos compromisos. En las grandes, algunas podrán trasladar a precios, otras elegirán entre mayor producción o mayores costos. En todos los casos, una negociación salarial desanclada posiblemente implique mayor informalidad, baja producción y menor contratación.
Si bien los salarios de los trabajadores del sector privado registrado hoy tienen un poder de compra 10% menor a 2017, continúan siendo aquellos mejor posicionados para cubrirse de la inflación. Los independientes y aquellos del sector público se sitúan más de 20 puntos por debajo, mientras que los informales tienen un rezago de más del 30%. Por su parte, la condición de ocupado está hoy lejos de garantizar la ausencia de vulnerabilidad: 16% de los trabajadores formales son pobres, 47% de los informales y 44% de los trabajadores por cuenta propia.
