Passalacqua

La negación como estrategia

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¿Qué trajo la desubicada esta?, preguntó, sonriente, Mauricio Macri en medio de los aplausos del final.

“Es de Misiones. Yerba”. Contestó Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados sin saber que el micrófono estaba prendido.  

Sobre el final, un pequeño desliz durante la Asamblea Legislativa, se convirtió en un dato político. La desubicada es la diputada misionera Cristina Britez y lo que le entregó al Presidente fue un paquete de medio kilo de yerba, como el que afuera regalaban los productores misioneros para hacer visible su protesta por los bajos precios que reciben.

Macri no pareció estar enterado del reclamo y exhibió el paquete como un trofeo para las fotos. No era un regalo. Era una señal de protesta.  Pero el discurso estuvo blindado a cualquier mención de reclamos o alertas por los daños colaterales de un modelo económico que fue ratificado insistentemente.

El Presidente volvió a usar la retórica electoral para sostener sus acciones de Gobierno. Puso en evidencia que en las urnas se pone en juego la continuidad del cambio o el regreso del pasado. Es él o Cristina. Una polarización sin matices y que en esa lectura, no admite jugadores intermedios.

El problema es que se trató ya del segundo discurso ante la Asamblea –el tercero sumando el día de su asunción- y todavía no pudo exhibir señales de un cambio positivo. La mayoría de los indicadores sociales y económicos retrocedieron sensiblemente, en forma inversamente proporcional a los “errores” del Gobierno.  Abundaron, sin embargo, las menciones optimistas. A futuro. En potencial. Ya vamos a llegar.

Menciones de datos sueltos para graficar un todo que no es –nunca lo es- lineal. “Con las obras que hicimos en el aeropuerto de Tucumán la exportación de arándanos creció un 58 por ciento”, leyó, exultante, el Presidente. El l Comité Argentino de Arándanos puso un poco de claridad.  Ese 58 por ciento no es representativo de lo que sucede en el sector. Entre 2015 y 2016 hubo un incremento del 15 por ciento en los volúmenes exportados, pero fue el peor año del producto por los precios en destino y la disparada de los costos de producción.

En realidad, aunque fue una promesa de campaña, no hay economía regional a la que le esté yendo particularmente bien. La combinación de dólar bajo y suba de tarifas ha socavado la posibilidad de competir en el exterior y el consumo interno sigue estando en terapia intensiva, aunque en febrero haya mostrado que mantiene signos vitales. La recaudación del IVA creció por encima de la inflación.

La economía regional misionera, por caso, está en problemas. La yerba mate padece de bajos precios y caída del consumo. La forestoindustria no puede exportar y teme el impacto de una mayor apertura de las importaciones.

En Corrientes, una textil adelanta las vacaciones de enero de 2018 y ya advirtió a sus empleados que no habrá aumentos de salarios. Congelados. La Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires (Feciba), en base a datos oficiales, se perdieron en el sector un total de 151.433 puesto de trabajo durante el primer bimestre de este año.

Mientras el país no puede exportar, crece el déficit de balanza comercial por los productos que ingresan de otros países. Como sostiene el ministro de Producción Francisco Cabrera, no se trata de una “avalancha” de importados. Pero la balanza está muy inclinada.

La dinámica del comercio bilateral confirmó las dos tendencias claras de los últimos meses: un aumento interanual en el comercio bilateral, con incrementos tanto de las exportaciones como de las importaciones, y un creciente déficit bilateral.

Así, el comercio bilateral sumó USD 1.908 millones, un 12,8% más que durante el mismo mes del año pasado y el mayor registro para un mes de febrero desde Feb-2014. De esta manera, el comercio bilateral marcó el cuarto mes consecutivo de aumentos interanuales, con el agregado de que el alza se dio tanto en las exportaciones argentinas a Brasil como en las importaciones de Argentina desde Brasil.

Por su parte, las importaciones argentinas desde Brasil crecieron 18,3% durante febrero con respecto al mismo mes de 2016, alcanzando un valor de compras de USD 1.271 millones. En base a estos resultados, el saldo comercial volvió a reflejar un aumento del déficit bilateral, alcanzando USD 634 millones en el mes; el mayor déficit en un mes de febrero desde Feb-2012 

Macri y su equipo económico tienen para celebrar sí una caída en el ritmo de la inflación. Pero esa meta, que este año es aún más ambiciosa, choca con las propias acciones del Gobierno. Los tarifazos conspiran contra los precios bajos y la apuesta al consumo en un año electoral, empujará los precios hacia arriba. Una encrucijada difícil de resolver.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, mira el vaso medio lleno y asegura que la recesión ha terminado. “Hay que tener una mirada amplia sobre la competitividad y, en ese contexto, la foto que tenemos hoy es mucho mejor que la que teníamos hace un año y medio atrás”, señaló desde Mendoza. Pero al mismo tiempo prometió un mayor ajuste en las cuentas públicas como herramienta para bajar la inflación. “Ustedes saben que las provincias están alcanzadas por una ley de responsabilidad fiscal que fue sancionada hace muchísimos años, estaba suspendida y cobró vigencia de nuevo en el presupuesto del año 2017, pero es una ley  que a nosotros no nos deja conforme porque tiene techos al crecimiento del gasto demasiado elevados y permite que el gasto vaya con el PBI nominal, con lo cual no baja nunca en términos de producto y entonces no se pueden bajar impuestos, no se puede bajar la presión impositiva”, sostuvo.

Además, agregó que están trabajando en el Consejo de Responsabilidad Fiscal junto con el Ministerio del Interior, Rogelio Frigerio, y los ministros de Hacienda provinciales para adaptar esa ley a criterios más restrictivos en los cuales el gasto corriente pueda mantenerse en términos reales; y crecer el gasto de capital. 

Por eso se entiende el choque con los gremios estatales que reclaman subas salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo del año pasado, cuando la inflación fue superior al 40 por ciento. El Gobierno se ajusta a una pauta inflacionaria para este año, estimada en 17 por ciento, pero de muy difícil cumplimiento según la mirada de analistas privados y de diverso color político.

“No obstante, la “sensación térmica” de la reactivación puede no coincidir con los datos objetivos, debido a que este rebote convive con los cambios estructurales que intenta el gobierno, por los cuales se retiran subsidios de las tarifas, se sincera el costo del dinero y se admite algo más de competencia en los mercados. El problema está en que, sin esos “ruidos” que alteran el corto plazo, quedaría trunca la transición hacia un crecimiento sustentable más adelante”, asegura Jorge Vasconcelos, uno de los economistas estrella de la Fundación Mediterránea a la que no se puede acusar de opositora y que incluso ha colocado a varios de sus hombres en las filas del Gobierno.

Ajuste con necesidades electorales. Un contraste a la vista. Por eso, la apelación de nosotros o el pasado, no es casual.

Es el llamado al núcleo duro de los simpatizantes del Gobierno a sostener el rumbo. Es la convocatoria a “voluntarios” para que cubran las vacantes de los docentes en huelga. Es la demonización de los dirigentes que convocan al paro desde la CGT.

Sin embargo, el tiempo de romance parece haberse terminado. El propio Presidente tocó la campana de largada del tiempo político electoral. Los aliados circunstanciales comienzan a ver ahora sus propias necesidades y advierten que seguir siendo laderos puede generar daños permanentes en sus propias ambiciones.

Las elecciones ya están a la vuelta de la esquina. El conflicto no es buen compañero para el último tramo hacia las urnas.

Macri parece no poder evitar el choque con docentes y la CGT. En las provincias, los gobernadores buscan desactivar conflictos antes de que estallen.

El mandatario de San Luis, Alberto Rodríguez Saá rompió el esquema con aumentos salariales que van del 40 al 60 por ciento de acuerdo a las categorías. Lo hace para diferenciarse, pero también porque puede. Es una provincia relativamente chica con buena coparticipación y regalías por la minería. Cuenta con recursos suficientes y evidentemente, una buena administración.

En Misiones, la oferta salarial está adecuada al contexto. Pese a ser una de las provincias menos beneficiadas en el reparto de coparticipación, el Gobierno acordó una suba salarial del 18 por ciento en blanco –al básico y con adicionales remunerativos-. Los principales gremios aceptaron la oferta y con los docentes, el jueves seguirán las negociaciones, atadas a lo que suceda en el ámbito nacional.

En Misiones la mesa paritaria sigue abierta con el compromiso de revisar los acuerdos en noviembre, dependiendo de lo que suceda con la inflación.

De este modo, aunque todavía quedan algunos gremios por formalizar, la masa salarial del Estado aumentará en más de 150 millones de pesos por mes. El incremento a los docentes significará una erogación mensual de más de 66 millones de pesos más, mientras que el resto de los estatales demandará otros 85 millones de pesos.

Hay responsabilidad en la oferta y en la actitud de los gremialistas. La buena salud de las cuentas públicas es primordial para preservar la economía y la acción del Estado.

Cuando la desmesura se apodera del Estado, las consecuencias son peligrosas. El paro de los municipales de Posadas es un dato de esa realidad. Los sindicalistas arrancaron con un pedido de aumento del 60 por ciento y obviamente rechazaron la oferta del 15 por ciento. La basura se acumuló por varias horas en la ciudad, con olores nauseabundos y la negativa del sindicato a negociar.

La demanda salarial puede ser legítima. Pero debe tener en cuenta el escenario. Posadas es la capital de Provincia con menos coparticipación por habitante del país. En general, en el resto de las ciudades la coparticipación forma parte del 60 por ciento de los ingresos del municipio. En la capital misionera es solamente del 35 por ciento.

Las cuentas de la Municipalidad de Posadas están agotadas, por una combinación de recesión y asimetrías con Paraguay. El presupuesto está casi destinado a pagar sueldos y el Concejo Deliberante demanda una enorme e injustificada cantidad de recursos. El promedio del gasto en el Concejo Deliberante en cualquier ciudad de Argentina es de aproximadamente el  3 por ciento.

“Acá en Posadas este cuerpo le demanda al municipio un 27 por ciento, es decir, está casi diez veces por encima del promedio de todo el país. Para que tomen dimensión de lo que hablo, este Concejo gasta más que los de Corrientes, Paraná y Santa Fe juntos, con una población inferior”, reveló el intendente Joaquín Losada en la apertura de sesiones del Concejo.

Entre el 2015 y el 2016, el legislativo incrementó sus gastos en un 50 por ciento mientras que el municipio, con los servicios que brinda, lo hizo en un 22 por ciento. Del presupuesto total de la ciudad  un 80 por ciento  está destinado a salarios, y el Concejo gasta un tercio del total de dicha masa salarial. Está claro que si no se corrige esta situación, cualquier demanda salarial será inviable.  Si no hay reactivación económica, no habrá recurso que alcance. Pero cuando lo haya, habrá que pensar con racionalidad.

La premisa del Gobierno sigue siendo fortalecer el misionerismo. El gobernador Hugo Passalacqua dio una señal clara en medio del conflicto yerbatero por los bajos precios. Tomó la idea del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, y sugirió que el precio de la hoja verde sea fijado en 50 centavos de dólar. No es apenas elevar el precio, como reclaman los productores, sino generar un enorme efecto derrame en la economía de Misiones. Si se toman los kilos de cosecha a diciembre del año pasado, los productores podrían recibir en forma directa 1.959 millones de pesos más, pasando de 3.607.063.036,2 pesos a  5.566.193.351,94  pesos.

Claro, no es la solución definitiva para la problemática yerbatera, que necesita reformas de fondo en las que debe incidir mucho más fuerte la opinión de los misioneros, donde se produce el 90 por ciento de la yerba mate de la Argentina. Pero un volumen de dinero semejante, aparejado a la pulseada por recibir mayores recursos de coparticipación, pueden tener un enorme efecto dinamizador en la economía de Misiones.

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Yerba a 50 centavos de dólar: los ingresos de los productores aumentarían en dos mil millones de pesos

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El gobernador Hugo Passalacqua sentó posición con claridad en medio del conflicto yerbatero. “Ratificamos una vez más nuestra postura de defender la producción y sobre todo, al pequeño productor”, dijo después de una reunión del gabinete económico. Después, abundó: retomó una idea expuesta el año pasado por el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, y sugirió que el precio de la materia prima debe valer 50 centavos de dólar, algo así como 7,50 pesos, bastante alejado de los 5,10 pesos que los productores no logran cobrar actualmente.

Al margen de las discusiones sobre las responsabilidades en el incumplimiento de los precios, desde hace un tiempo se observa una pérdida del poder adquisitivo de los productores que va más allá de poder cobrar lo pactado.

Al observar la evolución del precio de la hoja verde puesta en secadero según los diferentes incrementos efectuados, ya sea mediante el laudo nacional (gran parte de los casos) o por resolución del directorio del INYM, el precio de diciembre del 2014 al mes de enero de 2017, se incrementó nominalmente en un 29,11 por ciento pasando la tonelada de 3.950 pesos a  5.100 pesos (a partir de octubre de 2016). Ese aumento está claramente por debajo de la inflación observada mediante mismo lapso temporal (+75 %), por lo que el pequeño productor tuvo una caída en su ingreso real por kilogramo de cosecha de alredor del 26,23 por ciento.

La propuesta del Gobernador, que gira en torno claramente del lado del productor, por su visión integradora y a fin de mejorar la actual distribución del ingreso en la economía yerbatera, sugiere que el precio de la hoja verde pase a estar $ 7,87, que corresponde al 0,5 u$s por dólar, representando así, un incremento del 54 % de la hoja puesta en secadero.

La iniciativa del Gobierno provincial en relación a la potencial determinación del laudo nacional, implicará en primer lugar, una recuperación del poder adquisitivo perdido por los pequeños productores, y en segundo lugar, al determinarse en función al dólar, el mismo quedará atado a la variación de la cotización del dólar que favorecerá su rentabilidad.

Asimismo, dicha propuesta tiene como eje la distribución del ingreso, concentrada gran parte en los intermediarios (cadenas de supermercados, entre otros), partiendo de que la producción de la yerba mate (hoja verde), es principalmente realizada por pequeños productores, que son propietarios de tierras menores a 20 hectáreas, y que conforme a los datos del INYM los mismos ascienden a 16.842 productores representando el 90,47 por ciento del total (18.615 productores) y que a su vez tienen una participación del 54,43 por ciento del total de hectáreas cultivadas.

De concretarse el aumento, con el mismo ingreso de hoja verde a los establecimientos de Misiones, según las declaraciones juradas de los operadores ante el INYM del 2016, que alcanzó a los 707.267.262 kilogramos, el ingreso provincial (por medio de los productores) se incrementaría en 1.959.130.315,74 (+54 por ciento), pasando de 3.607.063.036,2 pesos (si se mantuviera el precio de 5,1 pesos) a 5.566.193.351,94 pesos (teniendo en cuenta el 50 por ciento del dólar vigente a la fecha 15,72 pesos).



 

Se puede observar en el gráfico precedente, que la evolución del precio de la hoja verde puesta en secadero, estuvo por debajo de la variación de los precios y de la variación del tipo de cambio (cotización del dólar), siendo esta última superior a los demás, particularmente después del salto que se dio tras el levantamiento del cepo cambiario en diciembre/15, por lo que, si el precio de la hoja verde hubiera estado en función al dólar desde dic/14, los productores hubieran tenido un incremento del poder adquisitivo del 6 % en tal horizonte.
 

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Gobierno de Misiones dará aumento de 18% a estatales

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El Gobierno provincial dará un aumento del 18 por ciento a los empleados estatales en dos tramos. En marzo recibirán 13 por ciento y en mayo el otro tramo. El incremento será en blanco y con adicionales remunerativos.

 

El secretario de Hacienda, Adolfo Safrán, junto a los gremialistas de la Unión del Personal Civil de la Nación, delegación Misiones, brindaron una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles del acuerdo.

Safrán indicó que se trata de un “piso” y no de un techo, ya que las negociaciones paritarias siguen abiertas y se dispuso una cláusula gatillo si la inflación se dispara por encima de las previsiones del Gobierno nacional.

El aumento se distribuirá en dos tramos: el 13 por ciento se recibirá con el sueldo de marzo y otro cinco en mayo. Será una parte al básico y el resto en adicionales remunerativos, es decir que no hay tramos en negro.  En abril además se revisará el régimen de asignaciones familiares para todos los estatales.

La discusión seguirá abierta y se revisarán las pautas, posiblemente después de las elecciones y atendiendo al ritmo que tenga la inflación. El aumento supera en un punto la inflación estimada por el Gobierno, aunque las proyecciones indican que todavía no hay indicios de que vaya a cumplirse esa meta.

Con UPCN también se acordó la recategorización y pase a planta de los trabajadores de mayor antigüedad, para “darle certeza y tranquilidad” al empleado público, indicó Safrán. “La decisión del gobernador Hugo Passalacqua es cuidar el trabajo. Por eso no hubo despidos ni rescisiones y, por el contrario, estamos sumando a los más antiguos para darles la tranquilidad que se merecen”, explicó.

José “Polilla” Giménez, secretario general de la UPCN, destacó el diálogo abierto con el Gobierno en “momentos complejos” para el trabajador por la suba de precios disparada por la inflación derivada de las medidas económicas nacionales.

 

“Es el piso de la discusión y lo adelantamos a marzo”, reiteró Safrán, en alusión a que el aumento llegará con el salario de este mes, cuando tradicionalmente, la pauta salarial se fijaba en mayo, después del discurso del Gobernador en la Legislatura. Así, el salario mínimo de bolsillo de un empleado estatal estará por encima de los ocho mil pesos, aunque se está estudiando una suba en ese piso.

 

 

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Passalacqua reunió a su gabinete para analizar la situación yerbatera

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El gobernador Hugo Passalacqua reunió a su gabinete económico para analizar la situación de la yerba mate, que atraviesa una crisis que se traducirá en una protesta en Buenos Aires por la falta de cumplimiento de los precios fijados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate.

El encuentro con los ministros del área económica, social y política, se realizó en Casa de Gobierno, horas antes de una nueva reunión del INYM, que este miércoles hará una nueva sesión para definir el precio de la materia prima. La discusión en el ente yerbatero se anticipa ardua, ya que los productores pedirán como mínimo 6,10 pesos por el kilo de hoja verde, lejos de lo que están dispuestos a pagar los industriales, que hoy mismo no cumplen con los 5,10 pesos vigentes. Por eso, se anticipa que será nuevamente la Nación la que defina el precio del producto, en medio de una dura pulseada con productores y tareferos que están llevando la protesta al centro de la plaza de Mayo, donde entre el jueves y viernes repartirán 30 mil paquetes de yerba como forma de visibilizar la situación que están padeciendo.

En la reunión de Gabinete, Passalacqua ratificó que la postura del Gobierno es “defender la producción y sobre todo al pequeño productor”.

“La yerba mate es parte de nuestra historia. Es mucho más que una infusión, nos identifica como misioneros”, dijo Passalacqua en la reunión de la que participaron el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, el del Agro, José Luis Garay, el de Gobierno, Marcelo Pérez, el jefe de Gabinete, Adolfo Pischik y el titular de la cartera de Desarrollo Social, Lisandro Benmaor. También estuvo el subsecretario de Gobierno, Ricardo Wellbach, quien encabezó las negociaciones con los tareferos que protestaban la semana pasada en Posadas y el presidente del IFAI, Ricardo Maciel.

En el Gobierno entienden que la solución a la problemática yerbatera está en manos hoy del INYM, pero de todos modos, toda acción que sea necesaria, se tomará en beneficio de los pequeños productores y los tareferos, el eslabón más débil de la cadena productiva.

El Gobierno respalda una suba del precio de la materia prima para mejorar la situación económica de los productores y generar también un impacto en la economía local. En paralelo, el ministro del Agro, José Luis Garay, logró el compromiso de la Nación para impulsar definitivamente el Centro de Transacciones de la Yerba Mate, que servirá para dar mayor transparencia a las operaciones y garantizar que los productores cobren el precio oficial.

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Un mate amargo

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El rey Felipe VI estiró su mano y lo saludó, escuchando atentamente las palabras de Mauricio Macri: “Él es un representante del campo argentino”. Fue al único al que dispensó un trato familiar en medio de la fanfarria real.

Después, ya en la cena oficial, el representante del campo se mostró como uno más. Con un elegante frac se inclinó ante su majestad, heredero de aquel Rey ante quien se declaró la Independencia en 1816. El Momo Venegas, representante del campo y ya no de sus trabajadores, no se quedó corto en la admiración: “Argentina tiene muchas cosas que España necesita, y España es un país del cual debemos aprender. No tengo duda que este encuentro será muy bueno”, aseguró el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

Lejos del glamour real, en Misiones, los tareferos tomaban a la fuerza la sede de la Uatre local y pedían la cabeza de su delegado por quien no se sienten representados. Venegas, tal como fue presentado por Macri ante el Rey, se pasea como representante del campo, pero está cada vez más alejado de las penas de sus trabajadores y dentro de un esquema en el cuál el libre mercado es el gran ordenador, aunque quede gente afuera.

La pelea de la yerba mate expresa muy bien la cadena económica y qué sucede cuando el Estado mira hacia un costado. La ley de Adam Smith no equilibra a los actores, sino que profundiza la fragilidad de los peones cuando el “mercado” decide que el precio de la materia prima debe echarse abajo porque hay una sobreoferta de materia prima.

Venegas se codea con la realeza, alejado de los avatares de sus representados. Forma parte de un ensamble ideológico que desprecia el rol del Estado y que, en buena parte, desconoce la realidad de las distintas economías regionales. Por eso no sorprendió demasiado cuando el ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile deslizó que la protesta que desde hace varios días llevan adelante productores y tareferos, tiene motivaciones políticas. “Acá hay responsabilidades y queremos escuchar qué van a hacer las provincias y cuánto tiene que ver con la realidad y cuánto tiene que ver con un año electoral”, destacó Buryaile.

El ministro se despegó del problema al advertir que Nación tiene solo “un integrante” en el directorio del INYM, por lo que poco puede hacer para cambiar la realidad yerbatera.

Parece desconocer el ministro cuánto puede hacer por la yerba mate. Es Agricultura, ante la falla de origen del INYM, la que define el precio.  Es Nación la que puede dar transparencia al mercado con los controles de AFIP, Trabajo, Renatre o el aval tardío al Centro de Transacciones, impulsado por Misiones. Después, en una reunión de más de tres horas con el ministro del Agro de Misiones, José Luis Garay, se mostró más comprensivo.

Buryaile ni Macri son pioneros en esto de mirar con desdén la situación de los productores. El secretario de Comercio de Cristina, Guillermo Moreno, siempre elegía definir a la baja el precio de la yerba y se burlaba de las patas sucias de los colonos misioneros.

Sin embargo, es el Estado el que puede inclinar la balanza. Lo fue siempre.  Temprano, en 1935 se conformó la Comisión Reguladora de la Yerba Mate con poderes para prohibir plantaciones y establecer cupos de cosecha. Un año después se creó el Mercado Consignatario para garantizar un precio mínimo. El Estado buscó mantener siempre un delicado equilibrio en la distribución de la renta agraria, exceptuando la dictadura cívico militar que persiguió, encarceló y asesinó a los dirigentes chacreros. Fue así hasta 1991, cuando Domingo Cavallo, durante el menemato, desreguló el mercado. La concentración de la renta en un puñado de empresas, fue inmediata, al mismo tiempo que los productores se sumían en la pobreza y eran empujados a malvender sus chacras provocando un interminable éxodo rural. Según cita el actual rector de la Universidad Nacional de Misiones, Javier Gortari, en 1998, ocho empresas concentraban el 70 por ciento de la renta y las tres primeras, acaparaban el 50. Los hipermercados hicieron –hacen- el resto en la feroz competencia por vender a precio de oferta lo que cuesta más caro producir.

El tractorazo de 2001 obligó al Estado a volver a inmiscuirse en la distribución de la renta, cuando la hoja verde de yerba valía 0,20 centavos  el kilo. Pero fue a instancias del Gobierno de Misiones y no de la Nación, ocupada por ese entonces en su propia crisis de gobernabilidad.

La Secretaría de Agricultura de la Nación y los tecnócratas de la fundación Mediterránea alentaban como solución la erradicación de 60 mil hectáreas de yerbales degradados para reducir la oferta.

El INYM surgió como herramienta para equilibrar la cadena productiva y fijar los precios. Pero salvo en las primeras oportunidades, cuando cualquier aumento era una fortuna en comparación, nunca cumplió cabalmente su cometido. Generalmente no hubo acuerdo y cuando si, los precios fueron fijados a la baja. Fue siempre el Gobierno provincial el que bregó por aumentar los precios de la materia prima no solo por la rentabilidad del productor, sino por el inmediato derrame en la economía. Ese es un elemento determinante para Misiones. Aunque en volumen la producción de pasta celulósica tiene un valor económico mucho mayor, las ganancias están concentradas en un puñado de firmas. Las de la yerba, se distribuyen a lo largo y ancho de la provincia.

Lo admiten incluso los representantes del sector industrial: no se trata únicamente de un problema de oferta y demanda, sino que también hay un problema de consumo. Y el año pasado cayó. Entonces, más allá del control de la inflación, interés que compartían kirchneristas y macristas, una nueva suba del producto en góndola podría generar mayor retracción. ¿Excusa perfecta para no hacer nada? Es allí cuando debe intervenir el Estado. Ese rol, en los últimos años lo ocupó el Gobierno provincial, mientras que la Nación buscó siempre achatar los valores para que no haya impacto en las góndolas de los supermercados porteños.

La Renovación, antes aliada al kirchnerismo, supo enfrentársele para reclamar subas mayores a las autorizadas.

Fue el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, el que marcó un nuevo piso a la discusión de precios. Consideró que la hoja verde debe valer, como mínimo, 50 centavos de dólar, esto es, a valores de hoy, unos ocho pesos, tres pesos y monedas más de lo que está fijado ahora como precio oficial y no se cumple. Por supuesto, eso estiraría los valores hacia arriba, pero el beneficio sería enorme para productores e incluso el sector industrial.

No son pocos los que advierten que el mercado yerbatero debe definirse y regularse en Misiones, como provincia productora por excelencia.

Quienes hoy están en el Gobierno nacional, fueron durante la última década, oposición, aunque el radicalismo estuvo en los orígenes del INYM, como partido principal de la Alianza que encumbró al fugaz Fernando De la Rúa. El radicalismo –Buryaile es radical y el presidente del INYM, Juan Ré, es un radical apadrinado por Ricardo Barrios Arrechea- se jactó siempre de tener la receta para solucionar la problemática yerbatera. Ahora, nuevamente en el Gobierno como socio menor de Cambiemos, no atina a dar respuestas concretas ni se anima a cuestionar a intermediarios y sector industrial que incumplen los precios fijados por el organismo valiéndose de la ley más poderosa, la del mercado.

La Provincia es la que impulsa un Centro de Transacciones para dar transparencia a la cadena y el aval de Buryaile demuestra que el INYM no está cumpliendo con su rol. Es el Gobierno provincial el que logró descomprimir la protesta de productores y tareferos con recursos propios para mejorar la situación social a la espera de que el INYM tome alguna decisión de fondo.

Claro que la protesta es política. Como debe ser la respuesta. Aunque esa respuesta se da de bruces con el rumbo elegido por la Nación, de “transparentar” los mercados a través de subas de tarifas y poca presencia del Estado.

Esa misma línea se repite en otros sectores de la economía. La industria forestal, agobiada por la dificultad de sacar exportaciones con un dólar demasiado bajo en paralelo a la apertura de importaciones, está soportando una crisis silenciosa que no se hace visible por los esfuerzos del Gobierno provincial en asistir a algunas empresas. Los Repro, herramienta que utilizó el kirchnerismo para sostener el empleo, prácticamente dejaron de ser utilizados durante el año pasado y son ingentes los esfuerzos del ministerio de Trabajo local para lograr que la problemática sea atendida.

La decisión política, en Misiones, es sostener el empleo y evitar que el ajuste sea soportado por los trabajadores. Fue la primera provincia en lograr un acuerdo salarial inicial con los docentes, pero las clases no se iniciarán en la fecha prevista por el paro nacional convocado por CTERA ante la negativa de la Nación de abrir las paritarias federales y planchar los aumentos en un 18 por ciento, cuando la inflación del año pasado superó el 40 por ciento.

Misiones puede sostener esta postura por la férrea administración de los recursos que posicionan a la provincia como una de las pocas sin necesidad de endeudarse.

El país marcha a contramano. La economía confirmó una caída del 2,3 por ciento en el primer año del gobierno de Macri. Hay 43.603 trabajadores menos en el sector privado que a diciembre de 2015, pero, dato llamativo, aumentaron 0,9% las contrataciones de empleados públicos. El Estado sumó 28.862 trabajadores, y también creció el número de cuentapropistas, que sumaron a sus filas 68.010 trabajadores (entre monotributistas, trabajadores de casas particulares y autónomos).

Los despidos, una economía que no arranca y los sucesivos “errores” del Gobierno se conjugan para deteriorar su propia imagen y abrir un enorme interrogante de cara a las legislativas. Como hace unos días el consultor Gustavo Córdoba, ahora Ricardo Rouvier revela que la imagen presidencial sigue cayendo y que el 65,2% de los encuestados en su última muestra nacional, considera que el Gobierno actuó mal respecto a la controversia del Correo Argentino.

Las expectativas en relación a la economía, continúan disminuyendo. Este mes se registra el valor negativo más alto. El 40,6 por ciento cree que empeorará.

El gobernador Hugo Passalacqua acaba de finalizar una gira por Estados Unidos donde fue el único en no tomar deuda: los otros cuatro gobernadores que acompañaron al ministro del Interior, Rogelio Frigerio y al de Finanzas, Luis Caputo, suscribieron un acuerdo por 120 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo.

Passalacqua  expuso en Washington sobre la potencialidad económica de Misiones con el objetivo de atraer inversiones. Con el BID se abrieron puertas para eventuales programas de financiamiento como un paso a futuro en virtud del orden de las cuentas públicas. Las ofertas de crédito son muchas. Misiones es una de las pocas provincias que califica bien para emitir, aunque la decisión es no hacerlo, salvo que sea estrictamente necesario y para obras de infraestructura.

La idea de la Renovación es fortalecer las raíces del misionerismo como concepto político. Es un modelo que muestra resultados concretos en Misiones y que se sostiene más allá del cambio de color político nacional.

Passalacqua aporta a la gobernabilidad nacional, al igual que los legisladores renovadores, que, sin embargo, marcan diferencias con algunas políticas tomadas por Macri.

En el terreno electoral, la Renovación tiene que ratificar el modelo, mientras que la oposición todavía se mueve en arenas movedizas.

La necesidad de Cambiemos de mostrarse “unido” choca con el creciente malestar del radicalismo por el poco espacio dentro del Gobierno. La cumbre radical de Córdoba, que tuvo a varios misioneros como protagonistas, cerró con un pedido de “evitar errores” como el perdón de la deuda del Correo o la baja de las jubilaciones.  “Somos la fuerza política que tiene necesidad de devolverle la política al Gobierno nacional”, dijo el gobernador jujeño, Gerardo Morales, en el discurso inicial del conclave marcando lo que a su juicio es un déficit en la alianza de gobierno. Ricardito Alfonsín marcó distancias y sostuvo que no se debe perder de vista que Cambiemos “ganó por la Unión Cívica Radical”. 

El misionero Luis Pastori, coordinador de la mesa de debate económico, pidió “practicar más el dialogo” antes de tomar decisiones”. “Es  implica que los radicales tengamos los canales asegurados para influir “ex ante” y no “ex post” en las soluciones que demanda el país.  Es prioritario y urgente, a fin de que Cambiemos concurra a las urnas con la mayor fuerza y representatividad posible, dos grandes garantías para obtener el mejor resultado electoral. Si logramos dar este paso, el peligro y el fracaso de regresar al populismo será nada más que un lejano recuerdo”, insistió.

Los reclamos no sólo tienen que ver con cargos, como reiteraron los referentes boinas blancas, sino que dejan en evidencia que no hay diálogo en el Gobierno y que las decisiones son tomadas por la mesa chica de Macri. Apenas un tridente.

En la cumbre cordobesa no pasó desapercibida la presencia de Alfonso Prat Gay, el ex ministro de Economía, eyectado hace poco del Gobierno, víctima de la mesa chica presidencial. Prat Gay no es precisamente radical. Pero el economista que celebró sacarse de encima la “grasa militante” de los empleados públicos, podría convertirse en el candidato presidencial del radicalismo en una eventual interna de Cambiemos. Su promotor, aseguran, es el operador en las sombras Enrique “Coti” Nosiglia, el misionero que maneja los hilos del partido desde el gobierno de Raúl Alfonsín.

Nosiglia es un misionero nacido en Apóstoles, al igual que Ramón Puerta, el ahora embajador en España y anfitrión de Macri y el Momo Venegas durante la gira que concluyó el viernes. Como el ex gobernador, también tiene plantaciones de yerba, aunque desde hace años su vida pasa por la política en Buenos Aires. Es, como el Momo Venegas, parte de Cambiemos. Pero como él, mira de lejos la problemática de la producción.  El mate, sin embargo, siempre está. Hasta el Rey Felipe VI fue fotografiado con un mate en la mano, con el sonriente embajador al lado.

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