PENSIONES

Gobierno admite error en quita de pensiones por discapacidad y promete reestablecerlas

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La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley reafirmó que el Gobierno restablecerá pensiones por discapacidad suspendidas por error y confirmó que se hará efectivo la semana próxima.

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, reafirmó que el Gobierno decidió “restablecer” las pensiones a las personas discapacitadas “que por error de aplicación de criterio pueden haberse quedado sin cobrar”, y agregó que el pago se hará efectivo la semana próxima.

Stanley aseguró que volverán a percibir la pensión por discapacidad aquellos beneficiarios cuyos grupos familiares posean ingresos mayores a tres jubilaciones mínimas o sean propietarios de un automóvil usado, y que “por error” este mes no cobraron.

La funcionaria aclaró que luego se revisará “caso por caso” para evitar el otorgamiento inadecuado del beneficio y enfatizó que, en cambio, no lo percibirán quienes “se dieron de baja por fallecimiento, porque han renunciado o no tiene una discapacidad”.

“Lo que decimos es restablecer todas aquellas pensiones de personas que tienen una discapacidad, que por error de aplicación de criterio pueden haberse quedado sin cobrar la pensión el último mes”, declaró Stanley a Radio Dos de Rosario.

Precisó que el cobro se hará efectivo “a mediados de la semana” que viene y dijo que quiere “llevarle tranquilidad” a los beneficiarios “que van a seguir recibiendo esa pensión, para que no vivan la angustia de si la van a percibir o no”.

La ministra sostuvo que “sin ninguna duda” hubo un “uso político” del tema porque, señaló, “hemos tocado intereses políticos, cortando situaciones de clientelismo”.

“Frente algunos errores que podemos haber cometido y que estamos revirtiendo ?se excusó-, siempre hay gente que se abusa y se aprovecha de esta situación para llevar intranquilidad a la gente”.

A la vez, la titular de la cartera de Desarrollo Social dijo que se revisarán los criterios establecidos en el decreto de 1997 que fija las condiciones para acceder al beneficio por discapacidad.

“No se van a aplicar los criterios del decreto de 1997. Se está trabajando en un proyecto de decreto para adecuar la legislación a lo que es hoy la Convención para Personas con Discapacidad”, indicó Stanley.

Dijo que “necesitamos que las pensiones lleguen a aquellas personas que tienen discapacidad y merecen cobrarla” pero “no a personas fallecidas o que se les ha entregado por clientelismo político”.

De ese modo, el Gobierno decidió restablecer buena parte de las 70 mil pensiones por discapacidad cuyo cobro fue interrumpido este mes, y prometió trabajar en el análisis “caso por caso” para reducir situaciones injustas.

Stanley adujo que “lamentablemente” las “bases de datos” con las que cuenta Desarrollo Social “no son las mejores”, lo que provocó los “errores” administrativos.

“Sobre lo que se ha venido trabajando tiene que ver con eliminar y combatir las mafias y los abusos y el uso clientelar de las pensiones”, dijo la ministra.

En esa línea sostuvo que se habían otorgado “pensiones a quienes tal vez no lo merecían, y es lo que impide que llegan a quienes merecen y necesitan una pensión”.

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Legisladores nacionales por Misiones repudian la quita de pensiones a discapacitados

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La quita de pensiones a personas discapacitadas sigue generando repercusiones y acciones tendientes a intentar revertir la medida.

En ese marco, la diputada nacional del Frente Para la Victoria por la provincia de Misiones Cristina Britez presentó un amparo ante la Justicia Federal donde solicita que “ordenen cesar inmediatamente con estas irregularidades”.

Se refiere de esta manera a la baja de pensiones por discapacidad que el Ministerio de Desarrollo Social viene implementando, y que agudizó desde este mes.

“Es un acto de arbitrariedad manifiesta, que afecta gravemente la calidad de vida de las personas con discapacidades, se trata de una decisión unilateral del ministerio que ni siquiera les permite a las personas el derecho a la defensa, ya que directamente se les suspende la pensión sin darles la posibilidad de demostrar que son legítimos beneficiarios”, aseguró la legisladora en su presentación.

“Nunca podemos nivelar hacia abajo. Es la obligación del estado velar por que cada uno de los habitantes de este país pueda gozar de una mejor calidad de vida y que les sean respetados sus derechos”, agregó.

 En tanto el diputado nacional por Misiones Jorge Franco hizo notar que el Gobierno puede hacer ajustes, en el marco de la gestión “pero no sobre los sectores más postergados o sobre los que más lo necesitan. Porque inclusive hace poco le dio a las cerealeras, uno de los sectores más concentrados, 25 mil millones de pesos”.

Y continuó señalando que “las pensiones por discapacidad no son un beneficio sino el reconocimiento de un derecho. Y no se puede con el argumento mediático de decir que hay pensiones irregulares, porque se puede auditar y controlar, nadie se va a oponer a ello, pero no se puede invertir la carga de la prueba”. Es decir que tengan que volver a presentarse quienes eran beneficiarios”.

Indicó que este miércoles la Comisión de Desarrollo y Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, que integra, aprobó un dictamen pidiendo informes al Poder Ejecutivo sobre la baja dada a pensiones por discapacidad. Y recordó que “se considera que el 10-13% de una sociedad sufre algún caso de discapacidad”. Y puntualizó que “esas pensiones que hoy se le están negando les sirven a las personas para vivir, e inclusive ayudan al consumo, a la economía. No van a la timba financiera. Ni tienen las actitudes que hoy vemos de los sojeros que no liquidan los ingresos por exportaciones especulando con una suba del dólar”.

Y consignó que “como ya nos tiene acostumbrado a lo de la prueba y error, decimos que el Gobierno debe dar marcha atrás y restituir las pensiones que dio de baja. Y después si encuentra alguna irregularidad que sancione, nadie se va a oponer”.

La senadora Sandra Giménez por su parte advirtió que la semana pasada se realizó un pedido de informes por las acciones que se han tomado desde el Ministerio de Desarrollo Social. Consideró que quitar las pensiones por discapacidad es una decisión “tan aberrante contra el derecho adquirido de las personas con discapacidad”.

Consideró acertadas las presentaciones de amparos en diferentes provincias realizadas por ciudadanos, organizaciones o legisladores como Cristina Brítez.

A la vez consideró que es necesaria una modificación de la normativa vigente, en especial modificar el articulo 9, que está desadaptado a las convenciones internacionales sobre derechos de personas con Discapacidad a los cuales Argentina suscribió”. Explicó que están elaborando una propuesta para la modificación y no “sea una cuestión de interpretaciones, de libre albedrío, o de consideraciones no ajustadas al derecho adquirido después de tantos años”.

“Creemos que no hubo voluntad de encontrar soluciones a circunstancias muy particulares que deben ser atendidas”, afirmó la legisladora. Consideró que “el mundo del trabajo no invalida al mundo de la asistencia, de la asistencia del derecho”.

Giménez consideró que esta situación en vez de “unir y resolver, divide y produce profundo dolor”.

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Repudian medida de Gobierno sobre pensiones de discapacitados

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El vicepresidente del partido Justicialista de Misiones, Mario “Pichi” Esper, repudió la medida del Gobierno de Mauricio Macri de “eliminar más de 80 mil pensiones por discapacidad y de quitar derechos conseguidos con mucho esfuerzo y en muchos años de lucha del pueblo argentino”, manifestó.

“No repudiar explícitamente esta medida es ser cómplice y funcional, muchos dirigentes todavía creen que hay que garantizar gobernabilidad a este gobierno conservador y ladino que llegó mintiendo, a la presidencia del país, y hoy queda absolutamente demostrado”. Y continuó: “el cinismo y la insensibilidad con la que se maneja la ministra Stanley y la paradoja que este gobierno tenga una vicepresidenta y un ministro en silla de ruedas demuestra niveles de demagogia escandalosos” sentenció el dirigente peronista. 

Recordemos que en el día de ayer el presidente firmó un decreto para generar el entorpecimiento de miles de pensiones no contributivas, y las desopilantes declaraciones de Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley quien intentó justificar el nuevo ajuste sosteniendo “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión, Puede trabajar si lo deseara”. 

Esper sostuvo que “todas las fuerzas políticas deben repudiar los dichos y actos del gobierno injustos y exigir que se reintegren la pensiones a sus beneficiarios y que el ajuste lo hagan sobre los que más tienen y no sobre los indefensos y humildes como los vienen haciendo”.

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Exigen verificaciones in situ antes de que Nación corte pensiones en la provincia

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En las últimas semanas se registraron decenas de casos de personas discapacitadas y adultos mayores de escasos recursos que, por decisión del gobierno nacional, dejaron de cobrar las magras pensiones graciables de las que eran beneficiarios, hecho que ocasiona dramáticas situaciones de extrema necesidad e injusticias, sobre todo en el área rural de la provincia.

Ante esta situación, el Partido Agrario y Social repudió “la afectación inhumana que estas políticas de ajuste afectan a los sectores más vulnerables”, y exige a los referentes de Cambiemos que establezcan mecanismos para que no se corte ningún beneficio sin una previa auditoría, verificación o informe socioambiental in situ.

“Diputados nacionales y senadores por Misiones deben exigir que de inmediato se repongan los beneficios y que la Nación mande a sus muchos empleados a verificar casa por casa para frenar de una vez este ajuste feroz con los que menos tienen”, disparó el legislador Héctor “Cacho” Bárbaro, quien refirió que los cortes en las pensiones se recrudecieron en el último mes.

“Le cortaron la pensión, por ejemplo, a una abuelita que tiene lepra y que no tiene ni para comer. Al parecer decidieron que no le corresponde el beneficio porque un pariente comenzó a cobrar una jubilación mínima, que además está por debajo de la línea de pobreza. Estos casos se repiten y repiten, es una locura, deciden sobre vidas que se van apagando por la tristeza y la impotencia”, advirtió.

Las pensiones no contributivas para adultos mayores sin recursos, personas con discapacidad, o madres de 7 o más hijos se crearon para atender desde el Estado a los casos de mayor vulnerabilidad social, pese a lo cual “el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no realiza una previa verificación in situ antes de decidir que alguien debe dejar de comer o de comprar sus remedios”.

Todo esto, “pese a que tienen todos los recursos económicos para hacer un relevamiento socioambiental sobre cómo sobrevive la gente que recibe la pensión”.

Según la Ley, los beneficios se otorgan a personas que están sin amparo previsional o no contributivo; que no poseen bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia; y que no tienen parientes obligados legalmente a proporcionarles alimentos o que, teniéndolos, se encuentran impedidos para hacerlo.

Según advirtió Bárbaro, desde las oficinas del gobierno nacional deciden arbitrariamente quiénes deben ser beneficiarios y a quiénes cortar el magro aporte, cuando uno de los parientes que convive con el beneficiario comienza a cobrar una jubilación mínima de $6.394. “Si un abuelo comienza a cobrar esa jubilación, de igual manera no puede mantener y dar de comer a su esposa discapacitada o pensionada. El monto de la jubilación mínima está muy por debajo de la línea de pobreza e indigencia, pero desde la Nación consideran que alcanza para vivir y mantener una demanda tan especial como la de los abuelitos o las personas con discapacidad”, refirió el diputado.

Finalmente, Bárbaro instó a todos los sectores políticos de la provincia, oficialistas y opositores, a manifestar su repudio a este tipo de medidas.  

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