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Bolivia derrotó a Perú en La Paz y sumó sus primeros tres puntos

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Bolivia derrotó esta tarde 2-0 a Perú por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en partido jugado en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Los goles fueron convertidos por los hermanos Vaca, Henry y Ramiro, uno en cada tiempo. La selección que conduce el brasileño Antonio Carlos Zago sumó así sus tres primeros puntos y dejó el último puesto, que ahora ocupa Perú.

El partido marcó la despedida ante su gente de Marcelo Martins, goleador histórico de la selección boliviana.

En Perú, que nunca pudo ganar en el Hernando Siles de La Paz por eliminatorias, tanto el lateral de Boca, Luis Advíncula (amonestado a los 23m. del segundo tiempo), como el ex delantero de Racing, Paolo Guerrero, arrancaron como suplentes e ingresaron en el segundo tiempo.

Sumergidos bien en el fondo de la tabla tras la recta inicial del camino hacia la cita mundialista de 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, los dos equipos sabían que estaban frente a la gran posibilidad de despegar y dar algún indicio de que están en condiciones de aspirar -al menos- al puesto 7mo., el de repechaje para la Conmebol.

Frente a esta situación, ambas selecciones salieron a imponer su juego sin especulaciones y con un sistema de ataque basado en pelotas largas.

Sin embargo, con el correr de los minutos fue el local el que se mostró más aceitado en el manejo y mucho más profundo, al tiempo que el conjunto peruano comenzaba a sentir los efectos de la altura de 3.700 metros de La Paz.

En el minuto veinte, Henry Vaca fue a buscar un pase que iba en dirección de Marcelo Martins y ya dentro del área sacó un potente zurdazo que venció la resistencia de Pedro Gallese y se metió bien arriba para marcar el 1-0.

A partir de ese momento, Bolivia marcó diferencias, sobre todo desde el punto de vista físico, y hasta estuvo cerca de marcar otro gol.

Para afrontar el segundo tiempo, Perú adelantó sus líneas, obligó el retroceso de una Bolivia que se limitó a defender con una estructura de línea de cinco defensores y otra de cuatro volantes.

Hasta que sobre el cierre del partido, el local armó una contra letal, a pura velocidad y con la frescura del ingresado Jaime Arrascaita, que Ramiro Vaca definió con un remate a media altura. Fue un gran triunfo de Bolivia, que terminó floreándose con toques ante el delirio de su público.

En la fecha 6ta, el próximo martes, Bolivia visitará a Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo, mientras que Perú recibirá en el estadio Nacional de Lima a Venezuela.

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La Argentina inició reclamo ante la OMC por aranceles que impuso Perú a importación de biodiesel

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El Gobierno inició hoy en Ginebra, Suiza, un reclamo ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra los aranceles que impuso Perú a las importaciones de biodiésel argentino, informó el organismo multilateral en un comunicado.

La presentación apunta a seis medidas antidumping y de derechos compensatorios que, según la Argentina, son incompatibles con las obligaciones asumidas por el Perú en el marco de los acuerdos de la OMC.

La demanda argentina apunta a que “el método utilizado por Perú para calcular el beneficio conferido al receptor no estaba previsto en la legislación ni en los reglamentos de aplicación de Perú y a que Perú calculó indebidamente la cuantía de la subvención en función del alegado beneficio obtenido por el receptor debido a que, entre otras razones, no determinó la adecuación de la remuneración en relación con las condiciones reinantes en el mercado argentino de biodiesel”, sostiene el comunicado de la OMC.

“Al haber calculado en forma errónea el alegado beneficio percibido por los exportadores argentinos, impuso derechos compensatorios superiores a los necesarios para contrarrestar la alegada subvención”, según se detalla en la denuncia.

Más adelante, la Argentina sostuvo que “Perú no suprimió los derechos antidumping definitivos impuestos a las exportaciones argentinas de biodiesel, a pesar de que había transcurrido el plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición, debido a que Perú no realizó una determinación fundamentada en base fáctica suficiente que le permitiera extraer conclusiones razonadas y adecuadas sobre la probabilidad de repetición o continuación del dumping y del daño”.

“Perú no se aseguró de que los derechos antidumping permanecieran en vigor durante el tiempo y en la medida necesaria para contrarrestar el alegado dumping”, agrega el documento .

El reclamo argentino puntualiza que “las medidas de Perú parecen anular o menoscabar las ventajas resultantes para Argentina, directa o indirectamente, de los acuerdos invocados”.

La presentación también señala que “la Argentina se reserva el derecho de abordar, durante la celebración de las consultas, medidas y alegaciones adicionales al amparo de otras disposiciones del Acuerdo sobre la OMC con respecto a las cuestiones antes mencionadas”.

La OMC aclaró que “la solicitud de consultas inicia formalmente una disputa en la OMC” y que las mismas “brindan a las partes la oportunidad de discutir el asunto y encontrar una solución satisfactoria sin continuar con el litigio. Después de 60 días, si las consultas no han logrado resolver la disputa, el reclamante puede solicitar la decisión de un panel”.

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Castillo volvió a pedir unidad, ahora “en memoria” del diputado fallecido

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“Pido, en memoria de mi hermano Fernando, para que todos los poderes del Estado nos pongamos de acuerdo”, dijo el presidente peruano durante los funerales del congresista Fernando Herrera.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, hizo este martes un llamado a la unidad de todos los sectores “en memoria” del fallecido legislador Fernando Herrera, muerto el lunes, e insistió en la necesidad de homenajear su figura logrando “la unidad en la práctica, para consolidar el país que necesita de sus hijos y sus autoridades”.

Castillo habló en el Congreso, en los funerales de Herrera, legislador por Tacna que murió de un paro cardiorrespiratorio mientras el cuerpo discutía la cuestión de confianza al gabinete de ministros, lo que obligó a la suspensión de la sesión, que se reiniciará el 4 de noviembre.

“Pido, en memoria de mi hermano Fernando, para que todos los poderes del Estado nos pongamos de acuerdo, para que no solo congresistas, sino también ministros, ya no estemos en zozobra. De repente dejamos esta tierra preocupados por lo que tenemos que hacer por la patria”, afirmó Castillo, acompañado de casi todo el gabinete.

El mandatario reveló que no pocas veces Herrera manifestaba cierta desesperanza “por no poder realizar los proyectos” que demandaba su pueblo “para calmar o enfrentar los grandes problemas que tiene el país”.

“En esta vida somos pasajeros; a veces vivimos equivocados enfrentándonos, confrontándonos. Fernando se lleva ese cuerpo físico; hermano, dejamos tu lucha, dejamos tu fuerza, tu coraje, el amor a tu patria, el amor a tu pueblo. No te vamos a defraudar. Si hay que dar la vida por un pueblo más justo, más soberano, más digno, estamos dispuestos a hacerlo”, remarcó Castillo, según la estatal agencia Andina.

Castillo caminó desde el Palacio de Gobierno al Congreso, acompañado de la titular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y de varios ministros, y en la sede del legislativo lo recibió la presidenta María del Carmen Alva y congresistas oficialistas.

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El gobierno peruano propuso una reforma constitucional limitada

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La propuesta, que lleva las firmas del presidente Pedro Castillo y de la primera ministra, Mirtha Vásquez, pide a la titular del Congreso, María del Carmen Alva, dar trámite con carácter de urgente al proyecto.

El gobierno de Perú envió al Congreso un proyecto de ley por el que propone la modificación de cinco artículos de la Constitución para eliminar la incapacidad moral como causal para la destitución de un presidente y modificar la llamada cuestión de confianza hacia los integrantes del gabinete.

Sobre la vacancia presidencial, el proyecto busca cambiar dos artículos, manteniendo todas las causales que contempla actualmente la carta magna, pero retirando la de incapacidad moral.

“La Presidencia de la República vaca (queda libre) por muerte del presidente; por permanente incapacidad mental o física que sea incompatible con el ejercicio de su función, debidamente acreditada por una junta médica y declarada por lo menos de los dos tercios del número legal de miembros del Congreso; aceptación de su renuncia por el Congreso; salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar dentro del plazo fijo”, propone la iniciativa.

La causal de incapacidad moral siempre fue centro de polémicas, porque es la única que no es objetivable y depende de lo que el Congreso pueda considerar como una conducta moral o inmoral del mandatario.

Esa fue el motivo invocado por el parlamento para juzgar dentro de un mismo período de gobierno a dos presidentes, Pedro Pablo Kuczynski (renunció en marzo de 2018 para evitar ser destituido) y Martín Vizcarra (fue cesado en noviembre de 2020).

La propuesta, que lleva las firmas del presidente Pedro Castillo y de la primera ministra, Mirtha Vásquez, pide a la titular del Congreso, María del Carmen Alva, dar trámite, con carácter de urgente, al proyecto que, según fuentes gubernamentales, busca fortalecer la gobernabilidad y la confianza entre el Ejecutivo y el Legislativo.

En cuanto a la cuestión de confianza, el texto plantea que deje de ser requisito para la ratificación de un nuevo gabinete ministerial cuando es designado por el presidente.

La cuestión de confianza es un mecanismo de control de poderes que faculta al Ejecutivo a solicitar el respaldo del Congreso hacia un nombramiento ministerial o una política.

Actualmente, el primer ministro tiene 30 días de plazo para comparecer ante el Congreso, explicar su programa de gestión y obtener el voto de confianza. Si no lo logra, debe ser reemplazado.

Paralelamente, si el Congreso deniega su respaldo al gabinete dos veces en un mismo período de gobierno, el presidente queda facultado -no obligado- a disolver el parlamento y convocar elecciones legislativas, tal como ocurrió cuando Vizcarra lo cerró en septiembre de 2019 y llamó a comicios para enero de 2020.

El proyecto establece que la cuestión de confianza “procede en asuntos de competencia del Poder Ejecutivo relacionados a la política general del gobierno, la iniciativa ordinaria del Poder Ejecutivo y la permanencia de los ministros de Estado” pero no su designación.

“No procede cuestión de confianza cuando verse sobre materias que afecten las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de los otros organismos constitucionalmente autónomos”, indica.

El gobierno de Castillo también plantea que la moción de censura contra ministros de Estado y el titular del Consejo de Ministros “únicamente proceda por materias relacionadas al ejercicio del cargo”.

“El mecanismo de moción de censura no contempla ningún límite material para su ejercicio, lo que puede suscitar el uso arbitrario de este legítimo mecanismo de control político”, advierte la propuesta gubernamental.

La primera ministra Vásquez explicó a través de un video que estos mecanismos constitucionales fueron utilizados irresponsablemente en los últimos cinco años, generando consecuencias.

“La presentación de la cuestión de confianza y el proceso de vacancia por incapacidad moral ha generado momentos de gran inestabilidad”, expresó Vásquez.

El Congreso se aprestaba a debatir esta tarde un dictamen que regula la cuestión de confianza y que fue observado por el Ejecutivo, pero no el asunto de la vacancia.

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América Latina: la fragilidad democrática

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Por Alberto Barrera Tyszka. Es narrador y ensayista venezolano. Las elecciones han pasado a ser un ejercicio de alto riesgo en nuestra región. Los 91 políticos asesinados durante la reciente campaña electoral en México o la persecución y encarcelamiento de todos los precandidatos a los próximos comicios en Nicaragua son un indicador brutalmente obvio.

Pero estas estadísticas, escandalosas e indignantes, forman también parte de una crisis más profunda, que alimenta en nuestros países dudas y desconfianzas sobre la democracia y sus procedimientos. La denuncia de fraudes invisibles, la descalificación o el ataque desde el poder a los tribunales electorales, son también maneras de violentar los procesos comiciales, de socavar la ya frágil institucionalidad de nuestras naciones. En la encuesta de Latinobarómetro de 2018, la satisfacción con la democracia alcanzaba solo el 24 por ciento en la región, a diferencia del 44 por ciento en 2010. Es una perspectiva preocupante en un continente con una gran tradición autoritaria.

No importa demasiado el nombre que le pongamos: polarización, populismos, crisis de representación política, neototalitarismos de derecha o de izquierda… Lo cierto es que los eventos y mecanismos de elección política están cada vez más tocados por distintas formas de hostigamiento y, cada vez menos, consiguen la legitimidad que buscan. Ahora es todavía más evidente: las democracias dependen de las instituciones.

Lo que sucede actualmente en el Perú emblematiza muy bien lo que ocurre o puede ocurrir en un grupo de países de la región. Con el 100 por ciento de las boletas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE), Pedro Castillo tiene la mayoría de los votos. La diferencia es estrecha —menos de 45.000 actas— pero los resultados son claros.

A pesar de haber asegurado que aceptaría y reconocería los resultados, a pesar de todas las promesas y de haber ofrecido la marca Vargas Llosa como garantía, a pesar de las declaraciones de Estados Unidos, la Unión Europea —que felicitaron al país por celebrar elecciones libres— y de observadores internacionales que certificaron la contienda, Keiko Fujimori insiste en denunciar un fraude, desautorizando los procedimientos y las instancias electorales oficiales, promoviendo entre sus seguidores la idea de que existe un engaño invisible, un delito que no se puede demostrar. Es una apuesta política que instala una falla de origen en el próximo gobierno y agita emocionalmente los peores fantasmas de una sociedad dividida.

La renuncia de Luis Arce Córdova, uno de los miembros de la autoridad electoral del Perú, solo enturbia más el proceso. Arce, quien actualmente está siendo investigado por tráfico de influencias y corrupción, invoca la transparencia y acusa de parcialidad a los demás miembros de la institución. Aunque ninguna de sus denuncias electorales han prosperado legalmente, Keiko Fujimori no retrocede, pide que se anulen votos y el sábado 26 de junio convocó a una vigilia pública para rezar por la “defensa de la libertad y la democracia”. Ese mismo día, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, denunció que fue agredido por supuestamente avalar un fraude electoral para el cual no hay pruebas.

Durante la vigilia del sábado, Fujimori dijo, atizando la desconfianza: “Queremos saber la verdad”.

Invocar estas grandes causas, actuar como si el país estuviera frente a un cisma definitivo en la historia, es una parte fundamental del conflicto. En Latinoamérica, cada vez con más frecuencia, la alternancia política es presentada y percibida ya no como una forma natural de la vida democrática sino como un trágico apocalipsis.

No se trata de algo gratuito, por supuesto. Hay un expediente dolorosamente visible, iniciado por el chavismo en Venezuela y seguido —con menos pretensiones de disimulo— por Daniel Ortega en Nicaragua. Hugo Chávez convirtió su popularidad en una moderna forma de tiranía, mostrando que era posible llegar democráticamente al poder para —desde ahí— destruir a la democracia. Ortega, con menos popularidad y menos disimulo, ha terminado imponiéndose a sangre y fuego como un dictador en su país. Sin embargo, no se trata de una experiencia ya común en el amplio espectro de la región. Con las dificultades de cada caso, la alternancia política sin embargo se ha mantenido en países como Brasil, Argentina, Ecuador, México, incluso de alguna forma en Bolivia. Y Nayib Bukele en El Salvador demuestra que la tentación autoritaria no es un problema ideológico.

Cuba, Venezuela y Nicaragua, en rigor, siguen siendo casos aislados y minoritarios en el continente. Y sus experiencias, además, han generado una alerta especial en las otras sociedades de la región. No es azaroso, por ejemplo, que —más allá de la violencia fatal durante la campaña previa— el éxito de las recientes elecciones en México se mida y se pondere más a partir de las reacciones ante los resultados que a partir de los resultados mismos. Para muchos mexicanos, lo más determinante de los comicios era la respuesta —de respeto ante los votos y al organismo electoral— que tendrían el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena después de las votaciones.

Asociar la idea del cambio político a las catástrofes y a la histeria no parece ser lo más saludable en un continente que, en definitiva, sigue sin resolver sus grandes problemas de desigualdad, pobreza e impunidad. Más que satanizar la alternancia política y los procesos electorales, es necesario fortalecer la institucionalidad en América Latina. Solo así se pueden dirimir las diferencias con votos y no con balas. El futuro comienza en los árbitros.

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