Por Gonzalo Ruiz Tovar, desde Lima – La nueva presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Mirtha Vásquez, y las flamantes ministras de Trabajo, Betsy Chávez, y de Cultura, Gisela Ortiz, representan, además del crecimiento de la presencia femenina en el gabinete, una reivindicación de la defensa de los derechos humanos y de la independencia política.
Vásquez, una abogada de 46 años que, como el presidente Pedro Castillo, proviene del departamento andino de Cajamarca, ha hecho de los derechos humanos una causa profesional desde años atrás, lo que la ha convertido en un símbolo no solo nacionalmente, sino también más allá de las fronteras peruanas.
Concretamente, la jefa de gabinete ganó premios internacionales por su defensa legal de Máxima Acuña, una campesina a la que la poderosa minera Yanacocha pretendía sacar de sus tierras, en Cajamarca. Tras una larga lucha del tipo David contra Goliat, la Justicia le dio la razón a la demandante en 2014.
Años después del sonado caso, Vásquez ingresó en política y en 2020 fue elegida congresista por el partido de izquierda Frente Amplio. A finales de ese mismo año llegó a la presidencia del Parlamento, cargo en el que acompañó al presidente interino Francisco Sagasti y desde el que, según opiniones extendidas, mostró gran habilidad.
A la nueva titular de Cultura, entretanto, la vida le cambió en 1992, cuando su hermano Luis Enrique Ortiz, estudiante de la universidad limeña La Cantuta, fue secuestrado y asesinado junto a seis compañeros y un profesor por un comando militar, el Grupo Colina, que le adjudicó tener actividades subversivas, lo cual no se demostró nunca.
La ahora ministra, una administradora de empresas selvática que era entonces una estudiante de 20 años, se dedicó a aclarar lo ocurrido. Lo logró, junto con otros deudos, y el episodio es uno de los casos por los que el expresidente Alberto Fujimori, probado por la Justicia como autor mediato, paga aún una condena a 25 años de cárcel.
El caso de Chávez, nueva ministra de Trabajo, es distinto: su lucha se ha dado en el partido oficialista Perú Libre (PL), al que pertenece y dentro del cual ha sido una abierta opositora del fundador y líder de ese colectivo, Vladimir Cerrón.
Chávez, abogada de 32 años que se vanagloria de su militancia de izquierda pero reniega de su radicalización, es llamada “traidora” en un grupo de WhatsApp de congresistas de PL que se filtró a la prensa, por lo que su presencia en el gabinete fue calificada por analistas como un golpe adicional para Cerrón de parte de Castillo.
Con Vásquez, Chávez y Ortiz, sube a cinco el número de ministras. Castillo solo nombró dos en el primer gabinete, las ratificadas Anahí Durand en Mujer y Dina Boluarte –vicepresidenta de la República- en Inclusión, lo que le había costado muchas críticas por “machismo”.
Entre los nuevos ministros, el que más críticas genera hasta ahora de la oposición es el de Interior, Luis Barranzuela, pues es dueño del estudio de abogados que representa a Cerrón en procesos que le sigue la Justicia por presunta corrupción.
Los otros jefes de cartera que debutan son el profesor universitario Carlos Gallardo, en Educación; el ingeniero químico José Roger Incio, en Producción, y el empresario Eduardo Gonzales Toro, en Energía, todos ellos poco conocidos por la opinión pública.
Entre los ratificados están el canciller Óscar Maúrtua, diplomático de carrera muy resistido por PL por representar supuestamente posiciones de derecha; el de Justicia, Aníbal Torres, protagonista de enfrentamientos abiertos con Cerrón y el saliente jefe del gabinete, Guido Bellido, y el de Economía, Pedro Francke, académico de izquierda considerado fundamental para la confianza de los inversionistas.
Siguen, asimismo, el de Salud, Hernando Cevallos, de importantes logros en las tareas contra la pandemia de coronavirus; el de Agricultura, Víctor Mayta, abogado de 29 años proveniente de una familia campesina quechua, y el de Comercio, Roberto Sánchez, presidente de la agrupación de izquierda Juntos por Perú, única fuerza formalmente asociada en el Gobierno con PL.
Completan la nómina Walter Ayala (Defensa), Geiner Alvarado (Vivienda), Juan Francisco Silva (Transporte) y Rubén Ramírez (Ambiente), muy cuestionados los dos últimos por la oposición por supuestamente no tener mayor conocimiento de sus sectores.
