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PISA 2025: el peor resultado histórico y la discusión que muchos no quieren dar

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El 8 de septiembre, la OCDE publicó los resultados de PISA 2025.

El Ministerio de Capital Humano los recibió con un comunicado que atribuía los malos resultados a “una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas”. La oposición respondió que el deterioro continúa con Milei. Ambos bandos encontraron en el mismo número la confirmación de lo que ya creían.

El problema es que los datos son más complicados que cualquiera de las dos lecturas. 76% de los alumnos argentinos de 15 años no alcanzó el nivel mínimo en Matemática. 60% no llegó al mínimo en Lectura ni en Ciencias. 7,8% logró el mínimo simultáneamente en las tres áreas.

Esos números tienen una larga historia. Argentina viene de niveles bajos y los profundizó. No es un país que cayó de golpe desde la excelencia. Es uno que nunca terminó de construir un sistema educativo de calidad para la mayoría de sus estudiantes y que ahora muestra que ese problema no es de un gobierno sino de décadas.

Argentina cayó por primera vez simultáneamente en las tres áreas evaluadas. Obtuvo 393 puntos en Ciencias (puesto 71 de 91), 389 en Lectura (puesto 62) y 367 en Matemática (puesto 75), el mínimo histórico de la serie desde 2001. En Ciencias y Lectura, hay que remontarse a 2006 para encontrar cifras más bajas. Quedó octava entre los 13 países latinoamericanos.

Por encima: Chile, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Colombia, México y Perú. Por debajo: Paraguay, El Salvador, Ecuador, Guatemala y República Dominicana.

La pobreza importa, pero no es la única explicación

El nivel socioeconómico sigue siendo el factor más asociado a los resultados educativos. No es una sorpresa. Es una constante en todos los países del mundo. Lo que sí llama la atención en los datos de PISA 2025 es que el deterioro argentino atraviesa todos los sectores sociales.

No es solo que los estudiantes más pobres aprenden menos. Es que incluso entre los sectores medios y altos, Argentina tiene niveles de aprendizaje que están entre los más bajos del mundo.

Walter Chaves Ferreira, licenciado en Psicopedagogía, magíster en Políticas Sociales y uno de los especialistas consultados para esta nota, advierte que el vínculo entre pobreza y rendimiento educativo es evidente, pero que reducir el problema exclusivamente a esa variable también sería un error.

“Existe la tendencia a tratar de encontrar un solo culpable en estos resultados. La realidad humana no puede ser simplificada, es compleja y multicausal”, sostiene.

Para Ferreira, el deterioro educativo debe analizarse como un entramado en el que intervienen las condiciones sociales, las estrategias pedagógicas, las nuevas configuraciones familiares, los consumos digitales, la alimentación, la formación docente, las políticas públicas y el propio valor social que se le asigna a la escuela y al aprendizaje.

Es una distinción importante: la pobreza condiciona, pero no determina el destino educativo de un estudiante.

La especialista en docencia universitaria María Cristina Brítez, docente investigadora y coordinadora del Área de Formación Docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, pone el foco en otra dimensión del problema.

“No es exclusivo de Argentina, pero el país se encuentra en una situación regional sumamente relegada”, señala. Y agrega que América Latina arrastra “dificultades estructurales que persisten a lo largo del tiempo” y que no existen soluciones mágicas capaces de revertirlas por sí solas.

El diagnóstico coincide en un punto central: PISA no está mostrando un problema coyuntural. Está exponiendo un problema acumulado.

El aula argentina tiene un problema que nadie quiere nombrar. Argentina quedó última entre 82 países en el índice de clima disciplinario de PISA 2025.

El 58% de los estudiantes dijo que en la mayoría o en todas sus clases de Ciencias hay ruido y desorden (el promedio global es 31%). El 66% llegó tarde al menos una vez en las dos semanas anteriores a la evaluación, cuando el promedio de la OCDE es 50%.

Y ese número viene empeorando: era 53% en 2018, 60% en 2022 y 66% en 2025. En siete años, la impuntualidad escolar creció 13 puntos porcentuales.

El tiempo efectivo de aprendizaje dentro del aula, el tiempo en que un alumno está realmente aprendiendo, descontando el ruido, el desorden y los minutos perdidos antes de que empiece la clase, es uno de los componentes centrales del rendimiento educativo.

Y detrás de esos números aparece una cuestión que suele quedar fuera de la discusión pública: qué pasa dentro de las escuelas mientras los alumnos están físicamente allí.

Brítez plantea que uno de los problemas centrales es la pérdida de sentido práctico de los contenidos.

“Existe una tensión en la que el problema no es la capacidad intelectual de los estudiantes, sino la pertinencia y el sentido práctico que se le da a la enseñanza”, explica.

No alcanza con preguntar cuánto sabe un adolescente. También hay que preguntarse qué puede hacer con aquello que aprendió.

Las pruebas PISA, justamente, no evalúan una reproducción enciclopédica de contenidos. Evalúan la capacidad de transferir conocimientos y aplicarlos a situaciones concretas.

El ausentismo es otro factor clave. El 28% de los estudiantes argentinos de 15 años falta a clases regularmente y el mismo porcentaje trabaja, según el Ieral (Fundación Mediterránea) a partir de datos de PISA 2025.

Entre los estudiantes del nivel socioeconómico más bajo, quienes tienen menores niveles de ausentismo alcanzan mejores resultados que alumnos del nivel inmediatamente superior que faltan con frecuencia.

Es decir: ir a la escuela puede compensar parcialmente la desventaja socioeconómica. No ir la profundiza.

En Misiones, el cuadro adquiere características propias.

Entre los alumnos menos vulnerables, Misiones tuvo uno de los porcentajes más bajos de estudiantes que alcanzan los mínimos en Matemática: solo el 56%.

Eso significa que el problema en Misiones no es solo de pobreza.

Brítez describe una provincia atravesada históricamente por brechas socioeducativas respecto de otras regiones del país. Señala que, aunque Misiones logró avances importantes en cobertura y retención durante la primaria, la secundaria continúa presentando dificultades importantes.

Y hay un dato particularmente incómodo: las dificultades no terminan cuando termina la secundaria.

Desde las aulas universitarias y de formación docente, Brítez observa problemas graves de comprensión lectora y escritura académica entre los estudiantes que llegan a los estudios superiores. Son dificultades que aparecen año tras año en los cursos de ingreso y que reflejan trayectorias secundarias frágiles.

¿Y Misiones?

Los datos de Aprender muestran que Misiones se encuentra entre las provincias con menor porcentaje de estudiantes que alcanzan el mínimo en Matemática, incluso entre alumnos sin vulnerabilidad socioeconómica.

Solo el 56% del segmento menos vulnerable llega al mínimo.

La discusión, entonces, debería ser bastante más incómoda que la habitual.

Porque si el problema fuera exclusivamente la pobreza, bastaría con mejorar las condiciones económicas para explicar la mejora educativa.

Pero los datos sugieren algo más complejo.

Hay estudiantes que llegan a la escuela con dificultades sociales. Y hay otros que llegan sin esas dificultades y tampoco están aprendiendo lo suficiente.

La pandemia explica una parte. No explica todo

El cierre de las escuelas afectó los vínculos entre instituciones y familias y dejó consecuencias que todavía persisten. Brítez identifica ese “quiebre relacional” como uno de los factores que todavía impactan sobre la capacidad de las instituciones para sostener las trayectorias educativas.

Pero tampoco alcanza con responsabilizar al Covid. Los especialistas consultados coinciden en que el deterioro viene de antes.

Brítez lo ubica en problemas estructurales, pedagógicos e institucionales que exceden largamente a una gestión de gobierno. Incluso cuestiona la idea de que la desinversión económica, por sí sola, pueda explicar la caída: “el deterioro no se subsana únicamente con lo económico; también es necesario discutir qué se enseña, cómo se enseña y cómo se articula el sistema federal con las provincias”.

Ferreira llega a una conclusión similar desde la psicopedagogía: el deterioro educativo requiere un análisis “profundo, colectivo y no simplista” porque son múltiples los factores que intervienen en los aprendizajes.

La respuesta fácil es atribuirlo al gobierno anterior. La respuesta política habitual es responsabilizar al gobierno actual.

La respuesta honesta es más incómoda: el deterioro es de largo plazo, atraviesa gobiernos de distintos signos y no tiene una causa única ni una solución rápida.

Hay que discutir el financiamiento. Pero también qué se enseña.

Y hay que discutir el impacto de las pantallas y la inteligencia artificial sin caer en la tentación de creer que entregar tecnología equivale a mejorar la educación.

La OCDE también advierte sobre esto: la tecnología y la inteligencia artificial pueden contribuir al aprendizaje si se utilizan con objetivos claros y criterio pedagógico, pero su uso excesivo puede generar distracciones y afectar la participación de los estudiantes.

En Misiones, Ferreira propone poner el foco en la formación docente continua y en un acompañamiento situado de las escuelas, especialmente las secundarias. No como un programa aislado, sino como una política sostenida.

Y quizás ahí aparezca la pregunta que falta en la discusión argentina.

No solamente quién tiene la culpa. Sino qué sistema educativo queremos construir y cuánto estamos dispuestos a hacer para conseguirlo.

Flavio Buccino, investigador educativo, lo planteó con una frase que resume el dilema: “PISA da una brújula, no un mapa.”

Los resultados marcan dónde está el problema. No dicen, por sí solos, cómo resolverlo. El mapa (la política educativa concreta, sostenida en el tiempo, evaluada con rigor y corregida cuando no funciona) es exactamente lo que Argentina no ha logrado construir de manera consistente en décadas.

El 75% de los estudiantes argentinos termina la secundaria. Solo el 10% lo hace en tiempo y con los aprendizajes esperados.

Esa brecha entre estar en la escuela y aprender en la escuela es probablemente el problema más importante del sistema educativo argentino.

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La torre de PISA

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Cuando se conocieron los desalentadores resultados de las pruebas PISA (Programme for International Student Assessment), la política argentina reaccionó “con sorpresa” y su habitual lavado de manos. Los malos resultados no deben leerse únicamente en clave local. El problema de la educación es mucho más profundo, transversal a países y sistemas y no exento de controversias. Singapur es el país que lidera las pruebas PISA: su modelo tiene una disciplina estricta y castigos físicos para varones desde los 9 años ante faltas graves. Un tercio de los estudiantes de España no alcanza el nivel 2 de PISA ni en matemáticas ni en lectura.

El diagnóstico de PISA deja pocas zonas grises para la Argentina. Los estudiantes de 15 años obtuvieron peores resultados que en la evaluación anterior en las tres competencias centrales y el deterioro no se limita al puntaje promedio: aumentó la proporción de alumnos que no alcanza los conocimientos mínimos. El resultado puede resumirse en tres números: 389 puntos en Lectura, 367 en Matemática y 393 en Ciencias. Argentina quedó 62° del mundo en Lectura, 75° en Matemática y 71° en Ciencias. Y quedó octava entre los 13 países latinoamericanos en las tres pruebas. Si en Argentina hay crisis, Paraguay está por debajo. 

Los peores resultados para la Argentina en 20 años se dieron en 2025, en plena gestión de Javier Milei. Pero obviamente la responsabilidad excede a su gestión, ya que en los adolescentes de hoy, hay responsabilidad de al menos tres gobiernos anteriores: Alberto Fernández, Mauricio Macri y la última etapa de Cristina Fernández. ¿Eso exime a la gestión libertaria? Ni mucho menos. Pretender que no tiene nada que ver con los resultados es una falacia, idéntica a apropiarse de las mejoras en las pruebas Aprender.

La educación en la Argentina está mal desde hace años. No mejorará en el futuro inmediato. El ajuste sobre la educación no es solamente una discusión presupuestaria: expresa una definición sobre el lugar que el Estado nacional pretende ocupar en la formación de las próximas generaciones. Entre 2023 y 2025, la inversión nacional destinada a educación sufrió una caída cercana al 48% en términos reales. La partida de Educación y Cultura pasó de representar alrededor del 1,43% del PBI a ubicarse en torno al 0,75%, uno de los niveles más bajos de las últimas décadas.

La retracción ocurrió en prácticamente todos los frentes. Se redujeron transferencias y programas destinados a las provincias, se desplomaron partidas para infraestructura escolar, becas y políticas socioeducativas y desapareció el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que durante años complementó los salarios docentes en todo el país. Al mismo tiempo, universidades nacionales y organismos científicos quedaron sometidos a una fuerte restricción presupuestaria, con partidas de funcionamiento que perdieron poder adquisitivo y recortes que alcanzaron al CONICET y, con especial intensidad, a la Agencia I+D+i.

Pero quizá el cambio más profundo no esté en cuánto dinero se recortó, sino en el paradigma que comienza a construirse detrás de esos números. La eliminación de los pisos legales de financiamiento educativo -entre ellos, la referencia del 6% del PBI- supone abandonar una concepción en la que el Estado asumía compromisos mínimos y explícitos con la educación. Las propuestas oficiales orientadas hacia una mayor libertad de elección, desregulación de formatos y mecanismos de financiamiento vinculados a la demanda profundizan esa transformación.

Por eso, discutir educación únicamente en términos de déficit fiscal sería quedarse con una parte del problema. La pregunta de fondo es qué tipo de país puede construirse cuando el conocimiento, la universidad, la ciencia y la escuela pública dejan de ser considerados una inversión estratégica. “La educación es una inversión fundamental, pero hemos tenido que llevar adelante una reducción del gasto para recuperar el orden público; la estabilidad de precios; una Argentina ordenada”, argumentó el vocero presidencial Adrián Ravier.

El ahorro presupuestario puede contabilizarse en un ejercicio fiscal; sus consecuencias sobre el capital humano, la productividad, la innovación y la movilidad social, en cambio, se pagan durante décadas. Es ahí donde debe ubicarse la responsabilidad libertaria

En el Congreso se debatió esta semana el impacto de los tarifazos y los recortes en los clubes barriales. El diputado misionero Diego Hartfield fue duramente criticado por decir que los clubes no pueden vivir subsidiados, cuando él mismo había sido becado por el Cenard y recibía apoyos de la Municipalidad de Oberá para costear sus viajes a Buenos Aires, antes de competir en la élite. 

El error no forzado no es que Hartfield tenga memoria selectiva. Cualquiera puede cambiar de opinión después de treinta años. El problema es otro: una política económica que combina la quita de subsidios con aumentos brutales de las tarifas eléctricas está empujando al límite a miles de clubes de barrio en la Argentina.

El problema no es solamente cuántos clubes podrán pagar la próxima boleta de luz. Es cuántas oportunidades se apagan con ellos. Porque una política económica que asfixia a los clubes también reduce las posibilidades de que un chico o una chica, en algún pueblo perdido del mapa, encuentre una cancha, una raqueta, un entrenador y una oportunidad.

Tal vez el próximo gran tenista argentino no nazca en una academia de élite. Tal vez esté hoy golpeando una pelota contra una pared en un club de barrio. Y quizá el verdadero costo de apagar ese club no aparezca nunca en una planilla fiscal: será descubrir, dentro de veinte años, que también apagamos la posibilidad de que alguien llegara a enfrentar al Federer del futuro, como pudo hacer el Hartfield del pasado.

El contrapunto escaló y rápidamente adquirió dimensión nacional. Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza en Misiones, salió en defensa de quien podría ser su contendiente por la candidatura a gobernador. Para hacerlo, eligió un argumento curioso: sostuvo que en Misiones también se recortaron partidas destinadas a actividades sin fines de lucro y concluyó que, por lo tanto, “el deporte no es una prioridad”.

Pero la frase, antes que una crítica, suena a confesión. Porque si Núñez considera que el recorte presupuestario alcanza para demostrar que el deporte dejó de ser una prioridad en Misiones, la pregunta cae por su propio peso: ¿qué debería decir entonces del país que gobierna Javier Milei, donde el ajuste sobre clubes, instituciones y asociaciones deportivas tiene escala nacional? El argumento que pretendía ser una acusación terminó funcionando como un espejo.

Hay otra paradoja que ayuda a entender la distancia creciente entre las decisiones para “estabilizar” la macroeconomía y la vida cotidiana. El mismo día y a la misma hora, el INDEC publicó dos fotografías de agosto. Una mostró una inflación mensual del 1,7%, un dato que el Gobierno elige exhibir como evidencia de que el proceso de desinflación continúa. La otra mostró algo bastante menos confortable: tanto la Canasta Básica Alimentaria como la Canasta Básica Total aumentaron 2,6%.

Los dos datos son verdaderos. Y justamente por eso importa leerlos juntos.

Mientras el índice general de precios avanzó 1,7%, el costo de las necesidades básicas de los hogares aumentó bastante más rápido. En la comparación interanual, la diferencia también resulta significativa: frente a una inflación general del 33,5%, la canasta alimentaria acumuló 39,6% y la canasta total, 38,3%. Para una familia tipo, evitar caer debajo de la línea de pobreza requirió $1.605.497 mensuales; solamente para superar la línea de indigencia fueron necesarios $726.469.

La desinflación existe. Negarla sería tan equivocado como confundirla con una mejora del bienestar. El IPC es un promedio construido sobre una enorme variedad de bienes y servicios, mientras que la pobreza tiene una frontera mucho más concreta: cuánto cuesta cubrir las necesidades elementales de una familia.

Ahí aparece una de las contradicciones centrales del actual programa económico. Se puede estabilizar la nominalidad y, al mismo tiempo, mantener bajo enorme presión el presupuesto de los hogares. Se puede perforar el 2% de inflación mensual y que la comida aumente bastante por encima de ese registro. En el NEA la inflación fue del 1,8 por ciento, pero subió 4% el costo de la energía, vivienda y combustible, un servicio regulado por el Estado. 

El INDEC contó, el mismo día, dos dimensiones de una misma economía. El Gobierno naturalmente elegirá destacar aquella que demuestra el éxito de su principal batalla macroeconómica. Pero la otra estadística recuerda que estabilizar no es necesariamente mejorar y que bajar la inflación no equivale, por sí solo, a recuperar el poder adquisitivo.

Porque, al final, la discusión no es solamente cuánto sube el promedio de los precios. Es cuánto cuesta vivir. 

Hay otro indicador que obliga a mirar más allá de la desinflación: el endeudamiento de las familias. En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua redujo del 39% al 30% el límite de los descuentos voluntarios sobre los haberes de empleados públicos y jubilados y, además, puso topes a las tasas y al costo financiero de los créditos. La decisión no aparece en el vacío: el propio decreto advierte sobre el crecimiento de la morosidad y busca evitar que una porción cada vez mayor del salario quede atrapada antes de llegar al bolsillo. Cuando un Estado necesita establecer cuánto del sueldo debe quedar a salvo de los acreedores, el problema ya no es solamente financiero: habla de familias que recurren al crédito para sostener su economía cotidiana.

Es otra cara de la misma paradoja. La inflación puede bajar y la macroeconomía puede estabilizar algunas de sus variables, pero eso no significa que los hogares hayan recuperado capacidad de consumo. Si aumenta la morosidad, se multiplican las refinanciaciones y es necesario proteger por decreto una parte del salario para evitar el sobreendeudamiento, hay una economía real que todavía está muy lejos de la celebración. La estabilidad de los precios importa, pero pierde buena parte de su sentido social si para llegar a fin de mes las familias necesitan hipotecar por adelantado el salario del mes siguiente.

La distancia entre la macroeconomía y la economía real también se mide en persianas que bajan y empleos que desaparecen. En junio, Misiones tenía 8.399 empresas privadas empleadoras, 862 menos que un año atrás y 1.081 menos que en noviembre de 2023, antes de la llegada de Javier Milei al Gobierno. La caída atraviesa prácticamente todo el entramado productivo: desde entonces, la construcción perdió casi una cuarta parte de sus empleadores, el comercio cerró 495 firmas y la industria, otras 167. 

El empleo cuenta la misma historia. Misiones registró en junio 96.330 trabajadores privados formales, 6.089 menos que un año antes y 12.540 menos que en noviembre de 2023. No parece un fenómeno transitorio: la comparación interanual acumula trece meses consecutivos en retroceso.

En todo el país, desde el cambio de Gobierno se perdieron más de 246 mil empleos privados registrados. 

Claro que importa el orden fiscal y las cuentas en orden. Pero también el para qué. 

Misiones desde hace siete años viene cumpliendo parámetros de transparencia fiscal y este año alcanzó 7,55 puntos en el Índice de Transparencia de CIPPEC. Mejoró desde los 7,10 de la medición anterior y quedó segunda en el NEA. El resultado no otorga certificados de transparencia absoluta ni invalida los reclamos por mayor acceso a la información pública. Pero tampoco debería ser descartado simplemente porque incomoda el relato libertario: es una evaluación externa que registra avances concretos en la disponibilidad y calidad de la información presupuestaria. 

El dato adquiere mayor relevancia cuando la Legislatura discute un Presupuesto 2027 superior a los $5,2 billones. Cuanto más grande es el Estado y mayores son los recursos que administra, mayor debe ser también la posibilidad de saber cómo, dónde y para qué los utiliza. 

Misiones fue, en menos de una semana, escenario de la discusión política nacional. Primero Milei, quien cerró en Iguazú un foro de ejecutivos de finanzas e ignoró la protesta yerbatera que lo recibió en la ruta. Allí el Presidente se mostró convencido de ser reelecto y avisó: “Abróchense los cinturones”, en un anticipo de más ajuste. 

El miércoles vino Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires y potencial candidato de un peronismo que todavía no encuentra su unidad. Compartió una intensa agenda institucional con Passalacqua -compró un laboratorio de Biofábrica- y se reunió con productores yerbateros en Apóstoles. Defendió el rol del Estado como regulador de la cadena yerbatera y señaló que “si no se determina un precio que permita distribuir al interior de la cadena a quién le va una parte del ingreso, obviamente el que sufre es el que menos poder tiene”, afirmó.

Kicillof sostuvo que la desregulación no elimina las relaciones de poder sino que fortalece al actor con mayor capacidad de negociación. “Cuando uno la ve en concreto, se trata de que el Estado se corra y entonces quede una especie de imperio del más fuerte”, planteó.

Su argumento fue que los problemas que observa en Misiones se reproducen, con diferentes actividades, en Buenos Aires, Chaco, Corrientes y otras provincias.

Este modelo no le sirve a nadie”, resumió al referirse al deterioro industrial. La afirmación surgió después de describir cierres fabriles incluso en pequeñas localidades del interior bonaerense y de señalar que Buenos Aires concentra aproximadamente la mitad de la industria argentina.

¡Impresionante Misiones! Gracias por el cariño, el entusiasmo y las ganas de construir una Argentina distinta y un camino que signifique más producción, federalismo y soberanía para nuestro pueblo”, dijo Kicillof.

Después de reunirse con productores, vino al pasaje político. Kicillof aseguró que “es tiempo de  construir una alternativa amplia a Milei”, en la que imagina a estudiantes, investigadores, jubilados, productores e industriales, además de las distintas expresiones políticas que cuestionan el rumbo económico nacional. “No quiero anteponer ni una candidatura ni una campaña electoral a una construcción que tiene que ser desde abajo y desde las provincias”, sostuvo.

También se preguntó ¿Qué trajo Milei a Misiones en estos tres años? 

“En Argentina venimos de una etapa donde los gobiernos, primero el de Macri, un desastre absoluto, luego un gobierno peronista que también nos dejó en la frustración, y vino Milei a decir que él traía las soluciones y las respuestas para los problemas que teníamos en la Argentina”, sostuvo.

“Hoy vemos que el ajuste y la desgracia recayeron sobre los pobres, los humildes, sobre los trabajadores, sobre los sectores medios, sobre los empresarios nacionales, sobre los productores de toda la Argentina”, enumeró.

La noche cayó en el acto en la sede del peronismo. Hace más de 20 años que no se veía al PJ tan lleno y eso que no estaban los “cristinistas”. 

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Pisa en Paraguay: el 52 % de los alumnos abandona sus estudios por falta de dinero y el 55% de los jóvenes solo trabaja

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De 1.002 jóvenes paraguayos de 14 a 16 años, el 55% dejó de estudiar y solamente trabaja, señala un estudio realizado por Pisa Para el Desarrollo, en su componente extraescolar, recientemente publicado. Asimismo se exponen en el informe las principales causas de abandono escolar. La mayoría lo hace por falta de dinero.

El documento difundido presenta los resultados del componente extraescolar de la experiencia paraguaya en PISA (Programme for International Student Assessment) para el Desarrollo (PISA-D), impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),que analizó por primera vez en Paraguay las competencias de jóvenes de 14 a 16 años que abandonaron el sistema educativo o que se encontraban con rezago.

En Paraguay, el trabajo de campo fue encabezado por la Dirección de Evaluación de Logros de Aprendizajes Curriculares del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), publicó el diario ABC Color.

El estudio abarcó 25.126 viviendas, 1.002 jóvenes de 14 a 16 años y 29 instituciones educativas, del área rural y urbana, de la Región Oriental y del departamento de Presidente Hayes. Los datos fueron recabados entre setiembre y noviembre del 2018 y serán presentados en su totalidad en un webinar en diciembre próximo.

El 28% de los jóvenes ni estudia, ni trabaja

Según los resultados, la deserción escolar de los encuestados se dio mayormente entre el séptimo y noveno grado. Asimismo, la mayoría declaró haber repetido al menos una vez algún grado.

El 82% de jóvenes del componente extraescolar afirmó que habla principalmente guaraní, que también pudo haber sido una causa de rezago o deserción, señala el relevamiento. Además, tres de cada diez chicos pertenecen a una familia monoparental (que vive o con la mamá o el papá). Ellos presentan mayor porcentaje de abandono.

Entre otros puntos, el estudio también resalta que cuatro de cada diez jóvenes tienen padres que no culminaron la Educación Escolar Básica, y que el 55% de 1.002 entrevistados declaró solamente trabajar y realizar tareas domésticas, es decir, no estudia.

Además, el 52% indicó haber abandonado sus estudios por falta de dinero, el 57% porque la institución a la que acudía le quedaba muy lejos, un 37% por deseos de ganar dinero en un trabajo de jornada completay el 27% por bajas calificaciones.

Un 28% de se encuentra en situación de NiNi- ni trabaja, ni estudia-. Consta en el documento que el mayor porcentaje de jóvenes con carencias severas abandonó el sistema escolar en los primeros años de primaria.

Revisión de aspectos del sistema educativo

Se pretende que los resultados propicien la revisión de ciertos aspectos del sistema educativo y el diseño de nuevas estrategias para prevenir la deserción y el rezago escolar. Ver informe final aquí https://www.mec.gov.py/cms_v2/adjuntos/17319?1635945384

Karen Rojas, directora general del INEE, y Rosana Marcoré, a cargo de la Dirección de Evaluación de Logros de Aprendizajes Curriculares (DELAC)destacaron que estos datos son de suma utilidad y están siendo trabajados dentro del proyecto de Transformación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Expresaron además su preocupación por los resultados que arrojó el informe y la situación de un gran número de jóvenes.

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