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Según el Gobierno, la pobreza se redujo al 31,7% en el primer trimestre del año

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El Gobierno afirma que la pobreza bajó al 31,7% en el primer trimestre, pero persiste el estrés económico en más del 50% de los hogares. Capital Humano atribuye la mejora al equilibrio macroeconómico y a las transferencias directas, aunque mediciones alternativas alertan sobre la persistencia del deterioro social

El Ministerio de Capital Humano informó que, según estimaciones del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), la pobreza en Argentina cayó al 31,7% en el primer trimestre de 2025, mientras que la indigencia se redujo al 7,3%. El dato representa una baja significativa respecto al mismo período del año anterior, cuando la pobreza proyectada se ubicaba en torno al 54,8%.

Los resultados fueron construidos a partir del Informe de Distribución del Ingreso del INDEC, en base a una metodología propia desarrollada por el CNCPS, organismo dependiente de Capital Humano, que desde hace un año elabora reportes de pobreza de frecuencia trimestral.

El Gobierno atribuye la baja de la pobreza a la política económica y social

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello, destacan que la reducción de la pobreza interanual en 23,1 puntos porcentuales responde a dos factores clave: el freno en la inflación logrado mediante el ajuste fiscal y monetario, y el refuerzo de transferencias directas y focalizadas a sectores vulnerables.

“Las políticas económicas ayudaron a equilibrar la macroeconomía y poner freno a la inflación, mientras que las transferencias sociales se realizaron de manera directa y transparente”, señaló el comunicado oficial difundido por Capital Humano.

Según la misma fuente, la indigencia pasó del 20,2% en el primer trimestre de 2024 al 7,3% en el mismo período de 2025, una baja interanual de 12,9 puntos.

Sin embargo, las mediciones alternativas matizan el optimismo oficial. El último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA advierte que el estrés económico alcanzó al 50% de los hogares en 2024, el nivel más alto desde la pandemia. Esta variable mide la capacidad real o percibida de los hogares para cubrir gastos básicos y sostener niveles de consumo y ahorro.

“El sentido común del ‘no me alcanza’ muestra una visión más realista de la pobreza, por más que sea un factor subjetivo”, señaló Agustín Salvia, coordinador del Observatorio, al presentar el informe “Estrés económico: cambios y continuidades de la evolución histórica (2010–2024)”.

A contramano del informe de Capital Humano, el estudio de la UCA no detecta un pico de pobreza en 2023 ni una caída abrupta en 2024, sino una evolución ascendente y sostenida entre 2022 y 2024. Según las cifras del INDEC, la pobreza fue del 52,9% en el primer trimestre de 2024 y se redujo al 38,1% en el segundo trimestre, último dato oficial disponible.

¿Qué mide el estrés económico?

El concepto de estrés económico amplía la mirada tradicional de la pobreza al considerar la suficiencia de ingresos del hogar para cubrir consumos mensuales, sostener patrones de consumo y generar ahorro. Es decir, incluso hogares por encima de la línea oficial de pobreza pueden experimentar precariedad material o vulnerabilidad persistente.

Este enfoque aporta una perspectiva más dinámica y multidimensional sobre las condiciones de vida, especialmente en contextos de inflación alta y ajuste fiscal, donde el ingreso puede no reflejar el deterioro del poder adquisitivo real.

La fuerte baja en los indicadores de pobreza informados por Capital Humano se presenta como un respaldo a las políticas económicas del gobierno libertario, pero las percepciones sociales y los indicadores alternativos exigen cautela. Si bien las transferencias directas y el freno de la inflación ofrecen alivio en algunos sectores, la persistencia del estrés económico en más de la mitad de los hogares revela una fragilidad estructural que aún no fue resuelta.

El desafío será consolidar una reducción sostenible y genuina de la pobreza, que no dependa exclusivamente de transferencias focalizadas ni de mejoras puntuales en la macroeconomía, sino que se traduzca en empleo, ingresos estables y mejora en la calidad de vida.

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Nación transfiere a provincias la responsabilidad sobre personas en situación de calle y acceso a vivienda

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El Gobierno redefine su rol ante la crisis habitacional: las provincias asumirán la ejecución de políticas para personas en situación de calle

Cambio de paradigma en la política social federal. Con el Decreto 373/2025, el Gobierno nacional modificó de manera sustancial la Ley N° 27.654, que regula los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo. La nueva normativa consolida un enfoque federal en la atención de esta problemática, transfiriendo a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la responsabilidad inmediata en la formulación y ejecución de políticas públicas, mientras que el Estado Nacional asumirá un rol subsidiario y rector.

El nuevo marco legal: rectoría nacional, acción local

El artículo 3° de la Ley N° 27.654 fue reformulado para precisar que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano será la Autoridad de Aplicación, con funciones limitadas a establecer lineamientos generales y brindar asistencia a las jurisdicciones cuando estas carezcan de recursos técnicos o financieros suficientes.

Esta modificación apunta a evitar la superposición de políticas entre niveles de gobierno y a mejorar la eficacia de la asistencia, reconociendo que los gobiernos locales tienen mayor cercanía y capacidad operativa para abordar la situación de calle en sus territorios.

La vivienda digna como responsabilidad descentralizada

El artículo 10 de la ley también fue sustituido, dejando explícito que serán las jurisdicciones locales —en coordinación con la autoridad nacional— las encargadas de implementar políticas públicas para garantizar el acceso efectivo a una vivienda digna. Se habilita a cada provincia a diseñar soluciones flexibles, como subsidios, centros de inclusión social o asesoramiento legal, adaptadas a su realidad presupuestaria y territorial.

A su vez, se eliminó el inciso a) del artículo 12, que impedía revisar o reemplazar programas sociales preexistentes. Según el Gobierno, esta cláusula obstaculizaba la implementación de políticas eficaces al impedir la reformulación de esquemas ineficientes o redundantes.

Diagnóstico territorial y fundamentos del decreto

El Ejecutivo argumenta que la aplicación uniforme de una política nacional en materia de situación de calle resultó ineficaz debido a la heterogeneidad social, geográfica y demográfica del país. En el documento se citan ejemplos de programas locales exitosos, como la Unidad de Atención Primaria de Salud Itinerante (UAPSI) en Mendoza, el “Operativo en Red” de Misiones, y los marcos legales ya vigentes en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

Desde esta perspectiva, se busca evitar la “burocratización ineficiente” y mejorar el impacto real de las políticas públicas. El decreto destaca que, a través de la coordinación nacional y la ejecución local, se podrá brindar una respuesta más precisa y ajustada a las necesidades de cada población.

El nuevo esquema será informado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional, como lo establece la Ley N° 26.122 para los decretos delegados. A partir de ahora, se abre un proceso de adecuación normativa y operativa que requerirá de la articulación entre Nación, provincias y municipios.

Con esta redefinición, el Gobierno de Javier Milei avanza en su propuesta de reorganización administrativa del Estado, en línea con los ejes de la Ley Bases y el DNU 70/2023, y apunta a una mayor eficiencia del gasto público, bajo criterios de descentralización, responsabilidad fiscal y resultados concretos.

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Baja la pobreza al 35,4%: UTDT estima 2,5 millones de pobres menos desde que asumió Milei

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Baja la pobreza en Argentina: el índice de UTDT muestra una reducción de 16 puntos y 2,5 millones de personas menos en situación crítica

La medición semestral de la Universidad Torcuato Di Tella estima una tasa de pobreza del 35,4% para abril, la más baja desde mediados de 2023. La mejora se vincula a la desaceleración de la inflación y al comportamiento de las canastas básicas.

Pobreza en descenso: 35,4% según el índice de Di Tella

El indicador de pobreza elaborado por el economista Martín Rozada para la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) estimó que el 35,4% de la población urbana en Argentina vive en hogares pobres en el semestre noviembre 2024–abril 2025. Se trata de una baja de casi 16 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior, cuando el índice alcanzaba el 51%.

La estimación —considerada como referencia clave por el Gobierno de Javier Milei— proyecta que 10,5 millones de personas son pobres en centros urbanos, dentro de un universo de 29,6 millones, según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Canastas básicas y desaceleración inflacionaria

El informe se conoció luego de que el INDEC publicara el dato de inflación de abril, que marcó un 2,8% mensual, el nivel más bajo desde octubre del año pasado. En paralelo, la Canasta Básica Total (CBT) aumentó apenas un 0,9% en el mes, hasta los $1.110.063 para una familia tipo en el Gran Buenos Aires. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia, se elevó un 1,3%, ubicándose en $162.554 por adulto.

A nivel anual, ambas canastas aumentaron en torno al 34%, mientras que el IPC acumuló un 47,3% interanual, lo que implica una mejora relativa en el poder adquisitivo de los hogares respecto a la línea de pobreza.

Impacto en la indigencia: de 17,8% a 7,8%

Rozada también estimó una caída abrupta en la tasa de indigencia, que pasó del 17,8% al 7,8% interanual. En términos absolutos, esto implica 2,5 millones de personas menos bajo la línea de pobreza a nivel país, de acuerdo con los cálculos del economista Fernando Marull, quien proyecta un total de 16,7 millones de pobres en el semestre de análisis.

El informe destaca además que el Gobierno actual utiliza el modelo de UTDT como referencia para evaluar el impacto social de sus políticas económicas, que apuntan a una fuerte estabilización fiscal y monetaria.

El precio de los alimentos, clave para el resultado

En abril, los productos de consumo básico mantuvieron aumentos moderados. Por ejemplo, la leche en sachet subió un 3,4%, mientras que la docena de huevos trepó un 12,5%. El pollo entero se incrementó un 8,8%. Sin embargo, la caída en frutas y verduras ayudó a compensar: la lechuga bajó 32,7%, el limón 30,7% y la papa 11,5%.

Esta tendencia contribuyó a moderar el alza en las canastas básicas y, por ende, a mejorar el índice de pobreza, que responde directamente a los valores de la CBT y CBA.

Proyecciones y desafíos futuros

Aunque la baja en la pobreza representa una buena noticia para el Gobierno, el panorama económico todavía exige prudencia. La desaceleración de precios es vista como una condición necesaria, pero no suficiente, para una recuperación sostenible. La presión sobre alimentos, la volatilidad cambiaria y la dinámica del empleo seguirán siendo factores a monitorear.

En ese contexto, el índice de pobreza de UTDT se convierte en una herramienta clave para anticipar el impacto social de las próximas medidas, sobre todo en un año marcado por ajustes fiscales y transición política en varios niveles del Estado.

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Fundar advierte que los salarios siguen 30% debajo de 2017 y crece el número de trabajadores pobres

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Casi el 30% de los trabajadores en Argentina son pobres, a pesar de tener empleo, reveló un informe de Fundar basado en datos oficiales del INDEC. La situación se agrava en sectores clave como el agro, la construcción y el servicio doméstico, donde más de la mitad de los empleados no logran cubrir una canasta básica.

Sectores con mayores niveles de pobreza laboral

Un informe elaborado por Fundar, a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC y publicado en la base Argendata, alerta sobre una tendencia estructural que atraviesa al mercado laboral argentino: el 28,6% de los ocupados viven bajo la línea de pobreza.

Los sectores con peores indicadores son el agropecuario, el servicio doméstico y la construcción, donde más del 50% de los trabajadores son pobres. También superan el promedio general las actividades vinculadas a hoteles y restaurantes, el comercio y la industria manufacturera.

En contraste, los rubros con menor incidencia de pobreza laboral son la minería, los hidrocarburos y el sector financiero, donde los trabajadores pobres no alcanzan el 10%. “Tiene sentido: estas ramas son las de mejores salarios de toda la economía”, explicó Daniel Schteingart, director de Planificación Productiva en Fundar y curador de Argendata.

El caso de la industria: salarios por encima del promedio, pero con alta pobreza

Un dato que llamó la atención es el caso de la industria manufacturera. Aunque ofrece salarios superiores a la media, presenta una pobreza del 29,7%, incluso por encima del promedio general. Entre las explicaciones posibles, el informe destaca que los hogares con jefes industriales tienden a ser más numerosos y tradicionales, lo que incrementa el costo de la canasta básica y reduce el número de perceptores de ingresos.

Otra hipótesis apunta a la heterogeneidad interna del sector: “La industria incluye muchas actividades pequeñas o informales, como panaderías o talleres unipersonales, que empujan hacia abajo los niveles de ingreso”, señala el estudio.

Caída de la pobreza general, pero con salarios aún deprimidos

Según datos oficiales, la pobreza total alcanzó al 38,1% de la población en el segundo semestre de 2024. Si bien representa una mejora significativa frente al 52,9% registrado a principios del año pasado, los ingresos laborales siguen en niveles históricamente bajos.

Martín Rozada, econometrista especializado en pobreza, advirtió que sin los programas de asistencia social —como la AUH, Tarjeta Alimentar y otros planes— la tasa del segundo semestre habría sido del 39,8%.

En términos reales, los salarios de los trabajadores formales en febrero de 2025 eran 26,1% más bajos que el pico de 2017. En el caso de los trabajadores informales, la pérdida supera el 30% respecto de 2018. Aunque se registró una recuperación parcial entre abril y noviembre de 2024, los ingresos se estancaron en los últimos meses y las nuevas paritarias reflejan acuerdos por debajo de la inflación, lo que profundiza el deterioro del poder adquisitivo.

Una advertencia estructural

El fenómeno de los trabajadores pobres se consolida como uno de los desafíos estructurales más urgentes para la economía argentina. El hecho de que tener empleo no garantice superar la línea de pobreza revela las limitaciones del actual modelo productivo y distributivo. Sin una recomposición real de los salarios, políticas de formalización y mejoras en la productividad, los números seguirán alertando sobre una realidad que no mejora con el mero crecimiento económico.

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Uno de cada dos hogares urbanos no accede a todos los servicios básicos

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió los indicadores de condiciones de vida del segundo semestre de 2024, relevados en los 31 principales aglomerados urbanos del país. El informe expone que el 45,7% de los hogares no accede simultáneamente a los tres servicios esenciales -agua corriente, cloacas y gas de red-, lo que evidencia una desigualdad estructural persistente en el acceso a infraestructura básica.

En paralelo, casi dos de cada diez hogares habitan viviendas con materiales de calidad insuficiente o parcialmente insuficiente. Si bien el 81,4% de los hogares reside en viviendas con materiales adecuados, el 18,6% restante presenta condiciones que afectan la habitabilidad, la salud y el bienestar general. A esto se suma un 2,2% de hogares en hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto), lo que implica que 1,2 millones de personas viven sin espacios adecuados de intimidad ni comodidad.

El saneamiento también continúa siendo una deuda pendiente: un 12,8% de los hogares no cuenta con condiciones sanitarias adecuadas, y el 6,5% directamente no posee baño con descarga de agua. Aunque el 97,7% de los hogares accede al agua dentro de la vivienda, todavía hay un 2,3% que debe obtenerla fuera, lo cual complica el acceso seguro y constante al recurso.

Otro dato alarmante es que más de medio millón de hogares están ubicados a menos de tres cuadras de basurales, y 861.000 hogares viven en zonas con riesgo de inundaciones. Estas condiciones ambientales adversas afectan a más del 10% de la población urbana, generando vulnerabilidad estructural.

El régimen de tenencia también refleja los desafíos de acceso a la vivienda: el 22% de los hogares es inquilino y otro 9,6% ocupa sin título formal. Solo el 60% de los hogares es propietario tanto de la vivienda como del terreno, lo que marca una tendencia sostenida hacia la precarización residencial.

En cuanto a cobertura médica, el 32,8% de la población depende exclusivamente del sistema público de salud. En los hogares con niños y adolescentes, esta proporción sube a 43,1%, mientras que entre los adultos mayores desciende al 2,8%, debido a la cobertura casi universal del sistema previsional. La salud pública sostiene a casi 10 millones de personas sin otra cobertura.

En el terreno educativo, la asistencia escolar en niños y adolescentes de 4 a 17 años alcanza el 97,7%, aunque con brechas por edad y por nivel educativo del hogar. Los adolescentes (15 a 17 años) muestran una inasistencia del 5,5%. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, solo el 49% asiste a un establecimiento educativo y apenas el 16,3% de los adultos jóvenes (25 a 29 años) ha finalizado estudios superiores. En los hogares con clima educativo bajo o muy bajo, la probabilidad de abandono escolar es significativamente mayor.

Finalmente, el informe del INDEC vincula estas condiciones con los niveles de pobreza por ingresos: el 38,1% de la población urbana es pobre, de los cuales el 8,2% se encuentra en situación de indigencia. Las carencias materiales no son solo consecuencia de los ingresos, sino también reflejo de desigualdades en el acceso a servicios, infraestructura y derechos básicos.

Los datos del segundo semestre de 2024 consolidan un panorama en el que las mejoras son escasas y la desigualdad estructural persiste. La necesidad de políticas públicas focalizadas, inversión en urbanización y fortalecimiento del sistema de salud y educación es cada vez más urgente para revertir este diagnóstico que afecta a millones de hogares en todo el país.

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