La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con las declaraciones testimoniales de las mujeres que financiaron la compra de su departamento en Caballito. Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, las acreedoras ratificaron la existencia de un crédito privado y precisaron las condiciones del acuerdo, mientras la Justicia avanza sobre la trazabilidad de los fondos.
Según los testimonios de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, el financiamiento fue otorgado en noviembre de 2024 por un total de 100.000 dólares, bajo la modalidad de préstamo hipotecario no bancario. De ese monto, Molina aportó 85.000 dólares y Cancio los 15.000 restantes.
Las testigos indicaron que el acuerdo contempla cuotas mensuales en curso y un vencimiento final previsto para noviembre de este año. Además, detallaron que el crédito fue pactado con una tasa de interés del 11% anual. De acuerdo con lo declarado, al funcionario aún le resta cancelar un saldo de 70.000 dólares más intereses.
En paralelo, la investigación judicial busca determinar si las acreedoras -ambas integrantes de la Policía Federal- contaban con la capacidad económica suficiente para otorgar el financiamiento, así como reconstruir el origen de los fondos utilizados en la operación inmobiliaria.
Un punto de tensión en el expediente surge a partir del testimonio de la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la certificación de firmas tanto de este inmueble como de otra propiedad en Exaltación de la Cruz. La profesional negó la existencia de préstamos en efectivo y sostuvo que la operación se encuadró dentro de un esquema “normal”, describiéndola como una compraventa con pago en cuotas, es decir, un financiamiento directo entre partes y no un crédito externo.
La causa continuará esta semana con nuevas declaraciones. Para el miércoles 15 están citadas Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, también vinculadas a la compra del inmueble. En tanto, la semana pasada prestó testimonio vía Zoom el exfutbolista Hugo Morales, quien había sido el propietario original del departamento antes de venderlo a las actuales acreedoras.
Con estos elementos, la Justicia busca determinar si existió un circuito financiero transparente o si hay inconsistencias que puedan configurar un incremento patrimonial no justificado.
El crimen ocurrido en una escuela de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, sumó en las últimas horas un dato clave que cambia el eje de la investigación y que el Gobierno dio a conocer este miércoles en una rueda de prensa que dejó a muchos atónitos por lo inesperado del caso.
En los hechos, el adolescente que asesinó a un compañero no actuó de manera aislada, sino que formaba parte de una comunidad digital internacional que promueve y glorifica la violencia extrema.
Así lo confirmaron autoridades nacionales y provinciales durante una conferencia de prensa en la que participaron el gobernador Maximiliano Pullaro, la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva y representantes de la Policía Federal Argentina.
La propia ministra fue contundente al definir el caso como “un caso inédito en el país”, lo que obligó a un trabajo coordinado entre fuerzas provinciales y federales.
Qué contó el Gobierno sobre la investigación
En un primer momento, el hecho había sido interpretado como un posible caso de bullying o incluso como un episodio de desborde psicológico. Sin embargo, el avance de la investigación descartó esas hipótesis iniciales.
Según explicó Pullaro, “en principio parecía ser un brote psicótico, posteriormente se habló de que la motivación podía ser el bullying”, pero el análisis de pruebas digitales permitió reconstruir un escenario mucho más complejo.
“No fue un brote psicótico de este adolescente, no tiene que ver con el bullying”, afirmó el gobernador, y agregó que el joven:
“participaba de una red internacional de una subcultura digital que se denomina TCC (True Crime Community)”.
Qué es la TCC y por qué preocupa (no solo en Santa Fe)
De acuerdo a lo detallado por las autoridades, la TCC es una subcultura digital que gira en torno a la fascinación por crímenes violentos, especialmente tiroteos masivos en escuelas.
Monteoliva explicó que estas comunidades están integradas mayormente por jóvenes y adolescentes, y que funcionan a escala global: “Tiene que ver con comunidades virtuales que se centran en el estudio y análisis de asesinatos, de tiroteos masivos (…) organizaciones nihilistas, misantrópicas, que tienden a llevar actos de violencia”.
Además, advirtió que el fenómeno no es nuevo en el país, aunque nunca había derivado en un hecho de estas características. “En los últimos dos años, la Policía Federal junto con el FBI registró e identificó 15 casos y hay cuatro en análisis”, precisó.
Cómo operan estas comunidades
El jefe de la Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), Guillermo Díaz, explicó que estas redes siguen una lógica escalonada.
Primero, se produce una etapa de fascinación por hechos reales, que tiene como punto de partida histórico la masacre de Columbine, en Estados Unidos. Luego, ese contenido se difunde en plataformas digitales como Discord o Telegram.
“El principal problema es la imitación”, señaló Díaz, y agregó que en una fase posterior algunos integrantes pasan directamente a planificar ataques. “Estos chicos pasan a ser héroes”, remarcó.
NO ES UN CASO AISLADO
El ataque en la escuela de Santa Fe expone un fenómeno global: subculturas digitales que se organizan para admirar, replicar y promover tiroteos masivos.
No actúan solos. Se conectan, comparten, planifican y glorifican la violencia.
— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) April 8, 2026
Nuevos implicados y medidas judiciales
La investigación también permitió detectar la participación de otro menor vinculado a estos grupos digitales. El joven fue detenido mientras circulaba por la Ruta Nacional 11 junto a sus padres.
En su domicilio se realizaron allanamientos donde se secuestraron dispositivos electrónicos y material relacionado con estas subculturas.
Además, los peritajes sobre el celular del atacante resultaron claves para establecer conexiones y reconstruir el entramado digital en el que se movía.
Un fenómeno global que excede fronteras
Las autoridades insistieron en que el problema no puede analizarse únicamente desde lo local. “No tiene que ver con lo que pueda suceder en una comunidad, escuela, provincia o país”, sostuvo Pullaro, sino con una lógica global que encuentra en internet su principal espacio de expansión.
En ese sentido, Monteoliva remarcó la necesidad de una respuesta integral: “Una respuesta a este tipo de casos excede e involucra a todas las partes: familia, escuela, educadores, comunicadores. Todos tenemos una función que cumplir”.
Otra línea de preocupación: el fenómeno incel
Durante la investigación también surgió otro dato relevante: en algunos casos, estos grupos digitales se vinculan con el movimiento incel (célibes involuntarios), caracterizado por el odio hacia las mujeres y hacia quienes mantienen relaciones afectivas.
Según Díaz, este tipo de ideología puede escalar hacia conductas violentas, lo que suma un nuevo nivel de alarma dentro de estas comunidades.
Un caso que marca un antes y un después
Mientras la causa judicial continúa en curso y se analizan más dispositivos electrónicos, el caso de San Cristóbal ya es considerado un punto de inflexión.
“Es un fenómeno nuevo, diferente, que tenemos que abordar”, advirtió Pullaro.
El desafío ahora, coinciden las autoridades, será anticiparse a este tipo de dinámicas antes de que vuelvan a traducirse en hechos de violencia en el mundo real.
Efectivos de la Delegación Eldorado de la Policía Federal Argentina realizaron un operativo en la ciudad, donde secuestraron alrededor de 127 paquetes que contenían neumáticos con destino a diferentes puntos del país.
La redada tuvo lugar en un despacho de encomiendas del Correo Argentino, ubicado en la esquina de las avenidas Chacabuco y Batalla de Obligado, en el kilómetro 11 de la Capital del Trabajo.
Según trascendiera en medios locales, el allanamiento es el resultado de un trabajo de inteligencia del cuerpo policial que busca desbaratar una red delictiva que ingresa los neumáticos al país sin los avales aduaneros correspondientes, para luego utilizar el sistema de logística del Correo Argentino para enviarlo en diferentes paquetes.
Los neumáticos de mayor rodado, correspondientes a camiones y camionetas se transportaban en cajas de madera, mientras que los de menor tamaño eran envueltos en cinta de embalar y cubiertos posteriormente con plásticos.
A pesar de que las fuerzas federales trabajan con sumo hermetismo, por lo que aún se espera parte oficial, trascendió que en los manifiestos de envíos figurarían varios nombres con domicilio local y también domicilios de Buenos Aires y Santa Fe, como posibles destinos.
Debido al tamaño del hecho, tramitan una causa por el delito de contrabando en el Juzgado Federal de Eldorado y desestimaron infracciones al Código Aduanero, ya que la mercadería incautada, en esta oportunidad, superaría los 50 millones de pesos, .
Bajo las órdenes del Juzgado Federal de Eldorado, la División Unidad Operativa Federal Eldorado de la Policía Federal Argentina realizó un allanamiento en la sucursal del Correo Argentino por hechos de contrabando (infracción a la Ley 22.415).
El hecho tuvo lugar el pasado viernes 2 de junio, cuando los uniformados llevaron adelante una investigación ligada al contrabando de neumáticos.
Entre los domicilios allanados se encontraba la de la sucursal del Correo, desde donde acreditaron el despacho al resto del país de cubiertas ingresadas bajo el modus “contrabando hormiga” y por tal motivo, investigan vinculaciones con contrabandistas locales.
En las oficinas del edificio incautaron gran cantidad de cubiertas embaladas en el patio y documentación de importancia para la causa.
Además, en otros domicilios secuestraron dinero, vehículos particulares usados para el cruce fronterizo, celulares, hecho por el que quedaron imputadas varias personas.
En un emocionante evento se reinsertaron tres ejemplares de tucán grande (Ramphastos toco) en su ambiente natural en la Reserva Privada San Sebastián de la Selva, en la localidad de Comandante Andresito.
Las aves fueron rescatadas en Buenos Aires del tráfico de fauna y su tenencia ilegal mediante investigaciones realizadas por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo de Carlos Rolero Santurián, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal (CIJ) y el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina.
El tráfico de aves es un flagelo que amenaza a gran parte de la biodiversidad, por lo que las organizaciones ambientalistas piden denunciar la captura, comercialización o venta de fauna silvestre.
