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La indumentaria y el calzado desaceleraron frente a la inflación en 2025

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El precio de la ropa sigue en el centro de la discusión económica argentina, pero detrás de la pregunta aparentemente simple, si vestirse en el país es caro o no, se despliega un entramado mucho más complejo que combina inflación, apertura comercial, caída del poder adquisitivo, importaciones récord y una industria que atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. 

La tensión no es sólo discursiva, ya que los números muestran una paradoja difícil de ignorar. Mientras los precios de la indumentaria y el calzado crecieron muy por debajo de la inflación general, la producción se desplomó, el empleo retrocedió a mínimos históricos y cientos de establecimientos cerraron sus puertas.

El debate se intensificó cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que nunca compró ropa en Argentina porque le parecía “un robo” y sostuvo que los consumidores llegaron a pagar entre dos y diez veces más que en el exterior. En esa misma línea, cuestionó el esquema de protección histórica del sector y defendió la apertura comercial como herramienta para disciplinar precios. “Si pagás cinco dólares una remera en vez de 50, ahora tenés 45 dólares para gastar en otra cosa”, indicó, al sugerir que el ahorro en indumentaria podría volcarse a otros consumos, como gastronomía o esparcimiento.

Sin embargo, cuando se observan los datos oficiales, la dinámica reciente no parece confirmar que la ropa haya sido uno de los motores de la inflación. Según cifras del Indec citadas por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), durante 2025 los precios de indumentaria y calzado aumentaron 15,3%, frente a una inflación promedio de 31,5%; es decir, el rubro fue el de menor incremento del año. 

Si la comparación se amplía desde noviembre de 2023 -inicio de la actual gestión- la inflación acumulada alcanza el 259,4%, mientras que indumentaria y calzado avanzaron 149,4%. En términos relativos, el sector se abarató 30,6% frente al promedio general y hoy se ubica en su nivel relativo más bajo desde 2016. Desde la industria sostienen que esa moderación no es resultado exclusivo de la apertura, sino de un mercado deprimido y extremadamente sensible al precio.

En esa línea, un informe de la Fundación ProTejer remarca que, en perspectiva histórica, la indumentaria no encabezó la inflación y que incluso en precios mayoristas el crecimiento del segmento textil quedó por debajo del promedio de manufacturas. El documento también advierte que la relación entre mayor importación y menores precios no es automática, hubo años con fuerte ingreso de productos del exterior en los que la ropa subió por encima del índice general y períodos de menor apertura en los que aumentó por debajo.

Aun así, la discusión sobre precios no puede aislarse del contexto macroeconómico. La pérdida de poder adquisitivo y la caída del empleo formal contrajeron el consumo, lo que obligó a las empresas a ajustar márgenes para sostener ventas. En ese escenario, la estabilidad relativa de valores no logró reactivar la demanda. Entre enero y noviembre de 2025, las ventas reales en supermercados de prendas, calzado y textiles de hogar crecieron 23,7% interanual, pero en shoppings el consumo de ropa y marroquinería se mantuvo estable y cayó 2,4% respecto de 2023, con un fuerte desplazamiento hacia productos importados.

El reverso de los precios contenidos aparece con crudeza en la producción. En noviembre de 2025, la actividad textil cayó 36,7% interanual y 47,6% frente a noviembre de 2023. Si la comparación se realiza contra el promedio 2016–2023 (sin pandemia), la producción fue 40% menor en textiles y 18,1% inferior en confecciones y calzado. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas 29,2%, el nivel más bajo de toda la industria manufacturera: siete de cada diez máquinas permanecieron paradas.

Las consecuencias laborales son igualmente contundentes. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 18.333 puestos de trabajo registrados en textiles, confecciones, cuero y calzado, una contracción del 15,1% que marca el piso de la serie iniciada en 2009. En paralelo, cerraron 558 establecimientos textiles. A ello se suma una elevada informalidad, que en confecciones ronda el 72%, lo que amplifica la fragilidad social del sector.

En el caso del calzado, la situación no es menos delicada. El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, Horacio Moschetto, advirtió sobre una caída del consumo y la producción superior al 30% en los últimos dos años, el cierre de más de 100 fábricas y la pérdida de alrededor de 10.000 empleos. Además, señaló un aumento del 100% en las importaciones y del 400% en compras por plataformas y clientes digitales, junto con un crecimiento del contrabando y la venta de productos falsificados en redes sociales.

El fenómeno importador, de hecho, es uno de los ejes centrales de la reconfiguración del mercado. En 2025, las importaciones de indumentaria y calzado totalizaron 1.506 millones de dólares. Las compras externas de prendas alcanzaron 681 millones de dólares -máximo histórico a precios constantes- y las de calzado y partes sumaron USD 825 millones, apenas por debajo del récord de 2017 (USD 857 millones). Datos de la consultora Analytica señalan que las importaciones crecieron 97,3% interanual en indumentaria, 121,2% en otros textiles y 25,2% en calzado y partes.

Si se amplía la mirada al conjunto del complejo textil, entre enero y diciembre de 2025 se importaron 391.676 toneladas de productos textiles e indumentaria por USD 1.702 millones, lo que implica un aumento de 71% en cantidades y 52% en valores. El hecho de que las cantidades hayan crecido más que los montos indica una caída de los precios unitarios, es decir, un ingreso masivo de mercadería más barata.

El canal courier aceleró esta tendencia. Las importaciones vía envíos puerta a puerta crecieron 274,2% interanual en 2025, impulsadas por plataformas como Shein y Temu. En prendas, las importaciones aumentaron 164% en toneladas, mientras que en confecciones el salto fue de 205%, ambos récords históricos. Para la industria local, estas plataformas operan con estructuras de costos sustancialmente distintas: no pagan alquileres locales, no financian ventas en cuotas y enfrentan cargas impositivas y regulatorias diferentes en origen.

En este punto, otro aspecto clave es la composición del precio final. De acuerdo con estimaciones de ProTejer, menos del 10% del valor de una prenda vendida en centros comerciales corresponde al costo industrial directo. Cerca del 50% son impuestos; alrededor del 30% se explica por alquileres y costos financieros; un 12% corresponde a logística, marketing y márgenes comerciales, y apenas el 8% queda en manos de la industria. Desde esa óptica, el precio final surge de una cadena de costos que excede al fabricante y que incluye una presión fiscal significativa.

La tensión entre el argumento oficial, que pone el foco en la protección y en los márgenes empresariales, y la mirada sectorial, que destaca la carga impositiva y la estructura de costos, configura un conflicto que va más allá de la coyuntura. En el fondo, se discute qué peso debe tener la industria nacional en un mercado crecientemente integrado al comercio global y cómo equilibrar precios accesibles para el consumidor, desde una prenda básica hasta el calzado femenino, con sostenibilidad productiva y empleo.

Experiencias, servicios y un nuevo patrón de consumo

Más allá de la disputa entre funcionarios y empresarios, el trasfondo revela un cambio más amplio en la forma en que los argentinos asignan su ingreso. La fuerte suba de servicios esenciales -tarifas, transporte, alquileres, salud y alimentos- absorbe una porción creciente del presupuesto familiar, lo que deja menos margen para bienes semidurables como la indumentaria. En ese contexto, la ropa pasa a ser un gasto postergable, reemplazable o directamente sustituido por opciones importadas de menor precio.

Al mismo tiempo, se consolida un desplazamiento hacia consumos con mayor carga experiencial. Estudios internacionales como “The Live Effect” de AEG Global Partnerships muestran que el 72% de la Generación Z asistió a al menos un evento de música en vivo en los últimos tres años, y que para muchos jóvenes la emoción asociada a comprar una entrada es comparable a planificar un viaje. El Trend LAB de Youniversal señala que recitales y festivales son la experiencia en vivo más significativa para el 44% de ese segmento, con fuerte presencia en países como Argentina. En ese marco, también gana terreno la lógica del regalo de experiencias -entradas a espectáculos, cenas, escapadas o actividades recreativas- por sobre los obsequios materiales tradicionales.

En contextos de ingresos restringidos, el consumidor prioriza aquello que percibe como generador de valor emocional inmediato. Comer afuera, realizar una escapada breve o asistir a un espectáculo pueden resultar más atractivos que incorporar una prenda adicional al guardarropa. La lógica ya no es acumular bienes, sino maximizar experiencias. Incluso el propio ministro Caputo aludió a esa reasignación potencial del gasto al señalar que el ahorro en ropa podría destinarse a otros sectores.

Este cambio cultural no elimina la necesidad de vestirse, pero sí redefine la elasticidad del gasto en indumentaria. Cuando el ingreso real cae y la oferta importada se expande con precios competitivos, la producción local queda atrapada entre un consumo selectivo y una competencia global intensa.

En definitiva, la situación actual del sector textil y de calzado combina variables macroeconómicas, fiscales y culturales. Los precios crecieron por debajo de la inflación y hoy se encuentran en mínimos relativos, pero la industria opera con niveles históricos de capacidad ociosa y empleo en retroceso. Las importaciones baten récords y el mercado se reconfigura con rapidez.

La pregunta que queda abierta es si este proceso es esencialmente coyuntural, producto de una economía en transición y de un consumo afectado por la pérdida de poder adquisitivo, o si marca un cambio estructural en el patrón productivo y en los hábitos de los consumidores argentinos. De la respuesta dependerá no solo el futuro de miles de empresas y trabajadores, sino también el perfil industrial que el país decida sostener en los próximos años.

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Los que quedan en el camino

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Algunos vamos a quedar en el camino, pero si ese es el precio que hay que pagar para que nuestros nietos, nuestros hijos, tengan una Argentina normal, yo creo que vale la pena”. La frase del presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, describe el derrumbe de la economía y se convierte en una definición política de quiebre. Ya no se trata cerrar los números con la gente adentro, sino de un sálvese quien pueda para alcanzar un país “normal”, en el que, por reflejo, no será para todos. 

El problema en la frase de Grinman es que ese “algunos” ya involucra a cerca de 22 mil empresas y casi 300 mil empleos perdidos en los últimos dos años. Números que impactan por la velocidad y la magnitud del deterioro. Durante los cuatro años de Cambiemos cerraron 25 mil pymes. Durante el peor gobierno de Alberto Fernández, que atravesó la pandemia y terminó con una feroz recesión, se estima que cerraron 12 mil empresas. 

No se trata, como plantea livianamente el diputado libertario Diego Hartfield de que “cierre de empresas hubo siempre”, sino de un plan económico que derrumbó la actividad y que no aparecen señales positivas en el horizonte. 

La misma dinámica se puede observar en la yerba mate. Durante los 90, la anterior década desregulada, la crisis tardó en hacer eclosión porque Carlos Menem había logrado congelar los precios. De la hiper se pasó a cero casi sin escalas y los productores pudieron “aguantar”, aunque inexorablemente se producía un éxodo rural y se malvendían chacras por la miseria de los precios de la materia prima. Ahora ese escenario se repite a máxima velocidad: mientras se derrumbó el precio de la hoja verde, los costos de producción no dejaron de subir. El gasoil, insumo esencial de la chacra, aumentó 231,8 por ciento desde que asumió Javier Milei. Ni hace falta sumar electricidad o los alimentos, que en el último año aumentaron por encima del 40 por ciento. La situación se hace insostenible para muchos pequeños productores. 

La industria, aunque paga mucho menos que hace dos años por la materia prima, también debe afrontar mayores costos y rentabilidad escasa.Y despide. Un círculo nada virtuoso que la reforma laboral celebrada como un triunfo por el Gobierno, no vendrá a solucionar. 

La reforma laboral es la carta que le faltaba al menú libertario. No puede quejarse el Presidente de que haya obstrucción de la oposición, ni culparla por falta de resultados: cada iniciativa considerada clave, contó con respaldo político.

La nueva ley laboral avanza sobre varios pilares sensibles del sistema de relaciones de trabajo en la Argentina. Por un lado, flexibiliza las condiciones de contratación y modifica el esquema de despidos mediante la creación de un fondo de cese laboral administrado por bancos y entidades financieras. Ese fondo se nutriría de aportes patronales que hasta ahora tenían como destino la Agencia Nacional de la Seguridad Social, lo que abre un interrogante inevitable: ¿se trata de un mecanismo de previsibilidad para las empresas o de un nuevo factor de desfinanciamiento del sistema previsional?

La iniciativa también redefine el equilibrio de fuerzas entre empleadores y sindicatos. Impone límites más estrictos al derecho a huelga al fijar servicios mínimos del 75% en sectores considerados esenciales -salud, educación, transporte, energía y agua, entre otros-, un alcance tan amplio que, en la práctica, reduce de manera significativa la capacidad de presión gremial. Al mismo tiempo, promueve los acuerdos por empresa por sobre los convenios colectivos por actividad, lo que podría fragmentar la negociación salarial y debilitar el poder estructural de los sindicatos.

El Gobierno sostiene que la reforma apunta a “modernizar” la legislación laboral y a dinamizar un mercado de trabajo formal que lleva más de una década estancado. Sin embargo, buena parte de los economistas advierte que ninguna modificación normativa, por sí sola, puede revertir esa inercia si la economía no logra salir del ciclo de bajo crecimiento que arrastra desde hace años. La discusión de fondo, entonces, no es solo jurídica ni laboral: es, ante todo, macroeconómica. Sin expansión sostenida, difícilmente haya reforma que alcance.

Misiones perdió más de 10 mil empleos privados desde que asumió Javier Milei -después de un techo de 110 mil registrados en 2023-. La extensa fila -varias cuadras y largas horas de espera desde la madrugada del viernes- de jóvenes y no tanto, para cubrir 20 puestos pedidos por un supermercado familiar de Posadas, exhibe una postal que no era habitual. 

Fotos gentileza Primera Edición.

La urgencia por un trabajo atraviesa a toda la sociedad. En la construcción, el derrumbe es histórico, con el volumen de empleo más bajo desde 2007. En diciembre Misiones registró unos 4.636 empleos formales en la construcción, con una baja mensual del 6,3% (-312 empleos) al tiempo que, en la comparación interanual, el empleo se contrajo 10,1% (-521 empleos). Si se toma la evolución desde noviembre 2023 a diciembre 2025, de modo de observar el impacto sobre la construcción de las políticas aplicables por la gestión Milei, Misiones presenta una baja del 40,4%, provocando una pérdida de 3.137 empleos.

No es un problema local. La última encuesta de Zuban & Córdoba revela que la principal preocupación es el bolsillo, pero no en abstracto, sino en una forma concreta y cotidiana: “bajos salarios y pérdida del poder adquisitivo”, encabeza el ranking con 28,5%. Le siguen “falta de empleo y desocupación” (22,7%), “inflación y aumento de precios” (17,7%).

En la misma línea, la última encuesta de Atlas Intel para Bloomberg vuelve a encender luces amarillas en la Casa Rosada. La desaprobación del presidente Javier Milei trepó al 55,3% y acumula dos meses consecutivos en alza, acercándose al máximo histórico de la serie. La aprobación, en cambio, cayó al 41,5%, también por segundo mes consecutivo, mientras que el 3,3% aún no toma posición. Cuando se analiza la evaluación general del Gobierno, el 53,1% lo califica como malo o muy malo, frente a un 35% que lo considera excelente o bueno y un 11,9% que lo define como regular. Lo llamativo es que, aunque crecen tanto las opiniones positivas (+4,5 puntos) como las negativas (+5,5 puntos), estas últimas alcanzan su nivel más alto desde el inicio de la serie. La sociedad parece polarizarse, pero con un sesgo creciente hacia la crítica, aunque hasta hace pocas semanas se aplaudía a rabiar la motosierra y el ajuste.

El capítulo laboral es especialmente sensible. Más de la mitad de los argentinos cree que la reforma reducirá derechos (59%) y aumentará la precarización (55%). Un 63% piensa que la informalidad crecerá o no cambiará. Si bien el 40% espera mayor competitividad, el 58% prevé que la oferta de empleo caerá o permanecerá estancada. El mensaje oficial de modernización choca con el temor social a la pérdida de estabilidad.

El trasfondo es económico. El 62% califica la situación del país como mala y apenas el 22% la considera buena. Más contundente aún: el 57% evalúa negativamente la realidad de su propio hogar. A futuro, el 50% cree que la economía empeorará y más de la mitad anticipa un deterioro del mercado laboral. Ese clima condiciona consumo, crédito e inversión, pilares de cualquier recuperación sostenible.

No se trata de una consultora marginal. Atlas Intel fue una de las firmas que mejor proyectó el triunfo de Milei en 2023. Su estudio Latam Pulse Argentina, realizado en febrero de 2026 junto a Bloomberg, ubica la confianza del consumidor en zona negativa y posiciona al país entre los peores registros de la región.

La brecha entre la narrativa oficial de estabilización macroeconómica y la percepción cotidiana de la sociedad aparece como el principal desafío político. Porque aun cuando los números fiscales o inflacionarios muestren mejoras, el humor social se mueve por el empleo, el ingreso disponible y la expectativa de futuro. Y hoy, según estos datos, ese humor está dominado más por la preocupación que por la esperanza.

Las soluciones no pueden ser locales, aunque las provincias tienen que hacerse cargo de las consecuencias. El gobernador Hugo Passalacqua expresó con claridad su prioridad: “Empleo, empleo, empleo”; repitió durante la firma de un nuevo acuerdo de financiamiento con el Consejo Federal de Inversiones por 5.500 millones, destinado a Pymes y fortalecer el empleo. 

También en esa línea se inscribe la reingeniería de la cúpula del Estado que decretó Passalacqua: 144 puestos jerárquicos fueron eliminados como corolario de un proceso que se inició hace varios meses y que continuará en los próximos. “Decreté la eliminación de 114 cargos jerárquicos del ámbito provincial, entre direcciones, secretarías y otras estructuras. Esta decisión se da en el marco de una serie de medidas que estamos tomando como parte de una evolución necesaria para los tiempos que corren, simplificando activamente el Estado para que sea cada vez más eficiente. Respetar el esfuerzo de nuestra gente es, ante todo, cuidar la plata de la familia misionera para que los recursos lleguen mejor a donde tienen que estar”, detalló Passalacqua.

Es que las perspectivas no son alentadoras en cuanto a los recursos. En el mes de febrero de 2026 las transferencias automáticas del Estado nacional a las provincias y CABA totalizaron $ 5,44 billones presentando un nuevo descenso en términos reales1, que esta vez fue de -7,5% respecto a igual mes del 2025; a su vez, contra el mes previo también mostraron un retroceso (-9,5% real mensual).

En ese marco, los envíos a Misiones totalizaron $ 172.603 millones con una variación también negativa del 7,9% interanual, al tiempo que contra el mes anterior disminuyeron en 9,7% real. El primer bimestre 2026 cerró con envíos a Misiones por $ 358.336 millones, que representa un -7,4% en términos reales contra igual período del 2025.

Si la economía no crece es improbable que los recursos lo hagan. Y la economía lejos está de crecer de forma homogénea. Apenas estertores. El estimador económico de diciembre mostró un crecimiento interanual del 3,5% y una suba mensual desestacionalizada del 1,8%. En términos de tendencia-ciclo, el avance fue de apenas 0,3%. A primera vista, el número habilita la palabra “recuperación” y el Gobierno de Javier Milei lo exhibe como señal de éxito, del mismo modo que lo hizo con el superávit comercial.

El 3,48% interanual está fuertemente explicado por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 32,2% y aportó 1,91 puntos porcentuales al total. Es decir, más de la mitad de la expansión proviene del agro. La explicación técnica es clara: cosecha récord de trigo y efecto rebote tras la sequía de 2023.

El segundo motor es la intermediación financiera, con un crecimiento del 14,1% y una incidencia de 0,52 puntos. Le sigue explotación de minas y canteras, con 9,1% y 0,36 puntos de aporte. También muestra dinamismo el sector de electricidad, gas y agua.

El patrón es evidente: la expansión se apoya en agro, finanzas y sectores primarios o energéticos.

En contraste, los sectores con mayor encadenamiento productivo y mayor elasticidad empleo-producto siguen mostrando debilidad. La industria manufacturera cayó 3,9% interanual y restó 0,60 puntos al crecimiento. El comercio mayorista y minorista retrocedió 1,3% y restó 0,16 puntos. Hoteles y restaurantes bajaron 1,5%. La administración pública cayó 1,1%.

En términos distributivos y laborales, el dato es aún más relevante. El agro combina alta productividad con baja absorción relativa de empleo. La intermediación financiera tampoco es intensiva en mano de obra. Es posible, entonces, observar crecimiento estadístico sin una mejora proporcional en el salario real ni en el consumo masivo.

Políticamente, el número permite construir la narrativa de la reactivación y alimentar el relato del “éxito económico”. Pero la estructura sectorial revela un patrón de crecimiento apoyado en commodities, energía y valorización financiera, mientras la industria manufacturera -núcleo de densidad tecnológica y empleo- continúa en contracción.

El consumo masivo no rebota: se sigue hundiendo. El adelanto de la consultora Scentia para enero confirma una caída interanual de 1,1% en el total de canales. Pero el promedio esconde el golpe real: el self service total -supermercados de cadena y autoservicios independientes- cae 3,8% frente a enero del año pasado. Dentro de ese universo, los supermercados retroceden 3,3% y los autoservicios 4,2% interanual. Es el consumo cotidiano, el de góndola y barrio, el que sigue en terreno negativo.

El desglose por canales tampoco ofrece consuelo. Contra diciembre, enero muestra desplomes de dos dígitos: supermercados -15,4%, autoservicios -12,5%, mayoristas -14,6% y e-commerce -11%. Farmacias caen 7,8%. Solo Kioscos y Tiendas (K+T) exhiben una leve suba interanual de 2,7%, mientras que el comercio electrónico crece 33% contra enero de 2025, aunque desde una base más acotada y con fuerte volatilidad mensual. Pocas veces se vio un deterioro tan extendido y sostenido en el consumo masivo: cuando caen los canales que venden lo básico, no es un ajuste estadístico, es una señal de enfriamiento profundo del poder adquisitivo.

En Misiones, las ventas en los supermercados volvieron a ser negativas. Las ventas relevadas en las bocas de expendio de los grandes supermercados de la provincia totalizaron $ 29.771 millones en diciembre y en relación con igual mes del 2024 mostraron una caída del 6,0%, la octava baja consecutiva. Fue la provincia con el tercer mayor descenso del país (solo por encima de Corrientes y Tucumán); a su vez, el retroceso también se observó en la comparación mensual  desestacionalizada, donde las ventas disminuyeron en 0,2% real (también la tercera más fuerte del país). Misiones cerró el 2025 con una caída acumulada de sus ventas del 3,8% contra 2024 (tercera más fuerte del país). Fue el peor año para este indicador en la provincia, ya que también muestra bajas contra todos los años desde 2017.

Como contraste, los Ahora se transformaron en una herramienta definitiva de sostén de la actividad económica. Los últimos datos de las ventas de los diferentes programas Ahora Misiones revelan un crecimiento exponencial en el consumo interno impulsado por estas herramientas de fomento económico durante los años 2024 y 2025. El impacto económico total en el bienio analizado alcanzó la cifra histórica de $160.945 millones, con un total de ventas en 2024 de $62.287.046.550 y $98.658.577.995 durante 2025, con un incremento nominal del 58,4% sobre las ventas totales.Los programas se han diversificado para cubrir todas las necesidades de las familias misioneras. Se destaca el programas Ahora Misiones, que con un total de $44.090 millones en el año 2025 sigue siendo el pilar del consumo, representando el 50% de las ventas totales del sistema.Sin el programa de financiamiento, la sangría fronteriza sería inaguantable. La presión por el empleo, mucho más asfixiante.

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Milei redobla su ofensiva contra industriales y expone la tensión entre apertura y empleo

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Javier Milei volvió a subir el tono contra sectores industriales a los que acusa de haber operado con márgenes extraordinarios al amparo del proteccionismo. A través de su cuenta en X, el Presidente habló de “chorros” y de un “robo” contra los consumidores, y reivindicó la apertura económica como herramienta para desarmar lo que define como un esquema de privilegios empresariales. El mensaje llegó en un momento delicado: el cierre definitivo de la planta de Fate en Virreyes y el despido de 920 empleados, una decisión que obligó al Gobierno a dictar conciliación obligatoria por 15 días bajo la Ley 14.786.

La ofensiva discursiva no es aislada. Se inscribe en una estrategia más amplia de confrontación con sectores productivos que cuestionan la desregulación comercial y la reducción de barreras a la importación. En términos políticos, Milei intenta reforzar su narrativa: la apertura como mecanismo de disciplinamiento de precios y eliminación de “ganancias extraordinarias”.

Acusaciones públicas y defensa de la apertura

El Presidente celebró un mensaje que reunía titulares sobre presuntos sobreprecios industriales y márgenes elevados en distintos rubros. En ese marco, apuntó contra empresarios siderúrgicos y fabricantes de neumáticos, a quienes aludió con apodos despectivos, y sostuvo que habían dejado “en evidencia” un sistema que, según su visión, operó con protección estatal.

En el sector del neumático, Milei citó declaraciones del CEO de Neumen, Roberto Méndez, quien reconoció públicamente: “Los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas. Soy el primero en reconocerlo. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”. También señaló que la ganancia debería ubicarse en “no menos de 22%” sin contar impuestos.

El Gobierno interpreta estas admisiones como prueba de que la regulación comercial y la restricción a las importaciones favorecieron márgenes elevados. Por eso, defiende la apertura como instrumento correctivo. No se trata solo de comercio exterior: es una disputa sobre el modelo productivo y el rol del Estado en la protección de la industria.

Semanas atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había calificado de “robo” los precios de la ropa en Argentina y admitido que evitaba comprar indumentaria en el mercado interno. El cruce con la industria textil anticipó el clima actual.

El caso Fate: empleo, regulación laboral y señal al mercado

La confrontación discursiva coincidió con el anuncio del cierre de la planta de Fate en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando, y el despido de 920 trabajadores. Frente a esa decisión, el Gobierno activó la conciliación obligatoria por 15 días, ordenando retrotraer la situación previa al conflicto.

La resolución, firmada por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo en el marco de la Ley 14.786, obliga a la empresa a dejar sin efecto las cesantías mientras dure el proceso y a garantizar tareas normales. Al mismo tiempo, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino debe suspender medidas de fuerza.

La intervención muestra un equilibrio complejo. Por un lado, el Ejecutivo promueve apertura y competencia externa; por otro, utiliza herramientas regulatorias para contener el impacto laboral inmediato. En términos económicos, el conflicto expone la tensión entre precios más bajos vía importaciones y sostenibilidad del empleo industrial.

El sector del neumático enfrenta competencia creciente en un mercado que históricamente operó con protección arancelaria. La apertura puede presionar márgenes y forzar reestructuraciones. Sin embargo, también puede trasladar beneficios al consumidor final en forma de precios más competitivos.

Señales políticas y reconfiguración del vínculo con la industria

El mensaje presidencial va más allá del caso puntual. Milei habla de “batalla cultural” y agradece, en tono irónico, a empresarios que —según su lectura— revelaron prácticas asociadas al proteccionismo. La estrategia apunta a consolidar apoyo social a la desregulación, incluso en medio de conflictos laborales.

La señal al mercado es ambivalente. Para importadores y consumidores, la retórica refuerza la idea de mayor competencia y menores barreras. Para la industria local, introduce incertidumbre sobre el nivel de respaldo estatal en un contexto de transición.

La utilización de términos duros no es casual. Forma parte de una construcción política que contrapone apertura y “empresarios amigos”. Al mismo tiempo, la conciliación obligatoria muestra que el Gobierno no renuncia a herramientas de intervención cuando el conflicto escala.

La discusión de fondo permanece abierta: cuánto ajuste puede absorber el entramado industrial sin deterioro significativo del empleo y cuánto margen existe para sostener competitividad sin protección. La confrontación discursiva ya está instalada. El impacto económico real se medirá en los próximos meses.

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Canasta Básica: la suba del 4,3% de enero hizo que el Salario Mínimo alcance solo para 18,2 días

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La Fundación COLSECOR presentó el informe de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que contempla precios registrados en 29 localidades medianas y pequeñas de 6 provincias del interior del país.

De este trabajo, cuya frecuencia es mensual, se desprende que en enero de 2026 un adulto necesitó $181.767 para cubrir sus necesidades básicas alimentarias. Ese valor determina la línea de indigencia. La suba intermensual fue del 4,3%, cifra que también representa el incremento acumulado en el año. En tanto, el interanual (enero 2025 – enero 2026) se ubicó en 32,6%.

El proyecto es realizado junto a Cooperativas de Servicios Públicos, y los resultados indicaron que para una familia tipo (cuatro integrantes) la Canasta Básica fue de $561.659, mientras que en el caso de un núcleo familiar integrado por dos y tres personas, los valores ascendieron a $272.650 y $447.146 respectivamente. Para hogares conformados por cinco integrantes, el total ascendió a $590.741.

Al analizar el informe, el economista Gerardo Sánchez, asesor de la Fundación Colsecor, señaló que “con el aumento intermensual del 4,3% de enero, se registra por tercer mes consecutivo subas por encima del 4%, lo que ratifica la dificultad en el proceso de desinflación de alimentos que se había empezado a observar a fines del año pasado”

Sobre esta suba, Sanchez detalló: “A diferencia de los dos meses anteriores, el aumento fue más generalizado entre los productos.   Durante noviembre y diciembre la carne vacuna explicó la mayor proporción del aumento, un 70% y 66%, respectivamente. Mientras que en enero esto fue del 40%, ya que se sumaron registros de fuertes subas en otros bloques. Entre estos estuvieron, por orden de impacto, “frutas y verduras” (sobre todo en manzanas, peras y papa), “pan y harinas” (en el que se destacan por su aumento la harina y los fideos), los “lácteos” (en particular la leche) y el pollo que aumentó casi un 15% intermensual, explicado por la suba de la carne vacuna, al ser uno de los principales sustitutos”.

Relación entre la CBA y el Salario Mínimo, Vital y Móvil

El informe incorpora también la evolución de la relación entre la Canasta Básica Alimentaria y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En enero, con un salario mínimo de $341.000, el ingreso alcanzó para cubrir solo 18,2 días de alimentación básica de un hogar tipo. De este modo, se observa que el SMVM continúa sin cubrir el mes completo de alimentación básica.

Comparación con otras mediciones del país

El informe que presenta mensualmente la Fundación Colsecor compara también los resultados con otras mediciones de la Canasta Básica que se realizan en nuestro país. Esta se efectúa al mes anterior, para contar con los datos de los otros registros al momento de efectuar este informe.
De esta forma, en enero, la Canasta Básica presentada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para un adulto equivalente fue de $261.125, mientras que en el Gran Buenos Aires (INDEC) alcanzó los $190.780. La medición de la Fundación Colsecor se ubicó en $174.280, en Tucumán se registró un total de $172.695 y en Mendoza, $157.263.

Canasta Básica Alimentaria

El proyecto que impulsa la Fundación Colsecor desde junio de 2021 se propone generar información y profundizar el conocimiento sobre pequeñas y medianas localidades de nuestro país. A través de esta iniciativa, coordinada por la socióloga Natalia Calcagno, cada lugar puede conocer el nivel de ingresos que necesita un habitante para cubrir sus necesidades básicas, valor que determina la línea de indigencia.

Para medir la Canasta Básica Alimentaria se registran los precios del conjunto de alimentos que establece el INDEC. La medida de referencia utilizada por el instituto se define por los requerimientos calóricos mensuales de un adulto equivalente, hombre de 30 a 60 años de actividad moderada.

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Metas distorsionadas

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Acomodando lo que se pueda, con la máxima creatividad posible, realismo del contribuyente y sin dañar el equilibrio fiscal”, le había dicho el gobernador Hugo Passalacqua a Economis hace unos días en relación con las medidas fiscales tomadas para aliviar el bolsillo y reactivar la economía. 

En esa línea se enmarca la decisión de elevar el umbral para que las empresas misioneras se conviertan en agentes de retención y percepción de Ingresos Brutos. Se busca recuperar dinamismo en una actividad económica arrastrada a una recesión autoinfligida por decisiones “de la macro”.  

El nuevo piso se estableció en una facturación de 1.800 millones anuales, en lugar de los 1.300 millones del año pasado, con una suba por encima de la inflación, lo que debe redundar en mayor flujo de caja para al menos 2.700 empresas que serán beneficiadas directamente.

El objetivo es darle vitalidad a la economía ante la ausencia de acciones y respuestas por parte del Gobierno nacional que no parece interesado en atender las realidades que estén fuera de su rango de visión ideológica.

La decisión política misionera llega en un escenario en el que la recaudación propia está en zona compleja: cayó 6,9 por ciento en 2025, como reflejo de la menor actividad económica. Por eso tiene más valor. Al contrario de las lecturas simplistas sobre la “presión fiscal”, la política tributaria no es un dogma, sino que se adapta a la realidad económica con estímulos específicos. 

El contraste con la política económica nacional está a la vista. El Gobierno de Javier Milei recurrió a usuales prácticas “populistas” para adaptar la realidad a sus intereses. 

La salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos dejó en evidencia al Presidente y al ministro de Economía, Luis Caputo, quien admitió que no estaban de acuerdo con los resultados que iba a arrojar la nueva medición del Índice de Precios al Consumidor -más adecuado a los consumos actuales y con mayor peso de los servicios-, por lo que decidieron no utilizarlo, pese a los compromisos con el Fondo Monetario y un trabajo de varios años, que ahora fue dejado de lado. 

El nuevo IPC aparecerá cuando la inflación tienda a cero, dijo Caputo. O cuando convenga. En realidad, lo que se evitará con la postergación es la visibilidad del impacto de los nuevos aumentos en los servicios -energía, gas- previstos para este mes y marzo. El nuevo IPC tenía una mayor preponderancia de esos servicios y en consonancia, iba a frenar “la baja” de la inflación, que en realidad no baja desde mayo del año pasado. El mayor peso en las tarifas energéticas, de 14,5% del total en vez del 9,8% del IPC actual, tendría correlato en el cálculo final de la inflación de febrero por el 16% de aumento en gas y 3,6% en la luz.

Lo curioso es que hasta esta semana nadie cuestionaba el nuevo cálculo del Indec. De hecho, un reporte del Banco Central lo destacaba en diciembre porque “no debería afectar significativamente la tendencia inflacionaria esperada”. 

Caputo no intentó siquiera disimular la decisión de postergar la publicación del nuevo IPC hasta “cuando convenga”. 

“Marco (Lavagna) tenía como fecha para implementarlo ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar el cambio una vez que el proceso de deflación esté totalmente consolidado”, detalló Caputo. El ministro blanqueó que Milei pidió no difundir el nuevo índice y avisó que “seguiremos con el actual hasta que esté consolidada la desinflación”.

Esa decisión no implica sólo manipular los números de la inflación, sino que el achatamiento impacta en una cadena de variables, como salarios, jubilaciones, paritarias o el cálculo de gastos en el Presupuesto. 

Desde enero, el dólar oficial se ajusta por la inflación, una condición explícita del Fondo Monetario Internacional. Si se alteraba la metodología actual y el Índice de Precios al Consumidor arrojaba un número más alto, el esquema quedaría atrapado en una dinámica peligrosa. A mayor inflación, mayor ajuste del dólar; a mayor dólar, más expectativas inflacionarias, y el ciclo vuelve a empezar. Para evitar esa espiral, el Gobierno optó por no actualizar el IPC. Tras haber comprimido la actividad económica para forzar una baja de la inflación y comprobar que ni siquiera así logra domarla, ahora elige intervenir sobre el termómetro antes que sobre la fiebre.

Lo mismo que se le cuestionó al Indec manejado por Guillermo Moreno o cuando Marcos Peña cambió las metas de inflación anunciadas por el Banco Central aquel memorable 28 de diciembre de 2017. En aquella mesa estaban sentados el jefe de Gabinete de Mauricio Macri, acompañado por el ministro de Finanzas, Luis Caputo y el titular del BCRA, Federico Sturzenegger, que hoy son figuras excluyentes del gobierno de Milei. 

“Queremos transmitirles a los argentinos la tranquilidad enorme de tener un equipo económico con una misma visión de hacia dónde ir y de trabajar en equipo”, cerraba aquella recordada conferencia de prensa el jefe de Gabinete, Marcos Peña. 

No hubo tranquilidad. La inflación estimada en 10 + o – 2 por ciento terminó en 47 por ciento A partir de ese día, el Gobierno de Macri entró en declive, tuvo que pedir auxilio desesperado al FMI y terminó perdiendo las elecciones. 

A diferencia de entonces, el FMI ya es un actor clave de la política económica y Donald Trump es a Milei lo que fue Christine Lagarde. 

Habrá que ver si los resultados son distintos, pero The Wall Street Journal, ya advirtió que el episodio está “poniendo a prueba la confianza de los inversores en la reforma económica” del presidente Javier Milei. El matutino financiero sostuvo además que la controversia “revive el recuerdo de los esfuerzos de sus predecesores peronistas por manipular los datos de precios al consumidor”.

Lo que no puede tapar la demora del nuevo IPC son los indicadores económicos, que marcan una depresión profunda sin señales de recuperación. 

La industria manufacturera encadenó su sexta caída interanual consecutiva en diciembre, al arrojar un retroceso del 3,9% versus el mismo mes de 2024. De este modo, los datos volvieron a reflejar que se trata del sector más afectado por el modelo económico impulsado desde el Gobierno.

El análisis sectorial expone un mapa preocupante: 10 de las 16 divisiones industriales registraron caídas interanuales. Los retrocesos más profundos se dieron en textiles (-25,7%), prendas de vestir y calzado (-16,7%), automotores (-19,4%) y maquinaria y equipo (-14,8%), sectores intensivos en empleo y clave para el entramado productivo nacional.

Incluso dentro de los rubros que lograron crecer, el desempeño es heterogéneo. Alimentos y bebidas apenas avanzaron 0,8%, mientras que yerba mate, té y café retrocedieron 4,5%, un dato especialmente relevante para las economías regionales. La industria vinculada al consumo masivo muestra signos de agotamiento, presionada por la caída del poder adquisitivo.

Para el Gobierno, sin embargo, la culpa no es propia, sino de la misma industria que no se anima a competir. “Nunca compré ropa en Argentina porque es un robo”, dijo un locuaz Caputo. En la industria no están muy contentos con la posición oficial. La Federación de Industrias Textiles Argentinas alertó que estas prácticas se reflejan en una caída de la actividad cercana al 37% y en niveles de utilización de la capacidad instalada inferiores al 30% en el sector textil. “El problema actual no es la falta de competitividad, es la competencia fraudulenta”, afirmaron desde la entidad, que reclamó el cumplimiento de las normas vigentes de comercio exterior y el restablecimiento de condiciones de competencia justa como paso indispensable para recuperar producción, empleo y desarrollo industrial en la Argentina.

No parece haber demasiado interés en atender esas demandas. De hecho, hay funcionarios que se regodean en lo contrario. El asesor presidencial Miguel Boggiano lo expresó con claridad: “Se van a fundir. Se tendrán que ir a otro lugar. Se fundirán. Yo no tengo vergüenza en decirlo”.

El ministro del Interior, Diego Santilli exhibió ante los productores nucleados en Coninagro, una muestra clara de que el Gobierno no está dispuesto a atender reclamos ni advertencias. En el encuentro con la entidad se dedicó a “vender” la reforma laboral que Milei espera tener aprobada antes de marzo, más que a escuchar los planteos del campo y la chacra. El presidente de Federación de Cooperativas de Misiones, Gustavo Hein, expuso ante Santilli la crítica situación del sector yerbatero durante la reunión del Consejo de Coninagro, realizada el miércoles por la noche.

Hein detalló ante el funcionario que “el yerbatero es un mercado especial” que requiere reglas de juego diferentes a las del mercado general, debido a sus características propias. En ese sentido, sostuvo la necesidad de contar con instrumentos específicos que permitan equilibrar la oferta y la demanda, evitar la depresión de los precios que recibe el productor y, al mismo tiempo, garantizar que el consumidor pague un precio razonable por el producto terminado.

Hein señaló que Santilli escuchó el planteo con atención y se mostró receptivo, al tiempo que manifestó que ya estaba al tanto de la problemática, dado que había dialogado previamente sobre el tema con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

El funcionario nacional indicó que la cuestión deberá canalizarse a través de la Secretaría de Agricultura de la Nación, ámbito en el cual se deberían formalizar los planteos y abrir una instancia de diálogo y negociación.

“El desafío es convencer a la Secretaría de que el sector necesita otros instrumentos para mejorar la situación del productor”, resumió Hein, al sintetizar los pasos que, a su entender, deberían seguir tras el encuentro. Agricultura conoce en detalle la situación, ya que el Instituto Nacional de la Yerba Mate depende de ella, pero está claro que la política de desregulación no es una variable que esté en negociación. 

En el Gobierno provincial tienen claro que la solución para la yerba mate no vendrá de la mano de notas o reclamos a Nación -aunque sea una batalla que no se abandona-, porque entiende que la desregulación forma parte de la matriz ideológica libertaria. Habrá que ser pacientes y creativos para encontrar alternativas que cuiden a los productores primarios. El tabaco es una muestra de que las negociaciones colectivas pueden arrojar resultados positivos: el precio acordado establece un valor de $4.602 por kilo de tabaco Burley para la calidad más alta, denominada B1F, en boca de acopio. El aumento está bastante por encima de la inflación. Sin embargo, un grupo de productores bloquea el ingreso a la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones, en reclamo de un aumento mayor. A nadie sorprende que dirigentes libertarios estén al frente de la protesta.

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