Marcar territorio
Por estas horas el gobernador Hugo Passalacqua define el Presupuesto 2027 con el equipo económico. Será, a priori, el primero que ejecutará con su visión unívoca en la formalización de un nuevo tiempo político. Sin embargo, no habrá que esperar “grandes novedades” en la ley de Leyes, ya que el rumbo se marcó con la supresión y fusión de ministerios que se puso en marcha esta semana y que tendrá rigor pleno cuando amanezca agosto. Tres ministerios menos -Cambio Climático, Agricultura Familiar y Energía- y la absorción de esas áreas en dos “superministerios” que tendrán mucho más fortaleza: Agro y Hacienda.
La premisa va más allá del ajuste, ya que apunta a la eficientización; evitar superposiciones; lagunas estancas y gasto disperso en los mismos destinatarios.
Esa reestructuración también conlleva un reordenamiento político con el control de áreas clave como Energía de Misiones y la Agencia Tributaria y la incorporación de intendentes al gabinete, que le dan músculo al “Movimiento” de cara a 2027. En reemplazo de Virginia Kluka, en Energía asumió el intendente de Montecarlo, Julio Barreto, acompañado por José Luis Garay, ex intendente de Dos de Mayo y ex ministro del Agro. Matías Vilchez, intendente de San Javier, reemplazó a Liliana Rodriguez, quien llegó al cargo en 2022 bajo la gobernación de Oscar Herrera Ahuad. Se suman a Carlos Sartori, el primer alcalde en sumarse al plantel, como jefe de Gabinete.
En la Agencia Tributaria salió Belén Gregori y será director Héctor Rubén Chesani, un contador con más de 30 años de experiencia y un bajísimo nivel de exposición pública. Chesani seguirá acompañado por Gabriel Petta, otro funcionario de bajo perfil, pero enorme influencia política en el organismo recaudador y con fluidos contactos con el mundo económico fuera de la abstracción de los números.
En el Ministerio de Hacienda también hubo modificaciones en el área de infraestructura. El Ejecutivo desplazó de la Dirección General de Arquitectura al arquitecto Sergio Bresiski, quien llegó a la administración pública en la oleada neo-blend. Además dejó sin efecto la designación de Magalí Cabrera como directora de Infraestructura y nombró en ese cargo al arquitecto Juan Carlos Balsari, otro funcionario de larga carrera, completando así la renovación de la conducción técnica del área.
El golpe de timón no es, sin embargo, el más fuerte. Ocurrió por otro carril. Passalacqua mostró el rumbo en medio del debate por la reforma de la ley de tierras, mal bautizada por la Nación como de “Inviolabilidad de la propiedad privada”. Convocó a los senadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce para indicarles que voten en contra de la reforma que hasta ahora los había tenido como partícipes de la discusión y redacción, ya que considera que afecta la soberanía y pone en riesgo los recursos naturales misioneros. La posición de Passalacqua es defendida por intendentes, ex intendentes y ambientalistas.
Los senadores del bloque misionerista -que podría cambiar de nombre y composición- admitieron en principio, votar en contra del artículo 3, que amplía la extranjerización de la tierra. Passalacqua marcó así el principio de una relación distinta con la Nación. Ya no habrá alineamiento automático con el oficialismo, línea que prefería Carlos Rovira cuando lideraba el extinto Frente Renovador. La otra pulseada se dará en la Legislatura provincial. Si se insiste en la reforma a la ley de Lemas y la propuesta de Ficha Limpia, habrá un encontronazo. Los diputados alineados en el Movimiento, votarán en contra, ya que se consideran ambas, con trazos antidemocráticos inadmisibles. El nuevo bloque también será una muestra de volumen: serán más de diez integrantes, lo que dejaría a los representantes de Encuentro Misionero en franca minoría.
La reforma a la ley de Tierras impulsada por Javier Milei se propone derogar los artículos 8, 9 y 10 de la ley actual, esto implica eliminar el límite del 15% a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, provincial y municipal por parte de extranjeros.
También suprime el límite del 30% de ese porcentual para personas de una misma nacionalidad extranjera y el tope de 1.000 hectáreas (o su equivalente en zona núcleo) por titular extranjero.
Asimismo, permite el acceso a cuerpos de agua, ya que al derogar el artículo 10, se elimina la prohibición para que extranjeros sean titulares de tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
Cada punto tiene un enorme impacto en Misiones, con 90 por ciento del territorio como frontera con países extranjeros y un enorme reservorio de agua y biodiversidad, que son, en definitiva, activos económicos clave para la provincia.
En contraste con el reclamo ambientalista y de los intendentes, el senador PRO-libertario, Martín Goerling anticipó que votará a favor de la ley. Goerling rechazó esa interpretación. Explicó que la iniciativa no modifica la legislación vigente desde 1944 que declara a Misiones zona de seguridad de frontera, por lo que cualquier adquisición de inmuebles por parte de ciudadanos extranjeros continuará requiriendo autorización estatal.
“Ningún extranjero va a poder comprar un metro de tierra en Misiones sin autorización. Eso no cambia”, sostuvo el único de los oficialistas misioneros que defendió la ley: Diego Hartfield y Maura Gruber, hacen mutis por el foro. El ex tenista sólo se dedica a retuitear en redes sociales.
Goerling también negó que la reforma implique una desprotección de los recursos hídricos, los bosques o las áreas de conservación.
El eje de la defensa de Goerling es que la reforma elimina la intervención directa del Estado nacional en la fijación de límites generales y devuelve a cada provincia la capacidad de definir su propia política sobre la propiedad rural.
Según explicó, la actual ley, sancionada en 2011, estableció un límite del 15% para la propiedad extranjera tanto a nivel nacional como por departamento, sin contemplar la participación de las provincias en esas decisiones.
“La ley vigente define desde Buenos Aires quién puede comprar tierras en Misiones. Esta reforma les devuelve explícitamente esa potestad a las provincias”, afirmó.
Mismo argumento dio Patricia Bullrich, su jefa política. La senadora dijo que “le damos a Misiones un atributo que hasta hoy no tenía. Conservará plena jurisdicción y dominio sobre el recurso natural y podrá establecer su normativa sobre zonas vendibles a extranjeros”.
Misiones estará mejor, promete Bullrich. Pero el problema no radica en la generosidad libertaria, ni en que el Gobierno “le de” a Misiones o a cualquier provincia más “atribuciones”. El problema es que se corren los límites actuales, que están acordes a otros similares de países del “primer mundo”. Y que esas atribuciones queden en manos de las provincias no implica una garantía de nada. Hoy Misiones asume una posición de custodia. Mañana puede gobernar otro y poner en oferta tierras y recursos naturales.
Limitar la venta de tierras a extranjeros no es una excentricidad argentina ni un gesto de aislamiento: es una política habitual en países tan distintos como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, México, Suiza o Dinamarca. Algunos fijan cupos, otros exigen autorización estatal y varios directamente prohíben la propiedad foránea en fronteras, costas, áreas rurales o zonas estratégicas. La discusión, entonces, no es inversión sí o inversión no, sino algo mucho más profundo: si un Estado conserva el derecho de decidir quién puede controlar su suelo, su agua, sus recursos y su frontera. La tierra no es una mercancía cualquiera; es territorio, soberanía y poder.
La última gran discusión por los límites a la extranjerización tuvo protagonistas misioneros: allá por 2003, los radicales Hernán Damiani, Nilda Sodá y Raúl Solmoirago -los tres ya fallecidos- habían presentado un proyecto para limitar la venta de territorio. Hoy ese partido hace silencio en el debate.
La ley de “Inviolabilidad” es, en sí misma, una radiografía del modelo libertario: facilita que capitales extranjeros accedan a la tierra argentina, al mismo tiempo que el Gobierno quiere ponerle precio al acceso a la salud y la educación de quienes cruzan la frontera buscando atención o una oportunidad. Libre circulación para el capital, pero no para las personas.
La reforma que se tratará el 6 de agosto todavía sin votos garantizados, es clave en su esquema de relacionamiento con Estados Unidos e Israel y para “atraer inversiones”, que, hasta ahora son escasas. Pese a todas las flexibilizaciones, de acuerdo con estimaciones privadas, de los casi 124.000 millones de dólares en proyectos anunciados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, apenas unos 7.881 millones se desembolsarían efectivamente durante los próximos dos años. Esa cifra representa apenas el 7,2% del total previsto y equivale aproximadamente al 1,5% del Producto Bruto Interno.
La mayor parte de los proyectos aprobados corresponde a hidrocarburos, minería e infraestructura energética, principalmente en Río Negro y Neuquén. Tres emprendimientos explican alrededor del 60% de las inversiones previstas para los próximos dos años, una característica que reduce el efecto multiplicador sobre el resto de la economía.
En contraste, la economía se sigue derrumbando. El consumo no repunta y las ventas en supermercados registran caída tras caída. En mayo las ventas en los grandes supermercados alcanzaron los $ 2,50 billones, con un descenso real del 0,7% interanual, la quinta baja consecutiva. En Misiones, las ventas totalizaron $ 25.423 millones y en relación con igual mes del 2025 mostraron una caída del 14,3% real (la segunda más fuerte del país), lo que marca la decimotercera caída consecutiva.
Los patentamientos también exhiben otra muestra de la contracción. Durante el segundo trimestre se patentaron 31.127 unidades, lo que representó una caída interanual del 15,1%, la segunda contracción más importante de 2026, únicamente superada por la registrada en mayo (-24%). En el acumulado anual, el segmento mantiene una baja del 9,3%.
Sin datos que alimenten la euforia del ministro de Economía, Luis Caputo, quien dijo en varias oportunidades que la Argentina estaba ante los mejores 18 meses de la historia económica, la calle refleja exactamente lo contrario: en mayo la mora bancaria marcó un nuevo récord.
La morosidad de los créditos otorgados a las familias continuó aumentando durante mayo y alcanzó el 12,8%, de acuerdo con el último Informe sobre Bancos publicado por el Banco Central de la República Argentina. El indicador avanzó 0,7 puntos porcentuales respecto de abril y se ubicó 8,3 puntos por encima del mismo mes de 2025. De esta manera, el nivel de irregularidad quedó cerca de triplicar el registro interanual. La mora de las financiaciones otorgadas a empresas se ubicó en 3,5% durante mayo, lo que representó una suba de 0,1 puntos porcentuales frente a abril.
En términos interanuales, el indicador empresarial aumentó 2,5 puntos porcentuales.
Quizás eso explique la urgencia libertaria por conseguir éxitos en el Congreso. Ahora el desregulador Federico Sturzenegger se prepara para avanzar sobre la carne -lo que despertó el enojo de los ganaderos en momentos en que el consumo de carne vacuna cayó más de 11% en el primer semestre, lo que equivale a 47 kilos por persona, el nivel más bajo en tres décadas-, la matrícula inmobiliaria y la ley del Libro que deja vulnerables a todas las pequeñas librerías del país. Mucho ruido. Pocas nueces.
El ruido también llega desde el corazón libertario. El nuevo vocero, Adrián Ravier, sorprendió con una declaración a contramano del relato libertario: en el canal de streaming “Carajo” aseguró “que el tipo de cambio llegue a $1.800, a $1.700, para dentro de unos meses es una posibilidad”.
El funcionario explicó que una eventual corrección no significaría una devaluación abrupta. “Cuando uno mira lo que le pasó al macrismo, ellos estaban en un tipo de cambio en $15, se fue a $60. Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de $ 1.500 a $ 6.000. Nadie ve ese escenario”, señaló, al comparar la situación actual con crisis cambiarias anteriores. Una agitación que nadie pidió. Según trascendió, Javier Milei, Karina Milei y funcionarios del Ministerio de Economía que conduce Luis “Toto” Caputo le hicieron llegar rápidamente su malestar. La advertencia fue transmitida en términos cordiales, pero la queja existió: un vocero presidencial no puede emitir opiniones que puedan ser interpretadas como una señal del Gobierno sobre el futuro del tipo de cambio. Volvé Adorni.
El ex vocero-jefe de Gabinete está por estas horas disfrutando de haber salido del foco, aunque sigue siendo investigado por la Justicia. En cambio, el que encontró conchabo rápido fue su ladero, el misionero Javier Lanari, quien cobrará cerca de seis millones de pesos como nuevo ejecutivo del Banco Nación. Aunque no tiene experiencia en el rubro tendrá un sillón en el directorio. Se rumorea que el hijo del ex presidente de la Sociedad Rural, será el futuro candidato a diputado nacional por Misiones.