Misiones tiene Presupuesto: 5,5 billones y más del 60 por ciento destinado a las áreas sociales
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La sesión comenzó con una ironía. El diputado Héctor “Cacho” Bárbaro prometió llevar a cada sesión el nombre de una persona desatendida por la Andis que controla “Karina 3%”. En este caso, mostró la foto de Yonatan Viera, un trabajador rural que quedó en silla de ruedas y no consigue una pensión nacional pese a los reclamos insistentes. “Hay que mostrar la crueldad de este Gobierno nacional”, dijo Bárbaro para iniciar una tarde cargada, con el Presupuesto provincial como telón de fondo y la embestida unificada de la oposición por una reforma electoral en contra de la ley de Lemas, Boleta Única y Ficha Limpia. Presentada por el radical Santiago Koch, la propuesta cuenta con el respaldo libertario, de Ramón Amarilla y del partido Agrario y Social y Encuentro Misionero, lo que confirma el nuevo reequilibrio de poder en la Legislatura.
En contraste, por el Movimiento por lo que Viene, Anazul Centeno aseguró que “jamás bloqueamos el tratamiento de este tema”.
“Estuvieron tres meses en tratamiento y plan de labor consecutivos. No llegamos a un acuerdo porque ellos no estaban de acuerdo, celebro que hayan encontrado el camino de la luz. Todo muy lindo el show y videos para redes, pero lo sacamos del plan de Labor porque pasaron semanas y nadie dijo ni mu. Con gusto daremos la discusión en comisión”, adelantó. Quedará para las comisiones. La prioridad era el Presupuesto. Asistencia perfecta y la primera plana de los ministros, encabezados por el jefe de Gabinete, Carlos Sartori, el de Hacienda, Adolfo Safrán, el de Turismo, José María Arrúa, Martín Recamán, de Ecología, el de Industria, Federico Fachinello y el del Agro, Facundo Sartori, además de Claudia Gauto, presidenta del Parque del Conocimiento y Julio Barreto, presidente de Energía de Misiones.
Misiones tendrá un presupuesto de $5.534.162 millones para 2027, con una ampliación de $328.027 millones frente al proyecto original diseñado por el gobernador Hugo Passalacqua, cambios que alcanzan mucho más que la distribución del gasto. El dictamen de mayoría incorpora un esquema de seguimiento legislativo de la deuda, modifica la valuación fiscal de los vehículos, actualiza adicionales de coparticipación municipal y establece condiciones para una eventual prórroga de la concesión de Servicios de Aguas de Misiones, SAMSA.
El incremento respecto de la propuesta enviada por el Ejecutivo es del 6,30%. Según la explicación oficial de la Comisión de Presupuesto, responde a una nueva estimación de los ingresos provinciales y permite reforzar salarios, transferencias municipales, viviendas, Vialidad, programas educativos, jubilaciones y pensiones y el Fondo del Pueblo Guaraní.
El diputado José Pastori, miembro informante del Presupuesto 2027, definió la propuesta como un “blindaje social histórico ante la desidia libertaria” y destacó que destina el 23,64 por ciento a Educación y el 23 por ciento a Salud. También subrayó la solidez de las cuentas provinciales y el bajo endeudamiento: los servicios de la deuda representan apenas el 0,47 por ciento de los ingresos corrientes, mientras que el stock se ubica por debajo del 10 por ciento de esos recursos, frente al 146 por ciento registrado en 1995. Pastori remarcó, además, el carácter estratégico de la obra pública, que concentra el 13 por ciento del presupuesto, y anticipó que la Provincia recurrirá al financiamiento internacional para sostener inversiones en infraestructura.
El Presupuesto también reunió el acompañamiento de distintos bloques: Movimiento por lo que Viene, Por la Vida y los Valores, Por Misiones y la Libertad —con el voto de Nelli Beatriz Guerrero— y el Partido Agrario y Social, representado por Cristian Castro. Martín Arjol, del Partido Libertario, respaldó el proyecto en general, aunque rechazó tres artículos. La UCR también votó a favor en general: Santiago Koch planteó objeciones a algunos artículos, pero acompañó el artículo 43, referido al endeudamiento. Desde La Libertad Avanza, en cambio, cuestionaron la iniciativa por considerar que prevé gastos superiores a los recursos disponibles, delega en el Ejecutivo decisiones que corresponden a la Legislatura y establece excepciones a las normas vigentes. Además, señalaron diferencias entre lo presupuestado y lo efectivamente ejecutado y denunciaron superposición de funciones y falta de precisión sobre los costos del Estado. “Hoy discutimos qué va a hacer el Estado provincial con el dinero de los misioneros”, sostuvo el bloque.
La estructura mantiene una fuerte concentración en las funciones sociales: cultura y educación, salud y bienestar social reúnen $3,5 billones, equivalentes al 63,25% de las erogaciones. El Desarrollo de la Economía contará con $758.417 millones en el Presupuesto 2027 de Misiones, equivalentes al 13,70% de las erogaciones provinciales. La asignación se distribuye entre la Administración Central, con $401.645 millones, y los organismos descentralizados, con $356.773 millones. Es la cuarta finalidad con mayor volumen de recursos, detrás de educación, salud y bienestar social, y expresa el peso que tendrá el impulso a la actividad productiva dentro del esquema presupuestario. Su alcance efectivo dependerá de la ejecución de las partidas y de la disponibilidad de los recursos y del financiamiento previstos.
El alcance político del texto también aparece en sus disposiciones generales: allí se definen facultades tributarias, condiciones para incorporar personal, mecanismos de financiamiento, controles sobre fideicomisos y reglas para servicios públicos.
Educación y salud concentran la inversión
La mayor asignación por finalidad corresponde a Cultura y Educación, con $1.308.107 millones, seguida muy de cerca por Salud, con $1.305.009 millones. Juntas representan el 47,22% del presupuesto del artículo 1.
Bienestar Social recibe $887.350 millones y Desarrollo de la Economía, $758.417 millones. Esta última finalidad participa con el 13,70% del total.
| Finalidad | Millones de pesos | Participación |
| Cultura y educación | 1.308.107,1 | 23,64% |
| Salud | 1.305.009,3 | 23,58% |
| Bienestar social | 887.349,7 | 16,03% |
| Desarrollo de la economía | 758.417,3 | 13,70% |
| Apoyo a gobiernos municipales | 375.021,2 | 6,78% |
| Seguridad | 373.408,3 | 6,75% |
| Legislación, justicia y culto | 256.057,3 | 4,63% |
| Administración general varios | 196.195,9 | 3,55% |
| Administración y control fiscal | 38.419,1 | 0,69% |
| Deuda pública | 26.250,0 | 0,47% |
| Ciencia y técnica | 9.926,8 | 0,18% |
| Total | 5.534.162,0 | 100% |
Fuente: planilla del artículo 1. Importes convertidos de miles a millones de pesos; porcentajes redondeados.
Estas cifras corresponden a funciones del Estado, no exclusivamente a ministerios. El gasto en salud, por ejemplo, reúne partidas de distintas jurisdicciones y organismos. Del mismo modo, los presupuestos operativos que el artículo 9 presenta para entidades específicas no deben sumarse automáticamente al total general, porque pueden incluir transferencias y recursos ya contemplados en otras cuentas.
El equilibrio presupuestario requiere financiamiento
El texto estima recursos por $4.800.914 millones. Al incorporar las erogaciones del artículo 1 y los $63.541,9 millones de la Cámara de Representantes, la necesidad de financiamiento asciende a $796.789,6 millones.
Además, se prevén $18.157,5 millones para amortizar deudas. Por eso, el financiamiento bruto alcanza $814.947,1 millones: descontadas las amortizaciones, quedan los $796.789,6 millones necesarios para cerrar las cuentas.
El artículo 43 contempla dos autorizaciones de crédito expresadas en dólares: una de hasta US$100 millones para infraestructura y modernización del Estado, y otra de hasta US$287 millones con organismos multilaterales, bilaterales o regionales, bancos de desarrollo y otras instituciones.
Son topes legales de autorización. No equivalen a deuda ya contratada ni a desembolsos asegurados. El artículo también permite renegociar pasivos para mejorar plazos, tasas u otras condiciones y afectar recursos de coparticipación como garantía y pago.
Se crea una Comisión Permanente de Seguimiento y Control de la Deuda Pública Provincial, integrada por los bloques parlamentarios y presidida por un diputado de la primera minoría.
El Ejecutivo deberá presentar información dentro de los treinta días hábiles posteriores al cierre de cada semestre: montos contratados, desembolsados y ejecutados, condiciones financieras y avance físico y financiero de los proyectos. La comisión podrá requerir informes especiales ante renegociaciones, ampliaciones, cambios de garantías o modificaciones en el destino de los fondos.
El control abarcará, así, tanto la contratación del crédito como la aplicación de los recursos y la ejecución de las obras.
SAMSA bajo la lupa
El artículo 45 autoriza al Ejecutivo a prorrogar el contrato de la concesionaria de agua potable y cloacas de Posadas -SAMSA- y adecuar sus condiciones. También lo faculta a otorgarle un permiso para prestar agua potable y desagües cloacales en Puerto Iguazú, hasta que se definan y aprueben las condiciones de contratación.
La autorización no fija por sí misma la duración de la prórroga ni concreta el otorgamiento del permiso. Esas decisiones requieren actuaciones posteriores.
La prórroga deberá contemplar un Plan de Inversiones, con obras, metas, montos y cronograma determinados por el Ejecutivo a través de la autoridad competente. Sus prioridades serán la continuidad, calidad, eficiencia y expansión de los servicios, la modernización de infraestructura y la incorporación de nuevas áreas.
El cambio agrega que serán públicos tanto los objetivos y avances del plan como sus actualizaciones futuras. Esto extiende la obligación de transparencia a las modificaciones posteriores.
También incorpora convenios con los municipios ubicados en el área de prestación. Las comunas emitirán certificaciones de conformidad sobre los niveles del servicio, que deberán ser consideradas por la autoridad de aplicación.
Esas certificaciones serán no vinculantes: los municipios tendrán una instancia formal de evaluación, pero el texto no les concede un veto sobre la prórroga.
La modificación enfatiza, además, objetivos del marco regulatorio relacionados con tarifas justas y razonables, protección de los usuarios, inversiones, expansión hacia zonas insuficientemente abastecidas y cuidado ambiental.
Automotor: una base fiscal del 95% del valor de referencia
La modificación del artículo 66 de la Ley de Alícuotas establece que la valuación fiscal de los vehículos comprendidos será equivalente al 95% del valor de referencia.
Se utilizará primero la publicación mensual de ACARA y, para los casos no contemplados, los valores del organismo recaudador nacional empleados para Bienes Personales. La disposición abarca vehículos de los tipos 1, 2 y 3, de hasta dieciséis años de antigüedad.
Para los vehículos nuevos, se comparará el precio total de la factura con el valor publicado por ACARA. Se tomará el mayor y se aplicará sobre él el 95%.
La medida modifica la base de cálculo. No garantiza que cada contribuyente pague menos que el año anterior: el resultado también dependerá de la actualización del valor del vehículo y de las restantes condiciones del tributo.
En el dictamen votado, se eliminó la tasa hídrica incluida en el proyecto original.
Doce municipios reciben adicionales específicos
El artículo 17 redefine los adicionales mensuales para doce municipios. La suma de las asignaciones expresas alcanza $640,37 millones por mes, equivalentes a $7.684,47 millones anuales.
| Municipio | Adicional mensual en millones de pesos |
| Garupá | 213,90 |
| Comandante Andresito | 116,63 |
| Posadas | 65,97 |
| San Vicente | 52,83 |
| El Soberbio | 47,67 |
| San Pedro | 42,91 |
| Dos de Mayo | 38,74 |
| Bernardo de Irigoyen | 29,07 |
| Candelaria | 13,80 |
| San Antonio | 13,10 |
| El Alcázar | 3,26 |
| San Ignacio | 2,49 |
El Ejecutivo podrá distribuir hasta otros $22,48 millones mensuales entre municipios no incluidos, bajo las condiciones previstas.
El límite total queda en $662,85 millones mensuales, financiados con Ingresos Brutos y recursos incrementales del acuerdo Nación–Provincias de 2016. La disponibilidad de estos últimos queda supeditada al cumplimiento efectivo del acuerdo.
El texto aclara que la afectación de Ingresos Brutos no implica aumentar alícuotas. Estos adicionales tampoco representan toda la coparticipación que recibe cada municipio.
Empleo público, ATM y controles sobre fideicomisos
El presupuesto fija 65.008 cargos de planta permanente y 282.133 horas cátedra. El artículo 11 exige información semestral sobre designaciones, contrataciones y cambios de personal de poderes y organismos constitucionales. Si las incorporaciones exceden la relación admitida por la regla nacional de empleo público, tomando como referencia los cargos ocupados en diciembre de 2025 y la población proyectada por el INDEC, se deberá solicitar autorización previa del Ejecutivo.
En materia tributaria, se modifican los requisitos para dirigir la Agencia Tributaria de Misiones. El texto habilita a contadores, abogados, licenciados en Economía y licenciados en Administración de Empresas, con matrícula profesional, formación de posgrado tributaria, fiscal o de hacienda pública y cinco años de ejercicio profesional o función pública.
También crea un Fondo de Financiamiento Educativo Provincial, con afectación de recursos de coparticipación federal, cuyo monto determinará el Ejecutivo. Su vigencia queda condicionada a que no se aplique el mecanismo nacional previsto en el artículo 7 de la Ley 26.075 u otro equivalente.
Para los fideicomisos, el artículo 24 exige identificar objeto, plazo, monto máximo comprometido, recursos afectados, fiduciario y beneficiarios, además de establecer rendiciones y controles. La constitución o modificación de esos instrumentos no podrá limitar las competencias del Tribunal de Cuentas.
El dictamen prorroga la emergencia habitacional hasta el 31 de diciembre de 2027 y extiende la suspensión de ejecuciones de desalojo o remate para vivienda única familiar y vivienda con producción agropecuaria única familiar.
La protección requiere, entre otras condiciones, ocupación superior a ocho años y empadronamiento dentro de los plazos establecidos. No se trata de una suspensión general de todos los desalojos.
El programa Hambre Cero contará con $7.062,3 millones, distribuidos entre distintas jurisdicciones, organismos y empresas del Estado. Para organizaciones con fines sociales, productivos y educativos se autorizan $5.663 millones.
En el ámbito judicial, se unifican competencias de familia y violencia familiar y se transforman las Defensorías del Trabajador en defensorías oficiales con competencia no penal. El artículo referido a los juzgados dispone que la reorganización no implique nuevos cargos, estructuras ni mayores erogaciones.
El presupuesto combina, de esta manera, una ampliación de recursos con cambios en la administración y en las facultades del Ejecutivo. Su ejecución dependerá de la recaudación efectiva, del financiamiento que se concrete y de las reglamentaciones y contratos posteriores. En deuda y servicios públicos, los mecanismos de seguimiento incorporados serán centrales para comprobar cómo se traducen esas autorizaciones en obras y prestaciones.
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