Un polémico informe de la revista Noticias denuncia un conflicto de intereses que involucra al empresario misionero, Nicolás Laharrague, quien en noviembre del 2017 asumió como director de Desarrollo Forestal en la Secretaría de Agroindustria de la Nación, a cargo de Luis Miguel Etchevehere.
La revista Noticias denunció en su edición del fin de semana que Laharrague en su nuevo cargo de funcionario, dio luz verde a pagos por 4.018.970 pesos a la empresa familiar, de la que fue director hasta antes de asumir en la función pública.
El empresario renunció a su cargo en Puerto Laharrague, por ser evidentemente incompatibles ambos roles.
Estos pagos se realizaron en concepto de subsidios previstos por la ley 25.080, ya que como es bien conocido en Misiones, Laharrague es un importante productor forestal de la provincia.
Consultado por la revista Noticias, Laharrague confirmó los pagos y explicó que él no decidió los mismos, sino que elevó los expedientes al Secretario de Agricultura, encargado de dar el visto bueno.
Después se escudó en un formalismo y dijo que los pagos no los hace Agroindustria sino la Tesorería de la Nación (Nota de Economis: la Tesorería hace lo que se le ordena, no decide pagos).
Por un lado, la denuncia de Noticias -realizada por un equipo de investigación especial de la editorial Perfil-, parece algo escandalosa, teniendo en cuenta que el pago en cuestión es lógico y muy probablemente hubiera correspondido a la empresa en cuestión con o sin Laharrague en la función pública.
Conflicto de intereses
Sin embargo, Noticias no cuestiona la legalidad del pago, sino que apunta a un conflicto de intereses que en su momento le fue señalado dos veces al misionero por parte de Economis y que este, en lugar de atender, optó por ofuscarse ante la observación.
En rigor de verdad, Laharrague es uno de los pocos funcionarios que realmente dejó una carrera exitosa en una empresa familiar para tratar de ayudar al gobierno de Mauricio Macri en el área que mejor conoce. Le consta a Economis que lo hizo con verdadera vocación de tratar de ayudar.
Algo similar puede decirse de Isela Costantini, que dejó General Motors para ir a dirigir Aerolíneas Argentinas (la echaron un año después), Mario Quintana (Fondo Pegasus) y quizás en menor medida, Juan José Aranguren, que ya estaba cerca del retiro en Shell cuando fue convocado para el Ministerio de Energía. Porque no fueron tantos los funcionarios que dejaron un cargo ventajoso en el sector privado para pasarse a la funcion pública, como dice el macrismo y es justo destacar esos casos donde hubo una buena cuota de altruismo.
En abril del año pasado durante la visita de Macri a la forestal Pindó, Economis le preguntó a Laharrague cómo iba a dirimir el evidente conflicto de intereses cuando se presentara esta eventualidad de tener que aprobar los subsidios que le corresponden a la empresa de su familia por los planes forestales que prevé la ley 25.080.
Pero en lugar de explicar con claridad qué tenía previsto para esta circunstancia que tarde o temprano se iba a presentar, Laharrague se molestó mucho con la pregunta y nunca más volvió a contestar requisitorias periodísticas de Economis por otras cuestiones vinculadas a su rol y a la política forestal.
Lo cierto es que al renunciar a su cargo de director de la empresa familiar, Nicolás Laharrague dejó de percibir un salario muy bueno que excede con creces a lo que cobra como director de Desarrollo Forestoindustrial.
Sin embargo, y más allá de no figurar más como accionista de firmas como Puerto Laharrague o Moconá S.A. según la indagatoria que realizó Perfil/Noticias en los registros públicos, nuevamente se equivoca Laharrague.
El misionero debería informar y transparentar en detalle todos los vínculos formales o informales que lo siguen uniendo a la empresa familiar, para evitar futuros dolores de cabeza. Es decir, Laharrague se desvinculó como director/gerente de la empresa y tampoco figura como accionista, donde si está su padre, hermanos y cuñado.
Pero, ¿se puede afirmar que ya no es co-propietario de la empresa? ¿Se puede afirmar que no recibe dividendos como uno de sus dueños?
Por otra parte, si bien es absolutamente razonable que una empresa como Puerto Laharrague cobre 4 millones de pesos en subsidios, también es cierto que la Nación está muy atrasada en estos desembolsos ya que debía aproximadamente $250 millones sólo computando los productores forestales misioneros.
En este contexto, Laharrague debería extremar los cuidados y transparentar el mecanismo para que no quede ninguna duda respecto al criterio por el cual se decidé qué planes se pagan y cuáles otros tienen que seguir en la “cola” de espera.
A continuación, reproducimos el descargo que realizó Laharrague ante el equipo de investigación de Perfil que publicó el informe en la revista Noticias:
Ante la pregunta de si hay un conflicto de intereses durante su gestión por el envío de una suma millonaria a su familia, Laharrague niega las acusaciones. “La empresa siempre tuvo una estructura familiar. Y antes de entrar a la función pública renuncié a todos mi cargos en Puerto Laharrague SA. Es una empresa familiar de más de cien años. Y el régimen es transparente, los que se presentan a la Ley de Promoción Forestal están inscriptos en la actividad”, se excusa.
—Pero usted es quien dirige las partidas de dinero —le señala el periodista.
—Quien paga —responde Laharrague— es la Tesorería General de La Nación. Yo no firmo las resoluciones, lo hace el secretario. Yo armo los circuitos de las áreas cuando se solicita la Ley de Promoción Forestal. Después se le entrega una remesa a la Secretaría de Agroindustria para que la Tesorería pague.
—¿Qué función cumplía en Puerto Laharrague SA?
—Mi participación en la empresa era a nivel político. Ayudaba al sector y a la cámara forestal.
—Precisamente usted fue el presidente de la Asociación Forestal Argentina (AFOA) por el Noreste y de los $ 234 millones de subsidios que se pagaron el año pasado, $ 177 millones fueron para, además de su empresa, los mayores productores del país, integrantes del directorio de AFOA como Papel Prensa, Arauco y Zeni. ¿No existe también un conflicto de intereses?
—No sé qué conflicto pueda haber, ¿quién del sector forestal no participa en alguna cámara? Son los mayores beneficiarios porque son los que más forestan.
—¿Piensa volver a trabajar en las empresas familiares cuando termine su gestión pública?
—Tendría que ver. Primero me voy a tomar unas buenas vacaciones.
—El Gobierno dice que hay que bajar el déficit fiscal y ahorrar dinero, ¿no le hubiera parecido un buen gesto que su propia empresa no reciba 4 millones de pesos?
—Puede ser… Hay que cuidar los recursos del Estado.adre; Pablo, el hermano; María Helena; la hermana; Isabel, la prima; y Nicolás, el funcionario que benefició a sus parientes. Carlos Scarnichia, el esposo de la prima (con cigarro), también integra la empresa familiar.
Polémica. La incompatibilidad es tal que la encargada de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, le envió el 14 de marzo de 2018 una nota a Laharrague en la que le advierte sobre su vinculación con las empresas familiares Puerto Laharrague SA, El Moconá SA y Mirasoles SA, además de formar parte de la AFOA, la única cámara empresarial del sector en el país. En el mismo escrito, Alonso también le pide que le envíe la fecha en la cual se había desvinculado de las empresas.
Finalmente, en diciembre del año pasado la Oficina Anticorrupción emite la resolución 34 y dice que “no se ha comprobado que Nicolás Laharrague haya incumplido las disposiciones de la normativa de ética pública -como tampoco sobre conflicto de intereses- ya que ha renunciado, con anterioridad a ingresar a la función pública, a sus desempeños laborales en el sector privado vinculados a su cargo” en las empresas mencionadas anteriormente.
Sin embargo, Alonso no alerta en la resolución que los actuales dueños de las empresas, a las que renunció Laharrague, pertenecen a su círculo familiar más cercano: su padre, hermano, hermana y el marido de su prima. Mientras que Alonso se niega a brindar declaraciones, los voceros de la Oficina Anticorrupcion dicen, con respecto a los familiares, que “solo existiría un conflicto de intereses potencial, que se gestiona a través del deber de abstención del funcionario respecto de las empresas”.
Es decir, Laharrague no debe firmar las resoluciones de pago, aunque sea el encargado de aprobar el dinero del Estado que se entrega.
Natalia Volosin, doctora en Derecho por la Universidad de Yale, dice que “delegar la firma de la resolución para que lo haga otro no resuelve el conflicto, por más que sea lo que digan las normas”. Afirma que “no está prohibido lo que hizo Laharrague porque se adecua a la Ley de Ética Pública, pero de todas formas puede constituir un delito porque el funcionario beneficia a sus propios familiares con el dinero del Estado”.
“Desde el aspecto penal, este es un claro caso de negociación incompatible con la función pública”, sostiene Volosin.
