Una beba de San Vicente fue trasladada al Hospital Garrahan con un vuelo sanitario

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Una misionera de 24 días, diagnosticada con una cardiopatía congénita fue trasladada en un vuelo sanitario, esta madrugada, al Hospital Garrahan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras las gestiones realizadas por el Ministro de Salud Pública de Misiones, Oscar Alarcón con autoridades nacionales y del Hospital Garrahan. 

El viernes por la tarde, “tras una comunicación que recibí por parte del presidente de la Cámara del Tabaco solicitando intervención para ver sobre el tema cama en el Hospital Garrahan o en el Gutiérrez, comenzamos a trabajar con el equipo del Programa nacional de cardiopatías congénitas y con el equipo del Hospital Materno Neonatal para ver la posibilidad del traslado del bebe a Buenos Aires”, indicó el Ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón.

“También me comuniqué con el Viceministro de Salud de la Nación, Alejandro Collia por este mismo tema y el sábado nos solicitaron los estudios de la niña, los cuales nos facilitó el Sanatorio privado donde estaba internada la niña y fueron enviado a la UTI del Garrahan, quien nos informó anoche de que había un lugar y activamos desde Salud Pública el traslado”, agregó. 

El vuelo sanitario fue coordinado por la Unidad Central de Traslados del Ministerio, quien estuvo en contacto permanente con el Sanatorio para activar el operativo una vez que aterrizara en el Posadas el vuelo sanitario, a la una de la madrugada de hoy. 

La niña ya está en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Garrahan, donde está siendo evaluada por el equipo médico del mencionado efector de salud nacional.

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Moody’s alerta sobre la situación fiscal de las provincias que se endeudaron

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La calificadora dijo que podría mejorar la situación crediticia del país si las provincias cumplen con la nueva ley, lo que podría redundar en beneficios para los distritos. Varios gobernadores intentan cambiar los términos del Pacto en vistas del actual escenario económico.
El gobierno de Mauricio Macri encontró respaldo este martes para intentar ponerle un freno a la pretensión de los gobernadores de redefinir el Pacto Fiscal firmado el año pasado con la Casa Rosada. En vistas del nuevo escenario económico, con un ajuste más severo previsto tras el acuerdo con el FMI, varias provincias ya solicitaron la revisión de lo pautado en cuánto a la rebaja gradual del impuesto a los Ingresos Brutos, lo que disminuirá la recaudación de los distritos,
En este contexto, la calificadora Moody’s evaluó en un informe que se conoció este jueves que considerará “positivo en términos crediticios si el Gobierno hace cumplir la nueva ley (de Pacto Fiscal) de una forma más creíble y consistente durante los próximos 3 a 5 años”.
Las provincias argentinas seguirán afrontando una serie de desafíos fiscales y experimentarán disparidades sostenidas en su desempeño económico en los próximos dos años, a pesar de la aprobación de una nueva y más rigurosa ley de responsabilidad fiscal en 2018, destacó Moody’s.
En síntesis, el rating crediticio de la Argentina podría mejorar, lo que redundaría en mejores posibilidades de financiamiento para las provincias si es que éstas se comprometen a cumplir con lo pactado con la Casa Rosada.
La posibilidad de redefinir el esquema del Pacto se discutió la semana pasada en una reunión de ministros de Economía de 11 provincias. Pero el jefe de Gabinete, Marcos Peña, insistió este martes en que “es muy importante para la clase media y el sector productivo seguir bajando impuestos” y que “ese es el sendero”, más allá de que -dijo- “todo se discutirá”.
En este marco, la calificadora Moody’s emitió un informe en el que señaló que “la anterior ley de responsabilidad fiscal, que estuvo vigente hasta diciembre de 2017, no fue efectiva en abordar los desafíos fiscales”.
“Concretamente, se registraron incumplimientos de esta ley por parte de algunos gobiernos locales y regionales que no lograron disminuir su alta carga de gastos corrientes. Asimismo, le ley no evitó la permanencia de otros desafíos crónicos para los gobiernos provinciales argentinos, tales como resultados financieros deteriorados y disparidades entre provincias”, puntualizó.
“Es probable que la nueva ley sea más rigurosa y se aplique con más eficacia, ya que está diseñada para ser más estricta que la ley anterior aprobada en 2004. Las secciones más relevantes de la nueva ley se relacionan con el control de los gastos corrientes. A su vez, la aplicación de la ley será esencial para apoyar los esfuerzos de consolidación fiscal de Argentina”, añadieron.
Moody’s dijo que, a pesar de la nueva ley, persistirán algunos desafíos fiscales. “Es probable que persistan los crecientes costos de personal y los mayores costos derivados del servicio de la deuda. Además, factores como deuda más costosa, mayor inflación y las presiones sobre el gasto de cara a las elecciones generales de 2019 pueden dificultar que las provincias cumplan con la nueva ley”, detalló.
Para la calificadora, las provincias también hacen frente a “mayores cargas de deuda tras haber aumentado su exposición a los mercados de capitales en los últimos dos años, ya que los bonos tienen tasas de interés más altas que los créditos del Gobierno nacional”.

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Nueva equiparación en la movilidad beneficia a más de 3200 jubilados provinciales

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Se trata de un ajuste adicional superior al 5,5% y que se aplicará desde abril, a jubilados y pensionados provinciales que se acogieron al sistema antes del 31 de diciembre de 1996.
Desde el mes de Abril de 2018, 3.247 jubilados  y pensionados del Instituto de Previsión Social recibirán un incremento por encima del 5,5% previsto para el personal activo y pasivo de la administración pública provincial.
Esto es así porque los jubilados y pensionados, cuyo beneficio hubiera sido otorgado antes del 30/12/96 (ley N° 174, estatuto docente) y aquellos beneficiarios posteriores al 31 de Diciembre de 1996 Ley N° 3380 (modificatoria de la Ley 568/71) hoy Ley N° XIX Seguridad social N° 2, cuyos haberes se actualizan  por la movilidad automática (índice sectorial) autorizadas por el Poder Ejecutivo, tendrán una equiparación en el cálculo de la movilidad acorde a cada reglamentación vigente a la fecha de otorgamiento del beneficio, poniendo en igualdad de condiciones a los mismos.
De esta manera, los 3247 beneficiarios recibirán este año un incremento de hasta el 24%. Los incrementos son variables para cada beneficiario y  en promedio el aumento ronda $2.429 por beneficiario.  Esta decisión de mejorar sustancialmente el haber de los jubilados y pensionados del IPS Social representará una erogación mensual de adicional $11,5 millones.

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Fondo del Conurbano: ¿Cuál es el escenario político y tributario que abrirá el fallo de la Corte?

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Dos analistas evalúan cómo podría afectar el fallo del Máximo Tribunal a las cuentas públicas, cuál será la estrategia de los gobernadores y por qué, en definitiva, se trata de un debate político más amplio.

Los gobernadores de todo el país reaccionaron frente a la demanda que su colega María Eugenia Vidal presentó ante la Corte Suprema de Justicia por la restitución a Buenos Aires del Fondo del Conurbano con un documento firmado por mandatarios del PJ, Cambiemos y partidos provinciales, en el que solicitaron al máximo tribunal que “no tome resolución” sobre el tema hasta que haya un debate en el Congreso.

El documento, de cuatro puntos, fue consensuado entre 18 gobernadores y tres vices durante una reunión que se dio el miércoles en la Casa de San Juan Juan.

El reclamo de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal sobre el restablecimiento del Fondo del Conurbano (creado en 1992 por el gobernador Eduardo Alberto Duhalde en acuerdo con el presidente Carlos Saúl Menem), para atender los reclamos de los 24 municipios y 229 localidades que lo integran, trasciende la coyuntuta porque tiene varios capítulos que lo preceden. Se trata de una vieja disputa que nació entre los gobernadores federales a poco de declarada la Independencia Nacional.

En una demanda ante la Corte Suprema contra el Estado Nacional, en la que todas las demás provincias argentinas son “terceros citados”, la provincia de Buenos Aires exige la declaración de inconstitucionalidad del tope de 650 millones de pesos, lo cual le devolvería a la provincia el 10 por ciento del impuesto a las ganancias para sus arcas.

La demanda bonaerense incluye, si el reclamo por el tope no prospera, que se declare inconstitucional la exclusión de la provincia del reparto del remanente del fondo y del 4 por ciento de Ganancias que se les asigna a las demás provincias como compensación.

El debate gira ahora en torno a cuál será el escenario que puede darte, en materia política y tributaria, tras un fallo de la Corte Suprema.

Iván Sasovki, CEO de Sasovsky & Asociados y especialista en políticas tributarias, advirtió sobre la necesidad de hacer un análisis de las cuentas más amplio para determinar cómo llegar al equilibrio fiscal en los próximos años.

Carlos Gervasoni, Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame y Master en Ciencia Política y en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Stanford, es profesor en la Universidad Torcuato Di Tella. Se especializa en estudios sobre la democracia, federalismo y política subnacional. Al analizar la postura de los gobernadores frente a un inminente fallo de la Corte, resaltó la jugada política de pedir que el tema se debata junto al resto de la agenda federal y en el Congreso. Además, recordó como antecedente el fallo de la Corte en noviembre de 2015 que declaró inconstitucional la quita del 15% de la masa de impuestos coparticipables por parte de la Nación a las provincias.

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