vie. Abr 10th, 2026

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Reforma de la Ley de Glaciares: qué cambia en la protección del ambiente periglacial

By Redacción Economis 17 horas ago
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El proyecto de ley de Glaciares, que el Congreso convirtió en ley este miércoles, tiene como objetivo redefinir cuáles son las zonas protegidas y en áreas periglaciares las que se pueden permitir tareas de exploración y explotación para captar inversiones mineras.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno por pedido de los mandatarios provinciales aliados para impulsar millonarias inversiones mineras en las provincias del norte y de la zona de cuyo a través del régimen del RIGI, incluido en la Ley Bases sancionada en el 2024.

Impulsan la ley los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, que tiene el mayor desarrollo minero.

Uno de los aspectos centrales de la ley sancionada por el Congreso es que que se modifican los criterios de protección para permitir actividades económicas en zonas que antes estaban estrictamente resguardadas, especialmente en el ambiente periglacial.

Además, la iniciativa les transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.

De qué trata la ley

La Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre de 2010, establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y dispuso la creación del Inventario Nacional de Glaciares, con la responsabilidad de identificar y registrar todos los glaciares y geoformas periglaciares.

Los glaciares argentinos alimentan 39 cuencas hidrográficas y se distribuyen a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes, y el inventario identifica glaciares en unos 8400 kilómetros.

Uno de las críticas al inventario de los gobernadores es que está desactualizado, mientras que sus defensores dicen que atravesó muchos problemas económicos por falta de financiamiento.

Otro punto clave es que se busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental.

Hasta ahora, la protección depende de estudios técnicos que demuestran si un área cumple una función hídrica relevante. 

Si no se demuestra científicamente que el área aporta agua, podría quedar habilitada para su explotación. 

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El Gobierno activaría adelantos de coparticipación por $400 mil millones y busca contener la tensión financiera en provincias

By Redacción Economis 1 semana ago
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El Gobierno nacional tiene listo un decreto para habilitar adelantos de coparticipación por hasta $400 mil millones destinados a 12 provincias con dificultades financieras, entre ellas Misiones. La medida, que se publicaría en los próximos días en el Boletín Oficial, introduce un mecanismo de financiamiento con una tasa del 15% y devolución dentro del mismo año. En un escenario de caída real de ingresos y transferencias, el Ejecutivo interviene para ordenar el flujo de fondos subnacionales. La pregunta que emerge es si se trata de una herramienta de estabilización o de un nuevo esquema de dependencia financiera entre Nación y provincias.

Un mecanismo financiero con lógica de control

El esquema prevé anticipar a las provincias recursos que ya les corresponden por coparticipación, con un tope global de $400 mil millones y asignación según el coeficiente de cada jurisdicción. La clave está en el cambio de modalidad: el sistema reemplaza los pedidos mensuales de adelantos extraordinarios por una planificación previa de necesidades.

En términos institucionales, el movimiento ordena una práctica histórica —los giros discrecionales— bajo una lógica más previsible, al menos en la formulación. Las provincias deberán informar anticipadamente sus requerimientos y comprometer su devolución en el mismo ejercicio fiscal, lo que permite al Gobierno nacional administrar con mayor precisión el flujo de recursos.

El dato no es menor: frente a tasas de mercado que oscilan entre el 30% y el 45%, la tasa del 15% funciona como un ancla financiera. Traducido a política real, el Ejecutivo ofrece oxígeno a los distritos, pero bajo condiciones que centralizan la administración del financiamiento.

Caída de ingresos y presión sobre las cuentas provinciales

La medida llega en un contexto de deterioro fiscal. Según estimaciones citadas, la recaudación nacional cayó 8% interanual en términos reales durante el primer trimestre de 2026, mientras que las transferencias a provincias y CABA retrocedieron 6,5%.

El impacto es directo: menos recursos automáticos y mayores dificultades para cubrir gastos corrientes. En marzo, las transferencias totales alcanzaron $5,02 billones, con un crecimiento nominal del 27,2%, pero con una caída real cercana al 4%. Si se consideran solo las transferencias automáticas, la baja real asciende al 7,4%.

La tendencia se repite: por tercer mes consecutivo, las transferencias automáticas caen, con una pérdida acumulada estimada en $1,15 billones en el trimestre. En ese marco, el acceso al mercado financiero se vuelve más costoso, lo que explica la intervención del Ejecutivo.

Provincias asistidas y reconfiguración del vínculo fiscal

El decreto alcanzará a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. A este esquema se suma Entre Ríos, que ya había sido incorporada en enero de 2026.

En términos de correlación de fuerzas, el Gobierno nacional se posiciona como garante de liquidez en un momento de restricción. Las provincias acceden a financiamiento más barato, pero a cambio aceptan un esquema que ordena —y condiciona— su gestión financiera.

El dato político es que la asistencia no se presenta como excepcional, sino como parte de una política estructurada. Eso redefine la relación fiscal: menos discrecionalidad en los pedidos, pero mayor centralización en la decisión de otorgamiento.

Un equilibrio inestable

El movimiento del Ejecutivo puede leerse como una respuesta táctica a un problema concreto: evitar que las provincias se endeuden a tasas altas en un contexto de caída de ingresos. Pero también abre interrogantes sobre su sostenibilidad.

En las próximas semanas, habrá que observar cómo se implementa el mecanismo y qué nivel de adhesión real logra entre los distritos. También si el esquema logra estabilizar las finanzas provinciales o si solo posterga tensiones más profundas.

Porque en un escenario de recursos en retroceso, la discusión de fondo no es solo cómo se financian las provincias, sino quién administra ese margen de maniobra. Y ahí, el decreto empieza a marcar una línea.

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La Comisión Arbitral ordena las reglas del Convenio Multilateral y busca previsibilidad fiscal para las empresas

By Redacción Economis 1 mes ago
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La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral dio un paso institucional clave al aprobar un ordenamiento jurídico integral y digital de todas las normas que regulan el Convenio Multilateral. La decisión quedó formalizada en la Resolución General 3/2026, publicada el 2 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial, y deroga el viejo esquema de compilación vigente desde 2005. El cambio no altera alícuotas ni bases imponibles, pero impacta de lleno en la certeza normativa que enfrentan empresas que operan en más de una provincia.

La clave es operativa: un texto único, actualizado y clasificado, accesible en formato electrónico, que reúne el Convenio, su Protocolo Adicional y todas las resoluciones generales vigentes, excluyendo normas en desuso. En un sistema tributario fragmentado por jurisdicciones, ordenar reglas es reducir fricción.

Qué establece la norma, en términos prácticos

La resolución aprueba el “Ordenamiento Jurídico de las Normas de la Comisión Arbitral”, una compilación digital que integra, categoriza y mantiene actualizadas las disposiciones del régimen multilateral. El nuevo esquema organiza el universo normativo por títulos y subtítulos —desde la vigencia y el ámbito de aplicación hasta regímenes de distribución, fiscalización, vencimientos y sistemas informáticos— y deja afuera resoluciones de casos concretos.

Para los contribuyentes alcanzados por el Convenio Multilateral, la traducción económica es clara: menos tiempo y costo para identificar reglas aplicables, menos margen para interpretaciones contradictorias y un marco más estable para liquidar y planificar el impuesto sobre los Ingresos Brutos cuando hay actividad en múltiples jurisdicciones.

Además, cada norma que se publique a futuro se incorporará automáticamente al ordenamiento, con identificación expresa si fue apelada y si quedó confirmada por la Comisión Plenaria. El sistema se vuelve dinámico y trazable.

Contexto institucional y antecedentes

La medida reemplaza la Resolución General 1/2005, que había intentado reunir en un solo texto las resoluciones vigentes hasta entonces. Dos décadas después, la acumulación normativa y la digitalización del Estado empujaron a una reingeniería del acceso a la norma, no del contenido sustantivo del impuesto.

El problema a resolver es conocido por empresas y estudios tributarios: dispersión normativa, textos superpuestos y reglas que, aun no derogadas, quedaron obsoletas. El nuevo ordenamiento declara explícitamente que no incluye normas caídas en desuso, una señal institucional relevante para despejar ambigüedades.

Impacto económico concreto

Aunque no hay cambios en alícuotas ni en la mecánica de distribución, el impacto económico se manifiesta por la vía de los costos de cumplimiento. Un marco ordenado reduce horas de trabajo administrativo, consultas y litigios potenciales. Para empresas con operaciones interjurisdiccionales —industria, comercio, servicios y logística—, la mejora en previsibilidad favorece la planificación y reduce riesgos de ajustes fiscales.

En términos de competitividad, el beneficio es indirecto pero real: menos fricción tributaria en un impuesto que suele ser señalado como uno de los más complejos del sistema subnacional. No hay efectos inmediatos en recaudación, pero sí una mejor administración del régimen.

Señales políticas al mercado y a las provincias

La resolución envía una señal de continuidad institucional más que de giro. No desregula ni endurece el control, sino que ordena y transparenta. También refuerza una lógica de coordinación entre jurisdicciones adheridas, al consolidar criterios y facilitar su consulta pública.

Para el mercado, el mensaje es de estabilidad: reglas claras, accesibles y actualizadas. Para las provincias, una herramienta que mejora la aplicación homogénea del Convenio sin resignar potestades.

Qué mirar en los próximos meses

El termómetro estará en el uso efectivo del ordenamiento: su actualización permanente, la claridad de las categorizaciones y la reducción de controversias interpretativas. Si el sistema logra convertirse en la referencia cotidiana para contribuyentes y fiscos, el impacto real se medirá en menor litigiosidad y mayor previsibilidad dentro del impuesto más extendido del mapa provincial.

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Diputados dio media sanción a la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años

By Redacción Economis 2 meses ago
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En una sesión maratónica de más de ocho horas, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó y envió al Senado el proyecto de un nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa, que busca reemplazar la normativa vigente desde la última dictadura militar (Ley 22.278), obtuvo 149 votos a favor, 100 en contra y ninguna abstención, contando con el respaldo de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR y bloques dialoguistas.

El punto central de la reforma es la reducción de la edad de imputabilidad, que pasará de 16 a 14 años. Aunque el Poder Ejecutivo inicialmente pretendía fijarla en 13 años, el consenso con los bloques aliados estabilizó el límite en 14.

Puntos clave del nuevo régimen

La normativa establece un marco diferenciado para los menores de edad en conflicto con la ley, destacando los siguientes aspectos:

  • Penas máximas: Se fijó un tope de 15 años de prisión para los adolescentes, descartando los 20 años propuestos originalmente por el Gobierno y prohibiendo taxativamente la prisión perpetua.
  • Presupuesto y financiamiento: Se destinará una partida total de $23.739.155.303. Los fondos provendrán del Ministerio de Justicia (aprox. $3.100 millones) y de la Defensoría General de la Nación (aprox. $20.600 millones).
  • Convenios con provincias: Ante el reclamo de las jurisdicciones por los costos operativos, se habilitó la firma de convenios para que Nación colabore en el traslado y alojamiento de los menores.
  • Condiciones de encierro: El texto aclara que los adolescentes no podrán ser albergados junto a reclusos mayores de edad, debiendo permanecer en institutos especializados o secciones separadas.
  • El documento señala tres objeciones centrales. En primer lugar, cuestiona la ausencia de partidas presupuestarias específicas para la construcción de centros especializados, la capacitación de equipos interdisciplinarios y la implementación de programas socioeducativos. Según la disidencia, sin asignación presupuestaria “la ley se convierte en una declaración de deseos”.
  • En segundo término, advierte sobre el traslado de costos a las provincias. El proyecto prevé que las jurisdicciones locales asuman la carga operativa de los nuevos procesos penales juveniles, pero no establece un mecanismo claro de transferencia automática de recursos acorde a la Ley de Coparticipación Federal. Para Herrera Ahuad y los firmantes, esto podría generar un “desequilibrio fiscal” en las provincias.
  • El tercer punto apunta al enfoque de la reforma. La disidencia sostiene que reducir la edad de imputabilidad no puede ser una medida aislada, sino el último eslabón de una política integral que fortalezca previamente las instituciones de protección de la niñez. Sin inversión garantizada en defensores oficiales, jueces especializados y equipos interdisciplinarios —psicólogos, trabajadores sociales y psicopedagogos—, la especialización del fuero juvenil sería “una ficción jurídica”.
  • Propuesta de modificación: financiamiento nacional y fondo federal
  • En ese marco, los diputados propusieron incorporar un capítulo específico sobre financiamiento y sostenibilidad federal. Entre los puntos destacados se incluye:
  • Financiamiento íntegro con recursos del Tesoro Nacional mediante partidas específicas en el Presupuesto General.
  • Creación de un Fondo Federal de Infraestructura Penal Juvenil, de distribución automática y objetiva para las provincias que adhieran.
  • Prohibición expresa de transferir competencias sin la correspondiente transferencia de recursos, en línea con el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional.
  • Mecanismo de actualización trimestral de partidas para evitar que la inflación degrade los programas socioeducativos.
  • Además, se plantea que la ley entre en vigencia 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial, con el objetivo de permitir una adecuación administrativa y presupuestaria realista.
  • Un debate que excede la edad de imputabilidad
  • La intervención del legislador misionero introduce una dimensión clave en la discusión: el impacto fiscal y federal de la reforma. Más allá del debate sobre seguridad pública y responsabilidad penal juvenil, el planteo pone el foco en la sostenibilidad financiera del sistema y en el reparto de cargas entre Nación y provincias.
  • En un contexto de restricciones presupuestarias y tensiones por la distribución de recursos, la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil no sólo interpela el diseño del sistema penal, sino también el equilibrio federal y la viabilidad económica de su implementación.

Un debate marcado por visiones opuestas

El debate por la reforma del Régimen Penal Juvenil sumó una voz disidente desde el interior del país. El diputado nacional por Misiones, Oscar Herrera Ahuad, firmó una disidencia parcial al dictamen de mayoría y advirtió que el proyecto, tal como está redactado, resulta “operativamente inviable y fiscalmente irresponsable” si no se garantiza el financiamiento nacional.

La postura quedó plasmada en el dictamen de comisión del 11 de febrero de 2026, donde los legisladores del Bloque Innovación Federal expresaron su desacuerdo con el texto impulsado por la mayoría.

La sesión contó con la presencia de la madre de Jeremías Monzón, el joven asesinado en Santa Fe por menores de edad, caso que impulsó el tratamiento del proyecto en extraordinarias.

Desde el oficialismo, la diputada Laura Rodríguez Machado defendió la medida asegurando que la ley actual es “ineficiente” y no logra resocializar. En sintonía, Cristian Ritondo (Pro) enfatizó que la reforma es una respuesta a una “violencia desbordada”, mientras que Gisela Scaglia (Provincias Unidas) argumentó que la imputabilidad podría evitar que los jóvenes sean reclutados como “soldaditos” por el narcotráfico.

Por el contrario, la oposición fue tajante en sus críticas:

  • Victoria Tolosa Paz (UP) tildó el proyecto de “mamarracho jurídico” y abogó por un sistema de penas proporcionales que mantuviera la edad en 16 años.
  • Germán Martínez (UP) cuestionó la falta de políticas preventivas y la desatención a las advertencias de organismos como UNICEF y la Iglesia.
  • Myriam Bregman (FIT) denunció que la ley solo busca “criminalizar la pobreza” y dar más facultades represivas a la policía en los barrios.
  • Miguel Pichetto, aunque apoyó la baja de edad, expresó sus dudas sobre el cumplimiento efectivo del presupuesto para la construcción de los centros de detención necesarios.

Alternativas a la privación de la libertad

El proyecto no solo contempla el encierro, sino que incluye medidas alternativas para delitos que no involucren muertes o lesiones graves:

  1. Mediación penal: Para delitos con penas de hasta 6 años.
  2. Suspensión del proceso a prueba: Incluye reparación del daño y tareas comunitarias.
  3. Medidas complementarias: Programas educativos, laborales y recreativos.

La ley entrará en vigencia 180 días después de su publicación oficial. El Gobierno ahora apuesta a una sanción definitiva en el Senado antes del inicio de las sesiones ordinarias el 1 de marzo.

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Valdés respaldó la reforma laboral y Santilli amplía el apoyo de gobernadores

By Redacción Economis 2 meses ago
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El ministro del Interior, Diego Santilli, sumó este viernes el respaldo del gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, a la reforma laboral que el Poder Ejecutivo nacional busca sancionar durante las sesiones extraordinarias de febrero. El apoyo se formalizó tras una reunión en la Casa de Gobierno provincial y refuerza la estrategia del oficialismo de consolidar aval político en las provincias para avanzar con una iniciativa clave de su agenda económica.

“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, afirmó Santilli, al subrayar el carácter estructural de la reforma y su impacto esperado sobre el mercado laboral y el desarrollo regional.

Reforma laboral: apoyo político y coincidencias con las provincias

Durante el encuentro, Santilli y Valdés destacaron las acciones conjuntas articuladas entre el gobierno nacional y provincial y coincidieron en “la necesidad de que el Congreso apruebe la reforma laboral”. El respaldo del mandatario correntino se suma a una serie de adhesiones que el Ejecutivo viene acumulando en distintas jurisdicciones, en un contexto legislativo clave.

Por su parte, Valdés remarcó la importancia de avanzar en cambios normativos que permitan actualizar el esquema vigente sin afectar derechos adquiridos. “Es altamente positivo que se discuta la modernización laboral sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores”, sostuvo el gobernador.

En la misma línea, el mandatario provincial señaló que existe una definición política clara por parte del Ejecutivo nacional. “Hay una apuesta del gobierno nacional a que el mercado laboral crezca. Es una normativa nueva que busca generar más trabajo de acá para adelante”, expresó.

Las declaraciones reflejan una convergencia discursiva entre Nación y provincias en torno a la necesidad de modernizar el sistema laboral, con el objetivo de estimular la inversión privada y mejorar los niveles de empleo formal.

Asistencia financiera y articulación institucional

En el marco de la reunión, Santilli también adelantó que el Gobierno nacional enviará Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por 3.000 millones de pesos a Corrientes. La asistencia fue solicitada para paliar la crisis generada por las inundaciones que afectan a los municipios de San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía, según informó el Ejecutivo en un comunicado oficial.

El anuncio refuerza la agenda de coordinación entre Nación y provincias, combinando respaldo político a reformas estructurales con asistencia financiera ante emergencias climáticas que impactan en la economía y el tejido social de los territorios.

Nueve gobernadores respaldan la iniciativa

Con el apoyo de Valdés, Santilli alcanzó el respaldo de nueve gobernadores a la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo. La lista incluye a Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) e Ignacio Torres (Chubut), además del mandatario correntino.

La acumulación de apoyos provinciales constituye un activo político central para el oficialismo en la antesala del debate parlamentario, en un escenario donde la reforma laboral aparece como uno de los ejes económicos e institucionales de las sesiones extraordinarias.

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