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Tras 25 años, la UE habilitó la firma del acuerdo con el Mercosur y Milei habló de “buenas noticias”

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El Gobierno nacional celebró la autorización del Consejo de la Unión Europea para avanzar con la firma del acuerdo Mercosur–UE, un paso clave tras 25 años de negociaciones que, según destacó el Ejecutivo, ampliará exportaciones, atraerá inversiones y acelerará el crecimiento económico. El tratado se firmará el 17 de enero en Paraguay y abre el acceso preferencial a uno de los mercados más grandes del mundo.

Un aval político decisivo tras 25 años de negociación

El presidente Javier Milei celebró el visto bueno del Consejo Europeo con un mensaje contundente: “Siguen las buenas noticias. Fin”. En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó el avance como “histórico” y remarcó su impacto práctico para la economía argentina.

En redes sociales, Caputo confirmó que la Argentina firmará el acuerdo el próximo 17 de enero en Paraguay, tras más de dos décadas de negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Además, subrayó el rol del Presidente y del equipo diplomático y económico en la concreción del entendimiento, al señalar que permitirá una Argentina “cada vez más libre y más próspera”.

Desde la Cancillería, Pablo Quirno sostuvo que “todos ganamos” y proyectó más comercio, más inversión y más empleo, al tiempo que ratificó la fecha de firma. El Gobierno tomó el avance como un logro propio, enmarcado en una estrategia de inserción internacional basada en reglas claras y previsibilidad.

Acceso preferencial, aranceles y reglas de comercio

Según precisó Caputo, el acuerdo permitirá a los productos argentinos acceder a un mercado de más de 700 millones de personas, que representa el 20% del PBI mundial. En términos arancelarios, destacó que la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones argentinas y otorgará acceso preferencial para otro 7,5%, lo que fomentará el comercio, la inversión y la creación de empleo.

El ministro afirmó que el tratado “nivelará a la Argentina” frente a países que ya cuentan con preferencias comerciales con el bloque europeo, como Chile, México, Sudáfrica, Egipto, Marruecos y Ucrania. Además, remarcó que habrá reglas claras que brindarán previsibilidad y transparencia regulatoria, con disposiciones de rápido despacho, facilidades para productos perecederos, reducción de inspecciones físicas y simplificación de procedimientos aduaneros.

Para el Palacio de Hacienda, el acuerdo también facilitará la integración de las PYMES en las cadenas globales de valor, mediante medidas de facilitación del comercio. “Generará mayores oportunidades comerciales para las PYMES, mientras que los consumidores se beneficiarán de una mayor variedad de bienes y servicios a precios competitivos”, aseguró Caputo, quien cerró: “Seguimos trabajando para generar más trabajo e incrementar las exportaciones y el comercio entre la Argentina y el mundo”.

Qué aprobó la Unión Europea y cuáles son los próximos pasos

El Consejo de la Unión Europea aprobó de manera previsional el acuerdo comercial con el Mercosur, despejando un obstáculo central para la ratificación del principio de acuerdo alcanzado por la Comisión Europea con el bloque sudamericano hace algo más de un año. De concretarse, podría crearse la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 720 millones de consumidores potenciales.

El respaldo se logró tras concesiones a Italia, que semanas atrás había puesto en riesgo la aprobación. Así se evitó la conformación de una minoría de bloqueo en el Consejo Europeo, donde se requiere el apoyo de al menos cuatro países que representen más del 35% de la población del bloque. Con ese escollo superado, quedó habilitada la firma por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, prevista para este lunes en Asunción.

El proceso, sin embargo, aún no concluye. El Parlamento Europeo deberá aprobar el tratado en las próximas semanas antes de su entrada en vigor. En ese ámbito, unos 150 eurodiputados (sobre un total de 720) anticiparon que podrían recurrir a la justicia para intentar frenar su aplicación, lo que abre un nuevo frente político e institucional en la etapa final del acuerdo.

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ARCA extiende alivio impositivo a alimentos, medicamentos e insumos pymes importados

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Con el objetivo de reforzar la estrategia antiinflacionaria, el Gobierno nacional decidió prorrogar hasta el 30 de junio de 2026 los beneficios fiscales aplicados a la importación de bienes de cuatro rubros considerados estratégicos. La medida, dispuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y publicada en el Boletín Oficial, apunta a sostener precios en sectores sensibles del consumo y la producción, en un contexto de apertura comercial y mayor competencia externa.

La resolución excluye del pago del Impuesto a las Ganancias y del IVA a las importaciones de alimentos que integran la canasta básica, bienes de primera necesidad, medicamentos e insumos destinados a pequeñas y medianas empresas, siempre que los importadores cuenten con Certificado MiPyme vigente al momento de la operación.

Alivio fiscal selectivo para bienes sensibles

La prórroga ratifica un esquema de beneficios fiscales focalizados, orientado a reducir costos de ingreso de productos esenciales y a moderar presiones inflacionarias. Desde el Gobierno sostienen que la mayor competencia vía importaciones contribuye a disciplinar precios, especialmente en rubros con fuerte impacto en el índice de inflación.

La medida se enmarca en una coyuntura de dinamismo del comercio exterior: en los primeros once meses del año, las exportaciones argentinas alcanzaron los US$ 70.235 millones, superando ampliamente los US$ 60.775 millones registrados en 2024, un dato que refuerza la estrategia oficial de mayor integración comercial.

No obstante, la prórroga no está exenta de críticas. Sectores de la industria local advierten que incentivar compras externas puede afectar la producción nacional, especialmente en segmentos donde la competencia internacional opera con ventajas de escala y costos.

Contexto: apertura comercial y simplificación aduanera

La extensión de los beneficios fiscales se suma a otras decisiones recientes orientadas a facilitar las importaciones. ARCA ya implementó un nuevo esquema administrativo que simplifica trámites, ordena procedimientos y avanza en la digitalización del sistema aduanero, como el reemplazo de formularios impresos por versiones online.

Estas normas benefician a personas humanas que importan bienes nuevos o usados para consumo personal, sin fines comerciales ni industriales, y buscan modificar la forma en que se gestiona la documentación ante la Aduana, reduciendo tiempos y costos operativos.

En paralelo, especialistas señalan que el Gobierno complementa estas medidas con la liberalización paulatina del mercado cambiario y la eliminación de la mayoría de las trabas al comercio exterior, configurando un esquema más abierto y competitivo.

Impacto económico y posibles repercusiones

Desde la óptica oficial, la prórroga hasta el 30 de junio refuerza el anclaje de precios en productos sensibles, especialmente alimentos, medicamentos y bienes esenciales, con impacto directo en el costo de vida. Para las pymes, el alivio fiscal en insumos importados busca mejorar la competitividad y reducir costos de producción.

Sin embargo, el debate permanece abierto. Mientras el Gobierno apuesta a que la competencia externa ayude a bajar la inflación, sectores industriales anticipan tensiones sectoriales y reclaman medidas complementarias para proteger la producción local.

En ese equilibrio entre precios, consumo e industria se juega una parte central de la política económica de 2026.

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Las pymes apuestan a reformas laborales, impositivas y financieras para volver a crecer

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Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) miran a 2026 como un punto de inflexión. Para los dirigentes nucleados en la Confederación Económica de Misiones (CEM), el próximo año concentra expectativas concretas de que las reformas estructurales que ya comenzaron a discutirse a nivel nacional —y que el sector reclama desde hace décadas— tengan finalmente el contenido y el impacto necesarios para devolver competitividad, reactivar el consumo y generar empleo sin temor. En un contexto de ajuste fiscal y objetivo de Déficit Cero, las pymes plantean una agenda clara: reducir costos, ordenar el sistema laboral, aliviar la presión impositiva y reconstruir un esquema financiero compatible con la rentabilidad real de las empresas.

El desafío no es menor. Tras un ciclo económico que dejó a muchas firmas sin espalda financiera, el sector entiende que sin actividad económica sostenida ninguna reforma será viable en el tiempo. Por eso, el foco está puesto tanto en las decisiones nacionales como en su necesario correlato provincial y municipal.

Reforma laboral e impositiva: bajar el costo, no el salario

Desde la CEM, que agrupa a más de 30 cámaras empresarias de Misiones, la prioridad está puesta en influir en el debate legislativo. “Cerramos el 2025 e iniciamos el 2026 con el foco de la actividad dirigencial pyme puesto en fortalecer el diálogo y la información brindada a legisladores nacionales, de manera tal de ponerlos al tanto de la situación del sector”, señaló Guillermo Fachinello, presidente de la entidad.

En materia de Reforma Laboral, la posición es tajante: el problema no es el salario, sino el costo laboral. Las pymes dependen del consumo y, por lo tanto, bajar ingresos no es una opción. El reclamo apunta a reducir cargas e introducir cambios que permitan contratar sin el riesgo de una litigiosidad desmedida, que —según advierten— termina fundiendo empresas y no siempre redunda en beneficios directos para los trabajadores.

El planteo se vuelve aún más complejo si se considera el marco macroeconómico actual. El Gobierno Nacional sostiene el objetivo de Déficit Cero, lo que obliga a pensar reformas que alivien al sector privado sin desbalancear las cuentas públicas. En paralelo, las pymes reclaman una Reforma Impositiva propia, con instrumentos pensados específicamente para su escala y estructura de costos, que les permita seguir traccionando la economía real.

Financiamiento, consumo y confianza: las claves para volver a invertir

Otro eje central de la agenda pyme es el financiero. La expectativa es que una Reforma Financiera sea inminente y contemple un esquema crediticio acorde a la rentabilidad de las empresas, especialmente en un contexto de baja inflación. En esa línea, Gerardo Díaz Beltrán, secretario de la CEM y secretario del Interior en CAME, insiste en la necesidad de tasas que reflejen la nueva realidad macroeconómica.

El diagnóstico es compartido: pese a la baja del riesgo país y de las tasas de referencia, ese alivio no se trasladó plenamente al crédito productivo. Además, el sector señala que el valor del dinero en el ámbito internacional es sensiblemente mayor al que se toma como referencia para financiar a las pymes locales, lo que profundiza la brecha de competitividad. Tras la eliminación de las Leliq, se espera un gesto concreto del sistema financiero hacia la producción, con mayor flexibilidad y eficiencia.

La reactivación del consumo, en tanto, aparece como una condición necesaria. “Está claro que sin actividad económica, ninguna de las reformas de las cuales estamos hablando tiene sentido”, coinciden los dirigentes empresarios. Sin demanda interna, la baja de costos y el crédito accesible pierden efectividad.

Presión fiscal provincial y tasas municipales

El debate no se agota en la Nación. Las pymes misioneras plantean que las reformas deben generar ecos a nivel provincial y municipal. Reclaman un reacomodamiento del esquema impositivo provincial, una revisión de las tasas municipales y mayor eficiencia en el gasto tanto en empresas públicas como en los distintos niveles del Estado.

No es un reclamo menor: la carga tributaria encabeza desde hace al menos tres años el listado de problemáticas provinciales que más afectan la actividad diaria de las pymes en todos los sectores —industria, comercio, producción y servicios—. A eso se suman regímenes municipales abusivos en varios municipios, que generan impactos negativos directos sobre la actividad y plantean, según el sector, un riesgo institucional para la producción.

En la coyuntura poselectoral, el clima tampoco ayuda. Luis Steffen, director de la Comisión de Comercio y Servicios de la CEM, advierte que “se dio cierto nivel de descreimiento desde el sector pyme hacia el crecimiento tanto para Argentina como para Misiones”. En ese marco, subraya que el país necesita confianza y una tasa de interés razonable para que las inversiones vuelvan y se puedan generar nuevas fuentes de trabajo.

El diagnóstico final es autocrítico. El sector reconoce que atraviesa un fin de ciclo poco beneficioso: “El consumo y la actividad engañosa nos llevó a no tener espalda para soportar el ajuste y avanzar en las transformaciones que hacen falta”, admiten. Por eso, 2026 aparece como una oportunidad clave. No como una promesa abstracta, sino como el año en el que las reformas deberán traducirse en condiciones reales para producir, invertir y volver a crecer.

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El dólar mejora, pero no alcanza: la mirada industrial sobre las nuevas bandas del BCRA

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La decisión del Banco Central (BCRA) de actualizar las bandas cambiarias desde 2026 fue recibida con cautela por el sector industrial. Si bien los industriales reconocen que el nuevo esquema mejora respecto del régimen previo y evita una apreciación persistente del tipo de cambio real, advierten que el dólar, por sí solo, no alcanza para recomponer la competitividad sin una política productiva integral que atienda costos, tecnología y estructura sectorial.

A partir del 1° de enero de 2026, el BCRA ajustará mensualmente las bandas de flotación en función del último dato de inflación informado por el INDEC, con dos meses de rezago. En paralelo, pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas alineado con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios. El escenario base prevé elevar la base monetaria del 4,2% al 4,8% del PBI hacia diciembre de 2026, lo que podría abastecerse con compras de hasta u$s10.000 millones, extensibles a u$s17.000 millones si la demanda de dinero creciera un punto adicional del producto.

El nuevo esquema cambiario y sus límites para la industria

Desde la óptica industrial, la corrección del esquema de bandas representa un alivio parcial. Federico Poli, economista y director de la consultora Sistémica, sostuvo que el régimen anunciado “puede leerse como una mejora respecto del vigente” y que, “en el mejor de los casos, podrá evitar, con rezagos temporales, que la moneda local siga apreciándose”. En su análisis, la indexación permitiría recuperar competitividad en el largo plazo, aunque al ritmo de la inflación internacional.

Sin embargo, Poli advirtió que el anuncio también puede interpretarse como una oportunidad perdida. Señaló que no se avanzó hacia un esquema de flotación que permita corregir la apreciación acumulada del tipo de cambio y remarcó que el valor del dólar debería ser determinado por el mercado y no por decisiones administrativas. “Su determinación es extremadamente compleja y depende de múltiples factores difíciles de prever”, explicó.

En el plano macroeconómico, el economista destacó que la estabilidad de precios es una condición necesaria para el crecimiento y reconoció avances en materia de desregulación que “permitieron reducir costos a partir de una mayor competencia y desburocratización”. No obstante, subrayó que la producción enfrenta hoy un escenario “complejo”, en el que las necesidades del sector productivo quedaron relegadas frente a la urgencia de la estabilización macroeconómica.

Entre los factores que afectan la competitividad, Poli mencionó políticas de incentivo a las importaciones vinculadas a la aduana, como el relajamiento de normas de seguridad, sanitarias y fitosanitarias, la eliminación de precios de referencia y la menor presencia del sector privado. A ello se suma la quita del Impuesto PAIS, que redujo el tipo de cambio real de importación, y el mantenimiento de retenciones junto con la falta de devolución de impuestos como el IVA y los reintegros, que continúan “castigando” a las exportaciones industriales.

Estructura productiva, RIGI y el debate de fondo

El debate trasciende el nivel del dólar y se inserta en una discusión más amplia sobre el perfil productivo del país. Poli remarcó que la Argentina no puede sostenerse únicamente sobre sectores primarios como el agro, el petróleo, el gas o la minería. “Somos una economía de tamaño medio, con 46 millones de habitantes y un tejido productivo diverso”, afirmó, y sostuvo que la industria es clave para el empleo, la innovación tecnológica y la seguridad de abastecimiento.

En ese marco, consideró un “contrasentido histórico” debilitar la base industrial en un contexto global en el que China refuerza su estructura productiva y Estados Unidos “reconoce como un error haberla perdido en los años noventa”. Por eso, planteó la necesidad de un diálogo del Gobierno con las cadenas de valor para identificar problemáticas específicas y diseñar políticas activas de competitividad, especialmente frente a la aceleración de la digitalización y la inteligencia artificial.

Una mirada complementaria aportó Cristian Desideri, exministro de Producción de la provincia de Santa Fe, quien calificó al nuevo techo de la banda como “más razonable que el esquema anterior”, pero advirtió que confiar en el tipo de cambio como única herramienta es un error conocido. “Pensar que solo por la mejora del tipo de cambio aumentarás la competitividad industrial es una condición necesaria, pero no suficiente”, afirmó, y enumeró problemas estructurales de escala, déficits tecnológicos y logísticos en distintas cadenas de valor.

Desideri introdujo además el debate sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), previsto en la Ley Bases, como el instrumento elegido para la transformación de la estructura productiva. Trazó un paralelismo con el modelo peruano de los años noventa, impulsado para desarrollar el sector del cobre, que inicialmente fortaleció proveedores locales pero terminó derivando en un régimen con beneficios impositivos extendidos, baja demanda de empleo y escaso compromiso local.

Según su análisis, el RIGI argentino replica esa lógica, con un piso de inversión de u$s200 millones orientado principalmente a gas, energía no convencional y minería. “Se orientan a la especialización de eslabones cortos y no a la diversificación de productos de eslabones largos”, explicó, y advirtió que, sin valor agregado, la economía queda expuesta a las fluctuaciones de los precios internacionales. En ese contexto, afirmó no visualizar “un interés por lo industrial en su concepción integral”, sino “una ventanilla de ingreso de dólares de exportación”.

Actividad industrial, empleo y señales de alerta

Las advertencias del sector llegan en un momento de debilidad de la actividad. Según FIEL, la industria manufacturera cayó 6,1% interanual en noviembre, el peor registro en 16 meses, con fuertes bajas en químicos, plásticos y neumáticos. La industria automotriz mostró la contracción más profunda, afectada por la menor producción, la caída de ventas y el retroceso de exportaciones a Brasil. Aunque hubo una mejora desestacionalizada del 0,4%, el índice industrial acumula en 2025 una caída de 0,5%.

La metalurgia tampoco logra revertir la tendencia. En noviembre, la actividad cayó 4,2% interanual y la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 44,4%, uno de los niveles más bajos de la serie histórica, según ADIMRA. El impacto es más severo en las pymes, que cuentan con menor espalda financiera para atravesar el proceso. “Eso deriva en suspensiones, despidos y cierres de empresas”, advirtió Daniel Rosato. En la provincia de Buenos Aires, la utilización de la capacidad instalada promedió 58% entre enero y octubre, casi seis puntos por debajo del promedio de la última década.

En este escenario, desde la Confederación General Empresaria Argentina (CGERA), Marcelo Rodríguez coincidió en que un tipo de cambio más alto puede aportar competitividad, pero relativizó su efecto. “El dólar alto ayuda cuando está extremadamente alto, pero hoy no creo que sea el factor que frene importaciones”, afirmó. Además, advirtió que si la banda acompaña a la inflación, el impacto puede diluirse rápidamente: “Si el dólar llega a $1.600, puede no significar nada y hasta aumentar costos para la industria”.

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Contracción de la actividad, presión importadora y tensión en la cadena de pagos en las PyMEs industriales

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La actividad de las pequeñas y medianas empresas industriales atraviesa uno de sus períodos más prolongados de contracción desde que existen registros sistemáticos. Según el Informe Coyuntural del tercer trimestre elaborado por la Fundación Observatorio PyME, la producción industrial PyME acumuló una caída del 4,1% en lo que va del año, completando diez trimestres consecutivos de retroceso en el nivel de actividad.

La comparación interanual profundiza el diagnóstico: en el tercer trimestre la producción fue 7,5% inferior a la del mismo período del año anterior, mientras que el empleo industrial PyME registró una contracción acumulada del 4,6%, aunque con una leve desaceleración en el ritmo de caída.

Producción y confianza, por debajo del umbral de estabilidad

Los indicadores adelantados confirman el escenario recesivo. El PMI-PyME, índice que anticipa la evolución de la producción, se ubicó en 43 puntos, dos menos que en el trimestre previo y claramente por debajo del umbral de indiferencia de 50 puntos. En paralelo, el Índice de Confianza Empresarial PyME (ICE-PyME) descendió a 44 puntos, con una pérdida de cuatro puntos en la medición trimestral.

El deterioro se explica principalmente por el retroceso en la cartera de pedidos y en el nivel de producción, mientras que el componente empleo mostró una estabilidad relativa, sin revertir la tendencia negativa de fondo.

Costos en alza y márgenes cada vez más estrechos

El informe advierte que el 81% de las PyME industriales experimentó aumentos en sus costos de producción durante el período analizado. Sin embargo, solo el 47% logró trasladar esos incrementos a precios, una mejora respecto del trimestre anterior, pero insuficiente para recomponer márgenes en un contexto de aceleración cambiaria y bajo dinamismo de ventas.

Esta brecha entre costos y precios continúa erosionando la rentabilidad del sector y condiciona tanto la inversión como la sostenibilidad operativa de muchas empresas.

Avance de importaciones y pérdida histórica de mercado

Uno de los datos más sensibles del relevamiento es la intensificación de la competencia externa. El 37% de las PyME industriales declaró haber perdido participación en el mercado interno frente a productos importados, el nivel más alto desde que la serie comenzó a medirse.

Entre las firmas que identifican una amenaza importadora, China concentra más de siete de cada diez respuestas, consolidándose como el principal origen de la competencia externa en prácticamente todos los sectores industriales relevados.

El contexto macroeconómico también se refleja en la situación financiera de las empresas. Más de la mitad de las PyME industriales manifestó problemas por retrasos en los pagos de sus clientes, mientras que un 35% declaró dificultades para cumplir con sus compromisos frente a proveedores, entidades financieras o el fisco.

Un entramado productivo bajo presión

El informe fue elaborado a partir de una encuesta realizada sobre una muestra representativa de empresas industriales y del sector de software y servicios informáticos de todo el país. Los datos reflejan un entramado PyME que continúa operando bajo fuerte presión, con caída sostenida de la actividad, deterioro del empleo, márgenes comprimidos y creciente competencia externa.

En un sector que concentra aproximadamente la mitad del empleo y del producto nacional, la persistencia de estos indicadores negativos plantea un desafío estructural para la recuperación económica y la estabilidad social.

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