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Reforma Laboral: empresarios respaldan el proyecto y sindicatos la rechazan por “regresiva”

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El Senado inició este miércoles el tratamiento del proyecto de ley de Reforma Laboral en una maratónica sesión que expuso con nitidez la fractura entre el sector empresario y las organizaciones sindicales. Mientras cámaras industriales, comerciales y entidades agropecuarias respaldaron la iniciativa por considerarla clave para reducir la informalidad y la litigiosidad, las centrales obreras —incluida la CGT— la rechazaron por “inconstitucional” y “regresiva”. El plenario de comisiones pasó a cuarto intermedio hasta este jueves a las 9.30, cuando continuarán las exposiciones.

Un debate extenso y el respaldo del sector productivo

La jornada se desarrolló en el Salón Azul y reunió al plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Patricia Bullrich (LLA) y Ezequiel Atauche (LLA). El debate se extendió hasta pasadas las 20 horas, con la participación de funcionarios nacionales y representantes de cámaras empresariales, industriales, comerciales y del agro.

Tras la exposición del secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, sostuvo que “el régimen actual ha fracasado en generar empleo formal y en reducir la informalidad”, y apuntó a la litigiosidad laboral y a la crisis del sistema de riesgos del trabajo como los principales obstáculos. “Si no atacamos la litigiosidad, no podremos destrabar el empleo formal”, afirmó, al tiempo que expresó el respaldo de la UIA al proyecto por permitir “actualizar modalidades de trabajo y convenios” en línea con las realidades productivas y tecnológicas.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), su vicepresidenta primera Eloisa Frederking destacó que la iniciativa aporta coherencia normativa y se inscribe en un trabajo conjunto entre el sector público y privado para reducir burocracia, en especial en el contrato de trabajo agrario. En la misma línea, el asesor legal de la CAME, Juan Pablo Diab, valoró que el proyecto busca “mejorar las relaciones laborales” y aportar previsibilidad y certidumbre, subrayando la dinámica cotidiana entre pymes y trabajadores.

Por su parte, Pablo Devoto, presidente de la comisión laboral de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), acompañó las actualizaciones propuestas y alertó sobre la informalidad laboral, que ubicó en 43%, advirtiendo que el país se aproxima a niveles de economías con informalidad del 50% o 60%. También desde ADIMRA, el director Gustavo Corradini consideró que la reforma permite ordenar normas y reducir interpretaciones judiciales, aunque pidió revisar puntos específicos como la ultraactividad, los convenios de empresa para pymes y la prohibición de aportes a cámaras empresariales, por posibles efectos no deseados.

Rechazo gremial y críticas por constitucionalidad

El contrapunto llegó desde el sindicalismo. Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, cuestionó la extensión y el contenido del proyecto —197 artículos— y sostuvo que “viola normas constitucionales” y derechos consagrados, al tiempo que “fomenta el despido”. En sintonía, Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, advirtió que la discusión se da en un contexto en el que el salario mínimo es el más bajo de América Latina, y recordó que reformas laborales previas derivaron en caídas del empleo, alertando sobre una legislación contraria a la Constitución Nacional.

El cierre del debate estuvo a cargo de la CGT, cuyos referentes se sumaron al tramo final de la jornada. Jorge Sola, secretario general de Seguros, cuestionó la constitucionalidad del proyecto y reclamó un tratamiento más profundo, advirtiendo sobre el impacto en los derechos individuales y en la representación sindical. Jorge Argüello, de Camioneros, calificó la iniciativa como “regresiva” y sostuvo que se trata de una flexibilización laboral que no genera empleo. Finalmente, Cristian Jerónimo, secretario general de SEIVARA, afirmó que la CGT “no avaló en ningún momento” la reforma y que no aporta “nada al mundo del trabajo”.

Escenario abierto y próximas definiciones

Con posiciones claramente delineadas, el Senado acordó un cuarto intermedio para retomar el debate este jueves a las 9.30. El proyecto avanza con respaldo empresario y resistencia sindical, en un contexto de alta sensibilidad económica y social, donde la discusión combina empleo formal, informalidad, litigiosidad y derechos laborales. Las próximas exposiciones y eventuales cambios al texto serán determinantes para definir el rumbo de una reforma que promete seguir generando fuertes tensiones políticas e institucionales.

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Más plazo y más flexibilidad para el programa INSERTAR de Economía del Conocimiento

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El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, dispuso una ampliación clave del Programa INSERTAR, orientado a promover el empleo formal en actividades de la Economía del Conocimiento, mediante la Resolución 255/2025, publicada el 16 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial.

La medida habilita un nuevo plazo para la adhesión de provincias, extiende por 12 meses el período para que las empresas presenten solicitudes de beneficios y flexibiliza condiciones operativas del programa, financiado con recursos del Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC). El objetivo explícito es ampliar el alcance territorial, mejorar la ejecución y fortalecer la generación de empleo calificado, en el marco del régimen creado por la Ley N° 27.506.

Más provincias y más tiempo: ampliación del alcance territorial y empresarial

Uno de los ejes centrales de la Resolución 255/2025 es la apertura de un nuevo período de dos meses para que las provincias que aún no se adhirieron al Programa INSERTAR puedan presentar sus actas de adhesión. El plazo comienza a regir desde la publicación de la norma y responde a la manifestación de interés de nuevas jurisdicciones, verificada durante la ejecución del programa.

En paralelo, el Ministerio resolvió extender por doce meses, hasta el 31 de octubre de 2026, el plazo para que las empresas presenten sus solicitudes de beneficios. El vencimiento original estaba fijado para el 31 de octubre de 2025, conforme a las Bases y Condiciones aprobadas en 2023.

Desde el punto de vista institucional, la decisión busca evitar que el diseño temporal del programa limite su impacto, permitiendo una mayor participación de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) vinculadas a actividades promovidas por la Ley de Economía del Conocimiento.

Cambios operativos y mayor flexibilidad para las empresas

La resolución introduce además modificaciones relevantes en la operatoria del programa, orientadas a facilitar su implementación y asegurar un uso más eficiente de los recursos públicos. Entre ellas, se habilita a las empresas a dar de alta nuevos trabajadores desde el mes en que presentan la solicitud y hasta el último día del mes siguiente a la notificación de aprobación del beneficio, contemplando incluso períodos no coincidentes con el mes calendario.

Asimismo, se refuerzan los requisitos de control al establecer la obligatoriedad de presentar el Formulario F.931 junto con la nómina de personal al momento de la solicitud. Esta exigencia permite a la autoridad de aplicación realizar un análisis más riguroso de la dotación laboral previa, asegurando que el beneficio se destine efectivamente a la creación de nuevos puestos de trabajo.

En la misma línea, la norma aclara que el Código N° 8 corresponde a la modalidad de contratación “A tiempo indeterminado / trabajo permanente”, según la codificación vigente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), despejando interpretaciones divergentes en la aplicación del beneficio.

Un programa clave dentro del Régimen de Economía del Conocimiento

El Programa INSERTAR fue creado en 2023 con financiamiento del FONPEC, fondo integrado principalmente por aportes de las empresas beneficiarias del régimen promocional. Su finalidad es incentivar el empleo formal, financiar capital de trabajo y promover la formación de recursos humanos calificados en sectores intensivos en conocimiento y digitalización.

Con esta resolución, el Ministerio de Economía introduce ajustes que recalibran el equilibrio entre control fiscal, flexibilidad operativa y alcance federal, en un contexto donde la generación de empleo calificado aparece como uno de los ejes estratégicos de la política productiva.

La ampliación de plazos y la flexibilización administrativa podrían generar una mayor demanda por parte de empresas y provincias, especialmente en aquellas jurisdicciones que aún no habían adherido formalmente al programa, reconfigurando su impacto territorial durante 2026.

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CAME, APYME e IPA reaccionan al proyecto de reforma laboral del Gobierno: qué apoyan y qué rechazan las cámaras empresariales

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El proyecto de reforma laboral enviado por el Gobierno Nacional al Congreso durante el período de sesiones extraordinarias abrió un frente de posicionamientos contrastados entre las principales cámaras empresariales del país. Mientras algunas entidades ven medidas que podrían mejorar la seguridad jurídica y reducir costos laborales, otras advierten que la iniciativa profundizará la recesión, deteriorará la masa salarial y agravará el cuadro social.

Un debate abierto: apoyos condicionados y cuestionamientos estructurales

El proyecto ingresó hoy al Senado de la Nación, lo que activó una rápida reacción de actores clave del entramado pyme. Consultados por Noticias Argentinas, referentes de CAME, IPA y APYME coincidieron en que la reforma implica un giro profundo en las reglas del mercado laboral argentino, aunque discreparon sobre sus efectos económicos, sociales y productivos.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), su vocero Vicente Lourenzo adelantó que la entidad todavía “analiza” el texto junto con su equipo legal y que aún no fijó una posición institucional. No obstante, señaló que la propuesta del Poder Ejecutivo contiene “artículos positivos y otros muy negativos”, lo que anticipa un debate interno en el principal nucleamiento nacional de pequeñas y medianas empresas.

La reacción más crítica provino de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME). Su presidente, Julián Moreno, calificó el proyecto como “un tiro en el pie” para los trabajadores y alertó sobre el impacto directo en la demanda interna. “En esta relación desigual, sumada a la postura con la que viene amenazando el Gobierno Nacional, van a salir perdiendo los trabajadores y, por lo tanto, la masa salarial”.

Moreno enfatizó que el consumo interno, principal motor del sector pyme, depende del salario real, que —según advirtió— sufrirá una contracción si se aprueba la iniciativa. “Será algo que va a afectar a toda la sociedad más temprano que tarde”.

Además, alertó que la reforma formaliza vínculos laborales que no lo son, lo que consideró una forma de “disimular la pauperización del empleo”. Para APYME, el contexto recesivo agrava los riesgos. “Ninguna reforma aplicada en ningún lugar del mundo, en un momento recesivo como el actual, generó empleo, actividad o mercado interno. Nunca”.

El enfoque productivo: seguridad jurídica, fondos de cese y demandas de equilibrio normativo

En contraste con las advertencias de APYME, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, destacó los aspectos del proyecto vinculados a la previsibilidad y protección jurídica, especialmente los referidos a sistemas alternativos de indemnización.

Rosato subrayó la relevancia del Fondo de Cese Laboral (FCL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos instrumentos que —según explicó— aportan certidumbre tanto para empleadores como para trabajadores. “El empleador tiene que hacer un aporte del 3% de la masa salarial a una caja, que puede ser la del ANSES, donde se va acumulando y que va a servir para pagar las indemnizaciones”.

Para IPA, estos mecanismos eliminan la necesidad de judicializar conflictos y garantizan que el empleado tenga “la indemnización siempre a su disposición”.

Sin embargo, Rosato aclaró que la reforma todavía requiere consenso con los gremios y normas que eviten desequilibrios. “Creemos que tiene que haber una ley equitativa, que genere armonía y que otorgue mayor seguridad jurídica”.

Desde esta mirada, una reforma equilibrada permitiría a las empresas “tomar gente cuando necesiten, sin problemas”, lo que en el mediano plazo apuntaría a dinamizar la inversión y reducir el temor a litigios laborales.

Un tablero político y económico en tensión: impactos posibles y escenarios en disputa

El debate se da en un contexto de recesión profunda, caída del consumo, alta capacidad instalada ociosa y un mercado laboral donde crece la informalidad. El Gobierno busca avanzar con una reforma que flexibilice condiciones y reduzca costos; sin embargo, las reacciones empresariales muestran que las pymes no son un bloque homogéneo.

Para las entidades más ligadas al mercado interno, la prioridad es proteger salarios y consumo para sostener la actividad.

Para los sectores industriales, la clave pasa por reducir litigiosidad y obtener reglas claras para contratar sin riesgo de juicios.

El desenlace legislativo —y particularmente el nivel de consenso que logre el Ejecutivo con sindicatos y bloques parlamentarios— será decisivo para determinar si la reforma se convierte en un factor de dinamización o en un nuevo frente de conflictividad laboral y política.

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“Nadie se salva solo”, la cruda queja de Fachinello por la crisis forestal

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La forestoindustria de Misiones en alerta, Guillermo Fachinello advierte crisis preventiva y el caso Linor expone el derrumbe del mercado

El presidente de APICOFOM, Guillermo Fachinello, advirtió que numerosas empresas de Misiones y el norte correntino evalúan ingresar en “crisis preventiva” por la presión fiscal, el derrumbe del consumo y la ausencia de respuestas nacionales. El caso de Linor SRL —que despidió a 38 trabajadores y podría cesar a otros diez— ilustra la gravedad del parate productivo en la región.

Un sector al límite: presión fiscal, demanda en retroceso y falta de respuestas

La forestoindustria del NEA transita uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. Así lo definió Guillermo Fachinello, presidente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y norte de Corrientes (APICOFOM), quien describió un escenario de asfixia económica para las pequeñas y medianas industrias del sector.

Tuvimos un diálogo muy amplio con el gobierno nacional, pero con muy pocas respuestas”, señaló en declaraciones a Radio UP de Posadas, al referirse a la falta de medidas que permitan sostener la actividad. La presión impositiva en todos los niveles, las tasas de interés elevadas, la caída del mercado interno y la ausencia de incentivos a la producción se combinan en un esquema que, según afirmó, “ahoga a las empresas”.

La advertencia llega en un contexto donde los indicadores financieros internos se deterioran aceleradamente. Fachinello mencionó el aumento de cheques sin fondos, el endeudamiento forzoso para cubrir salarios y un diferencial estructural que golpea más fuerte al interior productivo: “No es lo mismo trabajar en el país central o en sectores como el minero que en nuestras economías regionales, donde no tenemos gas de red y estamos lejos de los puertos”, graficó.

El dirigente insistió en que la política de déficit cero, sin herramientas compensatorias para las economías regionales, empuja a muchas fábricas hacia un camino sin retorno. “Esta crisis se veía venir. Fuimos criticados por nuestros diagnósticos, pero hoy estamos con la foresto-industria y la yerba mate en estados muy complejos, sin saber cómo salir”, alertó.

Con una capacidad instalada funcionando al 50%, el panorama para los primeros meses de 2024 es desalentador. “Enero y febrero van a ser muy duros. Muchas empresas evalúan entrar en crisis preventiva.”

Además de reclamar la agilización de devoluciones fiscales y la revisión de tasas municipales, Fachinello subrayó la falta de acompañamiento del Gobierno nacional. Aun reconociendo el diálogo con la Provincia, sostuvo: “Valoramos los programas vigentes, pero ya no alcanza”.

Su mensaje final fue un llamado al trabajo conjunto: “La única manera de salir adelante es gestionando juntos. Nadie se salva solo.”

Linor SRL: el caso testigo que pone rostro a la crisis

La situación que describió Fachinello se refleja de manera contundente en lo ocurrido este fin de semana en el municipio de Azara. La empresa Linor SRL, una de las plantas forestales más relevantes de la zona por su volumen, empleo y capacidad logística, despidió a 38 trabajadores y evalúa cesar a otros diez. La compañía opera hoy al borde de la paralización total.

El mensaje interno que circula entre los operarios es sintético pero devastador: “No se vende nada.”

La firma, que llegó a emplear cerca de 100 personas y a abastecer a grandes compañías nacionales, se vio arrastrada por el combo de factores que golpea a toda la forestoindustria: derrumbe del consumo, freno de la construcción, caída de pedidos para pallets y productos industriales, incremento de costos operativos y tarifas, y una logística encarecida por la distancia a los puertos.

No es la primera señal de alarma. En mayo, el dueño de la empresa, Juan Carlos Lorenzo, protagonizó un video que recorrió toda la provincia. Rodeado de sus operarios, les decía: “No laburen, muchachos. Cerramos esto y cobran cuando esto se remate.”

Lo que parecía un episodio extremo terminó siendo un anticipo del colapso que hoy se materializa. Y su impacto excede a los trabajadores despedidos: proveedores, transportistas, comercios locales y familias enteras dependen de este aserradero en un municipio donde las alternativas laborales son escasas.

Una economía provincial que no tracciona y una urgencia que crece

El caso Linor SRL se suma a un entramado provincial frágil. La yerba mate atraviesa una crisis histórica con industrias detenidas y productores que evalúan suspender la zafriña. El turismo muestra señales de enfriamiento por la pérdida de poder adquisitivo. La construcción, motor del empleo en zonas urbanas y rurales, se encuentra casi paralizada. Y el comercio —desde minoristas hasta cadenas nacionales— enfrenta cierres, concursos y despidos.

Para la forestoindustria, históricamente uno de los pilares de la economía misionera, la situación es particularmente delicada: la dependencia de la construcción, la distancia logística y la competencia importada generan un cóctel explosivo para las PYMES.

Los reclamos empresariales apuntan a medidas urgentes y específicas: Líneas de crédito accesibles para capital de trabajo. Políticas de emergencia para PYMES industriales. Incentivos a la exportación ante el atraso cambiario. Revisión del ingreso de productos importados. Reducción de cargas fiscales en todos los niveles.

La narrativa que atraviesa a todo el sector es clara: si no se generan ventas ni demanda interna, no habrá manera de sostener empleo, producción ni inversiones.

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Para Caputo, la estabilidad macro y menos impuestos son “la mejor política industrial”

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El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la reducción de retenciones anunciada por el Gobierno Nacional forma parte de una estrategia más amplia de desregulación, alivio fiscal y coordinación macroeconómica, al exponer en el encuentro “El camino hacia una Argentina próspera” organizado por la Fundación IEB. El funcionario sostuvo que “la estabilidad macroeconómica y la baja de regulaciones e impuestos es la mejor política industrial que se puede tener”, y adelantó que el Ejecutivo enviará al Congreso una reforma laboral orientada a mejorar la formalidad y reducir costos para las pymes.

Reducción de retenciones y alivio fiscal para el agro: eje de la estrategia productiva

Durante su presentación, Caputo reiteró que “el compromiso del Gobierno Nacional con el campo es desde el día uno”, subrayando que las recientes reducciones de derechos de exportación constituyen una política de reconocimiento hacia un sector que, según señaló, “ha contribuido desde hace tantos años”.

El ministro detalló la actualización de alícuotas: Soja: baja del 26% al 24%. Subproductos de soja: del 24,5% al 22,5%. Trigo y cebada: del 9,5% al 7,5%. Maíz y sorgo: del 9,5% al 8,5%. Girasol: del 5,5% al 4,5%

Caputo agregó que la intención oficial es continuar con el camino de reducción de impuestos: “En la medida en que tengamos algún espacio fiscal, vamos a seguir bajando impuestos”. En ese marco, volvió a plantear que menos presión tributaria y mayor fluidez regulatoria son las condiciones centrales para que la industria y el agro “puedan expandirse sin fricciones”.

Reforma laboral, régimen cambiario y acumulación de reservas: las próximas definiciones del Gobierno

El ministro anticipó que la reforma laboral que el Ejecutivo enviará al Congreso incluirá cambios orientados a simplificar contrataciones y desvinculaciones. Adelantó que se buscará “un régimen para facilitar el proceso de despidos o los mutuos acuerdos, que son clave para emplear nuevos trabajadores”, junto a la creación de un régimen de nuevo empleo para pequeñas empresas.

Asimismo, Caputo dedicó parte de su exposición a explicar la estrategia monetaria y cambiaria. Reiteró la importancia de coordinar política fiscal, política cambiaria y política monetaria para preservar la estabilidad alcanzada:
“Si esto no pasara, se generaría una suba artificial del dólar que desanclaría expectativas. Cuando el Central compra dólares, se emiten pesos; y si esa emisión no es convalidada por la demanda de pesos, se genera inflación”.

Respecto del régimen de bandas cambiarias, defendió su continuidad. “Es muy pretencioso pretender flotar de un día para el otro en un país que aún tiene tanta volatilidad política. El esquema va a seguir porque da certidumbre y hoy es lo mejor para el país”.

Aval político, respaldo internacional y continuidad del programa económico

Caputo sostuvo que el rumbo económico se encuentra validado socialmente. “Las elecciones fueron un referéndum en donde la sociedad se manifestó abrumadoramente a favor de este cambio”.

Agregó que las mejoras político-institucionales fortalecen la continuidad del programa económico y destacó el respaldo internacional. “El apoyo geopolítico que la Argentina está recibiendo de parte de los Estados Unidos solidifica lo que estamos haciendo”.

Al finalizar el encuentro, el presidente del Grupo IEB, Juan Ignacio Abuchdid, entregó al ministro y a su equipo un reconocimiento por la gestión desarrollada al frente del Ministerio de Economía.

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