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Repartidores necesitan 453 pedidos para sostener un hogar tipo: el ingreso por viaje apenas compensa la inflación

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El trabajo en plataformas digitales sigue mostrando una fuerte pérdida de poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida. Así lo refleja el nuevo Índice APP (Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio), elaborado por la Fundación Encuentro, que calcula cuántos pedidos debe realizar un repartidor para cubrir distintos gastos esenciales.

La tercera medición del indicador, correspondiente al primer trimestre de 2026, revela que en marzo un repartidor necesitó completar 453 pedidos promedio para sostener una Canasta Básica Total de un hogar de cuatro integrantes, prácticamente el mismo nivel que a fines de 2025, aunque con un mayor esfuerzo para afrontar otros gastos cotidianos.

El estudio toma como referencia el valor promedio de un pedido en las dos principales plataformas de delivery del país. En marzo, ese monto se ubicó en $3.165,20, sin considerar propinas ni descontar los costos que afronta el trabajador, como combustible, mantenimiento del vehículo, telefonía o monotributo.

El costo de vivir, medido en pedidos

El informe traduce distintos indicadores económicos a una unidad fácilmente comprensible: la cantidad de pedidos necesarios para alcanzar ingresos o cubrir gastos básicos.

Los principales resultados muestran que un repartidor necesitó realizar:

  • 453 pedidos para sostener un hogar tipo de cuatro integrantes.
  • 320 pedidos para alcanzar el ingreso promedio individual de Argentina.
  • 147 pedidos para cubrir la Canasta Básica Total individual (sin alquiler).
  • 67 pedidos para pagar únicamente la Canasta Básica Alimentaria.
  • 175 pedidos para afrontar la canasta de crianza de un niño promedio.
  • 156 pedidos para cubrir la crianza de un bebé.
  • 250 pedidos para pagar un alquiler promedio en la Ciudad de Buenos Aires.
  • 111 pedidos para alcanzar el Salario Mínimo Vital y Móvil.
  • 13 pedidos para abonar el Monotributo categoría A.
  • Apenas 2 pedidos para llenar un tanque de combustible de 3,5 litros.

Más pedidos para cubrir los mismos gastos

La comparación con diciembre de 2025 muestra que la estabilidad del indicador general esconde un deterioro en varios componentes del costo de vida.

En apenas tres meses:

  • La Canasta Básica Total individual pasó de requerir 140 a 147 pedidos.
  • La Canasta Básica Alimentaria aumentó de 63 a 67 pedidos.
  • La crianza de un niño pasó de 170 a 175 pedidos.
  • La de un bebé, de 152 a 156 pedidos.
  • El alquiler promedio subió de 244 a 250 pedidos.
  • El Monotributo A pasó de 12 a 13 pedidos.

En cambio, la cantidad de pedidos necesaria para sostener un hogar tipo prácticamente no varió: pasó de 454 a 453 gracias a una actualización del valor promedio del pedido durante marzo.

PedidosYa amortiguó la caída; Rappi quedó rezagada

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la creciente diferencia entre plataformas.

Mientras PedidosYa actualizó el valor promedio abonado por pedido en marzo, elevándolo de $3.659 a $3.924, Rappi mantuvo sin cambios sus valores desde octubre de 2025.

Como consecuencia, el promedio general aumentó hasta los $3.165,20, lo que permitió compensar parcialmente el impacto de la inflación sobre los ingresos de los repartidores.

Sin embargo, la Fundación Encuentro advierte que esa mejora responde exclusivamente a una de las empresas y que el comportamiento agregado oculta realidades muy distintas entre quienes trabajan para cada plataforma.

El Índice APP fue desarrollado como una herramienta para medir el poder adquisitivo del trabajo en plataformas digitales, un sector caracterizado por ingresos variables y sin convenios colectivos que establezcan referencias salariales.

El coeficiente relaciona el valor promedio de un pedido con distintos indicadores económicos —como las canastas básicas, alquileres, salario mínimo o costos de crianza— para estimar cuántos viajes necesita realizar un repartidor para sostener distintos niveles de consumo.

La metodología aclara que el cálculo se realiza sobre el ingreso bruto por pedido, sin incluir propinas ni descontar los gastos operativos que asume cada trabajador, por lo que el ingreso efectivo disponible resulta inferior.

Inflación versus actualización de tarifas

La serie construida entre julio de 2025 y marzo de 2026 permite identificar un patrón claro: cuando las plataformas mantienen congelado el valor del pedido, la cantidad de viajes necesarios para sostener el mismo nivel de vida aumenta rápidamente.

En cambio, las actualizaciones del pago por pedido generan una mejora inmediata en el indicador, aunque esa recuperación se va diluyendo con el avance de la inflación.

Para la Fundación Encuentro, el APP se consolida como una herramienta útil para traducir los efectos de la inflación y las decisiones empresariales en un indicador simple y comparable, especialmente en un sector donde no existen negociaciones paritarias ni referencias salariales formales.

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No te falta esfuerzo, los sueldos no alcanzan

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Empecemos por los hechos.
Esta semana, el Ministerio de Defensa publicó una resolución inédita en la historia argentina: el personal de las Fuerzas Armadas queda habilitado para desarrollar actividades laborales complementarias fuera del horario de servicio. Pueden manejar un Uber. Pueden repartir pedidos en Rappi. Pueden trabajar en seguridad privada. Pueden, en síntesis, hacer lo que ya venían haciendo de manera informal porque los salarios no alcanzaban, solo que ahora el Estado lo blanqueó.

La medida llegó sin fanfarria. Sin conferencia de prensa. Sin que nadie dijera en voz alta lo que la resolución implica: que el salario de un soldado argentino no alcanza para vivir. Que el Estado lo sabe. Y que en lugar de resolverlo, decidió habilitarlos a resolverlo solos. 

Para mayo de 2026, el haber mensual de un voluntario de segunda fue fijado en $686.838. Un cabo cobra $814.831. Un subteniente, $926.881. En el mejor de los casos, hablamos de salarios que no superan el equivalente a 700 dólares mensuales en un país donde la canasta básica familiar supera el millón de pesos. En 2025, más de 2.200 militares y miembros de fuerzas de seguridad renunciaron durante el primer semestre.  La sangría incluyó Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería y Prefectura. El Ministerio de Defensa registró además un recorte de más de 46.000 millones de pesos en el Presupuesto 2026. 

Milei había prometido, durante la campaña y en los primeros meses de gobierno, jerarquizar a las Fuerzas Armadas y recuperar su protagonismo institucional. La resolución del lunes es la contracara de esa promesa: no hay jerarquización posible cuando quien custodia la defensa nacional necesita un segundo trabajo para pagar el alquiler.

Pero esta columna no es sobre los militares.

Es sobre el mecanismo que convierte un problema estructural en una responsabilidad individual. Y que lo hace con tanta eficacia que la mayoría de las veces ni siquiera lo notamos.

El sistema tiene un problema: los salarios no alcanzan. La solución que propone no es subir los salarios. Es convencerte de que el problema sos vos y de que la solución es trabajar más.

Tiene nombre. Se llama hustle culture: la cultura del rebusque permanente, del segundo empleo como virtud, del “si no llegás es porque no te esforzás suficiente”. Es una ideología que se presenta como motivación personal pero que funciona como coartada sistémica: mientras la energía social se vuelca en buscar el segundo ingreso, nadie pregunta por qué el primero no alcanza.

No es un fenómeno nuevo. El sociólogo alemán Max Weber lo rastreó hasta la ética protestante del siglo XVII: la idea de que el trabajo duro es una señal de virtud moral, que el éxito material es evidencia de mérito y que la pobreza, por lo tanto, es una falla de carácter. Esa ecuación atravesó siglos y se reinventó en el capitalismo contemporáneo con nuevos nombres: emprendedurismo, side hustle, monetizá tu pasión.

“Normalizar la informalidad es uno de los peores mensajes que podemos dar socialmente, porque pone en peligro nuestra sociedad a futuro. No es un privilegio tener una jubilación, es un derecho gracias a los aportes que realizamos durante toda nuestra vida activa”, afirma la especialista en Sociología del trabajo e investigadora del CONICET Patricia Collado. 

El mecanismo funciona así. Cuando un trabajador no llega a fin de mes, las dos explicaciones posibles son: A) el salario es insuficiente, o B) el trabajador no hace suficiente. La hustle culture instala la B como respuesta cultural dominante. No mediante decreto. Mediante contenido. Mediante el influencer que muestra sus cinco fuentes de ingreso a las seis de la mañana. Mediante el podcast que celebra al que “nunca para”. Mediante el lenguaje del emprendimiento que convierte la precariedad en libertad y la necesidad en vocación.

El resultado es que millones de personas con salarios insuficientes se sienten personalmente responsables de una situación que es estructural. No preguntan por el salario: buscan el segundo empleo. No organizan el reclamo colectivo: optimizan su agenda individual. El sistema gana dos veces: no paga lo suficiente y encima logra que quien no llega sienta que es su culpa.

Desde que asumió Javier Milei se perdieron 288.815 puestos asalariados registrados, según análisis del investigador Luis Campos sobre datos del SIPA. La caída apenas se compensa con el avance del monotributo,  es decir, con trabajo sin aportes, sin obra social plena, sin indemnización, sin aguinaldo. En paralelo, el salario real promedio del sector privado cayó un 0,1% mensual en febrero de 2026, el decimocuarto mes consecutivo de retroceso en términos reales para amplios sectores. 

En ese contexto, la resolución del Ministerio de Defensa no es una anomalía. Es la expresión más desnuda de una lógica que ya opera en toda la economía.

Los docentes hacen clases particulares porque el sueldo no alcanza. Los médicos del sistema público atienden en clínicas privadas porque el sueldo no alcanza. Los empleados estatales venden productos por redes sociales porque el sueldo no alcanza. Los militares van a hacer Uber porque el sueldo no alcanza. Y en todos los casos, el relato oficial es el mismo: más libertad, más oportunidades, más autonomía.

Nunca: más sueldo.

Ya lo dijo Sandra Pettovello, Ministra de Capital Humano “La única forma genuina de salir adelante es a través del esfuerzo y la generación de empleo.”

La frase no es falsa. El esfuerzo importa. El trabajo importa. Pero hay una diferencia enorme entre el esfuerzo como herramienta de desarrollo y el esfuerzo como sustituto de un salario justo. La primera es una condición del progreso. La segunda es una trampa que se disfraza de virtud.

El filósofo surcoreano Byung-Chul Han lo describe con precisión quirúrgica: la sociedad del rendimiento no necesita capataces ni látigos. Produce trabajadores que se explotan a sí mismos de manera voluntaria, convencidos de que cada hora extra, cada segundo empleo, cada sacrificio adicional los acerca a una versión mejor de sí mismos. La coacción externa se convirtió en autoexigencia interna. Y eso la hace mucho más eficiente  y mucho más difícil de resistir.

La hustle culture tiene costos documentados. En sectores de alta presión, casi el 90% de los empleados muestran síntomas de burnout y agotamiento crónico. La ansiedad se multiplica por tres en entornos donde tomarse un día libre se percibe como debilidad. El 62% de los profesionales que siguen ese ritmo dedica menos de 4 horas semanales a vínculos significativos. Las parejas tienen tres veces más probabilidades de divorcio. No es el precio del éxito: es el precio de un sistema que transfirió su propio déficit al cuerpo y al tiempo de quienes trabajan para él. 

Hay algo más en la resolución del Ministerio de Defensa que merece nombrarse.

Las Fuerzas Armadas son, por definición, una institución de disponibilidad permanente. Un soldado no tiene horario de salida en el sentido en que lo tiene un empleado de comercio. Su función implica estar disponible cuando la situación lo requiere, sin importar si es de noche, fin de semana o feriado. Habilitar el segundo empleo no solo reconoce que el sueldo no alcanza, también asume que esa disponibilidad tiene un límite que el Estado no está dispuesto a remunerar.

La pregunta que la resolución no responde es la única que importa: si alguien que custodia la defensa nacional necesita manejar un Uber para llegar a fin de mes, ¿qué dice eso sobre cómo el Estado valora lo que esa persona hace?

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Delivery en Argentina: el boom de las apps choca con salarios más débiles y costos cada vez más altos

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Pedir comida desde el celular dejó de ser un consumo ocasional para convertirse en un hábito estructural de la vida urbana argentina. El fenómeno, acelerado durante la pandemia y consolidado en los últimos años, sostiene hoy un mercado dominado por dos gigantes: PedidosYa y Rappi. Pero detrás del crecimiento sostenido de pedidos y usuarios aparece una tensión económica cada vez más visible: el delivery crece más rápido que el poder de compra de quienes lo utilizan y también de quienes trabajan dentro del sistema.

Según un informe elaborado por la consultora Focus Market, las aplicaciones lograron modificar profundamente los hábitos de consumo gracias a la facilidad de acceso, la logística integrada y la digitalización de comercios. Sin embargo, el modelo enfrenta un desafío central: sostener rentabilidad en un contexto de costos crecientes, presión regulatoria y promociones permanentes.

El corazón económico del negocio está en las comisiones. Los comercios que venden a través de apps de delivery pagan entre 25% y 35% de cada operación, dependiendo del esquema logístico utilizado. En algunos casos, el costo de operar digitalmente se convirtió en uno de los principales gastos de los restaurantes y locales gastronómicos. La comparación con otros marketplaces resulta contundente: mientras plataformas como Mercado Libre cobran alrededor de 13% por venta, las apps de delivery prácticamente duplican ese porcentaje.

A ese esquema se suma el costo que absorbe el consumidor. Además del envío, las plataformas incorporaron tarifas de servicio que representan entre 1,5% y 2% del valor total del pedido, un componente que incluso generó cuestionamientos judiciales en la provincia de Buenos Aires por posibles prácticas abusivas.

El ranking de consumo revela también cambios culturales en los hábitos urbanos. En PedidosYa, las categorías más demandadas son hamburguesas, helados, pizzas y empanadas, mientras que el crecimiento más acelerado se dio en productos de supermercado y consumo cotidiano, especialmente frutas, verduras, carnes y artículos para el hogar.

En el caso de Rappi, el fenómeno adquiere perfiles más heterogéneos. Entre los productos más vendidos aparecen papeles para armar cigarrillos, mientras que entre los más buscados se destacan juguetes sexuales y artículos para bebés, reflejando cómo el delivery se expandió hacia consumos urgentes, íntimos y altamente segmentados.

Pero el dato más sensible del informe está en el deterioro del poder adquisitivo. Durante abril de 2026, las principales categorías de comida registraron aumentos interanuales cercanos al 41%. Una hamburguesa pasó de costar alrededor de $10.600 a unos $15.000; el kilo de helado subió desde $19.800 hasta cerca de $28.000; y una pizza trepó desde $17.700 hasta aproximadamente $25.000. Incluso productos de menor ticket, como las empanadas, mostraron incrementos significativos.

La consecuencia es directa: aunque los salarios crecieron en términos nominales, los precios del delivery avanzaron más rápido. Con el salario RIPTE de febrero de 2026, un trabajador formal puede comprar menos hamburguesas, menos pizzas y menos kilos de helado que un año atrás. El estudio calcula que el poder adquisitivo medido en pedidos cayó cerca de 12% interanual.

Del otro lado del sistema, los repartidores también enfrentan un escenario complejo. Según datos de la Fundación Encuentro, un repartidor cobraba en promedio $3.033 por pedido a fines de 2025, sin considerar propinas. Para cubrir el costo de una Canasta Básica Total familiar debía realizar alrededor de 454 pedidos mensuales, equivalente a unas 18 entregas diarias sin descanso.

Aun así, gran parte de esos ingresos se reducen luego de descontar combustible, mantenimiento del vehículo, monotributo, seguros y conectividad móvil. El informe destaca además que el 70% de los repartidores utiliza las aplicaciones como ingreso complementario y no como actividad exclusiva.

El delivery argentino atraviesa así una paradoja estructural: el negocio crece en volumen, cobertura territorial y penetración digital, pero esa expansión no se traduce necesariamente en mejores márgenes para comercios, consumidores ni trabajadores. Las plataformas consolidan escala y dominio de mercado, mientras el resto de la cadena absorbe costos crecientes en una economía donde el salario todavía corre detrás de la inflación.

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Fallo histórico avala que los repartidores de plataformas tienen relación de dependencia

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La Justicia bonaerense avaló que los repartidores de las apps de reparto, como Rappi y Pedidos Ya, son trabajadores en relación de dependencia, avalando el criterio del gobernados Axel Kicillof en su enfrentamiento con el presidente Javier Milei.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió recursos extraordinarios de Rappi Argentina S.A.S. y Repartos Ya S.A. contra multas impuestas por el Ministerio de Trabajo provincial, y avaló la posición de Axel Kicillof de que los repartidores son trabajadores en relación de dependencia.

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, felicitó el fallo y lo consideró un hito en la defensa de los derechos de los trabajadores.

Cuál fue el origen de las multas

Ambas empresas fueron sancionadas por el Ministerio de Trabajo bonaerense tras inspecciones que detectaron el incumplimiento de normas laborales y de seguridad social (falta de registro de trabajadores, falta de pago de salarios mínimos, ausencia de seguros, etc.).

En los dos casos se alegó la infracción a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), así como a leyes de empleo y de riesgos del trabajo.

Tanto Rappi como Repartos Ya sostuvieron que los repartidores no son empleados, sino “profesionales independientes” o autónomos que se vinculan mediante contratos de locación de servicios comerciales.

La Corte ratificó que el Ministerio de Trabajo tiene la potestad indelegable de fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales. Esto incluye la facultad de interpretar si los hechos constatados en una inspección encuadran en una relación. En ambos fallos se validó el uso de la presunción de la LCT sobre relación laboral. Dado que se probó la prestación de servicios (y en muchos casos fue reconocida por las empresas), recayó sobre las plataformas la carga de probar que esa relación no era laboral, algo que no lograron hacer.

Los tribunales de origen, avalados por la Suprema Corte, encontraron que en la actividad de los repartidores están presentes las notas típicas de un contrato de trabajo, independientemente de la denominación que las empresas le den al vínculo.

En los dos expedientes, la Corte rechazó los recursos extraordinarios de nulidad por no cumplir con las causales taxativas de la Constitución local, considerando que los reclamos eran en realidad discrepancias sobre el juzgamiento.

Por qué fueron insuficiente los argumentos

La Corte determinó que los recursos de inaplicabilidad de ley presentados por las empresas fueron técnicamente insuficientes.

Se señaló que las recurrentes se limitaron a transcribir o repetir los mismos argumentos utilizados en la apelación administrativa, sin realizar una crítica directa y eficaz contra los fundamentos de la sentencia judicial previa.

Asimismo, no lograron demostrar absurdo (un error grosero y patente) en la valoración de los hechos y las pruebas que hicieron los jueces de grado.

Rappi: el recurso fue rechazado en su totalidad, confirmándose la multa de más de $16 millones y las costas a la empresa.

Repartos Ya: el recurso prosperó parcialmente. Si bien se confirmó la naturaleza laboral de la mayoría de los repartidores, la Corte hizo una excepción con 8 personas de las cuales la empresa había negado cualquier tipo de vínculo desde el principio.

En esos casos específicos, la Corte dictaminó que no se puede aplicar automáticamente la presunción de relación de dependencia si se niega la existencia misma del servicio, por lo que ordenó que un nuevo tribunal dicte fallo solo sobre ese punto.

En conclusión, ambas sentencias consolidan la postura de que los repartidores de plataformas digitales en la Provincia de Buenos Aires son trabajadores en relación de dependencia y que el Estado tiene facultades plenas para sancionar la falta de registro de estos vínculos.

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Nuevo índice APP: cuántos pedidos necesita hacer un delivery para no ser pobre

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El Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (APP) pone números concretos a una pregunta clave del trabajo en plataformas: ¿cuántos pedidos necesita realizar un repartidor para cubrir gastos básicos y alcanzar ingresos mínimos? El último relevamiento muestra una mejora respecto de septiembre, aunque advierte una creciente desigualdad entre plataformas, con trayectorias de ingresos cada vez más dispares.

El índice toma como referencia un pedido promedio de $3.032,9, sin propina, calculado a partir de valores de PedidosYa y Rappi, y lo cruza con indicadores oficiales de ingresos, canastas básicas y costos de vida. El resultado permite traducir el esfuerzo laboral en una métrica directa: cantidad de pedidos necesarios para vivir.

Los números que explican la precariedad

De acuerdo con el informe, un hogar tipo de cuatro integrantes necesita realizar 454 pedidos mensuales para cubrir la canasta básica total y no ser considerado pobre. En el caso de una persona sola, sin alquiler, el umbral de pobreza se ubica en 140 pedidos, mientras que la canasta básica alimentaria individual se cubre con apenas 63 pedidos, señala un informe fue elaborado por la Fundación Encuentro.

El estudio también permite dimensionar el costo de la crianza: criar a un niño requiere 170 pedidos mensuales, mientras que un bebé demanda 152 pedidos. El alquiler promedio representa 244 pedidos, aunque en un monoambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el valor baja a 167 pedidos, evidenciando fuertes diferencias territoriales.

En términos de ingresos laborales, para alcanzar el ingreso promedio individual en Argentina se necesitan 328 pedidos, mientras que llegar al Salario Mínimo Vital y Móvil requiere 110 pedidos. Incluso los costos formales del trabajo aparecen medidos en esta lógica: el monotributo A equivale a 12 pedidos, y un tanque de nafta, insumo básico para repartir, se cubre con solo 2 pedidos.

El dato clave: mejora promedio, brecha creciente

El APP muestra una mejora general respecto de septiembre, pero no es homogénea. El informe advierte que las distintas plataformas presentan trayectorias divergentes, lo que amplía la brecha de ingresos entre repartidores según la app en la que trabajen, aun realizando esfuerzos similares.

En un sector caracterizado por la ausencia de paritarias, escalas salariales y referencias claras de esfuerzo e ingreso, el índice APP aporta una herramienta concreta para ordenar el debate público sobre precarización laboral, ingresos reales y regulación del trabajo en plataformas.

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