RECURSOS NATURALES

Encuesta: 85% de los argentinos pide proteger los recursos estratégicos

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Una nueva encuesta nacional de Zuban Córdoba y Asociados revela un amplio consenso social alrededor de conceptos vinculados con la soberanía económica y política, pero con una particularidad: la mayoría de los argentinos no plantea como alternativa el aislamiento internacional.

Por el contrario, la posición predominante podría sintetizarse en una fórmula: abrirse al mundo, pero cuidando lo propio.

Ante la consulta sobre cuál debería ser el rumbo económico-internacional de la Argentina, 60,5% eligió “abrirse al mundo pero cuidando los recursos estratégicos”. Otro 24,5% sostuvo una posición todavía más restrictiva y consideró que “el país debe reservar exclusivamente para sí la explotación de todos sus recursos”. Apenas 14,2% optó por “abrir la economía al mundo, sin restricciones”.

La suma resulta contundente: 85% de los encuestados se identifica con alguna forma de protección de los recursos nacionales, aunque existen diferencias importantes acerca del grado que debería asumir esa protección.

Ese matiz es central para interpretar los resultados. La encuesta no muestra una sociedad mayoritariamente partidaria del aislamiento económico. El núcleo más numeroso -seis de cada diez argentinos- acepta la apertura internacional, pero demanda que esa inserción tenga límites cuando están en juego activos considerados estratégicos.

Litio, tierras y agua: 81,8% quiere mayoría argentina

El consenso se vuelve todavía más marcado cuando la encuesta abandona los conceptos generales y pregunta específicamente por los recursos naturales.

El 81,8% está de acuerdo con que los recursos estratégicos -entre los que el estudio menciona litio, tierras y agua- permanezcan mayoritariamente en manos de argentinos.

Solamente 16,5% está en desacuerdo y 1,7% no sabe qué responder.

La amplitud de la diferencia es significativa: hay prácticamente cinco personas favorables por cada una que rechaza esa posición.

El resultado adquiere relevancia en momentos en que recursos naturales y minerales críticos ganan protagonismo dentro de la economía mundial. La discusión sobre quién controla esos activos, cómo se explotan y cuánto valor queda dentro de las economías que los poseen comienza a formar parte de una nueva agenda internacional.

Y en Argentina, según la encuesta, existe una opinión ampliamente mayoritaria: la explotación puede admitir participación externa, pero el control mayoritario debería permanecer en manos nacionales.

Una segunda respuesta conecta directamente esa percepción con la política económica.

Ante la afirmación de que “es más importante proteger la producción y la industria nacional”, 74,1% manifestó estar de acuerdo, frente a 23% que expresó su desacuerdo y apenas 2,9% que no tomó posición.

El resultado incorpora una dimensión especialmente sensible para las provincias productivas.

La discusión sobre apertura comercial no aparece, al menos según este estudio, desligada de sus consecuencias sobre la estructura económica doméstica. Una amplia mayoría demanda algún grado de protección para las empresas y actividades que producen dentro del país.

El dato también permite entender mejor la respuesta anterior.

Cuando se pregunta genéricamente por una “economía abierta al mundo sin restricciones”, solamente 14,2% se identifica con esa alternativa. La opción dominante no es cerrar la economía: es abrirla bajo determinadas condiciones.

La misma lógica se reproduce en política exterior.

El 77,9% de los consultados considera que Argentina debería tomar sus decisiones de acuerdo con sus propios intereses, sin alinearse automáticamente con potencias extranjeras. El 19,6% está en desacuerdo y 2,5% no sabe.

La respuesta no identifica específicamente a ninguna potencia ni establece cuál debería ser la orientación diplomática argentina. Por eso, el resultado debe leerse con cautela: lo que registra es una demanda de autonomía, no necesariamente una preferencia geopolítica concreta.

Pero vuelve a aparecer un patrón común en prácticamente todo el estudio: la reivindicación de un margen propio de decisión para la Argentina reúne porcentajes superiores al 70%.

Un rechazo contundente a considerar “anticuada” la soberanía

El disparador de la encuesta fue una afirmación atribuida por el estudio al canciller Pablo Quirno, según la cual el concepto de soberanía nacional sería “anticuado”.

La reacción recogida por Zuban Córdoba fue ampliamente negativa.

El 66,7% manifestó estar “muy en desacuerdo” y otro 7,6% “algo en desacuerdo”. Sumadas ambas categorías, 74,3% rechaza la afirmación.

En sentido contrario, 12,9% dijo estar “algo de acuerdo” y 5,9% “muy de acuerdo”, lo que lleva el respaldo total a 18,8%. El restante 6,9% respondió que no sabe.

La intensidad de la respuesta también importa. No solamente existe una mayoría en desacuerdo: dos de cada tres argentinos eligieron la categoría más terminante disponible, “muy en desacuerdo”.

Entre el rechazo y la aceptación de la afirmación existe una distancia de 55,5 puntos porcentuales.

La última pregunta transforma esas opiniones generales en una hipótesis electoral.

Pensando en las próximas elecciones presidenciales, la consultora preguntó si el entrevistado consideraría priorizar su voto hacia “la propuesta más nacionalista/soberanista en temas de tierras y recursos naturales y relaciones internacionales”. El 65,3% respondió que sí.

Otro 24,3% contestó que no y 10,4% todavía no tiene una posición definida.

Es probablemente el dato políticamente más relevante del estudio.

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“Los senadores misioneros tienen la oportunidad histórica de impedir que el Gobierno nacional rife nuestro territorio”, afirmó Carlos Sartori

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En la antesala del tratamiento de la reforma de la Ley de Tierras, prevista para este jueves en la Cámara Alta de la Nación, el ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, envió un fuerte mensaje a los tres senadores que representan a la provincia y los convocó a asumir una posición firme en defensa del territorio misionero.

“Los senadores misioneros tienen la oportunidad histórica de impedir que el Gobierno nacional rife nuestro territorio, nuestros recursos naturales y estratégicos”, sostuvo el funcionario, en referencia a Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y Martín Goerling, quienes tendrán un rol determinante durante la sesión.

El proyecto de modificación de la Ley de Tierras Rurales propone, entre otros puntos, elevar el límite máximo de la superficie del territorio nacional y provincial que puede estar en manos de extranjeros.

Sartori consideró que la discusión supera las diferencias partidarias y advirtió que el proyecto involucra cuestiones de fondo vinculadas a la soberanía territorial.

“Los senadores misioneros tienen que demostrar su compromiso con el pueblo misionero en la defensa de las tierras. Es un tema que depende de la coyuntura política, pero la trasciende, porque está en juego el futuro de las próximas generaciones”, afirmó.

El ministro recordó que la provincia posee una condición geográfica única dentro del país y remarcó que esa realidad obliga a extremar los cuidados sobre el territorio. “Casi el 90 por ciento de nuestra provincia es de frontera con otros países. No somos una tierra común; tenemos enormes ríos, biodiversidad, acuíferos y recursos estratégicos. Somos uno de los pulmones del mundo y eso es lo que hoy están intentando rifar”, advirtió.

En ese contexto, destacó que el gobernador Hugo Passalacqua ya expresó públicamente su rechazo a la iniciativa y aseguró que esa postura fue acompañada por el espacio político que encabeza.

“El gobernador se manifestó claramente en contra de esta ley y, a partir de esa posición, todo el arco político de Movimiento por lo que Viene, dirigentes, intendentes, legisladores y ex legisladores entendieron cuál es el camino”, señaló.

Sartori insistió en que la defensa del territorio debe convertirse en una política de Estado y pidió a los representantes misioneros actuar con responsabilidad institucional durante la votación.

“No es solamente Misiones; está en juego una decisión que involucra a todo el país. La dirigencia y nuestros tres senadores deben demostrar madurez. No todo es válido en política. Hay cosas que no se pueden negociar por la trascendencia de lo que está en juego”, remarcó.

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Vaca Muerta: Neuquén busca blindar sus tierras fiscales ante el avance de la ley nacional de Tierras

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Neuquén decidió jugar su propia carta en la discusión nacional sobre la propiedad de tierras rurales. El gobernador Rolando Figueroa, al frente de la provincia que concentra el desarrollo de Vaca Muerta, enviará a la Legislatura un proyecto de ley destinado a garantizar que las tierras fiscales de dominio provincial solo puedan ser vendidas a ciudadanos o personas jurídicas argentinas.

La iniciativa adquiere relevancia política porque llega en la antesala del debate que el Senado de la Nación tiene previsto para el 6 de agosto sobre las modificaciones impulsadas por el Gobierno de Javier Milei a la Ley de Tierras. Figueroa ya había planteado la necesidad de establecer límites cuantificables a la tenencia extranjera a nivel nacional y respaldó a la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, para que sostenga la defensa de las facultades provinciales.

El proyecto neuquino busca funcionar como un resguardo propio frente al resultado que finalmente tenga la discusión parlamentaria nacional. La idea central del Ejecutivo provincial es preservar la capacidad de Neuquén para definir qué ocurre con las tierras fiscales bajo su dominio y, al mismo tiempo, proteger los recursos naturales y el perfil de desarrollo de la provincia.

El debate nacional parte de una propuesta que originalmente planteaba eliminar el límite del 15% vigente para la propiedad extranjera de tierras rurales, levantar restricciones para la adquisición de inmuebles ubicados en zonas de frontera o ribereñas y eliminar el cupo por nacionalidad, que establece que ciudadanos de un mismo país no pueden concentrar más del 30% de ese porcentaje.

Durante el tratamiento en comisión se incorporaron modificaciones sustanciales. Entre ellas, el reconocimiento de las competencias provinciales para establecer el régimen jurídico aplicable a las tierras ubicadas dentro de sus territorios. Ese punto resulta particularmente relevante para Neuquén, que pretende utilizar sus propias herramientas legislativas para reforzar el control sobre el patrimonio provincial.

El proyecto nacional, según los cambios incorporados, también mantiene restricciones específicas. Continúa la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras rurales y permanecen controles sobre empresas que cuenten con participación estatal extranjera. A su vez, se incorporaron disposiciones relacionadas con propiedad privada, expropiaciones, indemnizaciones y ocupaciones temporarias, bajo el objetivo de reforzar la seguridad jurídica.

En ese escenario, la posición de Corroza aparece como una pieza clave para la estrategia de Figueroa. La senadora de La Neuquinidad deberá definir su postura frente a una iniciativa que cuenta con el respaldo de los legisladores neuquinos de La Libertad Avanza, Nadia Márquez y Pablo Cervi, quienes, según el planteo político expuesto, acompañarían el proyecto nacional.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén

Para el Gobierno neuquino, la discusión no se reduce a la cantidad de hectáreas que puedan quedar en manos extranjeras. El punto de fondo es quién tiene capacidad para definir el régimen de propiedad y utilización de un territorio que adquirió un valor estratégico extraordinario a partir del desarrollo de Vaca Muerta.

La provincia sostiene que proteger la potestad sobre la tierra no implica cerrar la puerta a las inversiones. Por el contrario, el modelo que Neuquén exhibe como antecedente es el de las concesiones hidrocarburíferas: las empresas pueden acceder a derechos para explorar y explotar recursos sin que la Provincia transfiera la propiedad de la tierra.

Ese esquema ya fue aplicado con las 56 concesiones no convencionales otorgadas por el Gobierno neuquino a algunas de las principales operadoras hidrocarburíferas internacionales. Las inversiones llegaron para desarrollar Vaca Muerta sin que esas concesiones implicaran la transferencia de la titularidad de las tierras.

La distinción resulta central para la discusión que plantea Figueroa: seguridad jurídica e inversión no necesariamente requieren transferir la propiedad del suelo. El desafío consiste en diseñar reglas previsibles que permitan desarrollar proyectos productivos y, al mismo tiempo, preservar la capacidad del Estado provincial para administrar un activo estratégico.

Con ese argumento, Neuquén intenta convertir la discusión sobre tierras en una política de Estado provincial. El proyecto que llegará a la Legislatura no solo busca establecer un límite a la venta de tierras fiscales a extranjeros; también pretende fijar una posición sobre el modelo de desarrollo que la provincia quiere sostener en torno a Vaca Muerta.

La disputa tendrá ahora dos escenarios. El primero será el Congreso nacional, donde se definirá el nuevo marco general para la propiedad rural. El segundo será Neuquén, que pretende dejar establecido por ley que, cualquiera sea el resultado nacional, la Provincia conservará herramientas propias para decidir sobre sus tierras fiscales y proteger su patrimonio territorial.

En una economía donde Vaca Muerta concentra inversiones estratégicas, exportaciones y expectativas de crecimiento, la discusión adquiere una dimensión que excede la propiedad inmobiliaria. El interrogante de fondo es cómo atraer capital y acelerar el desarrollo sin resignar la capacidad de decisión sobre el territorio. Neuquén busca responderlo con una fórmula concreta: concesionar derechos para producir, pero conservar la propiedad de la tierra.

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Passalacqua ratificó su rechazo a la reforma de la Ley de Tierras y defendió el rol del Estado

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La discusión sobre el futuro de la propiedad de la tierra volvió a instalarse en la agenda política nacional y encontró una respuesta contundente desde Misiones. Durante un encuentro con representantes del sector yerbatero, el gobernador Hugo Passalacqua ratificó su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras, al considerar que una mayor apertura a la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros podría afectar el control de recursos estratégicos y la planificación del desarrollo provincial.

El pronunciamiento se produjo en el marco de una reunión en Casa de Gobierno con asociaciones de productores, cooperativas, sindicatos rurales y representantes del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), convocada para analizar la crisis que atraviesa la cadena yerbatera. Sin embargo, el debate trascendió la coyuntura del sector y derivó en uno de los temas que hoy genera mayor tensión entre las provincias y la Nación: la administración del territorio y la autonomía sobre los recursos naturales.

Según información oficial otro de los temas abordados durante la reunión fue el proyecto nacional que propone modificar la Ley de Tierras y ampliar el porcentaje permitido para la adquisición de propiedades rurales por parte de extranjeros.

En ese marco, el gobernador reiteró su rechazo a la iniciativa y sostuvo que Misiones no acompañará medidas que comprometan el control sobre sus recursos estratégicos y su territorio. Por último, advirtió que “si el Estado no está” se pierde el equilibrio entre las dinámicas del mercado y las necesidades del conjunto de la sociedad.

La posición del mandatario se apoya en una característica estructural de Misiones. La provincia registra una de las mayores participaciones de tierras en manos de capitales extranjeros del país, una realidad que históricamente alimentó el debate sobre los límites a la concentración de la propiedad rural y la preservación del dominio local sobre áreas consideradas estratégicas.

El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, reforzó esa postura al señalar que la provincia mantendrá una posición firme frente al proyecto nacional. “Misiones es una de las provincias que tiene más tierra en manos extranjeras, así que el gobernador fue contundente: no vamos a acompañar la ley de tierras”, afirmó tras el encuentro.

El posicionamiento provincial se inscribe en una discusión de mayor alcance sobre el federalismo y las competencias de las provincias en la administración de sus recursos. Para la gestión misionera, la tierra no constituye únicamente un activo económico, sino también un componente central de la planificación territorial, la producción agropecuaria, la conservación ambiental y el arraigo de las comunidades rurales.

La defensa de la Ley de Tierras se articuló con otro de los ejes centrales de la reunión: la crisis de la actividad yerbatera. Productores presentaron un anteproyecto para establecer un precio mínimo sostén para la hoja verde, en respuesta a la pérdida de las facultades regulatorias del INYM. En ese contexto, Passalacqua reiteró su respaldo a la recuperación de las atribuciones del organismo y aseguró que continuará impulsando herramientas para proteger a quienes sostienen la principal economía regional de Misiones.

“Siempre estoy del lado de aquellos que producen”, expresó el gobernador, al tiempo que insistió en que la provincia continuará trabajando junto con los distintos sectores para construir alternativas mientras persista el vacío regulatorio generado por las modificaciones nacionales sobre el INYM.

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Parques Nacionales avanza con el ingreso de 40 nuevos guardaparques

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La Administración de Parques Nacionales dio un paso clave para reforzar el sistema de conservación ambiental argentino al aprobar la nómina de aspirantes que accederán al Curso de Habilitación del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, instancia obligatoria para cubrir 40 cargos permanentes dentro del Agrupamiento Técnico. La medida fue oficializada mediante la Resolución 236/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Más allá de tratarse de un trámite administrativo, la decisión representa una señal relevante para uno de los organismos estratégicos en materia de protección ambiental. En un contexto donde el cambio climático, los incendios forestales, la presión sobre la biodiversidad y el crecimiento del turismo en áreas protegidas exigen mayor capacidad operativa, incorporar nuevos guardaparques constituye una inversión directa en la gestión del patrimonio natural del país.

El proceso forma parte del concurso público iniciado este año para cubrir 40 vacantes financiadas de planta permanente en la categoría Guardaparque Técnico GT-2. La selección se desarrolló bajo el régimen establecido para el ingreso al Cuerpo de Guardaparques Nacionales e incluyó evaluación de antecedentes académicos y laborales, examen técnico, pruebas de habilidades prácticas, entrevistas laborales y evaluación del perfil psicológico.

La resolución oficial aprueba la nómina elaborada por el Comité de Selección, cuyos integrantes evaluaron integralmente a los postulantes antes de autorizar su ingreso al curso de habilitación, instancia que constituye el último paso previo a la incorporación efectiva al cuerpo profesional de conservación.

De acuerdo con el acta del concurso, los mejores puntajes fueron obtenidos por María Paz Lourdes Etchepare, con 86,35 puntos; Tomás Di Cosmo, con 85,05; Alan Manuel Piciulo, con 84,50; Alina Di Marco, con 83,63; Samara Belén Siukscius, con 82,83; Camila Zambruno, con 82,48; Marcela Alejandra Zanatta Ruiz, con 82,33; Rosario Ledesma, con 81,20; Juan Pablo Moschen Selva, con 80,94; y Libertad Escobar, con 80,93 puntos.

La nómina completa incluye 34 postulantes que superaron todas las etapas del proceso y fueron habilitados para iniciar el curso de formación técnica, requisito indispensable para acceder posteriormente a los cargos concursados.

El fortalecimiento del cuerpo de guardaparques tiene una importancia que trasciende el empleo público. Argentina administra actualmente decenas de parques nacionales, reservas y monumentos naturales que resguardan algunos de los ecosistemas más valiosos de Sudamérica. La presencia de personal especializado resulta determinante para controlar actividades ilegales, prevenir incendios, monitorear fauna y flora, asistir a visitantes, desarrollar tareas de educación ambiental y ejecutar programas científicos de conservación.

En provincias como Misiones, donde el Parque Nacional Iguazú protege uno de los últimos grandes remanentes de Selva Paranaense, el trabajo cotidiano de los guardaparques resulta fundamental para preservar la biodiversidad, controlar el avance de la caza furtiva y acompañar el desarrollo del turismo sustentable, una de las principales fuentes de ingresos de la economía regional.

La resolución también refleja un cambio gradual en la política de recursos humanos del organismo. El ingreso a la planta permanente se realiza mediante concursos abiertos y mecanismos de evaluación estandarizados, buscando fortalecer la profesionalización del cuerpo técnico encargado de administrar las áreas protegidas.

La incorporación de nuevos guardaparques representa una política pública con impacto múltiple. No solo genera empleo especializado y fortalece carreras vinculadas a las ciencias ambientales, sino que mejora la capacidad institucional para proteger recursos naturales cuya conservación tiene efectos económicos directos sobre el turismo, la investigación científica, la disponibilidad de agua y la resiliencia frente al cambio climático.

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