El Gobierno de Misiones avanzó en un nuevo esquema de control y modernización administrativa sobre la actividad forestal. A través de la Resolución 066/2026 del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, la provincia aprobó la implementación de un sistema digital de seguimiento y trazabilidad para las guías y remitos forestales emitidos en formato papel, tanto para productos removidos como de depósito.
La medida busca fortalecer los mecanismos de fiscalización sobre el transporte, tenencia y comercialización de productos forestales provenientes de bosques nativos, incorporando herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la transparencia, la trazabilidad y la capacidad de auditoría en tiempo real.
El nuevo esquema se apoyará en un sistema digital denominado “Sistema de Seguimiento y Trazabilidad de Guías y Remitos en Papel”, que comenzará a operar en todas las delegaciones del Ministerio y en la sede central de Posadas. Según detalla la resolución, el objetivo es superar las limitaciones del esquema tradicional basado exclusivamente en soporte papel, vigente desde 2009.
Uno de los puntos centrales del nuevo modelo será la disponibilidad inmediata de información actualizada sobre cada guía emitida por las delegaciones forestales de la provincia. El sistema permitirá generar automáticamente bases de datos de titulares habilitados, controlar vigencias y construir reportes estadísticos vinculados a volúmenes, especies transportadas y destinos comerciales.
Además, cada emisión deberá incorporar imágenes digitales del documento y quedará asociada automáticamente a coordenadas GPS, permitiendo georreferenciar el acto administrativo y mejorar la capacidad de control territorial.
La Dirección de Control Forestal tendrá acceso en tiempo real a todas las operaciones registradas por las delegaciones, pudiendo verificar datos, emitir observaciones, realizar auditorías digitales y elaborar informes técnicos y estadísticos. El sistema también reemplazará progresivamente los libros físicos y planillas manuales utilizados hasta ahora.
La resolución faculta además a la Dirección General de Bosques Nativos a designar usuarios habilitados y avanzar con la instalación del sistema en computadoras y tablets distribuidas en las distintas dependencias del organismo provincial.
Desde el Ministerio de Ecología sostienen que la iniciativa apunta a reforzar la legalidad y sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos forestales, en un contexto donde la trazabilidad ambiental gana cada vez más peso tanto en los mercados nacionales como internacionales. La digitalización del sistema también permitirá reducir demoras administrativas y mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales irregularidades en la circulación de productos forestales.
En un contexto global que vuelve a tensionarse hacia el proteccionismo, el economista surcoreano Ha-Joon Chang reaviva un debate central para la Argentina: qué tipo de modelo económico permite crecer de manera sostenida.
Autor de Patear la escalera, uno de los textos más influyentes de la economía heterodoxa, Chang sostiene que las recetas de liberalización extrema no tienen antecedentes exitosos en la historia económica mundial. Y advierte que el país enfrenta problemas mucho más profundos que la inflación.
“La alta inflación es un problema menor ante las debilidades estructurales de la Argentina a largo plazo”, señaló en un reportaje con Alejandro Rebossio de ElDiarioAr.
El mito del libre mercado
El núcleo del planteo de Chang es histórico: las economías desarrolladas no crecieron bajo esquemas de libre mercado, sino mediante políticas activas del Estado.
“Todos los países ricos de hoy se enriquecieron usando políticas que recomendaban a los países en desarrollo no usar”, describe.
Según el economista, potencias como Estados Unidos, Japón o Corea del Sur aplicaron durante décadas altos niveles de proteccionismo, subsidios y regulación para consolidar sus industrias. Recién después, ya consolidadas, promovieron el libre comercio a nivel global.
Esa lógica, sintetizada en la metáfora de “patear la escalera”, vuelve hoy a escena en un mundo que abandona progresivamente el consenso liberal de los años noventa.
Para Chang, el escenario internacional actual confirma su tesis. Las economías centrales están reintroduciendo políticas industriales activas ante el avance de China.
“Los países occidentales están usando proteccionismo y subsidios ellos mismos. Ya ni siquiera pueden ser hipócritas”, explica.
Sin embargo, advierte que el caso estadounidense presenta debilidades estructurales: la falta de inversión productiva y el predominio de la lógica financiera.
“Distribuyeron el 90-95% de sus ganancias a accionistas. Perdieron la capacidad de invertir”, remarca.
“En el caso de Estados Unidos, básicamente no hay una política real. Lo que Estados Unidos está haciendo es explotar su posición como el mercado más grande del mundo para amenazar a otros países con acceso limitado a su mercado mediante barreras arancelarias y forzar a otros países a no competir con empresas americanas o a invertir en Estados Unidos para construir capacidades manufactureras allí. Podría decir que esto es una versión geriátrica de la protección de la industria infantil. La protección de la industria infantil es la idea de que, de la misma manera que necesitamos proteger y nutrir a nuestros hijos hasta que crezcan y puedan competir en el mercado laboral, los gobiernos de países en desarrollo necesitan proteger y nutrir sus industrias jóvenes antes de que puedan desarrollarse y competir en el mercado mundial. No podíamos competir con lo mejor, no sé, las empresas automotrices coreanas en los 70 o las empresas textiles americanas en los 1850, pero teníamos que hacerlo algún día. Y vamos a proteger nuestras industrias para que puedan invertir, aumentar la productividad y eventualmente volverse internacionalmente competitivas. Lo que está haciendo Trump es como tener un hijo de 55 años que fracasó en su negocio porque no estaba invirtiendo, estaba gastando dinero en jets privados, yates y casinos en Las Vegas. Ahora su negocio está en problemas. Entonces su padre llega y dice: “OK, te voy a ayudar porque quiero hacerte grande otra vez. Voy a impedir que empresas extranjeras compitan contigo poniendo muros arancelarios. Y también voy a forzar a algunos de estos tipos, coreanos, japoneses, alemanes, a invertir en tu empresa”. El problema es que este tipo no tiene incentivos para mejorar su desempeño porque no hay condiciones. En los últimos 25, 30 años, las empresas americanas han dejado de invertir. Distribuyeron el 90-95% de sus ganancias a accionistas en forma de dividendos muy altos y recompras de acciones, lo que significa que la empresa compra sus propias acciones para que suban los precios y los accionistas puedan obtener ganancias extra vendiendo sus acciones. Perdieron la capacidad de invertir. Entonces, a menos que hagas que estas empresas vuelvan a invertir, no van a poder revivir su competitividad”, detalla.
Milei y el experimento argentino
El economista es categórico sobre el rumbo adoptado por el gobierno de Javier Milei:
“No hay ningún país que haya tenido éxito con este tipo de políticas liberales que está implementando el gobierno del señor Milei”.
Chang ubica este proceso en una secuencia histórica conocida para América Latina, donde la región ha funcionado como laboratorio de reformas de mercado.
“Argentina ya lo intentó, bajo la dictadura militar, con Carlos Menem. No funciona”.
Incluso desarma el caso de economías consideradas “liberales”, como Singapur, al señalar el fuerte rol estatal en su estructura productiva.
Más allá del debate ideológico, Chang identifica un núcleo estructural que explica la recurrencia de crisis en Argentina: la falta de divisas.
“Argentina no desarrolló la capacidad de exportar más allá de commodities primarios”.
El problema, según explica, es cíclico: cada vez que la economía crece, aumenta la necesidad de importar insumos, tecnología y bienes de capital, lo que genera tensiones en la balanza de pagos.
“Apenas crecés unos años, tenés crisis de balanza de pagos”.
Este diagnóstico conecta con una de las restricciones históricas del país y explica por qué las soluciones basadas exclusivamente en estabilización macroeconómica resultan insuficientes.
Sobre el rol de sectores como energía y minería, el economista introduce un matiz clave: pueden aportar divisas en el corto plazo, pero no resuelven el problema estructural.
“En el corto plazo puede ayudar. Pero el petróleo va a ser un activo varado”.
Chang advierte sobre la transición energética global y el desarrollo tecnológico, que podrían reducir la demanda de recursos estratégicos como hidrocarburos e incluso litio.
“Los chinos ya están desarrollando baterías de sodio. Cuando eso pase, la demanda de litio va a colapsar”.
Frente a este escenario, el economista plantea que el desarrollo requiere una estrategia activa, focalizada y con condiciones claras.
“La política industrial tiene que ser focalizada. La protección general no funciona”.
El modelo exitoso, según explica, combina protección selectiva, inversión en infraestructura, desarrollo tecnológico y formación de capital humano, con exigencias concretas de desempeño al sector privado.
Chang también describe un cambio profundo en el orden global: el avance de China, el debilitamiento del multilateralismo y la emergencia de un sistema más multipolar.
“Hoy los países en desarrollo tienen diferentes opciones. Si juegan inteligentemente, pueden mejorar sus posiciones”.
Sin embargo, advierte que la Argentina sigue atrapada en debates del pasado.“Me da pena que Argentina esté atrapada en debates de los 80 y 90”, analizó.
Un nuevo estudio internacional vuelve a poner en discusión uno de los dilemas estructurales del siglo XXI: la relación entre crecimiento poblacional, consumo y límites del planeta. La conclusión es contundente: la población mundial ya supera la capacidad sostenible de la Tierra.
El trabajo, titulado “Global human population has surpassed Earth’s sustainable carrying capacity”, fue liderado por el ecólogo Corey J. Bradshaw, de la Universidad de Flinders, y contó con la participación del reconocido biólogo Paul R. Ehrlich. A partir del análisis de más de dos siglos de datos demográficos y modelos ecológicos, los investigadores advierten que el sistema global está operando por encima de sus límites físicos.
Según el estudio, una población sostenible -capaz de mantener niveles de vida razonables sin comprometer los recursos naturales- rondaría los 2.500 millones de personas. La cifra contrasta con los más de 8.300 millones actuales, lo que refleja un desajuste profundo entre la presión humana y la capacidad de regeneración del planeta.
El problema, sin embargo, no se limita al tamaño de la población. El modelo de desarrollo vigente, basado en el uso intensivo de combustibles fósiles y el sobreconsumo, ha permitido sostener artificialmente ese crecimiento durante décadas. El resultado es una presión creciente sobre sistemas clave como el agua, los suelos, la biodiversidad y el clima.
Los datos muestran además un punto de inflexión desde mediados del siglo XX. Aunque la población sigue aumentando, la tasa de crecimiento comenzó a desacelerarse a partir de los años 60, una señal que los investigadores interpretan como indicio de saturación del sistema. Es lo que denominan una “fase demográfica negativa”, en la que el crecimiento deja de traducirse en mejoras proporcionales en bienestar.
Las proyecciones indican que la población global podría alcanzar entre 11.700 y 12.400 millones de personas hacia finales de siglo. Sin embargo, bajo las condiciones actuales de producción y consumo, ese escenario aparece como difícilmente sostenible.
El impacto ya es visible. La degradación de suelos, la pérdida de biodiversidad, la sobreexplotación de recursos hídricos y el avance del cambio climático configuran un cuadro de presión acumulada sobre los ecosistemas. A esto se suma un aumento de las desigualdades, con regiones que enfrentan inseguridad alimentaria mientras otras mantienen niveles de consumo elevados.
Lejos de plantear un colapso inmediato, el estudio advierte sobre una erosión progresiva de la estabilidad global. El sistema aún funciona, pero lo hace con creciente fragilidad.
En ese contexto, el eje del debate se desplaza: no se trata únicamente de cuántas personas habitan el planeta, sino de cómo se produce, se consume y se distribuyen los recursos. La transición energética, la economía circular y la eficiencia en el uso de recursos aparecen como variables clave para reducir la presión sin comprometer el desarrollo.
El margen de acción existe, pero se acorta. Y, según los investigadores, las decisiones que se tomen en las próximas décadas serán determinantes para evitar que el desajuste actual se profundice.
Con índice de peligro de incendios en nivel extremo en todo el territorio provincial, el Gobierno de Misiones reforzó las medidas de prevención y convocó al acompañamiento de la comunidad para evitar incendios forestales, rurales y urbanos. La advertencia, difundida este lunes 26 de enero de 2026, responde a un escenario climático adverso, marcado por altas temperaturas y escasez de lluvias, que eleva de manera significativa el riesgo ambiental y compromete la seguridad de la población y la protección de la selva misionera.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la concientización ciudadana resulta determinante para reducir incidentes y mitigar impactos económicos, sociales y ambientales. En este contexto, se insistió en la necesidad de actuar con responsabilidad y respetar las recomendaciones vigentes durante la temporada crítica.
Condiciones climáticas extremas y alerta en todo el territorio
Las actuales condiciones meteorológicas colocan a Misiones en una situación de riesgo extremo de incendios de alcance provincial. El déficit de precipitaciones, combinado con temperaturas elevadas, incrementa la inflamabilidad de la vegetación y acelera la propagación del fuego, con potenciales consecuencias sobre recursos naturales, infraestructura y actividades productivas.
Ante este escenario, el Gobierno provincial activó un refuerzo preventivo y subrayó la importancia de la respuesta temprana ante cualquier foco de humo o fuego. La medida busca evitar daños irreversibles sobre el ambiente y reducir costos asociados a la emergencia, que impactan tanto en el sector público como en las economías locales.
Recomendaciones clave y rol del Ministerio de Ecología
A través del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, el Gobierno recordó una serie de recomendaciones básicas que resultan centrales en períodos de peligro extremo:
No prender fuego ni quemar residuos.
No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos.
No realizar fogatas en áreas naturales.
No tirar basura en rutas, caminos o espacios abiertos.
Ante la presencia de humo o fuego, llamar de inmediato al 911.
Estas pautas, reiteraron desde el Ejecutivo, apuntan a reducir conductas de riesgo que suelen ser el origen de incendios evitables. El cumplimiento estricto de estas medidas se vuelve crítico cuando el índice de peligro alcanza niveles extremos.
Prevención como responsabilidad colectiva
El Gobierno de Misiones enfatizó que la prevención es una responsabilidad compartida y que el compromiso individual de cada ciudadano es clave para proteger la selva misionera, uno de los principales activos ambientales de la provincia. La cooperación comunitaria, señalaron, permite disminuir la probabilidad de incendios, proteger la seguridad de la población y preservar los recursos naturales frente a un contexto climático cada vez más desafiante.
El presidente Javier Milei envió al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares (Ley 26.639) con el objetivo de “ordenar el marco normativo vigente”, evitar interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución Nacional. El anuncio fue realizado este 15 de diciembre de 2025 a través de un comunicado oficial de la Oficina del Presidente y abre un debate de fuerte impacto económico, político e institucional, en particular sobre inversiones productivas, competencias provinciales y protección ambiental.
Una ley cuestionada por su aplicación y un intento de ordenar el marco normativo
A más de 15 años de su sanción, la denominada Ley de Glaciares es señalada por el Poder Ejecutivo como una norma que “ha demostrado graves falencias interpretativas”, que derivaron en inseguridad jurídica, paralización de inversiones productivas y afectación del legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales.
Según el comunicado oficial, la iniciativa enviada al Congreso propone “reglas claras”: protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, “bajo pretextos ideológicos”, habría obstaculizado el desarrollo económico del país. El planteo del Gobierno apunta a reducir la incertidumbre regulatoria que, en la práctica, impactó sobre proyectos productivos en distintas regiones.
Federalismo ambiental, provincias y artículo 41 de la Constitución
El proyecto reafirma el mandato constitucional del artículo 41, que establece la obligación de proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. En esa línea, la reforma busca fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconociendo su capacidad técnica y científica.
Además, el texto oficial destaca la necesidad de una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, con el fin de contar con información “precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones”. Desde la Casa Rosada se presenta esta estrategia como una “verdadera reforma de federalismo ambiental”, orientada a compatibilizar protección ambiental, seguridad jurídica y desarrollo productivo.
Impacto político y económico: inversiones, provincias y sectores productivos
La iniciativa se inscribe en la hoja de ruta del Gobierno desde el primer día de gestión: terminar con la “parálisis regulatoria”, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas. En el plano político, el proyecto se vincula también con los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo y con reclamos históricos de provincias integrantes de la Mesa del Litio —Catamarca, Jujuy y Salta— y de la Mesa del Cobre —Mendoza y San Juan—, donde la aplicación de la Ley de Glaciares fue un factor central en las discusiones sobre inversiones mineras.
Desde el Ejecutivo anticipan que el debate legislativo deberá garantizar la correcta participación ciudadana y sostienen que la reforma representa “un paso decisivo para poner a la Argentina de pie”, con reglas claras, federalismo real, desarrollo productivo y crecimiento económico, sin abandonar los estándares de protección ambiental.
