RECURSOS NATURALES

El Banco Mundial advierte: proteger los recursos naturales ya no es solo ambiental, es clave para la economía

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Un nuevo informe del Banco Mundial sostiene que la degradación de la tierra, el agua y el aire no solo constituye una amenaza ambiental, sino un riesgo económico inmediato. Según el estudio Reboot Development: The Economics of a Livable Planet (2025), restaurar los ecosistemas y gestionar mejor los recursos naturales puede generar beneficios económicos y sociales sustanciales, desde mayor productividad agrícola hasta la creación de empleo en sectores verdes.

El documento revela que el 90% de la población mundial vive en tierras degradadas, con aire contaminado o bajo estrés hídrico, mientras que en los países de bajos ingresos el 80% enfrenta simultáneamente los tres problemas. La pérdida de bosques, por ejemplo, reduce las precipitaciones y los rendimientos agrícolas, generando costos anuales cercanos a USD 379.000 millones, equivalentes al 8% del PBI agrícola global.

Otro dato crítico es la “paradoja del nitrógeno”: si bien los fertilizantes impulsan la producción, su uso excesivo deteriora cultivos y ecosistemas, lo que representa un costo global estimado en USD 3,4 billones anuales.

Además, la contaminación del aire y el agua daña silenciosamente la salud, reduce la productividad laboral y afecta las capacidades cognitivas, limitando el potencial humano.

La oportunidad: más empleo y crecimiento con naturaleza gestionada

Pese al diagnóstico, el Banco Mundial subraya que invertir en naturaleza es una política de desarrollo inteligente. El informe estima que un uso más eficiente de los recursos naturales podría reducir la contaminación en un 50% y generar retornos muy superiores al costo inicial.

Entre los ejemplos concretos:

  • Manejo de fertilizantes: mejorar las prácticas de uso de nitrógeno puede generar beneficios 25 veces superiores a su costo, aumentando a la vez los rendimientos de los cultivos.
  • Agua potable y saneamiento: la cloración en el punto de acceso podría evitar la muerte de una cuarta parte de los niños que fallecen prematuramente por enfermedades relacionadas con el agua.
  • Mercados de contaminación: cada dólar invertido en esquemas de reducción de emisiones puede generar beneficios de entre USD 26 y USD 215.

“Las personas y comunidades de todo el mundo no solo enfrentan una crisis ambiental, sino también económica. La buena noticia es que existen soluciones: si los países hacen las inversiones acertadas ahora, los sistemas naturales se pueden restaurar y generar rendimientos considerables en materia de crecimiento y empleo”, afirmó Axel van Trotsenburg, director gerente sénior del Banco Mundial.

Información, coordinación y evaluación

El informe destaca tres áreas clave para avanzar en un modelo de desarrollo sostenible:

  • Información en tiempo real: integrar datos de estaciones de monitoreo y satélites para mejorar la toma de decisiones y la rendición de cuentas.
  • Coordinación intersectorial: aplicar políticas de manera conjunta, evitando que la reducción de impactos en un área genere efectos negativos en otras.
  • Evaluación continua: realizar revisiones periódicas para ajustar las políticas y escalar las prácticas más efectivas.

El Banco Mundial insiste en que ya existen experiencias exitosas de crecimiento económico desacoplado de la degradación ambiental, lo que demuestra la viabilidad de transitar hacia economías resilientes y sostenibles.

El estudio plantea que los países deben dejar de ver la naturaleza como una restricción y empezar a considerarla un activo económico estratégico. Restaurar ecosistemas y reducir la presión sobre los recursos naturales no solo protege la biodiversidad, sino que aumenta la resiliencia económica frente a sequías, crisis hídricas y choques de productividad.

En términos de política pública, se proyecta una mayor presión para que los gobiernos internalicen los costos ambientales mediante impuestos verdes, estándares de emisiones y esquemas de comercio de derechos. El desafío, subraya el Banco Mundial, será asegurar que estas políticas contemplen criterios de equidad, especialmente en países de ingresos bajos y medios.

Misiones podría ir hacía una economía que valore el capital natural

El informe subraya que proteger y restaurar la naturaleza deja de ser una “externalidad” para convertirse en una palanca de crecimiento y empleo. Misiones tiene factores comparativos —bosques de rápido crecimiento, un entramado pyme orientado a la madera y capacidades académicas locales— que pueden convertir a la provincia en un caso ejemplar de bioeconomía regional.

Sin embargo, eso exige políticas integradas: medición ambiental, trazabilidad y certificación, esquemas de pago por servicios ecosistémicos y acceso a financiamiento concesional para escalar inversiones verdes. Sin esas señales de mercado y coordinación institucional, el riesgo es que la expansión productiva erosione los servicios hídricos y la productividad futura, replicando la ‘trampa’ que el informe advierte para economías basadas en extracción.

La experiencia misionera muestra que el desarrollo industrial y la preservación ambiental no son caminos contrapuestos, sino que pueden retroalimentarse si se asume una visión estratégica de largo plazo. El desafío no es menor: exige inversión en información ambiental, certificaciones y esquemas innovadores de financiamiento verde. Pero el potencial es enorme.

Si Misiones logra articular sus políticas productivas con las recomendaciones internacionales, podría no solo consolidar su industria, sino también posicionarse como un modelo de desarrollo donde el cuidado de la naturaleza se transforma en motor de empleo, competitividad y resiliencia frente al cambio climático.

Reiniciar el desarrollo: La economía de un planeta habitable by CristianMilciades

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La riqueza misionera: el agua operando en el mercado de futuros de EE.UU. y la perspectiva regional

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Cuando en diciembre pasado (07/12/2020) se confirmó que en California, Estados Unidos el agua pasó a cotizar en el mercado de futuros, realizamos un análisis en Economis, contrastando la política misionera, y la regional sobre tan preciado recurso natural.

Ahora recuperamos ese análisis y lo ampliamos con más datos a la fecha:

Lo que en Misiones comenzó a plantearse como debate necesario hace más de seis años, cuando el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira propuso reconocer el valor económico del agua, se transformó en una realidad financiera global: el agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros de materias primas de Estados Unidos, debido a la escasez de este bien, cuyo precio fluctuará ahora como lo hacen el petróleo, el oro o el trigo, informó el Chicago Mercantile Exchange Group.

El proceso de privatización del agua comenzó hace más de 40 años en Chile, con el dictador Augusto Pinochet, quien lisa y llanamente privatizó el agua y plasmó esa decisión en la Constitución de 1980. Le siguió con la premier británica conservadora Margaret Thatcher, quien privatizó la distribución del fluido y plantó la semilla de los sistemas de concesiones que aplicaron los Gobiernos neoliberales que, Consenso de Washington mediante, se hicieron fuertes en Latinoamérica en los ’90.

Las cotizaciones reflejarán las variaciones del índice Nasdaq Veles California Water Index, con la sigla NQH2O, y se basa en un indicador de precios de los futuros del agua en California que hoy cotizaba a unos 486,53 dólares por acre-pie, una medida de volumen utilizada normalmente en Estados Unidos equivalente a 1.233 metros cúbicos, lo que representa 1.233.000 litros de agua.

Ese valor podrá ser utilizado como referencia en el mundo aunque estos contratos no requieren entrega física de agua y son puramente financieros, basados en el precio semanal promediado entre las cinco principales cuencas de California hasta 2022.

Misiones desde hace varios años le puso valor al agua y considera al líquido vital como un commodity -una materia prima como el petróleo- que debe ser incorporado como costo para las empresas.

De hecho, las principales firmas que operan en la tierra colorada, desde industrias celulósicas, yerbateras, tealeras, hoteles, comenzaron a pagar por el uso del agua. Concretamente,  todo aquel que hace un uso comercial del agua debe pagar por ella. 

Hoy  esta política cobra aún más relevancia en el actual contexto de sequías e incendios. Otro dato relevante es que en Misiones  es el Estado el que regula el uso y el valor, no el mercado.

Hasta ahora se acordó el pago con más de 250 empresas misioneras, aunque se calcula que hay muchos más puntos de captación.

La ley I Nº 149 (antes 4519) fue la que asignó a Aguas Misioneras S.E el aprovechamiento lucrativo de las aguas de dominio provincial, comprendiendo a las aguas superficiales, subterráneas y del Sistema Acuífero Guaraní dentro del territorio misionero.

Además Aguas Misioneras S.E tiene asignada la comercialización de las aguas provinciales y, por ello, todas aquellas actividades que directa o indirectamente usufructúan el recurso hídrico con fines económicos directos o indirectos (entiéndase toma directa de agua de río, arroyos o perforaciones; no se incluye al agua de red)deben, a partir de ello, empezar a pagar por su uso.

Pagar por el agua es también una forma de cuidar y concientizar para el uso racional de un recurso que no solo no es infinito sino que cada vez va a faltar más en la Argentina y el mundo. Incluso la provincia de Misiones, en algunas regiones, tiene importantes problemas hídricos.

El precio de Estados Unidos

Por caso, el precio del agua en California se duplicó en el último año, según este indicador, y con la mayor escasez de este bien, la llegada al mercado de materias primas permitirá una mejor gestión del riesgo futuro, de acuerdo con los expertos. Agricultores, fondos o municipios podrán protegerse o especular ante los cambios en el precio del agua.

Según CME Group, los nuevos contratos permitirán una mejor gestión del riesgo asociado a la escasez del agua y al mismo tiempo realizar una mejor correlación entre oferta y demanda en los mercados.

El índice del agua en el mercado de futuros de Wall Street, que comenzó a cotizar el 7 de diciembre pasado, se constituye con el promedio de cinco mercados de California y les permite fijar un precio para los próximos dos meses y una proyección para los próximos ocho trimestres, explicó a la cadena de noticias CNN el economista Alvaro Pereyra, CEO de la operadora bursátil Passfolio, con sede en Nueva York. “Por lo tanto, tenemos el precio indicativo de lo que va a valer el acre por pie de agua (1.233.581,8 litros) para fines de 2022, que rondará los 520 dólares”, agregó Pereyra.

Aunque el índice está basado en los precios de las principales cuencas fluviales de California, donde la escasez del agua aumentó, este valor podrá ser usado como referente para el resto del mundo en los mercados del agua.

El nuevo índice permitirá no tener que recurrir a una estimación “a ojo” del precio futuro del agua, sino a cuáles son las expectativas de los principales actores de este mercado.

China y Estados Unidos son los principales consumidores del mundo de agua y, según Naciones Unidas, 2.000 millones de personas viven en países con graves problemas de acceso al agua, mientras que en los próximos años, dos tercios del planeta podrían experimentar escasez de agua y millones de personas podrían verse desplazadas.

La explotación excesiva de este recurso por el sector primario, la industria y el consumo humano, así como el cambio climático, llevaron a que este recurso sea cada vez más escaso.

Héctor Rubini, investigador de la Universidad del Salvador, estimó en declaraciones a CNN Radio que “progresivamente el agua comenzará a cotizar en otros mercados mundiales, porque se trata de un recurso cada vez más escaso, y estimó que esta situación se dará “en las próximas tres o cuatro décadas”.

En la misma línea, Federico Di Yenno, operador bursátil especializado en commodities, dijo a Télam que “es factible que dentro de algunos años, bastantes, en áreas donde haya escasez de agua veamos que se cotice en otro mercado de futuro”. Agregó que “así como se ha avanzado en un mercado futuro en un índice para la soja sudamericana, eso podría ocurrir con el agua en algún momento. Brasil y Chile, por ejemplo, lo podrían tener, sobre todo Chile, que tiene un mercado fuerte”.

Pero la perspectiva económica que habilita la mercantilización de un recurso humano tiene otras lecturas y consecuencias.

Para el español Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento de las Naciones Unidas, “no se puede poner un valor al agua, como se hace con otros productos básicos comercializados, porque el agua es un bien público y está vinculada a la salud”. Además indicó que “el agua ya está fuertemente amenazada por la población mundial creciente y la contaminación grave de la agricultura y la industria minera, como para que ahora sea un ítem más del mercado”.

Arrojo-Agudo anticipó a Télam que prepara un informe sobre este tema para la próxima Asamblea General de la ONU, en octubre de este año, “porque un mercado de futuro de este tipo también podría atraer a especuladores como fondos de cobertura y bancos a apostar por estos precios, repitiendo la burbuja especulativa del mercado de alimentos de 2008”.

Gustavo Villa Uria, ingeniero en recursos hídricos y subsecretario de Obras Hidráulicas de la Nación, señaló en diálogo con Télam que en América Latina “está bastante firme la posición de que el agua es un bien público y que no es sujeto de apropiación”.

El funcionario admitió que “algunos sectores muy de derecha en la Argentina creen que el agua es pasible de enajenación”, pero destacó que el “marco normativo (del país) es muy claro, muy contundente, en el sentido de que el agua es un bien público, inajenable, imprescriptible y que no hay forma de que ese bien pase a ser privado sin modificar la Constitución y el Código Civil”.

Pero esa apropiación del agua “se puede conseguir generando organismos hídricos sin capacidad de control, porque si no hay capacidad de control, aunque el bien sea público, se lo apropia el más fuerte”. Es ahí dónde el Estado tiene que estar presente “con capacidad de medir, regular, controlar y garantizar que el agua sea repartida en forma equitativa y razonable”, agregó Villa Uria.

Los avances privatistas sobre el agua tuvieron una serie de hitos que se encadenaron en los últimos 30 años del Siglo XX.

En la década de los ’70 Augusto Pinochet dejó la economía chilena en manos de economistas alineados con la Escuela de Chicago, que primero privatizaron las tierras y luego el agua, y consagraron esa decisión en la Constitución de 1980, que sigue vigente. “En Chile la empresas que producen el aguacate (palta), en la provincia de Petoca, compran grandes cantidades de agua para sus cultivos y las poblaciones cercanas sufren un feroz racionamiento”, señaló a Télam Rodrígo Mundaca, vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima).

La propiedad del agua y sus consecuencias para la población, agregó Mundaca, “es uno de los tres o cuatro temas más controvertidos en las discusiones para la reforma de la Constitución” que está en marcha en Chile.

A principios de los 80s, la primera ministra británica Margaret Thatcher (1979-1990) dio un paso más e, impedida de privatizar el agua, lo hizo con las redes de distribución, dando paso a un nuevo modelo de aplicación de políticas liberales que luego se replicaron en varios países de América Latina.

El Consenso de Washington fue un acuerdo firmado en 1989 -durante la Presidencia de George Bush padre- para aplicar una paquete de reformas estandarizadas y tuteladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en los países en desarrollo abrumados por sus crisis económicas.

Ese proceso en la Argentina tuvo su cenit durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), pero tuvo expresiones de distinto tenor en toda la región, que en la mayoría de los casos siguen con modelos de concesiones instalados y vigentes.

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Montecarlo e Iguazú se capacitan en buenas prácticas de gestión del agua

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Las capacitaciones están dirigidas a autoridades municipales del Ejecutivo y Legislativo, a Agentes bromatológicos municipales y a responsables de empresas envasadoras de agua.
Aguas Misioneras y el Ministerio de Salud Pública continúan realizando, de manera conjunta, el Ciclo de Capacitaciones “Normativas para la habilitación de establecimientos y comercialización de agua envasada en Misiones”. Hoy, miércoles 19 de septiembre, en la ciudad de Montecarlo y mañana, jueves 20, en Puerto Iguazú, en la sede del Ente Municipal de Turismo – ITUREM – ubicado en Av. Victoria Aguirre 337.
El último encuentro de este mes será llevado a cabo en la ciudad de Posadas, el próximo día lunes 24, en el Salón del Auditórium del Ministerio de Salud Pública (Tucumán 2174), en el horario de 8 a 13hs.
Los encuentros están enfocados en difundir el Código Alimentario Argentino (Ley 18.284), así como las normativas vigentes de inscripción, las Buenas Prácticas de Manufactura, el Programa Federal de Control de Alimentos, las notificaciones y la gestión de retiro de alimentos; temas que competen a la Dirección de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud Pública de Misiones.
Por otro lado, las capacitaciones buscan ofrecer información a los municipios acerca del proceso de adhesión a la Ley Provincial I-149, que asigna a Aguas Misioneras la captación, envasado, distribución y comercialización de las aguas del dominio público provincial: aguas subterráneas, superficiales, pluviales y las del Sistema Acuífero Guaraní, exceptuando las destinadas al abastecimiento de agua potable de la población de Misiones.
De esta manera, ambos organismos del Estado provincial trabajan de manera conjunta ocupándose de un tema fundamental que hace a la salud pública, buscando regular el uso de los recursos hídricos de Misiones, preservar su cantidad y calidad, y para que continúen, así, siendo sustentables en el tiempo.

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A solicitud de Misiones se creó la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el comite de integración fronteriza

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El pasado 15 de agosto se llevo a cabo en el municipio de Dionisio Cerqueira (S.C) Brasil la decima reunión del Comité de Integración Fronteriza de Dionisio Cerqueira Brasil y Bernardo de Irigoyen -Argentina.
La ceremonia fue presida por el Cónsul argentino en Florianópolis, Ministro Gustavo Ricardo Coppa y copresidida por el Cónsul brasileño en Puerto Iguazú, Consejero Luis Carlos Galindo.
Del mismo también participaron Secretarios de Estado de Santa Catarina, prefeitos e intendentes de la zona y fuerzas de seguridad de ambos Estados y organismos provinciales y nacionales. En representación de la provincia de Misiones el subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable Alan Diego Benítez Vortisch dio inicio al encuentro, haciendo una breve cronología de los actos suscitados en pos de la integración a partir de la firma del Convenio Marco entre nuestro Gobernador Lic. Hugo M. Passalaqua y su similar del Estado de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, enfocado en la visión estratégica de ambos mandatarios en reconocer la frontera como el punto de partida y de unión de nuestros pueblos para el abordaje de múltiples temáticas que les son inherentes a la convivencia diaria en función de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Luego de las palabras de presentación de todas las autoridades, por iniciativa de la parte Argentina se sometió a votación, siendo aprobada la creación de una nueva comisión a llamarse “Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
De su lado, los funcionarios de la cartera ecologíca expusieron de manera articulada acerca de la importancia del bloque de Selva Atlántica Paranaense que representa la Reserva Biosfera Yabotí para toda la región, la cual se encuentra seriamente amenazada por la caza furtiva entre otras cuestiones, y lo esencial de contar con la colaboración de parte de las unidades ambientales del vecino Estado
para fiscalizar y controlar la actividad desde el lado del Río Pepirí Guazú.
De su lado, los representantes de la Policía Militar  Ambiental brasileña hicieron referencia a la posibilidad de ofrecer cursos de capacitación a las fuerzas en temas ambientales, como así también fue sugerido por parte de la Policía Militar Brasileña al Jefe de la Policía de Misiones Manuel Céspedes y al Comandante Principal de Gendarmería Nacional Argentina destacado en Bernardo de Irigoyen, iniciar los operativos conjuntos integrado por fuerzas de ambos Estados en el marco de la Comisión de Seguridad Fronteriza. Del encuentro también participaron, los intendentes de la zona norte de la provincia de Misiones, como también de Dionisio Cerqueira Tyagho Gnoatto Gonçalvez, entre otros
funcionarios y representantes de ambos países.

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Primero Misiones

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Recientemente el ingeniero Carlos Rovira presentó un proyecto de ley en la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, creando el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) con el objetivo de generar conocimientos de la biodiversidad para promover su valor y asegurar su resguardo reafirmando el compromiso de la Provincia de Misiones con la conservación del medio ambiente y los recursos naturales de la provincia asumido en el marco del COFEMA en la reunión del Comité de Biodiversidad que liderada Misiones, el pasado 12 de junio en la que se objetivos enmarcados en estrategias de conservación de la biodiversidad.

En este contexto, encuentro oportuno enmarcar una serie de iniciativas legislativas de mi autoría en el Congreso Nacional que reflejan la perspectiva misionera del enfoque ambiental de las políticas públicas, reafirmando la competencia de las provincias para la gestión sustentable de sus recursos naturales.

 

  • S-310/16 Proyecto de Ley sobre apeo ilegal de bosques nativos, con el que vengo insistiendo desde 2012.
  • S-311/16 Proyecto de Ley incorporando como capítulo III del título IV del Código Penal, la tipificación de la conducta de extracción ilegal de bosques nativos, con el que vengo insistiendo desde 2012.
  • S-990/16 Proyecto de Ley modificando el artículo 184 del Código Penal incorporando penas aplicables al que contando con autorización de apeo, se excediere en la cantidad de ejemplares de especias de bosque nativo extraídos, con el que vengo insistiendo desde 2014.
  • S-2429/16, Proyecto de Ley modificando la Ley 26.331 (Presupuestos Mínimos para la protección ambiental de los bosques nativos) modificando el coeficiente de ocupación de los bosques nativos.
  • S-408/17 Proyecto de Ley que sustituye el artículo 20 de la Ley 22.351 respecto de la conformación del Directorio de la Administración de Parques Nacionales., con el que vengo insistiendo desde 2014.
  • S-102/17 Proyecto de Ley modificando la conformación del Fondo de Fomento de los Parques Nacionales, con lo que vengo insistiendo desde 2014.
  • S-3141/17 Proyecto de Ley de provincialización del Parque Nacional Iguazú
  • S-3259/17 Proyecto de Ley que restituye la reserva Campo San Juan a la Provincia de Misiones.

 

Todas estas iniciativas están basadas en la incorporación del artículo 124 a la Constitución Nacional en la Reforma de 1994 que establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Cada una de ellas fue remitida a las autoridades ambientales, discutidas en mayor o menor medida, pero siempre resistidas por la Nación.

La ley N° 24.309 que dispuso la necesidad de la reforma parcial de la Constitución Nacional en 1993 incluyó para su debate por la Convención Nacional Constituyente la sanción de una serie de modificaciones sobre distintos aspectos del federalismo imperante en la Argentina. Finalmente, la reforma constitucional argentina de 1994 introdujo algunos cambios en la Ley Suprema con la finalidad de fortalecer el mencionado régimen federal.

Acerca del federalismo económico, y en lo que interesa, el constituyente reformador incorporó en el último párrafo del nuevo art. 124 de la Constitución argentina el reconocimiento a las provincias del dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio

Esta reafirmación del federalismo en materia de recursos naturales impone la necesidad de adecuar la normativa vigente en materia de recursos naturales ya que el reparto de competencias entre la Nación y las provincias es de tal complejidad que las directrices constitucionales sobre la materia resultan muchas veces insuficientes a la hora de resolver los inconvenientes que se presentan y que constituyen debates constantes en la organización federal[1] argentina a la luz de la Carta Magna en su redacción actual.

El agudo proceso de centralización que sufrió la República Argentina, tuvo como uno de sus aspectos más negativos el avance del gobierno nacional sobre el dominio de los recursos naturales de las provincias[2]. Es por ello que en virtud de las competencias concurrentes el Congreso Nacional debe adecuar la legislación vigente en materia de recursos naturales a la luz del federalismo ambiental consolidado en la reforma constitucional.

Coincido con Antonio María Hernández, convencional constituyente, en cuanto ha afirmado que para la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, con un concepto de desarrollo sustentable, se abre un campo amplísimo para el federalismo de concertación, mediante la utilización de las relaciones y entes interjurisdiccionales, siendo ésta modernización institucional el requisito indispensable para afrontar el gran desafío que supone transformarnos en un país desarrollado, integrado y equilibrado.

Todas las iniciativas referidas apuntan en ese sentido en las diversas temáticas abarcadas. Desde la protección de los bosques nativos, la jurisdicción sobre los Parques Nacionales y la distribución interjurisdiccional de los recursos que generan, así como la toma de decisiones en materia de gestión, hasta la discusión sobre la legalidad de la jurisdicción sobre el territorio del Parque Nacional Iguazú, creado antes de la provincialización de Misiones, o del Campo San Juan, expropiado por la EBY que ahora quiere transferirlo a la APN, en fin, todas ellas buscan armonizar la legislación con la Constitución Nacional, en particular, con la incorporación del artículo 124 in fine.

EL DOMINIO ORIGINARIO DE LOS RECURSOS NATURALES ES DE LAS PROVINCIAS. La doctrina, la jurisprudencia y la normativa deben adecuarse en virtud de la jerarquía de la norma constitucional en el ordenamiento jurídico argentino, porque la discusión ha quedado saldada con la incorporación de la premisa a la Carta Magna, una de las discusiones más álgidas en materia técnica y política, pero que las provincias hemos conquistado sin estar dispuestas a retroceder, sino más bien todo lo contrario.

En el caso de la provincia de Misiones la cuestión en discusión tiene particular relevancia. Misiones cuenta con legislación adecuada y ha sido pionera en la conservación del medio ambiente a lo largo de toda su historia. Hemos sido más exigentes que las leyes nacionales en la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales y queremos llevar nuestro PARADIGMA a la Nación. la relación interjurisdccional en materia de recursos naturales debe salir del conflicto por competencia territorial y material desde la que la Nación siempre encara las discusiones en un plano de absoluta falta de reconocimiento del camino que las provincias, en particular aquellas comprometidas con el medio ambiente como Misiones, hemos recorrido.

Misiones tiene Ministerio de Ecología y Medio ambiente antes que la Nación, nuestros niños se comprometen con el medioambiente reflejando la cultura de preservación en nuestra joven población, conservamos más de 60% de la biodiversidad de la República Argentina, 50% de nuestro bosque es nativo, somos a provincia que mayor porcentaje de su superficie ha destinado a áreas naturales protegidas.

No solo queremos hacernos cargo de la gestión de nuestros recursos naturales sino que hemos demostrado que podemos hacerlo. La Constitución ha reconocido a la provincias el dominio originario de los recursos naturales y eso debe reflejarse en la normativa y en la jurisprudencia, sigo trabajando para que eso suceda.

[1] Dr. Hernández “esta asignación a las provincias del dominio originario de los recursos naturales, efectuada por la Convención de Santa Fé y Paraná de 1994, debe observarse como una contundente expresión de fortalecimiento del federalismo argentino, que fue una de las grandes ideas fuerza de la reforma”

[2] Con respecto al alcance de lo que corresponde a las provincias en cuanto al dominio de los recursos naturales existentes en su territorio, surge con claridad del debate en la Convención Constituyente que “…el territorio comprende tanto el suelo, como el subsuelo, el espacio aéreo y el litoral marítimo. Por supuesto, también son de dominio de las provincias los recursos renovables o no“.

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