Como primera medida, el diputado nacional Oscar Herrera Ahuad, impulsor del proyecto, pidió en la Comisión de Agricultura que se aborde la reducción del IVA para la harina de mandioca, un producto que involucra a unas 10 mil familias y pierde terreno frente a la competencia paraguaya.
En la reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados que se celebró este martes, el legislador misionero Oscar Herrera Ahuad instaló un debate que el sector mandioquero viene reclamando desde hace tiempo: la necesidad de reducir la alícuota del IVA que grava a la harina de mandioca. El planteo encontró receptividad tanto en el presidente de la comisión como en el titular de Economías Regionales, que se comprometieron a articular acciones conjuntas.
Un producto misionero con desventaja tributaria
La fécula de mandioca tributa actualmente el 21% de IVA, mientras que otros almidones e insumos equivalentes —como la harina de trigo— pagan apenas el 10,5%. Esa brecha genera una asimetría competitiva que castiga a una cadena productiva concentrada casi en su totalidad en territorio misionero, donde la provincia explica cerca del 80% de la producción nacional.
Herrera Ahuad subrayó que se trata de un alimento libre de gluten cuyo consumo creció de manera significativa en las últimas dos décadas, pero que arrastra una carga fiscal diseñada en una época en la que el mercado sin TACC prácticamente no existía. Según planteó, alrededor de 10 mil familias dependen de este cultivo y cada vez son más las que abandonan la actividad ante la imposibilidad de competir con la producción que ingresa desde Paraguay a menor costo.
Consenso para avanzar con reuniones informativas
El presidente de la comisión, el legislador del Pro Martín Ardohain, valoró el planteo y señaló que la vía adecuada para construir consensos es la convocatoria a reuniones informativas donde participen los actores de la cadena. En esa línea, sostuvo que la apertura comercial que impulsa el Gobierno requiere un acompañamiento legislativo que contemple las particularidades de las economías del interior.
Luis Basterra, titular de la Comisión de Economías Regionales y referente de Unión por la Patria, coincidió con la necesidad de trabajar de manera conjunta entre ambas comisiones. El dirigente formoseño consideró que la articulación entre los dos cuerpos parlamentarios representa una oportunidad concreta para fortalecer el análisis de los problemas que atraviesan las producciones regionales.
Un reclamo con historia que gana fuerza parlamentaria
El pedido de equiparar la carga tributaria de la fécula de mandioca no es nuevo. Desde el Gobierno de Misiones y la Cámara Empresarial Clúster de la Mandioca Misionera se vienen realizando gestiones ante la Nación con ese objetivo. El ministro de Industria provincial, Federico Fachinello, ya había planteado la cuestión ante el secretario de Industria y Comercio nacional, Esteban Marzorati, meses atrás, y en reiteradas oportunidades señaló públicamente que la diferencia impositiva dificulta la llegada del producto a los grandes centros de consumo del país.
La sesión de la Comisión de Agricultura también abordó otros temas vinculados al sector agropecuario, como declaraciones de interés sobre eventos apícolas y el debate por la implementación de la caravana electrónica para la identificación de terneros, que generó reparos entre algunos legisladores del oficialismo.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) decidió moverse antes que el calendario y, con tres meses de anticipación, puso en línea los aplicativos para las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales del período fiscal 2025. La decisión, inusual en la lógica operativa del organismo, no es meramente técnica: llega después de la entrada en vigencia de la ley de “inocencia fiscal”, que elevó de forma exponencial las multas por incumplimientos formales. El movimiento abre una pregunta en el frente tributario: ¿se trata de facilitar el cumplimiento o de blindar la capacidad sancionatoria del Estado?
Un cambio operativo que reconfigura el vínculo con el contribuyente
El dato rompe la inercia administrativa. Históricamente, los sistemas se habilitaban cerca de los vencimientos. Esta vez, ARCA adelanta el proceso y habilita una ventana más amplia para que personas físicas y contadores preparen la información.
En lo formal, la medida apunta a ordenar la carga de datos —ingresos, activos, consumos, retenciones y percepciones— y reducir inconsistencias. En lo político-administrativo, implica otra cosa: traslada la presión del último momento hacia una lógica de planificación, donde el margen de error se achica y la responsabilidad del contribuyente se amplifica.
El esquema inicial está dirigido a quienes tributan bajo el Régimen General y funciona de manera íntegramente digital mediante Clave Fiscal. Es decir, consolida el proceso de digitalización plena del vínculo entre el Estado y el contribuyente.
La “inocencia fiscal” como telón de fondo
El cambio operativo no se entiende sin la reforma normativa que lo precede. La ley de Presunción de Inocencia Fiscal (Ley 27.799) modificó de manera drástica el régimen sancionatorio por infracciones formales.
Desde el 2 de enero de 2026, las multas se actualizaron con incrementos promedio del 75.000% y, en algunos casos, superiores al 100.000%. El salto es significativo: la omisión de presentar una declaración jurada pasó de $200 a $220.000 para personas físicas, y de $400 a $440.000 para empresas.
La ecuación es clara. Con sanciones de esa magnitud, el margen de tolerancia del sistema se reduce al mínimo. En ese contexto, la anticipación de los aplicativos funciona como una señal doble: más tiempo para cumplir, pero menos margen para incumplir.
Repercusiones: control más rígido y profesionalización del cumplimiento
El nuevo esquema reconfigura la relación de fuerzas en el sistema tributario. Por un lado, fortalece la capacidad de control del organismo recaudador, que ya no depende de la congestión de última hora para detectar inconsistencias. Por otro, obliga a contribuyentes y asesores a elevar el estándar de cumplimiento.
El impacto es especialmente relevante para el ecosistema profesional. Contadores y estudios impositivos ganan tiempo operativo, pero enfrentan un riesgo mayor ante errores formales. La carga ya no está solo en liquidar correctamente, sino en hacerlo dentro de un esquema donde el costo del incumplimiento es sustancialmente más alto.
Al mismo tiempo, la decisión puede leerse como parte de una estrategia más amplia de ordenamiento fiscal. El organismo busca reducir la litigiosidad y mejorar la calidad de la información declarada, apoyándose en herramientas digitales y en un régimen sancionatorio más severo.
Sin embargo, no todos los instrumentos del nuevo esquema están activos. La Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, vinculada al incentivo para exteriorizar ahorros —el llamado “dólar colchón”—, aún no está disponible. Esa ausencia deja incompleto el tablero operativo del nuevo modelo.
Escenario abierto: entre la eficiencia y la presión fiscal
La anticipación de los aplicativos marca un movimiento táctico que combina modernización y endurecimiento. En el corto plazo, permitirá observar si efectivamente mejora la calidad de las presentaciones o si simplemente redistribuye la carga de trabajo.
En las próximas semanas, el foco estará en la respuesta del sistema: nivel de adhesión, volumen de presentaciones anticipadas y comportamiento de los contribuyentes frente al nuevo esquema de sanciones.
También quedará por ver cómo se integra la declaración simplificada y si logra complementar la estrategia oficial de formalización. Ese componente será clave para medir si el modelo apunta solo al control o también a ampliar la base de cumplimiento.
La política tributaria, una vez más, se juega en el equilibrio entre incentivo y sanción. Y ese equilibrio todavía está en construcción.
El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el Gobierno esperaba el dato de inflación de 2,9% registrado en febrero, una cifra que interrumpió parcialmente la dinámica descendente que venía mostrando el índice de precios. El funcionario sostuvo que el aumento respondió principalmente a la suba de la carne y los ajustes tarifarios, y buscó transmitir que la estrategia económica oficial no se altera pese al rebote.
“Nos preocupa pero sobre todo nos ocupa”, afirmó Caputo en declaraciones televisivas, al remarcar que la política monetaria del Banco Central continuará orientada a sostener la desinflación. El dato llega en un momento políticamente sensible: el Gobierno intenta consolidar la narrativa de estabilización macroeconómica que respalda su programa económico, mientras enfrenta señales de tensión social vinculadas al poder adquisitivo y al acceso al crédito.
El reconocimiento de que el número era esperado funciona también como un intento de anticipar el impacto político del dato y evitar que el rebote inflacionario sea leído como un cambio de tendencia en la estrategia oficial.
Inflación, política monetaria y el argumento del equilibrio fiscal
Caputo explicó que el Gobierno atribuye el repunte del índice principalmente a factores puntuales de precios relativos, en especial alimentos y tarifas. Según el ministro, esos movimientos no alteran el objetivo central del programa económico: mantener la inflación en descenso a partir del equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva.
En esa línea, insistió en uno de los pilares discursivos de la administración nacional: la eliminación del déficit.
“No hay déficit fiscal y la inflación más tarde o temprano llegará a niveles internacionales”, sostuvo.
El ministro evitó fijar un plazo exacto, aunque señaló que la inflación podría acercarse a niveles cercanos a cero entre agosto y octubre, una proyección que el Gobierno viene utilizando como referencia para medir el éxito del plan de estabilización.
Al mismo tiempo, reconoció que predecir el comportamiento mensual del índice sigue siendo complejo, una admisión que revela la volatilidad que todavía atraviesa la economía argentina.
El factor político en la dinámica inflacionaria
Caputo también introdujo un elemento político en su explicación del proceso inflacionario reciente. Según su interpretación, el proceso de desinflación se desaceleró luego de un período de volatilidad financiera previo a las elecciones legislativas del año pasado, cuando se generó una fuerte dolarización de portafolios.
Esa dinámica impactó —según el ministro— en tres variables clave: riesgo país, nivel de crecimiento e inflación, lo que provocó un retroceso en el proceso de desaceleración de precios.
Desde la óptica del Gobierno, la estabilidad política posterior a las elecciones permitió retomar el sendero de normalización macroeconómica. En ese marco, Caputo destacó que el Banco Central mantiene una política monetaria “apretada” y continúa comprando dólares, lo que considera una señal de consistencia del programa económico.
El ministro de Economía, @LuisCaputoAR, en el programa “Hablemos de Esto” de @todonoticias, se refirió al éxito del Argentina Week: “El clima de inversión que vimos esta semana en la Argentina fue fenomenal. Argentina tiene todo para ser un país potencia”. pic.twitter.com/DHbXWjXIKY
— Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) March 13, 2026
Economía real: reconocimiento de tensiones sociales
Más allá del discurso de estabilización macroeconómica, el ministro admitió que la recuperación no se percibe de manera homogénea en la sociedad.
“La situación está mejor, pero no quiere decir que hay gente que la esté pasando bien”, afirmó.
La frase introduce una dimensión política clave: el Gobierno intenta sostener la narrativa de mejora macroeconómica sin negar las dificultades que atraviesan amplios sectores de la población, especialmente frente a el aumento de la morosidad en tarjetas de crédito y billeteras virtuales.
Ante ese escenario, Caputo planteó que la salida pasa por profundizar la caída de la inflación, reducir las tasas de interés y extender plazos de financiamiento para facilitar la adaptación de los hogares.
La apuesta por las inversiones tras la “Argentina Week”
El ministro habló después de la denominada “Argentina Week”, una serie de presentaciones ante inversores internacionales realizada en Nueva York. Según el balance oficial, la semana dejó anuncios de inversiones por 16.150 millones de dólares.
Entre los proyectos destacados se encuentran:
Mercado Libre, con 3.400 millones de dólares para expandir su operación logística y crear 1.900 empleos directos.
Transportadora de Gas del Sur, con 3.000 millones de dólares destinados a la industrialización de líquidos de gas natural en Vaca Muerta, proyecto que prevé 4.000 empleos directos y 15.000 indirectos, además de exportaciones por 1.200 millones de dólares anuales.
Pampa Energía, que solicitó adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un desembolso superior a 4.500 millones de dólares para la exploración y producción de petróleo no convencional.
First Quantum Minerals, con 5.250 millones de dólares para el proyecto de cobre Taca Taca en Salta, que proyecta 4.000 empleos durante la construcción y 2.000 en la etapa operativa.
El Gobierno vincula estos anuncios con la ampliación del RIGI mediante el Decreto 168/2026, que incorporó actividades de exploración y producción de hidrocarburos al régimen.
Para la administración nacional, este esquema busca convertir la estabilidad macroeconómica en un ancla de inversiones de largo plazo, particularmente en sectores energéticos y mineros.
Jubilaciones, reforma impositiva y límites fiscales
Caputo también descartó la posibilidad de otorgar aumentos adicionales a las jubilaciones en el corto plazo. Argumentó que el margen fiscal es limitado y que cualquier mejora adicional debería financiarse con mayor crecimiento económico.
“No podemos darnos el lujo de hacer cosas que nos encantaría hacer, como subir jubilaciones o bajar más impuestos, porque de algún lado tiene que entrar esa plata”, explicó.
La misma lógica se aplica a los cambios tributarios que el Gobierno analiza: las eventuales reducciones impositivas o la baja de retenciones dependerán del sostenimiento del superávit fiscal.
Otro eje central del discurso del ministro fue la necesidad de movilizar el ahorro privado fuera del sistema financiero. Caputo afirmó que los argentinos tienen 170.000 millones de dólares fuera del circuito bancario, una cifra que triplicaría los depósitos en pesos.
Para el Gobierno, recuperar la confianza suficiente para que esos recursos ingresen al sistema permitiría expandir el crédito y financiar inversión productiva, dos factores que considera clave para sostener el crecimiento.
Un equilibrio político todavía en construcción
El Gobierno busca sostener una narrativa clara: inflación en descenso, equilibrio fiscal y apertura a inversiones internacionales. Sin embargo, el dato de inflación de febrero recuerda que la estabilización económica sigue siendo un proceso frágil, expuesto a factores políticos, movimientos de precios relativos y tensiones sociales.
En ese contexto, el desafío oficial será demostrar en los próximos meses que el rebote inflacionario fue efectivamente transitorio. La evolución del índice de precios, la reacción del consumo y la llegada efectiva de inversiones serán variables centrales para medir si el programa económico logra consolidar el escenario que el Gobierno proyecta.
Por ahora, el mensaje de Caputo busca sostener la confianza. Pero la política económica argentina suele medirse menos por las promesas que por la persistencia de los resultados.
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes que el Gobierno continuará comprando dólares mientras no comprometa la estabilidad del tipo de cambio, sostuvo que la inflación de febrero perforará el 2,9% registrado en enero y descartó el envío de una ley integral de reforma tributaria al Congreso. En cambio, anticipó ajustes impositivos graduales, atados a la consolidación del superávit fiscal. El mensaje no fue técnico: buscó fijar expectativas en un momento donde el mercado mira reservas, el Congreso discute reformas estructurales y el frente externo suma incertidumbre. La pregunta es si la estrategia alcanza para sostener la calma cambiaria sin abrir nuevos frentes políticos.
Dólar bajo control y reservas en acumulación “inteligente”
Caputo defendió el esquema de bandas cambiarias y rechazó la idea de fijar un piso al dólar. “Nadie quiere ver un dólar a $1.100, pero no le podemos poner piso”, sostuvo. La señal apunta a evitar arbitrajes especulativos: si el mercado percibe un umbral garantizado, los exportadores retienen y la dinámica se tensa.
El ministro afirmó que hoy el equipo económico compra reservas entre cinco y seis veces lo comprometido con el FMI y que el objetivo es acumular “de manera inteligente”, considerando la demanda de dinero y la profundidad del mercado. En paralelo, remarcó que el cepo está levantado en un “90%” y que el Banco Central mantiene cautela para no desarmar de golpe los controles luego del “demasiado esfuerzo” realizado.
La arquitectura es clara: flotación administrada dentro de bandas, intervención prudente y acumulación sin fijar precios. Es una estrategia de equilibrio fino. Demasiada intervención puede erosionar credibilidad; demasiada libertad, disparar volatilidad.
Inflación y ancla fiscal: la promesa del “cero”
En materia de precios, Caputo anticipó que febrero cerrará por debajo del 2,9% de enero. No dio una cifra concreta, pero reforzó la idea de continuidad en el equilibrio fiscal y la estabilización de la tasa de interés como anclas del proceso.
El horizonte político lo fijó el presidente Javier Milei, quien prometió que la inflación podría empezar con cero en agosto. Caputo relativizó el plazo —podría demorarse “algún mes”—, aunque sostuvo que el equipo trabaja para que ocurra. Más que un dato estadístico, la referencia a un dígito mensual inicial en cero funciona como meta simbólica: consolidar el giro macro y blindar capital político.
Sin ley de reforma tributaria: gradualismo por superávit
El ministro descartó el envío de una reforma tributaria integral al Congreso. La decisión no es menor. Implica evitar una negociación legislativa amplia y potencialmente conflictiva con la oposición. En su lugar, el Ejecutivo avanzará con reducciones impositivas selectivas, condicionadas a la consolidación del superávit fiscal.
La lectura es táctica: mantener la iniciativa sin abrir un frente parlamentario que pueda trabar la agenda. Al mismo tiempo, se preserva el discurso pro-empresa y se incentiva la inversión. Caputo estimó que existen cerca de US$170.000 millones “en los colchones” que podrían canalizarse hacia crédito productivo. Vinculó esa posibilidad con la aprobación de la reforma laboral y la Ley de Inocuidad Fiscal, orientadas —según dijo— a formalizar empleo y fortalecer el financiamiento interno.
Deuda, mercado y shock externo
Caputo también descartó un canje de los bonos con vencimientos en 2029 y 2030 emitidos en la reestructuración liderada por Martín Guzmán. Argumentó que, con una participación del 60%, el ahorro de flujos sería de apenas US$1.000 millones, insuficiente para justificar la operación. La decisión busca evitar ruido en el mercado de deuda y preservar previsibilidad.
En el frente externo, el ministro admitió que la situación en Medio Oriente constituye un “shock externo fuerte” que afecta la apertura de los mercados y tendrá consecuencias. Allí introdujo una clave conceptual: el “mejor escudo” frente a esos shocks es tener los fundamentos ordenados. El alineamiento internacional definido por Milei también fue respaldado explícitamente.
Correlación de fuerzas y agenda
La estrategia económica fortalece al Ejecutivo en tanto logre sostener la desaceleración inflacionaria y evitar sobresaltos cambiarios. Pero condiciona su margen político: sin reforma tributaria integral, el Gobierno dependerá de avances fragmentados y de la aprobación de reformas estructurales en el Congreso para consolidar el relato de normalización.
La oposición, por su parte, pierde terreno si la inflación continúa bajando, aunque conserva capacidad de presión en el plano legislativo. El mercado, mientras tanto, seguirá testeando la consistencia entre acumulación de reservas, flexibilización del cepo y estabilidad del tipo de cambio.
El Gobierno apuesta a que la disciplina fiscal y la prudencia cambiaria alcancen para atravesar la volatilidad global sin resignar la hoja de ruta. El desafío no es técnico sino político: sostener expectativas en un año donde cada dato macro impacta directamente en la arquitectura de poder.
En un clima de fuerte polarización y con el recinto atravesado por gritos, chicanas y aplausos cruzados, el presidente Javier Milei dejó formalmente inaugurado el período 2026 de sesiones ordinarias del Congreso con un mensaje de tono combativo, por momentos vulgar, de reivindicación reformista y definiciones geopolíticas. “Tenemos la fuerza para empezar un nuevo capítulo de la historia argentina”, afirmó, y advirtió que enfrenta “un adversario que va a romper todas las reglas con tal de frenarnos”.
La ceremonia comenzó pasadas las 20, encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, y tuvo como marco un Congreso expectante ante lo que en la Casa Rosada anticipaban como el “Día Cero” de una segunda etapa de gobierno. En los palcos se ubicaron los principales integrantes del Gabinete -entre ellos Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Karina Milei- en medio de una visible expectativa por el reencuentro público entre el Presidente y la Vicepresidenta.
El mandatario no eludió la confrontación directa con la oposición peronista y la izquierda. En uno de los momentos más tensos, calificó a Cristina Fernández de Kirchner como “chorra” y sostuvo que “va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, por el Memorándum de Irán y por Vialidad”. También desafió a la bancada kirchnerista: “¡Vení a explicarme qué pasó con Nisman!”, en referencia a la muerte del fiscal Alberto Nisman.
El intercambio se extendió a legisladores del Frente de Izquierda, a quienes acusó de no representar “más que al cinco por ciento”, en respuesta a la ironía del “3 por ciento” con la que los legisladores recordaron el escándalo de las coimas que protagonizó Karina Milei. Incluso ironizó: “Sería divertido debatir con ustedes si supieran algo”, mientras desde las bancas opositoras se multiplicaban las interrupciones.
Milei insistió en que su gobierno enfrenta un intento coordinado de desestabilización tras las elecciones legislativas de 2025 y habló de “operaciones” mediáticas, leyes “irresponsables” y sectores empresarios que apostarían a una devaluación para forzar un cambio de rumbo. “Tenemos el Congreso más reformista de la historia y el poder para hacer frente a cualquier golpe político”, afirmó.
Reforma estructural y “moral como política de Estado”
Más allá de la retórica confrontativa, el Presidente delineó una agenda ambiciosa de reformas. Anunció que impulsará modificaciones profundas del Código Civil y Comercial, del sistema tributario y del Código Aduanero, con el objetivo de “construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario de los argentinos” y profundizar la apertura económica.
En materia impositiva, adelantó una reforma integral: “Necesitamos menos impuestos y más competencia”. También ratificó la voluntad de avanzar en acuerdos comerciales estratégicos y celebró la promulgación del acuerdo Mercosur–Unión Europea, al que definió como un paso clave para “sentarnos en la mesa del comercio internacional”.
El eje conceptual del mensaje -anticipado horas antes en redes sociales- fue la “moral como política de Estado”. Milei planteó que su gestión busca romper con un entramado legal que, según dijo, legitimó privilegios y corrupción. “El hecho de que algo sea legal no lo hace lícito”, sentenció.
Uno de los tramos más duros estuvo dirigido a lo que denominó “empresarios prebendarios”. Afirmó que la industria subsidiada es “cómplice del saqueo” y denunció precios internos que triplican los valores internacionales en sectores como el acero y los neumáticos. “No pueden comprar privilegios que los políticos corruptos no ponen a la venta. Ambos son cómplices”, sostuvo.
En paralelo, reivindicó el ajuste fiscal como la única vía para estabilizar la economía. “Había solo una forma de cortar el nudo gordiano del desastre heredado: estabilizar”, señaló, y volvió a calificar a Luis Caputo como “el mejor ministro de Economía del mundo”. Según el Presidente, la reducción de cinco puntos del déficit en los primeros meses de gestión fue el punto de inflexión para recuperar la confianza.
También defendió la reforma laboral recientemente sancionada, que .dijo. “modernizará las relaciones laborales por primera vez en más de 50 años”, y puso en valor la política social del Ministerio de Capital Humano, con aumentos significativos en la Asignación Universal por Hijo y en las prestaciones alimentarias.
Seguridad, Fuerzas Armadas y nuevo orden mundial
En materia de seguridad, destacó el trabajo de Patricia Bullrich, aludiendo a la ley antimafia, el registro de datos genéticos y el protocolo antipiquetes. “Seguiremos fortaleciendo nuestras Fuerzas Armadas; no podemos ser un país indefenso”, afirmó.
En el plano internacional, advirtió que “se está configurando un nuevo orden mundial” y que la inserción argentina en ese escenario será determinante para el futuro del país. Agradeció el respaldo de Donald Trump en el financiamiento del Fondo Monetario Internacional y reivindicó una política exterior alineada con los países que, según su visión, promueven la libertad económica.
“Hace dos años estábamos atrapados”
Hacia el cierre, Milei apeló a una narrativa de ruptura histórica. “Hace dos años estábamos atrapados en un presente que destruía nuestra fe; hoy sabemos que hay un camino hacia adelante”, afirmó. Y remató con una frase que sintetizó el tono de la jornada: “Soy el presidente de ustedes aunque no les guste”.
La apertura de sesiones 2026 dejó así un mensaje nítido: el oficialismo se propone profundizar su agenda reformista en una ventana legislativa que considera decisiva. Pero también confirmó que el año político estará marcado por una confrontación abierta y sin matices en el recinto. La escena, con aplausos y gritos superpuestos, anticipa un Congreso tan reformista como incendiado.
Un dato político no menor fue la integración de las comisiones de recepción, donde hubo presencia misionera en lugares institucionalmente relevantes. En la Comisión de Recepción Exterior participó la senadora Sonia Rojas Decut, mientras que en la Comisión de Recepción Interior .encargada de acompañar al Presidente desde el Salón de los Pasos Perdidos hasta el recinto- formaron parte el senador Martín Goerling Lara y el diputado Daniel Vancsik. La inclusión de los tres legisladores de Misiones en el protocolo formal de la Asamblea subrayó el peso que conserva la provincia en la arquitectura parlamentaria del oficialismo y sus aliados en el inicio de un año legislativo que se anticipa decisivo.
