REFORMA TRIBUTARIA

Eliminación de anticipos de IIBB: “No va a tener impacto en ventas ni en el consumo”

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La eliminación del cobro anticipado de Ingresos Brutos en los accesos a Misiones, anunciada por el gobernador Hugo Passalacqua y con vigencia desde el 1 de julio, comenzó a generar las primeras reacciones en el sector comercial. Desde Posadas, el empresario Fernando Vely planteó que la medida no tendrá un impacto directo en los precios en el corto plazo, aunque sí puede mejorar la operatoria entre proveedores y pymes.

En declaraciones a Radio Open 101.7, Vely —comerciante e integrante de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas— sostuvo que el cambio responde a un reclamo que el sector venía gestionando desde hace meses, pero llamó a moderar expectativas sobre sus efectos inmediatos.

Una reforma que desarma un esquema de casi dos décadas

La decisión del Gobierno provincial implica el fin del pago a cuenta de Ingresos Brutos en puestos de control como Centinela y El Arco, un sistema vigente desde 2007. La medida se aplicará durante 12 meses como prueba y alcanzará al 95% del padrón de contribuyentes.

Desde el Ejecutivo, se planteó como un paso hacia la simplificación tributaria: los controles quedarán limitados a la verificación documental, mientras que las grandes empresas continuarán con un esquema digital y mensual.

En términos operativos, la exclusión automática del pago a cuenta alcanza a unas 16.500 pymes, lo que modifica la relación fiscal en el ingreso de mercadería a la provincia.

Qué cambia: menos anticipos, pero impacto diferido

Desde la mirada empresaria, la principal modificación no está en el precio final, sino en la dinámica comercial. Vely explicó que el anticipo funcionaba como un costo que los proveedores trasladaban a los precios, aunque no siempre de manera uniforme.

Sin embargo, advirtió que el efecto de la eliminación no será inmediato. “Esto arranca recién en julio y muchas empresas ya hicieron sus compras de temporada”, señaló, aludiendo a la estacionalidad del comercio.

Según detalló, el impacto podría observarse recién en ciclos comerciales posteriores, como la temporada primavera-verano, cuando las nuevas condiciones fiscales comiencen a reflejarse en las listas de precios.

El Gobierno desactiva un eje de conflicto con el sector privado

La medida implica un movimiento político con impacto directo en la relación entre el Gobierno provincial y las cámaras empresarias, que cuestionaban el esquema de anticipos desde hace años.

Al eliminar el cobro en frontera, el Ejecutivo neutraliza uno de los principales reclamos del sector comercial y productivo, al tiempo que busca mejorar el clima para la inversión y la actividad.

En ese contexto, la respuesta empresaria combina respaldo con cautela. Vely reconoció que se trata de una “medida de fondo”, pero insistió en que el problema estructural sigue siendo la carga administrativa y la burocracia.

Alivio operativo más que baja de precios

De acuerdo con lo planteado por el comerciante, el principal beneficio será una mayor fluidez en la relación con proveedores, al eliminar gestiones y anticipos que generaban saldos a favor y tensiones comerciales.

También podría reducirse un recargo puntual —estimado en torno al 3%— en aquellos casos donde el anticipo era trasladado directamente al precio. Sin embargo, ese efecto dependerá de cada proveedor y de si estaba alcanzado por el régimen.

En términos generales, Vely descartó un impacto directo en el bolsillo del consumidor: “No va a tener un impacto en precios”, afirmó.

Uno de los puntos que emerge del análisis es la comparación con mercados cercanos como Corrientes o Chaco. Según el empresario, las diferencias de precios con proveedores de esas provincias estaban, en parte, vinculadas al esquema de anticipos.

La eliminación de ese costo podría contribuir a equiparar condiciones, en un contexto donde el comercio local compite no solo con otras jurisdicciones, sino también con el comercio electrónico.

La presión del e-commerce, según describió, obliga a los comercios a absorber costos para no perder competitividad, lo que limita la capacidad de trasladar cualquier ahorro al precio final.

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Misiones impulsa un Régimen Simplificado de Ingresos Brutos: cuota fija, menos trámites y alivio a pequeños contribuyentes

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La Cámara de Representantes de Misiones comenzará a analizar un proyecto de ley que busca transformar la relación tributaria de miles de pequeños contribuyentes con el fisco provincial. Se trata del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (RS-IIBB), una iniciativa orientada a monotributistas, pequeños comerciantes, profesionales independientes y emprendedores locales, con el objetivo de reducir carga administrativa, dar previsibilidad y facilitar la formalización.

La propuesta legislativa, impulsada por la diputada provincial Paula Franco, con la firma del presidente de la Legislatura, Sebastián Macías y del diputado Carlos Rovira, plantea un esquema de cuota fija mensual por categoría, alineado con el régimen simplificado nacional (Monotributo de ARCA), eliminando la complejidad de declaraciones mensuales variables y reemplazándolas por un sistema más simple, previsible y con menor costo operativo. Misiones se alineará así a regímenes simplificados como tienen otras provincias del país. “Es un tratamiento diferencial que era una deuda pendiente con el monotributista, que le haga ahorrar tiempo y tener menos gastos”, señalaron fuentes oficiales.

El proyecto aparece en un contexto en el que Misiones viene insistiendo en la necesidad de construir herramientas fiscales propias para sostener la competitividad frente a las asimetrías con Brasil y Paraguay, y al mismo tiempo aliviar la presión sobre el pequeño contribuyente local.

El artículo 1 del proyecto crea formalmente el régimen dentro del ámbito provincial, mientras que el artículo 2 establece su finalidad principal: simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales tanto materiales como formales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, mediante el pago de una cuota fija mensual por categoría.

En concreto, quienes adhieran al régimen dejarán de liquidar Ingresos Brutos bajo el esquema tradicional y pasarán a abonar una suma mensual determinada según la categoría en la que se encuentren dentro del Monotributo nacional.

El texto establece además que esa cuota fija tendrá el carácter de anticipo íntegro de la obligación anual, integrada en doce pagos mensuales por ejercicio fiscal.

La autoridad de aplicación también definirá un vencimiento único mensual, lo que elimina superposiciones y reduce la dispersión administrativa que hoy enfrentan pequeños contribuyentes.

Según la presentación del proyecto impulsado por Encuentro Misionero, el valor de referencia parte desde 9.941 pesos para la categoría más baja, con una escala progresiva por categorías.

Podrán adherir al RS-IIBB las personas humanas y demás sujetos que:

  • revistan la condición de pequeños contribuyentes conforme al Monotributo nacional;
  • estén inscriptos como contribuyentes de Ingresos Brutos en Misiones;
  • desarrollen actividad exclusivamente dentro de la provincia.

Quedan excluidos quienes tributen bajo el Convenio Multilateral, es decir, aquellos contribuyentes con actividad en más de una jurisdicción.

También podrán ser excluidos quienes desarrollen actividades consideradas incompatibles por su naturaleza, riesgo fiscal o modalidad de comercialización, así como quienes registren sanciones o inconsistencias que justifiquen su salida del sistema.

En otras palabras, el régimen apunta especialmente a pequeños empresarios, comercios de cercanía; profesionales independientes; prestadores de servicios; emprendedores y monotributistas locales.

Uno de los principales argumentos del proyecto es que la simplificación tributaria no sólo reduce costos administrativos, sino que también mejora los niveles de formalización económica.

Cuanto más simple resulta cumplir, mayor incentivo existe para permanecer dentro del sistema formal.

Por eso, entre los objetivos declarados aparecen:

  • menor carga administrativa;
  • mayor previsibilidad financiera;
  • más formalización;
  • mayor desarrollo local;
  • impulso al empleo misionero;
  • fortalecimiento de la actividad productiva.

La propuesta también prevé mecanismos de control para evitar abusos. La autoridad de aplicación podrá establecer perfiles de riesgo fiscal, recategorizaciones, cruces de información y controles sistémicos para prevenir un uso indebido del régimen.

El proyecto define que la autoridad de aplicación será la actual Agencia Tributaria Misiones (ATM), que tendrá a su cargo la reglamentación y la implementación operativa del sistema.

Además, se invita a los municipios a celebrar convenios de colaboración e intercambio de información con la Provincia, con el objetivo de facilitar la formalización y mejorar el control sobre pequeños contribuyentes.

Este punto resulta estratégico: la coordinación entre Provincia y municipios puede convertirse en una herramienta clave para evitar superposiciones, reducir informalidad y mejorar la trazabilidad fiscal.

Más allá del aspecto técnico, el proyecto tiene una fuerte lectura política: Misiones vuelve a insistir en la construcción de herramientas tributarias adaptadas a su propia realidad económica.

La Provincia sostiene desde hace tiempo que las asimetrías de frontera, la competencia con Paraguay y Brasil, y la estructura productiva regional requieren respuestas específicas que no siempre encuentran eco en la política fiscal nacional.

En ese marco, el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos aparece como una pieza complementaria dentro de una estrategia más amplia: menos burocracia para el pequeño contribuyente, más previsibilidad para invertir y una señal de respaldo a la economía local.

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Misiones lleva al Congreso una batería de reclamos para defender las economías regionales

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Como primera medida, el diputado nacional Oscar Herrera Ahuad, impulsor del proyecto, pidió en la Comisión de Agricultura que se aborde la reducción del IVA para la harina de mandioca, un producto que involucra a unas 10 mil familias y pierde terreno frente a la competencia paraguaya.

En la reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados que se celebró este martes, el legislador misionero Oscar Herrera Ahuad instaló un debate que el sector mandioquero viene reclamando desde hace tiempo: la necesidad de reducir la alícuota del IVA que grava a la harina de mandioca. El planteo encontró receptividad tanto en el presidente de la comisión como en el titular de Economías Regionales, que se comprometieron a articular acciones conjuntas.

Un producto misionero con desventaja tributaria

La fécula de mandioca tributa actualmente el 21% de IVA, mientras que otros almidones e insumos equivalentes —como la harina de trigo— pagan apenas el 10,5%. Esa brecha genera una asimetría competitiva que castiga a una cadena productiva concentrada casi en su totalidad en territorio misionero, donde la provincia explica cerca del 80% de la producción nacional.

Herrera Ahuad subrayó que se trata de un alimento libre de gluten cuyo consumo creció de manera significativa en las últimas dos décadas, pero que arrastra una carga fiscal diseñada en una época en la que el mercado sin TACC prácticamente no existía. Según planteó, alrededor de 10 mil familias dependen de este cultivo y cada vez son más las que abandonan la actividad ante la imposibilidad de competir con la producción que ingresa desde Paraguay a menor costo.

Consenso para avanzar con reuniones informativas

El presidente de la comisión, el legislador del Pro Martín Ardohain, valoró el planteo y señaló que la vía adecuada para construir consensos es la convocatoria a reuniones informativas donde participen los actores de la cadena. En esa línea, sostuvo que la apertura comercial que impulsa el Gobierno requiere un acompañamiento legislativo que contemple las particularidades de las economías del interior.

Luis Basterra, titular de la Comisión de Economías Regionales y referente de Unión por la Patria, coincidió con la necesidad de trabajar de manera conjunta entre ambas comisiones. El dirigente formoseño consideró que la articulación entre los dos cuerpos parlamentarios representa una oportunidad concreta para fortalecer el análisis de los problemas que atraviesan las producciones regionales.

Un reclamo con historia que gana fuerza parlamentaria

El pedido de equiparar la carga tributaria de la fécula de mandioca no es nuevo. Desde el Gobierno de Misiones y la Cámara Empresarial Clúster de la Mandioca Misionera se vienen realizando gestiones ante la Nación con ese objetivo. El ministro de Industria provincial, Federico Fachinello, ya había planteado la cuestión ante el secretario de Industria y Comercio nacional, Esteban Marzorati, meses atrás, y en reiteradas oportunidades señaló públicamente que la diferencia impositiva dificulta la llegada del producto a los grandes centros de consumo del país.

La sesión de la Comisión de Agricultura también abordó otros temas vinculados al sector agropecuario, como declaraciones de interés sobre eventos apícolas y el debate por la implementación de la caravana electrónica para la identificación de terneros, que generó reparos entre algunos legisladores del oficialismo.

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ARCA activa el nuevo esquema de control tras la “inocencia fiscal”

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) decidió moverse antes que el calendario y, con tres meses de anticipación, puso en línea los aplicativos para las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales del período fiscal 2025. La decisión, inusual en la lógica operativa del organismo, no es meramente técnica: llega después de la entrada en vigencia de la ley de “inocencia fiscal”, que elevó de forma exponencial las multas por incumplimientos formales. El movimiento abre una pregunta en el frente tributario: ¿se trata de facilitar el cumplimiento o de blindar la capacidad sancionatoria del Estado?

Un cambio operativo que reconfigura el vínculo con el contribuyente

El dato rompe la inercia administrativa. Históricamente, los sistemas se habilitaban cerca de los vencimientos. Esta vez, ARCA adelanta el proceso y habilita una ventana más amplia para que personas físicas y contadores preparen la información.

En lo formal, la medida apunta a ordenar la carga de datos —ingresos, activos, consumos, retenciones y percepciones— y reducir inconsistencias. En lo político-administrativo, implica otra cosa: traslada la presión del último momento hacia una lógica de planificación, donde el margen de error se achica y la responsabilidad del contribuyente se amplifica.

El esquema inicial está dirigido a quienes tributan bajo el Régimen General y funciona de manera íntegramente digital mediante Clave Fiscal. Es decir, consolida el proceso de digitalización plena del vínculo entre el Estado y el contribuyente.

La “inocencia fiscal” como telón de fondo

El cambio operativo no se entiende sin la reforma normativa que lo precede. La ley de Presunción de Inocencia Fiscal (Ley 27.799) modificó de manera drástica el régimen sancionatorio por infracciones formales.

Desde el 2 de enero de 2026, las multas se actualizaron con incrementos promedio del 75.000% y, en algunos casos, superiores al 100.000%. El salto es significativo: la omisión de presentar una declaración jurada pasó de $200 a $220.000 para personas físicas, y de $400 a $440.000 para empresas.

La ecuación es clara. Con sanciones de esa magnitud, el margen de tolerancia del sistema se reduce al mínimo. En ese contexto, la anticipación de los aplicativos funciona como una señal doble: más tiempo para cumplir, pero menos margen para incumplir.

Repercusiones: control más rígido y profesionalización del cumplimiento

El nuevo esquema reconfigura la relación de fuerzas en el sistema tributario. Por un lado, fortalece la capacidad de control del organismo recaudador, que ya no depende de la congestión de última hora para detectar inconsistencias. Por otro, obliga a contribuyentes y asesores a elevar el estándar de cumplimiento.

El impacto es especialmente relevante para el ecosistema profesional. Contadores y estudios impositivos ganan tiempo operativo, pero enfrentan un riesgo mayor ante errores formales. La carga ya no está solo en liquidar correctamente, sino en hacerlo dentro de un esquema donde el costo del incumplimiento es sustancialmente más alto.

Al mismo tiempo, la decisión puede leerse como parte de una estrategia más amplia de ordenamiento fiscal. El organismo busca reducir la litigiosidad y mejorar la calidad de la información declarada, apoyándose en herramientas digitales y en un régimen sancionatorio más severo.

Sin embargo, no todos los instrumentos del nuevo esquema están activos. La Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, vinculada al incentivo para exteriorizar ahorros —el llamado “dólar colchón”—, aún no está disponible. Esa ausencia deja incompleto el tablero operativo del nuevo modelo.

Escenario abierto: entre la eficiencia y la presión fiscal

La anticipación de los aplicativos marca un movimiento táctico que combina modernización y endurecimiento. En el corto plazo, permitirá observar si efectivamente mejora la calidad de las presentaciones o si simplemente redistribuye la carga de trabajo.

En las próximas semanas, el foco estará en la respuesta del sistema: nivel de adhesión, volumen de presentaciones anticipadas y comportamiento de los contribuyentes frente al nuevo esquema de sanciones.

También quedará por ver cómo se integra la declaración simplificada y si logra complementar la estrategia oficial de formalización. Ese componente será clave para medir si el modelo apunta solo al control o también a ampliar la base de cumplimiento.

La política tributaria, una vez más, se juega en el equilibrio entre incentivo y sanción. Y ese equilibrio todavía está en construcción.

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Caputo justificó el rebote de la inflación y defendió la estrategia económica del Gobierno

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El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el Gobierno esperaba el dato de inflación de 2,9% registrado en febrero, una cifra que interrumpió parcialmente la dinámica descendente que venía mostrando el índice de precios. El funcionario sostuvo que el aumento respondió principalmente a la suba de la carne y los ajustes tarifarios, y buscó transmitir que la estrategia económica oficial no se altera pese al rebote.

“Nos preocupa pero sobre todo nos ocupa”, afirmó Caputo en declaraciones televisivas, al remarcar que la política monetaria del Banco Central continuará orientada a sostener la desinflación. El dato llega en un momento políticamente sensible: el Gobierno intenta consolidar la narrativa de estabilización macroeconómica que respalda su programa económico, mientras enfrenta señales de tensión social vinculadas al poder adquisitivo y al acceso al crédito.

El reconocimiento de que el número era esperado funciona también como un intento de anticipar el impacto político del dato y evitar que el rebote inflacionario sea leído como un cambio de tendencia en la estrategia oficial.

Inflación, política monetaria y el argumento del equilibrio fiscal

Caputo explicó que el Gobierno atribuye el repunte del índice principalmente a factores puntuales de precios relativos, en especial alimentos y tarifas. Según el ministro, esos movimientos no alteran el objetivo central del programa económico: mantener la inflación en descenso a partir del equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva.

En esa línea, insistió en uno de los pilares discursivos de la administración nacional: la eliminación del déficit.

“No hay déficit fiscal y la inflación más tarde o temprano llegará a niveles internacionales”, sostuvo.

El ministro evitó fijar un plazo exacto, aunque señaló que la inflación podría acercarse a niveles cercanos a cero entre agosto y octubre, una proyección que el Gobierno viene utilizando como referencia para medir el éxito del plan de estabilización.

Al mismo tiempo, reconoció que predecir el comportamiento mensual del índice sigue siendo complejo, una admisión que revela la volatilidad que todavía atraviesa la economía argentina.

El factor político en la dinámica inflacionaria

Caputo también introdujo un elemento político en su explicación del proceso inflacionario reciente. Según su interpretación, el proceso de desinflación se desaceleró luego de un período de volatilidad financiera previo a las elecciones legislativas del año pasado, cuando se generó una fuerte dolarización de portafolios.

Esa dinámica impactó —según el ministro— en tres variables clave: riesgo país, nivel de crecimiento e inflación, lo que provocó un retroceso en el proceso de desaceleración de precios.

Desde la óptica del Gobierno, la estabilidad política posterior a las elecciones permitió retomar el sendero de normalización macroeconómica. En ese marco, Caputo destacó que el Banco Central mantiene una política monetaria “apretada” y continúa comprando dólares, lo que considera una señal de consistencia del programa económico.

Economía real: reconocimiento de tensiones sociales

Más allá del discurso de estabilización macroeconómica, el ministro admitió que la recuperación no se percibe de manera homogénea en la sociedad.

“La situación está mejor, pero no quiere decir que hay gente que la esté pasando bien”, afirmó.

La frase introduce una dimensión política clave: el Gobierno intenta sostener la narrativa de mejora macroeconómica sin negar las dificultades que atraviesan amplios sectores de la población, especialmente frente a el aumento de la morosidad en tarjetas de crédito y billeteras virtuales.

Ante ese escenario, Caputo planteó que la salida pasa por profundizar la caída de la inflación, reducir las tasas de interés y extender plazos de financiamiento para facilitar la adaptación de los hogares.

La apuesta por las inversiones tras la “Argentina Week”

El ministro habló después de la denominada “Argentina Week”, una serie de presentaciones ante inversores internacionales realizada en Nueva York. Según el balance oficial, la semana dejó anuncios de inversiones por 16.150 millones de dólares.

Entre los proyectos destacados se encuentran:

  • Mercado Libre, con 3.400 millones de dólares para expandir su operación logística y crear 1.900 empleos directos.
  • Transportadora de Gas del Sur, con 3.000 millones de dólares destinados a la industrialización de líquidos de gas natural en Vaca Muerta, proyecto que prevé 4.000 empleos directos y 15.000 indirectos, además de exportaciones por 1.200 millones de dólares anuales.
  • Pampa Energía, que solicitó adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un desembolso superior a 4.500 millones de dólares para la exploración y producción de petróleo no convencional.
  • First Quantum Minerals, con 5.250 millones de dólares para el proyecto de cobre Taca Taca en Salta, que proyecta 4.000 empleos durante la construcción y 2.000 en la etapa operativa.

El Gobierno vincula estos anuncios con la ampliación del RIGI mediante el Decreto 168/2026, que incorporó actividades de exploración y producción de hidrocarburos al régimen.

Para la administración nacional, este esquema busca convertir la estabilidad macroeconómica en un ancla de inversiones de largo plazo, particularmente en sectores energéticos y mineros.

Jubilaciones, reforma impositiva y límites fiscales

Caputo también descartó la posibilidad de otorgar aumentos adicionales a las jubilaciones en el corto plazo. Argumentó que el margen fiscal es limitado y que cualquier mejora adicional debería financiarse con mayor crecimiento económico.

“No podemos darnos el lujo de hacer cosas que nos encantaría hacer, como subir jubilaciones o bajar más impuestos, porque de algún lado tiene que entrar esa plata”, explicó.

La misma lógica se aplica a los cambios tributarios que el Gobierno analiza: las eventuales reducciones impositivas o la baja de retenciones dependerán del sostenimiento del superávit fiscal.

La apuesta estructural: ahorro privado y crédito

Otro eje central del discurso del ministro fue la necesidad de movilizar el ahorro privado fuera del sistema financiero. Caputo afirmó que los argentinos tienen 170.000 millones de dólares fuera del circuito bancario, una cifra que triplicaría los depósitos en pesos.

Para el Gobierno, recuperar la confianza suficiente para que esos recursos ingresen al sistema permitiría expandir el crédito y financiar inversión productiva, dos factores que considera clave para sostener el crecimiento.

Un equilibrio político todavía en construcción

El Gobierno busca sostener una narrativa clara: inflación en descenso, equilibrio fiscal y apertura a inversiones internacionales. Sin embargo, el dato de inflación de febrero recuerda que la estabilización económica sigue siendo un proceso frágil, expuesto a factores políticos, movimientos de precios relativos y tensiones sociales.

En ese contexto, el desafío oficial será demostrar en los próximos meses que el rebote inflacionario fue efectivamente transitorio. La evolución del índice de precios, la reacción del consumo y la llegada efectiva de inversiones serán variables centrales para medir si el programa económico logra consolidar el escenario que el Gobierno proyecta.

Por ahora, el mensaje de Caputo busca sostener la confianza. Pero la política económica argentina suele medirse menos por las promesas que por la persistencia de los resultados.

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