REFORMA TRIBUTARIA

AFoAMi respaldó la eliminación del pago anticipado de Ingresos Brutos y pidió avanzar hacia una reforma tributaria integral

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La Asociación Forestal y Ambiental de Misiones (AFoAMi) respaldó la decisión del Gobierno provincial de suspender, desde el 1° de julio, el régimen de pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los puestos de control fiscal sobre rutas, al considerar que la medida representa un avance concreto para mejorar la competitividad de las empresas misioneras y aliviar una de las principales cargas financieras que enfrentaba el sector productivo.

La entidad sostuvo que la eliminación de este mecanismo constituye una señal positiva para la actividad económica, aunque planteó que el desafío de fondo pasa por consolidar una política tributaria más previsible y extender progresivamente este tipo de beneficios a la totalidad de las pequeñas y medianas empresas de la provincia.

Desde AFoAMi remarcaron que la previsibilidad, la seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas fiscales son factores determinantes para atraer inversiones y fortalecer el entramado productivo. En ese sentido, advirtieron que las empresas necesitan contar con marcos impositivos estables para planificar proyectos de largo plazo, fortalecer su capital de trabajo, ampliar su capacidad productiva y generar empleo.

La posición de la entidad forestal se inscribe en un debate más amplio sobre la competitividad de Misiones, una provincia que históricamente sostiene que enfrenta desventajas estructurales derivadas del régimen de coparticipación federal y de su condición de provincia fronteriza. Según AFoAMi, estas asimetrías reducen la capacidad competitiva de las empresas locales frente a otras jurisdicciones y justifican la necesidad de avanzar en reformas tanto a nivel provincial como nacional.

Por esa razón, la asociación también reclamó la intervención de los legisladores nacionales por Misiones para impulsar modificaciones que permitan corregir esas diferencias y mejorar las condiciones de desarrollo económico de la provincia.

Al mismo tiempo, la entidad planteó la necesidad de revisar los mecanismos de recaudación tributaria que obligan a las empresas a anticipar impuestos antes de concretar sus operaciones comerciales. Desde su perspectiva, este tipo de esquemas inmoviliza recursos financieros que podrían destinarse a inversión, compra de insumos, ampliación de la producción o generación de nuevos puestos de trabajo.

“La recaudación no debería afectar el capital de trabajo de las empresas”, sintetiza el planteo institucional, que propone evolucionar hacia un sistema tributario orientado a incentivar la actividad privada en lugar de restringir la liquidez empresarial.

El pronunciamiento cobra relevancia en un contexto donde distintas cámaras empresarias vienen planteando la necesidad de reducir el denominado “costo argentino”, una agenda que incluye la revisión de tributos nacionales, provinciales y municipales para recuperar competitividad frente a otros mercados.

Para AFoAMi, la suspensión del pago anticipado de Ingresos Brutos puede convertirse en el punto de partida de una transformación más profunda del esquema tributario provincial. En ese sentido, la entidad manifestó su disposición a acompañar todas las iniciativas que favorezcan una provincia “más competitiva, con mayor producción, más inversiones y más oportunidades para el desarrollo sostenible”

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Cambio de era: después de casi dos décadas se elimina el pago anticipado de Ingresos Brutos en las rutas

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La Agencia Tributaria Misiones reglamentó la suspensión del pago a cuenta de Ingresos Brutos en los puestos de control fiscal. El sistema, vigente desde 2007 comienza a ser reemplazado por un modelo basado en el perfil fiscal de cada empresa, con menos burocracia, mayor liquidez y controles más inteligentes.

Durante casi veinte años fue una de las marcas distintivas del sistema tributario misionero. Cada camión que ingresaba mercadería a la provincia debía atravesar los puestos de control fiscal y, en numerosos casos, realizar un pago anticipado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Ese esquema, instaurado en 2007 mediante la Resolución General 056/2007 de la entonces Dirección General de Rentas -hoy Agencia Tributaria Misiones (ATM)-, nació con un objetivo claro: combatir la evasión y proteger al comercio formal frente al ingreso de mercadería sin declarar.

Con el tiempo, sin embargo, el mecanismo también comenzó a mostrar sus costos. Para las empresas significaba inmovilizar capital de trabajo, afrontar trámites administrativos por cada operación y soportar demoras logísticas. Para muchos sectores empresarios terminó convirtiéndose en la denominada “aduana paralela”, un concepto que durante años sintetizó las críticas hacia un sistema que, aunque eficaz para controlar, también encarecía la actividad económica.

Ese modelo comienza ahora una transformación histórica. Desde el 1 de julio entrará en vigencia la reglamentación de la Resolución General 09/2026 de la ATM, que pone en marcha la suspensión del pago a cuenta en los Puestos de Control Fiscal en Ruta, cumpliendo uno de los anuncios realizados por el gobernador Hugo Passalacqua durante la apertura de sesiones legislativas del pasado 1° de mayo.

No se trata simplemente de eliminar un trámite. Lo que cambia es la lógica completa del sistema. Hasta ahora, el eje estaba puesto en cada operación individual. Cada ingreso de mercadería era tratado prácticamente como un hecho aislado que debía generar un pago anticipado. A partir de julio, la provincia comenzará a evaluar el comportamiento fiscal de cada empresa en forma integral.

Es un cambio de paradigma. La Agencia Tributaria elaborará un padrón dinámico que actualizará todos los meses y clasificará a los contribuyentes según su perfil de cumplimiento. Quienes mantengan una conducta tributaria consistente podrán operar bajo modalidades simplificadas e incluso acceder a un sistema de pago único mensual, evitando realizar un anticipo cada vez que ingrese un camión a Misiones.

En otras palabras, el Estado deja de controlar únicamente la mercadería para comenzar a administrar el riesgo fiscal de cada contribuyente.

¿Qué cambia desde el 1 de julio?

Del pago por cada camión al control según el comportamiento fiscal de cada empresa.

Hasta ahora Desde julio
Pago anticipado de Ingresos Brutos por cada ingreso de mercadería. Los contribuyentes cumplidores podrán quedar exceptuados y acceder a pago único mensual.
El control estaba centrado en cada operación. El análisis pasa al perfil fiscal integral de cada empresa.
Trámites y pagos en los puestos de control. Mayor digitalización mediante domicilio fiscal electrónico.
Cada camión generaba un costo financiero inmediato. Más liquidez y menor inmovilización de capital para las empresas.
Sistema uniforme para prácticamente todos los contribuyentes. Padrón dinámico con tres categorías: Incluido, Excluido y Nuevo Contribuyente.
Los puestos cobraban el pago a cuenta y verificaban documentación. Los puestos seguirán funcionando solo para controlar la documentación.
El sistema estaba vigente desde 2007. Comienza un nuevo esquema basado en inteligencia fiscal y segmentación.
Impacto esperado: menos burocracia, menor costo financiero para las empresas, mayor agilidad logística y controles fiscales más focalizados sobre el riesgo tributario.

El beneficio económico es inmediato. Las empresas dejarán de inmovilizar recursos financieros en cada operación y dispondrán de mayor liquidez para sostener su actividad diaria. Al mismo tiempo desaparecerán buena parte de las gestiones presenciales, ya que las comunicaciones pasarán a realizarse mediante el domicilio fiscal electrónico y gran parte de la operatoria quedará automatizada.

Sin embargo, la reforma no implica el desmantelamiento de los controles.

Los puestos fiscales seguirán funcionando, pero ya no como lugares de percepción anticipada del impuesto sino como espacios de verificación documental. La intención oficial es mantener la capacidad de fiscalización para impedir el ingreso de mercadería no declarada, preservando la competencia leal para el comercio misionero, pero reduciendo al mínimo las cargas administrativas sobre quienes cumplen regularmente con sus obligaciones.

El nuevo régimen también incorpora un sistema de segmentación que distingue entre contribuyentes habituales, empresas excluidas del pago a cuenta y nuevos inscriptos. Incluso quienes sean detectados sin inscripción en Ingresos Brutos dispondrán ahora de un plazo de diez días para regularizar su situación antes de ingresar definitivamente al sistema.

La creación del Formulario SR-341 va en la misma dirección. Ya no será un instrumento para cobrar impuestos sino una declaración informativa destinada a acreditar la documentación de la carga cuando corresponda.

La reforma probablemente constituya la modificación más importante del sistema de percepción de Ingresos Brutos desde su creación en 2007.

Durante casi veinte años el control estuvo basado en la presunción: cada operación debía tributar anticipadamente. Desde julio comienza una etapa diferente, sustentada en información, segmentación y cumplimiento fiscal.

Para muchos empresarios será el final de uno de los principales costos financieros asociados al ingreso de mercaderías a Misiones. Para la Provincia, el desafío será demostrar que es posible mantener el mismo nivel de fiscalización utilizando herramientas más modernas, menos burocráticas y más eficientes.

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Fin del pago a cuenta: qué cambia en los anticipos de Ingresos Brutos en los controles fiscales de ruta

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Misiones avanza hacia una transformación significativa en el sistema de control fiscal de mercaderías que ingresan a su territorio. A partir del 1 de julio entrará en vigencia el régimen excepcional de flexibilización de los pagos a cuenta de Ingresos Brutos en los puestos de control de ruta, lo que marca el comienzo del fin de un esquema históricamente asociado a largas gestiones administrativas, pagos anticipados por cada operación y controles documentales repetitivos.

La reforma apunta a un objetivo concreto: reducir la carga burocrática para las empresas y agilizar el tránsito de mercaderías, sin resignar capacidad de fiscalización, además de aumentar el flujo de caja de las empresas.

El corazón del nuevo sistema será un padrón dinámico que elaborará y actualizará mensualmente la Agencia Tributaria Misiones.

Cada contribuyente será clasificado en una de tres categorías:

  • Incluido.
  • Excluido.
  • Nuevo contribuyente.

La condición asignada determinará las obligaciones que deberá cumplir al ingresar mercaderías a Misiones y será comunicada a través del domicilio fiscal electrónico.

Hasta ahora, el esquema vigente obligaba en numerosos casos a efectuar un pago a cuenta por cada ingreso de mercadería, generando costos administrativos y financieros para las empresas. Con la nueva normativa, los contribuyentes que acrediten buen comportamiento fiscal podrán acceder a modalidades simplificadas e incluso a sistemas de pago único mensual.

El pago por operación deja de ser la regla

Uno de los aspectos más relevantes de la reglamentación es que la DGR habilita formalmente la permanencia en una modalidad de pago único mensual para determinados contribuyentes.

La continuidad en ese esquema dependerá de una evaluación periódica basada en:

  • Cumplimiento tributario.
  • Nivel de operaciones.
  • Tipo de mercaderías transportadas.
  • Consistencia entre lo declarado y el volumen real de carga.

En otras palabras, el sistema comienza a migrar desde un control basado en cada camión hacia un modelo centrado en el comportamiento fiscal integral de la empresa.

La resolución también establece beneficios para quienes se incorporen al sistema.

Serán considerados “nuevos contribuyentes” aquellos que acrediten al menos tres meses de inscripción activa ante ARCA antes de solicitar su alta en Rentas Misiones.

Estos sujetos podrán acceder a las simplificaciones previstas por el nuevo régimen durante sus primeros meses de actividad. En cambio, quienes no acrediten esa antigüedad mínima deberán seguir tributando bajo el régimen tradicional de anticipos previsto en las Resoluciones Generales 056/2007 y 044/2021.

Regularización para quienes no estén inscriptos

Otro cambio relevante alcanza a las empresas o transportistas detectados en los puestos de control sin inscripción en Ingresos Brutos.

Hasta ahora, esa situación podía derivar en mayores complicaciones administrativas. Con la nueva normativa, se concede un plazo de diez días corridos para regularizar la inscripción y cumplir con las obligaciones formales.

Si el contribuyente cumple dentro de ese período será incorporado como nuevo contribuyente y podrá acceder posteriormente a los beneficios del régimen simplificado.

El rol del Formulario SR-341

La resolución crea además el Formulario SR-341 Informativo.

Este documento deberá generarse previamente al ingreso a la provincia y tendrá exclusivamente carácter informativo. 

Será utilizado principalmente por:

  • Contribuyentes excluidos del pago a cuenta.
  • Nuevos contribuyentes comprendidos en el régimen especial.

El formulario permitirá acreditar la operación comercial y la documentación respaldatoria ante los agentes fiscales en ruta sin necesidad de realizar el pago anticipado correspondiente.

La ATM también aclaró la situación de quienes ya cuentan con certificados particulares de exclusión, quienes mantendrán plena vigencia hasta su fecha de vencimiento.

Una vez expirados, se evaluará automáticamente la situación fiscal del contribuyente y lo incorporará al nuevo sistema de categorización. Mientras se realiza esa evaluación, continuará aplicándose el régimen general vigente.

Menos burocracia, más segmentación

La reforma no elimina los controles fiscales ni los pagos a cuenta de manera generalizada. Lo que introduce es un cambio conceptual importante: el foco deja de estar exclusivamente en cada operación individual para pasar a una evaluación permanente del perfil tributario de cada empresa.

La estrategia busca premiar el cumplimiento fiscal, reducir costos operativos y agilizar la logística comercial en una provincia donde los puestos de control constituyen una herramienta clave de fiscalización y recaudación. Desde julio comenzará una etapa de transición que podría anticipar una transformación más profunda en los mecanismos de percepción y control de Ingresos Brutos en Misiones.

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La industria advierte por la pérdida de empleo y reclama cambios para aprovechar el “Súper RIGI”

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La Unión Industrial Argentina (UIA) llevó al Congreso una fuerte advertencia sobre el presente de la actividad manufacturera argentina. Durante una exposición ante la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, la entidad empresaria describió un escenario de caída de la producción, pérdida de empleo formal y creciente presión sobre la competitividad, al tiempo que reclamó una batería de reformas para evitar un mayor deterioro del entramado productivo.

La presentación pasó relativamente desapercibida por la agenda política de los últimos días, dominada por el escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la expectativa previa al Mundial de Fútbol. Sin embargo, el diagnóstico planteado por la principal entidad fabril del país fue contundente.

Según datos elaborados por el Centro de Estudios de la UIA (CEU), la actividad industrial se ubicó en marzo un 12% por debajo de los niveles registrados en junio de 2022. El comportamiento sectorial muestra una marcada heterogeneidad: mientras algunos segmentos vinculados a la molienda de granos, la refinación de petróleo, la industria farmacéutica, la fabricación de motocicletas y ciertos rubros alimenticios lograron sostenerse, gran parte de la estructura industrial continúa en retroceso.

Entre los sectores más afectados aparecen la siderurgia, la petroquímica, caucho y plástico, bebidas, textiles, confecciones, calzado, electrónica y maquinaria industrial. También se observa una caída significativa en la demanda de materiales para la producción.

Más de 75.000 empleos industriales menos

Uno de los puntos centrales de la exposición estuvo vinculado al empleo. De acuerdo con la UIA, entre agosto de 2023 y febrero de 2026 se perdieron 240.980 puestos de trabajo asalariados en el sector privado. La industria manufacturera figura entre los sectores más golpeados, junto con la construcción, acumulando una destrucción de 75.399 empleos formales.

“La caída de la actividad tiene su correlato en el empleo formal. Vemos una caída sostenida”, señaló Laura Bermúdez, directora ejecutiva de la UIA, durante su exposición ante los legisladores.

La dirigente remarcó además que las cifras corresponden exclusivamente al empleo directo, por lo que no contemplan el impacto indirecto sobre proveedores, servicios asociados, logística, comercialización ni actividades inducidas por la producción industrial.

El avance de las importaciones y el costo argentino

Otro de los ejes planteados por la entidad fue el crecimiento de las importaciones destinadas al consumo. Según los datos presentados, estas aumentaron 17% desde abril de 2025 hasta marzo de 2026, mientras que las vinculadas a la producción registraron una caída del 14%.

Para la UIA, esta dinámica refleja una creciente preocupación por la competitividad de los sectores transables, especialmente en un contexto donde persisten elevados costos internos.

La entidad volvió a poner el foco sobre el denominado “costo argentino”, una problemática histórica que incluye presión tributaria, costos energéticos, dificultades de financiamiento, infraestructura insuficiente y elevados costos logísticos.

Exportaciones industriales estancadas

La preocupación también alcanza al frente externo. Los técnicos de la UIA señalaron que las exportaciones industriales muestran un estancamiento de más de una década.

Las cantidades exportadas durante el primer trimestre de 2026 se ubicaron 24% por debajo de los niveles observados entre 2011 y 2013, lo que evidencia la pérdida de participación de la industria argentina en los mercados internacionales.

Frente a este escenario, la entidad reclamó una estrategia orientada a mejorar la competitividad y fortalecer las capacidades exportadoras.

El debate por el “Súper RIGI”

Uno de los puntos más relevantes de la exposición estuvo vinculado al proyecto de ley denominado “Súper RIGI”, impulsado por el Gobierno nacional para atraer inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores tecnológicos y estratégicos.

La iniciativa contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios incluso más amplios que los establecidos por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) actualmente vigente.

Entre los sectores alcanzados aparecen la inteligencia artificial, los centros de datos de gran escala, la industria de semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital estratégica.

La UIA respaldó el objetivo de atraer inversiones, pero advirtió que el esquema debe garantizar una participación efectiva de la industria nacional.

Según la entidad, la experiencia del RIGI mostró limitaciones importantes. Sostiene que gran parte de las inversiones comprometidas pudo cumplirse mediante gastos en obras y servicios, sin generar necesariamente demanda de bienes industriales de origen local. Además, cuestionó la existencia de mecanismos que permiten reemplazar compras a proveedores nacionales por importaciones.

Por ello, propuso que el nuevo régimen incorpore un porcentaje mínimo obligatorio del 20% destinado a bienes con valor agregado local, junto con mecanismos de ampliación gradual del contenido nacional y reglas claras para asegurar condiciones de competencia razonables para los proveedores argentinos.

Reforma tributaria y alivio para las pymes

La UIA también presentó una serie de propuestas tributarias orientadas a mejorar la competitividad.

Entre ellas figuran la posibilidad de computar hasta el 95% de las contribuciones patronales como crédito fiscal para IVA y Ganancias en sectores intensivos en empleo; una alícuota única del 25% en el impuesto a las ganancias alineada con estándares internacionales; la utilización plena del impuesto al cheque como pago a cuenta de IVA y Ganancias para las pymes; y la eliminación progresiva de los derechos de exportación que aún afectan a sectores industriales y economías regionales.

Asimismo, reclamó un aumento de los reintegros a las exportaciones para productos industriales, alimentos, bebidas y producciones regionales.

Capacidad instalada: la industria sigue sin despegar

Los últimos datos muestran una leve mejora en la utilización de la capacidad instalada, que alcanzó el 59,9%, frente al 58,6% registrado un año atrás. Sin embargo, el nivel continúa lejos de los parámetros considerados saludables para una expansión sostenida de la actividad.

Para Diego Coatz, director ejecutivo de la consultora Industria y Desarrollo (I+D), la industria atraviesa una dinámica compleja.

“La actividad industrial es un serrucho con tendencia clara hacia la baja. Hay un efecto sándwich: precios y demanda a la baja, costos al alza. Crece la presión sobre la rentabilidad”, sostuvo.

La situación también se refleja en la industria metalúrgica. La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) informó que el sector siderúrgico registró en abril una caída interanual del 5,1% y acumula un retroceso del 6% en lo que va del año. El uso de la capacidad instalada se ubica apenas en 39,8%, uno de los niveles más bajos de los últimos años.

Mientras tanto, los datos oficiales del Indec muestran que la industria volvió a caer en abril, con una baja mensual del 2,1% y una contracción interanual del 2,8%, confirmando que el sector aún no encuentra una senda sostenida de recuperación.

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Cavallo reclamó un rumbo económico más claro, cuestionó los beneficios del RIGI y pidió eliminar impuestos distorsivos

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El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a fijar posición sobre el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei con una serie de definiciones que combinan respaldo a los objetivos macroeconómicos con fuertes cuestionamientos a la estrategia política y tributaria de la administración nacional. Durante una entrevista en el programa de streaming Economía de Quincho, el exfuncionario sostuvo que el programa económico necesita ser “más entendible” para generar previsibilidad, criticó los beneficios diferenciales que contempla el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y propuso avanzar en una reforma impositiva que elimine gravámenes considerados distorsivos.

Cavallo planteó que uno de los principales desafíos del Gobierno no pasa únicamente por la consistencia técnica del programa económico, sino también por la forma en que comunica sus objetivos y construye confianza entre los agentes económicos. Según explicó, la actual conducción genera incertidumbre porque resulta difícil comprender la lógica de algunas decisiones de corto plazo, situación que, a su juicio, debilita la previsibilidad necesaria para consolidar inversiones.

El exministro recordó además sus diferencias con el presidente Javier Milei durante 2024, cuando advirtió sobre los riesgos de sostener un tipo de cambio apreciado sin una adecuada acumulación de reservas internacionales. Según relató, aquellas observaciones provocaron un distanciamiento con el mandatario. No obstante, insistió en que el programa económico debería complementarse con una conducción política “más defendible” y comprensible para reducir los niveles de incertidumbre.

Uno de los ejes centrales de sus críticas estuvo dirigido al RIGI, el esquema diseñado para atraer grandes inversiones mediante beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios. Para Cavallo, el régimen introduce privilegios sectoriales que contradicen el principio de igualdad de condiciones para toda la economía.

En ese sentido, sostuvo que los incentivos extraordinarios otorgados a grandes proyectos deberían extenderse progresivamente al conjunto del aparato productivo. Reveló incluso que trasladó esa inquietud al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien —según su relato— le respondió que el propio Milei considera que esos beneficios deberían generalizarse en el plazo de dos años.

Desde su perspectiva, la competitividad no debe construirse mediante regímenes especiales sino a través de reglas permanentes y homogéneas que permitan invertir bajo las mismas condiciones, independientemente del tamaño de cada empresa o del sector al que pertenezca.

En materia fiscal, Cavallo sostuvo que el principal objetivo del Gobierno debería ser eliminar gradualmente los impuestos que encarecen la producción y reducen la competitividad de las exportaciones. Afirmó que, mientras se mantenga el control sobre el gasto público, una eventual reducción transitoria de la recaudación no pondría en riesgo el equilibrio fiscal.

Entre las reformas prioritarias ubicó la eliminación progresiva de las retenciones agropecuarias, a las que calificó como una “aberración”, y propuso reemplazar gravámenes distorsivos por tributos más neutrales como el IVA, el Impuesto a las Ganancias y los impuestos inmobiliarios.

También cuestionó la carga tributaria que soporta la producción industrial a través de impuestos acumulativos como Ingresos Brutos y reclamó un esquema más amplio de reintegros para los exportadores. Respecto del impuesto al cheque, propuso transformarlo íntegramente en un pago a cuenta del IVA para reducir su impacto sobre los costos de las empresas formalizadas.

Otro de los puntos sobre los que hizo foco fue la fuerte reducción de la inversión pública en infraestructura. Cavallo consideró que la paralización de obras estratégicas representa un factor que deteriora la competitividad del país al incrementar los costos logísticos y de transporte.

En ese contexto defendió un esquema mixto de financiamiento basado en concesiones privadas, iniciativas público-privadas y el apoyo de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A su entender, abandonar la inversión en infraestructura termina afectando directamente la productividad del sistema económico.

Durante la entrevista también analizó el escenario político y advirtió sobre la fragilidad institucional de las reformas económicas cuando dependen exclusivamente del resultado electoral. Señaló que un eventual cambio de signo político podría modificar nuevamente las reglas de juego, generando incertidumbre para inversores locales y extranjeros.

Por ello propuso construir acuerdos de largo plazo con gobernadores y distintos sectores políticos para consolidar reformas tributarias, laborales y regulatorias que trasciendan a una administración específica y otorguen mayor estabilidad al marco económico argentino.

Finalmente, Cavallo ratificó uno de los principios que ha sostenido desde la década de 1990: rechazó la utilización de devaluaciones como herramienta para mejorar la competitividad. Argumentó que la depreciación del tipo de cambio termina trasladándose rápidamente a los precios internos, anulando cualquier ventaja exportadora y deteriorando el poder adquisitivo de la población.

En su visión, la verdadera competitividad debe construirse mediante una combinación de menor presión tributaria, reducción del riesgo país, reglas estables para la inversión y una infraestructura eficiente que reduzca los costos logísticos. Bajo esa lógica, insistió en que la consolidación del programa económico dependerá tanto de su consistencia técnica como de la capacidad política para generar confianza y previsibilidad en el largo plazo.

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