REPRESAS

Organizan la Cumbre de Pueblos Misioneros

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La Coordinadora Provincial de Trabajadoras/es en Lucha (CPTyTL) realizó una asamblea en la localidad de Puerto Azara, el 14 de marzo, Día Internacional de Lucha Contra las Represas y Día Nacional de las Escuelas de Frontera, en ese pueblo fronterizo que bordea la costa del río Uruguay, y mojón emblemático de esa lucha, por ser uno de los que de construirse la represa de Garabí, quedará bajo agua.
Los trabajadores y trabajadoras debatieron sobre política y organización como instrumentos básicos para esta construcción de poder popular de la Coordinadora, que tiene como objetivo confluir en un espacio de lucha y reivindicaciones para impulsar un modelo político, económico, social y cultural equitativo y profundo y solidariamente humano.
Participaron de la reunión, el secretario político de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y del Evita Misiones, Martín Sereno; los secretarios generales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Misiones, César Fariña, y de la Seccional Zona Sur, María Alvez; el referente de Barrios de Pie, Marcelo Jara.
Por la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Graciela De Melo y Lorena Ferreira; por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) Eduardo “Zapa” García; Oscar Viera Duarte y Angel Olivera del Movimiento Territorial de Liberación (MTL), Nicolás Acosta y del Movimiento de Participación Estudiantil (MPE), Leonardo Acosta.
Hacia una Cumbre de los Pueblos de Misiones
La Coordinadora debatió entre otros temas la posibilidad de hacer un Congreso de Trabajadores y Trabajadoras, una especie de Cumbre de los Pueblos de Misiones, en algún lugar del centro de la provincia en el mes de mayo de este año.
La idea es discutir y plasmar en un documento los ejes de un programa de lo que “buscamos como sociedad y como pueblo generando un hecho político”, manifestaron.
Los dirigentes coincidieron en apuntalar y fortalecer a las cooperativas y a las organizaciones sociales, apuntando que el 30% de toda la obra pública genere empleo para ellas, porque “a diferencia de los que algunos creen, los militantes populares no son vagos planeros que solo pelean por una caja de mercaderías, o por útiles escolares. Lo que no se dice es que esos compañeros están haciendo el trabajo de limpieza, barrido, de pintura y construcción de escuelas, centros comunitarios , organizan merenderos, comedores comunitarios; cocinan, confeccionan guardapolvos, uniformes escolares, almohadones, trabajan en carpinterías, huertas, cientos de tareas que quieren seguir haciendo, pero también buscan soberanía alimentaria. Nosotros en el gremio estamos tratando de dar el debate”, señaló el titular de ATE Misiones.
Todas las organizaciones presentes en la asamblea, consideraron que de ese Congreso debe salir el nuevo paradigma de la lucha social.
“Las organizaciones tenemos las mismas luchas”
“Cada una de nuestras luchas dentro de esta Coordinadora, a pesar de que parezcan ser diferentes son similares, de una u otra manera luchamos por las mismas cosas, y aún estando en las ciudades donde hay grandes zonas de pobreza, las organizaciones sociales tenemos la misma pelea contra la drogadicción, el alcoholismo, contra un montón de cosas que generalmente lo hablamos en los encuentros de mujeres como sucedió el 8 de marzo, porque somos las mujeres las que llevamos la peor de las batallas: pelear contra el hambre de nuestros hijos, contra la droga, la prostitución y en todos los lugares pasa lo mismo, también en Azara”, dijo María Alvez, secretaria general de la Seccional Zona Sur de ATE, al abrir la asamblea, y dar la bienvenida como anfitriona local, a sus compañeros de la Coordinadora.
En la asamblea también estuvieron el secretario de Interior y miembro del Consejo Nacional de ATE, Gustavo Quintero; el secretario general de la CTA Apóstoles, Horacio Dumanski; el secretario de Organización, Ismael Benítez y la vocal de ATE Misiones, Gloria “Noli” Villordo, entre otros.
Azara quedaría bajo agua
María Alvez, una de las propulsoras de la Biblioteca Popular de Puero Azara, que se inauguró ese mismo día, recordó que Azara es uno de los que está dentro de los nueve pueblos en vías de extinción en Misiones. “Necesitan destruir completamente esto para que las grandes trasnacionales puedan hacer lo que quieran, por ejemplo la represa, con la que Azara quedaría cuatro metros bajo agua.
En la parte más alta que es mi casa tendría la cota 90, si se hiciera Garabí. Y esa lucha es muy difícil para nosotros, nos tocó perder familias, perder la escuela para nuestros hijos, e inclusive la relación de comunidad entre vecinos”.
Con dolor afirmó que ya destruyeron gran parte del pueblo, “y nos costó muchísimo salir adelante. Lo pudimos hacer por el trabajo de las distintas organizaciones que junto con ATE, sostuvieron nuestra lucha, marcharon con nosotros, hicieron la consulta popular, y hoy con alegría vemos que esas familias que se habían ido en su momento, empiezan a entender y a volver para decir acá estamos para conservar esto que queda”, señaló la dirigente con lágrimas en los ojos.
Agradeció a sus compañeros la oportunidad de luchar “con ustedes, de ser parte de este colectivo que es la Coordinadora, a la que siento como la oportunidad de abrir un espacio dentro de cada organización, porque solo en unidad podremos lograr revertir la realidad de los sectores más vulnerables”, manifestó.
Cooperativas, salud y soberanía alimentaria
El secretario político de la CTEP, Martín Sereno, señaló que trabaja y milita en el espacio de la Coordinadora con la convicción de construir un modelo distinto de provincia. “Los que quieran venir que se sumen, y los que se fueron, quizás recapaciten y vuelvan. Acá no hay rencores con nadie que quiera luchar”.
Como parte del debate explicó algunos de sus proyectos como legislador, como por ejemplo el de Resguardo Cooperativo presentado a fines del 2016, porque “ya veíamos venir lo que iba a pasar con las cooperativas. Dentro de los temas que estamos analizando en esta asamblea, con respecto a la salud por ejemplo, tenemos un proyecto para zonas desfavorables, siguiendo el índice de la OMS acerca de que haya un médico cada tantos habitantes. Creemos que en los municipios donde el índice sea de la mitad de lo que marca la OMS, debe haber un estímulo económico para que el profesional médico se radique, que viva en el pueblo hasta que se llegue al índice”, remarcó.
Producir lo que se consume
Sereno expresó que también desde el Bloque de Diputados del PAyS plantearon un proyecto de soberanía alimentaria local, en el que solicitan hacer un estudio en cada pueblo para conocer qué se consume, bajar en esos lugares proyectos productivos con todas las necesidades, con los insumos y el seguimiento técnico.
“Producir en las chacras de los alrededores del pueblo, los alimentos que consume esa comunidad, y así se le garantiza a la gente de la zona rural que lo que produce se puede vender; porque eso suele ser lo más difícil para los productores, y además garantizar al pueblo que consumirá alimentos frescos, y no tiene que comprar pollos de Entre Ríos por ejemplo”, señaló.
Tierras de manera cooperativa y con servicios
Sobre el tema de la tierra, el referente de la CTEP resaltó que si se discute el paradigma de la tierra, ésta debería ser de manera cooperativa, porque “no se puede entregar tierras para que alguien después las venda, y empiece el pase de mano en mano.
En cambio si se hace la entrega en forma cooperativa, el que quiere ir se va; pero la tierra queda para otra familia que la necesita. Por supuesto que tiene que ser con servicios básicos, agua, luz, salud, educación, conectividad y con proyectos productivos sostenidos”.
Sereno puso como ejemplo la lucha que tuvieron en La Colorada y Puente Alto, “donde cortamos la ruta 45 días, logramos la entrega de la tierra para los productores; pero a los dos años la mitad de la gente se fue porque no tenían caminos, ni luz, ni escuela, ni centro de salud.
Es decir les dieron las hectáreas, pero que no podían producir, y lo que poco que producían no lo podían sacar para vender. Entonces, las tierras tienen que ser entregadas con servicios y con proyectos productivos, para que por lo menos sirva para que las familias el primer año generen su propio alimento, y después avancen en otros proyectos que les permitan tener un ingreso extra además del excedente de lo que producen. En este proyecto estamos trabajando con nuestro equipo en la Legislatura”, aseguró.
La salud y educación debe ser derechos garantizados
Mientras que el secretario general de ATE Misiones, César Fariña, destacó que la salud y la educación son derechos que deben estar garantizados. En ese sentido, hay que discutir la matrícula porque “si ponemos matrícula, estamos diciendo que si no hay cierta cantidad de chicos, el costo de que haya un maestro o un profesor es demasiado alto para que pocos puedan seguir estudiando, y así le estamos negando derechos a algunas familias por una cuestión económica. Es decir que establecer una matrícula es ponerle precio a la educación”, sostuvo.
Consideró que esos son los cambios de paradigma que la Coordinadora debe empezar a repensar. “La salud y la educación son derechos, entre otros como el acceso a la tierra, y ahí coincido con Martín (Sereno). A nosotros nos pasó en San Pedro, donde hubo una larga lucha, un proceso de regularización de la tierra, y le dieron a las familias lotes con títulos de propiedad; pero les quitaban todos los otros derechos.
Entonces muchos terminaron vendiendo, y actualmente hay tres grandes terratenientes que fueron comprando, y hoy gozan del título de propiedad de tierras por las que peleó la clase obrera. Por eso coincido que dar la tierra de manera cooperativa es un camino que debemos debatir con el concepto de que quien tenga intereses comerciales sobre la tierra no puede estar ahí, y debe estar el que posea un interés de lograr su autonomía”, enfatizó el sindicalista estatal.

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Por qué necesitamos las grandes hidroeléctricas

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Ahogado por el desmadre socio económico y geopolítico, en el que nos embretaron nuevamente los neoliberales, y en el cual día a día nos empantanan más profundamente, y en forma acelerada; en ese contexto quedó a un lado el interminable debate por las hidroeléctricas en Misiones y la región.
Sintéticamente, los furibundos antirrepresas, por lo general muy poco ilustrados en la temática energética, y fuertemente influenciados por el ecologismo cavernario, omiten o desconocen un puñado de datos esenciales y contundentes.
 Antes que existieran las hidroeléctricas de Urugua-Í y Yacyretá, Misiones dependía totalmente de la generación termoeléctrica, quemando ingentes y crecientes cantidades de petróleo, transportado por camiones desde San Lorenzo (cerca de Rosario, Santa Fe), en un viaje de 2.000 km. de ida y vuelta, lo cual encarecía los de por si elevados costos de los combustibles en más del 30 %.
 Esa operatoria era ruinosa en lo económico y en lo ambiental, con el único gran beneficiario, que era el transportista casi monopolista de ese servicio, cuya empresa creció exponencialmente en esos años.
 La empresa transportista del combustible que quemaba EMSA en ingentes volúmenes (al punto que por algún motivo ignoto o no, sus vehículos fueron llamados “los camioncitos voladores”), ese mismo grupo empresario compró un diario local, que pronto pasó a ser el de mayor difusión provincial, el cual a su vez asumió una línea editorial marcadamente opositora a la generación hidroeléctrica, con cuyo tono excluyentemente monocorde machacó a la opinión pública de Misiones y del cercano Corrientes.
 Ese mismo diario fue el ariete y vocero principal de los promotores de las “energías renovables sesgadas” (son sesgadas, pues promueven a todas las renovables, excepto las hidroeléctricas, las cuales también son renovables, pero hasta por una amañada ley nacional, la “Ley Guinle” fueron excluidas de esa clasificación).
 Los voceros de las “renovables sesgadas” (eólicas, solares, de biomasa y otras), siempre omiten cuidadosa y amañadamente explicar que además de muy costosas por KWh, nunca son “neutras” ambientalmente, y por insalvables limitaciones técnicas no sirven como usinas de base de ningún sistema eléctrico, por sus oscilaciones en el voltaje, por su imprevisibilidad, por sus bajísimos volúmenes por unidad de generación y otras limitantes técnicas.
 Los economistas liberales, y mucho más los acentuados neoliberales, como los que hoy (des)manejan la economía argentina, siempre atacaron a la generación hidroeléctrica, y privilegiaron a la generación termoeléctrica (la que quema petróleo y gas); y mucho más ahora que el Ministerio de Energía está manejado por un personero de la holando-británica Shell; con todos los negocios dudosamente justificables y pisoteos de soberanía consecuentes que todo eso implica.
 Las muy promocionadas “renovables” que están instalándose en cantidades masivas (pero que solo representan un porcentaje ínfimo de la generación total), implican una serie de prebendarias ventajas para los grupos inversores que están inmersos en el “festín de renovables”, con tarifas dolarizadas e indexadas, con privilegios excluyentes para vender sin importar el precio (un salvavidas de plomo para la economía argentina) y otra serie de ventajas leoninas, en contra del Estado argentino y de los consumidores locales de energía eléctrica.
 Las petroleras transnacionales son “compañeras de ruta” de las renovables, habida cuenta que las eólicas, solares y similares, necesitan los respaldos de usinas termoeléctricas como reservas en caliente (funcionando) para tapar los continuos baches y falencias de generación de las que adolecen aquellas. Esto no lo cuentan ni los ultra ecologistas ni los promotores a ultranza de las “renovables sesgadas”. Tampoco lo saben los opinantes desinformados ni los necios crónicos asumidos como opinólogos.
 De no comenzarse pronto las construcciones de las hidroeléctricas de Garabí, Panambí y Corpus; o alternativamente de Itatí – Itacurubí, en pocos años padeceremos falta de Potencia Instalada en el NEA, lo cual de no preverse adecuadamente, nos hará caer nuevamente en la dependencia del petróleo y el gas como fuentes de generación eléctrica, con todos los problemas económicos y ambientales consecuentes
Pero como se expresó antes, en el medio del desmadre generalizado provocado por el neoliberalismo rampante actual, los crecientes problemas de coyuntura y la profundización de serias deficiencias estructurales, tapan hoy por completo este tema.

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Funcionario de Aranguren: “Ni la represa de Garabí ni la de Corpus están previstas hasta el 2025″

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El ingeniero Jorge Marcolini fue el jueves el enviado de Juan José Aranguren, ministro de Energía, en el histórico anuncio del lanzamiento de la licitación de Aña Cuá que se realizó en la hostería de Yacyretá.

Marcolini es el subsecretario de Recursos Hídricos y bien podría ser apodado el “Sr Represa”, ya que estuvo vinculado a casi todos los proyectos hidroeléctricos del país como experto privado (Salto Grande, Garabí y Panambí; Potrerillos; Cóndor Cliff -hoy Pte. Kirchner- y Gob. Cepernik, entre otros). En diciembre de 2015 se sumó al ministerio de Aranguren.

Marcolini acompañó a Humberto Schiavoni en el acto (bastante sencillo para la trascendencia del anuncio) y prácticamente no habló. Pero después fue abordado por los periodistas que le preguntaron por Garabí o Panambí.

“Hasta el 2025 no está previsto otra cosa que lo que vemos acá para el Uruguay y el Paraná”, dijo Marcolini, al ser consultado sobre los proyectos de Corpus o Garabí-Panambí.

-¿Qué quiere decir que hasta el 2025 no hay nada previsto?, preguntó Economis.

-Son los planes que tiene el Estado, lo ha establecido la Secretaría de Planeamiento Energético, han hecho escenarios y dentro de esos escenarios y dentro de la hidroelectricidad está previsto Aña Cuá y represas del sur y Chihuido, dijo Marcolini.

El funcionario se mostró bastante cauto y reconoció que “el tema es muy sensible en Misiones”.

Recordó que para el proyecto de Itatí Itacorá “se están haciendo estudios ambientales, antes de empezar a hacer proyectos de ingeniería y en función de eso ver que se puede hacer y que no se puede hacer”.

Al ser consultado sobre el estatus de los estudios de pre-factibilidad de Garabí y Panambí, que habían comenzado pero se discontinuaron, el funcionario dijo que “Garabí tendría que terminar, hay un contrato previsto para terminar con el estudio de factibilidad”.

En tanto, “Panambí quedó paralizado de alguna manera por una acción de la Justicia brasileña y lo que se busca es llevar adelante los estudios correspondientes para establecer si Garabí tiene factibilidad”.

“Lo que es importante es que es un activo del país, conocer los recursos que tiene, implica no hacer las obras sino establecer qué se puede hacer y qué no”, señaló.

El subsecretario dijo sobre el NEA que “tiene un gran potencial hidroeléctrico, habrá que decidir si corresponde o no corresponde y bajo qué condiciones”.

Sin embargo, también deslizó que de alguna manera la Argentina va a tener que resolver de qué forma genera más energía.

“Se necesita como fuente de desarrollo, ahora hoy en día, los acondicionadores que tiene todo el país instalados, consumen el equivalente a 2 Yacyretás”, explicó, elocuente.

Schiavoni también bajó las expectativas

Antes, durante la presentación, ante la consulta de si Aña Cuá es el proyecto que de alguna forma reemplazará a Garabí-Panambí, Schiavoni bajó las expectativas sobre la reactivación de ese y otros proyectos.

“Quiero recordar que en la provincia de Misiones existe un plebiscito vinculante que inhibe por ejemplo, la posibilidad de construir la represa de Corpus, hasta que eso pueda revertirse, está absolutamente vedada su construcción, además existe una ley que también establece limitaciones sobre otras zonas”, dijo Schiavoni.

Schiavoni también recordó que los estudios de pre-factibilidad que se deben completar sobre la represa de Garabí se realizarán “en territorio correntino”.

 

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Concluirá en dos meses la revisión de todas las centrales hidroeléctricas concesionadas por el Estado

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El Ministerio de Energía y Minería prevé concluir dentro de los próximos dos meses el diagnóstico sobre 22 aprovechamientos hidroeléctricos concesionados por el Estado nacional, a fin de preparar las decisiones técnicas y económicas que permitan delinear su sustentabilidad a mediano y largo plazo.

“El objetivo de la revisión es conocer el estado de situación de cada aprovechamiento hidroeléctrico en operación”, explicaron a Télam funcionarios la cartera de Energía y Minería, al confirmar que en dos meses se concluirá el diagnóstico de las 22 centrales hidroeléctricas. Con ello, añadieron, se podrán “hacer los estudios y realizar, o solicitar sobre esta base, las tareas necesarias a los efectos de mantenerlos en valor, para que puedan seguir brindando su disponibilidad”.

El ministro Juan José Aranguren encargó la tarea al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, quien también preside la empresa estatal Ebisa, la misma que realizó el Estudio de Impacto Ambiental de las proyectadas represas santacruceñas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. El Programa de Monitoreo y Evaluación de Centrales Hidroeléctricas se concentra en 22 centrales de las 82 actualmente en operación en el país.

Sobre el total de 82 centrales hidroeléctricas operativas en el país, hay 26 que aún no están interconectadas al SADI (Sistema Argentino de Interconexión) y de las 56 que sí lo están dos son binacionales (Yacyretá y Salto Grande), mientras otras 32 pertenecen a Estados provinciales o a empresas privadas.

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Aranguren rechazó una denuncia de Pino Solanas, en el debate sobre las represas de Santa Cruz

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El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, rechazó los términos de una denuncia penal contra el subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, a quien el senador Fernando Solanas acusó de “negociaciones incompatibles con la función pública” en la evaluación del impacto ambiental de las represas Krichner y Cepernic que se proyecta construir sobre el río Santa Cruz.

Al exponer en la audiencia pública que se lleva a cabo en el Senado para evaluar el impacto de esas represas, Aranguren afirmó que el “estudio expeditivo” hecho en 2006 por la empresa Iatasa, en la que trabajó Marcolini, “no era un estudio ambiental, sino un catálogo de proyectos realizados entre los años ’60 y ’80”.

Aclaró: “no tuvimos la posibilidad” de ver la denuncia (de Solanas) “porque no la hemos recibido”, pero aclaró que Iatasa “no hizo ningún estudio de impacto ambiental” e insistió en que el relevamiento efectuado en 2006 “se hizo en 60 días y no se puede considerar un estudio”, como afirmó la denuncia de Solanas.

Resaltó que el estudio de impacto ambiental que se trata en esta audiencia “es el primero de esta magnitud que se realiza en el país” conforme a la normativa legal, y a partir de ahora “todo proyecto hidroeléctrico tiene la obligación de hacer este análisis”.
“El estudio insumió casi 40 mil horas de trabajo, ocupa 9 carpetas con más de 4 mil páginas, 65 planos específicos y estudios temáticos realizados por expertos en la materia”, destacó Aranguren, quien apuntó que el proyecto anterior tenía “características débiles desde los puntos de vista ejecutivo y ambiental”.

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