Retenciones

Ingresos Brutos: Misiones eleva a $1.800 millones el piso para ser agente de retención y percepción

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La Agencia Tributaria Misiones actualizó el Régimen de Retención y Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y elevó a $1.800 millones anuales el umbral de facturación a partir del cual las empresas quedan obligadas a actuar como agentes, una modificación clave que reduce el universo alcanzado y apunta a mejorar la competitividad del sector privado. La medida fue formalizada mediante la Resolución General Nº 04-DGR, dictada el 28 de enero de 2026 en Posadas.

El nuevo umbral se enmarca en el paquete de medidas de alivio tributaria que puso sobre la mesa el gobernador Hugo Passalacqua. La norma modifica la histórica Resolución General Nº 003/93 y redefine tanto los topes de facturación como los montos mínimos no sujetos a retención o percepción, además de incorporar un esquema diferencial para contribuyentes con fuerte peso de ventas a consumidores finales.

Con la nueva redacción del artículo 2°, deberán actuar como Agentes de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos los contribuyentes de alto interés fiscal y aquellos cuya facturación bruta anual -incluyendo actividades gravadas, exentas o no gravadas, y sin importar la jurisdicción- supere los $1.800 millones (hasta el año pasado, el piso era de 1.300 millones). La obligación alcanza a toda adquisición de bienes o servicios, incluidos contratos de compraventa, permuta o dación en pago, salvo que la operación esté alcanzada por otro régimen específico.

En paralelo, el artículo 12° establece idéntico umbral para actuar como Agentes de Percepción, aplicable a ventas de cosas muebles (excluidos bienes de uso), locaciones y prestaciones gravadas, siempre que exista vinculación territorial con la provincia de Misiones por destino del bien, lugar de prestación o domicilio fiscal.

Otro cambio relevante es la actualización del monto mínimo no sujeto: no corresponderá practicar retenciones ni percepciones cuando el importe sea inferior a $14.000. También quedan excluidas operaciones con entidades financieras, seguros y reaseguros, y pagos a prestadoras de servicios públicos como telefonía, electricidad o agua.

La alícuota de percepción se mantiene en 3,31% sobre el precio neto de la operación, pero se excluyen expresamente las operaciones con consumidores finales.

La resolución incorpora además un tope diferencial para empresas que, aun superando los $1.800 millones, acrediten que el 85% o más de su facturación anual corresponde a consumidores finales, o que desarrollan actividades exentas o no gravadas. En esos casos, la obligación de actuar como agentes recién se activa al superar los $2.500 millones de facturación anual, previa presentación de documentación respaldatoria y certificación contable.

Impacto real en las empresas

Empresarios y asesores tributarios consultados por Economis coincidieron en que la actualización tiene un impacto concreto en la carga operativa de las empresas. 

Alejandro Haene recordó que hasta ahora el umbral era de $1.300 millones y explicó que la suba a $1.800 millones “significa que menos empresas quedarán obligadas a actuar como agentes de percepción o retención, dependiendo de cómo se hayan movido sus ventas, porque ese es el número clave para saber si una empresa entra o sale del régimen”. Además, subrayó un punto técnico central: “Esos $1.800 millones se toman a valores históricos, no se ajustan mes a mes por inflación. Si consideramos que la inflación anual fue del 31,8%, la actualización del tope, cercana al 38%, está por encima de la inflación, lo cual es positivo”. 

En la misma línea, tributaristas destacaron que la suba del monto mínimo no sujeto de $10.000 a $14.000, un incremento cercano al 40%, reduce la cantidad de operaciones de bajo monto alcanzadas por el régimen.

La resolución entrará en vigencia una vez ratificada por el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos y será aplicable desde el anticipo de febrero de 2026.

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ARCA publicó las tablas de Ganancias 2026, qué cambia en las retenciones y quiénes reciben devolución

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó las deducciones personales y la escala del Impuesto a las Ganancias aplicables a empleados en relación de dependencia para el primer semestre de 2026. La actualización, ya disponible en el sitio oficial del organismo, tiene impacto inmediato en las retenciones mensuales y habilita la devolución de importes retenidos en exceso, ya que rige con carácter retroactivo al 1° de enero.

La medida resulta clave tanto para trabajadores alcanzados por el tributo como para empleadores, que deberán recalcular las liquidaciones ya efectuadas en caso de haber aplicado las tablas correspondientes al período anterior. El esquema define nuevos mínimos no imponibles, deducciones por cargas de familia y una escala progresiva con alícuotas que van del 5% al 35%, según el nivel de ganancia neta imponible acumulada.

Nuevas deducciones personales: los montos vigentes a diciembre de 2026

Según las tablas publicadas por ARCA, los conceptos deducibles del Impuesto a las Ganancias para personas humanas alcanzadas por la cuarta categoría presentan los siguientes valores anuales:

  • Ganancias no imponibles (artículo 30, inciso a): $5.151.802,50
  • Cargas de familia (artículo 30, inciso b):
    • Cónyuge: $4.851.964,66
    • Hijo: $2.446.863,48
    • Hijo incapacitado para el trabajo: $4.893.726,96
  • Deducción especial (artículo 30, inciso c):
    • Apartado 1: $18.031.308,76
    • Apartado 1 – “nuevos profesionales/emprendedores”: $20.607.210,01
    • Apartado 2: $24.728.652,02

Además, se mantiene la deducción especial equivalente a la doceava parte del total de deducciones de los incisos a), b) y c) apartado 2, que se computa según la situación particular de cada contribuyente.

Estos valores determinan el piso a partir del cual los ingresos quedan alcanzados por el impuesto y resultan determinantes para reducir la base imponible mensual de los trabajadores en relación de dependencia.

Escala progresiva: cómo se calcula el impuesto en el primer semestre de 2026

La tabla de alícuotas publicada por ARCA establece tramos acumulados de ganancia neta imponible, con montos fijos a ingresar y porcentajes crecientes sobre el excedente. El esquema es el siguiente:

  • Hasta $2.000.030,09: 0%
  • Más de $2.000.030,09 y hasta $4.000.060,17: 5% sobre el excedente
  • Más de $4.000.060,17 y hasta $6.000.090,26: 9%
  • Más de $6.000.090,26 y hasta $9.000.135,40: 12%
  • Más de $9.000.135,40 y hasta $18.000.270,80: 15%
  • Más de $18.000.270,80 y hasta $27.000.406,20: 19%
  • Más de $27.000.406,20 y hasta $40.500.609,30: 23%
  • Más de $40.500.609,30 y hasta $60.750.913,96: 27%
  • Más de $60.750.913,96: 35%

Este esquema define una progresividad más clara del impuesto y permite estimar con mayor precisión el impacto del tributo sobre el ingreso disponible de los asalariados.

Aplicación retroactiva y devolución de retenciones

El tributarista Sebastián Domínguez explicó que la publicación de las tablas habilita de inmediato su aplicación por parte de los empleadores. “De esta forma, los empleadores ya pueden actualizar sus sistemas y empezar a aplicar las retenciones a los empleados considerando las tablas del primer semestre 2026”, señaló.

Domínguez remarcó además que la normativa tiene efecto retroactivo al 1° de enero, por lo que “si los empleadores ya pagaron remuneraciones aplicando la tabla del año pasado, tienen que hacer el recálculo en el próximo pago de sueldos y devolver lo retenido de más”.

En la práctica, el especialista advirtió que muchas empresas demoran la actualización de sus sistemas de liquidación. “Es muy probable que si alguna empresa paga en estos días, siga aplicando tablas anteriores y lo solucione en el próximo pago”, indicó. No obstante, aclaró que algunas firmas optan por recalcular de inmediato y devolver exclusivamente la retención de Ganancias, beneficiando de forma directa al trabajador.

Impacto para trabajadores y empresas

La actualización de las escalas de Ganancias tiene un doble efecto. Por un lado, alivia la carga tributaria efectiva sobre los salarios, especialmente en un contexto de ajustes nominales de ingresos. Por otro, genera una obligación administrativa adicional para los empleadores, que deben recalcular retenciones y efectuar devoluciones cuando corresponda.

Desde el punto de vista fiscal, la medida ordena el esquema de retenciones del primer semestre de 2026 y reduce contingencias futuras por ajustes mal aplicados. Para los asalariados alcanzados, en cambio, puede traducirse en mejoras puntuales en el ingreso de bolsillo durante los próximos meses, producto de las devoluciones retroactivas

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El Gobierno prorrogó hasta marzo de 2026 el arancel cero para exportaciones de aluminio y acero

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El Poder Ejecutivo nacional extendió hasta el 31 de marzo de 2026 la alícuota del 0% del Derecho de Exportación para determinadas mercaderías de aluminio y acero destinadas a países que aplican aranceles de importación iguales o superiores al 45%. La medida, formalizada mediante el Decreto 930/2025 y publicada en el Boletín Oficial el 31 de diciembre, busca sostener la competitividad externa de sectores industriales estratégicos en un contexto internacional marcado por barreras comerciales y prácticas proteccionistas.

La decisión modifica el plazo originalmente fijado por el Decreto 726/2025, que establecía el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2025. Con esta prórroga, el régimen especial continuará vigente por tres meses adicionales, mientras persistan las condiciones que afectan el acceso de los productos argentinos de aluminio y acero a determinados mercados internacionales.

Un alivio fiscal para sectores industriales estratégicos

El Decreto 726/2025 había dispuesto fijar en cero por ciento (0%) la alícuota del Derecho de Exportación para ciertas mercaderías vinculadas a los sectores de aluminio y acero, siempre que se exporten a países que, al momento de la operación, apliquen a esos bienes un arancel de importación ad valorem igual o superior al 45%.

Según los considerandos del nuevo decreto, la República Argentina cuenta con capacidades productivas relevantes en ambos sectores, que cumplen un rol estratégico dentro de la estructura industrial nacional por su aporte al volumen exportador, el empleo y el valor agregado. En ese marco, el mantenimiento del arancel cero aparece como una herramienta para amortiguar el impacto de restricciones externas que encarecen el ingreso de estos productos a ciertos destinos.

La prórroga alcanza a las operaciones que se realicen hasta el 31 de marzo de 2026, o hasta que se formalice una reducción del arancel de importación aplicado por los países de destino, lo que ocurra primero, manteniendo intactas las condiciones ya establecidas por la normativa original.

Proteccionismo externo y competitividad exportadora

En los fundamentos del Decreto 930/2025, el Gobierno advierte que en los últimos años diversos países han incrementado significativamente los aranceles de importación sobre productos de aluminio y acero, configurando una forma de proteccionismo que restringe el comercio internacional y afecta de manera directa la competitividad de las exportaciones argentinas.

Ante la persistencia de este escenario, el Ejecutivo consideró necesario prorrogar la vigencia del régimen excepcional para mitigar los efectos adversos sobre el sector exportador. La medida se apoya en las facultades conferidas por el artículo 755 del Código Aduanero (Ley 22.415) y por los artículos 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional, que habilitan al Poder Ejecutivo a fijar y modificar derechos de exportación.

Asimismo, el decreto dispone dar intervención a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, conforme a lo establecido por la Ley 26.122, que regula el control parlamentario de los decretos dictados en ejercicio de facultades delegadas.

Impacto económico y posibles repercusiones

La extensión del arancel cero representa un alivio fiscal directo para las empresas exportadoras de aluminio y acero, al reducir el costo tributario de las operaciones dirigidas a mercados con altos niveles de protección. En términos económicos, la medida apunta a preservar márgenes de rentabilidad, sostener flujos de exportación y evitar una pérdida de competitividad frente a proveedores de otros países.

Desde el plano institucional, la decisión refuerza el uso de instrumentos aduaneros y tributarios como respuesta a distorsiones del comercio internacional, mientras se mantiene el seguimiento legislativo a través del Congreso. De persistir las barreras externas, el esquema podría seguir siendo una referencia clave en la política comercial argentina hacia sectores industriales considerados estratégicos.

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Presupuesto 2026: el IDAA advierte que la meta de retenciones sería casi imposible de cumplir

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Mientras el Presupuesto 2026 transita su etapa final de debate en el Congreso Nacional, un análisis privado encendió señales de alerta sobre la factibilidad de cumplir las metas fiscales proyectadas, en particular la vinculada a la recaudación por derechos de exportación (DEx). Desde el Instituto para el Desarrollo Agroindustrial Argentino (IDAA) advirtieron que el cálculo oficial “no cierra” y que, bajo las condiciones actuales, el objetivo planteado resultaría prácticamente inalcanzable.

El foco del cuestionamiento está puesto en la proyección elaborada por el Ministerio de Economía, que estima que la recaudación por retenciones alcanzará los $9,97 billones en 2026, un crecimiento interanual del 22,8% respecto del monto previsto para 2025, calculado en $8,12 billones. El dato adquiere relevancia central si se considera que el sector agroindustrial aporta cerca del 80% de esos ingresos, lo que convierte a la política aplicada sobre el comercio exterior en un factor determinante para el equilibrio fiscal proyectado.

Un punto de partida cuestionado y una brecha fiscal creciente

El análisis del IDAA, elaborado por el ingeniero agrónomo Javier Patiño, sostuvo que el problema central radica en el punto de partida utilizado para la proyección, al considerar que la meta de recaudación de 2025 no se alcanzaría como consecuencia de la eliminación temporal de las retenciones y de la reciente reducción de las alícuotas de los DEx.

Según detalló el informe, entre enero y noviembre la recaudación por derechos de exportación alcanzó los $6,87 billones, mostrando una tendencia declinante luego del último esquema de Dólar Soja de septiembre. En ese período, se registraron 19 millones de toneladas de granos y subproductos con retenciones cero, lo que impactó de manera directa en los ingresos fiscales.

Bajo ese escenario, Patiño estimó que la recaudación final de 2025 cerraría en torno a los $7,17 billones, muy por debajo de los $8,12 billones tomados como base por el Gobierno. En consecuencia, alcanzar los $9,97 billones en 2026 implicaría un incremento cercano al 39% interanual, una cifra sensiblemente superior a la proyectada oficialmente.

Retenciones cero, baja de alícuotas y el impacto en el complejo soja

El informe también subrayó un aspecto clave del proceso legislativo: el Presupuesto fue girado al Congreso el 15 de septiembre, es decir, antes de la implementación de las retenciones cero y de la posterior reducción de las alícuotas. Esa rebaja alcanzó los dos puntos porcentuales para la soja y sus subproductos, así como para trigo, cebada y sorgo, y un punto para el maíz y el complejo girasol.

En este contexto, Patiño advirtió que “alcanzar la meta se torna más difícil o casi imposible”, especialmente en el caso del complejo soja, que constituye el principal aportante a la recaudación por retenciones debido a su elevada carga tributaria histórica.

Como ejemplo concreto, señaló que durante los dos días de vigencia de las retenciones cero se registraron exportaciones para embarcar en 2026 que implicaron US$340 millones menos para el fisco, equivalentes a $462.000 millones al tipo de cambio vigente en ese momento. Ese monto, remarcó, debería descontarse directamente de la recaudación proyectada para el próximo ejercicio.

A ello se suma el efecto estructural de la baja de alícuotas. Partiendo de una proyección de cosecha de soja de 48,5 millones de toneladas, estimada por el USDA, y descontando el consumo interno y las exportaciones ya registradas, quedarían 37,7 millones de toneladas disponibles para exportar como poroto o como subproductos industriales.

En términos fiscales, Patiño calculó que los dos puntos menos de DEx representan, a grandes rasgos, US$310 millones menos de recaudación, equivalentes a $446.000 millones. De este modo, advirtió que solo considerando la soja anotada durante las retenciones cero más la baja de alícuotas, el Estado estaría resignando cerca de un billón de pesos, sin computar lo dejado de percibir por el resto de los complejos exportadores.

Escenarios posibles y tensiones en el debate presupuestario

Frente a este panorama, desde el IDAA plantearon que las alternativas para compensar la pérdida de ingresos son limitadas. Según el análisis, solo dos escenarios podrían revertir parcialmente el desfasaje: una suba significativa de los precios internacionales de los commodities, considerada “muy improbable”, o una fuerte devaluación que mejore los números fiscales medidos en moneda local.

La advertencia introduce un elemento de tensión técnica y política en el tratamiento del Presupuesto 2026, al poner en discusión la consistencia de las proyecciones fiscales en un contexto de cambios en la política tributaria sobre el agro. Para el sector agroindustrial, principal aportante de los DEx, el debate también reabre interrogantes sobre la sustentabilidad de los ingresos del Estado y el impacto de las decisiones fiscales en la competitividad exportadora.

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Informe fiscal CEPA: el ajuste del gasto sostiene el superávit, pero crece el déficit financiero implícito

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El Sector Público Nacional (SPN) cerró noviembre de 2025 con superávit fiscal y financiero, en un contexto marcado por una fuerte contracción real del gasto público y una caída significativa de los ingresos. Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el resultado primario fue positivo en $2,13 billones y el financiero alcanzó los $0,60 billones, tras el pago de $1,53 billones en intereses de deuda. El dato confirma la consolidación del ajuste iniciado en 2024, aunque también expone un déficit financiero implícito creciente, asociado a la capitalización de intereses de la deuda en pesos.

En términos prácticos, el superávit se explica casi exclusivamente por el recorte del gasto, que compensó la caída de la recaudación, y permitió al Gobierno ubicarse por encima de las metas fiscales comprometidas con el FMI. Sin embargo, el informe advierte que, al incorporar los intereses capitalizados de títulos como LECAP, BONCAP y DUALES, el resultado financiero mensual se tornaría deficitario y el rojo acumulado del año alcanzaría niveles sustanciales.

Ajuste fiscal: superávit primario con fuerte contracción del gasto

Durante noviembre, los ingresos totales del SPN sumaron $11,40 billones, con una caída interanual real del 9,7% y del 16,0% respecto del mismo mes de 2023. En paralelo, el gasto total fue de $9,27 billones, lo que implicó una reducción real del 14,2% interanual y una contracción del 35,2% frente a noviembre de 2023, confirmando la profundización del ajuste fiscal.

El informe de CEPA subraya que, de no haberse aplicado recortes significativos en partidas sensibles, el resultado financiero habría sido negativo. En particular, si los rubros “Otros programas”, Prestaciones del INSSJP y Universidades Nacionales hubieran mantenido en noviembre el mismo nivel de ejecución que en 2024, el gasto adicional habría ascendido a $1,34 billones, transformando el superávit financiero de $0,60 billones en un déficit de $0,74 billones.

Dentro del gasto, las Prestaciones Sociales cayeron 10,6% interanual y 19,8% frente a 2023. Se destacan recortes en Asignaciones Familiares (-17,5%), INSSJP (-44,6%), Pensiones no contributivas (-16,8%) y, especialmente, en “Otros programas” (-79,8% respecto de 2023), donde se incluyen políticas como Tarjeta Alimentar, comedores comunitarios, ex Potenciar Trabajo, Acompañar y Becas Progresar.

Las Jubilaciones y pensiones contributivas mostraron una suba interanual del 5,5%, aunque en el acumulado de 2025 registran una caída real del 6,3% frente a 2023. En tanto, las Universidades Nacionales exhibieron un desplome del 95,5% interanual y del 96,7% respecto de noviembre de 2023, en un esquema de postergación de transferencias que ya se había observado en junio de este año, tras la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario.

Ingresos en caída y efectos de las medidas tributarias

La contracción de los ingresos estuvo atravesada por cambios normativos y efectos de base de comparación. El informe detalla una caída del 67,7% interanual en Bienes Personales, explicada por el impacto del REIBP, vigente desde septiembre de 2024, y por la prórroga de pagos aplicada el año pasado. También se registró una baja del 7,7% interanual en el impuesto a las Ganancias.

El rubro “Resto de tributos” retrocedió 42,5% interanual, debido a la eliminación del Impuesto PAIS, descontinuado a fines de 2024. CEPA estima que, de haberse mantenido vigente, este tributo habría aportado $8,73 billones reales en los primeros once meses de 2025.

En comercio exterior, los Derechos de Exportación se desplomaron 67,2% interanual, como resultado de liquidaciones anticipadas y de medidas transitorias como el Decreto 682/2025, que redujo temporalmente las retenciones a 0% para diversos productos. El informe advierte que es previsible que en los próximos meses continúen las caídas en este tributo. En contraste, los Derechos de Importación crecieron 8,0% interanual, en línea con un aumento de las importaciones.

Déficit financiero implícito y metas con el FMI

Aunque el resultado financiero de noviembre fue positivo, CEPA remarca que el Tesoro continúa priorizando la emisión de títulos capitalizables en pesos, lo que difiere el registro de intereses. Solo en noviembre, los intereses capitalizados en LECAP, BONCAP y DUALES ascendieron a $2,65 billones. Si se incorporan estos compromisos, el resultado financiero del mes se transforma en un déficit de $2,05 billones y el déficit acumulado de 2025 alcanza los $21,22 billones.

Pese a este escenario, en términos de metas fiscales con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno se mantiene holgado. Tras la revisión de agosto de 2025, el objetivo de superávit primario para diciembre quedó fijado en $10,88 billones. Hasta noviembre, el SPN acumuló un resultado positivo de $14,65 billones, es decir, $3,76 billones por encima de la meta.

El informe concluye que el programa fiscal muestra consistencia en el corto plazo gracias al ajuste del gasto, pero plantea interrogantes sobre su sostenibilidad, en un contexto de caída de ingresos, recortes profundos en áreas sociales y educativas, y un endeudamiento en pesos que esconde un déficit financiero de magnitud creciente.

Informe fiscal Noviembre 2025 by CristianMilciades

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