Retenciones

Crean Fondo Estabilizador del Trigo y fijan nuevo esquema de retenciones para derivados de soja

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El Poder Ejecutivo Nacional oficializó hoy la creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, con el objetivo de estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos, a través del decreto 132 publicado hoy en el Boletín Oficial.

Asimismo, con la publicación del decreto 131/22 modificó el actual esquema de retenciones de los productos derivados de la soja, como lo son el aceite y la harina, a partir de la quita del diferencial entre los productos industrializados y los sin procesar dentro del complejo sojero.

De esta manera, estos subproductos pasarán de tributar 31% al 33% en concepto de derechos de exportación, lo que implica una suba de dos puntos en la alícuota, hasta, por lo menos, el 31 de diciembre de este año.

La creación de este Fondo Estabilizador formó parte de los anuncios económicos formulados ayer por el presidente Alberto Fernández, a fin de reducir el impacto local de la fuerte suba del precio internacional del trigo como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, dos países que concentran casi el 29 por ciento de las exportaciones mundiales de este cereal.

“La nueva coyuntura internacional impone la toma de medidas urgentes que coadyuven a la estabilización de los precios internos de productos esenciales para la alimentación de los argentinos y las argentinas, así como mantener un volumen adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno, fomentando una mayor producción de estos bienes en la cadena que va desde el productor primario y la productora primaria hasta los consumidores y las consumidoras finales”, se destaca en los considerandos de la medida.

Por tal motivo, se propicia la creación de un Fondo Fiduciario Público “que tenga por objeto garantizar un patrimonio de afectación específica que contribuya a mitigar el alza del precio de la tonelada de trigo que requiere la cadena de molienda argentina, considerando los valores, anteriores al conflicto, de las mercaderías involucradas”.

Deberán excluirse del alcance de la presente medida “las 800.000 toneladas de harinas destinadas a la exportación previstas en el fideicomiso privado creado al efecto por la Resolución Conjunta 3 del 4 de marzo de 2022 del Ministerio de Desarrollo Productivo y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, como así también los productos del Programa de “Precios Cuidados” previstos en el fideicomiso de referencia”.

El Fondo Estabilizador del trigo Argentino estará compuesto por los recursos resultantes de la modificación temporal de los derechos de exportación previsto en el Decreto 131/22, cuyo objetivo será estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos.

Firman el presente decreto el presidente Alberto Fernández y todos los ministros que integran el Gabinete Nacional.

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El Gobierno cierra las exportaciones de aceite y harina de soja

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El Gobierno formalizó hoy el cierre de exportaciones de subproductos de soja dispuesto por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, y firmado por el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño.

A través de un comunicado oficial, y de acuerdo al artículo 18 de la resolución 128 de 2019 del Ministerio de Agricultura de la Nación, se decidió que desde hoy y “hasta nuevo aviso” la suspensión de la aprobación de solicitudes de Declaración Jurada de Operaciones de Exportación (DJE) de subproductos de soja, como la harina y el aceite. 

Argentina exporta un 52% del total de aceite de soja a nivel mundial y un 35% de la harina. En ambos productos es el principal país del mundo en ventas.

Siempre que hay rumores de una posible suba de retenciones, los productores se adelantan a registrar sus ventas al exterior, porque al hacerlo se congela el derecho a la exportación que esté vigente en ese momento y se protegen de un incremento. 

Los analistas anticipan que como estos productos no tienen impacto en los precios del mercado interno, al cerrar las exportaciones de aceite y harina de soja, el Gobierno busca aumentar las retenciones de ambos productos del 31% al 33% por razones fiscales. 

De esta manera se suprime el diferencial de derechos de exportación que hay entre el poroto de soja que paga 33% y los subproductos. De ahora en más todos pagarían 33% de retenciones.

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Domínguez acusó a la Sociedad Rural de pretender “generar un conflicto” por las retenciones

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El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, lo señaló en relación a la demanda por la inconstitucionalidad del cobro de retenciones en 2022 que entidades ruralistas presentaron ante la Justicia de Córdoba, a la que calificó de” hecho político”.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, consideró este martes que el amparo presentado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) para que cese el cobro de retenciones en 2022 configura “un hecho político” que pretende “generar un conflicto” en el cual el Gobierno no va a entrar.

Domínguez objetó la postura de la entidad ruralista y advirtió que, desde el punto de vista jurídico, “sigue vigente y prorrogado el Presupuesto de 2021” y “ninguna de sus facultades se ha alterado”, ya que con el decreto que extiende su validez “también se prorrogan todos los instrumentos recaudatorios”.

Pero más allá de la esfera legal, el titular de la cartera agropecuaria sostuvo que el reclamo de la SRA “es un hecho político”, con el que se pretende “generar un conflicto en el que no vamos a entrar”.

“Todavía no hemos salido de la crisis de la Covid-19 y tenemos muchos problemas como para generar nuevos”, señaló Domínguez esta mañana en declaraciones a Radio 10.

Asimismo, enfatizó que el presidente Alberto Fernández le ha pedido a sus colaboradores que sigan “con una estrategia de desarrollo y de diálogo con todos los sectores”.

En ese sentido, puso de relieve la invitación al presidente que le formularon los organizadores de Expoagro, cuya edición de 2022 en la localidad bonaerense de San Nicolás “va a ser la más importante de todos los tiempos”.

La presentación de la SRA

Este lunes, la SRA y la Sociedad Rural de Jesús María presentaron ante la Justicia de Córdoba una demanda por inconstitucionalidad del cobro de retenciones en 2022, por entender que las mismas, “al caer la ley de Emergencia y no aprobándose el Presupuesto, a partir del primero de enero deberían ser cero”.

“El 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar las alícuotas del tributo. La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por dos años de esa facultad, priva de sustento legal a los derechos de exportación exigidos con posterioridad a la fecha mencionada”, planteó la entidad presidida por Nicolás Pino.

La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, a la que hace mención la SRA y que venció el 31 de diciembre de 2021, establecía que, “en el marco de las facultades acordadas al Poder Ejecutivo nacional mediante los artículos 755 y concordantes de la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias, se podrán fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar en ningún caso el 33% del valor imponible o del precio oficial FOB”.

Así, la soja llegó a ese porcentaje, mientras que para maíz y trigo el tributo máximo se estableció en 15%, aunque hasta el momento el mismo no superó el 12%.

De hecho, el 15 de diciembre de 2021, a través del decreto 851/21, el Poder Ejecutivo publicó un decreto estableciendo la alícuota de estos productos para 2022.

Cabe mencionar que las retenciones o derechos de exportación de productos agropecuarios representaron en 2021 ingresos al Estado nacional por $ 963.117 millones, un 148,5% más que en 2020, y significaron el 8,75% de todos los ingresos tributarios.

Por su parte, el presidente de la entidad rural, Nicolás Pino, defendió la presentación en los tribunales cordobeses para que cese el cobro de retenciones, ya que consideran que “es una situación irregular que está viviendo el sector desde el 1 de enero de este año”.

“Hacia fines de este año la Ley de Emergencia caducó y dentro de la ley de presupuesto estaba la posibilidad de darle al Poder Ejecutivo una prórroga para poder trabajar sobre el tema retenciones dos años más, y esa ley no fue votada”, sostuvo Pino en diálogo con la AM 750.

Es por esto que desde la entidad entienden que “no habiendo Ley de Emergencia ni Ley de Presupuesto no se puede cobrar los derechos de exportación, porque todo tributo debe ser respaldado por una ley. Eso es lo que le venimos marcando desde principio de año no solo al Ejecutivo sino también al Legislativo”.

“Estamos pidiendo que se regularice una situación que nos es normal”, concluyó Pino.

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Récord de ingresos de divisas y de intervenciones al campo

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Una de cal y una de arena para el campo que vivió este 2021 un fuerte contraste entre récords de ingreso de divisas y fuertes intervenciones del Gobierno.

Para el campo este 2021 quedará registrado como un año de fuertes contrastes. Por un lado, se batieron récords de ingresos de divisas por las exportaciones agroindustriales, pero por otro, los mercados no fluyeron libres: la intervención por parte del Estado estuvo a la orden del día generando malestar en los productores y una sensación de un conflicto constante, que muchas veces obligó en medidas de fuerza.

El nivel de divisas ingresadas por exportaciones de granos y derivados fue tal que dio un vital respiro a las débiles cuentas del Estado y con una jugosa cantidad de dólares que, de todas maneras, solo pudieron calmar de manera momentánea las crónica escasez por la que atraviesa el país.

Según los datos, por la subas de los precios internacionales de los commodities agrícolas, los despachos de soja, maíz, trigo, girasol, sorgo, cebada y sus derivados industriales permitieron el ingreso de más de US$39.200 millones, cifra récord para estos complejos y que representó el 51% de las divisas totales ingresadas por las exportaciones de la economía argentina, según estimaciones de Fundación Mediterránea-IERAL.

Esto se explicó casi totalmente por los históricamente altos precios internacionales que se vieron durante este año en lo que respecta a los granos, con casos extremos con el de la soja que superó los US$600 por tonelada en mayo en el mercado de Chicago y que hoy se ubica en torno a US$500, ya que en lo productivo los volúmenes obtenidos se ubicaron cerca de lo cosechado durante la campaña 2019/20. El trigo y la soja, además, se vieron afectados por la falta de lluvias como consecuencia del fenómeno climático de La Niña.

Pero estuvo acompañado por las sucesivas intervenciones del mercado por p arte del Gobierno nacional… formales e informales.

El maíz, en particular, fue una de las cadenas que más monitoreó el Gobierno, inclusive, con cierre de las exportaciones, como sucedió a principios de año de la mano del ahora ex ministro de Agricultura, Luis Basterra.

El campo sufrió varias intervenciones por parte del Gobierno durante 2021. Luis Basterra, desplazado el 20 de septiembre de 2021 del cargo de Ministro de Agricultura, fue uno de los que dispuso duras medidas al maíz.

Tras esa iniciativa del Ejecutivo, que generó un cese de comercialización de granos por parte de las entidades agropecuarias integrantes de la Mesa de Enlace, sobrevinieron nuevas regulaciones, hasta que finalmente aparecieron los cupos de manera oficial, según la cartera agropecuaria, donde se establecen límites de toneladas para exportar a partir del saldo exportable que calcula el Gobierno.

En el caso del trigo, las entidades, entre ellas la Sociedad Rural Argentina (SRA) denunció a lo largo del año una intervención “informal”, donde algunos eslabones de la cadena acordaban con el Gobierno la dinámica exportadora, generando baja en los precios percibidos por los productores. Como ocurrió en el mercado de maíz, esta situación se formalizó hace algunas semanas estableciendo los “volúmenes de equilibrio”, e inclusive, la idea oficial de crear un fideicomiso para compensar a empresas molineras y avícolas y así mantener los precios de los productos. Ese dinero lo aportarían los exportadores, quienes lo descontarían de lo pagado al agricultor.

Todo ello trajo un fuerte desgaste de la relación entre el campo y el Gobierno, cuestión que parece que no mejorará de cara a 2022…

Cepo a la carne

Pero la intervención que más efectos adversos trajo fue el cepo exportador a la carne vacuna, que, aunque con menores limitaciones, todavía subsiste.

Fue el principal conflicto de 2021, que comenzó en mayo pasado con un cierre total de exportaciones decidido por el Gobierno en pos de bajar los precios de la carne al mostrador por un mes, lo que valió un nuevo cese de comercialización por parte del campo, pero esta vez de hacienda.

La intervención que más efectos adversos trajo, y que aún persiste en menores medidas, fue el cepo exportador a la carne vacuna.

Para el mes de junio se decidió establecer cupos que no superaran el 50% de lo exportado en el segundo semestre del año pasado, se prohibieron enviar al exterior siete cortes “populares” y ya, en las últimas semanas, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, prometió que a partir de 2022 se libere la exportación a excepción de los mencionado cortes.

Esta medida solo pudo contener durante cuatro meses el precio de la carne al consumidor, con una pequeña baja acumulada del 3%, que fue borrada de un plumazo por las subas de la hacienda en noviembre.

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El Gobierno fija retenciones de 0% para las exportaciones de productos orgánicos y agroindustriales

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El Gobierno fijó en 0% las retenciones a las exportaciones de productos ecológicos, biológicos y orgánicos, y sumó a la misma reducción arancelaria unos 200 agroindustriales, a través de los decretos 851/2021 y 852/2021 publicados hoy en el Boletín Oficial.

El primero de ellos estableció en 0% la alícuota del derecho de exportación para los productos que revistan la condición de ecológicos, biológicos u orgánicos, debidamente certificados y autorizados por el organismo competente.

Además, redujo en cinco puntos porcentuales la alícuota para los productos de carácter ecológico, biológico u orgánico sujetos a precios internacionales y con alícuotas más elevadas.

En este caso, la medida contempla al trigo y harina de trigo; maíz, poroto, harina, pellets y aceite de soja y margarinas con certificación orgánica.

El Gobierno destacó que “la producción orgánica implica la elaboración de alimentos diferenciados mediante la aplicación de técnicas y prácticas tendientes a la preservación del ambiente y la sustentabilidad de los sistemas productivos”.

Al respecto, señaló que “el citado modo de producir genera una mayor utilización de mano de obra respecto de la producción convencional, el restablecimiento de los suelos y una alternativa válida para un país que busca ampliar su oferta exportable de alimentos diferenciados”.

Asimismo, indicó que “la demanda de alimentos orgánicos representa un mercado con alto potencial de desarrollo a nivel nacional y se encuentra en crecimiento a nivel internacional”.

Por lo tanto, consideró que “resulta conveniente incentivar la producción y exportación de alimentos diferenciados por su modo de producir, acorde al criterio de fomentar mayor producción de alimentos con valor agregado”.

En el otro decreto, el Gobierno fijó a partir del 1 de enero de 2022 las alícuotas del Derecho de Exportación para determinadas posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur correspondientes al sector agroindustrial.

“Teniendo en cuenta la delicada situación macroeconómica actual, como también la necesidad de promover las exportaciones para un mayor crecimiento y desarrollo, al momento de elegir los productos a incluir en la presente medida, se consideraron aquellos productos agropecuarios de las economías regionales que implicaran un bajo o nulo impacto en los precios internos”, puntualizó el Poder Ejecutivo.

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