Retenciones

Idigoras: ” Argentina es el jugador número 1 del mundo en harina, en aceite y biodisel y el Gobierno castiga eso”

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Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y Centro de Exportación de Granos, participó de la mañana de Open 101.7, tras el anuncio del anuncio de Alberto Fernández respecto del cierre de registro de exportaciones de harina y aceite de soja, los dos primeros productos de exportación y principal fuente de divisas para Argentina, que no inciden de forma directa en la canasta básica ya que son 100% exportables y que, a nivel mundial, ranquean a la Argentina como abastecedor número uno.

Este tema comenzó hace una semana atrás, el cierre estaba vinculado también con la intención del Gobierno de subir retenciones a los productos industrializados de la soja. Buscamos distintas opciones, le propusimos al gabinete económico distintas alternativas” detalló el referente. Entre ellas, mencionó la demostración de que, en contexto de guerra, el Gobierno recaudará 1.330 millones de dólares más con las retenciones actuales sin subirlas y podría utilizar esos fondos o bien; la apertura de nuevos cupos de exportación de maíz y trigo, que hoy está cuotificado -para que el Gobierno que busca asegurar el abastecimiento interno, entonces cuotifica la exportación- y que eso implicaba también que los exportadores pagáramos anticipadamente 700 millones de dólares antes de realizar los embarques.

Todas las alternativas fueron descartadas, el Gobierno privilegió la necesidad de afrontar los próximos pagos de la importación de gas utilizando recursos del grano y por eso es que tomó esta medida pero también creó un Fondo de Estabilización del Trigo que busca tratar de asegurar el precio del pan pero no va sobre el panadero sino que los subsidios se entregarán a la molinería que representa únicamente el 20% del costo total del pan”.

Cabe destacar que los molineros habían presentado anteriormente un plan para evitar llegar al subsidio ya que el trigo representa únicamente entre el 10 y el 15% del precio final del pan. Idígoras considera que “el Gobierno está buscando un culpable de este proceso inflacionario que tenemos en Argentina y está enfocando en una industria de alimentos y sin embargo, nosotros recibimos las mismas consecuencias de la inflación que todos los argentinos que habitan el país y sinceramente no veo que esto vaya a darle una alternativa al precio del pan porque los distintos estudios, pero además reconocidos por el mismo panadero, como máximo representa el 15% del precio final porque el 80% restante es el costo del alquiler, salarios, logística, servicios públicos, etc. que está cargado en el precio que vende el minorista”. 

Para el referente con la nueva medida, el Gobierno subsidiará a otra industria, esa industria puede hacer un esfuerzo para no trasladar a precios, pero sin embargo al consumidor habrá una suba de precios. “Lo mismo ocurrió el año pasado y este año con la administración del Fideicomiso Aceitero, que fue el primer fideicomiso que el Gobierno obligó a constituir. Terminamos inyectando al mercado 22.500 millones de pesos de subsidio para el aceite de girasol y el aceite de mezcla. Sin embargo cuando uno ve los datos del INDEC, el precio en góndola o el precio minorista aumentó el 48% y a la industria no le dieron nada, es decir que efectivamente hay hoy una inflación que va por todos los sectores y que entonces hay que trabajarlo de una manera integral. La política monetaria, fiscal y crediticia”.

“No puede ser que hoy sacar un préstamo productivo para la industria alimenticia del país, la tasa sea del 78%. De qué manera recupera un empresario la capacidad de pagar un préstamo si le están controlando los precios y no se lo dejan subir?”.

Para Idigoras, el cierre de exportaciones y luego la suba de retenciones del 2% en el aceite y harina de soja para subsidiar el precio del pan, es una medida muy preocupante. “Primero porque es sacarle 400 millones de dólares a una industria que ya es la principal industria exportadora y que ya está haciendo un enorme esfuerzo para abastecer al mercado interno de manera subsidiada. El Gobierno considera siempre al agro como un tesoro, como un lugar de donde saca recursos fiscales, más que un lugar de generación de riqueza. Las provincias sabemos perfectamente la importancia del agro y la agroindustria. Podremos tener problemas con algunos cultivos, con el valor de los insumos que están subiendo, pero siempre generamos empleo, de carácter federal e inclusivo, buscamos el valor agregado. En este caso Argentina es el jugador número 1 del mundo en harina, en aceite y en biodisel. Y el gobierno castiga eso y privilegia exportar poroto de soja. Está primarizando las exportaciones, vamos a pasar de 1.600 dólares la tonelada de aceite a 620 dólares la tonelada de soja. Todos perdemos”.

“Aparte de eso, generarán un fondo que lo administrará el Estado. Vamos a ver cómo lo pagan, si lo compensan a la molinería y en qué tiempo lo hacen para que la molinería garantice que el panadero no va a subir los precios. Es muy difícil que eso vaya a funcionar porque el panadero tiene un aumento de todos los demás costos cotidianos”. 

Respecto de la amenaza frente a un próximo congelamiento de precios, Idigoras expresó que el Gobierno ya viene haciendo fiscalizaciones. “El precio está congelado hace un año y medio en presentaciones de 1,5 litros y 900 mililitros. Hay muchas otras fábricas que en vez de comprar el barril grande, compran el producto envasado a góndola y se lo llevan como insumo con lo cual claramente a nivel de consumo aumenta y hay faltantes en un nuvel posterior”. Según el referente, esto pasa porque se generan distorsiones al controlar precios en algunos sectores y en otros no. 

Para concluir, Idigoras especificó que la industria aceitera viene sufriendo hace algunos años un estancamiento. “La soja que solía ser el gran cultivo nacional ha caído. Estamos produciendo en el 2022 lo mismo que se producía 10 años atrás, mientras Brasil y Estados Unidos crecieron enormemente. Por otro lado, la industria tiene una capacidad ociosa del 50% es decir la mitad de cada fábrica que está sobre todo en el cordón de Santa Fé sobre el río Paraná, está apagada. Por otro lado, la bajante del río nos afecta a todos y sobre todo implica un enorme crecimiento del costo logístico. Cada barco que ingresa al río Paraná hoy vale 100% más de lo que valía en marzo del 2021. Son todos costos cotidianos que por supuesto el Gobierno no atiende. Estamos en una situación de precariedad general”. 

En cuanto a paritarias en el sector, detalló que el salario es elevado dentro de lo que es la agroindustria y que el salario inicial ronda en los 200 mil pesos, en adelante. “Uno de los reclamos el año pasado era que no querían tener retención del impuesto a las ganancias porque todo trabajador aceitero lo tiene y para nosotros es un principio fundamental: los trabajadores tienen que estar bien remunerados para que podamos seguir creciendo”

Por último, detalló que están dialogando con distintos referentes en el Congreso y contó que el bloque de Juntos por El Cambio quienes ya hicieron una presentación solicitando la nulidad del decreto, pero además “el Congreso tiene que sesionar la Comisión Bicameral que aprueba y valida los decretos que tiene 10 días hábiles. El problema es que desde hace un año está vacía porque el oficialismo no la quiere constituir, así que también la oposición está reclamando eso. El legislativo tiene que validar decretos sobre todo cuando el Gobierno no tiene facultades como es este caso”.

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Suspenden diferencial de 2% de derechos de exportación de harina y aceite de soja

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El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, anunció hoy que se estableció “la suspensión temporaria del diferencial de 2% de los derechos de exportación de harina y de aceite de soja del decreto 790/2020”, y que “esta suspensión de estos derechos de exportación harán que vuelvan al 33%, porcentaje que ya las empresas le descuentan al productor”, durante una conferencia de prensa en la cartera agropecuaria.

Asimismo, Domínguez informó que se instrumentarán las medidas necesarias “para estabilizar al precio del trigo a valores pre bélicos, mientras duren las consecuencias del aumento a causa de esta guerra” entre Rusia y Ucrania.

En una conferencia de prensa realizada en la sede del Ministerio de Agricultura, el ministro Domínguez explicó que se busca “desacoplar” el precio interno de los precios internacionales con dos objetivos: “uno, tratar de cuidar a los consumidores; segundo, que esta medida no perjudique a los productores argentinos”.

En este sentido, Domínguez remarcó que estas medidas se toman para “defender a los consumidores” ,y añadió que “de ninguna manera perjudique a productores argentinos”.

El Presidente Alberto Fernández “ha decidido la creación del Fondo Estabilizador Temporal del trigo argentino” ante “la propuesta que le hemos presentado”, afirmó el funcionario, y explicó que la suba del precio internacional de este cereal por la guerra entre Rusia y Ucrania “se trasladó al precio del pan”.

De esta manera, Domínguez explicó que “la medida establece la suspensión temporaria del diferencial de 2% de los derechos de exportación de harina y de aceite de soja del decreto 790/2020. Estos derechos de exportación harán que vuelvan al 33%, porcentaje que ya las empresas le descuentan al productor”.

En este marco, Domínguez anunció que con el propósito de “captar los precios internacionales de esta coyuntura histórica”, se decidió “abrir los registros de exportación de la cosecha 22-23 por un total de 8 millones de toneladas de trigo, que se suman a las 2 millones de toneladas ya autorizadas”.

“Con esta decisión pretendemos lograr el objetivo de darle previsibilidad a los productores para la próxima siembra de trigo y lograr un nuevo récord de producción”, dijo el titular de la cartera agropecuaria.

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Crean Fondo Estabilizador del Trigo y fijan nuevo esquema de retenciones para derivados de soja

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El Poder Ejecutivo Nacional oficializó hoy la creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, con el objetivo de estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos, a través del decreto 132 publicado hoy en el Boletín Oficial.

Asimismo, con la publicación del decreto 131/22 modificó el actual esquema de retenciones de los productos derivados de la soja, como lo son el aceite y la harina, a partir de la quita del diferencial entre los productos industrializados y los sin procesar dentro del complejo sojero.

De esta manera, estos subproductos pasarán de tributar 31% al 33% en concepto de derechos de exportación, lo que implica una suba de dos puntos en la alícuota, hasta, por lo menos, el 31 de diciembre de este año.

La creación de este Fondo Estabilizador formó parte de los anuncios económicos formulados ayer por el presidente Alberto Fernández, a fin de reducir el impacto local de la fuerte suba del precio internacional del trigo como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, dos países que concentran casi el 29 por ciento de las exportaciones mundiales de este cereal.

“La nueva coyuntura internacional impone la toma de medidas urgentes que coadyuven a la estabilización de los precios internos de productos esenciales para la alimentación de los argentinos y las argentinas, así como mantener un volumen adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno, fomentando una mayor producción de estos bienes en la cadena que va desde el productor primario y la productora primaria hasta los consumidores y las consumidoras finales”, se destaca en los considerandos de la medida.

Por tal motivo, se propicia la creación de un Fondo Fiduciario Público “que tenga por objeto garantizar un patrimonio de afectación específica que contribuya a mitigar el alza del precio de la tonelada de trigo que requiere la cadena de molienda argentina, considerando los valores, anteriores al conflicto, de las mercaderías involucradas”.

Deberán excluirse del alcance de la presente medida “las 800.000 toneladas de harinas destinadas a la exportación previstas en el fideicomiso privado creado al efecto por la Resolución Conjunta 3 del 4 de marzo de 2022 del Ministerio de Desarrollo Productivo y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, como así también los productos del Programa de “Precios Cuidados” previstos en el fideicomiso de referencia”.

El Fondo Estabilizador del trigo Argentino estará compuesto por los recursos resultantes de la modificación temporal de los derechos de exportación previsto en el Decreto 131/22, cuyo objetivo será estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos.

Firman el presente decreto el presidente Alberto Fernández y todos los ministros que integran el Gabinete Nacional.

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El Gobierno cierra las exportaciones de aceite y harina de soja

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El Gobierno formalizó hoy el cierre de exportaciones de subproductos de soja dispuesto por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, y firmado por el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño.

A través de un comunicado oficial, y de acuerdo al artículo 18 de la resolución 128 de 2019 del Ministerio de Agricultura de la Nación, se decidió que desde hoy y “hasta nuevo aviso” la suspensión de la aprobación de solicitudes de Declaración Jurada de Operaciones de Exportación (DJE) de subproductos de soja, como la harina y el aceite. 

Argentina exporta un 52% del total de aceite de soja a nivel mundial y un 35% de la harina. En ambos productos es el principal país del mundo en ventas.

Siempre que hay rumores de una posible suba de retenciones, los productores se adelantan a registrar sus ventas al exterior, porque al hacerlo se congela el derecho a la exportación que esté vigente en ese momento y se protegen de un incremento. 

Los analistas anticipan que como estos productos no tienen impacto en los precios del mercado interno, al cerrar las exportaciones de aceite y harina de soja, el Gobierno busca aumentar las retenciones de ambos productos del 31% al 33% por razones fiscales. 

De esta manera se suprime el diferencial de derechos de exportación que hay entre el poroto de soja que paga 33% y los subproductos. De ahora en más todos pagarían 33% de retenciones.

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Domínguez acusó a la Sociedad Rural de pretender “generar un conflicto” por las retenciones

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El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, lo señaló en relación a la demanda por la inconstitucionalidad del cobro de retenciones en 2022 que entidades ruralistas presentaron ante la Justicia de Córdoba, a la que calificó de” hecho político”.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, consideró este martes que el amparo presentado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) para que cese el cobro de retenciones en 2022 configura “un hecho político” que pretende “generar un conflicto” en el cual el Gobierno no va a entrar.

Domínguez objetó la postura de la entidad ruralista y advirtió que, desde el punto de vista jurídico, “sigue vigente y prorrogado el Presupuesto de 2021” y “ninguna de sus facultades se ha alterado”, ya que con el decreto que extiende su validez “también se prorrogan todos los instrumentos recaudatorios”.

Pero más allá de la esfera legal, el titular de la cartera agropecuaria sostuvo que el reclamo de la SRA “es un hecho político”, con el que se pretende “generar un conflicto en el que no vamos a entrar”.

“Todavía no hemos salido de la crisis de la Covid-19 y tenemos muchos problemas como para generar nuevos”, señaló Domínguez esta mañana en declaraciones a Radio 10.

Asimismo, enfatizó que el presidente Alberto Fernández le ha pedido a sus colaboradores que sigan “con una estrategia de desarrollo y de diálogo con todos los sectores”.

En ese sentido, puso de relieve la invitación al presidente que le formularon los organizadores de Expoagro, cuya edición de 2022 en la localidad bonaerense de San Nicolás “va a ser la más importante de todos los tiempos”.

La presentación de la SRA

Este lunes, la SRA y la Sociedad Rural de Jesús María presentaron ante la Justicia de Córdoba una demanda por inconstitucionalidad del cobro de retenciones en 2022, por entender que las mismas, “al caer la ley de Emergencia y no aprobándose el Presupuesto, a partir del primero de enero deberían ser cero”.

“El 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar las alícuotas del tributo. La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por dos años de esa facultad, priva de sustento legal a los derechos de exportación exigidos con posterioridad a la fecha mencionada”, planteó la entidad presidida por Nicolás Pino.

La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, a la que hace mención la SRA y que venció el 31 de diciembre de 2021, establecía que, “en el marco de las facultades acordadas al Poder Ejecutivo nacional mediante los artículos 755 y concordantes de la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias, se podrán fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar en ningún caso el 33% del valor imponible o del precio oficial FOB”.

Así, la soja llegó a ese porcentaje, mientras que para maíz y trigo el tributo máximo se estableció en 15%, aunque hasta el momento el mismo no superó el 12%.

De hecho, el 15 de diciembre de 2021, a través del decreto 851/21, el Poder Ejecutivo publicó un decreto estableciendo la alícuota de estos productos para 2022.

Cabe mencionar que las retenciones o derechos de exportación de productos agropecuarios representaron en 2021 ingresos al Estado nacional por $ 963.117 millones, un 148,5% más que en 2020, y significaron el 8,75% de todos los ingresos tributarios.

Por su parte, el presidente de la entidad rural, Nicolás Pino, defendió la presentación en los tribunales cordobeses para que cese el cobro de retenciones, ya que consideran que “es una situación irregular que está viviendo el sector desde el 1 de enero de este año”.

“Hacia fines de este año la Ley de Emergencia caducó y dentro de la ley de presupuesto estaba la posibilidad de darle al Poder Ejecutivo una prórroga para poder trabajar sobre el tema retenciones dos años más, y esa ley no fue votada”, sostuvo Pino en diálogo con la AM 750.

Es por esto que desde la entidad entienden que “no habiendo Ley de Emergencia ni Ley de Presupuesto no se puede cobrar los derechos de exportación, porque todo tributo debe ser respaldado por una ley. Eso es lo que le venimos marcando desde principio de año no solo al Ejecutivo sino también al Legislativo”.

“Estamos pidiendo que se regularice una situación que nos es normal”, concluyó Pino.

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