RIGI

Con reformas y RIGI, Milei espera un repunte de las inversiones extranjeras en 2026

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El Gobierno nacional apuesta a que 2026 sea el año del despegue de las inversiones extranjeras en Argentina, luego de un 2025 marcado por la prudencia del capital internacional, pese al fuerte giro pro mercado que impulsó Javier Milei desde su llegada a la Casa Rosada.

Los números de la economía real todavía reflejan ese escepticismo. Entre enero y noviembre de 2025, la inversión directa de no residentes registró un flujo negativo de 1.800 millones de dólares, según el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central. El dato incluye tanto aportes de capital como repatriaciones de utilidades y desinversiones.

Si bien la salida de multinacionales fue menor que en años previos, el fenómeno continúa. En varios casos, sin embargo, ese retiro dio lugar a un reordenamiento del capital local, con operaciones relevantes como la compra de Petronas Argentina por Vista Energy, Telefónica Argentina por Telecom y Procter & Gamble por Newsan.

Para Juan Tripier, director de PwC Argentina, existe un cambio en el clima inversor desde la asunción de Milei, aunque advierte que la credibilidad no se construye de manera inmediata. La volatilidad política que generó el proceso electoral de 2025 actuó como freno, pero desde noviembre se observa una mejora en el ánimo de los inversores.

Tripier destaca dos señales positivas:

  • las inversiones de empresas nacionales en sectores estratégicos como el petróleo y el gas,
  • y la participación de multinacionales de peso en operaciones de fusiones y adquisiciones, como Rio Tinto y Tether.

De cara a 2026, el especialista considera que la estabilidad política, la normalización macroeconómica y las reformas que discute el Congreso pueden generar un entorno más favorable para la llegada de capitales externos, especialmente en energía, minería, infraestructura y tecnología.

“No habrá una lluvia de inversiones. Argentina todavía se está normalizando. El verdadero potencial lleva tiempo construirlo”, sintetiza.

El RIGI, la principal apuesta del Gobierno

El eje de la estrategia oficial es el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios y estabilidad regulatoria por treinta años para proyectos de gran escala.

Hasta el momento se aprobaron 10 proyectos por un total de 16.665 millones de dólares. Según los compromisos mínimos que fija la ley, el Gobierno estima que antes de finalizar el mandato de Milei ingresarán al país al menos 5.500 millones de dólares, aunque el monto podría ampliarse porque existen otros diez proyectos en evaluación.

Los proyectos ya avalados incluyen:

  • gas natural licuado y oleoductos,
  • energías renovables,
  • minería de cobre, oro y litio,
  • una planta siderúrgica y un puerto multipropósito.

Cuatro de esas inversiones están lideradas por grupos extranjeros, lo que marca un primer regreso del capital internacional a proyectos productivos de gran escala.

Fusiones y adquisiciones: el capital que sí está llegando

Mientras la inversión greenfield todavía espera, el mercado de fusiones y adquisiciones sí muestra movimiento. En 2025 se cerraron 75 operaciones vinculadas a activos argentinos por 13.700 millones de dólares, unos 2.500 millones más que en 2024, según Bloomberg.

Las principales fueron:

  • Rio Tinto, que pagó 6.600 millones de dólares por Arcadium Lithium,
  • Telecom, que adquirió Telefónica Argentina por 1.200 millones,
  • Vista Energy, que compró los activos de Petronas por 1.200 millones,
  • Adecoagro (controlada por Tether), que desembolsó 1.100 millones por Profertil,
  • y Prosus, que adquirió Despegar por 1.000 millones de dólares.

Estas operaciones muestran que el interés por activos argentinos existe, incluso en un contexto macro todavía en transición.

El flujo de inversiones en 2026 estará estrechamente ligado a la evolución de los precios internacionales de los commodities.

En petróleo, la expectativa es moderada. Según IOL Inversores, el Brent se movería alrededor de 55 dólares por barril, en un escenario de sobreoferta y altos inventarios, lo que podría limitar nuevas inversiones en Vaca Muerta.

En oro, la visión es neutral: una eventual distensión geopolítica podría reducir la demanda de activos de cobertura, aunque los precios récord ya impulsaron proyectos como Veladero y Gualcamayo.

En cobre, en cambio, el panorama es más favorable. La suba del metal llevó a Glencore a reactivar una mina en Argentina, impulsada por su rol estratégico en la transición energética y la infraestructura eléctrica.

El programa de venta de activos del Estado es otro vector de atracción de capital. La estadounidense ARC Energy compró IMPSA por 27 millones de dólares, junto con una reestructuración de deuda por 576 millones. Las concesiones de las represas del Comahue generaron 707 millones de dólares para el Estado nacional.

Además, el Gobierno avanzará con la venta del 50 por ciento de Citilec, controlante de Transener, valuado en 205 millones de dólares, abierto a oferentes locales e internacionales.

A esto se suman la concesión de la Vía Navegable Troncal, los ferrocarriles de carga, y la venta de participaciones en Nucleoeléctrica Argentina y AySA.

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El primer RIGI del oro ya es realidad: una mina de US$655 millones pone a San Juan en el mapa global

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El Gobierno de Javier Milei aprobó el ingreso del proyecto minero Gualcamayo al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), una iniciativa que prevé la construcción de una nueva planta de producción de oro con una inversión mínima de US$655 millones.

Gualcamayo pertenece a Minas Argentinas, controlada por Aisa Group, un holding de origen familiar con operaciones en Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá y Argentina, cuyo principal accionista es el empresario español Juan José Retamero. En diálogo exclusivo con Bloomberg Línea tras la aprobación, sostuvo:

“Es un hecho importante porque aporta seguridad jurídica y cambia completamente la esfera de nuestra empresa”.

Retamero adquirió la mina sanjuanina el 8 de septiembre de 2023, en un momento crítico: la compañía tenía un patrimonio negativo de US$200 millones, la mina estaba en proceso de cierre y el oro cotizaba a US$1.833 la onza. Dos años después, el escenario es radicalmente distinto: con el RIGI aprobado, la mina volvió a producir y hoy exhibe un patrimonio neto de US$243 millones (junio de 2025, según Fix Ratings), mientras el oro supera los US$4.400 por onza.

“El proyecto dio un giro completo. Argentina ha cambiado y hoy favorece mucho la inversión. Nosotros hemos hecho un hito histórico”, explicó Retamero, minutos después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara la aprobación.

La nueva mina, denominada Carbonatos Profundos, será subterránea y contará con una planta industrial POX, única en Sudamérica. El yacimiento posee 5 millones de onzas en recursos y 3,5 millones de onzas en reservas certificadas, con una capacidad proyectada de 120.000 onzas anuales durante 20 años.

La construcción comenzará a inicios de 2028 y la producción en 2030. La financiación provendrá de la operación actual de Gualcamayo, que procesa mineral remanente mediante lixiviación en pila y genera cerca de 45.000 onzas por año. Según Fix Ratings, esto implica ingresos anuales superiores a US$140 millones y márgenes EBITDA mayores al 70%.

La calificadora otorgó a Minas Argentinas una nota A+ con perspectiva estable, destacando su fuerte generación de caja y bajo endeudamiento: a junio de 2025, su deuda financiera era inferior a US$1 millón.

“No necesitamos salir a buscar financiamiento. El proyecto tiene autonomía financiera”, afirmó Retamero, aunque no descarta emitir deuda en el futuro como respaldo estratégico.

Empleo, energía y expansión

La construcción de Carbonatos Profundos demandará entre 1.000 y 1.500 empleos, y una vez operativa la mina contará con unos 600 puestos directos permanentes. El proyecto también incluye un parque solar para abastecimiento energético.

Se trata de la primera mina de oro aprobada bajo el RIGI y el segundo proyecto de este régimen en San Juan.

Retamero subrayó que, al tratarse de una empresa con un solo accionista, los flujos se destinarán a reinversión:

“No tenemos necesidad de distribuir dividendos. Eso nos permite pensar en crecer, explorar y participar en fusiones y adquisiciones”.

Además del negocio minero, Aisa Group opera una empresa pesquera en Chubut y desarrolla un parque solar en San Luis. El grupo ya evalúa presentar un nuevo proyecto bajo el RIGI, esta vez en energías renovables, posiblemente en 2026.

El oro fue uno de los activos más rentables de 2025, con una suba del 70%, y tocó máximos históricos. Para Retamero, el mercado está entrando en un nuevo ciclo alcista:

“Podemos estar ante un tercer gran ciclo de suba. Más allá de correcciones de corto plazo, el oro seguirá creciendo como reserva de valor”.

Entre enero y noviembre de 2025, el oro fue el principal mineral de exportación de Argentina, con ventas externas por US$3.700 millones, el 68% del total minero del país, que alcanzó un récord histórico de US$5.406 millones.

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El dólar mejora, pero no alcanza: la mirada industrial sobre las nuevas bandas del BCRA

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La decisión del Banco Central (BCRA) de actualizar las bandas cambiarias desde 2026 fue recibida con cautela por el sector industrial. Si bien los industriales reconocen que el nuevo esquema mejora respecto del régimen previo y evita una apreciación persistente del tipo de cambio real, advierten que el dólar, por sí solo, no alcanza para recomponer la competitividad sin una política productiva integral que atienda costos, tecnología y estructura sectorial.

A partir del 1° de enero de 2026, el BCRA ajustará mensualmente las bandas de flotación en función del último dato de inflación informado por el INDEC, con dos meses de rezago. En paralelo, pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas alineado con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios. El escenario base prevé elevar la base monetaria del 4,2% al 4,8% del PBI hacia diciembre de 2026, lo que podría abastecerse con compras de hasta u$s10.000 millones, extensibles a u$s17.000 millones si la demanda de dinero creciera un punto adicional del producto.

El nuevo esquema cambiario y sus límites para la industria

Desde la óptica industrial, la corrección del esquema de bandas representa un alivio parcial. Federico Poli, economista y director de la consultora Sistémica, sostuvo que el régimen anunciado “puede leerse como una mejora respecto del vigente” y que, “en el mejor de los casos, podrá evitar, con rezagos temporales, que la moneda local siga apreciándose”. En su análisis, la indexación permitiría recuperar competitividad en el largo plazo, aunque al ritmo de la inflación internacional.

Sin embargo, Poli advirtió que el anuncio también puede interpretarse como una oportunidad perdida. Señaló que no se avanzó hacia un esquema de flotación que permita corregir la apreciación acumulada del tipo de cambio y remarcó que el valor del dólar debería ser determinado por el mercado y no por decisiones administrativas. “Su determinación es extremadamente compleja y depende de múltiples factores difíciles de prever”, explicó.

En el plano macroeconómico, el economista destacó que la estabilidad de precios es una condición necesaria para el crecimiento y reconoció avances en materia de desregulación que “permitieron reducir costos a partir de una mayor competencia y desburocratización”. No obstante, subrayó que la producción enfrenta hoy un escenario “complejo”, en el que las necesidades del sector productivo quedaron relegadas frente a la urgencia de la estabilización macroeconómica.

Entre los factores que afectan la competitividad, Poli mencionó políticas de incentivo a las importaciones vinculadas a la aduana, como el relajamiento de normas de seguridad, sanitarias y fitosanitarias, la eliminación de precios de referencia y la menor presencia del sector privado. A ello se suma la quita del Impuesto PAIS, que redujo el tipo de cambio real de importación, y el mantenimiento de retenciones junto con la falta de devolución de impuestos como el IVA y los reintegros, que continúan “castigando” a las exportaciones industriales.

Estructura productiva, RIGI y el debate de fondo

El debate trasciende el nivel del dólar y se inserta en una discusión más amplia sobre el perfil productivo del país. Poli remarcó que la Argentina no puede sostenerse únicamente sobre sectores primarios como el agro, el petróleo, el gas o la minería. “Somos una economía de tamaño medio, con 46 millones de habitantes y un tejido productivo diverso”, afirmó, y sostuvo que la industria es clave para el empleo, la innovación tecnológica y la seguridad de abastecimiento.

En ese marco, consideró un “contrasentido histórico” debilitar la base industrial en un contexto global en el que China refuerza su estructura productiva y Estados Unidos “reconoce como un error haberla perdido en los años noventa”. Por eso, planteó la necesidad de un diálogo del Gobierno con las cadenas de valor para identificar problemáticas específicas y diseñar políticas activas de competitividad, especialmente frente a la aceleración de la digitalización y la inteligencia artificial.

Una mirada complementaria aportó Cristian Desideri, exministro de Producción de la provincia de Santa Fe, quien calificó al nuevo techo de la banda como “más razonable que el esquema anterior”, pero advirtió que confiar en el tipo de cambio como única herramienta es un error conocido. “Pensar que solo por la mejora del tipo de cambio aumentarás la competitividad industrial es una condición necesaria, pero no suficiente”, afirmó, y enumeró problemas estructurales de escala, déficits tecnológicos y logísticos en distintas cadenas de valor.

Desideri introdujo además el debate sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), previsto en la Ley Bases, como el instrumento elegido para la transformación de la estructura productiva. Trazó un paralelismo con el modelo peruano de los años noventa, impulsado para desarrollar el sector del cobre, que inicialmente fortaleció proveedores locales pero terminó derivando en un régimen con beneficios impositivos extendidos, baja demanda de empleo y escaso compromiso local.

Según su análisis, el RIGI argentino replica esa lógica, con un piso de inversión de u$s200 millones orientado principalmente a gas, energía no convencional y minería. “Se orientan a la especialización de eslabones cortos y no a la diversificación de productos de eslabones largos”, explicó, y advirtió que, sin valor agregado, la economía queda expuesta a las fluctuaciones de los precios internacionales. En ese contexto, afirmó no visualizar “un interés por lo industrial en su concepción integral”, sino “una ventanilla de ingreso de dólares de exportación”.

Actividad industrial, empleo y señales de alerta

Las advertencias del sector llegan en un momento de debilidad de la actividad. Según FIEL, la industria manufacturera cayó 6,1% interanual en noviembre, el peor registro en 16 meses, con fuertes bajas en químicos, plásticos y neumáticos. La industria automotriz mostró la contracción más profunda, afectada por la menor producción, la caída de ventas y el retroceso de exportaciones a Brasil. Aunque hubo una mejora desestacionalizada del 0,4%, el índice industrial acumula en 2025 una caída de 0,5%.

La metalurgia tampoco logra revertir la tendencia. En noviembre, la actividad cayó 4,2% interanual y la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 44,4%, uno de los niveles más bajos de la serie histórica, según ADIMRA. El impacto es más severo en las pymes, que cuentan con menor espalda financiera para atravesar el proceso. “Eso deriva en suspensiones, despidos y cierres de empresas”, advirtió Daniel Rosato. En la provincia de Buenos Aires, la utilización de la capacidad instalada promedió 58% entre enero y octubre, casi seis puntos por debajo del promedio de la última década.

En este escenario, desde la Confederación General Empresaria Argentina (CGERA), Marcelo Rodríguez coincidió en que un tipo de cambio más alto puede aportar competitividad, pero relativizó su efecto. “El dólar alto ayuda cuando está extremadamente alto, pero hoy no creo que sea el factor que frene importaciones”, afirmó. Además, advirtió que si la banda acompaña a la inflación, el impacto puede diluirse rápidamente: “Si el dólar llega a $1.600, puede no significar nada y hasta aumentar costos para la industria”.

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Fase de Remonetización: el Gobierno redefine el esquema cambiario y lanza un programa de acumulación de reservas

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Según la consultora Ecolatina el Gobierno lanzó la “Fase de Remonetización” y redefine el esquema cambiario y monetario desde 2026

El Gobierno anunció al cierre de la rueda del lunes una nueva etapa del programa económico, denominada “Fase de Remonetización”, que introduce cambios relevantes en la política cambiaria y monetaria. El nuevo esquema contempla un programa de acumulación de reservas, la indexación del crawling peg a la inflación y la normalización gradual de encajes, en un contexto marcado por la necesidad de recomponer reservas, sostener la desinflación y consolidar el acceso al financiamiento.

La medida fue presentada tras una colocación de deuda en dólares por debajo de lo esperado y un mercado cambiario que no reaccionó con el optimismo previsto luego del resultado electoral de octubre. En ese marco, el rediseño busca corregir desequilibrios del esquema vigente, evitar una apreciación real persistente del tipo de cambio y sentar las bases para una mayor estabilidad macroeconómica hacia 2026, aunque introduce nuevos interrogantes sobre la velocidad de la desinflación y el grado de discrecionalidad del Banco Central.

Programa de compras de reservas y nuevo crawling peg indexado

El eje central de la Fase de Remonetización es el inicio, a partir del 1° de enero de 2026, de un programa de acumulación de reservas por parte del Banco Central, alineado con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios. Según el escenario base oficial, la Base Monetaria pasaría del 4,2% del PIB actual al 4,8% del PIB en diciembre de 2026, lo que equivale a compras de divisas por aproximadamente USD 10.000 millones, con la posibilidad de extenderse hasta USD 17.000 millones adicionales si la relación base-producto aumentara un punto porcentual.

Las compras estarán condicionadas por la oferta de divisas del balance de pagos, en particular de la Cuenta Financiera, y por la evolución de la demanda de dinero. El BCRA no intervendrá de manera automática: el monto diario de compras no superará inicialmente el 5% del volumen operado en el mercado de cambios y podrá ajustarse según la liquidez disponible, con el objetivo explícito de evitar presiones alcistas sobre el dólar. Además, se habilita la posibilidad de realizar “compras en bloque” por fuera del mercado, modalidad que el Tesoro ya utilizó durante 2025.

En paralelo, el Gobierno anunció una modificación sustancial del esquema cambiario. A partir de enero de 2026, las bandas cambiarias se ajustarán mensualmente según el último dato de inflación publicado por el INDEC. En enero, el crawling peg será del 2,5% mensual, correspondiente a la inflación de noviembre, y se actualizará en los meses siguientes conforme a los nuevos registros. Este rediseño reemplaza el esquema previo, en el que el techo de la banda crecía al 1% mensual mientras la inflación se ubicaba en torno al 2%.

Como resultado, el nuevo esquema evita la apreciación real que venía acumulándose. De acuerdo con estimaciones basadas en la mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, el techo de la banda alcanzaría en diciembre de 2026 los $1.860 (o $1.930 según otras proyecciones), entre un 8% y un 12% por encima del nivel que habría resultado con un deslizamiento del 1%, que lo habría ubicado en torno a $1.720.

Efectos macroeconómicos, reservas y discrecionalidad del esquema

Desde el punto de vista macroeconómico, la indexación del crawling peg presenta efectos contrapuestos. Por un lado, permite que el tipo de cambio real deje de apreciarse e incluso se deprecie en el margen, mejorando la competitividad externa. En un contexto internacional en el que la Reserva Federal muestra un sesgo más moderado y la inflación en Estados Unidos sorprendió a la baja en noviembre, el escenario de tasas internacionales más bajas hacia 2026 podría favorecer el apetito por deuda emergente y un dólar global más débil, ampliando el margen de competitividad cambiaria.

Por otro lado, el tipo de cambio dejará de funcionar como ancla nominal del programa económico, lo que introduce un componente inercial en la dinámica de precios y podría derivar en una desinflación más lenta. Además, el esquema arranca con un tipo de cambio real que, si bien mejoró cerca de un 20% desde la implementación de las bandas en abril, todavía luce bajo en términos históricos.

En este contexto, el comportamiento del dólar dentro de la banda será clave y dependerá de la oferta y demanda de divisas y de las expectativas del mercado. Tras el anuncio, el Tesoro habría interrumpido su racha compradora en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Entre la semana pasada y el martes posterior al anuncio, los depósitos del Tesoro crecieron de USD 309 millones a USD 2.077 millones, impulsados por compras en el MULC, el ingreso del BONAR y movimientos con organismos internacionales. Sin embargo, luego del anuncio, Hacienda pasó a contener la cotización mediante ventas de instrumentos dólar linked en el mercado secundario y ventas directas de USD 13 millones y USD 150 millones en el MULC, lo que explicó la estabilidad del dólar en torno a los $1.450 durante cuatro jornadas consecutivas, con un volumen operado cercano a USD 600 millones.

La estrategia oficial refleja un rasgo central del nuevo programa: la preferencia por la discrecionalidad antes que por reglas rígidas. La política de encajes se ajustará gradualmente según la evolución de las variables monetarias y cambiarias, y el límite del 5% de participación del BCRA en el mercado es indicativo, no obligatorio. Esto deja abierta la posibilidad de jornadas sin compras o con intervenciones superiores a ese umbral, así como operaciones fuera del mercado cambiario formal.

Repercusiones en el mercado y el desafío del Riesgo País

En el corto plazo, el dólar oficial se mantuvo dentro del techo de la banda ($1.400–$1.450) y cerró en $1.450, con una suba semanal del 0,6%. Las Reservas Netas habrían retornado a terreno positivo y se estiman en torno a USD 1.400 millones. En contraste, los dólares alternativos mostraron alzas: el dólar minorista subió 0,7% hasta $1.474, el blue avanzó 2,8% a $1.485, el CCL con CEDEARs trepó 2,1% a $1.547 y el MEP con AL30 aumentó 1,5% a $1.494. La brecha cambiaria promedio se ubicó cerca del 4%.

Los contratos de dólar futuro también reflejaron el nuevo escenario: los vencimientos cortos subieron 0,3%, mientras que los contratos desde marzo de 2026 avanzaron 1,1%. Las devaluaciones implícitas cerraron en +0,5% para diciembre, +2,9% para enero y +5,0% para febrero.

Hacia adelante, el principal interrogante es la compatibilidad entre la recomposición de reservas y el respeto del techo de la banda cambiaria. Para que el escenario base del Gobierno se materialice, será clave una nueva baja del Riesgo País que habilite al Tesoro a regresar al mercado de capitales en 2026 y comenzar a rollear vencimientos. A ello se sumarían ingresos por la Cuenta Financiera, una mayor oferta del sector agropecuario y potenciales inversiones extranjeras bajo el régimen RIGI, además de colocaciones internacionales que podrían habilitarse si el Presupuesto 2026 se aprueba en el Congreso.

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El Gobierno aprobó una mega inversión logística en Timbúes bajo el régimen RIGI

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Economía aprobó la adhesión al régimen RIGI del proyecto portuario de Terminal Timbúes por USD 276,9 millones

El Ministerio de Economía oficializó la incorporación de Terminal Timbúes S.A. al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), habilitando un proyecto de USD 276.900.000 para construir una terminal portuaria multipropósito sobre la Vía Navegable Troncal. La medida, publicada el 19 de noviembre de 2025, busca acelerar inversiones estratégicas en infraestructura logística y profundizar la competitividad exportadora.

Un proyecto estratégico en la Vía Navegable Troncal

La Resolución 1842/2025 del Ministerio de Economía aprobó la solicitud de adhesión al RIGI presentada por Terminal Timbúes S.A. (TTSA), en el marco de un Proyecto Único denominado “Proyecto Terminal Multipropósito Timbúes”.

La obra se desarrollará en 186 hectáreas ubicadas en la Comuna de Timbúes, provincia de Santa Fe, sobre el Río Coronda, a la altura de los kilómetros 467,350/468,250 de la Vía Navegable Troncal.

Según la empresa, la inversión total en activos computables asciende a USD 276.900.000, cifra que supera los requisitos mínimos previstos por los artículos 172 y 173 de la Ley 27.742.
Solo la adquisición del terreno —computable al 15%— alcanzó USD 6.200.000, cumpliendo con el límite normativo.

La resolución precisa que la fecha formal de adhesión al RIGI es el 23 de octubre de 2025.

Entre los hitos declarados por la compañía:

  • USD 91.702.446,49 de inversión en el primer año.
  • USD 74.200.000 en el segundo.
  • Total en los dos primeros años: USD 165.902.446,49, superando el 40% mínimo exigido para mantener los beneficios del régimen.

El cronograma de obras fue presentado el 24 de junio de 2025, y la fecha límite para alcanzar la inversión mínima total quedó fijada para el 1° de abril de 2027.

Además, según el plan de desarrollo de proveedores, el 87% del monto destinado a bienes, servicios e infraestructura será cubierto por proveedores locales, muy por encima del piso del 20% que exige la normativa.

Avales institucionales y control regulatorio: CNDC, BCRA y Puertos dieron luz verde

El procedimiento de evaluación del RIGI, regulado por la Ley 27.742 y el Decreto 749/2024, activó múltiples instancias técnicas.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación analizó el proyecto, solicitó información aclaratoria y pidió la intervención de organismos claves.

Competencia y oferta de servicios portuarios

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) dictaminó que: “la adhesión al RIGI de Terminal Timbúes S.A (…) resultaría en una ampliación de la oferta de servicios portuarios a terceros” y que “una mayor oferta (…) podría redundar en menores costos operativos y así generar una disminución en los precios de los servicios portuarios”.

Por ello, la CNDC no presentó objeciones a la adhesión del proyecto.

Aspectos cambiarios y financiamiento

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) también informó que no posee observaciones, dado que TTSA:

  • No solicitará el beneficio de libre disponibilidad de divisas del artículo 198 de la Ley 27.742.
  • Prevé cubrir la demanda de divisas mediante un préstamo de una empresa vinculada del exterior.

Cláusula arbitral y seguridad jurídica

La Procuración del Tesoro de la Nación confirmó que la cláusula arbitral propuesta por TTSA se ajusta al artículo 221 de la Ley 27.742 y al Decreto 749/2024, consolidando así el marco jurídico de resolución de controversias.

El proyecto fue finalmente elevado al Comité Evaluador de Proyectos RIGI, que en su Acta 12 del 4 de noviembre de 2025 recomendó la aprobación.

Más inversión logística en el corredor agroexportador

El proyecto se enmarca en el sector “Infraestructura” del RIGI y contempla la construcción de tres unidades de gestión logístico-portuaria destinadas a optimizar operaciones de carga, descarga, almacenamiento y despacho.

Se trata de un eslabón estratégico para la logística del corredor agroexportador y para la eficiencia del comercio exterior, al ubicarse en uno de los puntos de mayor flujo de la Hidrovía Paraná–Paraguay.

El Ministerio de Economía remarcó que el régimen apunta a: “favorecer la creación de empleo y generar de inmediato las condiciones de previsibilidad y estabilidad para las grandes inversiones”.

Con la aprobación de la adhesión, el proyecto accede a los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios de la Ley 27.742, y queda bajo control de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, encargada de fiscalizar su cumplimiento.

Finalmente, se instruyó a la Unidad de Coordinación RIGI a inscribir a TTSA en el Registro de Vehículos de Proyecto Único y se dispuso la comunicación de la medida a ARCA y al BCRA para aplicar los incentivos específicos del régimen.

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